Comunidad Sudamericana: ¿retórica o independencia?

albabookDurante las últimas dos décadas, drugs los procesos de liberalización e integración comercial en América Latina han perpetuado las relaciones de dependencia ecónomica de los países no industrializados respecto de los países industrializados, en base a una intensificación de la matriz exportadora basada en recursos naturales con escasa tecnologización (commodities); una apertura indiscriminada a la inversión extranjera directa y una progresiva reducción del rol regulador del Estado, configurando economías nacionales altamente desrreguladas y desprotegidas.
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Judith Valencia (ALAI)
Desde el 8 hasta al 9 de diciembre próximos se reunirán en Cochabamba, Bolivia, stuff la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones y unos días antes la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos (6 al 9). La profesora universitaria venezolana Judith Valencia reflexiona sobre los problemas del proceso de integración sudamericano).
Es cierto, que las decisiones que toman los presidentes en cada Cumbre, dependen [están amarradas] de un gran numero de reuniones [e intervenciones] previas y de toda una agenda de actividades.
Pero también, es cierto, que los cambios políticos por protagonismo social que se vienen dando desde el 2002, no dan razón para respetar compromisos ajenos. Ser fieles a la autodeterminación de los pueblos, respetar la pluralidad enunciando las disidencias, debe marcar la ruta a seguir.
La Unión del Sur, no puede partir anclada en las intenciones de los gobiernos que prevalecían en el 2000. Los pueblos habitantes de la América Latina, de Suramérica y el Caribe, resistieron desde siempre y vienen surgiendo, desde el grito de Chiapas en enero de 1994, sin pausa. Cada día ganan terreno en la lucha, afirmando la vigencia de la biodiversidad: cultura, fauna y flora. Confirmando el sentido de una manera de vivir que produce y reproduce con intención las relaciones humanas, como esencia sustantiva de la naturaleza y sentido de la sociedad. Los principios ancestrales, retornan cultivados en la voluntad política de cerrarle el paso a la ofensiva contrarrevolucionaria, que persiste en negociar entre gobiernos los territorios y la vida de sus pobladores.
Desde 1994 venimos acumulando fuerzas expresadas en revueltas, pero también en resultados electorales, que potencian las posibilidades de negar compromisos acordados por gobernantes anteriores. Con este espíritu, veíamos bien, que los Altos representantes de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de integración Suramericano (1) hubiesen acordado en su primera reunión en Montevideo y reafirmado en Buenos Aires (2):
“el documento final, a pesar del alto nivel de convergencia (…) no buscará llegar necesariamente a un texto consensuado. Podrá así, ofrecer a los Presidentes soluciones alternativas sobre una o más cuestiones relativas al futuro de la Comunidad Suramericana de Naciones”. (3)
De entrada, es para todos conocido, que los consensos posibles entre los 12 dejaría por fuera temas sustantivos. La Comisión Estratégica de Reflexión fue una salida a las divergencias expresadas -sobre todo por Venezuela- en la I Reunión de Presidentes en Brasilia/30 septiembre 2005. Hace más de un año. Demasiado pronto, para que sea tiempo suficiente, para olvidar y aparentar consensos. No seria para nada conveniente.
Ya en la Primera Cumbre de Legisladores y Líderes indígenas de Suramérica en el marco de la iniciativa de la Comunidad Suramericana de Naciones, reunida en Quito/11 al 13 de octubre 2005 , resolvieron:
“Rechazar el origen neoliberal de la Comunidad Suramericana de Naciones a través de la cual se pretende una integración en términos del libre mercado (…) Alertar … que el diseño de esta comunidad sudamericana tal como esta planteada, pone en grave riesgo lo derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas como son, la autonomía, el territorio, la biodiversidad y los recursos naturales (…) Instar… que se constituya una instancia participativa, que responda a la solución de las verdaderas necesidades de nuestros pueblos (…) Exhortar a los gobiernos de Sudamérica que se tome en consideración las preocupaciones de los Presidentes de Venezuela y Uruguay expresadas en relación a la conformación de la Comunidad Sudamericana”
Era octubre 2005, 15 días después de Brasilia. Dos meses después, Bolivia eligió a Evo Morales Presidente. Las elecciones de Chile y Perú dieron resultados diferentes, a los procesos electorales anteriores, dando cuenta de nuevas fuerzas. Brasil y Venezuela confirman los liderazgos de Lula y Chávez.
Durante todo el 2006, se perfilaron dos lógicas/ dos posiciones: Alvaro Uribe por Colombia y Evo Morales/Hugo Chávez por Bolivia y Venezuela. Todos dos, junto a otros, con matices.
Así la situación, no podemos aceptar “medias tintas” y dejar que declaren solo sobre los consensos. Debemos exigirles delimitación de posiciones y coincidencias ciertas, sin retóricas.
Así las cosas, quiero referirme a algunos aspectos heredados -y arrastrados como políticas de hechos cumplidos-, desde la Reunión de Presidentes de América del Sur, Brasilia 1 septiembre de 2000, convocada por F.H. Cardoso. Es de destacar aspectos del texto de la Declaración Final:
“satisfacción de la V Reunión del ALCA/Toronto/noviembre 1999… zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la CAN… impulso de la integración trasfronteriza… integración y desarrollo de la integración física…el papel motriz de la energía… telecomunicaciones…”
A buen entendedor pocas palabras. Malsana herencia.
No es cierto, que la Declaración Presidencial de Cusco del 8 de diciembre 2004, sea el punto de partida. La intención que trasluce el seguimiento de La Comunidad Suramericana de Naciones, presenta la herencia de resoluciones de tres encuentros anteriores y Brasil/Itamaraty, cumpliendo con la Secretaria Pro-Tempore, no deja pasar oportunidad sin recordarlo.
A mi entender, los pueblos insurgentes deben mostrarse intransigentes ante tres de los aspectos heredados. No podemos/ ni debemos dejar pasar:
– La convergencia CAN/MERCOSUR.
– Las áreas de acción prioritarias [Agenda Prioritaria].
– La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) ( www.iirsa.org)
La Comunidad Suramericana como espacio para la integración de los Pueblos no puede partir de la convergencia CAN/MERCOSUR. Todas dos, son experiencias teñidas, por signos de acoplamiento al proyecto imperial ALCA. Queda en evidencia, solo leyendo, los Acuerdos de Complementación Económica y sabiendo de las intenciones de filtrar las negociaciones de los TLC’S de los andinos con Estados Unidos a través de la normativa andina, y de plantearse converger hacia el MERCOSUR, nos conducen a sostener que:
“la Comunidad Suramericana de Naciones debe trascender MERCOSUR, debe trascender la CAN, y estas dos instituciones deben desaparecer progresivamente en un Plan Estratégico”. (4)
La Agenda Prioritaria, no es tan prioritaria para lo social al colocar en 7º lugar, en lenguaje convencional:
“la promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de la justicia social”.
Ya el lenguaje es una burla. La correlación de fuerzas políticas de la región debe exigirles ya a los gobernantes un Plan de Emergencia Social que de una vez por todas permita un cauce para el vivir-bien de los pueblos de estos territorios. Propuestas una y mil veces sostenidas como banderas de lucha.
A estas alturas del proceso de transformación social que vivimos día a día, vergüenza les debe dar a los gobernantes y funcionarios hablar del IIRSA/2000. Leerlo eriza la piel. Negocios que nada tienen que ver con el bien vivir de los pobladores. Basándose en una verdad, la necesidad de comunicarnos, proponen una solución absurda que lejos esta de tener que ver con la unión de los pueblos suramericanos. (5)
Concluyo con palabras claras que delatan y nos alertan sobre la intención IIRSA
“los dos ejes [caso Paraguay]… garantizan un transito expedito para mercancías, personas y por supuesto también tropas. En realidad… se observa claramente una subregionalización de América del Sur que establece nuevas fronteras… este proyecto… propiciaría agrupamientos regionales o espacios de cohesión muy distintos a los de los actuales Estados Latinoamericanos y llamaría al establecimiento de legislaciones supranacionales sobre bases diferentes a las de la defensa de las soberanías nacionales…” (6)
La Unión de los Pueblos del Sur no debe fundarse en una herencia de gobernantes. Es hora de exigir borrón y cuentas nuevas.
Debemos impedir cualquier ruta ‘hacia el ALCA’. El proyecto de Declaración Presidencial ya viene circulando y ojalá algunos gobiernos detengan la intención que recorre casi todo el proyecto. ¿Cuál es? Dejar pasar un año y al final imitar cambiar para que nada cambie. Rebautizar con el nombre Comunidad Suramericana, lo mismo: Convergencia CAN/MERCOSUR, en aspectos medulares:
“Reafirmar la estructura organizativa definida en la Declaración de Brasilia (párrafos 8 a 15)…” [Inaudito]
Dos detalles:
“Las reuniones Ministeriales Sectoriales… examinaran y promoverán proyectos y políticas especificas… salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, seguridad, infraestructura de energía… En este sentido estas reuniones se realizaran valiéndose de los mecanismos existentes en el MERCOSUR y en la CAN (prr 11) y “… en el área de infraestructura promoverán… la agenda conversada…” (IIRSA) (prr 12)
Y como si fuera poco proponen que los Presidentes decidan:
“… establecer una Comisión de Convergencia Institucional y Coordinación, a nivel de altos funcionarios y con la participación de los secretariados de la CAN y del MERCOSUR, para asegurar [¿cinismo?] en el plano ejecutivo la implementación de las decisiones…”
Benditos secretariados. Es costumbre otorgarles representación política a los Secretarios Generales quienes terminan gobernando. Debemos tener siempre presente que la CAN y su Sistema Andino de Integración (SAI) acoplaron el Acuerdo de Cartagena a las pautas de reestructuración del Sistema Interamericano (7). Acoplamiento implementado por la acción de los protocolos de Trujillo y Sucre, 1996 y 1997, respectivamente. Y pretenden decidir la participación de las organizaciones sociales/populares, que los pueblos organizados participen, con las “formulas” instituidas por la CAN/MERCOSUR, a saber:
“seminarios y mesas redondas con la participación de segmentos representativos de la sociedad civil…” (prr 8)
Y concluyen diciendo:
“En la interacción con la sociedad civil, será tomada especialmente en consideración la experiencia adquirida con la Cumbre Social de Cochabamba”
Están tan distantes de lo que acontece en la calle, del deseo y sentir de los pueblos y pretenden, con descaro, tentar egos.

Notas:

1) Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Creada en Montevideo, 9 diciembre 2005.
2) I Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Montevideo, 16 junio 2006 – II Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Buenos Aires, 24 julio 2006.
3) Es de hacer notar que en el documento síntesis que trabajan para el 17 de noviembre este párrafo no está.
4) Hugo Chávez. Discursos Brasilia 30/9/2005. Es de hacer notar que todavía para esa fecha Venezuela era país/CAN. Denuncia 22/4/2006.
5) Principios Orientadores del IIRSA
• Regionalismo Abierto. El espacio suramericano es organizado en torno a franjas multinacionales que concentran franjas de comercio actuales y potenciales. Las Franjas o Ejes de Integración y Desarrollo buscan promover el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala.
• Este ordenamiento facilitará el acceso a zonas de alto potencial productivo. Reorientados para conformar cadenas productivas en sectores de alta competitividad global.
• La tecnología de la información acerca las economías suramericanas a los grandes motores [¿Cómo combustible?] de la economía mundial. Apoya una transformación de la organización y el funcionamiento de la sociedad incluyendo los temas educativos, servicios públicos y gobierno.
• Busca generar “la mayor cantidad posible de impactos locales de desarrollo, evitando que sean solo corredores entre los mercados principales”.
6) “Ana Esther Ceceña-Carlos Ernesto Motto. Paraguay: Eje de la Dominación del Cono Sur. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. 2005
7) En la I Cumbre de las Américas, Dic/Miami 1994, los gobernantes decidieron la Reestructuración del Sistema Interamericano. El ALCA es uno de los proyectos de reestructuración.
Este artículo forma parte de la edición especial de la revista América Latina en Movimiento Latina en Movimiento (Nº 414 – 415) que circulará próximamente referida al tema de la integración
Source: www.argenpress.info
Uziel Nogueira
El acompañamiento y la comprensión del proceso de integración sudamericano se tornó una tarea compleja, thumb pharm particularmente a partir de este año. Para ejemplificar esta afirmación tomemos el caso de la Primera Reunión Energética de Sudamérica a nivel presidencial, llevada a cabo el 17 de abril en la Isla Margarita, Venezuela.
En este encuentro se acordó -entre otras cosas- la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que sustituyó a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) que se creó en el año 2004. Es importante mencionar aquí que la mayoría de los países que participan de la UNASUR también forman parte de otros esquemas de integración subregional, regional y/o hemisférico. Veamos:  la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sus antecedentes históricos en ese proceso subregional están en funcionamiento desde finales de la década de 1960; el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue lanzado a comienzos de la década de 1990 y a través del tiempo incorporó como miembros asociados a países que pertenecen o pertenecieron a la CAN. Juntos, ambos bloques buscan construir un espacio de integración más profundo, que empiece a transitar el camino seguido por la Unión Europea.
Por su parte, Perú y Colombia (países miembros de la CAN, pero asociados al MERCOSUR) están aguardando la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de un Acuerdo de Libre Comercio que sigue el modelo del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte). Sin embargo, en uniones aduaneras como la CAN o el MERCOSUR, las negociaciones comerciales deben ser realizadas en bloque. Por esta razón, Ecuador, Bolivia y Venezuela no participaron de las negociaciones con los Estados Unidos.
A su vez, Chile (país asociado al MERCOSUR) tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de las economías globales y fue recientemente invitado a reincorporarse a la CAN, un bloque que abandonó en la década de 1970.
Venezuela abandonó la CAN en 2005 por decisión de su presidente, Hugo Chávez y en 2006 ingresó al MERCOSUR. No obstante, lanzó su propia iniciativa de integración, denominada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) con la participación de Cuba, Bolivia y, más recientemente, Nicaragua y Haití.
Para completar este cuadro -y como se mencionó al inicio de este artículo- existe la iniciativa de construir la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) impulsada desde 2004 por Brasil que, a partir de este mes, se denomina UNASUL y tiene el propósito de integrar a todos los países de esta parte del continente, incluyendo a Suriname y Guyana. Tal proliferación de bloques e iniciativas de integración despierta, al menos, dos preguntas. (i) ¿Por qué los gobiernos buscan nuevas iniciativas en vez de perfeccionar aquéllas de las que forman parte?; y (ii)  ¿Qué modelo de integración prevalecerá en el futuro inmediato? 
En relación a la primera pregunta, la respuesta probablemente esté relacionada con la insatisfacción de los gobiernos por los resultados -políticos, económicos, sociales, etc.- obtenidos por sus países, por lo que buscan mejores oportunidades a través de otras formas de integración. Esto podría explicar la decisión de Colombia y Perú de permanecer en la CAN, a la vez que negocian un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
En relación a la segunda pregunta, visualizo cuatro posibilidades en cuanto al modelo de integración con mejores posibilidades de prevalecer: (i) mantenimiento del status quo; esto es, la coexistencia de las iniciativas de integración arriba mencionadas; (ii) creación de un área de libre comercio sudamericana, utilizando posiblemente a UNASUR como plataforma; (iii) expansión y profundización del MERCOSUR; y (iv) expansión y profundización del ALBA.
En mi opinión, el mantenimiento del status quo  prevalecerá en el futuro inmediato porque ningún país -incluido Brasil- tiene poder y peso político, económico y comercial para imponer su propia visión y/o modelo de integración. Por lo tanto, en los próximos 4 años es de esperarse un cierto equilibrio de fuerzas entre varias iniciativas de integración existentes en este momento. Esta situación podría ser modificada en el caso de algún shock externo como, por ejemplo, una desaceleración del crecimiento global y la caída en el precio de las commodities.
Finalmente, me permito una reflexión de naturaleza más bien académica. Puede decirse que están en juego en América del Sur tres proyectos de integración: (i) el modelo europeo de unión aduanera / mercado común; (ii) el modelo norteamericano de acuerdos de libre comercio; y (iii) el modelo venezolano del ALBA. Solamente el paso del tiempo podrá mostrar cuál de los tres modelos irá a prevalecer.
INTAL Carta Mensual No. 129 – Abril 2007
V Cumbre del ALBA
Tintorero – Estado Lara, see 29 de abril de 2007
En ocasión de celebrarse la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el primer aniversario del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), hospital Hugo Chávez Frías, rx Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Evo Morales Ayma; Presidente de la República de Bolivia, Carlos Lage Dávila, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba; Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua; todos representantes de los países miembros del ALBA; y contando con la presencia de René Preval, Presidente de la República de Haití; Maria Fernanda Espinosa, Canciller de la República de Ecuador; Reginald Austrie, Ministro de Energía y Obras Públicas de la Mancomunidad de Dominica; Assim Martin, Ministro de Obras Públicas, Transporte, Correos y Energía de la Federación de San Crist& oacute;bal y Nieves; Julian Francis, Ministro de la Vivienda, Asentamientos Humanos Informales, Planificación Física y Tierra de San Vicente y las Granadinas y Eduardo Bonomi, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, en calidad de invitados especiales y observadores de esta Cumbre, efectuada los días 28 y 29 de abril de 2007, realizaron una completa evaluación del desarrollo de los programas y proyectos aprobados en el Primer Plan Estratégico del ALBA, así como de las acciones de cooperación e integración desplegadas durante el año 2006 en la República de Bolivia y la República de Nicaragua y los hermanos países del Caribe.
En el curso del debate sostenido en un clima de fraternidad y hermandad, ratificamos la idea de que el principio rector de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que puedan negar el objetivo de construir la Patria Grande que soñaron los próceres y héroes de nuestras luchas emancipadoras.
La integración y unión de América Latina y el Caribe a partir de un modelo de desarrollo independiente que priorice la complementariedad económica regional, haga realidad la voluntad de promover el desarrollo de todos y fortalezca una cooperación genuina basada en el respeto mutuo y solidaridad, ya no es una simple quimera, sino una realidad tangible que se ha manifestado en estos años en los programas de alfabetización y salud, que han permitido a miles de latinoamericanos avanzar en el camino de la superación real de la pobreza; en la cooperación dada en materia energética y financiera a los países del Caribe, que está contribuyendo decisivamente al progreso de estos pueblos hermanos; en el incremento sostenido del comercio compensado y justo entre Cuba y Venezuela, y en el conjunto de empresas mixtas conformadas entre ambos en diversas ramas productivas; en el importante apoyo de financiamiento directo brindado a Bolivia para el cumplimiento de diversos programas sociales, en el conjunto de proyectos identificados para la constitución de empresas mixtas binacionales; en todo el proceso de impulso que estamos brindando al Gobierno Sandinista de Nicaragua que en tan solo escasos meses está produciendo efectos altamente positivos en las áreas de generación eléctrica, producción agrícola, suministros de insumos para la industrias, entre otras áreas.
La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos de sus recursos naturales – incluido su potencial energético-, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres, ha demostrado su fuerza y viabilidad como una alternativa de justicia frente al neoliberalismo y la inequidad.
El ALBA está demostrando con estadísticas concretas que el libre comercio no es capaz de generar los cambios sociales requeridos, y que puede más la voluntad política como sustento de la definición conciente de programas de acción encaminados hacia la erradicación de los dramas sociales de millones de seres humanos en nuestro continente.
En virtud de los antes expresado los Jefes de Estado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en representación de sus respectivos pueblos, reafirmaron su determinación de seguir avanzando y profundizando la construcción del ALBA, en el entendido de que esta alternativa constituye una alianza política estratégica, cuyo propósito fundamental en el mediano plazo es producir transformaciones estructurales en las formaciones económico-sociales de las naciones que la integran, para hacer posible un desarrollo compartido, capaz de garantizar la inserción exitosa y sostenible en los procesos de producción e intercambio del mundo actual, para colocar la política y la economía al servicio de los seres humanos.
En el contexto en que toma cuerpo, el ALBA constituye el primer esfuerzo histórico de construcción de un proyecto global latinoamericano desde una posición política favorable. Desde la Revolución Cubana, las fuerzas progresistas del continente, bien desde la oposición o desde el poder, lo que habían hecho era acumular fuerzas para resistir la ofensiva del imperio (Cuba es la excepción porque no solo logró sobrevivir, sino que edificó una sociedad cualitativamente superior, desplegando al mismo tiempo una trascendente labor de apoyo internacionalista a los países más pobres, en medio de un espantoso bloqueo por parte del imperialismo norteamericano); es con el nacimiento del ALBA que las fuerzas revolucionarias hemos podido pasar a una nueva situación que bien pudiéramos def inir como de acumulación de la fuerza política necesaria para la consolidación del cambio que se ha producido en la correlación de fuerzas políticas de nuestro continente.
Ante nosotros se abren nuevas perspectivas de integración y fusión que forman parte del salto cualitativo que están promoviendo los profundos vínculos de cooperación que hemos establecido en estos años. Por tal razón estamos comprometidos a llevar adelante la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo tipo, que produzcan mayores beneficios a nuestros pueblos, mediante la utilización racional de los recursos y activos de nuestros países, para lo cual se requiere avanzar en la conformación de empresas Grannacionales, estableciendo y consolidando los acuerdos normativos e institucionales necesarios para la cooperación; instrumentando estrategias y programas Grannacionales conjuntos de todos nuestros países en materias como: educación, salud, energí ;a, comunicación, transporte, vivienda, vialidad, alimentación, entre otros; promoviendo de manera conciente y organizada la ampliación del Tratado de Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados; llevando adelante programas para el uso racional de los recursos energéticos renovables y no renovables, construyendo una estrategia de seguridad alimentaria común a todas nuestras naciones; ampliando la cooperación en materia de formación de recursos humanos; y fundando nuevas estructuras para el fortalecimiento de nuestra capacidad de financiamiento de los grandes proyectos Grannacionales.
Reiteraron su convicción de que solo un proceso de integración entre los pueblos de Nuestra América, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de cada país y garantice que todas las naciones se beneficien de este proceso, permitirá superar la espiral degradante del subdesarrollo impuesto a nuestra región.
En esta V Cumbre hemos visto con mucho regocijo el contenido de la Declaración Política firmada el 17 de febrero en San Vicente y las Granadinas por los Primeros Ministros Roosevelt Skerrit, de la Mancomunidad de Dominica; Ralph Gonsálves, de San Vicente y las Granadinas, Winston Baldwin Spencer, de Antigua y Barbuda y Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual manifiestan su voluntad de propiciar la más profunda cooperación y unidad entre la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los Estados signatarios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, de manera que sus beneficios sociales y las posibilidades de un desarrollo económico sustentable con independencia y soberanía sea igual para todos, to do lo cual comienza a materializarse con la presencia en esta V Cumbre de nuestros hermanos del Caribe.
Los Jefes de Estado y de Gobierno de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, acordaron suscribir la presente Declaración en la convicción de que la misma abre el camino hacia una nueva fase de consolidación estratégica y avance político de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la perspectiva histórica de poder realizar los sueños de nuestros Libertadores de construcción de la Patria Grande Latinoamericana y Caribeña.
Hecho en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, a los 29 días del mes abril de 2007.
Por la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, Presidente de la República
Por el Gobierno de la República de Bolivia, Evo Morales, Presidente de la República
Por la República de Cuba, Carlos Lage, Vicepresidente de la República
Por el Gobierno de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, Presidente de la República

Uziel Nogueira

El acompañamiento y la comprensión del proceso de integración sudamericano se tornó una tarea compleja, particularmente a partir de este año. Para ejemplificar esta afirmación tomemos el caso de la Primera Reunión Energética de Sudamérica a nivel presidencial, llevada a cabo el 17 de abril en la Isla Margarita, Venezuela.

En este encuentro se acordó -entre otras cosas- la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que sustituyó a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) que se creó en el año 2004. Es importante mencionar aquí que la mayoría de los países que participan de la UNASUR también forman parte de otros esquemas de integración subregional, regional y/o hemisférico. Veamos:  la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sus antecedentes históricos en ese proceso subregional están en funcionamiento desde finales de la década de 1960; el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue lanzado a comienzos de la década de 1990 y a través del tiempo incorporó como miembros asociados a países que pertenecen o pertenecieron a la CAN. Juntos, ambos bloques buscan construir un espacio de integración más profundo, que empiece a transitar el camino seguido por la Unión Europea.

Por su parte, Perú y Colombia (países miembros de la CAN, pero asociados al MERCOSUR) están aguardando la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de un Acuerdo de Libre Comercio que sigue el modelo del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte). Sin embargo, en uniones aduaneras como la CAN o el MERCOSUR, las negociaciones comerciales deben ser realizadas en bloque. Por esta razón, Ecuador, Bolivia y Venezuela no participaron de las negociaciones con los Estados Unidos.

A su vez, Chile (país asociado al MERCOSUR) tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de las economías globales y fue recientemente invitado a reincorporarse a la CAN, un bloque que abandonó en la década de 1970.

Venezuela abandonó la CAN en 2005 por decisión de su presidente, Hugo Chávez y en 2006 ingresó al MERCOSUR. No obstante, lanzó su propia iniciativa de integración, denominada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) con la participación de Cuba, Bolivia y, más recientemente, Nicaragua y Haití.

Para completar este cuadro -y como se mencionó al inicio de este artículo- existe la iniciativa de construir la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) impulsada desde 2004 por Brasil que, a partir de este mes, se denomina UNASUL y tiene el propósito de integrar a todos los países de esta parte del continente, incluyendo a Suriname y Guyana. Tal proliferación de bloques e iniciativas de integración despierta, al menos, dos preguntas. (i) ¿Por qué los gobiernos buscan nuevas iniciativas en vez de perfeccionar aquéllas de las que forman parte?; y (ii)  ¿Qué modelo de integración prevalecerá en el futuro inmediato?

En relación a la primera pregunta, la respuesta probablemente esté relacionada con la insatisfacción de los gobiernos por los resultados -políticos, económicos, sociales, etc.- obtenidos por sus países, por lo que buscan mejores oportunidades a través de otras formas de integración. Esto podría explicar la decisión de Colombia y Perú de permanecer en la CAN, a la vez que negocian un acuerdo comercial con los Estados Unidos.

En relación a la segunda pregunta, visualizo cuatro posibilidades en cuanto al modelo de integración con mejores posibilidades de prevalecer: (i) mantenimiento del status quo; esto es, la coexistencia de las iniciativas de integración arriba mencionadas; (ii) creación de un área de libre comercio sudamericana, utilizando posiblemente a UNASUR como plataforma; (iii) expansión y profundización del MERCOSUR; y (iv) expansión y profundización del ALBA.
En mi opinión, el mantenimiento del status quo  prevalecerá en el futuro inmediato porque ningún país -incluido Brasil- tiene poder y peso político, económico y comercial para imponer su propia visión y/o modelo de integración. Por lo tanto, en los próximos 4 años es de esperarse un cierto equilibrio de fuerzas entre varias iniciativas de integración existentes en este momento. Esta situación podría ser modificada en el caso de algún shock externo como, por ejemplo, una desaceleración del crecimiento global y la caída en el precio de las commodities.

Finalmente, me permito una reflexión de naturaleza más bien académica. Puede decirse que están en juego en América del Sur tres proyectos de integración: (i) el modelo europeo de unión aduanera / mercado común; (ii) el modelo norteamericano de acuerdos de libre comercio; y (iii) el modelo venezolano del ALBA. Solamente el paso del tiempo podrá mostrar cuál de los tres modelos irá a prevalecer.

INTAL Carta Mensual No. 129 – Abril 2007

Uziel Nogueira
El acompañamiento y la comprensión del proceso de integración sudamericano se tornó una tarea compleja, particularmente a partir de este año. Para ejemplificar esta afirmación tomemos el caso de la Primera Reunión Energética de Sudamérica a nivel presidencial, llevada a cabo el 17 de abril en la Isla Margarita, Venezuela.
En este encuentro se acordó -entre otras cosas- la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que sustituyó a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) que se creó en el año 2004. Es importante mencionar aquí que la mayoría de los países que participan de la UNASUR también forman parte de otros esquemas de integración subregional, regional y/o hemisférico. Veamos:  la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sus antecedentes históricos en ese proceso subregional están en funcionamiento desde finales de la década de 1960; el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue lanzado a comienzos de la década de 1990 y a través del tiempo incorporó como miembros asociados a países que pertenecen o pertenecieron a la CAN. Juntos, ambos bloques buscan construir un espacio de integración más profundo, que empiece a transitar el camino seguido por la Unión Europea.
Por su parte, Perú y Colombia (países miembros de la CAN, pero asociados al MERCOSUR) están aguardando la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de un Acuerdo de Libre Comercio que sigue el modelo del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte). Sin embargo, en uniones aduaneras como la CAN o el MERCOSUR, las negociaciones comerciales deben ser realizadas en bloque. Por esta razón, Ecuador, Bolivia y Venezuela no participaron de las negociaciones con los Estados Unidos.
A su vez, Chile (país asociado al MERCOSUR) tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de las economías globales y fue recientemente invitado a reincorporarse a la CAN, un bloque que abandonó en la década de 1970.
Venezuela abandonó la CAN en 2005 por decisión de su presidente, Hugo Chávez y en 2006 ingresó al MERCOSUR. No obstante, lanzó su propia iniciativa de integración, denominada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) con la participación de Cuba, Bolivia y, más recientemente, Nicaragua y Haití.
Para completar este cuadro -y como se mencionó al inicio de este artículo- existe la iniciativa de construir la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) impulsada desde 2004 por Brasil que, a partir de este mes, se denomina UNASUL y tiene el propósito de integrar a todos los países de esta parte del continente, incluyendo a Suriname y Guyana. Tal proliferación de bloques e iniciativas de integración despierta, al menos, dos preguntas. (i) ¿Por qué los gobiernos buscan nuevas iniciativas en vez de perfeccionar aquéllas de las que forman parte?; y (ii)  ¿Qué modelo de integración prevalecerá en el futuro inmediato? 
En relación a la primera pregunta, la respuesta probablemente esté relacionada con la insatisfacción de los gobiernos por los resultados -políticos, económicos, sociales, etc.- obtenidos por sus países, por lo que buscan mejores oportunidades a través de otras formas de integración. Esto podría explicar la decisión de Colombia y Perú de permanecer en la CAN, a la vez que negocian un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
En relación a la segunda pregunta, visualizo cuatro posibilidades en cuanto al modelo de integración con mejores posibilidades de prevalecer: (i) mantenimiento del status quo; esto es, la coexistencia de las iniciativas de integración arriba mencionadas; (ii) creación de un área de libre comercio sudamericana, utilizando posiblemente a UNASUR como plataforma; (iii) expansión y profundización del MERCOSUR; y (iv) expansión y profundización del ALBA.
En mi opinión, el mantenimiento del status quo  prevalecerá en el futuro inmediato porque ningún país -incluido Brasil- tiene poder y peso político, económico y comercial para imponer su propia visión y/o modelo de integración. Por lo tanto, en los próximos 4 años es de esperarse un cierto equilibrio de fuerzas entre varias iniciativas de integración existentes en este momento. Esta situación podría ser modificada en el caso de algún shock externo como, por ejemplo, una desaceleración del crecimiento global y la caída en el precio de las commodities.
Finalmente, me permito una reflexión de naturaleza más bien académica. Puede decirse que están en juego en América del Sur tres proyectos de integración: (i) el modelo europeo de unión aduanera / mercado común; (ii) el modelo norteamericano de acuerdos de libre comercio; y (iii) el modelo venezolano del ALBA. Solamente el paso del tiempo podrá mostrar cuál de los tres modelos irá a prevalecer.
INTAL Carta Mensual No. 129 – Abril 2007
Uziel Nogueira
El acompañamiento y la comprensión del proceso de integración sudamericano se tornó una tarea compleja, INTAL Carta Mensual No. 129 – Abril 2007

Raúl Moreno

El Salvador

Las reformas neoliberales y, search más recientemente, no rx los acuerdos de comercio e inversión han subsumido a los Derechos Humanos a una lógica mercantil, consolidando un orden planetario en el que el “valor superior de las cosas” se ubica en la ganancia. En este afán los servicios públicos, la biodiversidad, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, los recursos del subsuelo y el agua misma han sido transformados en simples mercancías, objetos de comercio.

Este “orden” no sólo resulta ser insustentable sino también inadmisible, y nos insta a renunciar al hecho de que sea el mercado –a través de la oferta y la demanda– quien dirija el destino de los pueblos y de nuestras vidas. Tiene todo el sentido del mundo plantearnos otro orden de cosas y reivindicar nuestro derecho soberano a construir el sendero que como naciones decidamos enrumbar.

La lógica de “integración” de los TLC

Las reformas neoliberales promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han sido aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de la región centroamericana, sentaron las bases en que se fundamenta el proceso de acumulación internacional del capital. La erosión de las funciones y competencias de los Estados, la privatización de las empresas y activos públicos, y la desregulación y liberalización de la economía, favorecieron el posicionamiento del capital transnacional en la región y la consolidación de los núcleos hegemónicos empresariales nacionales.

De manera complementaria a los programas de ajuste estructural y respondiendo a la misma lógica mercantil de maximización de ganancias, desde 1994 se viene impulsando una ola de “libre comercio” a través de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), apoyados por un conjunto de megaproyectos recogidos en el Plan Puebla Panamá (PPP), a través de los cuales se crea la infraestructura económica necesaria para el funcionamiento del capital transnacional en la región[1].

La superioridad jurídica de los Tratados y Acuerdos Internacionales les permite subordinar la legislación secundaria de los países a sus principios y contenidos, convirtiéndolos en un instrumento idóneo y altamente eficiente que garantiza que los privilegios de las corporaciones transnacionales se transformen en derechos. Los Tratados introducen una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los gobiernos –limitando su capacidad de definir sus propias políticas públicas–, con derechos para las empresas extranjeras en materia de inversiones, tratos no discriminatorios, propiedad intelectual, acceso a la provisión de servicios públicos y licitaciones gubernamentales, así como el control de los recursos naturales.

La lógica del “libre comercio” apunta hacia una integración de los capitales y la consolidación de un bloque económico regional liderado por los Estados Unidos, a partir del cual las corporaciones de ese país pueden ejercer el control hemisférico y obtener un posicionamiento favorable frente a la Unión Europea y las economías del sureste de Asia. Se trata de una integración que ofrece libre acceso al capital corporativo, sin regulaciones, con tratamiento nacional y con tribunales supranacionales corporativos para dirimir sus controversias contra los Estados. Este tipo de integración se convierte en una pieza fundamental de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos.

La “integración” de los gobiernos centroamericanos

La integración promovida por los TLC se yuxtapone al proceso integracionista impulsado por los gobiernos de los países centroamericanos, en el cual han primado los intereses de los capitales nacionales. La preeminencia del ámbito económico en la integración regional se hace evidente en los mismos límites que observa el proceso: una primera fase del Mercado Común Centroamericano (MERCOMÚN), en la que las grandes empresas nacionales lograron posicionarse en los mercados regionales, hasta finales de la década de los sesenta en que se rompe el proceso con la guerra entre El Salvador y Honduras.

Luego, el proyecto de integración centroamericana se recompone en 1991, a partir de la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa (PT), dando origen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el cual es concebido desde una lógica sistémica y holística en la que se incluyen los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental; no obstante, en la realidad, el proceso de integración centroamericana se ha reducido a los planos comercial y financiero, y se expresa en la búsqueda de los gobiernos -sin lograr su concreción- de una Unión Aduanera[2].

Desde una perspectiva estrictamente formal, el SICA tiene un alcance y profundidad que trasciende de la lógica mercantil del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), tal como lo recoge el texto de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES); sin embargo, los resultados que arrojan los quince años del proceso integracionista sólo pueden dar cuenta de las ventajas comerciales para unas cuantas empresas derivadas de la supresión de barreras arancelarias y las facilidades para la integración de los capitales financieros de la región.

Vale señalar que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) señala que “el Sistema de la Integración Centroamericana es el marco institucional de la Integración regional de Centroamérica” (Art. 2) y que “la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana” (Art. 4); con lo cual los gobiernos centroamericanos están en la obligación de abstenerse de adoptar cualquier medida que sea contraria a las disposiciones del Protocolo o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana o la consecución de sus objetivos[3].

Los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana formalmente se anteponen a cualquier otro acuerdo relacionado con esa materia[4], por lo que con la implementación del DR-CAFTA se genera una ruptura del marco jurídico de la integración centroamericana y, en particular, la violación de la Constitución de la República de El Salvador.

En contrapunto, el DR-CAFTA limita las facultades de los Estados para perfeccionar los instrumentos de la integración, en todo aquello que pueda resultar inconsistente con el DR-CAFTA[5]. Además, los contenidos de este tratado están referidos principalmente a aspectos relacionados con el comercio e inversión, por lo que resulta contraproducente darle preeminencia sobre un marco jurídico más general como es de la integración centroamericana que formalmente regula aspectos humanos, culturales, económicos y sociales, más allá de lo comercial.

El Protocolo de Tegucigalpa reafirma algunos principios de la integración de Centroamérica (Art.3), como son la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones, concretar un nuevo modelo de seguridad regional o lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos[6]. Si consideramos que el DR-CAFTA conlleva impactos negativos en el ámbito laboral, medioambiente, salud, entre otros, es evidente que el tratado resulta incompatible con los objetivos formales de la integración centroamericana.

Otra integración: desde abajo, desde adentro y a la izquierda

Es evidente que la integración de las corporaciones y del capital nacional no es la integración para los pueblos. Las alternativas no se construyen a partir de modelos globales, la idea de homogeneizar realidades disímiles en un esquema único es una de las grandes limitaciones que entrañan las simplificaciones y abstracciones de la realidad, y además son fuentes de debilidad e inaplicabilidad. Las alternativas se construyen desde las experiencias locales, territoriales y sectoriales, en un esfuerzo que parte de la realidad específica y cuyas propuestas dimanan desde abajo, desde los sujetos y sujetas del proceso.

Aunque la dimensión local es la base para la construcción de propuestas alternativas y de las acciones ciudadanas, éstas deben integrarse en una dimensión nacional a efecto de que no se conviertan en intentos dispersos o expresiones aisladas; además, los esfuerzos nacionales deberían articularse con los procesos que, en los planos regionales y globales, se están llevando a cabo. Esto porque el carácter global del neoliberalismo exige respuestas globales, aunque éstas se van tejiendo desde el plano territorial o sectorial.

Avanzar en la construcción de una integración regional nos exige la definición de nuestros propios proyectos nacionales de desarrollo, estructurados en base de principios de participación democrática, sustentabilidad y reducción de las brechas de desigualdad -genérica, etárea, étnica, social y geográfica–, que conduzcan hacia el cumplimiento y prevalencia de los Derechos Humanos y de un orden fundamentados en la justicia y dignidad de los pueblos.

Estos esfuerzos exigen superar la visión cortoplacista prevalente, reivindicar el rol del Estado en la actividad económica y en la planificación del desarrollo, priorizando el desarrollo de las empresas sociales y cooperativas; recuperando la capacidad de los pueblos de producir sus propios alimentos, las formas tradicionales de cultivo y las semillas nativas; retomando el control de los recursos naturales y garantizando la provisión pública de los servicios públicos.

Profundizar en la elaboración de propuestas alternativas representa un enorme reto para todas aquellas organizaciones y personas que, desde el plano ético y técnico, reconocemos las insuperables limitaciones que el orden capitalista tiene, y que se traducen en las intolerables brechas de desigualdad, exclusión y deterioro presentes en los países de la región. De allí que una de las acciones de importancia meridiana sea el desarrollo de nuevas formas de organización económica, social y política, que propendan a la construcción del poder popular.

La construcción de una integración desde los pueblos pasa por empujar la resistencia, lo cual entraña la realización de acciones ciudadanas que contengan y/o reviertan los proyectos neoliberales, como son los TLC, el ALCA y la privatización de los servicios públicos, entre otros; pero la resistencia también implica la concreción del esfuerzo por construir las alternativas, tal como se ha planteado anteriormente.

Uno de los ejes de la resistencia lo constituyen las acciones ciudadanas para poner freno a los procesos de privatización de los servicios públicos, pues trasladar a la esfera del mercado servicios fundamentales como la salud, la educación y el agua, implica su mercantilización y la consecuente negación del acceso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en un contexto que se caracteriza por la falta de acceso a los mercados de importantes sectores de la población.

Movilización ciudadana

La intención de los gobiernos de avanzar en la privatización de un bien público como el agua[7], esencial e indispensable para la vida misma, constituye la exacerbación de la lógica de la ganancia que ve en la privatización de este recurso un negocio altamente rentable, sin importar las serias implicaciones que ello entraña sobre la existencia de los seres vivos del planeta. Esta situación podría convertirse en un vector movilizador que articule los esfuerzos locales, nacionales y regionales para evitar la mercantilización y el control corporativo de los recursos hídricos.

En este contexto, resulta indispensable avanzar en las labores de difusión y alfabetización económica y política como factor de movilización, a partir de las cuales se logre elevar la conciencia ciudadana de hombres y mujeres para que puedan asumirse como sujetos y sujetas de derechos, y luchar por su vigencia y cumplimiento. Los medios de comunicación social juegan un rol fundamental en este esfuerzo de difusión de información; para ello vale identificar los vehículos idóneos y eficientes para acercar la información hasta los actores sociales.

Las dimensiones local, territorial y sectorial constituyen la base de las acciones ciudadanas, pues las reivindicaciones por la solución de sus problemáticas particulares es la que podría generar la sinergia de movilización y acción social. La organización en los lugares de vivienda, de trabajo y estudio, o la organización por la consecución de intereses comunes, pueden marcar una vía para enfrentar la globalización neoliberal.

La movilización también es un instrumento idóneo para reivindicar el respeto a la participación ciudadana en la toma de decisiones, con ello se busca la inclusión de las organizaciones sociales en la formulación de políticas públicas, haciéndolas participes en la función de contraloría ciudadana. Las acciones ciudadanas deberían emerger desde el seno mismo de las organizaciones y apoyarse en el trabajo y reivindicaciones realizadas desde otros espacios nacionales e internacionales.

Debería buscarse la mayor creatividad posible, incursionar en fuentes inéditas de resistencia y organización que puedan combinar las denuncias ante las instancias nacionales e internacionales idóneas, con la participación en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, el involucramiento en las labores de contraloría social, y la exigencia concreta de reivindicaciones acogidas por los sectores sociales.

La magnitud de los procesos regentados por la OMC, y los que se impulsan desde el ALCA, los TLC y el PPP, desbordan nuestras capacidades locales y nacionales para aspirar a la posibilidad de lograr su modificación en los aspectos esenciales; esto nos impone el reto de imprimirle a las acciones ciudadanas la mayor creatividad y audacia posibles, lo cual exige mantener un profundo conocimiento del fenómeno, pero también una estrecha coordinación ciudadana en los planos local, nacional e internacional.

Sólo desde una lógica que parta y se construya desde abajo, activando la movilización ciudadana desde los territorios, podremos tener alguna seguridad de que los proyectos e iniciativas podrían generar bienestar para la población. Los tratados y acuerdos internacionales sólo pueden ser beneficiosos para los pueblos en la medida en que éstos sean definidos a partir de las estrategias nacionales de desarrollo, construidas democráticamente, y antepongan el respeto a la vida por encima del beneficio económico y la prevalencia de los intereses comerciales.

Raúl Moreno, economista salvadoreño, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador y miembro de la Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN.

Notas

[1] El PPP incluye ocho iniciativas financiadas con recursos públicos, entre las que prevalecen los proyectos de infraestructura: un complejo de obras de interconexión vial que favorece el traslado de las mercancías, a través de canales secos que ligan ciudades maquiladoras con los puertos y aeropuertos; la construcción de redes para la interconexión eléctrica y telecomunicaciones; la construcción de presas y represas; y un corredor biológico ligado al interés corporativo en el control de los recursos de biodiversidad. No puede omitirse el objetivo contrainsurgente del PPP en la región mesoamericana, con especial interés en el sur-sureste mexicano.

[2] En la actualidad, la armonización arancelaria aún no se ha completado, están pendientes algunos productos sensibles, entre los que figuran la mayoría de los productos agropecuarios transables. En el marco de la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, los gobiernos de la región han planteado su interés de completar la armonización arancelaria. www.laprensagrafica.com.sv

[3] Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN (2005): análisis de la Inconstitucionalidad del DR-CAFTA, mimeo, febrero, San Salvador.

[4] El Art. 35 del Protocolo de Tegucigalpa señala que el mismo prevalece sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana.

[5] El Art. 1.1.2 del DR-CAFTA señala que nada “podrá impedir a las Partes centroamericanas mantener o adoptar medidas para fortalecer y profundizar sus instrumentos jurídicos existentes en la integración centroamericana, siempre y cuando esas medidas no sean inconsistentes con este Tratado”.

[6] Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, Op cít.

[7] Las empresas transnacionales están empujando a nivel planetario la privatización del agua, con el apoyo de los organismos multilaterales. Estos procesos de privatización se presentan como acciones para la modernización del sector hídrico o descentralización del mismo, y como solución para las enormes deficiencias que la producción y provisión del líquido están teniendo.

Publicado en ALAI 414-415

Raúl Moreno
El Salvador
Las reformas neoliberales y, rx más recientemente, pharmacy los acuerdos de comercio e inversión han subsumido a los Derechos Humanos a una lógica mercantil, consolidando un orden planetario en el que el “valor superior de las cosas” se ubica en la ganancia. En este afán los servicios públicos, la biodiversidad, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, los recursos del subsuelo y el agua misma han sido transformados en simples mercancías, objetos de comercio.
Este “orden” no sólo resulta ser insustentable sino también inadmisible, y nos insta a renunciar al hecho de que sea el mercado –a través de la oferta y la demanda– quien dirija el destino de los pueblos y de nuestras vidas. Tiene todo el sentido del mundo plantearnos otro orden de cosas y reivindicar nuestro derecho soberano a construir el sendero que como naciones decidamos enrumbar.
La lógica de “integración” de los TLC
Las reformas neoliberales promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han sido aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de la región centroamericana, sentaron las bases en que se fundamenta el proceso de acumulación internacional del capital. La erosión de las funciones y competencias de los Estados, la privatización de las empresas y activos públicos, y la desregulación y liberalización de la economía, favorecieron el posicionamiento del capital transnacional en la región y la consolidación de los núcleos hegemónicos empresariales nacionales.
De manera complementaria a los programas de ajuste estructural y respondiendo a la misma lógica mercantil de maximización de ganancias, desde 1994 se viene impulsando una ola de “libre comercio” a través de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), apoyados por un conjunto de megaproyectos recogidos en el Plan Puebla Panamá (PPP), a través de los cuales se crea la infraestructura económica necesaria para el funcionamiento del capital transnacional en la región[1].
La superioridad jurídica de los Tratados y Acuerdos Internacionales les permite subordinar la legislación secundaria de los países a sus principios y contenidos, convirtiéndolos en un instrumento idóneo y altamente eficiente que garantiza que los privilegios de las corporaciones transnacionales se transformen en derechos. Los Tratados introducen una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los gobiernos –limitando su capacidad de definir sus propias políticas públicas–, con derechos para las empresas extranjeras en materia de inversiones, tratos no discriminatorios, propiedad intelectual, acceso a la provisión de servicios públicos y licitaciones gubernamentales, así como el control de los recursos naturales.
La lógica del “libre comercio” apunta hacia una integración de los capitales y la consolidación de un bloque económico regional liderado por los Estados Unidos, a partir del cual las corporaciones de ese país pueden ejercer el control hemisférico y obtener un posicionamiento favorable frente a la Unión Europea y las economías del sureste de Asia. Se trata de una integración que ofrece libre acceso al capital corporativo, sin regulaciones, con tratamiento nacional y con tribunales supranacionales corporativos para dirimir sus controversias contra los Estados. Este tipo de integración se convierte en una pieza fundamental de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos.
La “integración” de los gobiernos centroamericanos
La integración promovida por los TLC se yuxtapone al proceso integracionista impulsado por los gobiernos de los países centroamericanos, en el cual han primado los intereses de los capitales nacionales. La preeminencia del ámbito económico en la integración regional se hace evidente en los mismos límites que observa el proceso: una primera fase del Mercado Común Centroamericano (MERCOMÚN), en la que las grandes empresas nacionales lograron posicionarse en los mercados regionales, hasta finales de la década de los sesenta en que se rompe el proceso con la guerra entre El Salvador y Honduras.
Luego, el proyecto de integración centroamericana se recompone en 1991, a partir de la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa (PT), dando origen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el cual es concebido desde una lógica sistémica y holística en la que se incluyen los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental; no obstante, en la realidad, el proceso de integración centroamericana se ha reducido a los planos comercial y financiero, y se expresa en la búsqueda de los gobiernos -sin lograr su concreción- de una Unión Aduanera[2].
Desde una perspectiva estrictamente formal, el SICA tiene un alcance y profundidad que trasciende de la lógica mercantil del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), tal como lo recoge el texto de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES); sin embargo, los resultados que arrojan los quince años del proceso integracionista sólo pueden dar cuenta de las ventajas comerciales para unas cuantas empresas derivadas de la supresión de barreras arancelarias y las facilidades para la integración de los capitales financieros de la región.
Vale señalar que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) señala que “el Sistema de la Integración Centroamericana es el marco institucional de la Integración regional de Centroamérica” (Art. 2) y que “la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana” (Art. 4); con lo cual los gobiernos centroamericanos están en la obligación de abstenerse de adoptar cualquier medida que sea contraria a las disposiciones del Protocolo o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana o la consecución de sus objetivos[3].
Los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana formalmente se anteponen a cualquier otro acuerdo relacionado con esa materia[4], por lo que con la implementación del DR-CAFTA se genera una ruptura del marco jurídico de la integración centroamericana y, en particular, la violación de la Constitución de la República de El Salvador.
En contrapunto, el DR-CAFTA limita las facultades de los Estados para perfeccionar los instrumentos de la integración, en todo aquello que pueda resultar inconsistente con el DR-CAFTA[5]. Además, los contenidos de este tratado están referidos principalmente a aspectos relacionados con el comercio e inversión, por lo que resulta contraproducente darle preeminencia sobre un marco jurídico más general como es de la integración centroamericana que formalmente regula aspectos humanos, culturales, económicos y sociales, más allá de lo comercial.
El Protocolo de Tegucigalpa reafirma algunos principios de la integración de Centroamérica (Art.3), como son la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones, concretar un nuevo modelo de seguridad regional o lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos[6]. Si consideramos que el DR-CAFTA conlleva impactos negativos en el ámbito laboral, medioambiente, salud, entre otros, es evidente que el tratado resulta incompatible con los objetivos formales de la integración centroamericana.
Otra integración: desde abajo, desde adentro y a la izquierda
Es evidente que la integración de las corporaciones y del capital nacional no es la integración para los pueblos. Las alternativas no se construyen a partir de modelos globales, la idea de homogeneizar realidades disímiles en un esquema único es una de las grandes limitaciones que entrañan las simplificaciones y abstracciones de la realidad, y además son fuentes de debilidad e inaplicabilidad. Las alternativas se construyen desde las experiencias locales, territoriales y sectoriales, en un esfuerzo que parte de la realidad específica y cuyas propuestas dimanan desde abajo, desde los sujetos y sujetas del proceso.
Aunque la dimensión local es la base para la construcción de propuestas alternativas y de las acciones ciudadanas, éstas deben integrarse en una dimensión nacional a efecto de que no se conviertan en intentos dispersos o expresiones aisladas; además, los esfuerzos nacionales deberían articularse con los procesos que, en los planos regionales y globales, se están llevando a cabo. Esto porque el carácter global del neoliberalismo exige respuestas globales, aunque éstas se van tejiendo desde el plano territorial o sectorial.
Avanzar en la construcción de una integración regional nos exige la definición de nuestros propios proyectos nacionales de desarrollo, estructurados en base de principios de participación democrática, sustentabilidad y reducción de las brechas de desigualdad -genérica, etárea, étnica, social y geográfica–, que conduzcan hacia el cumplimiento y prevalencia de los Derechos Humanos y de un orden fundamentados en la justicia y dignidad de los pueblos.
Estos esfuerzos exigen superar la visión cortoplacista prevalente, reivindicar el rol del Estado en la actividad económica y en la planificación del desarrollo, priorizando el desarrollo de las empresas sociales y cooperativas; recuperando la capacidad de los pueblos de producir sus propios alimentos, las formas tradicionales de cultivo y las semillas nativas; retomando el control de los recursos naturales y garantizando la provisión pública de los servicios públicos.
Profundizar en la elaboración de propuestas alternativas representa un enorme reto para todas aquellas organizaciones y personas que, desde el plano ético y técnico, reconocemos las insuperables limitaciones que el orden capitalista tiene, y que se traducen en las intolerables brechas de desigualdad, exclusión y deterioro presentes en los países de la región. De allí que una de las acciones de importancia meridiana sea el desarrollo de nuevas formas de organización económica, social y política, que propendan a la construcción del poder popular.
La construcción de una integración desde los pueblos pasa por empujar la resistencia, lo cual entraña la realización de acciones ciudadanas que contengan y/o reviertan los proyectos neoliberales, como son los TLC, el ALCA y la privatización de los servicios públicos, entre otros; pero la resistencia también implica la concreción del esfuerzo por construir las alternativas, tal como se ha planteado anteriormente.
Uno de los ejes de la resistencia lo constituyen las acciones ciudadanas para poner freno a los procesos de privatización de los servicios públicos, pues trasladar a la esfera del mercado servicios fundamentales como la salud, la educación y el agua, implica su mercantilización y la consecuente negación del acceso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en un contexto que se caracteriza por la falta de acceso a los mercados de importantes sectores de la población.
Movilización ciudadana
La intención de los gobiernos de avanzar en la privatización de un bien público como el agua[7], esencial e indispensable para la vida misma, constituye la exacerbación de la lógica de la ganancia que ve en la privatización de este recurso un negocio altamente rentable, sin importar las serias implicaciones que ello entraña sobre la existencia de los seres vivos del planeta. Esta situación podría convertirse en un vector movilizador que articule los esfuerzos locales, nacionales y regionales para evitar la mercantilización y el control corporativo de los recursos hídricos.
En este contexto, resulta indispensable avanzar en las labores de difusión y alfabetización económica y política como factor de movilización, a partir de las cuales se logre elevar la conciencia ciudadana de hombres y mujeres para que puedan asumirse como sujetos y sujetas de derechos, y luchar por su vigencia y cumplimiento. Los medios de comunicación social juegan un rol fundamental en este esfuerzo de difusión de información; para ello vale identificar los vehículos idóneos y eficientes para acercar la información hasta los actores sociales.
Las dimensiones local, territorial y sectorial constituyen la base de las acciones ciudadanas, pues las reivindicaciones por la solución de sus problemáticas particulares es la que podría generar la sinergia de movilización y acción social. La organización en los lugares de vivienda, de trabajo y estudio, o la organización por la consecución de intereses comunes, pueden marcar una vía para enfrentar la globalización neoliberal.
La movilización también es un instrumento idóneo para reivindicar el respeto a la participación ciudadana en la toma de decisiones, con ello se busca la inclusión de las organizaciones sociales en la formulación de políticas públicas, haciéndolas participes en la función de contraloría ciudadana. Las acciones ciudadanas deberían emerger desde el seno mismo de las organizaciones y apoyarse en el trabajo y reivindicaciones realizadas desde otros espacios nacionales e internacionales.
Debería buscarse la mayor creatividad posible, incursionar en fuentes inéditas de resistencia y organización que puedan combinar las denuncias ante las instancias nacionales e internacionales idóneas, con la participación en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, el involucramiento en las labores de contraloría social, y la exigencia concreta de reivindicaciones acogidas por los sectores sociales.
La magnitud de los procesos regentados por la OMC, y los que se impulsan desde el ALCA, los TLC y el PPP, desbordan nuestras capacidades locales y nacionales para aspirar a la posibilidad de lograr su modificación en los aspectos esenciales; esto nos impone el reto de imprimirle a las acciones ciudadanas la mayor creatividad y audacia posibles, lo cual exige mantener un profundo conocimiento del fenómeno, pero también una estrecha coordinación ciudadana en los planos local, nacional e internacional.
Sólo desde una lógica que parta y se construya desde abajo, activando la movilización ciudadana desde los territorios, podremos tener alguna seguridad de que los proyectos e iniciativas podrían generar bienestar para la población. Los tratados y acuerdos internacionales sólo pueden ser beneficiosos para los pueblos en la medida en que éstos sean definidos a partir de las estrategias nacionales de desarrollo, construidas democráticamente, y antepongan el respeto a la vida por encima del beneficio económico y la prevalencia de los intereses comerciales.
Raúl Moreno, economista salvadoreño, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador y miembro de la Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN.
Notas
[1] El PPP incluye ocho iniciativas financiadas con recursos públicos, entre las que prevalecen los proyectos de infraestructura: un complejo de obras de interconexión vial que favorece el traslado de las mercancías, a través de canales secos que ligan ciudades maquiladoras con los puertos y aeropuertos; la construcción de redes para la interconexión eléctrica y telecomunicaciones; la construcción de presas y represas; y un corredor biológico ligado al interés corporativo en el control de los recursos de biodiversidad. No puede omitirse el objetivo contrainsurgente del PPP en la región mesoamericana, con especial interés en el sur-sureste mexicano.
[2] En la actualidad, la armonización arancelaria aún no se ha completado, están pendientes algunos productos sensibles, entre los que figuran la mayoría de los productos agropecuarios transables. En el marco de la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, los gobiernos de la región han planteado su interés de completar la armonización arancelaria. www.laprensagrafica.com.sv
[3] Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN (2005): análisis de la Inconstitucionalidad del DR-CAFTA, mimeo, febrero, San Salvador.
[4] El Art. 35 del Protocolo de Tegucigalpa señala que el mismo prevalece sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana.
[5] El Art. 1.1.2 del DR-CAFTA señala que nada “podrá impedir a las Partes centroamericanas mantener o adoptar medidas para fortalecer y profundizar sus instrumentos jurídicos existentes en la integración centroamericana, siempre y cuando esas medidas no sean inconsistentes con este Tratado”.
[6] Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, Op cít.
[7] Las empresas transnacionales están empujando a nivel planetario la privatización del agua, con el apoyo de los organismos multilaterales. Estos procesos de privatización se presentan como acciones para la modernización del sector hídrico o descentralización del mismo, y como solución para las enormes deficiencias que la producción y provisión del líquido están teniendo.
Publicado en ALAI 414-415
Raúl Moreno
El Salvador
Las reformas neoliberales y, más recientemente, los acuerdos de comercio e inversión han subsumido a los Derechos Humanos a una lógica mercantil, consolidando un orden planetario en el que el “valor superior de las cosas” se ubica en la ganancia. En este afán los servicios públicos, la biodiversidad, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, los recursos del subsuelo y el agua misma han sido transformados en simples mercancías, objetos de comercio.
Este “orden” no sólo resulta ser insustentable sino también inadmisible, y nos insta a renunciar al hecho de que sea el mercado –a través de la oferta y la demanda– quien dirija el destino de los pueblos y de nuestras vidas. Tiene todo el sentido del mundo plantearnos otro orden de cosas y reivindicar nuestro derecho soberano a construir el sendero que como naciones decidamos enrumbar.
La lógica de “integración” de los TLC
Las reformas neoliberales promovidas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que han sido aplicadas al pie de la letra por los gobiernos de la región centroamericana, sentaron las bases en que se fundamenta el proceso de acumulación internacional del capital. La erosión de las funciones y competencias de los Estados, la privatización de las empresas y activos públicos, y la desregulación y liberalización de la economía, favorecieron el posicionamiento del capital transnacional en la región y la consolidación de los núcleos hegemónicos empresariales nacionales.
De manera complementaria a los programas de ajuste estructural y respondiendo a la misma lógica mercantil de maximización de ganancias, desde 1994 se viene impulsando una ola de “libre comercio” a través de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), el proyecto del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) y los Tratados de Libre Comercio (TLC), apoyados por un conjunto de megaproyectos recogidos en el Plan Puebla Panamá (PPP), a través de los cuales se crea la infraestructura económica necesaria para el funcionamiento del capital transnacional en la región[1].
La superioridad jurídica de los Tratados y Acuerdos Internacionales les permite subordinar la legislación secundaria de los países a sus principios y contenidos, convirtiéndolos en un instrumento idóneo y altamente eficiente que garantiza que los privilegios de las corporaciones transnacionales se transformen en derechos. Los Tratados introducen una gama de mecanismos que conjugan prohibiciones a los gobiernos –limitando su capacidad de definir sus propias políticas públicas–, con derechos para las empresas extranjeras en materia de inversiones, tratos no discriminatorios, propiedad intelectual, acceso a la provisión de servicios públicos y licitaciones gubernamentales, así como el control de los recursos naturales.
La lógica del “libre comercio” apunta hacia una integración de los capitales y la consolidación de un bloque económico regional liderado por los Estados Unidos, a partir del cual las corporaciones de ese país pueden ejercer el control hemisférico y obtener un posicionamiento favorable frente a la Unión Europea y las economías del sureste de Asia. Se trata de una integración que ofrece libre acceso al capital corporativo, sin regulaciones, con tratamiento nacional y con tribunales supranacionales corporativos para dirimir sus controversias contra los Estados. Este tipo de integración se convierte en una pieza fundamental de la estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos.
La “integración” de los gobiernos centroamericanos
La integración promovida por los TLC se yuxtapone al proceso integracionista impulsado por los gobiernos de los países centroamericanos, en el cual han primado los intereses de los capitales nacionales. La preeminencia del ámbito económico en la integración regional se hace evidente en los mismos límites que observa el proceso: una primera fase del Mercado Común Centroamericano (MERCOMÚN), en la que las grandes empresas nacionales lograron posicionarse en los mercados regionales, hasta finales de la década de los sesenta en que se rompe el proceso con la guerra entre El Salvador y Honduras.
Luego, el proyecto de integración centroamericana se recompone en 1991, a partir de la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa (PT), dando origen al Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el cual es concebido desde una lógica sistémica y holística en la que se incluyen los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental; no obstante, en la realidad, el proceso de integración centroamericana se ha reducido a los planos comercial y financiero, y se expresa en la búsqueda de los gobiernos -sin lograr su concreción- de una Unión Aduanera[2].
Desde una perspectiva estrictamente formal, el SICA tiene un alcance y profundidad que trasciende de la lógica mercantil del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), tal como lo recoge el texto de la Alianza para el Desarrollo Sostenible (ALIDES); sin embargo, los resultados que arrojan los quince años del proceso integracionista sólo pueden dar cuenta de las ventajas comerciales para unas cuantas empresas derivadas de la supresión de barreras arancelarias y las facilidades para la integración de los capitales financieros de la región.
Vale señalar que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) señala que “el Sistema de la Integración Centroamericana es el marco institucional de la Integración regional de Centroamérica” (Art. 2) y que “la tutela, respeto y promoción de los Derechos Humanos constituyen la base fundamental del Sistema de la Integración Centroamericana” (Art. 4); con lo cual los gobiernos centroamericanos están en la obligación de abstenerse de adoptar cualquier medida que sea contraria a las disposiciones del Protocolo o que obstaculice el cumplimiento de los principios fundamentales del Sistema de la Integración Centroamericana o la consecución de sus objetivos[3].
Los instrumentos jurídicos de la integración centroamericana formalmente se anteponen a cualquier otro acuerdo relacionado con esa materia[4], por lo que con la implementación del DR-CAFTA se genera una ruptura del marco jurídico de la integración centroamericana y, en particular, la violación de la Constitución de la República de El Salvador.
En contrapunto, el DR-CAFTA limita las facultades de los Estados para perfeccionar los instrumentos de la integración, en todo aquello que pueda resultar inconsistente con el DR-CAFTA[5]. Además, los contenidos de este tratado están referidos principalmente a aspectos relacionados con el comercio e inversión, por lo que resulta contraproducente darle preeminencia sobre un marco jurídico más general como es de la integración centroamericana que formalmente regula aspectos humanos, culturales, económicos y sociales, más allá de lo comercial.
El Protocolo de Tegucigalpa reafirma algunos principios de la integración de Centroamérica (Art.3), como son la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones, concretar un nuevo modelo de seguridad regional o lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos[6]. Si consideramos que el DR-CAFTA conlleva impactos negativos en el ámbito laboral, medioambiente, salud, entre otros, es evidente que el tratado resulta incompatible con los objetivos formales de la integración centroamericana.
Otra integración: desde abajo, desde adentro y a la izquierda
Es evidente que la integración de las corporaciones y del capital nacional no es la integración para los pueblos. Las alternativas no se construyen a partir de modelos globales, la idea de homogeneizar realidades disímiles en un esquema único es una de las grandes limitaciones que entrañan las simplificaciones y abstracciones de la realidad, y además son fuentes de debilidad e inaplicabilidad. Las alternativas se construyen desde las experiencias locales, territoriales y sectoriales, en un esfuerzo que parte de la realidad específica y cuyas propuestas dimanan desde abajo, desde los sujetos y sujetas del proceso.
Aunque la dimensión local es la base para la construcción de propuestas alternativas y de las acciones ciudadanas, éstas deben integrarse en una dimensión nacional a efecto de que no se conviertan en intentos dispersos o expresiones aisladas; además, los esfuerzos nacionales deberían articularse con los procesos que, en los planos regionales y globales, se están llevando a cabo. Esto porque el carácter global del neoliberalismo exige respuestas globales, aunque éstas se van tejiendo desde el plano territorial o sectorial.
Avanzar en la construcción de una integración regional nos exige la definición de nuestros propios proyectos nacionales de desarrollo, estructurados en base de principios de participación democrática, sustentabilidad y reducción de las brechas de desigualdad -genérica, etárea, étnica, social y geográfica–, que conduzcan hacia el cumplimiento y prevalencia de los Derechos Humanos y de un orden fundamentados en la justicia y dignidad de los pueblos.
Estos esfuerzos exigen superar la visión cortoplacista prevalente, reivindicar el rol del Estado en la actividad económica y en la planificación del desarrollo, priorizando el desarrollo de las empresas sociales y cooperativas; recuperando la capacidad de los pueblos de producir sus propios alimentos, las formas tradicionales de cultivo y las semillas nativas; retomando el control de los recursos naturales y garantizando la provisión pública de los servicios públicos.
Profundizar en la elaboración de propuestas alternativas representa un enorme reto para todas aquellas organizaciones y personas que, desde el plano ético y técnico, reconocemos las insuperables limitaciones que el orden capitalista tiene, y que se traducen en las intolerables brechas de desigualdad, exclusión y deterioro presentes en los países de la región. De allí que una de las acciones de importancia meridiana sea el desarrollo de nuevas formas de organización económica, social y política, que propendan a la construcción del poder popular.
La construcción de una integración desde los pueblos pasa por empujar la resistencia, lo cual entraña la realización de acciones ciudadanas que contengan y/o reviertan los proyectos neoliberales, como son los TLC, el ALCA y la privatización de los servicios públicos, entre otros; pero la resistencia también implica la concreción del esfuerzo por construir las alternativas, tal como se ha planteado anteriormente.
Uno de los ejes de la resistencia lo constituyen las acciones ciudadanas para poner freno a los procesos de privatización de los servicios públicos, pues trasladar a la esfera del mercado servicios fundamentales como la salud, la educación y el agua, implica su mercantilización y la consecuente negación del acceso de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), en un contexto que se caracteriza por la falta de acceso a los mercados de importantes sectores de la población.
Movilización ciudadana
La intención de los gobiernos de avanzar en la privatización de un bien público como el agua[7], esencial e indispensable para la vida misma, constituye la exacerbación de la lógica de la ganancia que ve en la privatización de este recurso un negocio altamente rentable, sin importar las serias implicaciones que ello entraña sobre la existencia de los seres vivos del planeta. Esta situación podría convertirse en un vector movilizador que articule los esfuerzos locales, nacionales y regionales para evitar la mercantilización y el control corporativo de los recursos hídricos.
En este contexto, resulta indispensable avanzar en las labores de difusión y alfabetización económica y política como factor de movilización, a partir de las cuales se logre elevar la conciencia ciudadana de hombres y mujeres para que puedan asumirse como sujetos y sujetas de derechos, y luchar por su vigencia y cumplimiento. Los medios de comunicación social juegan un rol fundamental en este esfuerzo de difusión de información; para ello vale identificar los vehículos idóneos y eficientes para acercar la información hasta los actores sociales.
Las dimensiones local, territorial y sectorial constituyen la base de las acciones ciudadanas, pues las reivindicaciones por la solución de sus problemáticas particulares es la que podría generar la sinergia de movilización y acción social. La organización en los lugares de vivienda, de trabajo y estudio, o la organización por la consecución de intereses comunes, pueden marcar una vía para enfrentar la globalización neoliberal.
La movilización también es un instrumento idóneo para reivindicar el respeto a la participación ciudadana en la toma de decisiones, con ello se busca la inclusión de las organizaciones sociales en la formulación de políticas públicas, haciéndolas participes en la función de contraloría ciudadana. Las acciones ciudadanas deberían emerger desde el seno mismo de las organizaciones y apoyarse en el trabajo y reivindicaciones realizadas desde otros espacios nacionales e internacionales.
Debería buscarse la mayor creatividad posible, incursionar en fuentes inéditas de resistencia y organización que puedan combinar las denuncias ante las instancias nacionales e internacionales idóneas, con la participación en la formulación y seguimiento de las políticas públicas, el involucramiento en las labores de contraloría social, y la exigencia concreta de reivindicaciones acogidas por los sectores sociales.
La magnitud de los procesos regentados por la OMC, y los que se impulsan desde el ALCA, los TLC y el PPP, desbordan nuestras capacidades locales y nacionales para aspirar a la posibilidad de lograr su modificación en los aspectos esenciales; esto nos impone el reto de imprimirle a las acciones ciudadanas la mayor creatividad y audacia posibles, lo cual exige mantener un profundo conocimiento del fenómeno, pero también una estrecha coordinación ciudadana en los planos local, nacional e internacional.
Sólo desde una lógica que parta y se construya desde abajo, activando la movilización ciudadana desde los territorios, podremos tener alguna seguridad de que los proyectos e iniciativas podrían generar bienestar para la población. Los tratados y acuerdos internacionales sólo pueden ser beneficiosos para los pueblos en la medida en que éstos sean definidos a partir de las estrategias nacionales de desarrollo, construidas democráticamente, y antepongan el respeto a la vida por encima del beneficio económico y la prevalencia de los intereses comerciales.
Raúl Moreno, economista salvadoreño, catedrático de la Escuela de Economía de la Universidad de El Salvador y miembro de la Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN.
Notas
[1] El PPP incluye ocho iniciativas financiadas con recursos públicos, entre las que prevalecen los proyectos de infraestructura: un complejo de obras de interconexión vial que favorece el traslado de las mercancías, a través de canales secos que ligan ciudades maquiladoras con los puertos y aeropuertos; la construcción de redes para la interconexión eléctrica y telecomunicaciones; la construcción de presas y represas; y un corredor biológico ligado al interés corporativo en el control de los recursos de biodiversidad. No puede omitirse el objetivo contrainsurgente del PPP en la región mesoamericana, con especial interés en el sur-sureste mexicano.
[2] En la actualidad, la armonización arancelaria aún no se ha completado, están pendientes algunos productos sensibles, entre los que figuran la mayoría de los productos agropecuarios transables. En el marco de la negociación del Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea, los gobiernos de la región han planteado su interés de completar la armonización arancelaria. www.laprensagrafica.com.sv
[3] Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, SINTI TECHAN (2005): análisis de la Inconstitucionalidad del DR-CAFTA, mimeo, febrero, San Salvador.
[4] El Art. 35 del Protocolo de Tegucigalpa señala que el mismo prevalece sobre cualquier Convenio, Acuerdo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o multilateralmente, sobre las materias relacionadas con la integración centroamericana.
[5] El Art. 1.1.2 del DR-CAFTA señala que nada “podrá impedir a las Partes centroamericanas mantener o adoptar medidas para fortalecer y profundizar sus instrumentos jurídicos existentes en la integración centroamericana, siempre y cuando esas medidas no sean inconsistentes con este Tratado”.
[6] Red de Acción Ciudadana frente al Comercio e Inversión, Op cít.
[7] Las empresas transnacionales están empujando a nivel planetario la privatización del agua, con el apoyo de los organismos multilaterales. Estos procesos de privatización se presentan como acciones para la modernización del sector hídrico o descentralización del mismo, y como solución para las enormes deficiencias que la producción y provisión del líquido están teniendo.
Publicado en ALAI 414-415

El lanzamiento formal de la Comunidad Sudamericana de Naciones deja más interrogantes que certezas. Los hechos hablan de un reacomodamiento neoliberal, see señala Víctor Ego Ducrot de la Agencia Periodística del Mercosur.

Las sonrisas estampadas en la foto de los firmantes de la Comunidad Sudamericana de Naciones contrasta con las preocupaciones y los interrogantes que necesariamente quedaron abiertos después de tanta retórica y protocolo.

¿Qué significa en realidad la aparición de la nueva Comunidad regional? ¿Estamos a las puertas de un proceso independiente, site que busca un lugar propio en el mundo del siglo XXI, ed o ante la adecuación de nuestros países al nuevo modelo de reparto hegemónico, caracterizado por el avance desmesurado de la grandes corporaciones transnacionalizadas como nuevos agentes directos de poder político y por la creciente limitación del Estado nacional como regulador social?

¿Estamos frente al inicio de un proceso de integración para el conjunto de la sociedad sudamericana o la región marcha hacia la consolidación de un modelo sólo aplicable a las minorías integradas al modelo neoliberal?

Según datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), la Unión Sudamericana comprende a 12 países, con 17.300.000 de kilómetro cuadrados (casi el doble de la superficie de Estados Unidos) y en ella viven 380.000.000 de personas (unos 100 millones más que en Estados Unidos). Esta región es la primera exportadora mundial de alimentos, contiene la mayor reserva ecológica del planeta (agua, biodiversiad) y se encuentra entre las más grandes cuencas energéticas y de reservas minerales.

Sin embargo, y según la misma fuente, el 50 por ciento de su población es pobre y el 25 por ciento vive en le indigencia. Sólo un 40 por ciento está integrado al sistema productivo, como proveedor de mano de obra calificada y agente activo del mercado, es decir como sujetos incluidos o tenidos en cuenta por la ideología huracanada de los acuerdos de libre comercio, que así, por sí mismos, se presentan como panaceas del progreso mundial.

Entre 1990 -pleno auge fundamentalista del Consenso de Washington- y 2002, la participación de empresas extranjeras en las actividades de servicio pasó del 10 al 38 por ciento. En el sector manufacturero esa presencia es del 55 por ciento. Las corporaciones tienen en sus manos la mitad de la producción industrial latinoamericana.

En el mismo período, la participación de las grandes transnacionales entre las principales 200 exportadoras pasó del 25 al 41 por ciento. De los 100 mayores bancos, los privados extranjeros pasaron a controlar del 5 al 35 por ciento de los depósitos. En Argentina, por ejemplo, pasaron del 15 al 52 por ciento y en México, como consecuencias del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio para América del Norte) ese control llega hasta el 80 por ciento.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el empleo informal pasó del 44 al 48 por ciento entre la Población Económicamente Activa (PEA). 76.000.000 de latinoamericanos viven con menos de un dólar por día mientras que 175.000.000 lo hacen con memos de dos dólares.

Argentina, que para Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) durante casi una década fue “el país modelo”, ofrece índices escalofriantes: entre 1974 y 2004, los sectores de mayores recursos incrementaron sus ingresos en un 41,1 por ciento, mientras que los más bajos de la pirámide los vieron disminuir en un 47 por ciento, según el organismo estatal de encuestas y censos (INDEC).

Este país, miembro destacado junto a Brasil del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), produce alimentos para casi 400 millones de personas (70 millones anuales de toneladas de cereales y oleaginosas y 90 millones de toneladas de productos agropecuarios de todo tipo). Sin embargo, un reciente estudio de la Cruz Roja y de la Oficina de Asuntos Humanos de la Unión Europea (UE) indica que el 70 por ciento de los pobres (casi la mitad de la población) sufre hambre. El 43 por ciento padece hambre severa, el 25,8 hambre moderada y el 49,3 por ciento vive en condiciones de hacinamiento. El 45,3 por ciento de esos pobres no goza de agua potable y el 60 por ciento habita en áreas sin sistema de cloacas.
Estas cifras y estadísticas, elaboradas por los mismos centros de estudios y de poder que saludan con entusiasmo a toda iniciativa tendiente a desembocar en alguna forma de “libre comercio” nos obligan a seguir con los interrogantes.

¿Qué modelo de comunidad sudamericana se proponen los mandatarios y representantes de los 12 países que se dieron cita en Cuzco: una unión para consolidar a aquél 40 por ciento de la población que pertenece al mundo, al mercado, o una unión para los 380.000.000 de habitantes, que implicaría, para comenzar, un programa estratégico, agresivo y consensuado de lucha contra la pobreza, a partir de una operación de cirugía mayor en materia distributiva?.
Recordemos que el citado cuadro regresivo del mapa distributivo de Argentina de los últimos 30 años se reproduce en formas más o menos similares en el resto de la región.

Salvo la honrosa, y a esta altura de los acontecimientos heroica excepción de Venezuela, los procesos domésticos de casi todos los países suscriptores del acta Fundacional de la Unión Sudamericana indican que en ninguno de ellos se han tomado medidas serias, reales, contra la pobreza y a favor de un mundo para todos.

Será por eso que en la cumbre de Cuzco fue el presidente venezolano, Hugo Chávez, el encargado de poner ciertos puntos sobre las íes. En ocasión del debate entre jefes de Estado, Chávez dijo “en 200 años de historia no hemos hecho nada para la integración. Es hora de que definamos si realmente queremos unirnos y enfrentar los desafíos sociales”.

El brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, destacaron algunos presentes en la reunión, le respondió airado con un “es mentira que no hicimos nada. En los últimos tres años hemos avanzado muchísimo y este acuerdo es la prueba”.

Las palabras de Chávez deben ser entendidas en su justa dimensión. Está claro que el líder venezolano no desconoce el complicado camino que los países del área vienen transitando en materia de integración. El mismo está a punto de convertir al suyo en estado asociado al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), foro al que le ha presentado iniciativas tales como la creación de una empresa energética propia, y es animador principal de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con el MERCOSUR principal protagonista e de la cumbre de Cuzco.

Lo que Chávez sí hizo fue poner el dedo en la llaga respecto de qué tipo de Comunidad Sudamericana se pretende, si una abarcativa del conjunto de nuestras sociedad o la otra, la pretendida por las corporaciones transnacionales, Estados Unidos y su proyecto ALCA (Acuerdo de Libre Comercio para las Américas), como mecanismo de inserción en el mercado “globalizado” a la medida de esas mismas corporaciones y de su división internacional del trabajo.

El proceso bolivariano, encabezado por Chávez en su país implica una adecuación histórica del programa de Simón Bolívar y de otros líderes de la independencia sudamericana del siglo XIX.

Ese proceso de historicidad programática se apoya sobre tres ejes: Sudamérica como polo autonómico dentro del complejo tablero internacional de rediseño del poder capitalista. Sudamérica como bloque integrado, para equiparar potencialidades territoriales y de recursos estratégicos frente a al bloque hegemónico en sus distintas facciones, y Sudamérica como espacio económico y político con amplia base social y con representación democrática efectiva, lo cual hace que la lucha contra la pobreza y la exclusión tengan carácter prioritario.

Más allá de ciertas confrontaciones con Estados Unidos y con el bloque de poder, tanto Brasil como Argentina, por mencionar a los socios mayoritarios del MERCOSUR, mantienen los lineamientos centrales del programa impuesto al calor del Consenso de Washington.

El congelamiento del programa Hambre Cero con el que Lula comenzó su esperanzador mandato, hace dos años, es un claro ejemplo de lo afirmado hasta aquí. En ese mismo sentido es útil recordar que por encima de los ásperos discursos del presidente Néstor Kirchner contra el FMI y los organismos financieros internacionales, nunca antes Argentina fue tan puntual en el pago de su deuda con esos organismos.

Además, el gobierno de Kirchner “no tuvo mejor idea” que convocar a bancos como el JP Morgan y otros involucrados en el pasivo externo de ese país, para operar en el plan de canje de la deuda en “default” con los tenedores privados de bonos. Fue el propio JP Morgan el encargado de recordarle a Buenos Aires con qué clase de “asesores” cuenta: en un informe escrito por los economistas Stuart Sclater-Booth y Vladimir Werning ese banco sostiene que es imposible recomendar a los bonistas que acepten o rechacen la propuesta de quita (no se sabe cuál es la real dimensión de la misma) y le recomienda al gobierno de Kirchner que mejore el diálogo con los inversores privados y con el FMI.

Volviendo al llamado de atención formulado por Chávez se puede decir que las suyas son observaciones compartidas por varios analistas, no necesariamente comprometidos con el proceso bolivariano.

El académico argentino Juan Gabriel Tokatlián sostiene que “el estado de la unidad política económica y diplomática en América Latina, en general, y en América del Sur, en particular, ha sido, y es, lamentable”.

En ese mismo sentido, Tokatlián recuerda que la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, un mecanismo regional de articulación diplomática, “tuvo vida efímera”, que la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) “están difuntos de facto” y que el Sistema Económico Latinoamericano (SELA) “colapsó”.
Asimismo, el especialista argentino afirma que “la CAN se encuentra en su peor momento de fragmentación (…), con Colombia, Ecuador y Perú intentando negociar, en forma tripartita, un acuerdo comercial con Estados Unidos (…). Paralelamente, el MERCOSUR vive su hora más inmóvil, sin avanzar hacia una unión aduanera perfecta ni procurar una mínima institucionalización”.

No nos olvidemos que Chile (estado asociado al MERCOSUR y fundador de la flamante Comunidad Sudamericana) ya firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y que, además de insistir en su agresión diplomática contra Bolivia respecto de los reclamos marítimos de La Paz, permite que sus empresarios viajen a las Islas Malvinas con la intención de explorar allí oportunidades de buenos negocios. Esa actitud de Santiago no sólo resulta inaceptable para Argentina, sino que avala, en términos generales, la existencia de un enclave colonialista rechazado por Naciones Unidas (ONU).

Entonces, una vez más nuestros interrogantes del principio: ¿qué tipo de Comunidad Sudamericana de Naciones acaba de nacer en Cuzco?

La presencia del ex presidente argentino y actual secretario-coordinador del MERCOSUR, Eduardo Duhalde, en la gran foto protocolar de Cuzco, podría hablar por sí sola: se trata de un personaje central de la tragedia argentina de la pasada década del ´90, al frente de la ola neoliberal del Consenso de Washington, y jefe indiscutido de una de las facciones del bloque de poder vernáculo.

Pero revisemos otros hecho concretos. En plena Cumbre, los diplomáticos de primer nivel de Argentina y Brasil debieron ocuparse de aclarar sin mucha claridad y desmentir sin mucha convicción la existencia de severas diferencias entre los gobiernos de ambos países frente a las reivindicaciones de sus respectivos empresariados en torno a recíprocos reclamos de proteccionismo en materia de productos, inversiones y cuotas de mercados.

Cuando el diario O Estado, de San Pablo, Brasil, informó que el gobierno de Lula había rechazado una solicitud de Argentina de autolimitación de exportaciones y ayudas para la reconstrucción de su propio parque industrial, el jefe de la diplomacia de Brasilia, Celso Amorim, dijo “en la negociaciones no se dice no, se dice a vamos a ver. Estamos dispuestos a discutir fórmulas creativas de pensar de una forma que se tengan en cuenta los problemas que Argentina está viviendo”.
Por su parte, Luiz Felipe de Macedo Soares, el encargado en Itamarati de comandar las relaciones con Argentina, dijo “Brasil no puede responsabilizarse por la economía de sus vecinos”. Luego, como para suavizar, agregó, “la relación de Brasil con Argentina no es un deseo exótico (…). Si hay una realidad concreta, ésa es la relación Brasil-Argentina. No estamos dispuestos a retroceder en eso”.
Sin embargo, esas diferencias recurrentes, resurgidas a pocos días de la Cumbre Ouro Preto II, en la cual los presidentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, se proponen “relanzar” el MERCOSUR, parecen más vinculadas a la integración como repartija de mercados entre los capitales concentrados vernáculos y las grandes corporaciones transnacionalizadas que a un proceso vinculado al legado bolivariano, para los pueblos, contra la pobreza y la exclusión, y por el desarrollo y la democracia participativa.

En otras palabras, todo huele a ALCA maquillado, Según la revista británica “The Economist”, en su edición abril de 2001, los estrategas estadounidenses contemplan la posibilidad de que un tratado de libre comercio a la medida de sus intereses -abarcativo de todo el hemisferio- se alcance via sumatoria de acuerdos bilaterales y subregionales.

Tanto Samuel Pinheiro Guimaraes, en su artículo articulo “El rol político del MERCOSUR”, como el también brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, en el libro “Argentina, Brasil y Estados Unidos…” (Norma, Buenos Aires, 2004) plantean con claridad la necesidad estratégica que tiene Sudamérica de inscribirse como bloque en el complejo escenario internacional abierto a principios del siglo XXI.
Pinheiro Guimaraes, por ejemplo, sostiene “si bien a nivel estratégico-militar Estados Unidos es hegemónico, a nivel económico-comercial comparte su predominio con la UE, Japón, China e India. Así, la prioridad del MERCOSUR es definir cuál será su rol en la evolución de un sistema mundial orientado a una configuración multipolar”.

En su libro “Bush & ben Laden S.A.” (Norma, Buenos Aires, 2001), quien esto escribe plantea que el actual escenario internacional se caracteriza por un nivel de enfrentamiento creciente entre las distintas facciones que componen el bloque hegemónico (fundamentalmente entre Estados Unidos, la UE y la cuenca Asiática), aunque ese enfrentamiento ofrece un nuevo perfil: el aumento de la presencia política activa de las grandes corporaciones, que están dejando de ser factores de presión y de poder para convertirse en sujetos directos del poder político, a través de un proceso de privatización de la gestión pública comenzado a principios de la pasada década del ´80 y perfeccionado durante la actual administración de George Bush en Estados Unidos.

Estas reflexiones fueron retomadas en el libro “La invasión a Irak…”, de Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot (Desde la gente, Buenos Aires, 2003) y sobre todo en “Recolonización o Independencia: América Latina en el siglo XXI, de los mismos autores (Norma, Buenos Aires, 2004).

En este último se sostiene que “el principal desafío para América Latina en los comienzos del siglo XXI sigue siendo el proyecto hegemónico de Estados Unidos, ahora agravado por la abierta decisión de ahondar la ofensiva hacia un dominio colonial”. Se trata de un diseño en el que “Estados Unidos busca asegurarse el control absoluto de las reservas de recursos naturales básicos e indispensables para la reproducción sustentable de la llamada economía real.

Mientras el acta fundacional de la Comunidad Sudamericana de Naciones promete “impulsar la concertación y coordinación política” (…), “profundizar la convergencia” (…) y declara su “compromiso esencial” con la lucha contra la pobreza, una vez más los sudamericanos de carne y hueso parecen atrapados entre las plurivalencias de los símbolos, casi obligados a desentrañar los verdaderos significados que se esconden en el misterio de los iconos. Después de la grandilocuencia de Cuzco surge la necesidad de entender los hechos en su cruda realidad y determinar sobre qué mundo y sobre qué escenario internacional, esos hechos se entretejen.

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