African Transatlantic Resistance and Movements

SEATTLE, PORTO ALEGRE, DURBAN and more recently Bombay are massive and conclusive expressions of the fight for a better future. From Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, to Europe and the United States, the planning and ordering of the global economic system gradually and dramatically imperils the life of millions of families.

Esperanza Martinez, tadalafil 1

Alba que trae la luz, pharm no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la tierra. El Movimiento Sin Ti erra en Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista en México, entre otros.

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).

La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.

Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para sostener su modelo agroindustrial y de sobre-consumo energético.


Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del neoliberalismo.

Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión colonial.

El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973).

Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578).

La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la segunda hace frente a la agresión colonizadora.

El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo cuando se habla de integración.

América Latina: exportar energía e importar alimentos

América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas: papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países industrializados.

Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6 millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655 mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10 millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil (1). La diferencia la exporta justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8 billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el 2001 a 135.6 en el 2005.

La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”(2).


El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.

Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y el Caribe.

Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7% en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.

El ALCA, el IRSA, y el PPP

Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América,  como son el TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.

Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad, su trabajo sea cada vez más barato.

Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como son el TLCAN, el CAFTA,  el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú.

Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores de oleoductos, gasoductos, y mineroductos,  que comunican los centros de extracción con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores hacen posible el acceso y control  de los recursos naturales: energéticos, minerales y de biodiversidad y agua.

Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas, y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la producción agrícola.

La integración desde el ALBA

En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de bienes agrícolas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el desmantelamiento del ALCA.

Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un preocupante silencio en relación a las transnacionales.

Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como nacionales.

Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.

En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el avance en la construcción de la carretera“(3).

El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban, en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225 kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica(4).

En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo era fomentar el libre comercio.

Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.

Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.

Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región, atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e incendios son inevitables.

Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.

Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.

Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.

¿Qué pasa en el mundo petrolero?

Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades, tampoco se factible hablar de redistribución de riquezas y es final mente una fuente de destrucción de territorios y riquezas naturales.

Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos como se ha ido privatizando el negocio petrolero:

– En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.

– En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.

Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fu entes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.

– En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.

En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.

– En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.

– La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.

– El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor capacidad adquisitiva.

– La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.

Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.

– La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control, veeduría o auditoría.

¿Es posible la soberanía energética?

En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.

Pero la disyuntiva “privatización – soberanía”, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?

La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las comunidades y sus territorios.

Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses trasnacionales o de elites nacionales.

Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.

La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:

· Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.

· Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.

· No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.

La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.

Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente

Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un agenda de unidad regional.


Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos, diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.

Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se subrayan de forma cada vez más letal.

No hay oscuridad más profunda que la que precede al Alba. Los mitos indígenas que hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

1 Esperanza Martínez es de Oil Watch.

Esperanza Martinez, here 1

Alba que trae la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la tierra. El Movimiento Sin Ti erra en Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista en México, entre otros.

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).

La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.

Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para sostener su modelo agroindustrial y de sobre-consumo energético.


Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del neoliberalismo.

Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión colonial.

El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973).

Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578).

La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la segunda hace frente a la agresión colonizadora.

El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo cuando se habla de integración.

América Latina: exportar energía e importar alimentos

América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas: papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países industrializados.

Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6 millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655 mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10 millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil (1). La diferencia la exporta justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8 billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el 2001 a 135.6 en el 2005.

La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”(2).


El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.

Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y el Caribe.

Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7% en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.

El ALCA, el IRSA, y el PPP

Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América,  como son el TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.

Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad, su trabajo sea cada vez más barato.

Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como son el TLCAN, el CAFTA,  el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú.

Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores de oleoductos, gasoductos, y mineroductos,  que comunican los centros de extracción con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores hacen posible el acceso y control  de los recursos naturales: energéticos, minerales y de biodiversidad y agua.

Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas, y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la producción agrícola.

La integración desde el ALBA

En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de bienes agrícolas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el desmantelamiento del ALCA.

Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un preocupante silencio en relación a las transnacionales.

Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como nacionales.

Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.

En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el avance en la construcción de la carretera“(3).

El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban, en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225 kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica(4).

En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo era fomentar el libre comercio.

Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.

Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.

Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región, atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e incendios son inevitables.

Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.

Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.

Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.

¿Qué pasa en el mundo petrolero?

Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades, tampoco se factible hablar de redistribución de riquezas y es final mente una fuente de destrucción de territorios y riquezas naturales.

Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos como se ha ido privatizando el negocio petrolero:

– En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.

– En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.

Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fu entes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.

– En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.

En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.

– En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.

– La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.

– El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor capacidad adquisitiva.

– La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.

Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.

– La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control, veeduría o auditoría.

¿Es posible la soberanía energética?

En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.

Pero la disyuntiva “privatización – soberanía”, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?

La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las comunidades y sus territorios.

Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses trasnacionales o de elites nacionales.

Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.

La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:

· Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.

· Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.

· No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.

La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.

Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente

Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un agenda de unidad regional.


Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos, diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.

Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se subrayan de forma cada vez más letal.

No hay oscuridad más profunda que la que precede al Alba. Los mitos indígenas que hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

1 Esperanza Martínez es de Oil Watch.

Esperanza Martinez, decease 1

Alba que trae la luz, dosage
no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la tierra. El Movimiento Sin Ti erra en Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista en México, entre otros.

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).

La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.

Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para sostener su modelo agroindustrial y de sobre-consumo energético.


Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del neoliberalismo.

Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión colonial.

El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973).

Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578).

La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la segunda hace frente a la agresión colonizadora.

El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo cuando se habla de integración.

América Latina: exportar energía e importar alimentos

América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas: papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países industrializados.

Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6 millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655 mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10 millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil (1). La diferencia la exporta justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8 billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el 2001 a 135.6 en el 2005.

La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”(2).


El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.

Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y el Caribe.

Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7% en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.

El ALCA, el IRSA, y el PPP

Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América,  como son el TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.

Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad, su trabajo sea cada vez más barato.

Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como son el TLCAN, el CAFTA,  el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú.

Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores de oleoductos, gasoductos, y mineroductos,  que comunican los centros de extracción con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores hacen posible el acceso y control  de los recursos naturales: energéticos, minerales y de biodiversidad y agua.

Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas, y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la producción agrícola.

La integración desde el ALBA

En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de bienes agrícolas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el desmantelamiento del ALCA.

Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un preocupante silencio en relación a las transnacionales.

Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como nacionales.

Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.

En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el avance en la construcción de la carretera“(3).

El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban, en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225 kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica(4).

En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo era fomentar el libre comercio.

Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.

Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.

Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región, atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e incendios son inevitables.

Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.

Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.

Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.

¿Qué pasa en el mundo petrolero?

Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades, tampoco se factible hablar de redistribución de riquezas y es final mente una fuente de destrucción de territorios y riquezas naturales.

Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos como se ha ido privatizando el negocio petrolero:

– En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.

– En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.

Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fu entes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.

– En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.

En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.

– En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.

– La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.

– El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor capacidad adquisitiva.

– La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.

Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.

– La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control, veeduría o auditoría.

¿Es posible la soberanía energética?

En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.

Pero la disyuntiva “privatización – soberanía”, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?

La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las comunidades y sus territorios.

Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses trasnacionales o de elites nacionales.

Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.

La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:

· Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.

· Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.

· No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.

La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.

Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente

Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un agenda de unidad regional.


Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos, diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.

Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se subrayan de forma cada vez más letal.

No hay oscuridad más profunda que la que precede al Alba. Los mitos indígenas que hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

1 Esperanza Martínez es de Oil Watch.

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Alba que trae la luz, find online no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la tierra. El Movimiento Sin Ti erra en Brasil, medicine los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista en México, entre otros.

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).

La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.

Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para sostener su modelo agroindustrial y de sobre-consumo energético.


Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del neoliberalismo.

Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión colonial.

El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973).

Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578).

La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la segunda hace frente a la agresión colonizadora.

El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo cuando se habla de integración.

América Latina: exportar energía e importar alimentos

América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas: papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países industrializados.

Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6 millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655 mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10 millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil (1). La diferencia la exporta justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8 billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el 2001 a 135.6 en el 2005.

La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”(2).


El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.

Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y el Caribe.

Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7% en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.

El ALCA, el IRSA, y el PPP

Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América,  como son el TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.

Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad, su trabajo sea cada vez más barato.

Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como son el TLCAN, el CAFTA,  el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú.

Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores de oleoductos, gasoductos, y mineroductos,  que comunican los centros de extracción con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores hacen posible el acceso y control  de los recursos naturales: energéticos, minerales y de biodiversidad y agua.

Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas, y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la producción agrícola.

La integración desde el ALBA

En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de bienes agrícolas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el desmantelamiento del ALCA.

Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un preocupante silencio en relación a las transnacionales.

Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como nacionales.

Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.

En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el avance en la construcción de la carretera“(3).

El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban, en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225 kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica(4).

En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo era fomentar el libre comercio.

Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.

Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.

Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región, atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e incendios son inevitables.

Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.

Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.

Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.

¿Qué pasa en el mundo petrolero?

Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades, tampoco se factible hablar de redistribución de riquezas y es final mente una fuente de destrucción de territorios y riquezas naturales.

Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos como se ha ido privatizando el negocio petrolero:

– En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.

– En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.

Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fu entes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.

– En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.

En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.

– En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.

– La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.

– El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor capacidad adquisitiva.

– La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.

Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.

– La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control, veeduría o auditoría.

¿Es posible la soberanía energética?

En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.

Pero la disyuntiva “privatización – soberanía”, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?

La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las comunidades y sus territorios.

Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses trasnacionales o de elites nacionales.

Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.

La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:

· Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.

· Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.

· No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.

La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.

Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente

Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un agenda de unidad regional.


Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos, diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.

Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se subrayan de forma cada vez más letal.

No hay oscuridad más profunda que la que precede al Alba. Los mitos indígenas que hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

1 Esperanza Martínez es de Oil Watch.

La primera emisión va a ser de 1.000 millones de dólares, check y antes de fin de año un monto similar. En total, hacia fines de 2007 se habrán ofrecido 5.000 millones de la misma moneda. Se trata del preludio del Banco del Sur.


En silencio pero con certeza, Argentina y Venezuela avanzaron en la concreción de una medida que hace a la financiación de ambos estados. El anunciado Bono del Sur va a tener su primera emisión en los primeros días de noviembre, por un monto inicial de 1.000 millones de dólares, y un segundo ofrecimiento por igual valor antes de fin de año. La operatoria va a continuar en 2007, hasta completar 5.000 millones de la verde moneda.


La noticia se dio a conocer en Caracas, en palabras del ministro de Finanzas de Venezuela, Nelson Merentes, durante la presentación ante la Asamblea Nacional del proyecto de Presupuesto 2007. “Va a ser un bono combinado que tiene igual ponderación. Eso significa que va a tener el mismo peso, 50 por ciento para Argentina y 50 por ciento para Venezuela”, explicó el titular de la cartera de finanzas. La información fue confirmada luego por fuentes del Palacio de Hacienda de Buenos Aires


La iniciativa es negociada desde la última Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur (Mercosur) en la ciudad argentina de Córdoba, el 21 de julio pasado, tras una iniciativa de los mandatarios Hugo Chávez y Néstor Kirchner, de Venezuela y Argentina, respectivamente.


La idea primigenia es avanzar hacia instrumentos financieros regionales. Más adelante, de obtenerse resultados alentadores, la intención es avanzar en la concreción del Banco del Sur, institución destinada al financiamiento de inversión en infraestructura y desarrollo social para los miembros del bloque regional, integrado, además de los países mencionados, por Brasil, Paraguay y Uruguay.


Funcionarios del área financiera de ambos países coinciden en que el escenario internacional es propicio para este tipo de emprendimientos. Venezuela, apoyada en su renta petrolera, es calificada como país de bajo riesgo (218 puntos básicos), aunque Argentina ha mejorado su calificación en los últimos meses (293 puntos básicos). Por este motivo, y para evitar el posible embargo de los bonos en caso de emitirse a través de la city de Buenos Aires, las primeras presentaciones van a realizarse a través de Caracas.


Cuando Argentina presentó su propuesta para salir del default o moratoria de su deuda pública, la misma fue aceptada por el 76 por ciento de los tenedores de títulos. El 24 por ciento restante –en su mayoría, fondos buitres- que no aceptó las condiciones de pago buscan cobrar sus acreencias a través de embargos internacionales.


La semana próxima van a producirse contactos entre la Secretaría de Finanzas argentina que conduce Alfredo Mac Laughlin y su par venezolana.


El Bono del Sur va a conformarse en mitades por un Boden argentino (aun no se definió si será el Boden que vence en 2012 o en 2015) y por un Título de Interés Fijo (TIF, en la jerga financiera) de Venezuela a 15 años de plazo. Se va a intentar interesar a los principales bancos de inversión del mundo, y se va a posibilitar que, a pesar de que la compra inicial es del “bono compuesto”, con posterioridad puedan separarse para su comercialización secundaria.


Ambos países han creado en los últimos tres años fuertes lazos comerciales y financieros, a tal punto que Caracas se convirtió en la principal fuente de financiamiento de Argentina, con la compra directa de títulos de deuda por alrededor de 3.000 millones de dólares.

Esperanza Martinez, patient 1

Alba que trae la luz, sovaldi sale no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la tierra. El Movimiento Sin Ti erra en Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista en México, entre otros.

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).

La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.

Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para sostener su modelo agroindustrial y de sobre-consumo energético.


Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del neoliberalismo.

Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión colonial.

El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973).

Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578).

La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la segunda hace frente a la agresión colonizadora.

El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo cuando se habla de integración.

América Latina: exportar energía e importar alimentos

América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas: papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países industrializados.

Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6 millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655 mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10 millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil (1). La diferencia la exporta justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8 billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el 2001 a 135.6 en el 2005.

La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”(2).


El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.

Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y el Caribe.

Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7% en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.

El ALCA, el IRSA, y el PPP

Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América,  como son el TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.

Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad, su trabajo sea cada vez más barato.

Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como son el TLCAN, el CAFTA,  el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú.

Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores de oleoductos, gasoductos, y mineroductos,  que comunican los centros de extracción con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores hacen posible el acceso y control  de los recursos naturales: energéticos, minerales y de biodiversidad y agua.

Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas, y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la producción agrícola.

La integración desde el ALBA

En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de bienes agrícolas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el desmantelamiento del ALCA.

Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un preocupante silencio en relación a las transnacionales.

Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como nacionales.

Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.

En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el avance en la construcción de la carretera“(3).

El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban, en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225 kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica(4).

En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo era fomentar el libre comercio.

Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.

Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.

Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región, atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e incendios son inevitables.

Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.

Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.

Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.

¿Qué pasa en el mundo petrolero?

Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades, tampoco se factible hablar de redistribución de riquezas y es final mente una fuente de destrucción de territorios y riquezas naturales.

Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos como se ha ido privatizando el negocio petrolero:

– En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.

– En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.

Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fu entes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.

– En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.

En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.

– En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.

– La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.

– El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor capacidad adquisitiva.

– La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.

Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.

– La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control, veeduría o auditoría.

¿Es posible la soberanía energética?

En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.

Pero la disyuntiva “privatización – soberanía”, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?

La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las comunidades y sus territorios.

Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses trasnacionales o de elites nacionales.

Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.

La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:

· Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.

· Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.

· No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.

La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.

Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente

Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un agenda de unidad regional.


Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos, diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.

Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se subrayan de forma cada vez más letal.

No hay oscuridad más profunda que la que precede al Alba. Los mitos indígenas que hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

1 Esperanza Martínez es de Oil Watch.

Madeleine Andebeng L. Alingué*


SEATTLE, doctor PORTO ALEGRE, DURBAN and more recently Bombay are massive and conclusive expressions of the fight for a better future. From Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, to Europe and the United States, the planning and ordering of the global economic system gradually and dramatically imperils the life of millions of families. This phenomenon of increasing exclusion is mainly conditioned by a transnational economic logic, which establishes an eminently predatory consumption pattern that undermines the ecological, material and social basis of human life and dignity.

From a historical distance, the analysis of social movements makes it possible to prove that processes of change are constituted by “ruptures” expressed mainly by “resistance”. Reciprocally, in order to generate ruptures, resistance must be massive, organized and sustainable. Therefore, the recent appropriation of the field of resistance by anti-globalization activists of industrialized countries has granted a new input to worldwide mobilizations: a mediatic input necessary for current protests.

Africa, Asia, Latin America and the Caribbean have for centuries posed and designed “other” ways of resistance that, though less visible, have modified and altered international, regional and national balances. At present, the multiplication and diversification of worldwide resistance formats (political and economic) involves an increasing amount of affected people and implies recognizing the “fairness” of our fight. In addition, the possibility of counting on an observation and interpretation that includes contextual and temporal social movements makes it possible to understand their dimensions, potentialities and scope.

Africa, and especially the African transatlantic resistance, offers an experience that refers to the contemporary resistance’s two mainstays: the first one, economic, on the formats and purposes of the production system; the second one, political, on racial discrimination and its social effects.

It is worth clarifying that even though there is a bibliographic gap about African experiences, based on specialized analyses, experts regret the “invisibility” of African contributions to the construction and evolution of modern resistance. This invisibility is understood as a “non existence”, or as the “incapacity to become visible” in the framework of modern development. Afro-descendants in the Americas and the Caribbean are more than 150 million. In view of this evidence, I allow myself instead to question the systems and scientific approaches to the measurement of reality that cloud our social nuances.


African modern resistance’s genealogy (XV-XX)

African transatlantic resistance arises and shares its origin with the development of triangular trade initiated in the XVI century among Africa, America and Europe. With a tri-continental geographic scenario connected by the Atlantic Ocean, triangular trade consisted of an exchange of products and services that set up the principles, structure and dynamics of Atlantic modern economic globalization.

For Latin America, the colonization and exploitation of raw materials required the importing of an African labor force. For Europe, the consolidation of nations-states, technological development, the food revolution and the pursuit of wealth consolidated American colonization and the opening of African commercial routes towards the Atlantic.

From the African continent, the implementation of territorial domains in the Americas and the resistance of Indian people offered options of diversification of commercial routes with the aim to expand their growth and development strategies. That is why, in the first stage of the triangular trade, one can observe an organized and planned participation, from the XV century until the mid XVII. The experience of African labor force exports is not new in African economic history. Starting in the VI century, marine and land trade with Asia included an extensive range of products such as the African slave labor force. It is important to recall that trade in human beings was not an African exception but a reality in numerous regions of the world (Europe, Asia and America), based on a principle of economic exploitation.

From the XVII century onwards, the enlargement of colonial objectives in the Americas and the Caribbean generated the competitiveness of colonial and marine markets, and piracy and illegality gave shape to the industrialization of triangular trade. In this second stage, African participation and answers to the rising demand would show to be disordered and unplanned, leading to a new category of merchant: the “slave trader”. This period will be denounced as that of the slave trade or transatlantic trade.

Additionally, since the XVI century, a model of social organization based on a cultural classification system and ranking according to racial castes1 is established as from the American colonies. Colonial hegemony allowed the use of “terror” as a mediator of almost all the links between the white minority and the so-called “irrational”, be them aboriginal population or black (Taussig, 1991: 5). The African “savage” represented the spiritual and rational level of Europeans when providence or reason freed them. Implicitly and explicitly, this interpretation permitted Europeans, in the name of Christ –through the system of the Inquisition–, or in the name of reason, to colonize, administer and, whenever possible, to enslave the savage.

For the people enslaved, the loss of freedom, labor exploitation and physical extermination hatched African transatlantic resistance and mobilizations. Between the XVI and the XIX century, the sabotage of agricultural and cattle production (Arocha, 1998: 343), open revolt and flight were common formats of resistance.

In the face of this double discrimination –class and race– Africans of the continent as well as of the Americas and the Caribbean designed strategies in order to restore the balances of survival and sustainability.


Economic strategies

Globalization is presented as a “free market”, the result of a natural process of commercial expansion and a development generator. However, this presentation happens to be counteracted by a “reality” that questions its modalities and objectives.

This reality translates into the fact that 20% of the world’s population holds 83% of the world GDP, controls 82% of international trade, uses up the 95% of the total of commercial loans granted in the planet, and generates 95% of all the research and development of the world. The last UNDP Human Development Report (PNUD, 2003)2 pinpoints that 3,000 million people in the world survive on less than 2 dollars a day, while 1,200 million people survive on less than 1 dollar per day and lack drinking water. Finally, 2,400 million are in need of basic sanitation.

Systems, their modalities, and the tools (legal, scientific and technological) for the operation and development of the global market, are monopolized by the “West”, marginalizing “peripheral societies” from the free market’s benefits. This exclusion translates into the undervaluing of their products and into commercial logic.

In view of globalization’s aim of being the engine of development, experts try to convince us that the display of negative results (high levels of poverty and effects on the environment, among others) is a consequence of local or national inability to take up a position within the global system. The subsequent imposition or importation of development models in the countries of the so-called Third World showed the limits of its applicability, causing effects contradictory to the ideal of development and precluding “exchange” in every way.

Due to the fact that it is in the African experience in the Americas and the Caribbean that this ambivalence is most crudely revealed, African transatlantic resistance movements have worked out interpretations and strategies in order to keep up and improve their population’s quality of life. According to African transatlantic movements, the establishment of an organizational system based on racial stratification placed Afro-descendants at the bottom of the social scale. African populations in the Americas are affected by unemployment, a lack of basic services such as health, education and housing, and an absence of communication networks that violate their private and civil rights.

From local initiatives for self-sufficiency (setting up cooperatives or creation of non-governmental organizations) to international negotiation processes, African transatlantic resistance strategies have made it possible to modify economic structures.

In 1975, Africa and the G77 with the proposal of a “New World Economic Order”, which according to professor Samir Amin is a “project of rejuvenation of the controlled internationalization that would have allowed the continuation of general growth” (Amin, 1989), mobilized and combined several political, economic and social fronts to provide a way out for to the Third World’s problems, and in particular for Afro-American transatlantic ones. More recently, from the African continent and its diasporas, the New Partnership for African Development –NEPAD– with South Africa, Nigeria and Algeria was designed, which aims to grant new competitive spaces to all Africans within and outside the continent.

The South-South Summit on debt, “Towards a new millennium free of debt”, carried out in November 1999 in Johannesburg, and the International Meeting Dakar 2000 “From the Resistance to Alternatives”, in December 2000, had as their aim to pressure for the annulment of the debt and the abandonment of the adjustment programs in the Third World. Among the most specific initiatives there exists, for instance, the African Business Roundtable, which gathers African and Afro-American businessmen who work for the strengthening of African transatlantic companies.

From the field of economy, a “labour of memory” is materialized, aimed at re-establishing, through compensation or reparation, ethic and economic balances for the reintegration and return to action of Africans as regards the productive processes. Therefore, for many spokespeople of this way of resistance, the “position consists in declaring that it is the duty of the states that have enriched themselves thanks to slavery, to grant a compensation to those that have been impoverished due to the latter […] and that to the recognition of the crime should be added the debt cancellation of African, Latin American and Caribbean countries. In like manner, the restoration of the compensation must include the redistribution of the means of production and of exchange […] We consider urgent also to suppress the social barriers that exist due to the persistence of the caste spirit”3.

Even though these strategies have allowed an improvement in the conditions of economic negotiation, the results obtained continue to be negative for African communities. The low literacy rate and the lack of access to basic services reveal the inefficacy of an “equitable economic thought” vis-à-vis a perception of “irreversibility” of the conditions and processes of development in the framework of the national and global economic structure.

We know that globalization is an ideological “discourse” aimed at legitimizing capital’s strategies (Amin, 1997). We know that this discourse is created by a mechanism that constructs it. There is therefore an urgent need to modify the perception and the instruments of participation of African transatlantic peoples in the world economy.


Political victories

From their beginnings, African transatlantic struggles and arguments rapidly produced positive results. Already in 1804, Haitian capabilities allowed total independence and the implementation of the first model of an African state in the Caribbean.

With regard to the American continent, the conditions of domination allowed the obtention of political and legal victories such as the abolition of slavery in 18504. At present, they are expressed through policies of “affirmative action” or of “positive discrimination”. In relation to these two mobilization settings, America’s and the Caribbean’s Afro-Americans expressed themselves mainly in two different formats.

First, governability. The experience of political independence (Haiti), with administrative management capacity, economic control and cultural development, showed its limits in the practice of autonomy (e.g., the recent expulsion of elected president Aristide). With a revolutionary Constitution, the management of society was organized on stiff, authoritarian and centralized practices. Additionally, the Island’s geo-strategical position (the Greater Caribbean) sometimes had a dramatic influence on its development.

The second scheme: multiculturalism. From the Americas, the freedom (from slavery) attained did not involve Afro-Americans’ active participation in the decision-making process. Until the new constitutions implemented in the 80s, Afro-Americans were recognized as “citizens with no rights” through a “modern apartheid” model. The American system identifies and legitimizes “Afros” or “negritude”, but makes them invisible in their domestic and international agendas. This format of inclusion is generated through the logic of the “ethnic minority”, in which perception and treatment cause a process of systematic marginalization, displayed in a behavior of “conscious” discrimination.

In view of this political and social invisibility, in both scenarios, numerous Afro-American and Caribbean intellectuals have drawn up interpretations in order to organize the transatlantic resistance. The actors of the construction of the African memory and struggle are located, in the main, within the pan-African movement.

This movement is a sphere of theoretical interpretations, political initiatives and economic strategies formulated by and for Africans. Its struggle is concentrated on the recognition and promotion of Africans. Its field of action includes the Americas, Caribbean, Africa and the new African Diasporas (Europe, Central Europe, Canada and Asia, among others). Structured at the end of the 19th century and beginnings of the 20th, the pan-African movement was organized and consolidated through the following international meetings: London in 1900, Paris in 1919, Paris in 1921, London in 1923, New York in 1927 and Manchester in 1945.

From Africa and from the Americas and the Caribbean, pan-Africanist leaders such as Edward W. Blyden (1832-1929).), W.E.B. Dubois (1868-1963), George Padmore (1902-1959), Marcus Garvey (1887-1940), Leopold Sedar Senghor (1903-2001), Aimé Césaire (1913), Kwame Nkrumah (1909-1972), Julius Nyerere (1922-1999), Jomo Kenyatta (1891-1978), Patrice Lumumba (1925-1961), Emperador Hailé Selassié I (1892-1975), Martín Luther King (1928-1968), Malcolm X (1925-1965), C.L.R. James (1901-1989), Frantz Fanon (1925-1961) and Archie Mafeje (1937), just to name a few, identified theoretical and methodological options for the promotion of the African peoples. For each one of them, the extent of their mobilizations was carried out in different times and conditions. At present, all the pan-Africanist interpretative proposals have again acquired vigor and feed the formulation and design of coordinated and sustainable manners of existence.

Recently, academic settings have also appropriated the issue, granting continuity, shape and depth to African social movements. In the Caribbean, the annual “All African Students’ Conference” held at the University of the West Indies, Kingston, Jamaica, focuses, for instance, on themes such as “Pan-Africanism at the Beginning of the 21st Century: New Century, Same Challenges” and reporting on the theoretical advances of African legitimacy. With regard to the African continent, the conference “Intellectuals, Nationalism and the Pan-African Ideal” organized by the Council for Development and Research in Africa (CODESRIA) and held in Dakar, Senegal, in December 2003, is another evidence of the need to articulate and coordinate theoretical as well as practical efforts within contemporary African resistance.

In parallel with this process of internal formulation and definition, there also exist external mobilization strategies. The World Conference against Racism, Discrimination, Xenophobia and Similar Forms of Intolerance in Durban, South Africa, is an important opportunity for African social movements to debate and face the complex outlines of the “race” discourse that has excluded the “Afro”5 from local, national and international public settings. International mobilizations have made it possible to establish alliances that create feedback, and enlarge and increase the options of legitimacy. Therefore, African transatlantic mobilizations organize on different levels.

In the first place, political and legal initiatives such as the Meeting of Afro-descendant Parliamentarians of the Americas and the Caribbean I and II, held in Brazil in October 2003 and in Colombia in May 2004 respectively. The conferences identified a great number of Afro-descendant parliamentarians and focused on the dissemination of local problems. Lastly, they reasserted the need to create strategic alliances for the promotion of policies on behalf of Afro-American and Caribbean populations and communities. In the second place, African mass participation (labor unions, intellectuals, academics, student and peasant movements) in the “Battle of Seattle” (1999) and the I World Social Forum of Porto Alegre (Brazil) to raise and discuss land rights, citizenship, liberty, equality and peace by means of the discourse regarding the redemption of the historic and social debt. Thirdly, one may identify mobilizations such as the “Million Man March” (1995) in Washington DC, or the March against Racism, in favor of Equality and Life (2000) in Brazil, in which the dynamics consist in generating greater self-consciousness: “The only way we are going to stand up and be seen is if we do it together”.


Social strategies

Due to the fact that the social is the sole area in which all the actors negotiate their identity, it is within this field that African pressures have individual or collectively attained startling results. African transatlantic social strategies carry out and combine different fields of negotiation, with the aim of generating the changes necessary for their existence. As a main result of this process, in the Americas and the Caribbean more than 150 million Afro-Americans are to be found.

Even though census systems continue to be unreliable due to the fact they are “inflexible”, the Afro-descended population reaches 95% in Haiti, 90.4% in Jamaica, more than 90% in Trinidad and Tobago, 62% in Cuba, 47% in Brazil, 26% in Colombia, 18% in the United States, 10% in Ecuador, 4% in Uruguay, 3% in Peru and 2% in Chile. This is without cataloguing regions such as Central America (Costa Rica, Nicaragua, Mexico, Panama, Honduras, and Guatemala) and Caribbean territories such as the Dominican Republic, Bahamas, Guyana, and the French Antilles due to their condition of colonies6. Their quantitative spread and territorial distribution prove their development and capacity of transformation. These capabilities develop through several social strategies.

First, crossbreeding. The establishment of racial stratification as an economic, cultural and social development model posed for the majority of Afro-descendants the need for “whitening” as a logic of integration. The half-caste is an option to break down the limits of labor and cultural discrimination. This conscious movement of acculturation designed new ways of African identity and made more flexible and ample the formats of African identity. Secondly, for many Afro-descendants the maintenance of an African identity has to do with autonomy and self-determination. Historically, freedom was associated with independence.

Therefore, the appropriation of land, as in the constitution of the Republic of Palmares in Brazil, or the Palenque of San Basilio in Colombia, are symbols of African mobilization. Additionally, as from the XVII century, the number of slaves who bought from their bosses letters of freedom and migrated from the mines of the gold-bearing areas to havens free of slavers increased (Arocha, 1998: 341-348; Friedmann and Arocha, 1995: 58-62). Nowadays, these efforts of libertarian separatism are displayed in legal mobilizations that have managed to speed up processes of collective titling of land. According to Rodolfo Pastor Fasquelle (1988a), this need “integrates and incorporates them into the constitutional state […] and transforms them […] into citizens with a heritage to defend and into active participants in socioeconomic development”.

Thirdly, struggles aimed at the strengthening and preservation of African culture hatched other juridical processes that established policies of ethno education in the Americas. To this end, the promotion of intercultural education that will contribute to the recognition, knowledge and appraisal of cultural and ethnic differences is sought; to promote processes of education of African communities in the Americas; and, lastly, to contribute to the improvement in quality and expansion of Afro-descendants’ pre-school, basic, primary and advanced education.

In the fourth place, affirmative action policies concerning economic development called ethno-development. Within national development plans, ethnic development proposals that recovered traditional abilities and customs are incorporated. In Colombia, Brazil and Belize, projects tending towards the rescue, preservation and strengthening of cultural values are carried out, together with the training of members in small self-management enterprises, with the aim to fight unemployment, the worsening of the standard of living, mass emigration and the abandonment of the community heritage.

Fifth, in view of the labor market’s limits, Afro-descendants have delved since the eighties into new forms of economic organization, such as the Non Governmental Organizations (NGOs). These are considered new modalities of economic production that not only foster the creation of companies but also constitute an independent political position which, in the case of Afro-descendants, refer to “Afro” identity.

Sixth and last, the creation of networks. Local efforts have had to confront to such amount of necessities that mobilizations required alliances. In Colombia, for instance, the Process of Black Communities has established contacts and agreements with other regional agents, such as the Andean network of black communities that includes Venezuela, Ecuador and Peru.

Thus, African responses reply to the challenges of legitimacy and sustainability. Afro-Americans have turned the New World into a democratic social and organizational model. For those who criticize Afro-descendants due to the way they build their identity in the process of construction of the nation, it is important to stress out that in every process of negotiation Africans have understood that coexistence depends –to a large extent– on the flexibility and adaptability of the actors.


The Colombian case

Unlike the majority of the countries that make up the Andean region, Colombia, due to its access to the Atlantic and Pacific Oceans, has been, through its port of Cartagena, one the main entry territories of enslaved Africans. Afro-Colombians (included the localized population of San Andres and Providencia) constitute 26.83%, that is to say, 11,745,403 people. The vast majority of Afro-Colombians live on the Pacific Coast, in the departments of Choco, Valle, Cauca and Nariño, but also in the big cities on the Atlantic Coast such as Barranquilla and Cartagena, and in the capital city, Bogota, where they are estimated in more than a million7.

Since its constitution as a Republic, Colombia has undergone political and military violence, revealed in the systematic violation of the population’s fundamental rights. This has worsened the situation of precariousness and economic and social penury, as well as of racial and ethnic discrimination in its population. The mass presence of Afro-Colombian populations in the regions of main economic and strategic significance is associated, likewise, with the zones of conflict, a fact that makes them doubly vulnerable8.

It is within this context of extreme tension that Afro-Colombian social movements’ constant demands have been satisfied by the dispositions of the Constitution of 1991. The Colombian nation’s ratification of multiculturalism and multi-ethnicity establishes principles and rights concerning autonomy, ethnic-cultural diversity and their own language, bilingual instruction, territoriality and own education for black communities.

Among Afro-Colombian victories, the Law 70 of 1993 and the General Education Law 115 of 1994 recognize the right to receive education for Indian, black and localized communities. Officially identified as ethno-education, it recognizes Colombia’s black communities as an ethnic group and recognizes collective rights in the matter of territory, the use of natural resources, participation and socioeconomic development, in tune with their particular conditions. For the development of the Law, decree 1745 of 1945 was issued, regulating the procedure for collective title deeds. Nowadays, Afro-Colombian communities own 4.6 million hectares on the Colombian Pacific. Likewise, they have priority for the exploitation of existing natural resources there, and must be consulted in the processes aimed at granting permissions or authorizations for their exploitation.

This set of recognitions has allowed the African identity to be visible in Colombia. Since 1991, more than 1,080 Afro-Colombian organizations have been distributed all across the territory together with others related to particular sectors: homes for orphaned children, associations of female household heads, organizations for the displaced (AFRODES), cultural organizations (Black Colombia Foundation), political and educational associations, leadership schools (Maroon movements), musical groupings and associations for Afro youth. All of them act as pressure and mobilization groups for the promotion of Afro-American communities in Colombia.


Not to conclude

The African social movements’ trajectory, pioneering in anti-capitalist mobilization, has demonstrated that within unequal structures, rebalancing formats are possible. In view of the double discrimination of class and race, the resistance has drawn up strategies that have managed in the Americas and the Caribbean to create more ample coexistence systems and, hence, more sustainable ones. The African transatlantic movement has provided a distinct analysis that turns Africans into active participants in their history and fully shares the theoretical, economic, political and social basis of the new forms of mobilization.

The African experience –the most extensive, diverse and sustainable one– provides mechanisms that are rationally inserted within the new dynamics of world social movements. On the one hand, from a universal standpoint, African theoretical interpretations, by re-appropriating their Humanity, offer a progressive and equitable view and comprehension of the global system. On the other hand, strategies are worked on from the multisectorial angle, by recognizing and allowing each actor’s objectives, modalities and aims that have been articulated and mobilized in order to create fairer organization and coexistence systems.

Even though these combined efforts have produced fundamental results in the evolution of worldwide human relations, it is important to recognize the limits of their scopes. African transatlantic movements have to face new technological, health, education and socioeconomic leveling challenges, among many other modern ones.

At present time, in view of the acceleration of the processes of marginalization, resistance movements are at a crucial stage of their credibility and sustainability. Therefore, it is necessary to deepen and extend the forms of mobilization, applying the feedback of particular experiences. To account for the meaning of these manifestations today, to integrate the diversity of contexts, actors and social demands as they are defined today, gives feasibility to the worldwide social movements.



Notes


* Coordinator of the African Studies Group, Professor and Researcher at the Faculty of Finance, Government and International Relations at the Universidad Externado de Colombia, in Bogota, Colombia.

1 Black codes used to regroup legislation on permitted behaviors for each class.

2 Available in <http://hdr.undp.org/reports/global/2003/espanol/>.

3 Kuya, Dorothy 2000 “L’action du mouvement africain pour les réparations au Royaume-Uni” en Chalons, Serge et al. (dirs.) De l’esclavage aux réparations (Paris: Karthala) p. 182.

4 It is worthy of mention that, even though the African communities of the Americas participated massively in American independence, they would have to wait 40 years in order to ratify the abolition of slavery.

5 “Afro” refers to continental Africans and to the African Diaspora.

6 See Infoplease: <http://Infoplease.com/ipa/AO855617.html>.

7 United Nations’ preliminary report, evaluating the situation of Afrodescendents in Colombia, 2001.

8 In 2003, among the 890,000 and 3 million excluded people in Colombia, 17% were Afro-Colombians.



¿Modelos alternativos de integración? (2)

Nosotros, representantes de movimientos sociales, sindicales y de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, África, Asia y Europa, reunidos en Asunción para discutir la vital importancia de las respuestas regionales a la crisis global actual, instamos a los Jefes de Estado reunidos en Asunción para la Cumbre del Mercosur a tomar una decisión contundente de avanzar en la implementación de modalidades para la cooperación orientada a un verdadero desarrollo al servicio de los pueblos de nuestras regiones.
Estas nuevas modalidades deben, en primer lugar, revisar de manera fundamental los términos injustos del acuerdo de Itaipu firmados décadas atrás por gobiernos dictatoriales de Brasil y Paraguay. La energía es el principal recurso del Paraguay para diseñar un desarrollo sustentable que responda a la necesidad de mejoramiento de la calidad de vida de su pueblo. Los movimientos sociales y el gobierno de Paraguay han demandado el derecho soberano de su país, traducido en la libre disponibilidad y el precio justo, sobre el 50% de la energía producida en Itaipu y Yacyreta, y la revisión de la deuda contraída para la construcción de estas represas. Consideramos estas demandas como justas.
Sobre la base de esta caso altamente significativo y con el objetivo de asegurar que este tipo de mega-proyectos, basados en relaciones de poder desiguales entre países vecinos, no sean en el futuro replicados en ninguna de nuestras respectivas regiones, llamamos a la creación urgente de marcos regionales elaborados conjuntamente y basados en principios de equidad que regulen este tipo de proyectos conjuntos. Estos, en vez, deben incluir el involucramiento activo y los aportes de las fuerzas sociales y de trabajadores organizadas de todas las respectivas regiones.
Fue en este espíritu de cooperación que la conferencia incluyo la participación de parlamentarios de varios países de las distintas regiones, y el dialogo directo con representantes gubernamentales del Mercosur. Algunos de los temas claves que se discutieron incluyeron: :
* La urgente necesidad que los gobiernos creen instrumentos financieros regionales tales como Bancos regionales de desarrollo para defender sus economías y sus pueblos de los efectos destructivos del capitalismo globalizado neoliberal.
* El reconocimiento de que la integración regional debe estar basada en principios de solidaridad y programas de complementariedad que reconozcan las asimetrías en términos de tamaños, recursos, y niveles de desarrollo de los países participantes para transformar el modelo de desarrollo hacia un sistema productivo mas balanceado y sostenible entre todos los países, localidades y pueblos.
* En este contexto, la estratégica importancia de tomar una posición firme y activa para revertir el golpe de estado en Honduras y la restauración del gobierno legalmente elegido, desplazado por las fuerzas anti-democráticas que actuaron no solo en contra del Gobierno de Zelaya sino también con el objetivo de revertir las tendencias progresistas en la región buscando mantener el sistema de acumulación del capital, favoreciendo los intereses de las transnacionales de Estados Unidos y la Unión Europea.
* La imperativa urgencia de encontrar modalidades y medios de hacer efectiva la participación de los movimientos sociales, comunidades, trabajadores y trabajadoras para avanzar estrategias de integración regional, en una perspectiva holística, sustentable y de verdadera soberanía desde los pueblos.
Vemos este momento como una coyuntura histórica para el mundo cuando la crisis ha expuesto el funcionamiento fundamentalmente inestable y los efectos peligrosos del sistema capitalista global. Es también una oportunidad para desafiar el régimen económico-político global dominante y para avanzar alternativas enfocadas en las necesidades de los pueblos y la preservación del medio ambiente. Tenemos confianza que los pueblos de América Latina y algunos de sus gobiernos jugaran un papel significativo en la formulación y evolución de alternativas regionales, junto con todas las regiones y pueblos del mundo, que respondan a los intereses de nuestro planeta y nuestro futuro común.

Third World Network-Africa, sickness Volume 3 Number 1 May 2009

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Content
– FALL-OUT FROM EPA NEGOTIATIONS: Africa on the brink of
disintergration // pages 1-4
– UNCTAD PUBLIC SYPOSIUM: Regionalism – the south’s exit
strategy from global crises // pages 4-6
– EPA Negiations-Regional State of Play // pages 6-9
– Advocacy File // pages 9-11
– Dateline Africa // pages 12-13
– Global Round-Up // pages 13-15
– Notice Board
page 15

Third World Network-Africa, sovaldi seek Volume 3 Number 1 May 2009

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Hemispheric Social Alliance

March 2009

The crisis as a unique opportunity

The current economic crisis is systemic in nature and marks the demise of the neoliberal model of development and globalization. It is imperative that we build concrete alternatives to this model, until recently, had been artificially sustained by a bubble of multiple speculative operations. We must also reflect on the fact that this pattern of functioning of the world economy in general, and of the financial system in particular, has come to an end. In this context, Latin American countries have before them a historical opportunity for advancing towards a just and sustainable model of development for the region.

When proposing solutions to the crisis, we have the advantage of not having to confront the model while in its full force, as it has obviously reached its limits. Indeed, this is where opportunity lies, as such a broad space for proposing and constructing alternatives was not as visible a short while ago, nor was it expected to appear – especially in the world of “laissez faire – laissez passer”, of the dominant neoliberal “pensée unique” and “the end of history”.

The current crisis exposes the failure of a system full of promises, yet incapable of fulfilling them. The women and men excluded by capital’s policies have lost faith in the “free trade” myth and the current hegemonic model of production and management of natural and energy resources.

Why regional integration is a solution

Regional integration appears today as an alternative that will enable countries in the region to overcome the global economic crisis by creating dynamic economic relations and ties of solidarity among themselves.

– The global market crisis and the limits of domestic markets

The global markets have suffered a collapse and lost their capacity to generate dynamism for the economies in the region, which, in recent years, had gaily navigated the waves created by spectacular increases in food and livestock, mineral and energy commodity prices. The impacts of the crisis are already becoming visible in our countries, demonstrating that the improvements in some macroeconomic indicators, which had been achieved through this type of insertion into the world economy, have not been sufficient to produce structural changes to the development model. That is, the model has not become one of increased sectoral homogeneity, with a dynamic internal market based on the consumption of those at the “bottom of the pyramid”; diversified exports in terms of both products and trading partners; improved job and product quality; and greater social and environmental justice.

There is no guarantee that the economic situation after the crisis will be one of great liquidity of capital and credit, as there was in recent years. Therefore, national governments must face the dilemma of either waiting for the global crisis to pass and when it does, try to slowly recuperate the dynamism in sales of traditional export products on the international market, knowing that the chances of this happening are low; or pursuing limited nationalist solutions that are constrained by the lack of resources and markets most countries in the region face when acting alone.

– Energy, food and water for all

Latin America – as a region – has abundant water, environmental, social, cultural, mineral and energy resources, as well as considerable technological development capacities. Its chances of attaining food, water and energy sovereignty are greater than other regions of the planet. There are public and private enterprises that own infrastructure and could be brought into the regional integration process. Finally, there are governments and social movements in the region that share a reasonable level of political solidarity with regards to the integration process.

When faced with the dilemma posed by the current crisis, then, regional integration appears as a viable and important alternative, as a possibility of moving towards a new development model that is more sustainable and just than the one that has been implanted in our countries until now.

Regional integration, as conceived by the people in the region, offers greater opportunities for our countries. It proposes that the principle of solidarity replace savage competition and the free market, which – as we well know and the crisis has clearly demonstrated – lead neither to balance nor justice, as some theorists claimed it would. The peoples1’ integration would be founded on the principles of complementarity and solidarity and would focus on attaining more socially and economically equitable and just societies. The ultimate objective would be to ensure that system works to benefit all men and women in a holistic manner.

Non-traditional experiences in integration, like the ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas or Bolivarian Alternative for the Americas, in English), show that complementarity and solidarity between our countries can satisfy the needs of our population in a much more rational and efficient way than intra-regional competition, free trade or having the market act as the system’s only regulatory mechanism.

Processes of integration in the region and the dispute for a popular and sustainable integration model

While looking at the various integration processes in the Americas, one can say that, on the bright side, they have evolved slowly – so slow that they appearing to be paralysed. One cannot deny that some progressive measures have been taken in Mercosur: for example, the incorporation of concerns about the existing asymmetries within the block and incipient efforts to create funds for addressing this problem. The same can be said for changes in political institutions and the advances in the Union of South American Nations, or UNASUR (its abbreviation in Spanish). However, in more concrete terms, the processes’ potential to improve the quality of living of the peoples and workers in our region is far from becoming reality.

On the down side, one can observe the subjugation of these processes to neoliberal thought through the adoption of the “open regionalism” model. The application of this model has left grave marks on the Andean Community (CAN), Central America and the Caribbean. Encouraged by the promotion of indiscriminate competition – both within and between trading blocks – and the signing of bilateral free trade agreements with Europe and the United States, open regionalism has reduced integration to its commercial aspects (trade), thereby eroding possibilities to develop the other dimensions of integration. Nothing indicates that this type of integration has benefitted the societies of these countries.

In other words, when one observes the lengthy experience of regional integration processes in the Americas – some having lasted for over 40 years – and takes into consideration the path they have followed until now, it is not clear that regional integration could potentially benefit our people. What is evident, though, is that the rhetoric of political commitment to integration has often been confronted, in practice, with the adoption of solutions that give priority to national political or economic interests. Collective actions and solutions are relegated to a secondary plane, as governments have been unwilling to assume the so-called short-term “costs” of integration.

To overcome the political dimension of this problem, the pursuit of the consolidation of national sovereignty must be understood within the framework of a common commitment to deepening democracy and the autonomy of the region; an example of this is UNASUR’s recent intervention in conflicts in Bolivia. In this sense, consistent and sustained commitment of governments to the integration processes is fundamental. Such a commitment must be expressed through the building of solid institutions that function according to policies and common actions developed while truly exercising shared and genuine sovereignty.

It is undeniable that what has made an alternative form of integration possible and feasible is the fact that in many countries, the State has recuperated its ability to promote productive and social development or has made significant progress in this area. This is why we must insist that the alternative model of integration we pursue is not incompatible, but rather complementary to the defence of and advances in national sovereignty. This does not imply defending strict nationalism, but rather a possible path towards integration between nations – nations that are not simply victims of imperialist plans, but rather sovereign nations with national development projects. These projects must be articulated on a regional level.

Latin America, the new geopolitical situation and the construction of a new regionally based model of development

Regional integration can play a key role in this new historical context, especially when we consider two fundamental strategic perspectives that have widened in recent years:

– Countries in the region want to define their own role in the multi-polar world that is emerging, in spite of the growing difficulties caused by the U.S. government’s unilateralism. They are unable to assume this role on their own,

  • – No single country, not even the most powerful ones, acting isolatedly will be able to implement dynamics that differ from those driven by the globalized world market. In other words, to be “post-neoliberal”, national development processes must be linked to regional integration.
  • – However, to move forward in this direction, the integration process must be seen as part of a transition towards an alternative model of production and consumption that overcomes the limits of the current development model.

The crisis and the limits it imposes on the possibility of maintaining the status quo should compel us to overcome existing weaknesses and to develop the new dynamism that institutional developments must promote. These efforts must be linked to the need to respond to the crisis with an autonomous and alternative development project for the region – that is, one that has been emancipated from the interests of current world powers.

Defining the path that will lead us to the type of regional integration we propose:

  • A regionally organized and regulated production strategy
    First and foremost, this strategy must be radically different from providing support for major companies that are seeking to acquire at the regional level the strength they need to compete in the global market. This type of integration only results in increasing capital’s mobility and profits. This strategy has been promoted in the region for over a decade, through proposals such as the Free Trade Agreement of the Americas (FTAA) and the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA), as well as the push for progressive liberalization during negotiations at the World Trade Organization (WTO). These companies will soon attempt to reactivate this process, which could advance freely and rapidly if it is not confronted by an integration project based on solidarity that serves as a political and economic counterproposal. This is not, however, the kind of integration we want.



    To construct regional integration as an alternative to the crisis, we must focus our attention on two essential elements. First, one important task for the on-going process of building alternative regional institutions should be the regulation of these companies’ operations at the regional level, taking into account social, cultural, environmental and other interests. Second, it is fundamental that the production chains in the region be restructured according to a new scale of the companies’ operations at the regional level. This must be done in a way that ensures that their expansion is not seen as an attempt to reaffirm hegemonies and the power of some countries over others, but rather as one possible way of generating economic dynamism, employment and wealth for the entire region.

  • Overcoming asymmetries as a short-, medium- and long-term objective
    One of the priorities of the integration process should be to overcome asymmetries between countries and within the countries of the region, creating integrated production systems as well as production, service and trade circuits in which everyone may become integrated. The fundamental objective would be to use this process to generate dynamic development opportunities for regions and countries that are currently experiencing difficulties or suffering from stagnation. Given the historical accumulation of fragilities of entire regions and countries in Latin America, we should first adopt specific policies that seek to compensate existing asymmetries in the short run, namely in the area of social development, in a way that reduces the differences and, at the same time, allows these regions to develop their ability to take advantage of dynamic opportunities in the process.
  • Regional technical and cultural production
    Incentives could and should be provided for important elements, due to their capacity to propel the regional development process and to increase the visibility and popularity of our alternatives. They also have potential to generate dynamism and to contribute to finding solutions for specific problems in the region.



    One such element is the integration of centres of technological development and cultural production/broadcasting in the region. In several countries, there already exist centres for technological development (specialized or generic) in various fields ranging from agriculture and livestock to the aeronautic and pharmaceutical industries, among others. There is no reason not to integrate these centres. We should do so in order to take advantage of their synergies and use the resources generated in the region for the benefit of all of Latin America. The same can be said for the region’s enormous potential in audiovisual production and sports, and its even greater potential for development, which only the creation of a new scale of consumption derived from an expanded regional market could provide.

    Furthermore, this proposal must be defended during negotiations in the WTO and with other trading blocks (like the EU) on “Rules of Origin”. The major powers specifically use these rules to stop small countries and emerging economies from coordinating their productive activities with the goal of exporting to markets outside of the region.

  • Small and medium enterprises as a priority
    Another element is providing general or sector-based incentives for the development of small and medium enterprises (SMEs). SMEs could be stimulated by the integrated development of regional markets. They could also operate in a range of fields – from software development to tourism (e.g. a network small hostels or hotels) – and take advantage of the region’s diversity in cultures and environments. Small and medium enterprises offer real potential in terms of job creation. Moreover, by linking them to the regional integration process – that is, one that truly supports development – they could lend significant social legitimacy to the process.
  • Regional food sovereignty and support for family farming in small and medium production units
    The viability of certain local and regional items produced by family and peasant farmers is compromised by the limits of consumption in these regions and in some countries. Therefore, the creation of a regional market could help to guarantee the viability of a more diversified production of agricultural products. This production must differ from the homogeneity of the products and productive processes that are typical of agribusiness, with its highly concentrated and transnationalized commercialization structure and technological packages. The distribution of these products could also gain momentum and promote regional gastronomy, gastronomic tourism and other activities that could generate economic dynamism and foster cultural integration.
  • Facilitate intra-regional public transportation with the people as a priority
    Integrating the region’s transportation infrastructure is another fundamental element that would contribute to the regional integration process. It must take advantage of the diversity of existing modes of transportation and take into account local solutions for addressing environmental and climate issues. It must also consider regional perspectives for technological production and development and the possibility of creating regional public enterprises. Here, we need to think big, as problems in long-distance transportation cannot be resolved by building more highways. Why not think of reactivating and integrating local and regional railway systems? Why not think of integrating sea and river transportation by taking advantage of what already exists? Why not think of creating a regional airline company that makes the integration of a network of medium-size cities in the region feasibly by using small- and medium-size planes that the aeronautic industry in the region already has the potential to produce.. We are not talking about an abstract problem, but rather one that every Latin American who has attempted to travel or transport cargo within the region has faced. It is important that we consider the impact of these processes in each country. We must also reaffirm strong support for the improvement of public transportation in urban centres, as a way to discourage the use of individual means of transport that have impacts on the demand for energy.
  • Regional financial integration
    The debate about the Banco del Sur brought to light the political challenges and different perspectives that exist in various countries. But it also showed the enormous potential and the need to develop a regional financial system that could simultaneously regulate finances on the regional level and protect economies in the region and the regional economy from external shocks. It should also create one or more mechanisms for fostering regional development and allow for a dynamic process of exchange between the Latin American economies, which does not mean sanctioning, through the use of currency, the power of the central capitalist economies. In other words, it should allow for the creation of a regional currency or a system in which a common unit of reference (that does not necessarily aim to make a common currency feasible) would be used in the region. Rather than acting as restrictions, the difficulties and financial turbulence should serve as a motive for intensifying discussion on and actions aimed at moving forward with the process of regional regulation and financial development.
  • Regional energy solidarity and complementarity
    Difficulties in regulating potential energy generation through regional agreements should have led to the consolidation of a regional public entity that regulates and promotes an integrated energy system. Moving beyond limited national interests, efforts to render energy generation feasible at the regional level must promote the use of all alternative sources, so that production methods are the least harmful as possible to the environment while, at the same time, ensure the satisfaction of a new pattern of production and consumption that will be established by an alternative regional development process. Reducing distances between producers and consumers to decrease the amount of energy used to transport products could be one of the many initiatives that would help to consolidate a new energy model. Fundamentally, this new model must be based on the premise of energy sovereignty and solidarity, on striving for increased efficiency and the diversification of energy sources, namely renewable ones.
  • A new model for participation and transparency
    Political and social sectors in favour of deepening Latin American integration processes must come together to reflect on what the appropriate mechanisms for civil participation are. We must avoid reproducing the logic inherited from the 1990s. In this sense, in order to promote the consolidation of democracy, mechanisms of social participation must be effective channels of dialogue and for advancing proposals through which througsocial movements and organized civil society (made up of diverse political actors, including members of political parties and parliament) may express their needs and views on sensitive issues. For example, in the case of productive or infrastructure projects that have different kinds of territorial and environmental impacts, we need to develop a methodology that guarantees real participation in the decision-making process. This methodology must go beyond the logic of “presenting environmental impact studies”, which capital has learned to manipulate for its benefit. It must guarantee that the decisions made take into account the collective interests of those directly affected by the projects, social license (as foreseen by the U.N. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ESCR, art.1, paragraph 2.), the redistribution of the project’s benefits and its concrete contributions in terms of reducing poverty.

Constructing integration for and by the Peoples

The essence and the motor of a new regional development model must be: the integration of millions of Latin American women and men into a new system of consumption and production that generates wealth and employment, allows for the expansion of the market in the region, builds an alternative development process and strives to drastically reduce all kinds of inequalities that exist among the people in the region.

In the same way we have already stated that we must overcome asymmetries between countries and within countries in the region, we must also assume a commitment to reducing social inequalities between the peoples and within the peoples. Here, we, the social movements, are proposing the transformation – of the socioeconomic development model – by transforming ourselves; that is to say – we conceive the integration of diverse social subjects within our peoples as the starting point for the integration of the peoples. As such, the integration of the peoples – of our nations – must not only be “based on the political transformation for the peoples”, but also based on the social transformation of the people. We conceive this process as an opportunity to advance in the transition towards another model of production and consumption, which requires new forms of organizing social, community and labour relations.

Transforming weakness into strength, needs into potential for development, inequalities to be overcome into possibilities for transformation and technological development, respect for cultural differences into the driving force of the regional integration process, even in economic terms. This is to be the engine of an alternative we can build so that – far beyond the haziness and the turbulence of the current economic crisis – we may see our real potential for creating a different and better world in Latin America and the Caribbean. We can then integrate this new world with other regions that must also take advantage of and develop their own possibilities.

Today, we, the social movements, when addressing the current global crisis or the combination of specific crises, have the historical opportunity of contributing towards what could be the beginning of the final stage of an exhausted system, which has been backed into a corner. We must go beyond merely responding to the crisis, caused by the inherent contradictions of the system itself, and move towards a real confrontation between the included and the excluded. This will only be possible if we are able to build an alternative productive matrix that allows us to live well and enjoy the good life.


Edgardo Lander

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, try la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, physician o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, treat ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.

Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.

Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.

Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.

Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.

El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.

Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.

No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.

Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.

Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.

Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.

Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander

[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo

[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.

[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)

[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela

Fuente: www.bilaterals.org

Edgardo Lander
No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, ed la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, help o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.
¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?
¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?
¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?
¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA
El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.
Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.
Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.
Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.
Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.
En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.
Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].
Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)
El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.
Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.
Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.
En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.
A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.
MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones
¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.
Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.
El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.
Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.
El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.
No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.
El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.
Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.
Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones
Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?
La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.
Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.
Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.
Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.
Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.
De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.
Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?
Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?
Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?
¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?
La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.
Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.
¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?
Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.
Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander
[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo
[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.
[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)
[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”
[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela
Fuente:www.bilaterals.org

Edgardo Lander, healing ADITAL

La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos5, parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros. Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”. Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego. Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Notas

5 Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela

6 Decisiones fundamentales para el futuro de Sudamérica, con consecuencias a largo plazo para los modelos productivos y de integración continental (energía, transporte, telecomunicaciones), están siendo tomadas, en lo fundamental, al margen del debate público, en el contexto del IIRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que tiene su origen en la Primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada Brasilia en el año 2000, y que agrupa a los mismos 12 países que han acordado la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Está previsto que sus proyectos sean financiados por los gobiernos, el sector privado e instituciones financieras multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Mundial. El discurso de Enrique Iglesias en dicha cumbre presidencial debe servir de llamado de alerta respecto al tipo de proyecto de infraestructura al cual estos organismos financieros le otorgarán prioridad. La concepción de la integración que defiende el BID aparece sintetizada en los siguientes términos: “La integración regional es siempre una tarea desafiante, y los primeros esfuerzos de América Latina y el Caribe en los años de posguerra encontraron obstáculos muy importantes. Afortunadamente, algunos de estos obstáculos tradicionales han sido sustancialmente superados en años más recientes. El proceso de reforma de las estructuras económicas en los países de América Latina y el Caribe, que el Banco viene apoyando activamente, ha hecho que nuestras economías sean más receptivas a la integración regional, a partir de condiciones macroeconómicas más estables, la apertura unilateral de nuestras economías, la reducción de la intervención directa estatal en los mercados y un ambiente más favorable a la iniciativa privada” http://www.caf.com/view/index.asp?ms=8&pageMs=10180

[1] El presente artículo fue publicado en el Nº 15 de la revista OSAL (Observatorio Social de América Latina), CLACSO, Buenos Aires.

Edgardo Lander es socio del Transnational Institute y Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela

¿Modelos alternativos de integración? Proyectos neoliberales y resistencias populares

Nosotros, representantes de movimientos sociales, sindicales y de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, África, Asia y Europa, reunidos en Asunción para discutir la vital importancia de las respuestas regionales a la crisis global actual, instamos a los Jefes de Estado reunidos en Asunción para la Cumbre del Mercosur a tomar una decisión contundente de avanzar en la implementación de modalidades para la cooperación orientada a un verdadero desarrollo al servicio de los pueblos de nuestras regiones.
Estas nuevas modalidades deben, en primer lugar, revisar de manera fundamental los términos injustos del acuerdo de Itaipu firmados décadas atrás por gobiernos dictatoriales de Brasil y Paraguay. La energía es el principal recurso del Paraguay para diseñar un desarrollo sustentable que responda a la necesidad de mejoramiento de la calidad de vida de su pueblo. Los movimientos sociales y el gobierno de Paraguay han demandado el derecho soberano de su país, traducido en la libre disponibilidad y el precio justo, sobre el 50% de la energía producida en Itaipu y Yacyreta, y la revisión de la deuda contraída para la construcción de estas represas. Consideramos estas demandas como justas.
Sobre la base de esta caso altamente significativo y con el objetivo de asegurar que este tipo de mega-proyectos, basados en relaciones de poder desiguales entre países vecinos, no sean en el futuro replicados en ninguna de nuestras respectivas regiones, llamamos a la creación urgente de marcos regionales elaborados conjuntamente y basados en principios de equidad que regulen este tipo de proyectos conjuntos. Estos, en vez, deben incluir el involucramiento activo y los aportes de las fuerzas sociales y de trabajadores organizadas de todas las respectivas regiones.
Fue en este espíritu de cooperación que la conferencia incluyo la participación de parlamentarios de varios países de las distintas regiones, y el dialogo directo con representantes gubernamentales del Mercosur. Algunos de los temas claves que se discutieron incluyeron: :
* La urgente necesidad que los gobiernos creen instrumentos financieros regionales tales como Bancos regionales de desarrollo para defender sus economías y sus pueblos de los efectos destructivos del capitalismo globalizado neoliberal.
* El reconocimiento de que la integración regional debe estar basada en principios de solidaridad y programas de complementariedad que reconozcan las asimetrías en términos de tamaños, recursos, y niveles de desarrollo de los países participantes para transformar el modelo de desarrollo hacia un sistema productivo mas balanceado y sostenible entre todos los países, localidades y pueblos.
* En este contexto, la estratégica importancia de tomar una posición firme y activa para revertir el golpe de estado en Honduras y la restauración del gobierno legalmente elegido, desplazado por las fuerzas anti-democráticas que actuaron no solo en contra del Gobierno de Zelaya sino también con el objetivo de revertir las tendencias progresistas en la región buscando mantener el sistema de acumulación del capital, favoreciendo los intereses de las transnacionales de Estados Unidos y la Unión Europea.
* La imperativa urgencia de encontrar modalidades y medios de hacer efectiva la participación de los movimientos sociales, comunidades, trabajadores y trabajadoras para avanzar estrategias de integración regional, en una perspectiva holística, sustentable y de verdadera soberanía desde los pueblos.
Vemos este momento como una coyuntura histórica para el mundo cuando la crisis ha expuesto el funcionamiento fundamentalmente inestable y los efectos peligrosos del sistema capitalista global. Es también una oportunidad para desafiar el régimen económico-político global dominante y para avanzar alternativas enfocadas en las necesidades de los pueblos y la preservación del medio ambiente. Tenemos confianza que los pueblos de América Latina y algunos de sus gobiernos jugaran un papel significativo en la formulación y evolución de alternativas regionales, junto con todas las regiones y pueblos del mundo, que respondan a los intereses de nuestro planeta y nuestro futuro común.

Third World Network-Africa, sickness Volume 3 Number 1 May 2009

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Content
– FALL-OUT FROM EPA NEGOTIATIONS: Africa on the brink of
disintergration // pages 1-4
– UNCTAD PUBLIC SYPOSIUM: Regionalism – the south’s exit
strategy from global crises // pages 4-6
– EPA Negiations-Regional State of Play // pages 6-9
– Advocacy File // pages 9-11
– Dateline Africa // pages 12-13
– Global Round-Up // pages 13-15
– Notice Board
page 15

Third World Network-Africa, sovaldi seek Volume 3 Number 1 May 2009

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Hemispheric Social Alliance

March 2009

The crisis as a unique opportunity

The current economic crisis is systemic in nature and marks the demise of the neoliberal model of development and globalization. It is imperative that we build concrete alternatives to this model, until recently, had been artificially sustained by a bubble of multiple speculative operations. We must also reflect on the fact that this pattern of functioning of the world economy in general, and of the financial system in particular, has come to an end. In this context, Latin American countries have before them a historical opportunity for advancing towards a just and sustainable model of development for the region.

When proposing solutions to the crisis, we have the advantage of not having to confront the model while in its full force, as it has obviously reached its limits. Indeed, this is where opportunity lies, as such a broad space for proposing and constructing alternatives was not as visible a short while ago, nor was it expected to appear – especially in the world of “laissez faire – laissez passer”, of the dominant neoliberal “pensée unique” and “the end of history”.

The current crisis exposes the failure of a system full of promises, yet incapable of fulfilling them. The women and men excluded by capital’s policies have lost faith in the “free trade” myth and the current hegemonic model of production and management of natural and energy resources.

Why regional integration is a solution

Regional integration appears today as an alternative that will enable countries in the region to overcome the global economic crisis by creating dynamic economic relations and ties of solidarity among themselves.

– The global market crisis and the limits of domestic markets

The global markets have suffered a collapse and lost their capacity to generate dynamism for the economies in the region, which, in recent years, had gaily navigated the waves created by spectacular increases in food and livestock, mineral and energy commodity prices. The impacts of the crisis are already becoming visible in our countries, demonstrating that the improvements in some macroeconomic indicators, which had been achieved through this type of insertion into the world economy, have not been sufficient to produce structural changes to the development model. That is, the model has not become one of increased sectoral homogeneity, with a dynamic internal market based on the consumption of those at the “bottom of the pyramid”; diversified exports in terms of both products and trading partners; improved job and product quality; and greater social and environmental justice.

There is no guarantee that the economic situation after the crisis will be one of great liquidity of capital and credit, as there was in recent years. Therefore, national governments must face the dilemma of either waiting for the global crisis to pass and when it does, try to slowly recuperate the dynamism in sales of traditional export products on the international market, knowing that the chances of this happening are low; or pursuing limited nationalist solutions that are constrained by the lack of resources and markets most countries in the region face when acting alone.

– Energy, food and water for all

Latin America – as a region – has abundant water, environmental, social, cultural, mineral and energy resources, as well as considerable technological development capacities. Its chances of attaining food, water and energy sovereignty are greater than other regions of the planet. There are public and private enterprises that own infrastructure and could be brought into the regional integration process. Finally, there are governments and social movements in the region that share a reasonable level of political solidarity with regards to the integration process.

When faced with the dilemma posed by the current crisis, then, regional integration appears as a viable and important alternative, as a possibility of moving towards a new development model that is more sustainable and just than the one that has been implanted in our countries until now.

Regional integration, as conceived by the people in the region, offers greater opportunities for our countries. It proposes that the principle of solidarity replace savage competition and the free market, which – as we well know and the crisis has clearly demonstrated – lead neither to balance nor justice, as some theorists claimed it would. The peoples1’ integration would be founded on the principles of complementarity and solidarity and would focus on attaining more socially and economically equitable and just societies. The ultimate objective would be to ensure that system works to benefit all men and women in a holistic manner.

Non-traditional experiences in integration, like the ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas or Bolivarian Alternative for the Americas, in English), show that complementarity and solidarity between our countries can satisfy the needs of our population in a much more rational and efficient way than intra-regional competition, free trade or having the market act as the system’s only regulatory mechanism.

Processes of integration in the region and the dispute for a popular and sustainable integration model

While looking at the various integration processes in the Americas, one can say that, on the bright side, they have evolved slowly – so slow that they appearing to be paralysed. One cannot deny that some progressive measures have been taken in Mercosur: for example, the incorporation of concerns about the existing asymmetries within the block and incipient efforts to create funds for addressing this problem. The same can be said for changes in political institutions and the advances in the Union of South American Nations, or UNASUR (its abbreviation in Spanish). However, in more concrete terms, the processes’ potential to improve the quality of living of the peoples and workers in our region is far from becoming reality.

On the down side, one can observe the subjugation of these processes to neoliberal thought through the adoption of the “open regionalism” model. The application of this model has left grave marks on the Andean Community (CAN), Central America and the Caribbean. Encouraged by the promotion of indiscriminate competition – both within and between trading blocks – and the signing of bilateral free trade agreements with Europe and the United States, open regionalism has reduced integration to its commercial aspects (trade), thereby eroding possibilities to develop the other dimensions of integration. Nothing indicates that this type of integration has benefitted the societies of these countries.

In other words, when one observes the lengthy experience of regional integration processes in the Americas – some having lasted for over 40 years – and takes into consideration the path they have followed until now, it is not clear that regional integration could potentially benefit our people. What is evident, though, is that the rhetoric of political commitment to integration has often been confronted, in practice, with the adoption of solutions that give priority to national political or economic interests. Collective actions and solutions are relegated to a secondary plane, as governments have been unwilling to assume the so-called short-term “costs” of integration.

To overcome the political dimension of this problem, the pursuit of the consolidation of national sovereignty must be understood within the framework of a common commitment to deepening democracy and the autonomy of the region; an example of this is UNASUR’s recent intervention in conflicts in Bolivia. In this sense, consistent and sustained commitment of governments to the integration processes is fundamental. Such a commitment must be expressed through the building of solid institutions that function according to policies and common actions developed while truly exercising shared and genuine sovereignty.

It is undeniable that what has made an alternative form of integration possible and feasible is the fact that in many countries, the State has recuperated its ability to promote productive and social development or has made significant progress in this area. This is why we must insist that the alternative model of integration we pursue is not incompatible, but rather complementary to the defence of and advances in national sovereignty. This does not imply defending strict nationalism, but rather a possible path towards integration between nations – nations that are not simply victims of imperialist plans, but rather sovereign nations with national development projects. These projects must be articulated on a regional level.

Latin America, the new geopolitical situation and the construction of a new regionally based model of development

Regional integration can play a key role in this new historical context, especially when we consider two fundamental strategic perspectives that have widened in recent years:

– Countries in the region want to define their own role in the multi-polar world that is emerging, in spite of the growing difficulties caused by the U.S. government’s unilateralism. They are unable to assume this role on their own,

  • – No single country, not even the most powerful ones, acting isolatedly will be able to implement dynamics that differ from those driven by the globalized world market. In other words, to be “post-neoliberal”, national development processes must be linked to regional integration.
  • – However, to move forward in this direction, the integration process must be seen as part of a transition towards an alternative model of production and consumption that overcomes the limits of the current development model.

The crisis and the limits it imposes on the possibility of maintaining the status quo should compel us to overcome existing weaknesses and to develop the new dynamism that institutional developments must promote. These efforts must be linked to the need to respond to the crisis with an autonomous and alternative development project for the region – that is, one that has been emancipated from the interests of current world powers.

Defining the path that will lead us to the type of regional integration we propose:

  • A regionally organized and regulated production strategy
    First and foremost, this strategy must be radically different from providing support for major companies that are seeking to acquire at the regional level the strength they need to compete in the global market. This type of integration only results in increasing capital’s mobility and profits. This strategy has been promoted in the region for over a decade, through proposals such as the Free Trade Agreement of the Americas (FTAA) and the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA), as well as the push for progressive liberalization during negotiations at the World Trade Organization (WTO). These companies will soon attempt to reactivate this process, which could advance freely and rapidly if it is not confronted by an integration project based on solidarity that serves as a political and economic counterproposal. This is not, however, the kind of integration we want.



    To construct regional integration as an alternative to the crisis, we must focus our attention on two essential elements. First, one important task for the on-going process of building alternative regional institutions should be the regulation of these companies’ operations at the regional level, taking into account social, cultural, environmental and other interests. Second, it is fundamental that the production chains in the region be restructured according to a new scale of the companies’ operations at the regional level. This must be done in a way that ensures that their expansion is not seen as an attempt to reaffirm hegemonies and the power of some countries over others, but rather as one possible way of generating economic dynamism, employment and wealth for the entire region.

  • Overcoming asymmetries as a short-, medium- and long-term objective
    One of the priorities of the integration process should be to overcome asymmetries between countries and within the countries of the region, creating integrated production systems as well as production, service and trade circuits in which everyone may become integrated. The fundamental objective would be to use this process to generate dynamic development opportunities for regions and countries that are currently experiencing difficulties or suffering from stagnation. Given the historical accumulation of fragilities of entire regions and countries in Latin America, we should first adopt specific policies that seek to compensate existing asymmetries in the short run, namely in the area of social development, in a way that reduces the differences and, at the same time, allows these regions to develop their ability to take advantage of dynamic opportunities in the process.
  • Regional technical and cultural production
    Incentives could and should be provided for important elements, due to their capacity to propel the regional development process and to increase the visibility and popularity of our alternatives. They also have potential to generate dynamism and to contribute to finding solutions for specific problems in the region.



    One such element is the integration of centres of technological development and cultural production/broadcasting in the region. In several countries, there already exist centres for technological development (specialized or generic) in various fields ranging from agriculture and livestock to the aeronautic and pharmaceutical industries, among others. There is no reason not to integrate these centres. We should do so in order to take advantage of their synergies and use the resources generated in the region for the benefit of all of Latin America. The same can be said for the region’s enormous potential in audiovisual production and sports, and its even greater potential for development, which only the creation of a new scale of consumption derived from an expanded regional market could provide.

    Furthermore, this proposal must be defended during negotiations in the WTO and with other trading blocks (like the EU) on “Rules of Origin”. The major powers specifically use these rules to stop small countries and emerging economies from coordinating their productive activities with the goal of exporting to markets outside of the region.

  • Small and medium enterprises as a priority
    Another element is providing general or sector-based incentives for the development of small and medium enterprises (SMEs). SMEs could be stimulated by the integrated development of regional markets. They could also operate in a range of fields – from software development to tourism (e.g. a network small hostels or hotels) – and take advantage of the region’s diversity in cultures and environments. Small and medium enterprises offer real potential in terms of job creation. Moreover, by linking them to the regional integration process – that is, one that truly supports development – they could lend significant social legitimacy to the process.
  • Regional food sovereignty and support for family farming in small and medium production units
    The viability of certain local and regional items produced by family and peasant farmers is compromised by the limits of consumption in these regions and in some countries. Therefore, the creation of a regional market could help to guarantee the viability of a more diversified production of agricultural products. This production must differ from the homogeneity of the products and productive processes that are typical of agribusiness, with its highly concentrated and transnationalized commercialization structure and technological packages. The distribution of these products could also gain momentum and promote regional gastronomy, gastronomic tourism and other activities that could generate economic dynamism and foster cultural integration.
  • Facilitate intra-regional public transportation with the people as a priority
    Integrating the region’s transportation infrastructure is another fundamental element that would contribute to the regional integration process. It must take advantage of the diversity of existing modes of transportation and take into account local solutions for addressing environmental and climate issues. It must also consider regional perspectives for technological production and development and the possibility of creating regional public enterprises. Here, we need to think big, as problems in long-distance transportation cannot be resolved by building more highways. Why not think of reactivating and integrating local and regional railway systems? Why not think of integrating sea and river transportation by taking advantage of what already exists? Why not think of creating a regional airline company that makes the integration of a network of medium-size cities in the region feasibly by using small- and medium-size planes that the aeronautic industry in the region already has the potential to produce.. We are not talking about an abstract problem, but rather one that every Latin American who has attempted to travel or transport cargo within the region has faced. It is important that we consider the impact of these processes in each country. We must also reaffirm strong support for the improvement of public transportation in urban centres, as a way to discourage the use of individual means of transport that have impacts on the demand for energy.
  • Regional financial integration
    The debate about the Banco del Sur brought to light the political challenges and different perspectives that exist in various countries. But it also showed the enormous potential and the need to develop a regional financial system that could simultaneously regulate finances on the regional level and protect economies in the region and the regional economy from external shocks. It should also create one or more mechanisms for fostering regional development and allow for a dynamic process of exchange between the Latin American economies, which does not mean sanctioning, through the use of currency, the power of the central capitalist economies. In other words, it should allow for the creation of a regional currency or a system in which a common unit of reference (that does not necessarily aim to make a common currency feasible) would be used in the region. Rather than acting as restrictions, the difficulties and financial turbulence should serve as a motive for intensifying discussion on and actions aimed at moving forward with the process of regional regulation and financial development.
  • Regional energy solidarity and complementarity
    Difficulties in regulating potential energy generation through regional agreements should have led to the consolidation of a regional public entity that regulates and promotes an integrated energy system. Moving beyond limited national interests, efforts to render energy generation feasible at the regional level must promote the use of all alternative sources, so that production methods are the least harmful as possible to the environment while, at the same time, ensure the satisfaction of a new pattern of production and consumption that will be established by an alternative regional development process. Reducing distances between producers and consumers to decrease the amount of energy used to transport products could be one of the many initiatives that would help to consolidate a new energy model. Fundamentally, this new model must be based on the premise of energy sovereignty and solidarity, on striving for increased efficiency and the diversification of energy sources, namely renewable ones.
  • A new model for participation and transparency
    Political and social sectors in favour of deepening Latin American integration processes must come together to reflect on what the appropriate mechanisms for civil participation are. We must avoid reproducing the logic inherited from the 1990s. In this sense, in order to promote the consolidation of democracy, mechanisms of social participation must be effective channels of dialogue and for advancing proposals through which througsocial movements and organized civil society (made up of diverse political actors, including members of political parties and parliament) may express their needs and views on sensitive issues. For example, in the case of productive or infrastructure projects that have different kinds of territorial and environmental impacts, we need to develop a methodology that guarantees real participation in the decision-making process. This methodology must go beyond the logic of “presenting environmental impact studies”, which capital has learned to manipulate for its benefit. It must guarantee that the decisions made take into account the collective interests of those directly affected by the projects, social license (as foreseen by the U.N. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ESCR, art.1, paragraph 2.), the redistribution of the project’s benefits and its concrete contributions in terms of reducing poverty.

Constructing integration for and by the Peoples

The essence and the motor of a new regional development model must be: the integration of millions of Latin American women and men into a new system of consumption and production that generates wealth and employment, allows for the expansion of the market in the region, builds an alternative development process and strives to drastically reduce all kinds of inequalities that exist among the people in the region.

In the same way we have already stated that we must overcome asymmetries between countries and within countries in the region, we must also assume a commitment to reducing social inequalities between the peoples and within the peoples. Here, we, the social movements, are proposing the transformation – of the socioeconomic development model – by transforming ourselves; that is to say – we conceive the integration of diverse social subjects within our peoples as the starting point for the integration of the peoples. As such, the integration of the peoples – of our nations – must not only be “based on the political transformation for the peoples”, but also based on the social transformation of the people. We conceive this process as an opportunity to advance in the transition towards another model of production and consumption, which requires new forms of organizing social, community and labour relations.

Transforming weakness into strength, needs into potential for development, inequalities to be overcome into possibilities for transformation and technological development, respect for cultural differences into the driving force of the regional integration process, even in economic terms. This is to be the engine of an alternative we can build so that – far beyond the haziness and the turbulence of the current economic crisis – we may see our real potential for creating a different and better world in Latin America and the Caribbean. We can then integrate this new world with other regions that must also take advantage of and develop their own possibilities.

Today, we, the social movements, when addressing the current global crisis or the combination of specific crises, have the historical opportunity of contributing towards what could be the beginning of the final stage of an exhausted system, which has been backed into a corner. We must go beyond merely responding to the crisis, caused by the inherent contradictions of the system itself, and move towards a real confrontation between the included and the excluded. This will only be possible if we are able to build an alternative productive matrix that allows us to live well and enjoy the good life.


Edgardo Lander

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, try la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, physician o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, treat ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.

Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.

Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.

Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.

Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.

El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.

Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.

No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.

Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.

Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.

Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.

Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander

[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo

[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.

[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)

[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela

Fuente: www.bilaterals.org

¿Modelos alternativos de integración? Proyectos neoliberales y resistencias populares

“Integración regional: una oportunidad frente a las crisis”

paraguay_conference_es

21 y 24 de Julio de 2009, link Salón XX, Consejo Nacional del Deporte,

Asunción del Paraguay



Co-organizan

Alianza Social Continental, Iniciativa Paraguaya para la Integración de los Pueblos, Agenda de los Pueblos para Regionalismos Alternativos, Focus on the Global South y Transnational Institute


En cooperación con

Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA), Southern African People’s Solidarity Network (SAPSN), People’s SAARC, Solidarity for Asian People’s Advocacy (SAPA), TWN Africa, Jubilee South, Transform Europe, ATTAC Francia, Ecologistas en Acción


Con el apoyo de

Presidencia Paraguaya Pro-tempore del Mercosur




Edgardo Lander

¿Integración de qué? ¿Para quién? La consideración de los proyectos de integración latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales. ¿Integración para quién? ¿Para las los sectores privilegiados de estas sociedades? ¿Para que los capitales, tadalafil sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, por el contrario, para los pueblos, para las mayorías empobrecidas, excluidas, subordinadas?

 

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.

Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.

Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.

Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.

Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.

El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.

Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.

No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.

Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.

Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.

Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.

Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander

[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo

[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.

[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)

[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela

 

bilaterals.org

The New Configurations of Popular Movements in Latin America

The 1990s opened the way to a renewed capitalist globalization in its neoliberal form, whose impact on Latin America has been glaringly noticeable and profound. Extending a process begun in previous decades, promoted now by the so-called “Washington Consensus”, the adoption of neoliberal policies was to become generalized all over the region, taking on a newly radical form. The governments of Carlos Menem (Argentina), Alberto Fujimori (Peru), Salinas de Gortari (Mexico), Collor de Melo and later Fernando H. Cardoso (Brazil), became some of its best-known presidential incarnations.

By Mark Weisbrot

“Developing nations must create their own mechanisms of finance instead of suffering under those of the IMF and the World Bank, dosage which are institutions of rich nations . . . it is time to wake up.”

That was Lula da Silva, buy information pills the president of Brazil — not Washington’s nemesis, check Hugo Chavez — speaking in the Republic of Congo just two weeks ago. Although our foreign policy establishment remains in cozy denial about it, the recognition that Washington’s economic policies and institutions have failed miserably in Latin America is broadly shared among leaders in the region. Commentators here — Foreign Affairs, Foreign Policy, the editorial boards and op-ed contributors in major newspapers — have taken pains to distinguish “good” leftist presidents (Lula of Brazil and Michele Bachelet of Chile) from the “bad” ones — Chavez of Venezuela, Rafael Correa of Ecuador, Evo Morales of Bolivia and, depending on the pundit, sometimes Nestor Kirchner of Argentina.

But the reality is that Chavez (most flamboyantly) and his Andean colleagues are just saying out loud what everyone else believes. So official Washington, and most of the media, has been somewhat surprised by the rapid consolidation of a new “Bank of the South” proposed by Chavez just last year as an alternative to the Washington-dominated International Monetary Fund (IMF), World Bank and Inter-American Development Bank.

The media has been reluctant to take the new bank seriously, and some continue to call the institution, pejoratively, “Chavez’s bank.” But it has been joined by Brazil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay and Paraguay. And just two weeks ago, Colombia, one of the Bush administration’s few remaining allies in the region and the third-largest recipient of U.S. aid (after Israel and Egypt), announced that it wanted in. Et tu, Uribe?

The bank, which will be officially launched on Dec. 5, will make development loans to its member countries, with a focus on regional economic integration. This is important because these countries want to increase their trade, energy and commercial relationships for both economic and political reasons, just as the European Union has done over the last 50 years. The Inter-American Development Bank, which focuses entirely on Latin America, devotes only about 2 percent of its lending to regional integration.

Unlike the Washington-based international financial institutions, the new bank will not impose economic policy conditions on its borrowers. Such conditions are widely believed to have been a major cause of Latin America’s unprecedented economic failure over the last 26 years, the worst long-term growth performance in more than a century.

The bank is expected to start with capital of about $7 billion, with all member countries contributing. It will be governed primarily on a one-country, one-vote basis.

How ironic is it that such an institution would be called “Chavez’s bank,” while nobody calls the IMF or the World Bank “Bush’s bank?” The IMF and World Bank have 185 member countries but the United States calls the shots; it has a formal veto in the IMF, but its power is much greater than that, with Europe and Japan having almost never voted against Washington in the institution’s 63-year history. The rest of the world, i.e., the majority and the countries that bear the brunt of the institutions’ policies, has little to no say in decision making.

Politically, the new bank is another Declaration of Independence for South America, which as a result of epoch-making changes in the last few years is now more independent of the United States than Europe is. The most important change that has brought this about — other than the populist ballot-box revolt that elected left-of-center governments in Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Uruguay and Venezuela — has been the collapse of the IMF-led “creditor’s cartel” in the region. This was the main avenue of U.S. influence, and there’s not much left of it. Of course the U.S. government still has some clout in the region, but without the ability to cut off credit to disobedient governments, its power is vastly reduced.

The need for alternative regional economic institutions, for both development lending and finance, is becoming increasingly accepted by most of the world. Ten years ago, in the wake of the Asian financial crisis, there was a whole series of proposals, even books by prominent economists, on how to reform “the international financial architecture.” The current crisis triggered by the collapse of subprime-mortgage-backed securities may provoke another such discussion. But the fact is, a full decade after the Asian crisis, the rich country governments have made no significant movement toward reform. New leaders of the IMF and the World Bank were appointed in the last few months, and by tradition, these have to be a European and an American.

That tradition was honored, despite calls from a majority of the member countries and scores of NGOs and think tanks to open up the search process. For the World Bank, the Bush administration even managed to add insult to injury by appointing Robert Zoellick, a neoconservative in the mold of his intensely disliked predecessor, Paul Wolfowitz, to run the beleaguered institution. Without even the smallest symbolic changes, it is hard to imagine more substantive changes, e.g., in the voting structure, taking place in the foreseeable future.

With reform at the top blocked, positive changes will have to come at the regional, and of course, most importantly, at the national level. Latin Americans are doing their part, and the world will surely thank them for it.

Not everyone is happy to see the old order challenged. An insider at the Inter-American Development Bank told the Financial Times: “With the money of Venezuela and political will of Argentina and Brazil, this is a bank that could have lots of money and a different political approach. No one will say this publicly, but we don’t like it.”

Apparently, these institutions that preach the virtues of international competition are not so enthusiastic when it breaks into their own monopolistic market.

 

Mark Weisbrot is Co-Director of the Center for Economic and Policy Research, in Washington, D.C. (www.cepr.net).

A la par de los procesos de integración más importantes y las negociaciones multilaterales a nivel mundial de los que nuestra región participa, seek actualmente se están generando propuestas alternativas que no responden a los modelos tradicionales de integración. Es decir, todo proceso de integración contempla como primera etapa la creación de una Zona de Libre Comercio, para lograr la libre circulación de bienes y servicios. Luego se avanza hacia una profundización de las relaciones mediante la implementación de políticas macroeconómicas homogéneas, creación de un arancel externo común, aceptación de una moneda única, hasta llegar a la creación de instituciones de gobierno comunes y una constitución. Sin embargo, la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) plantea un modelo de integración que desde el comienzo pretende ir más allá de la integración tradicional y de la lógica de la liberación de barreras comerciales entre países.

El ALBA nace como respuesta al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y se plantea en sus inicios como la contrapartida regional ante los avances de Estados Unidos en materia de negociación de tratados de libre comercio. Fue presentado por primera vez en diciembre de 2001 por Hugo Chávez, durante la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe. Con todo, sus líneas estratégicas fueron definidas más adelante por Chávez y por Fidel Castro, en un acuerdo firmado en diciembre de 2004. A esta iniciativa, se sumaron Bolivia, en 2006, y Nicaragua, en enero de 2007. Sus bases filosóficas se encuentran en los pensamientos de Miranda y de Simón Bolívar de unidad latinoamericana, ideas que intentan plasmarse en el Primer Congreso de Panamá. En sus fundamentos, concibe a la integración como la herramienta que tienen los pueblos para lograr desarrollo endógeno que erradique la pobreza y la exclusión social, y no como el camino hacia la liberalización del comercio de bienes en inversiones, lo que responde a los intereses del capital transnacional. Este modelo alternativo de integración se basa en principios como la cooperación, la solidaridad y la complementariedad, los cuales llevarían a los países menos desarrollados a superar las asimetrías y lograr el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza.

El 28 y 29 de abril pasados concluyó la V Cumbre del ALBA a la que asistieron los presidentes y representantes de los países miembro (Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba), además de representantes de otros países de Latinoamérica y el Caribe que presenciaron las reuniones en calidad de observadores. Allí se firmaron una serie de tratados en materia energética con financiación preferencial, además de acuerdos en las áreas educativa, cultural, financiera, seguridad alimentaria, salud, telecomunicaciones, minera e industrial. Venezuela suscribió acuerdos energéticos bilaterales con Bolivia, Nicaragua y Haití en donde, en todos los casos, Venezuela conviene suministrar petróleo financiando el 50% del mismo a 25 años a través de PDVSA, la empresa estatal venezolana, y el Fondo ALBA. A su vez, el pago de la deuda contraída podrá realizarse a través de mecanismos de compensación comercial para con Venezuela. Conjuntamente se avaló la propuesta para independizarse de los organismos financieros internacionales e instaron a la creación de organismos de este tipo regionales. En estos acuerdos también se contempla la constitución de un consejo de presidentes del ALBA, otro de ministros, y un tercer consejo de movimientos sociales.

A la luz de los avances del proceso de integración ALBA, es evidente que los acuerdos llevados a cabo hasta el momento han sido principalmente en materia energética, los cuales se basan en el postulado de la complementariedad y en la lógica de otorgar a los países de menos recursos la posibilidad de crecimiento brindándoles acceso a mayor flujo de dichos recursos. Es interesante reconocer también, cómo el fracaso de los modelos neoliberales de flexibilización y eliminación de barreras al comercio aplicado en nuestra región y la necesidad de buscar modelos alternativos, llevan a que hoy el gobierno venezolano pueda explotar su discurso y sus recursos naturales afianzando su presencia regional a través de esta iniciativa la cual se plasma concretamente en la firma de acuerdos energéticos con países como Nicaragua, Haití, Cuba y Bolivia.

Fuente :  inpade.org.ar

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El ALBA nace como respuesta al Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y se plantea en sus inicios como la contrapartida regional ante los avances de Estados Unidos en materia de negociación de tratados de libre comercio. Fue presentado por primera vez en diciembre de 2001 por Hugo Chávez, durante la III Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de la Asociación de Estados del Caribe. Con todo, sus líneas estratégicas fueron definidas más adelante por Chávez y por Fidel Castro, en un acuerdo firmado en diciembre de 2004. A esta iniciativa, se sumaron Bolivia, en 2006, y Nicaragua, en enero de 2007. Sus bases filosóficas se encuentran en los pensamientos de Miranda y de Simón Bolívar de unidad latinoamericana, ideas que intentan plasmarse en el Primer Congreso de Panamá. En sus fundamentos, concibe a la integración como la herramienta que tienen los pueblos para lograr desarrollo endógeno que erradique la pobreza y la exclusión social, y no como el camino hacia la liberalización del comercio de bienes en inversiones, lo que responde a los intereses del capital transnacional. Este modelo alternativo de integración se basa en principios como la cooperación, la solidaridad y la complementariedad, los cuales llevarían a los países menos desarrollados a superar las asimetrías y lograr el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza.

El 28 y 29 de abril pasados concluyó la V Cumbre del ALBA a la que asistieron los presidentes y representantes de los países miembro (Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba), además de representantes de otros países de Latinoamérica y el Caribe que presenciaron las reuniones en calidad de observadores. Allí se firmaron una serie de tratados en materia energética con financiación preferencial, además de acuerdos en las áreas educativa, cultural, financiera, seguridad alimentaria, salud, telecomunicaciones, minera e industrial. Venezuela suscribió acuerdos energéticos bilaterales con Bolivia, Nicaragua y Haití en donde, en todos los casos, Venezuela conviene suministrar petróleo financiando el 50% del mismo a 25 años a través de PDVSA, la empresa estatal venezolana, y el Fondo ALBA. A su vez, el pago de la deuda contraída podrá realizarse a través de mecanismos de compensación comercial para con Venezuela. Conjuntamente se avaló la propuesta para independizarse de los organismos financieros internacionales e instaron a la creación de organismos de este tipo regionales. En estos acuerdos también se contempla la constitución de un consejo de presidentes del ALBA, otro de ministros, y un tercer consejo de movimientos sociales.

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Fuente :  inpade.org.ar

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El 28 y 29 de abril pasados concluyó la V Cumbre del ALBA a la que asistieron los presidentes y representantes de los países miembro (Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba), además de representantes de otros países de Latinoamérica y el Caribe que presenciaron las reuniones en calidad de observadores. Allí se firmaron una serie de tratados en materia energética con financiación preferencial, además de acuerdos en las áreas educativa, cultural, financiera, seguridad alimentaria, salud, telecomunicaciones, minera e industrial. Venezuela suscribió acuerdos energéticos bilaterales con Bolivia, Nicaragua y Haití en donde, en todos los casos, Venezuela conviene suministrar petróleo financiando el 50% del mismo a 25 años a través de PDVSA, la empresa estatal venezolana, y el Fondo ALBA. A su vez, el pago de la deuda contraída podrá realizarse a través de mecanismos de compensación comercial para con Venezuela. Conjuntamente se avaló la propuesta para independizarse de los organismos financieros internacionales e instaron a la creación de organismos de este tipo regionales. En estos acuerdos también se contempla la constitución de un consejo de presidentes del ALBA, otro de ministros, y un tercer consejo de movimientos sociales.

A la luz de los avances del proceso de integración ALBA, es evidente que los acuerdos llevados a cabo hasta el momento han sido principalmente en materia energética, los cuales se basan en el postulado de la complementariedad y en la lógica de otorgar a los países de menos recursos la posibilidad de crecimiento brindándoles acceso a mayor flujo de dichos recursos. Es interesante reconocer también, cómo el fracaso de los modelos neoliberales de flexibilización y eliminación de barreras al comercio aplicado en nuestra región y la necesidad de buscar modelos alternativos, llevan a que hoy el gobierno venezolano pueda explotar su discurso y sus recursos naturales afianzando su presencia regional a través de esta iniciativa la cual se plasma concretamente en la firma de acuerdos energéticos con países como Nicaragua, Haití, Cuba y Bolivia.

Fuente :  inpade.org.ar

by Lena Esther Hernández Hernández

Introducción.

En la historia de América Latina y el Caribe, sale encontramos la variable Integración expuesta a través del pensamiento de varios hombres previsores desde el siglo XVIII. Estos tenían ideas de lograr la unidad necesaria para obtener la independencia política.

Podemos mencionar a José Martí, cuando planteó que: “Pueblo y no pueblos, decimos de intento, por no parecernos que hay más que uno del bravo a la Patagonia. Una ha de ser, pues que lo es. América, aun cuando no quisiera serlo; y los hermanos que pelean, juntos al cabo de una colosal nación espiritual, se amarán luego. Solo hay en nuestros países una división visible, que cada pueblo, y aún cada hombre, lleva en sí, y es la división en pueblos egoístas de una parte, y de otra generosos. Pero así como de la amalgama de los dos pueblos elementos surge, triunfante y agigantando casi siempre, el ser humano bueno y cuerdo, así, para sombro de las edades y hogar amable de los hombres, de la fusión útil en que lo egoísta templa lo ilusorio, surgirá en el porvenir de la América, aunque no la divisen todavía los ojos débiles, la nación latina; ya no conquistadora, como en Roma, sino hospitalaria”.

Bolívar también fue un pensador y hombre luchador, en función de la independencia e integración latinoamericana. (…) “Bolívar soñaba con una América Latina unida en un Estado grande y poderoso, a partir de las similitudes que tenemos como ningún otro grupo de países en el mundo, de idioma, en primer lugar etnias de parecido origen. Creencias religiosas y cultura en general”.

Luego de lograr la independencia, el poder político fue asumido por élites locales, herederos del poder colonial, dominando durante el siglo XIX. No es hasta la primera mitad del siglo XX que se produce un acercamiento a la integración, perfilándose en Latinoamérica una aversión por la política panamericanista e intervencionista de EE.UU.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Latino Caribeños, buscaron caminos para su auto desarrollo económico y político, a través de una coordinación de las políticas económicas entre nuestros países, lideradas por la Comisión Económica para América latina (CEPAL).
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó en 1948 cinco comisiones económicas regionales con el objetivo de ayudar y colaborar con los gobiernos de la zona en la investigación y análisis de los temas económicos regionales y nacionales. Los ámbitos de actuación de las cinco comisiones son Europa, África, la región de Asia y el Pacífico, el Asia Occidental (Oriente Medio) y la América Latina. Pero ha sido precisamente esta última, la CEPAL, la más activa y la que ha alcanzado un mayor nivel de prestigio e influencia. En 1984 su campo de actuación fue ampliado para incluir la región del Caribe.

Desarrollo.
1.1 Cooperación, complemento de la Integración.

A través del desarrollo de la sociedad capitalista, se muestra cómo los países o regiones han tenido que ponerse de acuerdo en aspectos ya sean coyunturales o a largo plazo, para enfrentar las terribles consecuencias que sufren por la incidencia de la avaricia imperialista, y su afán de conquistar mercados, zonas de influencia, fuentes de materias primas, así como la obtención de mano de obra barata.

Gracias al progreso Científico Técnico, las fuerzas productivas han alcanzado un elevado nivel de desarrollo y las fronteras nacionales han quedado pequeñas para la explotación y obtención de ganancias, por lo que la exportación de capitales se muestra cada vez más vigente como un rasgo del imperialismo, y sus consecuencias para los países receptores del mismo, muchas veces son catastróficas en el sentido económico, político y social. Con esto se crean relaciones de interdependencia entre los países y se complementan sus economías y los Estados pertenecientes a una zona o región.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se crean organismos para reforzar las relaciones entre los países, tales como la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Es muy importante tener en cuenta que éstos van a trabajar en función de establecer relaciones en beneficio de las potencias imperialistas.

Debido a la situación de la economía mundial después de esta contienda guerrerista, los países tuvieron que buscar opciones para poder desarrollarse, y es ahí donde aparece la Cooperación, ésta tenía a su favor que había entrado en crisis el sistema colonial del imperialismo, así como el surgimiento del Campo Socialista y con él las relaciones establecidas entre sus miembros.

La Cooperación no es más que : acuerdos a que llegan dos o más países para abordar conjuntamente problemas determinados, sin tener necesariamente que interconectar sus economías, ni crear instituciones que se hagan cargo de esta interconexión.

La Cooperación, no implica Integración económica, es como una primera fase de ella. Surge por las condiciones objetivas del desarrollo de la sociedad capitalista que arrastró a los países a buscar alternativas de solución y de desarrollo en esa etapa de la historia. Solo cuando la Cooperación adquiere dinámica de proceso, es que da origen a la Integración.

Para entrar a analizar la variable integración y sus conceptos fundamentales plasmados en la teoría de los estudiosos del tema en Latinoamérica, hay que tener en cuenta la escuela de pensamiento, el enfoque político que le dan, así como la disciplina de la cual se parta.
En la Universidad Central de las Villas, de Cuba, varios profesionales estudian el tema, enfocándolo de manera diferente, por ejemplo, para Edgardo Romero Fernández “la integración en su sentido más abarcador y completo, el que por supuesto sobrepasa el estrecho pero imprescindible momento espacial y temporal de “lo económico”, constituye todo un largo proceso de construcción de una nueva forma de vida, de cultura, y por tanto de superación progresiva de los hegemonismos, la dominación, la excusión y por supuesto la explotación. ”

En este concepto no solo se trata la terminología económica, que aunque no deja de ser necesaria, no constituye para el autor el todo de la integración entre dos o más países, ya que hay que abarcar la influencia de ella en lo social, político, cultural y en la eliminación de todo lo que tenga que ver con la explotación y la dominación de terceros en sus intereses nacionales.

Según Alfredo Seoanner Flores economista boliviano, “la Integración constituye un proceso donde la partes, los Estados Nacionales, buscan unir elementos previamente dispersos, desarrollando acciones en le ámbito de la economía, política y actividad socio-cultural de los pueblos, con el propósito de liminar los factores de separación y desarrollar un sentido de solidaridad y pertenencia. Se trata de un proceso en el que dos o más colectividades, que están separadas por una frontera y un sistema jurídico institucional, constituyen andamiajes que buscan aminorar esos factores de separación y desarrollar una dinámica de convergencias que culminen con la integración plena”.
Esta autor aboga por la integración plena, constituyendo incluso coordinaciones en función de reducir los aspectos que lleven a la separación ya sea por fronteras entre países o por trabas jurídicas institucionales.
Hay autores que se centran en función de la integración económica, como Ramón Tamanes, cubano, que plantea que esta no es más que” un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales, previamente separados, y de dimensiones unitarias consideradas poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión más adecuada”. 6
Para Roberto Muñoz González, profesor de la UCLV, de Cuba, “la Integración es un proceso de creciente interpenetración de las estructuras, mediante un conjunto de arreglos institucionales acordados por un cierto número de países que deciden sustituir el estrecho marco de sus respectivos mercados nacionales, por uno mucho más amplio, gobernado por un conjunto de instituciones con un mayor o menor número de resortes supranacionales. “

Fidel Castro, nuestro Comandante, siempre le ha dedicado tiempo al análisis del tema Integración latinoamericana, ha planteado que:” Si bien la integración ha de ser nuestra meta, es obvio que se trata de un objetivo que requiere de un proceso gradual que no culminará, aun con la voluntad y decisión con que se emprenda, en un lapso muy inmediato (…) Es preciso, además, la instauración de mecanismos permanentes de colaboración y la implementación de proyectos y programas concretos. De lo que se trataría sería de llevar a cada país lo mejor de las experiencias y los resultados de los demás en materia de desarrollo científico y tecnológico, la producción agropecuaria e industrial, la extensión y perfeccionamiento de la atención a la salud, la educación y demás servicios sociales, la protección del medio, la promoción de la cultura y cuantos otros terrenos sean susceptibles de un trabajo organizado y decidido de cooperación. “
Fidel por su parte se enfoca en la cuestión política, prevaleciendo el carácter humanista de su pensamiento, siempre ha dejado claro que “América Latina no tiene otra alternativa digna, honrosa, de independencia, que la integración económica”

La gran mayoría de los autores consultados coinciden en que la integración es un proceso, en que dos o más partes se ponen de acuerdo para accionar ya sea en temas económicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos, aunque haya que romper barreras institucionales que lo impidan, con el objetivo de lograr un desarrollo siempre que ambas partes salgan beneficiadas.

1.2 La Integración Latino Caribeña en la década del sesenta. Aportes de Raúl Prebish como fundador de la CEPAL.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en 1948. Es en el 27 de julio de 1984 fue que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Gran parte de su prestigio lo debe a Raúl Prebish, el economista que dirigió la CEPAL durante sus primeros años y que enfocó el análisis del desarrollo económico de la región desde un punto de vista riguroso pero original, apartado de las corrientes económicas dominantes y muy enfocado a los problemas específicos de la región.

A partir de la segunda mitad de la década del 50, comenzaron a sistematizarse las propuestas relativas a la integración económica de América Latina, como parte de los análisis sobre los problemas del desarrollo de la región que la CEPAL venía realizando desde fines de la década anterior.

La integración Regional para la CEPAL se basaba en tres elementos interdependientes uno de ellos es alterar su política económica exterior, con el objetivo de mejorar su situación desventajosa y periférica ante la economía mundial, a través de un movimiento integrativo sub continental. Otro es que el modelo de sustitución de importaciones debería impulsar el desarrollo económico a través del proceso de industrialización, y el trecero es que el componente diplomático debería fotalecer la capacidad de negociación frente a los gremios internacionales.

La necesidad de la integración regional tenía como telón de fondo la oposición centro/periferia, o la teoría de la dependencia, así la restricción externa y la escasez de capital y de tecnología, que entonces constituían el eje central del pensamiento estructuralista latinoamericano, basado en el documento seminal de Raúl Prebisch: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas” (CEPAL, 1962).
Es en el año 1959 que se propone para América Latina la formación del Mercado Común Latinoamericano esta propuesta encontró oposición en el Gobierno de los Estados Unidos y no contaba con pleno respaldo del Gobierno de Argentina. A pesar de varios inconvenientes para la formación de este mercado, los países andinos se mantenían los propósitos de integración. Por su parte, los gobiernos de Centroamérica trataron de avanzar en la construcción de un mercado común para la subregión.

En 1960 se crea el Mercado Común Centroamericano(MCCA), y se dieron los primeros pasos para proporcionar la base de la cooperación y el comercio interregional mediante el Tratado de Managua de 1960 para lograr la integración económica entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que firmó el tratado en 1962. Pretendía el total desarme arancelario entre estos países e imponer un Arancel Externo Común (AEC) frente a los países no miembros.

El comercio entre los países de Centroamérica se incrementó de manera considerable desde 1960, con el funcionamiento del MCCA, se han podido derrivar barreras que dificultaban el comercio entre las naciones de la región, y también establecer tarifas comunes de exportación para muchos productos. El Banco Centroamericano de Integración Económica -una de sus principales instituciones de crédito- concede préstamos y financia proyectos de desarrollo.

En la década del 60 se creó el Grupo Andino, forma de integración regional entre países similares en relación a su desarrollo, se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio(ALALC), logrando no solo la expansión y diversificación del comercio regional, sino también en el entrelazamiento de sus economías nacionales, especialmente de sectores industriales.

Para impulsar los procesos de integración económica en la década del 60, trataron de recoger el ejemplo de otras regiones y las ideas de la época. Los nuevos procesos eran percibidos como un instrumento que podía contribuir al desarrollo y proteger el mercado interno y a la integración nacional de cada una de las economías involucradas, pues estas economías consideras aisladamente no se encontraban en condiciones de desarrollar una industria pujante y los mercados internos nacionales con que contaban eran limitados. Por eso un mercado ampliado era opción vital de desarrollo buscado. A través de la acción conjunta podían defender en el mercado mundial, los precios de los productos producidos en la región, podían luchar contra las discriminaciones comerciales y combatir el dumping. Además una acción coordinada frente a los organismos internacionales e inversores extranjeros facilitaría la defensa de las prioridades de desarrollo nacionales. Por tanto debían estimularse las negociaciones con otras naciones que llegaran a acuerdos bilaterales o regionales, para constituir un Mercado Común Latinoamericano.
La integración económica era un objetivo de la política económica del Desarrollismo, pero subordinado al fin de alcanzar el desarrollo económico nacional. En tal sentido la integración regional debía servir para diversificar, expandir, y tecnificar las respectivas economías, a fin de que superaran la etapa de producción primaria y avanzaran en el camino del Desarrollo. Se planteaba que la integración regional no era solo un problema económico, sino de carácter nacional, pues había que desarrollar horizontal y verticalmente una economía moderna. (CEPAL, 1969).

En Europa, los países involucrados en el proceso de formación del mercado común disponían ya de una plataforma industrial relativamente avanzada, en la visión elaborada por la CEPAL para América Latina la integración económica se vinculaba directamente con el logro de un nivel más alto de industrialización y abogaba por la reducción o eliminación de derechos aduaneros que existían de acuerdo a las políticas proteccionistas que prevalecían en la época. Para lograr este propósito, la industrialización tendría que proyectarse más allá del estrecho marco del proceso de sustitución de importaciones. La industrialización sustitutiva, por las condiciones en que se venía desarrollando -altos costos, encerramiento en mercados nacionales compartimentalizados, exagerada e indiscriminada protección, etc., ya se insinuaba como un proceso de alcances limitados a largo plazo, tanto en términos de sostenimiento del crecimiento económico y del aumento de la productividad general como en lo que se refiere a la solución del problema del estrangulamiento externo.

Los países de la región carecían de poder de negociación para modificar en su favor los términos desfavorables que caracterizaban sus relaciones comerciales y financieras con los países centrales. Por consiguiente, era necesario establecer una política común frente a los países industrializados e instituciones financieras internacionales, a partir de nuevas condiciones de negociación y del aumento de la competitividad de las exportaciones resultantes de la unión económica. Con ello se pretendía replantear los términos en que se desarrollaba el comercio de productos básicos, abrir el mercado de los países industrializados a las manufacturas producidas en los países en desarrollo y tornar menos gravosas las condiciones de la cooperación técnica y financiera del exterior.

La integración económica regional era considerada, en los documentos de la CEPAL como un vector estratégico para romper con la situación prevaleciente de insuficiente dinamismo y baja productividad de la economía latinoamericana.

La CEPAL es la que propone el inicio de una nueva era desarrollista, desde estos organismos se promovió un importante intervencionismo del Estado en políticas de desarrollo económico y social a través de estrategias de planificación y de nacionalización de los principales medios de producción y del sector productivo estratégico, se llevó a cabo la reforma agraria en distintos países de la región, se incrementaron la inversiones en infraestructura para el desarrollo y se practicó una política exterior más independiente y propensa al no alineamiento.

En varios países Latino Caribeños se logró la eliminación del monopolio oligárquico, se fortaleció el sector estatal de la economía, así como se nacionalizó la minería, el cobre, se trazaron políticas estatales en función del beneficio social, gracias a la aplicación de esta estrategia de desarrollo.

Las causas generales para el fracaso de los antiguos y concretos proyectos de integración en la región latino caribeña se resumen en: la falta de diversificación de los productos regionales, los acuerdos multilaterales en especial con relación a la ALALC, dificultaban el consenso, propiciando el fracaso del plan integrativo, además este proyecto de integración no contó con el apoyo internacional y los gobiernos autoritarios latinoamericanos la vieron como una amenaza para la seguridad nacional la aproximación de economías regionales.

A pesar de que esta estrategia funcionó satisfactoriamente durante la década de los setenta pues se produjo un crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados internacionales que no agradó mucho e influyó negativamente en las economías “centrales”. En los años 1980, la contracción de la demanda internacional y el aumento de los tipos de interés desembocó la crisis de la deuda externa lo que exigió profundas modificaciones en la estrategia de desarrollo.

La variable integración en la actualidad tiene más vigencia que nunca, estamos los latino caribeños inmersos en un viejo andar, pero hoy toma aires de nuevo. Nuevos bríos ofrece la izquierda revitalizada en función de la unidad e integración latinoamericana. Cada país de acuerdo a sus características, está jugando un papel fundamental en la contienda integradora. Tratando de retomar el poder “perdido del Estado” a raíz de la aplicación de la política neoliberal en el mundo y específicamente en nuestro continente. Es muy bueno saber que nos estamos acercando en Latinoamérica y en el Caribe a la verdadera independencia.

Cuba, motor impulsor de ideas y de ejemplo de lucha, ha logrado unirse e integrarse con varios países latino caribeños, siendo esto muestra palpable de que la Integración es la mejor opción, para lograr la unidad y la Independencia.

Conclusiones.
El esfuerzo de los teóricos cepalinos por dar respuesta a los problemas económicos del continente y específicamente en la década del 60, debe tenerse en cuenta y como un gran referente en el camino de retomar el objetivo principal de desarrollo. El proceso de profundización de nuestras economías, desarrollados por estos pensadores, es el inicio de lo que sería un movimiento de discusión de las realidades latino caribeñas en busca de respuestas de los problemas de nuestros países.

A pesar de que el modelo de desarrollo de la CEPAL no cumplió sus objetivos tajantemente, varios de sus objetivos y métodos se encuentran vigentes, aunque adecuados al momento actual. Tenemos que desarrollarnos, industrializarnos por nuestros propios esfuerzos, y abogar un poco menos por la intervención de capital extranjero en nuestras economías, dándole al Estado el papel de planificador y regulador de las políticas económicas, políticas y sociales, y de principal redistribuidor de las ganancias a nivel de sociedad.

La integración latino caribeña es cada vez más necesaria, para sobrevivir al infierno capitalista, es la única vía que nos queda para poder salir del inmenso bache en que nos ha puesto el imperialismo. Desde la década del 60 hasta la actualidad los intentos de integración dan muestra de que los latino caribeños están despiertos y concientes de que la única alternativa de desarrollo viable en los momentos actuales es la Integración.

Martí José Obras completas. Editora de Ciencias Sociales. La Habana. Tomo 8.pp. 318-319.)

Periódico Granma. (La Habana. Cuba), 15 de junio de 1999, p 5. ).

El informe Equidad, Desarrollo y Ciudadanía elaborado y publicado por la CEPAL en el año 2000.

Edgardo Romero Fernández: “Los movimientos sociales latinoamericanos: Poder e integración en América Latina.” Articulo. Versión electrónica, Intranet facultad Ciencias Empresariales. UCLV.

Alfredo Seoanner Flores: “El proceso de Integración Regional, contexto general y dimensión económica del proceso de integración”

“Colectivo de autores: Economía Internacional, Tomo II, Editorial Félix Varela, La Habana, 1998.p9.

Roberto Muñoz González: Los procesos de integración en la Región Latino caribeña: inserción de Cuba y sus perspectivas.

Fidel Castro: Hacia una gran patria común. Editora Política, La Habana, 1991.pp5-

Tomás Borge, Un grano de maíz. Oficina de publicaciones del Consejo de Estado, 1992, p 169.

Informe Equidad, Desarrollo y Ciudadanía elaborado y publicado por la CEPAL en el año 2000.

Nils Castro, revista Temas No. 41-42:4-18, enero -junio 2005, Artículo” Las izquierdas latinoamericanas contemporáneas: observaciones a una trayectoria

 

by Lena Esther Hernández Hernández

Introducción.

En la historia de América Latina y el Caribe, generic encontramos la variable Integración expuesta a través del pensamiento de varios hombres previsores desde el siglo XVIII. Estos tenían ideas de lograr la unidad necesaria para obtener la independencia política.

Podemos mencionar a José Martí, pharm cuando planteó que: “Pueblo y no pueblos, decimos de intento, por no parecernos que hay más que uno del bravo a la Patagonia. Una ha de ser, pues que lo es. América, aun cuando no quisiera serlo; y los hermanos que pelean, juntos al cabo de una colosal nación espiritual, se amarán luego. Solo hay en nuestros países una división visible, que cada pueblo, y aún cada hombre, lleva en sí, y es la división en pueblos egoístas de una parte, y de otra generosos. Pero así como de la amalgama de los dos pueblos elementos surge, triunfante y agigantando casi siempre, el ser humano bueno y cuerdo, así, para sombro de las edades y hogar amable de los hombres, de la fusión útil en que lo egoísta templa lo ilusorio, surgirá en el porvenir de la América, aunque no la divisen todavía los ojos débiles, la nación latina; ya no conquistadora, como en Roma, sino hospitalaria”. 1

Bolívar también fue un pensador y hombre luchador, en función de la independencia e integración latinoamericana. (…) “Bolívar soñaba con una América Latina unida en un Estado grande y poderoso, a partir de las similitudes que tenemos como ningún otro grupo de países en el mundo, de idioma, en primer lugar etnias de parecido origen. Creencias religiosas y cultura en general”. 2

Luego de lograr la independencia, el poder político fue asumido por élites locales, herederos del poder colonial, dominando durante el siglo XIX. No es hasta la primera mitad del siglo XX que se produce un acercamiento a la integración, perfilándose en Latinoamérica una aversión por la política panamericanista e intervencionista de EE.UU.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Latino Caribeños, buscaron caminos para su auto desarrollo económico y político, a través de una coordinación de las políticas económicas entre nuestros países, lideradas por la Comisión Económica para América latina (CEPAL).
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó en 1948 cinco comisiones económicas regionales con el objetivo de ayudar y colaborar con los gobiernos de la zona en la investigación y análisis de los temas económicos regionales y nacionales. Los ámbitos de actuación de las cinco comisiones son Europa, África, la región de Asia y el Pacífico, el Asia Occidental (Oriente Medio) y la América Latina. Pero ha sido precisamente esta última, la CEPAL, la más activa y la que ha alcanzado un mayor nivel de prestigio e influencia. En 1984 su campo de actuación fue ampliado para incluir la región del Caribe. 3

Desarrollo.
1.1 Cooperación, complemento de la Integración.

A través del desarrollo de la sociedad capitalista, se muestra cómo los países o regiones han tenido que ponerse de acuerdo en aspectos ya sean coyunturales o a largo plazo, para enfrentar las terribles consecuencias que sufren por la incidencia de la avaricia imperialista, y su afán de conquistar mercados, zonas de influencia, fuentes de materias primas, así como la obtención de mano de obra barata.

Gracias al progreso Científico Técnico, las fuerzas productivas han alcanzado un elevado nivel de desarrollo y las fronteras nacionales han quedado pequeñas para la explotación y obtención de ganancias, por lo que la exportación de capitales se muestra cada vez más vigente como un rasgo del imperialismo, y sus consecuencias para los países receptores del mismo, muchas veces son catastróficas en el sentido económico, político y social. Con esto se crean relaciones de interdependencia entre los países y se complementan sus economías y los Estados pertenecientes a una zona o región.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se crean organismos para reforzar las relaciones entre los países, tales como la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Es muy importante tener en cuenta que éstos van a trabajar en función de establecer relaciones en beneficio de las potencias imperialistas.

Debido a la situación de la economía mundial después de esta contienda guerrerista, los países tuvieron que buscar opciones para poder desarrollarse, y es ahí donde aparece la Cooperación, ésta tenía a su favor que había entrado en crisis el sistema colonial del imperialismo, así como el surgimiento del Campo Socialista y con él las relaciones establecidas entre sus miembros.

La Cooperación no es más que : acuerdos a que llegan dos o más países para abordar conjuntamente problemas determinados, sin tener necesariamente que interconectar sus economías, ni crear instituciones que se hagan cargo de esta interconexión.

La Cooperación, no implica Integración económica, es como una primera fase de ella. Surge por las condiciones objetivas del desarrollo de la sociedad capitalista que arrastró a los países a buscar alternativas de solución y de desarrollo en esa etapa de la historia. Solo cuando la Cooperación adquiere dinámica de proceso, es que da origen a la Integración.

Para entrar a analizar la variable integración y sus conceptos fundamentales plasmados en la teoría de los estudiosos del tema en Latinoamérica, hay que tener en cuenta la escuela de pensamiento, el enfoque político que le dan, así como la disciplina de la cual se parta.
En la Universidad Central de las Villas, de Cuba, varios profesionales estudian el tema, enfocándolo de manera diferente, por ejemplo, para Edgardo Romero Fernández “la integración en su sentido más abarcador y completo, el que por supuesto sobrepasa el estrecho pero imprescindible momento espacial y temporal de “lo económico”, constituye todo un largo proceso de construcción de una nueva forma de vida, de cultura, y por tanto de superación progresiva de los hegemonismos, la dominación, la excusión y por supuesto la explotación. ” 4

En este concepto no solo se trata la terminología económica, que aunque no deja de ser necesaria, no constituye para el autor el todo de la integración entre dos o más países, ya que hay que abarcar la influencia de ella en lo social, político, cultural y en la eliminación de todo lo que tenga que ver con la explotación y la dominación de terceros en sus intereses nacionales.

Según Alfredo Seoanner Flores economista boliviano, “la Integración constituye un proceso donde la partes, los Estados Nacionales, buscan unir elementos previamente dispersos, desarrollando acciones en le ámbito de la economía, política y actividad socio-cultural de los pueblos, con el propósito de liminar los factores de separación y desarrollar un sentido de solidaridad y pertenencia. Se trata de un proceso en el que dos o más colectividades, que están separadas por una frontera y un sistema jurídico institucional, constituyen andamiajes que buscan aminorar esos factores de separación y desarrollar una dinámica de convergencias que culminen con la integración plena”. 5
Esta autor aboga por la integración plena, constituyendo incluso coordinaciones en función de reducir los aspectos que lleven a la separación ya sea por fronteras entre países o por trabas jurídicas institucionales.
Hay autores que se centran en función de la integración económica, como Ramón Tamanes, cubano, que plantea que esta no es más que” un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales, previamente separados, y de dimensiones unitarias consideradas poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión más adecuada”. 6 6
Para Roberto Muñoz González, profesor de la UCLV, de Cuba, “la Integración es un proceso de creciente interpenetración de las estructuras, mediante un conjunto de arreglos institucionales acordados por un cierto número de países que deciden sustituir el estrecho marco de sus respectivos mercados nacionales, por uno mucho más amplio, gobernado por un conjunto de instituciones con un mayor o menor número de resortes supranacionales. “ 7

Fidel Castro, nuestro Comandante, siempre le ha dedicado tiempo al análisis del tema Integración latinoamericana, ha planteado que:” Si bien la integración ha de ser nuestra meta, es obvio que se trata de un objetivo que requiere de un proceso gradual que no culminará, aun con la voluntad y decisión con que se emprenda, en un lapso muy inmediato (…) Es preciso, además, la instauración de mecanismos permanentes de colaboración y la implementación de proyectos y programas concretos. De lo que se trataría sería de llevar a cada país lo mejor de las experiencias y los resultados de los demás en materia de desarrollo científico y tecnológico, la producción agropecuaria e industrial, la extensión y perfeccionamiento de la atención a la salud, la educación y demás servicios sociales, la protección del medio, la promoción de la cultura y cuantos otros terrenos sean susceptibles de un trabajo organizado y decidido de cooperación. “8
Fidel por su parte se enfoca en la cuestión política, prevaleciendo el carácter humanista de su pensamiento, siempre ha dejado claro que “América Latina no tiene otra alternativa digna, honrosa, de independencia, que la integración económica” 9

La gran mayoría de los autores consultados coinciden en que la integración es un proceso, en que dos o más partes se ponen de acuerdo para accionar ya sea en temas económicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos, aunque haya que romper barreras institucionales que lo impidan, con el objetivo de lograr un desarrollo siempre que ambas partes salgan beneficiadas.

1.2 La Integración Latino Caribeña en la década del sesenta. Aportes de Raúl Prebish como fundador de la CEPAL.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en 1948. Es en el 27 de julio de 1984 fue que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Gran parte de su prestigio lo debe a Raúl Prebish, el economista que dirigió la CEPAL durante sus primeros años y que enfocó el análisis del desarrollo económico de la región desde un punto de vista riguroso pero original, apartado de las corrientes económicas dominantes y muy enfocado a los problemas específicos de la región. 10

A partir de la segunda mitad de la década del 50, comenzaron a sistematizarse las propuestas relativas a la integración económica de América Latina, como parte de los análisis sobre los problemas del desarrollo de la región que la CEPAL venía realizando desde fines de la década anterior.

La integración Regional para la CEPAL se basaba en tres elementos interdependientes uno de ellos es alterar su política económica exterior, con el objetivo de mejorar su situación desventajosa y periférica ante la economía mundial, a través de un movimiento integrativo sub continental. Otro es que el modelo de sustitución de importaciones debería impulsar el desarrollo económico a través del proceso de industrialización, y el trecero es que el componente diplomático debería fotalecer la capacidad de negociación frente a los gremios internacionales.

La necesidad de la integración regional tenía como telón de fondo la oposición centro/periferia, o la teoría de la dependencia, así la restricción externa y la escasez de capital y de tecnología, que entonces constituían el eje central del pensamiento estructuralista latinoamericano, basado en el documento seminal de Raúl Prebisch: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas” (CEPAL, 1962).
Es en el año 1959 que se propone para América Latina la formación del Mercado Común Latinoamericano esta propuesta encontró oposición en el Gobierno de los Estados Unidos y no contaba con pleno respaldo del Gobierno de Argentina. A pesar de varios inconvenientes para la formación de este mercado, los países andinos se mantenían los propósitos de integración. Por su parte, los gobiernos de Centroamérica trataron de avanzar en la construcción de un mercado común para la subregión.

En 1960 se crea el Mercado Común Centroamericano(MCCA), y se dieron los primeros pasos para proporcionar la base de la cooperación y el comercio interregional mediante el Tratado de Managua de 1960 para lograr la integración económica entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que firmó el tratado en 1962. Pretendía el total desarme arancelario entre estos países e imponer un Arancel Externo Común (AEC) frente a los países no miembros.

El comercio entre los países de Centroamérica se incrementó de manera considerable desde 1960, con el funcionamiento del MCCA, se han podido derrivar barreras que dificultaban el comercio entre las naciones de la región, y también establecer tarifas comunes de exportación para muchos productos. El Banco Centroamericano de Integración Económica -una de sus principales instituciones de crédito- concede préstamos y financia proyectos de desarrollo.

En la década del 60 se creó el Grupo Andino, forma de integración regional entre países similares en relación a su desarrollo, se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio(ALALC), logrando no solo la expansión y diversificación del comercio regional, sino también en el entrelazamiento de sus economías nacionales, especialmente de sectores industriales.

Para impulsar los procesos de integración económica en la década del 60, trataron de recoger el ejemplo de otras regiones y las ideas de la época. Los nuevos procesos eran percibidos como un instrumento que podía contribuir al desarrollo y proteger el mercado interno y a la integración nacional de cada una de las economías involucradas, pues estas economías consideras aisladamente no se encontraban en condiciones de desarrollar una industria pujante y los mercados internos nacionales con que contaban eran limitados. Por eso un mercado ampliado era opción vital de desarrollo buscado. A través de la acción conjunta podían defender en el mercado mundial, los precios de los productos producidos en la región, podían luchar contra las discriminaciones comerciales y combatir el dumping. Además una acción coordinada frente a los organismos internacionales e inversores extranjeros facilitaría la defensa de las prioridades de desarrollo nacionales. Por tanto debían estimularse las negociaciones con otras naciones que llegaran a acuerdos bilaterales o regionales, para constituir un Mercado Común Latinoamericano.
La integración económica era un objetivo de la política económica del Desarrollismo, pero subordinado al fin de alcanzar el desarrollo económico nacional. En tal sentido la integración regional debía servir para diversificar, expandir, y tecnificar las respectivas economías, a fin de que superaran la etapa de producción primaria y avanzaran en el camino del Desarrollo. Se planteaba que la integración regional no era solo un problema económico, sino de carácter nacional, pues había que desarrollar horizontal y verticalmente una economía moderna. (CEPAL, 1969).

En Europa, los países involucrados en el proceso de formación del mercado común disponían ya de una plataforma industrial relativamente avanzada, en la visión elaborada por la CEPAL para América Latina la integración económica se vinculaba directamente con el logro de un nivel más alto de industrialización y abogaba por la reducción o eliminación de derechos aduaneros que existían de acuerdo a las políticas proteccionistas que prevalecían en la época. Para lograr este propósito, la industrialización tendría que proyectarse más allá del estrecho marco del proceso de sustitución de importaciones. La industrialización sustitutiva, por las condiciones en que se venía desarrollando -altos costos, encerramiento en mercados nacionales compartimentalizados, exagerada e indiscriminada protección, etc., ya se insinuaba como un proceso de alcances limitados a largo plazo, tanto en términos de sostenimiento del crecimiento económico y del aumento de la productividad general como en lo que se refiere a la solución del problema del estrangulamiento externo.

Los países de la región carecían de poder de negociación para modificar en su favor los términos desfavorables que caracterizaban sus relaciones comerciales y financieras con los países centrales. Por consiguiente, era necesario establecer una política común frente a los países industrializados e instituciones financieras internacionales, a partir de nuevas condiciones de negociación y del aumento de la competitividad de las exportaciones resultantes de la unión económica. Con ello se pretendía replantear los términos en que se desarrollaba el comercio de productos básicos, abrir el mercado de los países industrializados a las manufacturas producidas en los países en desarrollo y tornar menos gravosas las condiciones de la cooperación técnica y financiera del exterior.

La integración económica regional era considerada, en los documentos de la CEPAL como un vector estratégico para romper con la situación prevaleciente de insuficiente dinamismo y baja productividad de la economía latinoamericana.

La CEPAL es la que propone el inicio de una nueva era desarrollista, desde estos organismos se promovió un importante intervencionismo del Estado en políticas de desarrollo económico y social a través de estrategias de planificación y de nacionalización de los principales medios de producción y del sector productivo estratégico, se llevó a cabo la reforma agraria en distintos países de la región, se incrementaron la inversiones en infraestructura para el desarrollo y se practicó una política exterior más independiente y propensa al no alineamiento. 11

En varios países Latino Caribeños se logró la eliminación del monopolio oligárquico, se fortaleció el sector estatal de la economía, así como se nacionalizó la minería, el cobre, se trazaron políticas estatales en función del beneficio social, gracias a la aplicación de esta estrategia de desarrollo.

Las causas generales para el fracaso de los antiguos y concretos proyectos de integración en la región latino caribeña se resumen en: la falta de diversificación de los productos regionales, los acuerdos multilaterales en especial con relación a la ALALC, dificultaban el consenso, propiciando el fracaso del plan integrativo, además este proyecto de integración no contó con el apoyo internacional y los gobiernos autoritarios latinoamericanos la vieron como una amenaza para la seguridad nacional la aproximación de economías regionales.

A pesar de que esta estrategia funcionó satisfactoriamente durante la década de los setenta pues se produjo un crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados internacionales que no agradó mucho e influyó negativamente en las economías “centrales”. En los años 1980, la contracción de la demanda internacional y el aumento de los tipos de interés desembocó la crisis de la deuda externa lo que exigió profundas modificaciones en la estrategia de desarrollo.

La variable integración en la actualidad tiene más vigencia que nunca, estamos los latino caribeños inmersos en un viejo andar, pero hoy toma aires de nuevo. Nuevos bríos ofrece la izquierda revitalizada en función de la unidad e integración latinoamericana. Cada país de acuerdo a sus características, está jugando un papel fundamental en la contienda integradora. Tratando de retomar el poder “perdido del Estado” a raíz de la aplicación de la política neoliberal en el mundo y específicamente en nuestro continente. Es muy bueno saber que nos estamos acercando en Latinoamérica y en el Caribe a la verdadera independencia.

Cuba, motor impulsor de ideas y de ejemplo de lucha, ha logrado unirse e integrarse con varios países latino caribeños, siendo esto muestra palpable de que la Integración es la mejor opción, para lograr la unidad y la Independencia.

Conclusiones.
El esfuerzo de los teóricos cepalinos por dar respuesta a los problemas económicos del continente y específicamente en la década del 60, debe tenerse en cuenta y como un gran referente en el camino de retomar el objetivo principal de desarrollo. El proceso de profundización de nuestras economías, desarrollados por estos pensadores, es el inicio de lo que sería un movimiento de discusión de las realidades latino caribeñas en busca de respuestas de los problemas de nuestros países.

A pesar de que el modelo de desarrollo de la CEPAL no cumplió sus objetivos tajantemente, varios de sus objetivos y métodos se encuentran vigentes, aunque adecuados al momento actual. Tenemos que desarrollarnos, industrializarnos por nuestros propios esfuerzos, y abogar un poco menos por la intervención de capital extranjero en nuestras economías, dándole al Estado el papel de planificador y regulador de las políticas económicas, políticas y sociales, y de principal redistribuidor de las ganancias a nivel de sociedad.

La integración latino caribeña es cada vez más necesaria, para sobrevivir al infierno capitalista, es la única vía que nos queda para poder salir del inmenso bache en que nos ha puesto el imperialismo. Desde la década del 60 hasta la actualidad los intentos de integración dan muestra de que los latino caribeños están despiertos y concientes de que la única alternativa de desarrollo viable en los momentos actuales es la Integración.

1 Martí José Obras completas. Editora de Ciencias Sociales. La Habana. Tomo 8.pp. 318-319.)

2 Periódico Granma. (La Habana. Cuba), 15 de junio de 1999, p 5. ).

3 El informe Equidad, Desarrollo y Ciudadanía elaborado y publicado por la CEPAL en el año 2000.

4 Edgardo Romero Fernández: “Los movimientos sociales latinoamericanos: Poder e integración en América Latina.” Articulo. Versión electrónica, Intranet facultad Ciencias Empresariales. UCLV.

5 Alfredo Seoanner Flores: “El proceso de Integración Regional, contexto general y dimensión económica del proceso de integración”

6 “Colectivo de autores: Economía Internacional, Tomo II, Editorial Félix Varela, La Habana, 1998.p9.

7 Roberto Muñoz González: Los procesos de integración en la Región Latino caribeña: inserción de Cuba y sus perspectivas.

8 Fidel Castro: Hacia una gran patria común. Editora Política, La Habana, 1991.pp5-

9 Tomás Borge, Un grano de maíz. Oficina de publicaciones del Consejo de Estado, 1992, p 169.

10 Informe Equidad, Desarrollo y Ciudadanía elaborado y publicado por la CEPAL en el año 2000.

11 Nils Castro, revista Temas No. 41-42:4-18, enero -junio 2005, Artículo” Las izquierdas latinoamericanas contemporáneas: observaciones a una trayectoria

 

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by Lena Esther Hernández Hernández

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Introducción.

En la historia de América Latina y el Caribe, cure encontramos la variable Integración expuesta a través del pensamiento de varios hombres previsores desde el siglo XVIII. Estos tenían ideas de lograr la unidad necesaria para obtener la independencia política.

Podemos mencionar a José Martí, cuando planteó que: “Pueblo y no pueblos, decimos de intento, por no parecernos que hay más que uno del bravo a la Patagonia. Una ha de ser, pues que lo es. América, aun cuando no quisiera serlo; y los hermanos que pelean, juntos al cabo de una colosal nación espiritual, se amarán luego. Solo hay en nuestros países una división visible, que cada pueblo, y aún cada hombre, lleva en sí, y es la división en pueblos egoístas de una parte, y de otra generosos. Pero así como de la amalgama de los dos pueblos elementos surge, triunfante y agigantando casi siempre, el ser humano bueno y cuerdo, así, para sombro de las edades y hogar amable de los hombres, de la fusión útil en que lo egoísta templa lo ilusorio, surgirá en el porvenir de la América, aunque no la divisen todavía los ojos débiles, la nación latina; ya no conquistadora, como en Roma, sino hospitalaria”. 1

Bolívar también fue un pensador y hombre luchador, en función de la independencia e integración latinoamericana. (…) “Bolívar soñaba con una América Latina unida en un Estado grande y poderoso, a partir de las similitudes que tenemos como ningún otro grupo de países en el mundo, de idioma, en primer lugar etnias de parecido origen. Creencias religiosas y cultura en general”. 2

Luego de lograr la independencia, el poder político fue asumido por élites locales, herederos del poder colonial, dominando durante el siglo XIX. No es hasta la primera mitad del siglo XX que se produce un acercamiento a la integración, perfilándose en Latinoamérica una aversión por la política panamericanista e intervencionista de EE.UU.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Latino Caribeños, buscaron caminos para su auto desarrollo económico y político, a través de una coordinación de las políticas económicas entre nuestros países, lideradas por la Comisión Económica para América latina (CEPAL).
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó en 1948 cinco comisiones económicas regionales con el objetivo de ayudar y colaborar con los gobiernos de la zona en la investigación y análisis de los temas económicos regionales y nacionales. Los ámbitos de actuación de las cinco comisiones son Europa, África, la región de Asia y el Pacífico, el Asia Occidental (Oriente Medio) y la América Latina. Pero ha sido precisamente esta última, la CEPAL, la más activa y la que ha alcanzado un mayor nivel de prestigio e influencia. En 1984 su campo de actuación fue ampliado para incluir la región del Caribe. 3

Desarrollo.
1.1 Cooperación, complemento de la Integración.

A través del desarrollo de la sociedad capitalista, se muestra cómo los países o regiones han tenido que ponerse de acuerdo en aspectos ya sean coyunturales o a largo plazo, para enfrentar las terribles consecuencias que sufren por la incidencia de la avaricia imperialista, y su afán de conquistar mercados, zonas de influencia, fuentes de materias primas, así como la obtención de mano de obra barata.

Gracias al progreso Científico Técnico, las fuerzas productivas han alcanzado un elevado nivel de desarrollo y las fronteras nacionales han quedado pequeñas para la explotación y obtención de ganancias, por lo que la exportación de capitales se muestra cada vez más vigente como un rasgo del imperialismo, y sus consecuencias para los países receptores del mismo, muchas veces son catastróficas en el sentido económico, político y social. Con esto se crean relaciones de interdependencia entre los países y se complementan sus economías y los Estados pertenecientes a una zona o región.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se crean organismos para reforzar las relaciones entre los países, tales como la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Es muy importante tener en cuenta que éstos van a trabajar en función de establecer relaciones en beneficio de las potencias imperialistas.

Debido a la situación de la economía mundial después de esta contienda guerrerista, los países tuvieron que buscar opciones para poder desarrollarse, y es ahí donde aparece la Cooperación, ésta tenía a su favor que había entrado en crisis el sistema colonial del imperialismo, así como el surgimiento del Campo Socialista y con él las relaciones establecidas entre sus miembros.

La Cooperación no es más que : acuerdos a que llegan dos o más países para abordar conjuntamente problemas determinados, sin tener necesariamente que interconectar sus economías, ni crear instituciones que se hagan cargo de esta interconexión.

La Cooperación, no implica Integración económica, es como una primera fase de ella. Surge por las condiciones objetivas del desarrollo de la sociedad capitalista que arrastró a los países a buscar alternativas de solución y de desarrollo en esa etapa de la historia. Solo cuando la Cooperación adquiere dinámica de proceso, es que da origen a la Integración.

Para entrar a analizar la variable integración y sus conceptos fundamentales plasmados en la teoría de los estudiosos del tema en Latinoamérica, hay que tener en cuenta la escuela de pensamiento, el enfoque político que le dan, así como la disciplina de la cual se parta.
En la Universidad Central de las Villas, de Cuba, varios profesionales estudian el tema, enfocándolo de manera diferente, por ejemplo, para Edgardo Romero Fernández “la integración en su sentido más abarcador y completo, el que por supuesto sobrepasa el estrecho pero imprescindible momento espacial y temporal de “lo económico”, constituye todo un largo proceso de construcción de una nueva forma de vida, de cultura, y por tanto de superación progresiva de los hegemonismos, la dominación, la excusión y por supuesto la explotación. ” 4

En este concepto no solo se trata la terminología económica, que aunque no deja de ser necesaria, no constituye para el autor el todo de la integración entre dos o más países, ya que hay que abarcar la influencia de ella en lo social, político, cultural y en la eliminación de todo lo que tenga que ver con la explotación y la dominación de terceros en sus intereses nacionales.

Según Alfredo Seoanner Flores economista boliviano, “la Integración constituye un proceso donde la partes, los Estados Nacionales, buscan unir elementos previamente dispersos, desarrollando acciones en le ámbito de la economía, política y actividad socio-cultural de los pueblos, con el propósito de liminar los factores de separación y desarrollar un sentido de solidaridad y pertenencia. Se trata de un proceso en el que dos o más colectividades, que están separadas por una frontera y un sistema jurídico institucional, constituyen andamiajes que buscan aminorar esos factores de separación y desarrollar una dinámica de convergencias que culminen con la integración plena”. 5
Esta autor aboga por la integración plena, constituyendo incluso coordinaciones en función de reducir los aspectos que lleven a la separación ya sea por fronteras entre países o por trabas jurídicas institucionales.
Hay autores que se centran en función de la integración económica, como Ramón Tamanes, cubano, que plantea que esta no es más que” un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales, previamente separados, y de dimensiones unitarias consideradas poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión más adecuada”. 6 6
Para Roberto Muñoz González, profesor de la UCLV, de Cuba, “la Integración es un proceso de creciente interpenetración de las estructuras, mediante un conjunto de arreglos institucionales acordados por un cierto número de países que deciden sustituir el estrecho marco de sus respectivos mercados nacionales, por uno mucho más amplio, gobernado por un conjunto de instituciones con un mayor o menor número de resortes supranacionales. “ 7

Fidel Castro, nuestro Comandante, siempre le ha dedicado tiempo al análisis del tema Integración latinoamericana, ha planteado que:” Si bien la integración ha de ser nuestra meta, es obvio que se trata de un objetivo que requiere de un proceso gradual que no culminará, aun con la voluntad y decisión con que se emprenda, en un lapso muy inmediato (…) Es preciso, además, la instauración de mecanismos permanentes de colaboración y la implementación de proyectos y programas concretos. De lo que se trataría sería de llevar a cada país lo mejor de las experiencias y los resultados de los demás en materia de desarrollo científico y tecnológico, la producción agropecuaria e industrial, la extensión y perfeccionamiento de la atención a la salud, la educación y demás servicios sociales, la protección del medio, la promoción de la cultura y cuantos otros terrenos sean susceptibles de un trabajo organizado y decidido de cooperación. “8
Fidel por su parte se enfoca en la cuestión política, prevaleciendo el carácter humanista de su pensamiento, siempre ha dejado claro que “América Latina no tiene otra alternativa digna, honrosa, de independencia, que la integración económica” 9

La gran mayoría de los autores consultados coinciden en que la integración es un proceso, en que dos o más partes se ponen de acuerdo para accionar ya sea en temas económicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos, aunque haya que romper barreras institucionales que lo impidan, con el objetivo de lograr un desarrollo siempre que ambas partes salgan beneficiadas.

1.2 La Integración Latino Caribeña en la década del sesenta. Aportes de Raúl Prebish como fundador de la CEPAL.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en 1948. Es en el 27 de julio de 1984 fue que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Gran parte de su prestigio lo debe a Raúl Prebish, el economista que dirigió la CEPAL durante sus primeros años y que enfocó el análisis del desarrollo económico de la región desde un punto de vista riguroso pero original, apartado de las corrientes económicas dominantes y muy enfocado a los problemas específicos de la región. 10

A partir de la segunda mitad de la década del 50, comenzaron a sistematizarse las propuestas relativas a la integración económica de América Latina, como parte de los análisis sobre los problemas del desarrollo de la región que la CEPAL venía realizando desde fines de la década anterior.

La integración Regional para la CEPAL se basaba en tres elementos interdependientes uno de ellos es alterar su política económica exterior, con el objetivo de mejorar su situación desventajosa y periférica ante la economía mundial, a través de un movimiento integrativo sub continental. Otro es que el modelo de sustitución de importaciones debería impulsar el desarrollo económico a través del proceso de industrialización, y el trecero es que el componente diplomático debería fotalecer la capacidad de negociación frente a los gremios internacionales.

La necesidad de la integración regional tenía como telón de fondo la oposición centro/periferia, o la teoría de la dependencia, así la restricción externa y la escasez de capital y de tecnología, que entonces constituían el eje central del pensamiento estructuralista latinoamericano, basado en el documento seminal de Raúl Prebisch: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas” (CEPAL, 1962).
Es en el año 1959 que se propone para América Latina la formación del Mercado Común Latinoamericano esta propuesta encontró oposición en el Gobierno de los Estados Unidos y no contaba con pleno respaldo del Gobierno de Argentina. A pesar de varios inconvenientes para la formación de este mercado, los países andinos se mantenían los propósitos de integración. Por su parte, los gobiernos de Centroamérica trataron de avanzar en la construcción de un mercado común para la subregión.

En 1960 se crea el Mercado Común Centroamericano(MCCA), y se dieron los primeros pasos para proporcionar la base de la cooperación y el comercio interregional mediante el Tratado de Managua de 1960 para lograr la integración económica entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que firmó el tratado en 1962. Pretendía el total desarme arancelario entre estos países e imponer un Arancel Externo Común (AEC) frente a los países no miembros.

El comercio entre los países de Centroamérica se incrementó de manera considerable desde 1960, con el funcionamiento del MCCA, se han podido derrivar barreras que dificultaban el comercio entre las naciones de la región, y también establecer tarifas comunes de exportación para muchos productos. El Banco Centroamericano de Integración Económica -una de sus principales instituciones de crédito- concede préstamos y financia proyectos de desarrollo.

En la década del 60 se creó el Grupo Andino, forma de integración regional entre países similares en relación a su desarrollo, se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio(ALALC), logrando no solo la expansión y diversificación del comercio regional, sino también en el entrelazamiento de sus economías nacionales, especialmente de sectores industriales.

Para impulsar los procesos de integración económica en la década del 60, trataron de recoger el ejemplo de otras regiones y las ideas de la época. Los nuevos procesos eran percibidos como un instrumento que podía contribuir al desarrollo y proteger el mercado interno y a la integración nacional de cada una de las economías involucradas, pues estas economías consideras aisladamente no se encontraban en condiciones de desarrollar una industria pujante y los mercados internos nacionales con que contaban eran limitados. Por eso un mercado ampliado era opción vital de desarrollo buscado. A través de la acción conjunta podían defender en el mercado mundial, los precios de los productos producidos en la región, podían luchar contra las discriminaciones comerciales y combatir el dumping. Además una acción coordinada frente a los organismos internacionales e inversores extranjeros facilitaría la defensa de las prioridades de desarrollo nacionales. Por tanto debían estimularse las negociaciones con otras naciones que llegaran a acuerdos bilaterales o regionales, para constituir un Mercado Común Latinoamericano.
La integración económica era un objetivo de la política económica del Desarrollismo, pero subordinado al fin de alcanzar el desarrollo económico nacional. En tal sentido la integración regional debía servir para diversificar, expandir, y tecnificar las respectivas economías, a fin de que superaran la etapa de producción primaria y avanzaran en el camino del Desarrollo. Se planteaba que la integración regional no era solo un problema económico, sino de carácter nacional, pues había que desarrollar horizontal y verticalmente una economía moderna. (CEPAL, 1969).

En Europa, los países involucrados en el proceso de formación del mercado común disponían ya de una plataforma industrial relativamente avanzada, en la visión elaborada por la CEPAL para América Latina la integración económica se vinculaba directamente con el logro de un nivel más alto de industrialización y abogaba por la reducción o eliminación de derechos aduaneros que existían de acuerdo a las políticas proteccionistas que prevalecían en la época. Para lograr este propósito, la industrialización tendría que proyectarse más allá del estrecho marco del proceso de sustitución de importaciones. La industrialización sustitutiva, por las condiciones en que se venía desarrollando -altos costos, encerramiento en mercados nacionales compartimentalizados, exagerada e indiscriminada protección, etc., ya se insinuaba como un proceso de alcances limitados a largo plazo, tanto en términos de sostenimiento del crecimiento económico y del aumento de la productividad general como en lo que se refiere a la solución del problema del estrangulamiento externo.

Los países de la región carecían de poder de negociación para modificar en su favor los términos desfavorables que caracterizaban sus relaciones comerciales y financieras con los países centrales. Por consiguiente, era necesario establecer una política común frente a los países industrializados e instituciones financieras internacionales, a partir de nuevas condiciones de negociación y del aumento de la competitividad de las exportaciones resultantes de la unión económica. Con ello se pretendía replantear los términos en que se desarrollaba el comercio de productos básicos, abrir el mercado de los países industrializados a las manufacturas producidas en los países en desarrollo y tornar menos gravosas las condiciones de la cooperación técnica y financiera del exterior.

La integración económica regional era considerada, en los documentos de la CEPAL como un vector estratégico para romper con la situación prevaleciente de insuficiente dinamismo y baja productividad de la economía latinoamericana.

La CEPAL es la que propone el inicio de una nueva era desarrollista, desde estos organismos se promovió un importante intervencionismo del Estado en políticas de desarrollo económico y social a través de estrategias de planificación y de nacionalización de los principales medios de producción y del sector productivo estratégico, se llevó a cabo la reforma agraria en distintos países de la región, se incrementaron la inversiones en infraestructura para el desarrollo y se practicó una política exterior más independiente y propensa al no alineamiento. 11

En varios países Latino Caribeños se logró la eliminación del monopolio oligárquico, se fortaleció el sector estatal de la economía, así como se nacionalizó la minería, el cobre, se trazaron políticas estatales en función del beneficio social, gracias a la aplicación de esta estrategia de desarrollo.

Las causas generales para el fracaso de los antiguos y concretos proyectos de integración en la región latino caribeña se resumen en: la falta de diversificación de los productos regionales, los acuerdos multilaterales en especial con relación a la ALALC, dificultaban el consenso, propiciando el fracaso del plan integrativo, además este proyecto de integración no contó con el apoyo internacional y los gobiernos autoritarios latinoamericanos la vieron como una amenaza para la seguridad nacional la aproximación de economías regionales.

A pesar de que esta estrategia funcionó satisfactoriamente durante la década de los setenta pues se produjo un crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados internacionales que no agradó mucho e influyó negativamente en las economías “centrales”. En los años 1980, la contracción de la demanda internacional y el aumento de los tipos de interés desembocó la crisis de la deuda externa lo que exigió profundas modificaciones en la estrategia de desarrollo.

La variable integración en la actualidad tiene más vigencia que nunca, estamos los latino caribeños inmersos en un viejo andar, pero hoy toma aires de nuevo. Nuevos bríos ofrece la izquierda revitalizada en función de la unidad e integración latinoamericana. Cada país de acuerdo a sus características, está jugando un papel fundamental en la contienda integradora. Tratando de retomar el poder “perdido del Estado” a raíz de la aplicación de la política neoliberal en el mundo y específicamente en nuestro continente. Es muy bueno saber que nos estamos acercando en Latinoamérica y en el Caribe a la verdadera independencia.

Cuba, motor impulsor de ideas y de ejemplo de lucha, ha logrado unirse e integrarse con varios países latino caribeños, siendo esto muestra palpable de que la Integración es la mejor opción, para lograr la unidad y la Independencia.

Conclusiones.
El esfuerzo de los teóricos cepalinos por dar respuesta a los problemas económicos del continente y específicamente en la década del 60, debe tenerse en cuenta y como un gran referente en el camino de retomar el objetivo principal de desarrollo. El proceso de profundización de nuestras economías, desarrollados por estos pensadores, es el inicio de lo que sería un movimiento de discusión de las realidades latino caribeñas en busca de respuestas de los problemas de nuestros países.

A pesar de que el modelo de desarrollo de la CEPAL no cumplió sus objetivos tajantemente, varios de sus objetivos y métodos se encuentran vigentes, aunque adecuados al momento actual. Tenemos que desarrollarnos, industrializarnos por nuestros propios esfuerzos, y abogar un poco menos por la intervención de capital extranjero en nuestras economías, dándole al Estado el papel de planificador y regulador de las políticas económicas, políticas y sociales, y de principal redistribuidor de las ganancias a nivel de sociedad.

La integración latino caribeña es cada vez más necesaria, para sobrevivir al infierno capitalista, es la única vía que nos queda para poder salir del inmenso bache en que nos ha puesto el imperialismo. Desde la década del 60 hasta la actualidad los intentos de integración dan muestra de que los latino caribeños están despiertos y concientes de que la única alternativa de desarrollo viable en los momentos actuales es la Integración.

1 Martí José Obras completas. Editora de Ciencias Sociales. La Habana. Tomo 8.pp. 318-319.)

2 Periódico Granma. (La Habana. Cuba), 15 de junio de 1999, p 5. ).

3 El informe Equidad, Desarrollo y Ciudadanía elaborado y publicado por la CEPAL en el año 2000.

4 Edgardo Romero Fernández: “Los movimientos sociales latinoamericanos: Poder e integración en América Latina.” Articulo. Versión electrónica, Intranet facultad Ciencias Empresariales. UCLV.

5 Alfredo Seoanner Flores: “El proceso de Integración Regional, contexto general y dimensión económica del proceso de integración”

6 “Colectivo de autores: Economía Internacional, Tomo II, Editorial Félix Varela, La Habana, 1998.p9.

7 Roberto Muñoz González: Los procesos de integración en la Región Latino caribeña: inserción de Cuba y sus perspectivas.

8 Fidel Castro: Hacia una gran patria común. Editora Política, La Habana, 1991.pp5-

9 Tomás Borge, Un grano de maíz. Oficina de publicaciones del Consejo de Estado, 1992, p 169.

10 Informe Equidad, Desarrollo y Ciudadanía elaborado y publicado por la CEPAL en el año 2000.

11 Nils Castro, revista Temas No. 41-42:4-18, enero -junio 2005, Artículo” Las izquierdas latinoamericanas contemporáneas: observaciones a una trayectoria

 

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by Lena Esther Hernández Hernández

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Introducción.
En la historia de América Latina y el Caribe, encontramos la variable Integración expuesta a través del pensamiento de varios hombres previsores desde el siglo XVIII. Estos tenían ideas de lograr la unidad necesaria para obtener la independencia política.


Podemos mencionar a José Martí, cuando planteó que: “Pueblo y no pueblos, decimos de intento, por no parecernos que hay más que uno del bravo a la Patagonia. Una ha de ser, pues que lo es. América, aun cuando no quisiera serlo; y los hermanos que pelean, juntos al cabo de una colosal nación espiritual, se amarán luego. Solo hay en nuestros países una división visible, que cada pueblo, y aún cada hombre, lleva en sí, y es la división en pueblos egoístas de una parte, y de otra generosos. Pero así como de la amalgama de los dos pueblos elementos surge, triunfante y agigantando casi siempre, el ser humano bueno y cuerdo, así, para sombro de las edades y hogar amable de los hombres, de la fusión útil en que lo egoísta templa lo ilusorio, surgirá en el porvenir de la América, aunque no la divisen todavía los ojos débiles, la nación latina; ya no conquistadora, como en Roma, sino hospitalaria”.
1

Bolívar también fue un pensador y hombre luchador, en función de la independencia e integración latinoamericana. (…) “Bolívar soñaba con una América Latina unida en un Estado grande y poderoso, a partir de las similitudes que tenemos como ningún otro grupo de países en el mundo, de idioma, en primer lugar etnias de parecido origen. Creencias religiosas y cultura en general”. 2

Luego de lograr la independencia, el poder político fue asumido por élites locales, herederos del poder colonial, dominando durante el siglo XIX. No es hasta la primera mitad del siglo XX que se produce un acercamiento a la integración, perfilándose en Latinoamérica una aversión por la política panamericanista e intervencionista de EE.UU.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Latino Caribeños, buscaron caminos para su auto desarrollo económico y político, a través de una coordinación de las políticas económicas entre nuestros países, lideradas por la Comisión Económica para América latina (CEPAL).
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas creó en 1948 cinco comisiones económicas regionales con el objetivo de ayudar y colaborar con los gobiernos de la zona en la investigación y análisis de los temas económicos regionales y nacionales. Los ámbitos de actuación de las cinco comisiones son Europa, África, la región de Asia y el Pacífico, el Asia Occidental (Oriente Medio) y la América Latina. Pero ha sido precisamente esta última, la CEPAL, la más activa y la que ha alcanzado un mayor nivel de prestigio e influencia. En 1984 su campo de actuación fue ampliado para incluir la región del Caribe.
3

Desarrollo.
1.1 Cooperación, complemento de la Integración.

A través del desarrollo de la sociedad capitalista, se muestra cómo los países o regiones han tenido que ponerse de acuerdo en aspectos ya sean coyunturales o a largo plazo, para enfrentar las terribles consecuencias que sufren por la incidencia de la avaricia imperialista, y su afán de conquistar mercados, zonas de influencia, fuentes de materias primas, así como la obtención de mano de obra barata.

Gracias al progreso Científico Técnico, las fuerzas productivas han alcanzado un elevado nivel de desarrollo y las fronteras nacionales han quedado pequeñas para la explotación y obtención de ganancias, por lo que la exportación de capitales se muestra cada vez más vigente como un rasgo del imperialismo, y sus consecuencias para los países receptores del mismo, muchas veces son catastróficas en el sentido económico, político y social. Con esto se crean relaciones de interdependencia entre los países y se complementan sus economías y los Estados pertenecientes a una zona o región.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial se crean organismos para reforzar las relaciones entre los países, tales como la Organización de Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial. Es muy importante tener en cuenta que éstos van a trabajar en función de establecer relaciones en beneficio de las potencias imperialistas.

Debido a la situación de la economía mundial después de esta contienda guerrerista, los países tuvieron que buscar opciones para poder desarrollarse, y es ahí donde aparece la Cooperación, ésta tenía a su favor que había entrado en crisis el sistema colonial del imperialismo, así como el surgimiento del Campo Socialista y con él las relaciones establecidas entre sus miembros.

La Cooperación no es más que : acuerdos a que llegan dos o más países para abordar conjuntamente problemas determinados, sin tener necesariamente que interconectar sus economías, ni crear instituciones que se hagan cargo de esta interconexión.

La Cooperación, no implica Integración económica, es como una primera fase de ella. Surge por las condiciones objetivas del desarrollo de la sociedad capitalista que arrastró a los países a buscar alternativas de solución y de desarrollo en esa etapa de la historia. Solo cuando la Cooperación adquiere dinámica de proceso, es que da origen a la Integración.

Para entrar a analizar la variable integración y sus conceptos fundamentales plasmados en la teoría de los estudiosos del tema en Latinoamérica, hay que tener en cuenta la escuela de pensamiento, el enfoque político que le dan, así como la disciplina de la cual se parta.
En la Universidad Central de las Villas, de Cuba, varios profesionales estudian el tema, enfocándolo de manera diferente, por ejemplo, para Edgardo Romero Fernández “la integración en su sentido más abarcador y completo, el que por supuesto sobrepasa el estrecho pero imprescindible momento espacial y temporal de “lo económico”, constituye todo un largo proceso de construcción de una nueva forma de vida, de cultura, y por tanto de superación progresiva de los hegemonismos, la dominación, la excusión y por supuesto la explotación. ” 4

En este concepto no solo se trata la terminología económica, que aunque no deja de ser necesaria, no constituye para el autor el todo de la integración entre dos o más países, ya que hay que abarcar la influencia de ella en lo social, político, cultural y en la eliminación de todo lo que tenga que ver con la explotación y la dominación de terceros en sus intereses nacionales.

Según Alfredo Seoanner Flores economista boliviano, “la Integración constituye un proceso donde la partes, los Estados Nacionales, buscan unir elementos previamente dispersos, desarrollando acciones en le ámbito de la economía, política y actividad socio-cultural de los pueblos, con el propósito de liminar los factores de separación y desarrollar un sentido de solidaridad y pertenencia. Se trata de un proceso en el que dos o más colectividades, que están separadas por una frontera y un sistema jurídico institucional, constituyen andamiajes que buscan aminorar esos factores de separación y desarrollar una dinámica de convergencias que culminen con la integración plena”. 5
Esta autor aboga por la integración plena, constituyendo incluso coordinaciones en función de reducir los aspectos que lleven a la separación ya sea por fronteras entre países o por trabas jurídicas institucionales.
Hay autores que se centran en función de la integración económica, como Ramón Tamanes, cubano, que plantea que esta no es más que” un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales, previamente separados, y de dimensiones unitarias consideradas poco adecuadas, se unen para formar un solo mercado (mercado común) de una dimensión más adecuada”. 6
6
Para Roberto Muñoz González, profesor de la UCLV, de Cuba, “la Integración es un proceso de creciente interpenetración de las estructuras, mediante un conjunto de arreglos institucionales acordados por un cierto número de países que deciden sustituir el estrecho marco de sus respectivos mercados nacionales, por uno mucho más amplio, gobernado por un conjunto de instituciones con un mayor o menor número de resortes supranacionales. “
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Fidel Castro, nuestro Comandante, siempre le ha dedicado tiempo al análisis del tema Integración latinoamericana, ha planteado que:” Si bien la integración ha de ser nuestra meta, es obvio que se trata de un objetivo que requiere de un proceso gradual que no culminará, aun con la voluntad y decisión con que se emprenda, en un lapso muy inmediato (…) Es preciso, además, la instauración de mecanismos permanentes de colaboración y la implementación de proyectos y programas concretos. De lo que se trataría sería de llevar a cada país lo mejor de las experiencias y los resultados de los demás en materia de desarrollo científico y tecnológico, la producción agropecuaria e industrial, la extensión y perfeccionamiento de la atención a la salud, la educación y demás servicios sociales, la protección del medio, la promoción de la cultura y cuantos otros terrenos sean susceptibles de un trabajo organizado y decidido de cooperación. “8
Fidel por su parte se enfoca en la cuestión política, prevaleciendo el carácter humanista de su pensamiento, siempre ha dejado claro que “América Latina no tiene otra alternativa digna, honrosa, de independencia, que la integración económica”
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La gran mayoría de los autores consultados coinciden en que la integración es un proceso, en que dos o más partes se ponen de acuerdo para accionar ya sea en temas económicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos, aunque haya que romper barreras institucionales que lo impidan, con el objetivo de lograr un desarrollo siempre que ambas partes salgan beneficiadas.

1.2 La Integración Latino Caribeña en la década del sesenta. Aportes de Raúl Prebish como fundador de la CEPAL.

La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) fue establecida en 1948. Es en el 27 de julio de 1984 fue que el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas decidió que la Comisión pasara a llamarse Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social. Gran parte de su prestigio lo debe a Raúl Prebish, el economista que dirigió la CEPAL durante sus primeros años y que enfocó el análisis del desarrollo económico de la región desde un punto de vista riguroso pero original, apartado de las corrientes económicas dominantes y muy enfocado a los problemas específicos de la región. 10

A partir de la segunda mitad de la década del 50, comenzaron a sistematizarse las propuestas relativas a la integración económica de América Latina, como parte de los análisis sobre los problemas del desarrollo de la región que la CEPAL venía realizando desde fines de la década anterior.

La integración Regional para la CEPAL se basaba en tres elementos interdependientes uno de ellos es alterar su política económica exterior, con el objetivo de mejorar su situación desventajosa y periférica ante la economía mundial, a través de un movimiento integrativo sub continental. Otro es que el modelo de sustitución de importaciones debería impulsar el desarrollo económico a través del proceso de industrialización, y el trecero es que el componente diplomático debería fotalecer la capacidad de negociación frente a los gremios internacionales.

La necesidad de la integración regional tenía como telón de fondo la oposición centro/periferia, o la teoría de la dependencia, así la restricción externa y la escasez de capital y de tecnología, que entonces constituían el eje central del pensamiento estructuralista latinoamericano, basado en el documento seminal de Raúl Prebisch: “El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas” (CEPAL, 1962).
Es en el año 1959 que se propone para América Latina la formación del Mercado Común Latinoamericano esta propuesta encontró oposición en el Gobierno de los Estados Unidos y no contaba con pleno respaldo del Gobierno de Argentina. A pesar de varios inconvenientes para la formación de este mercado, los países andinos se mantenían los propósitos de integración. Por su parte, los gobiernos de Centroamérica trataron de avanzar en la construcción de un mercado común para la subregión.

En 1960 se crea el Mercado Común Centroamericano(MCCA), y se dieron los primeros pasos para proporcionar la base de la cooperación y el comercio interregional mediante el Tratado de Managua de 1960 para lograr la integración económica entre Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, que firmó el tratado en 1962. Pretendía el total desarme arancelario entre estos países e imponer un Arancel Externo Común (AEC) frente a los países no miembros.

El comercio entre los países de Centroamérica se incrementó de manera considerable desde 1960, con el funcionamiento del MCCA, se han podido derrivar barreras que dificultaban el comercio entre las naciones de la región, y también establecer tarifas comunes de exportación para muchos productos. El Banco Centroamericano de Integración Económica -una de sus principales instituciones de crédito- concede préstamos y financia proyectos de desarrollo.

En la década del 60 se creó el Grupo Andino, forma de integración regional entre países similares en relación a su desarrollo, se creó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio(ALALC), logrando no solo la expansión y diversificación del comercio regional, sino también en el entrelazamiento de sus economías nacionales, especialmente de sectores industriales.


Para impulsar los procesos de integración económica en la década del 60, trataron de recoger el ejemplo de otras regiones y las ideas de la época. Los nuevos procesos eran percibidos como un instrumento que podía contribuir al desarrollo y proteger el mercado interno y a la integración nacional de cada una de las economías involucradas, pues estas economías consideras aisladamente no se encontraban en condiciones de desarrollar una industria pujante y los mercados internos nacionales con que contaban eran limitados. Por eso un mercado ampliado era opción vital de desarrollo buscado. A través de la acción conjunta podían defender en el mercado mundial, los precios de los productos producidos en la región, podían luchar contra las discriminaciones comerciales y combatir el dumping. Además una acción coordinada frente a los organismos internacionales e inversores extranjeros facilitaría la defensa de las prioridades de desarrollo nacionales. Por tanto debían estimularse las negociaciones con otras naciones que llegaran a acuerdos bilaterales o regionales, para constituir un Mercado Común Latinoamericano.
La integración económica era un objetivo de la política económica del Desarrollismo, pero subordinado al fin de alcanzar el desarrollo económico nacional. En tal sentido la integración regional debía servir para diversificar, expandir, y tecnificar las respectivas economías, a fin de que superaran la etapa de producción primaria y avanzaran en el camino del Desarrollo. Se planteaba que la integración regional no era solo un problema económico, sino de carácter nacional, pues había que desarrollar horizontal y verticalmente una economía moderna. (CEPAL, 1969).


En Europa, los países involucrados en el proceso de formación del mercado común disponían ya de una plataforma industrial relativamente avanzada, en la visión elaborada por la CEPAL para América Latina la integración económica se vinculaba directamente con el logro de un nivel más alto de industrialización y abogaba por la reducción o eliminación de derechos aduaneros que existían de acuerdo a las políticas proteccionistas que prevalecían en la época. Para lograr este propósito, la industrialización tendría que proyectarse más allá del estrecho marco del proceso de sustitución de importaciones. La industrialización sustitutiva, por las condiciones en que se venía desarrollando -altos costos, encerramiento en mercados nacionales compartimentalizados, exagerada e indiscriminada protección, etc., ya se insinuaba como un proceso de alcances limitados a largo plazo, tanto en términos de sostenimiento del crecimiento económico y del aumento de la productividad general como en lo que se refiere a la solución del problema del estrangulamiento externo.

Los países de la región carecían de poder de negociación para modificar en su favor los términos desfavorables que caracterizaban sus relaciones comerciales y financieras con los países centrales. Por consiguiente, era necesario establecer una política común frente a los países industrializados e instituciones financieras internacionales, a partir de nuevas condiciones de negociación y del aumento de la competitividad de las exportaciones resultantes de la unión económica. Con ello se pretendía replantear los términos en que se desarrollaba el comercio de productos básicos, abrir el mercado de los países industrializados a las manufacturas producidas en los países en desarrollo y tornar menos gravosas las condiciones de la cooperación técnica y financiera del exterior.

La integración económica regional era considerada, en los documentos de la CEPAL como un vector estratégico para romper con la situación prevaleciente de insuficiente dinamismo y baja productividad de la economía latinoamericana.

La CEPAL es la que propone el inicio de una nueva era desarrollista, desde estos organismos se promovió un importante intervencionismo del Estado en políticas de desarrollo económico y social a través de estrategias de planificación y de nacionalización de los principales medios de producción y del sector productivo estratégico, se llevó a cabo la reforma agraria en distintos países de la región, se incrementaron la inversiones en infraestructura para el desarrollo y se practicó una política exterior más independiente y propensa al no alineamiento. 11

En varios países Latino Caribeños se logró la eliminación del monopolio oligárquico, se fortaleció el sector estatal de la economía, así como se nacionalizó la minería, el cobre, se trazaron políticas estatales en función del beneficio social, gracias a la aplicación de esta estrategia de desarrollo.

Las causas generales para el fracaso de los antiguos y concretos proyectos de integración en la región latino caribeña se resumen en: la falta de diversificación de los productos regionales, los acuerdos multilaterales en especial con relación a la ALALC, dificultaban el consenso, propiciando el fracaso del plan integrativo, además este proyecto de integración no contó con el apoyo internacional y los gobiernos autoritarios latinoamericanos la vieron como una amenaza para la seguridad nacional la aproximación de economías regionales.

A pesar de que esta estrategia funcionó satisfactoriamente durante la década de los setenta pues se produjo un crecimiento generalizado del precio de las materias primas en los mercados internacionales que no agradó mucho e influyó negativamente en las economías “centrales”. En los años 1980, la contracción de la demanda internacional y el aumento de los tipos de interés desembocó la crisis de la deuda externa lo que exigió profundas modificaciones en la estrategia de desarrollo.

La variable integración en la actualidad tiene más vigencia que nunca, estamos los latino caribeños inmersos en un viejo andar, pero hoy toma aires de nuevo. Nuevos bríos ofrece la izquierda revitalizada en función de la unidad e integración latinoamericana. Cada país de acuerdo a sus características, está jugando un papel fundamental en la contienda integradora. Tratando de retomar el poder “perdido del Estado” a raíz de la aplicación de la política neoliberal en el mundo y específicamente en nuestro continente. Es muy bueno saber que nos estamos acercando en Latinoamérica y en el Caribe a la verdadera independencia.

Cuba, motor impulsor de ideas y de ejemplo de lucha, ha logrado unirse e integrarse con varios países latino caribeños, siendo esto muestra palpable de que la Integración es la mejor opción, para lograr la unidad y la Independencia.

Conclusiones.
El esfuerzo de los teóricos cepalinos por dar respuesta a los problemas económicos del continente y específicamente en la década del 60, debe tenerse en cuenta y como un gran referente en el camino de retomar el objetivo principal de desarrollo. El proceso de profundización de nuestras economías, desarrollados por estos pensadores, es el inicio de lo que sería un movimiento de discusión de las realidades latino caribeñas en busca de respuestas de los problemas de nuestros países.

A pesar de que el modelo de desarrollo de la CEPAL no cumplió sus objetivos tajantemente, varios de sus objetivos y métodos se encuentran vigentes, aunque adecuados al momento actual. Tenemos que desarrollarnos, industrializarnos por nuestros propios esfuerzos, y abogar un poco menos por la intervención de capital extranjero en nuestras economías, dándole al Estado el papel de planificador y regulador de las políticas económicas, políticas y sociales, y de principal redistribuidor de las ganancias a nivel de sociedad.

La integración latino caribeña es cada vez más necesaria, para sobrevivir al infierno capitalista, es la única vía que nos queda para poder salir del inmenso bache en que nos ha puesto el imperialismo. Desde la década del 60 hasta la actualidad los intentos de integración dan muestra de que los latino caribeños están despiertos y concientes de que la única alternativa de desarrollo viable en los momentos actuales es la Integración.

1 Martí José Obras completas. Editora de Ciencias Sociales. La Habana. Tomo 8.pp. 318-319.)

2 Periódico Granma. (La Habana. Cuba), 15 de junio de 1999, p 5. ).

3 El informe Equidad, Desarrollo y Ciudadanía elaborado y publicado por la CEPAL en el año 2000.

4 Edgardo Romero Fernández: “Los movimientos sociales latinoamericanos: Poder e integración en América Latina.” Articulo. Versión electrónica, Intranet facultad Ciencias Empresariales. UCLV.

5 Alfredo Seoanner Flores: “El proceso de Integración Regional, contexto general y dimensión económica del proceso de integración”

6 “Colectivo de autores: Economía Internacional, Tomo II, Editorial Félix Varela, La Habana, 1998.p9.

7 Roberto Muñoz González: Los procesos de integración en la Región Latino caribeña: inserción de Cuba y sus perspectivas.

8 Fidel Castro: Hacia una gran patria común. Editora Política, La Habana, 1991.pp5-

9 Tomás Borge, Un grano de maíz. Oficina de publicaciones del Consejo de Estado, 1992, p 169.

10 Informe Equidad, Desarrollo y Ciudadanía elaborado y publicado por la CEPAL en el año 2000.

11 Nils Castro, revista Temas No. 41-42:4-18, enero -junio 2005, Artículo” Las izquierdas latinoamericanas contemporáneas: observaciones a una trayectoria


Samuel Pinheiro Guimarães

A importância essencial da América do Sul

1.A América do Sul se encontra, necessária e inarredavelmente, try no centro da política externa brasileira. Por sua vez, o núcleo da política brasileira na América do Sul está no Mercosul. E o cerne da política brasileira no Mercosul tem de ser, sem dúvida, a Argentina. A integração entre o Brasil e a Argentina e seu papel decisivo na América do Sul deve ser o objetivo mais certo, mais constante, mais vigoroso das estratégias políticas e econômicas tanto do Brasil quanto da Argentina. Qualquer tentativa de estabelecer diferentes prioridades para a política externa brasileira, e mesmo a atenção insuficiente a esses fundamentos, certamente provocará graves conseqüências e correrá sério risco de fracasso.

2        A África Ocidental, com seus 23 Estados ribeirinhos, inclusive os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, é a fronteira atlântica do Brasil, continente a que estamos unidos pela história, pelo sangue, pela cultura, pelo colonialismo e pela semelhança de desafios. A Ásia é o novo centro dinâmico da economia mundial, fonte de lucros inesgotáveis para as megaempresas ocidentais e destino de uma das maiores migrações de capital e tecnologia avançada da História. A Europa e a América do Norte são para o Brasil, como para qualquer ex-colônia e para eventuais pretendentes a colônia, as áreas tradicionais de vinculação política, econômica e cultural. Porém, por mais importantes que sejam, como aliás são, os vínculos e os interesses atuais e potenciais brasileiros com todas essas áreas e por melhores que sejam com os Estados que as integram as nossas relações, a política externa não poderá ser eficaz se não estiver ancorada na política brasileira na América do Sul. As características da situação geopolítica do Brasil, isto é, seu território, sua localização geográfica, sua população, suas fronteiras, sua economia, assim como a conjuntura e a estrutura do sistema mundial, tornam a prioridade sul-americana uma realidade essencial.

3        O cenário econômico mundial se caracteriza pela simultânea globalização e gradual formação de grandes blocos de Estados na Europa, na América do Norte e na Ásia; pelo acelerado progresso científico e tecnológico, em especial nas áreas da informática e da biotecnologia, com sua vinculação às despesas e atividades militares; pela concentração do capital e oligopolização de mercados, medida pelo número de fusões e aquisições que passaram de 9 mil, no valor de US$ 850 bilhões, em 1995, para 33 mil, no valor de quase 4 trilhões de dólares, em 2006, e pela financeirização da economia, pois os ativos ( ações, títulos e depósitos) financeiros passaram de 109% da produção mundial, em 1980, para 316% em 2005; pela transformação dos mercados de trabalho e pela pressão permanente para reverter os direitos dos trabalhadores; pela acelerada degradação ambiental; pela insegurança energética e pelas migrações. O cenário político mundial se caracteriza pela concentração de poder político, militar, econômico, tecnológico e ideológico nos países altamente desenvolvidos; pelo arbítrio e pela violência das Grandes Potências; pela ameaça real, e sua utilização oportunista, do terrorismo; pelo desrespeito aos princípios de não-intervenção e de autodeterminação de parte das Grandes Potências políticas, econômicas e militares; pelo individualismo dos Estados ricos e a insuficiente e cadente cooperação internacional; pela emergência da China, como potência econômica e política, regional e mundial.

4        Os Estados no centro do sistema mundial, cada vez mais ricos e poderosos, pois a diferença de renda entre Estados ricos e pobres passou de 1 para 4 em 1914 para 1 para 7 em 2000, porém vinculados às economias periféricas quanto a recursos estratégicos e mercados e com uma população cadente, procuram, por meio de negociações internacionais, definir normas e regimes que permitam preservar e até ampliar sua situação privilegiada no centro do sistema militar, político, econômico e tecnológico que é o resultado, por um lado, da II Guerra Mundial e dos regimes coloniais e, por outro lado, do êxito de seus esforços nacionais, em especial na esfera científica e tecnológica. Nesse processo, sua capacidade de articular ideologias e de apresentar “soluções” como benéficas a toda a “comunidade internacional” é extraordinária e importantíssima pois é a base de sua estratégia de arregimentação de Estados e de elites periféricas cooptadas para alcançar seus objetivos nacionais, vestidos com a capa de objetivos da humanidade.

5        Neste cenário violento e instável de grandes blocos, multipolar, há uma tendência a que países pequenos e até médios venham a ser absorvidos, mais ou menos formalmente, pelos grandes Estados e economias aos quais ou se encontram tradicionalmente vinculados por laços de origem colonial ou estão em sua esfera de influência histórica, como no caso da América Central; ou tenham feito parte de seu território, como no caso dos países que formam a Comunidade de Estados Independentes – CEI; ou se vinculam por laços étnicos e culturais, como no caso da diáspora chinesa na Ásia.

6        Os países médios que constituem a América do Sul se encontram diante do dilema ou de se unirem e assim formarem um grande bloco de 17 milhões de Km2 e de 400 milhões de habitantes para defender seus interesses inalienáveis de aceleração do desenvolvimento econômico, de preservação de autonomia política e de identidade cultural, ou de serem absorvidos como simples periferias de outros grandes blocos, sem direito à participação efetiva na condução dos destinos econômicos e políticos desses blocos, os quais são definidos pelos países que se encontram em seu centro. A questão fundamental é que as características, a evolução histórica e os interesses dos Estados poderosos que se encontram no centro dos esquemas de integração são distintos daqueles dos países subdesenvolvidos que a eles se agregam através de tratados de livre comércio, ou que nome tenham, os quais ficam assim sujeitos às conseqüências das decisões estratégicas dos países centrais que podem ou não atender às suas necessidades históricas.

7        Os desafios sul-americanos diante desse dilema, que é decisivo, são enormes: superar os obstáculos que decorrem das grandes assimetrias que existem entre os países da região, sejam elas de natureza territorial, demográfica, de recursos naturais, de energia, de níveis de desenvolvimento político, cultural, agrícola, industrial e de serviços; enfrentar com persistência as enormes disparidades sociais que são semelhantes em todos esses países; realizar o extraordinário potencial econômico da região; dissolver os ressentimentos e as desconfianças históricas que dificultam sua integração.

8        As assimetrias territoriais são extraordinárias. Na América do Sul convivem países como o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados; como a Argentina, com seus 3,7 milhões de quilômetros quadrados e em seguida outros dez países, cada um com território inferior a 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Três dos países da região se encontram voltados exclusivamente para o Pacífico, três se debruçam sobre o Oceano Atlântico, quatro são caribenhos e dois são mediterrâneos. O Brasil tem 15.735 km de fronteiras com nove Estados vizinhos, enquanto a Argentina, a Bolívia e o Peru têm fronteiras com cinco vizinhos. Devido a essas circunstâncias geográficas, os pontos de vista geopolíticos de cada país são inicialmente distintos, o que se agrava pelo fato de até recentemente – e mesmo até hoje –  terem estado separados os países da região pela Cordilheira, pela floresta, pelas distâncias e pelos imensos vazios demográficos.

9        O Brasil tem 190 milhões de habitantes, que correspondem a cerca de 50% da população da América do Sul, enquanto o segundo maior país em população, que é a Colômbia, tem 46 milhões de habitantes e o terceiro, a Argentina, tem 39 milhões. As taxas de crescimento demográfico variam de 3% no Paraguai a 0,7 % no Uruguai. A América do Sul viveu nos últimos anos um processo acelerado de urbanização, com o surgimento de megalópoles que concentram grandes parcelas da população total de cada país, e que exibem periferias paupérrimas e violentas. Há significativas populações de deslocados internos no Peru, como conseqüência da luta feroz contra a insurreição do Sendero Luminoso, e de refugiados, como no caso de colombianos na Venezuela e no Equador. No passado, as ditaduras e os regimes militares provocaram o exílio de numerosos militantes políticos, intelectuais, operários e sindicalistas, com grave prejuízo para o desenvolvimento político dos países mais afetados. Ademais, durante algumas décadas o reduzido ritmo de crescimento econômico provocou movimentos migratórios significativos dos países da região em direção aos Estados Unidos e à Europa Ocidental. Há um milhão de uruguaios vivendo fora do Uruguai enquanto três milhões se encontram no país. Há 400 mil equatorianos na Espanha e 4 milhões de brasileiros no exterior. Ao mesmo tempo, há grandes espaços despovoados na América do Sul, onde a densidade demográfica é inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, enquanto nas megalópoles a densidade populacional atinge mais de 10.000 habitantes por quilômetro quadrado. A América do Sul exibe índices de concentração de renda e de riqueza, de pobreza e de indigência, de opulência e luxo, contrastes espantosos entre riquíssimas mansões e palafitas miseráveis, entre excelentes hospitais privados e hospitais públicos decadentes, entre escolas de Primeiro Mundo e pardieiros escolares. Todavia, conta a América do Sul com as vantagens da ausência de conflitos raciais agudos, ainda que ocorra discriminação racial; com a presença dominante de idiomas de comum origem ibérica, ainda que em alguns países existam idiomas indígenas que conseguiram sobreviver; com a ausência de conflitos religiosos e predominância católica ao lado da rápida expansão das igrejas protestantes; com uma população grande, mas que não é excessiva, como em certos países asiáticos. O desafio que representa a emergência das populações indígenas historicamente oprimidas e seus efeitos para as relações políticas entre os países da América do Sul vão exigir, todavia, especial atenção e habilidade.

10      A América do Sul é uma região extremamente rica em recursos naturais, que se encontram distribuídos de forma muito desigual entre os diversos países. Enquanto o Brasil tem as maiores reservas mundiais de minério de ferro de excelente teor, a Argentina não as tem em volume suficiente. A Argentina dispõe de terras aráveis de extraordinária fertilidade, em contraste com o Chile. A Colômbia possui grandes reservas de carvão de boa qualidade e o Brasil as tem poucas e pobres. A Venezuela tem a sexta maior reserva de petróleo e a nona maior reserva de gás do mundo enquanto que, em todos os países do Cone Sul, inclusive no Brasil, são elas insuficientes para sustentar o ritmo de desenvolvimento, talvez de 7% a/a, necessário à absorção produtiva dos estoques históricos de mão-de-obra desempregada e subempregada e dos que chegam anualmente ao mercado. A Bolívia detém jazidas de gás que correspondem a duas vezes as brasileiras, mas tem sérias dificuldades para ampliar sua exploração. O Chile explora as maiores reservas conhecidas de minério de cobre do mundo, responsável por 40 % de suas exportações. O Paraguai ostenta um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, em especial quando calculado em termos per capita, mas ainda não teve êxito em utilizá-lo para acelerar seu desenvolvimento. O Suriname tem a maior reserva de bauxita do planeta, ainda pouco explorada.

11      Encontra-se na América do Sul a maior floresta tropical do mundo, um tema central no debate político sobre o efeito estufa e suas conseqüências para o clima, e o maior estoque de biodiversidade do planeta, o qual é de grande importância para a renovação da agricultura e para a indústria farmacêutica; uma parcela importante das reservas de água doce do planeta, recurso cada vez mais estratégico e causa já de conflitos em certas regiões do globo, e o maior lençol de águas subterrâneas, o Aqüífero Guarani, que subjaz os territórios do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai.

 

As políticas econômicas

12      Os choques do petróleo (1973 e 1979), o endividamento excessivo e o súbito aumento das dívidas externas acarretaram crises e estagnação econômica que contribuíram para o fim dos regimes militares na América do Sul, em meados da década de 80. A vitória do neoliberalismo monetarista nos Estados Unidos e Reino Unido, a partir de Ronald Reagan (1981-1989) e Margaret Thatcher (1979-1990), e a renegociação da dívida externa (Plano Brady) forçaram aos países subdesenvolvidos a adoção de políticas de abertura comercial e financeira, desregulamentação e privatização, com base nos princípios do chamado Consenso de Washington. Essas políticas levaram a resultados desastrosos em países que nelas se envolveram mais a fundo, como foram o caso do Equador, da Bolívia e da Argentina, e deixaram seqüelas importantes em países como o Brasil, o Uruguai e a Venezuela.

13      Tais políticas neoliberais agravaram a já elevada concentração de renda e de riqueza, ampliaram o desemprego, contribuíram para a violência urbana, provocaram a fragilização do Estado e dos serviços públicos, o que levou por sua vez à gradual emergência de importantes movimentos políticos e sociais que passaram a preconizar (explícita ou implicitamente) a revisão do modelo econômico e social neoliberal.

14      Os países da América do Sul, em conseqüência das políticas neoliberais que determinaram a redução negociada e às vezes até unilateral de suas tarifas aduaneiras, a privatização de suas empresas estatais e a liberalização de seus mercados de capital, aumentaram suas importações de produtos industriais dos países desenvolvidos e o ingresso descontrolado de capitais estrangeiros. Essas políticas levaram à desindustrialização em maior ou menor grau, à maior influência do capital multinacional e à desnacionalização de importantes setores de suas economias, em especial do setor financeiro, com efeitos econômicos, e inclusive políticos, significativos.

15      Essa maior integração, porém de natureza passiva, dos países sul-americanos na economia mundial é radicalmente distinta da integração na economia global que ocorre com os países altamente desenvolvidos ou com certos países emergentes, como a Coréia. Nesses últimos casos, essa maior integração se verifica através da internacionalização das atividades de suas grandes empresas de atuação multinacional mas de capital nacional, bem como de suas exportações de alto conteúdo tecnológico enquanto que, no caso dos países sul-americanos, se verifica através da maior participação de megaempresas multinacionais em suas economias, já que não possuem esses últimos países (com raras exceções) grandes empresas capazes de se internacionalizarem, e da expansão de suas exportações de “commodities”.

16      Em decorrência, os países da América do Sul retomaram, voluntária ou involuntariamente, sua especialização histórica na exportação de produtos primários, tradicionais ou novos, com maior grau, por vezes, de elaboração, para atender à demanda dos países altamente desenvolvidos e da China. Assim, grosso modo, sua agricultura se sofisticou e passou a ser denominada de agribusiness; sua indústria foi adquirida ou cerrou suas portas em um processo de desindustrialização/desnacionalização e muitas de suas empresas de serviços, em especial as empresas modernas e aquelas do setor financeiro, foram adquiridas por megaempresas multinacionais.

17      A capacidade de utilizar tradicionais instrumentos de promoção do desenvolvimento econômico, que aliás tinham sido amplamente usados pelos países hoje desenvolvidos no início de seu processo de desenvolvimento (i.e. de seu processo de industrialização), foi abandonada pelos países da América do Sul na Rodada Uruguai, quando aceitaram normas sobre disciplina do capital estrangeiro as quais proíbem políticas tais como a nacionalização de insumos, o estabelecimento de metas de exportação e o reinvestimento de parte dos lucros; ou que estabelecem normas sobre propriedade intelectual que ampliaram os prazos de patentes e estabelecem patentes sobre fármacos, dificultando de fato o desenvolvimento tecnológico e gerando enormes remessas financeiras. Este abandono dos instrumentos econômicos tradicionais de uso do Estado, assim como a confiança excessiva desses países no livre jogo das forças de mercado contribuíram para que viessem a ter seu ritmo de crescimento reduzido ou estagnado. Por outro lado, a derrocada ideológica do Welfare State nos países desenvolvidos fez com que os países sul-americanos também contraíssem ou desarticulassem os seus programas sociais, o que contribuiu para agravar a concentração de renda e de propriedade e para a pequena expansão de seu mercado interno.

18      Assim, em grande parte se explicam as baixas taxas de crescimento na América do Sul, das décadas de 80 e 90, quando comparadas às de alguns países da Ásia, e a eventual derrocada dos governos neoliberais na Argentina, no Brasil, no Chile, na Bolívia, no Equador e na Venezuela. Nos últimos anos, surgiram na América do Sul governos que procuram manter as políticas de austeridade fiscal e de controle inflacionário enquanto tentam ressuscitar o Estado como agente suplementar do desenvolvimento econômico e como agente de redução da desigualdade social, diante das enormes injustiças e das pressões dos segmentos historicamente oprimidos em suas sociedades.

O bloco sul-americano

19      A atual experiência de integração sul-americana tem distintas origens, motivações e paralelos históricos. Em primeiro lugar, o trauma da desintegração dos Vice-Reinados do Império espanhol a partir de 1810, a desintegração posterior da Grã Colômbia em 1830, e a sobrevivência da utopia de unidade latino-americana, preconizada pelo Libertador Simon Bolívar. Segundo, a tentativa do notável economista argentino, Raul Prebisch, de explicar as razões do desenvolvimento na América do Norte em confronto com o atraso sul-americano levou à formulação da teoria estruturalista pela Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL. Prebisch encontrou essas razões nas características das economias primário-exportadoras sul-americanas e na natureza de seu processo de incorporação do progresso tecnológico; na reduzida dimensão e no isolamento de cada mercado nacional; na deterioração secular dos termos de intercâmbio; na importância da industrialização como estratégia para a transformação econômica. Em terceiro lugar, a percepção de êxito da experiência de planejamento econômico e de industrialização acelerada vivida pela União Soviética, da experiência keynesiana e da planificação de guerra norte-americana e, finalmente, as políticas de economia mista e de planejamento indicativo dos governos socialistas europeus após a II Guerra Mundial. Quarto, na experiência de construção da Comunidade Econômica Européia, fundada na integração de mercados, na elaboração de políticas comuns e no financiamento pelos países mais ricos do esforço de redução de assimetrias entre as economias participantes.

20      Este conjunto de experiências inspirou os programas de desenvolvimento econômico com base na industrialização, em especial no Brasil durante o Governo Juscelino Kubitschek, as propostas da CEPAL de constituição de um mercado comum latino-americano, as propostas argentinas de criação de uma área de livre comércio que reunificasse economicamente as partes do antigo Vice-Reinado do Prata, e estimulou à constituição em 1960 da Associação Latino-Americana de Livre Comércio – ALALC.

21      Naturalmente, ao processo de integração da América do Sul e do Cone Sul subjazia a latente rivalidade entre Brasil e Argentina por influência política na região do Rio da Prata, os resquícios de um passado de lutas e a lembrança da inicial predominância industrial argentina. E outros ressentimentos decorrentes de conflitos e quase-conflitos passados, como entre Chile e Argentina; entre Bolívia, Chile e Peru; entre Peru e Equador; entre Colômbia e Venezuela, entre a Bolívia e o Paraguai, entre Brasil e Paraguai e entre Brasil e Bolívia.

22      A Associação Latino Americana de Livre Comércio, criada em 1960, e cuja meta era eliminar todas as barreiras ao comércio entre os Estados membros até 1980, encontrou obstáculos causados pelas políticas nacionais de substituição de importações e de industrialização e, mais tarde, pelas políticas de controle de importações para enfrentar as súbitas crises do petróleo que acarretaram inéditos déficits comerciais que atingiram os países importadores de energia, em especial o Brasil.

23      A partir de 1965, o Convênio de Créditos Recíprocos (CCR) entre os países da ALALC, e mais a República Dominicana, passa a permitir o comércio sem o uso imediato de divisas fortes, através de um sistema quadrimestral de compensação multilateral de créditos que funcionou com grande êxito sem que ocorresse nenhum caso de “default” até a década de 1980, quando foi progressivamente desativado pelos novos tecnocratas que vieram a ocupar os Bancos Centrais dos países da região, na esteira do período de governos neoliberais.

24      Em 1969, os países andinos celebraram o Pacto Andino (mais tarde CAN) como um projeto mais audacioso de integração e de planejamento do desenvolvimento, prevendo inclusive a alocação espacial de indústrias entre os Estados membros e a elaboração de políticas comuns, inclusive no campo do investimento estrangeiro.

25      Em 1980, a estagnação das negociações comerciais levou a substituição da ALALC pela Associação Latino Americana de Integração (ALADI). O Tratado de Montevidéu (80) incorporou o “patrimônio” de reduções tarifárias bilaterais, permitiu a negociação de acordos bilaterais de preferências, com a perspectiva de sua eventual convergência, e tornou possível a concessão de preferências bilaterais ao abrigo da “enabling clause” do então GATT.

26      Em 1985, Brasil e Argentina decidiram lançar um processo de integração bilateral gradual, com o objetivo central de promover o desenvolvimento econômico, a que se juntaram, em 1991, Paraguai e Uruguai, formando-se assim o Mercosul. Este último surgiu como um projeto enquadrado na concepção do Consenso de Washington do livre comércio como instrumento único e suficiente para a promoção do desenvolvimento, redução das desigualdades sociais e geração de empregos, na melhor tradição das Escolas de Manchester e de Chicago.

27      Após a conclusão do NAFTA em 1994, em que o México na prática abandonou a ALADI, os Estados Unidos, no contexto da Cúpula das Américas, lançaram um projeto ambicioso de negociação de uma Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). Esse projeto, na realidade, mais do que uma área de livre comércio de bens, criaria um território econômico único nas Américas, com a livre movimentação de bens, serviços e capital (mas não de mão-de-obra ou tecnologia) e estabeleceria regras uniformes ainda mais restritivas à execução de políticas nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico, já que as propostas originais eram OMC-Plus e NAFTA-plus (e parecem continuar a ser tais como revelam os textos dos tratados bilaterais de livre comércio, celebrados pelos Estados Unidos).

28      Apesar das declarações diplomáticas feitas na ocasião, e reiteradas posteriormente, de que a ALCA não afetaria os projetos de integração regional como a Comunidade Andina e o Mercosul, estava claro que a eventual concretização da ALCA eliminaria de fato a possibilidade de formação de um bloco econômico e político sul-americano.

29      Após o início das negociações da ALCA, e diante da extrema desigualdade de forças políticas e econômicas entre os países participantes, a negociação se interrompeu em 2004, após os Estados Unidos terem retirado os temas agrícolas e de defesa comercial (antidumping e subsídios) levando-os para o âmbito da OMC sob o pretexto de ser necessária uma negociação mais abrangente, inclusive com a União Européia. Em conseqüência e para equilibrar as negociações, o Mercosul considerou que os temas de investimento, compras governamentais e serviços deveriam também passar para o âmbito da Rodada de Doha na OMC e propôs aos Estados Unidos a negociação de um acordo do tipo 4+1, no campo do comércio de bens, proposta até hoje sem resposta, ou melhor, cuja resposta prática tem sido a firme atividade norte-americana de negociação de acordos bilaterais de livre comércio (na realidade com escopos muito mais amplos) com os países da América Central, a Colômbia, o Peru e (quase) com o Equador.

30      Paralelamente, o Mercosul empreendeu a negociação e celebrou acordos de livre comércio com o Chile (1995), com a Bolívia (1996), com a Venezuela, Equador e Colômbia (2004), e com o Peru (2005), que se referem exclusivamente ao comércio de bens e não incluem o comércio de serviços, compras governamentais, regras sobre investimentos, propriedade intelectual, etc.

31      Em 2002, o Congresso dos Estados Unidos tinha aprovado o ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) pelo qual concederiam unilateralmente preferências comerciais, sem reciprocidade de parte dos beneficiários, para listas de produtos de países andinos em troca da execução de programas de erradicação das plantações de coca. O resultado da aplicação durante cinco anos dessa lei foi, de um lado, expandir as exportações de tais produtos desses países para os Estados Unidos e, de outro, ensejar o surgimento nesses países de grupos de interesses empresariais locais favoráveis à negociação de acordos de livre comércio com os Estados Unidos quando se encerrasse o prazo de vigência daquele Ato.

32      Posteriormente, foi lançada em 2004, em Cuzco, o projeto de formação de uma Comunidade Sul-Americana de Nações, hoje denominada UNASUL, organização que se pretenderia semelhante à União Africana, na África; à União Européia na Europa; à ASEAN, na Ásia; e ao MCCA, na América Central. As negociações para concretizar a UNASUL têm encontrado três distintas resistências: primeiro, a de países que celebraram acordos de livre comércio com os Estados Unidos; segundo, a de países que dão prioridade ao fortalecimento do Mercosul e que acreditam que o Brasil estaria “trocando” o Mercosul pela UNASUL; terceiro, a de países que consideram ser necessário uma organização mais audaciosa, com base na solidariedade e na cooperação e não naquilo que consideram ser o individualismo “mercantilista” das preferências comerciais, dos projetos de investimento e do livre comércio.

A Argentina e a estratégia de integração brasileira

33      Não há a menor possibilidade de construção de um espaço econômico e político sul-americano (economicista ou solidarista, não importa) sem um amplo programa de construção e de integração da infra-estrutura de transportes, de energia e de comunicações dos países da América do Sul. O comércio entre os seis países fundadores da Comunidade Econômica Européia correspondia em 1958 a cerca de 40% do seu comércio total e hoje supera 80%. Em contraste, o comércio entre os países da América do Sul correspondia em 1960, data de começo da ALALC, a cerca de 10% e ainda em 2006 não superou 17% do total do comércio exterior da região. Esse reduzido comércio tinha sua causa na pequena diversificação industrial das economias sul-americanas (hoje também um obstáculo, pois quanto mais diversificadas as economias maior o seu comércio recíproco), mas também na pequena densidade dos sistemas de transportes naquela época e até hoje. Há um interesse vital em conectar os sistemas de transportes nacionais e as duas costas do subcontinente, superando os obstáculos da Floresta e da Cordilheira, como se está fazendo ao norte entre Brasil e Peru, e se procurará fazer ao sul, entre Brasil, Argentina e Chile. A Iniciativa para a Integração da Regional Sul-Americana (IIRSA), em 2000, foi um passo de grande importância neste esforço de planejamento, que necessita para se concretizar da alavanca regional do financiamento.

34      Uma das maiores dificuldades dos países da América do Sul é o acesso a crédito para investimentos em infra-estrutura devido a limites ao endividamento externo e à falta de acesso a instrumentos de garantia. Este acesso ao mercado internacional de capitais é tanto mais importante quanto maior for a dificuldade desses países em elevar sua poupança interna, devido à prioridade concedida ao serviço da dívida interna e externa. O Brasil tem contribuído para o fortalecimento da Cooperação Andina de Fomento – CAF, entidade financeira classificada como AA no mercado internacional e voltada para investimentos em infra-estrutura, e tem participado, de forma positiva e prudente, do processo de construção de um Banco do Sul que se deseja eficiente. O Brasil é um dos poucos, senão o único país da região, que dispõe de um forte banco de desenvolvimento, cujos ativos são de US$ 87 bilhões, maiores que os do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID ( US 66 bilhões), que pode emprestar recursos para a execução de obras de infra-estrutura em condições competitivas com as do mercado internacional e sem condicionar tais empréstimos a “compromissos” de política externa ou à execução de “reformas” econômicas internas. É parte essencial da estratégia brasileira de integração fornecer crédito aos países vizinhos para a execução de obras de infra-estrutura e, no futuro, vir a fornecer créditos a empresas desses países em condições normais semelhantes às que se exigem de empresas brasileiras, tendo em vista o interesse vital brasileiro no crescimento e no desenvolvimento dos países vizinhos até mesmo por razões de interesse próprio, devido à grande importância de seus mercados para as exportações brasileiras e, em conseqüência, para o nível de atividade econômica geral e de suas empresas.

35      Além da integração da infra-estrutura física em termos de rodovias, pontes, ferrovias e de energia é essencial a integração das comunicações aéreas, pela sua importância para a economia e a política, assim como da mídia em especial a televisão, essencial à formação do imaginário sul-americano, através do conhecimento da vida política, econômica e social dos países da região, hoje desconhecida do grande público e, portanto, fonte de toda  sorte de preconceitos e manipulações que envenenam a opinião pública e afetam os discursos, as atividades e as decisões políticas. A TV Brasil – Canal Integración e a TELESUR são experiências não-hegemônicas de integração de comunicações, assim como a iniciativa brasileira de procurar estabelecer um padrão regional de TV Digital, com a participação dos Estados do Mercosul, inclusive no processo industrial.

36      A questão da segurança energética é central nos dias de hoje e no futuro previsível. A integração energética e a autonomia regional em energia para garantir a segurança de abastecimento energético é prioridade absoluta da política externa brasileira na América do Sul. Não há possibilidade de crescer a 7% a/a na média durante um período longo sem um suprimento suficiente, seguro e crescente de energia. Este suprimento depende de investimentos de prazo mais ou menos longo de maturação, tais como a prospecção de jazidas de petróleo, gás e urânio, a construção de barragens, a construção de usinas hidro e termoelétricas, assim como nucleares . A América do Sul, como região, tem um excedente global de energia, porém com grandes superávites atuais e potenciais em certos países e com severos déficits em outros. No primeiro caso, se encontram a Venezuela, o Equador e a Bolívia para o gás e o petróleo. No caso de energia hidrelétrica, há excedentes extraordinários no Brasil, no Paraguai e na Venezuela. De outro lado, se encontram países com déficit estrutural de energia como o Chile e o Uruguai e casos intermediários como são o Peru, a Colômbia e a Argentina. Assim, a integração energética da região permitirá reduzir as importações extra-regionais e fortalecer a economia da América do Sul. No esforço de fortalecer e de integrar o sistema energético da região, o Brasil tem financiado a construção de gasodutos na Argentina e tem se empenhado na concretização do projeto do Grande Gasoduto do Sul que deverá vincular os maiores centros produtores de energia (a Venezuela e a Bolívia) aos maiores mercados consumidores (o Brasil, a Argentina e o Chile). O Brasil está disposto a compartilhar a tecnologia que desenvolveu na área dos biocombustíveis, acreditando que a crise energética e ambiental somente poderá ser enfrentada com eficiência a partir de uma modificação gradual da matriz energética mundial, de uma redução do consumo e do desperdício nos países altamente desenvolvidos, principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa.

37      A redução das assimetrias é o segundo elemento essencial da estratégia brasileira de integração. Em um processo de integração em que as assimetrias entre as partes são significativas tornam-se indispensáveis programas específicos e ambiciosos para promover sua redução. É óbvio que não se trata aqui das assimetrias de território e de população mas sim daquelas assimetrias de natureza econômica e social. É indispensável a existência de um processo de transferência de renda sob a forma de investimentos entre os Estados participantes do esquema de integração como ocorreu e ocorre ainda hoje na União Européia. Esse processo é ainda embrionário no Mercosul, sendo o Fundo para Convergência Estrutural e o Fortalecimento Institucional do Mercosul – FOCEM, apenas um modesto início.

38      A generosidade dos países maiores e mais desenvolvidos é sempre mencionada pelo Presidente Lula como um terceiro elemento essencial para o êxito do processo de integração do Mercosul e da América do Sul. Esta generosidade deve se traduzir pelo tratamento diferencial, sem exigência de reciprocidade, em relação a todos os países da América do Sul que estejam engajados no processo de integração regional, nas áreas do comércio de bens, de serviços, de compras governamentais, de propriedade intelectual etc. Isto é, o Brasil deve estar disposto a conceder tratamento mais vantajoso sem reciprocidade a todos os seus vizinhos, em especial àqueles de menor desenvolvimento relativo, aos países mediterrâneos e aos países de menor PIB per capita.         O Brasil, apesar de ser o maior país da região, não acredita ser possível desenvolver-se isoladamente sem que toda a região se desenvolva econômica e socialmente e se assegure razoável grau de estabilidade política e segurança. Assim, a solidariedade nos esforços de desenvolvimento e de integração é uma idéia central na estratégia brasileira na América do Sul, assim como a idéia de que este processo é um processo entre parceiros iguais e soberanos, sem hegemonias nem lideranças.

39      A integração econômica da América do Sul tem passado por um processo acelerado de expansão, impulsionado pela redução das tarifas propiciada pelos acordos comerciais preferenciais. O comércio de bens intra-América do Sul que era de 10 bilhões de dólares em 1980 passou para 68 bilhões em 2005. O comércio de serviços, que era praticamente inexistente na década de 1960, também se expandiu, ainda que em menor escala. Os exemplos mais relevantes de expansão poderiam ser dados pelo setor financeiro, com o estabelecimento de filiais de bancos, pelo setor dos transportes aéreos e mesmo terrestres, e pelo turismo intra-regional. Os investimentos de empresas da região em terceiros países da própria região se tornaram expressivos, como demonstra a expansão das empresas chilenas e brasileiras, em especial na Argentina. Finalmente, houve considerável expansão das populações de imigrantes intra-regionais. Todos esses fatores contribuem para a formação de um mercado único sul-americano, já que, implementados os acordos comerciais bilaterais entre países da região, cerca de 95% do comércio intra-regional será livre de tarifas, em 2019. A reativação do CCR e o estabelecimento de uma moeda comum para transações entre Brasil e Argentina muito contribuirão para a expansão do comércio bilateral e regional.

40      A estratégia brasileira no campo comercial tem sido procurar consolidar o Mercosul e promover a formação de uma área de livre comércio na América do Sul, levando em devida conta as assimetrias entre os países da região . A compreensão brasileira com as necessidades de recuperação e fortalecimento industrial de seus   vizinhos nos levou à negociação do Mecanismo de Adaptação Competitiva com a Argentina, aos esforços de estabelecimento de cadeias produtivas regionais e à execução do Programa de Substituição Competitiva de Importações, cujo objetivo é tentar contribuir para a redução dos extremos e crônicos déficits comerciais bilaterais, quase todos favoráveis ao Brasil. No campo externo, a estratégia brasileira visa a ampliar os mercados para as exportações do Mercosul através da negociação de acordos de livre comércio ou de preferências comerciais com países desenvolvidos, como no caso da União Européia; e com países em desenvolvimento tais como a Índia e a África do Sul, em busca da abertura de mercados e visa a prestigiar e fortalecer o processo de negociação em conjunto, que não só favorece  os parceiros maiores, mas também os parceiros menores do Mercosul, na medida em que obtêm eles condições de acesso que possivelmente não alcançariam caso negociassem isoladamente.

41.     Em um sistema mundial cujo centro acumula cada vez mais poder econômico, político, militar, tecnológico e ideológico; em que cada vez mais aumenta o hiato entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos; em que o risco ambiental e energético se agrava; e em que este centro procura tecer uma rede de acordos e de normas internacionais que assegurem o gozo dos privilégios que os países centrais adquiriram no processo histórico e em que dessas negociações participam grandes blocos de países, a atuação individual, isolada, nessas negociações não é vantajosa, nem mesmo para um país com as dimensões de território, população e PIB que tem o Brasil. Assim, para o Brasil é de indispensável importância poder contar com os Estados vizinhos da América do Sul nas complexas negociações internacionais de que participa. Mas talvez ainda seja de maior importância para os Estados vizinhos a articulação de alianças entre si e com o Brasil para atuar com maior eficiência na defesa de seus interesses nessas negociações.

42      Apesar das assimetrias de toda ordem que caracterizam os países da região, somos todos subdesenvolvidos e as características centrais do subdesenvolvimento são as disparidades sociais, as vulnerabilidades externas e o potencial não- explorado de nossas sociedades. No caso das desigualdades sociais, a América do Sul se caracteriza como uma das regiões do mundo onde há a maior concentração de renda e de riqueza e onde há ativos enormes aplicados no exterior, resultado de “fugas” históricas de capital. Por outro lado, o Brasil tem procurado estabelecer programas de combate à fome e à pobreza, e de natureza social em geral, que podem ser objeto de útil intercâmbio de experiências. Uma das características da região é o crescente número de imigrantes ( legais e ilegais) de refugiados e de deslocados cuja situação necessita ser regularizada de forma solidária e humanitária, a exemplo do que têm feito a Argentina e a Venezuela. O Brasil tem como prioridade a cooperação nas áreas de fronteira, cada vez mais vivas, a promoção de eliminação de vistos e de exigências burocráticas que dificultam a circulação de mão de obra e a negociação da concessão de direitos políticos aos cidadãos sul-americanos em todos os países da região, a começar pelo Brasil. A decisão brasileira de tornar obrigatório o espanhol no ensino médio no Brasil contribuirá para o processo de integração social e cultural da América do Sul.

43      No campo da política, os mecanismos de integração devem propiciar e estimular a cooperação entre os Estados sul-americanos nos foros, nas disputas e nas negociações internacionais, encorajar a solução pacífica de controvérsias, sem interferência de potências extra-regionais, o respeito absoluto e estrito aos princípios de não-intervenção e de autodeterminação, i.e. não deve nenhum Estado e muito menos o Brasil imiscuir-se nos processos domésticos dos países vizinhos nem procurar exportar modelos políticos por mais que os apreciemos para uso interno. O Brasil tem, como princípio, manter-se sempre imparcial diante de disputas que surgem periodicamente entre países vizinhos, bastando lembrar a ressurreição da questão da mediterraneidade entre Bolívia, Chile e Peru; da fumigação na fronteira entre o Equador e Colômbia; das divergências ocasionais entre Colômbia e Venezuela; da questão das papeleiras entre Argentina e Uruguai. E o Brasil tem procurado tratar com generosidade e lucidez política, e não com o rigor do economicismo míope, apesar das resistências internas e dos preconceitos de setores conservadores da sociedade brasileira, as reivindicações econômicas, em relação ao Brasil, que fazem por vezes Bolívia, Paraguai e Uruguai. O Parlamento do Mercosul será o foro para o conhecimento mais íntimo dos políticos e dos estadistas dos países da América do Sul, contribuindo para o indispensável ambiente político a um processo de integração.

44      No processo de integração do Mercosul e da América do Sul e nas relações políticas com o mundo multipolar violento e “absorvedor” em que vivemos, Brasil e Argentina se encontram unidos pelos objetivos comuns de transformar o sistema internacional no sentido de que as normas que regem as relações entre os Estados e as economias sejam de tal natureza que os países em desenvolvimento como o Brasil e a Argentina preservem o espaço necessário para a elaboração e a execução de políticas de desenvolvimento que permitam superar as desigualdades, vencer as vulnerabilidades e realizar o potencial de suas sociedades.

45      No mundo arbitrário e violento em que vivem o Brasil, e a América do Sul, é indispensável ter forças armadas proporcionais a seu território e à sua população. A estratégia brasileira de defesa vê o continente sul –americano de forma integrada e considera a cooperação militar entre as Forças Armadas, inclusive em termos de indústria bélica, como um fator de estabilidade e de equilíbrio regional através da construção de confiança. A inexistência de bases estrangeiras no continente sul-americano, à exceção de Manta, é um importante fator político e militar para o desenvolvimento e a autonomia regional. Por outro lado, o Brasil rejeita qualquer intervenção política, e ainda mais militar, de origem extra-regional nos assuntos da América do Sul. Os programas de intercâmbio militar exercem importante papel no processo de construção da confiança, assim como a participação de efetivos militares de países da região em operações de paz das Nações Unidas, em especial na Minustah.

46.     Finalmente, como mencionou o Ministro Celso Amorim, é necessário promover a integração e o desenvolvimento econômico e social de nossos países antes que o crime organizado o faça em suas diversas facetas: o narcotráfico, o contrabando, o tráfico de armas.

47.     A integração entre o Brasil e a Argentina e seu papel decisivo na América do Sul deve ser o objetivo mais certo, mais constante, mais vigoroso das estratégias políticas e econômicas tanto do Brasil quanto da Argentina . Foram nossos dois países aqueles que, na região, lograram alcançar o mais elevado nível de desenvolvimento industrial, agrícola, de serviços, científico e tecnológico; aqueles que, considerados como um conjunto, detêm as terras mais férteis e o subsolo mais rico da região; aqueles cuja população permite o desenvolvimento de mercados internos significativos, base necessária para a atuação firme no mercado externo sempre sujeito às medidas arbitrárias do protecionismo agrícola e industrial; somos aqueles países que, por seu grande potencial e interesses comuns, são os mais capazes de resistir à voragem absorvedora dos interesses comerciais, econômicos, financeiros e políticos dos países mais desenvolvidos, sempre mais preocupados em  concentrar poder e preservar privilégios econômicos e políticos, ainda que pela força, do que em contribuir para a construção de uma ordem econômica, ambiental e política necessária ao desenvolvimento da comunidade internacional  como um todo e à preservação do planeta. A coordenação política  que ocorre entre a Argentina e o Brasil na defesa de seus interesses nos foros, nas negociações, nos conflitos e nas crises internacionais  atingiu extraordinária intensidade e eficiência e foi isto que nos permitiu agir no âmbito do Conselho de Segurança, das negociações ambientais, das negociações hemisféricas desiguais e das negociações multilaterais econômicas da Rodada Doha, através do G-20, de modo a impedir o desequilíbrio de seus resultados e a garantir o espaço necessário às nossas políticas de desenvolvimento econômico.

48.     Falta muito a fazer, em especial nos campos avançados do desenvolvimento científico e tecnológico que plasmarão a sociedade do futuro, tais como as atividades espaciais, aeronáuticas, nucleares, de defesa, de informática e de biotecnologia. É necessário e indispensável que todos os organismos da estrutura burocrática dos Estados brasileiro e argentino, ainda muitas vezes envolvidos em rivalidades, ressentimentos e desconfianças históricas, compreendam o desafio que a Nação argentina e a Nação brasileira enfrentam neste início do Século XXI, compreendam a visão estratégica dos presidentes Nestor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva e contribuam, assim, para que se realize a faceta gloriosa da profecia de Juan Domingo Perón: “O Século XXI nos encontrará unidos ou dominados”.

Lourdes Pérez Navarro

Ante la pretensión de Estados Unidos de establecer el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), shop a partir de los Tratados de Libre Comercio, treatment Bolivia plantea la necesidad de suscribir acuerdos bilaterales alternativos bajo el formato del Tratado de Comercio de los Pueblos. Con ello iremos consolidando paso a paso la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), aseguró a Granma Pablo Solón, miembro del Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos.

Entrevistado en los salones del Palacio de las Convenciones, donde se desarrolla el V Encuentro Hemisférico de movimientos sociales, redes y organizaciones que luchan contra el ALCA, Solón explicó que el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), propuesto por el presidente Evo Morales, va encaminado a lograr una verdadera integración que priorice el bienestar de la gente, el respeto a su historia y a su cultura.

Subrayó que a diferencia de los Tratados de Libre Comercio, basados en la competencia, la privatización y la apertura indiscriminada de los mercados, la propuesta boliviana introduce en el debate sobre la integración comercial temas como la complementación, cooperación, solidaridad, reciprocidad, prosperi-dad y el respeto a la soberanía de los países.

Otro contraste, precisó, está en la actitud frente a la inversión extranjera. “Queremos socios y no patrones; es decir, las reglas comerciales no pueden ser establecidas para subordinar nuestras economías a los intereses de las trasnacionales. EL TCP plantea que los mecanismos para que los inversores extranjeros transfieran tecnología han de estar condicionados a la contratación de mano de obra nacional, a la utilización de materias primas del país y a la reinversión de sus utilidades. Queremos mayor regulación sobre la inversión extranjera, que garantice una situación que realmente traiga beneficios a los pueblos”.

Como país, aseguró Solón, vamos a plantear a Venezuela la suscripción de un TCP a partir de los acuerdos ya avanzados. “Creemos que esa es la forma concreta en que vamos a ir construyendo proyectos como el ALBA”.

Recordó que con Cuba “estamos desarrollando la Operación Milagro y la Campaña de Alfabetización. Tenemos una relación que no es un mero intercambio comercial, sino un intercambio en función de las necesidades de la población, que es precisamente el espíritu del Tratado de Comercio de los Pueblos”.

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Lourdes Pérez Navarro

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Lourdes Pérez Navarro

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Samuel Pinheiro Guimarães

A importância essencial da América do Sul

1.       A América do Sul se encontra, case necessária e inarredavelmente, no centro da política externa brasileira. Por sua vez, o núcleo da política brasileira na América do Sul está no Mercosul. E o cerne da política brasileira no Mercosul tem de ser, sem dúvida, a Argentina. A integração entre o Brasil e a Argentina e seu papel decisivo na América do Sul deve ser o objetivo mais certo, mais constante, mais vigoroso das estratégias políticas e econômicas tanto do Brasil quanto da Argentina. Qualquer tentativa de estabelecer diferentes prioridades para a política externa brasileira, e mesmo a atenção insuficiente a esses fundamentos, certamente provocará graves conseqüências e correrá sério risco de fracasso.

2        A África Ocidental, com seus 23 Estados ribeirinhos, inclusive os arquipélagos de Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, é a fronteira atlântica do Brasil, continente a que estamos unidos pela história, pelo sangue, pela cultura, pelo colonialismo e pela semelhança de desafios. A Ásia é o novo centro dinâmico da economia mundial, fonte de lucros inesgotáveis para as megaempresas ocidentais e destino de uma das maiores migrações de capital e tecnologia avançada da História. A Europa e a América do Norte são para o Brasil, como para qualquer ex-colônia e para eventuais pretendentes a colônia, as áreas tradicionais de vinculação política, econômica e cultural. Porém, por mais importantes que sejam, como aliás são, os vínculos e os interesses atuais e potenciais brasileiros com todas essas áreas e por melhores que sejam com os Estados que as integram as nossas relações, a política externa não poderá ser eficaz se não estiver ancorada na política brasileira na América do Sul. As características da situação geopolítica do Brasil, isto é, seu território, sua localização geográfica, sua população, suas fronteiras, sua economia, assim como a conjuntura e a estrutura do sistema mundial, tornam a prioridade sul-americana uma realidade essencial.

3        O cenário econômico mundial se caracteriza pela simultânea globalização e gradual formação de grandes blocos de Estados na Europa, na América do Norte e na Ásia; pelo acelerado progresso científico e tecnológico, em especial nas áreas da informática e da biotecnologia, com sua vinculação às despesas e atividades militares; pela concentração do capital e oligopolização de mercados, medida pelo número de fusões e aquisições que passaram de 9 mil, no valor de US$ 850 bilhões, em 1995, para 33 mil, no valor de quase 4 trilhões de dólares, em 2006, e pela financeirização da economia, pois os ativos ( ações, títulos e depósitos) financeiros passaram de 109% da produção mundial, em 1980, para 316% em 2005; pela transformação dos mercados de trabalho e pela pressão permanente para reverter os direitos dos trabalhadores; pela acelerada degradação ambiental; pela insegurança energética e pelas migrações. O cenário político mundial se caracteriza pela concentração de poder político, militar, econômico, tecnológico e ideológico nos países altamente desenvolvidos; pelo arbítrio e pela violência das Grandes Potências; pela ameaça real, e sua utilização oportunista, do terrorismo; pelo desrespeito aos princípios de não-intervenção e de autodeterminação de parte das Grandes Potências políticas, econômicas e militares; pelo individualismo dos Estados ricos e a insuficiente e cadente cooperação internacional; pela emergência da China, como potência econômica e política, regional e mundial.

4        Os Estados no centro do sistema mundial, cada vez mais ricos e poderosos, pois a diferença de renda entre Estados ricos e pobres passou de 1 para 4 em 1914 para 1 para 7 em 2000, porém vinculados às economias periféricas quanto a recursos estratégicos e mercados e com uma população cadente, procuram, por meio de negociações internacionais, definir normas e regimes que permitam preservar e até ampliar sua situação privilegiada no centro do sistema militar, político, econômico e tecnológico que é o resultado, por um lado, da II Guerra Mundial e dos regimes coloniais e, por outro lado, do êxito de seus esforços nacionais, em especial na esfera científica e tecnológica. Nesse processo, sua capacidade de articular ideologias e de apresentar “soluções” como benéficas a toda a “comunidade internacional” é extraordinária e importantíssima pois é a base de sua estratégia de arregimentação de Estados e de elites periféricas cooptadas para alcançar seus objetivos nacionais, vestidos com a capa de objetivos da humanidade.

5        Neste cenário violento e instável de grandes blocos, multipolar, há uma tendência a que países pequenos e até médios venham a ser absorvidos, mais ou menos formalmente, pelos grandes Estados e economias aos quais ou se encontram tradicionalmente vinculados por laços de origem colonial ou estão em sua esfera de influência histórica, como no caso da América Central; ou tenham feito parte de seu território, como no caso dos países que formam a Comunidade de Estados Independentes – CEI; ou se vinculam por laços étnicos e culturais, como no caso da diáspora chinesa na Ásia.

6        Os países médios que constituem a América do Sul se encontram diante do dilema ou de se unirem e assim formarem um grande bloco de 17 milhões de Km2 e de 400 milhões de habitantes para defender seus interesses inalienáveis de aceleração do desenvolvimento econômico, de preservação de autonomia política e de identidade cultural, ou de serem absorvidos como simples periferias de outros grandes blocos, sem direito à participação efetiva na condução dos destinos econômicos e políticos desses blocos, os quais são definidos pelos países que se encontram em seu centro. A questão fundamental é que as características, a evolução histórica e os interesses dos Estados poderosos que se encontram no centro dos esquemas de integração são distintos daqueles dos países subdesenvolvidos que a eles se agregam através de tratados de livre comércio, ou que nome tenham, os quais ficam assim sujeitos às conseqüências das decisões estratégicas dos países centrais que podem ou não atender às suas necessidades históricas.

7        Os desafios sul-americanos diante desse dilema, que é decisivo, são enormes: superar os obstáculos que decorrem das grandes assimetrias que existem entre os países da região, sejam elas de natureza territorial, demográfica, de recursos naturais, de energia, de níveis de desenvolvimento político, cultural, agrícola, industrial e de serviços; enfrentar com persistência as enormes disparidades sociais que são semelhantes em todos esses países; realizar o extraordinário potencial econômico da região; dissolver os ressentimentos e as desconfianças históricas que dificultam sua integração.

8        As assimetrias territoriais são extraordinárias. Na América do Sul convivem países como o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados; como a Argentina, com seus 3,7 milhões de quilômetros quadrados e em seguida outros dez países, cada um com território inferior a 1,2 milhão de quilômetros quadrados. Três dos países da região se encontram voltados exclusivamente para o Pacífico, três se debruçam sobre o Oceano Atlântico, quatro são caribenhos e dois são mediterrâneos. O Brasil tem 15.735 km de fronteiras com nove Estados vizinhos, enquanto a Argentina, a Bolívia e o Peru têm fronteiras com cinco vizinhos. Devido a essas circunstâncias geográficas, os pontos de vista geopolíticos de cada país são inicialmente distintos, o que se agrava pelo fato de até recentemente – e mesmo até hoje –  terem estado separados os países da região pela Cordilheira, pela floresta, pelas distâncias e pelos imensos vazios demográficos.

9        O Brasil tem 190 milhões de habitantes, que correspondem a cerca de 50% da população da América do Sul, enquanto o segundo maior país em população, que é a Colômbia, tem 46 milhões de habitantes e o terceiro, a Argentina, tem 39 milhões. As taxas de crescimento demográfico variam de 3% no Paraguai a 0,7 % no Uruguai. A América do Sul viveu nos últimos anos um processo acelerado de urbanização, com o surgimento de megalópoles que concentram grandes parcelas da população total de cada país, e que exibem periferias paupérrimas e violentas. Há significativas populações de deslocados internos no Peru, como conseqüência da luta feroz contra a insurreição do Sendero Luminoso, e de refugiados, como no caso de colombianos na Venezuela e no Equador. No passado, as ditaduras e os regimes militares provocaram o exílio de numerosos militantes políticos, intelectuais, operários e sindicalistas, com grave prejuízo para o desenvolvimento político dos países mais afetados. Ademais, durante algumas décadas o reduzido ritmo de crescimento econômico provocou movimentos migratórios significativos dos países da região em direção aos Estados Unidos e à Europa Ocidental. Há um milhão de uruguaios vivendo fora do Uruguai enquanto três milhões se encontram no país. Há 400 mil equatorianos na Espanha e 4 milhões de brasileiros no exterior. Ao mesmo tempo, há grandes espaços despovoados na América do Sul, onde a densidade demográfica é inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado, enquanto nas megalópoles a densidade populacional atinge mais de 10.000 habitantes por quilômetro quadrado. A América do Sul exibe índices de concentração de renda e de riqueza, de pobreza e de indigência, de opulência e luxo, contrastes espantosos entre riquíssimas mansões e palafitas miseráveis, entre excelentes hospitais privados e hospitais públicos decadentes, entre escolas de Primeiro Mundo e pardieiros escolares. Todavia, conta a América do Sul com as vantagens da ausência de conflitos raciais agudos, ainda que ocorra discriminação racial; com a presença dominante de idiomas de comum origem ibérica, ainda que em alguns países existam idiomas indígenas que conseguiram sobreviver; com a ausência de conflitos religiosos e predominância católica ao lado da rápida expansão das igrejas protestantes; com uma população grande, mas que não é excessiva, como em certos países asiáticos. O desafio que representa a emergência das populações indígenas historicamente oprimidas e seus efeitos para as relações políticas entre os países da América do Sul vão exigir, todavia, especial atenção e habilidade.

10      A América do Sul é uma região extremamente rica em recursos naturais, que se encontram distribuídos de forma muito desigual entre os diversos países. Enquanto o Brasil tem as maiores reservas mundiais de minério de ferro de excelente teor, a Argentina não as tem em volume suficiente. A Argentina dispõe de terras aráveis de extraordinária fertilidade, em contraste com o Chile. A Colômbia possui grandes reservas de carvão de boa qualidade e o Brasil as tem poucas e pobres. A Venezuela tem a sexta maior reserva de petróleo e a nona maior reserva de gás do mundo enquanto que, em todos os países do Cone Sul, inclusive no Brasil, são elas insuficientes para sustentar o ritmo de desenvolvimento, talvez de 7% a/a, necessário à absorção produtiva dos estoques históricos de mão-de-obra desempregada e subempregada e dos que chegam anualmente ao mercado. A Bolívia detém jazidas de gás que correspondem a duas vezes as brasileiras, mas tem sérias dificuldades para ampliar sua exploração. O Chile explora as maiores reservas conhecidas de minério de cobre do mundo, responsável por 40 % de suas exportações. O Paraguai ostenta um dos maiores potenciais hidrelétricos do mundo, em especial quando calculado em termos per capita, mas ainda não teve êxito em utilizá-lo para acelerar seu desenvolvimento. O Suriname tem a maior reserva de bauxita do planeta, ainda pouco explorada.

11      Encontra-se na América do Sul a maior floresta tropical do mundo, um tema central no debate político sobre o efeito estufa e suas conseqüências para o clima, e o maior estoque de biodiversidade do planeta, o qual é de grande importância para a renovação da agricultura e para a indústria farmacêutica; uma parcela importante das reservas de água doce do planeta, recurso cada vez mais estratégico e causa já de conflitos em certas regiões do globo, e o maior lençol de águas subterrâneas, o Aqüífero Guarani, que subjaz os territórios do Brasil, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai.

 

As políticas econômicas

12      Os choques do petróleo (1973 e 1979), o endividamento excessivo e o súbito aumento das dívidas externas acarretaram crises e estagnação econômica que contribuíram para o fim dos regimes militares na América do Sul, em meados da década de 80. A vitória do neoliberalismo monetarista nos Estados Unidos e Reino Unido, a partir de Ronald Reagan (1981-1989) e Margaret Thatcher (1979-1990), e a renegociação da dívida externa (Plano Brady) forçaram aos países subdesenvolvidos a adoção de políticas de abertura comercial e financeira, desregulamentação e privatização, com base nos princípios do chamado Consenso de Washington. Essas políticas levaram a resultados desastrosos em países que nelas se envolveram mais a fundo, como foram o caso do Equador, da Bolívia e da Argentina, e deixaram seqüelas importantes em países como o Brasil, o Uruguai e a Venezuela.

13      Tais políticas neoliberais agravaram a já elevada concentração de renda e de riqueza, ampliaram o desemprego, contribuíram para a violência urbana, provocaram a fragilização do Estado e dos serviços públicos, o que levou por sua vez à gradual emergência de importantes movimentos políticos e sociais que passaram a preconizar (explícita ou implicitamente) a revisão do modelo econômico e social neoliberal.

14      Os países da América do Sul, em conseqüência das políticas neoliberais que determinaram a redução negociada e às vezes até unilateral de suas tarifas aduaneiras, a privatização de suas empresas estatais e a liberalização de seus mercados de capital, aumentaram suas importações de produtos industriais dos países desenvolvidos e o ingresso descontrolado de capitais estrangeiros. Essas políticas levaram à desindustrialização em maior ou menor grau, à maior influência do capital multinacional e à desnacionalização de importantes setores de suas economias, em especial do setor financeiro, com efeitos econômicos, e inclusive políticos, significativos.

15      Essa maior integração, porém de natureza passiva, dos países sul-americanos na economia mundial é radicalmente distinta da integração na economia global que ocorre com os países altamente desenvolvidos ou com certos países emergentes, como a Coréia. Nesses últimos casos, essa maior integração se verifica através da internacionalização das atividades de suas grandes empresas de atuação multinacional mas de capital nacional, bem como de suas exportações de alto conteúdo tecnológico enquanto que, no caso dos países sul-americanos, se verifica através da maior participação de megaempresas multinacionais em suas economias, já que não possuem esses últimos países (com raras exceções) grandes empresas capazes de se internacionalizarem, e da expansão de suas exportações de “commodities”.

16      Em decorrência, os países da América do Sul retomaram, voluntária ou involuntariamente, sua especialização histórica na exportação de produtos primários, tradicionais ou novos, com maior grau, por vezes, de elaboração, para atender à demanda dos países altamente desenvolvidos e da China. Assim, grosso modo, sua agricultura se sofisticou e passou a ser denominada de agribusiness; sua indústria foi adquirida ou cerrou suas portas em um processo de desindustrialização/desnacionalização e muitas de suas empresas de serviços, em especial as empresas modernas e aquelas do setor financeiro, foram adquiridas por megaempresas multinacionais.

17      A capacidade de utilizar tradicionais instrumentos de promoção do desenvolvimento econômico, que aliás tinham sido amplamente usados pelos países hoje desenvolvidos no início de seu processo de desenvolvimento (i.e. de seu processo de industrialização), foi abandonada pelos países da América do Sul na Rodada Uruguai, quando aceitaram normas sobre disciplina do capital estrangeiro as quais proíbem políticas tais como a nacionalização de insumos, o estabelecimento de metas de exportação e o reinvestimento de parte dos lucros; ou que estabelecem normas sobre propriedade intelectual que ampliaram os prazos de patentes e estabelecem patentes sobre fármacos, dificultando de fato o desenvolvimento tecnológico e gerando enormes remessas financeiras. Este abandono dos instrumentos econômicos tradicionais de uso do Estado, assim como a confiança excessiva desses países no livre jogo das forças de mercado contribuíram para que viessem a ter seu ritmo de crescimento reduzido ou estagnado. Por outro lado, a derrocada ideológica do Welfare State nos países desenvolvidos fez com que os países sul-americanos também contraíssem ou desarticulassem os seus programas sociais, o que contribuiu para agravar a concentração de renda e de propriedade e para a pequena expansão de seu mercado interno.

18      Assim, em grande parte se explicam as baixas taxas de crescimento na América do Sul, das décadas de 80 e 90, quando comparadas às de alguns países da Ásia, e a eventual derrocada dos governos neoliberais na Argentina, no Brasil, no Chile, na Bolívia, no Equador e na Venezuela. Nos últimos anos, surgiram na América do Sul governos que procuram manter as políticas de austeridade fiscal e de controle inflacionário enquanto tentam ressuscitar o Estado como agente suplementar do desenvolvimento econômico e como agente de redução da desigualdade social, diante das enormes injustiças e das pressões dos segmentos historicamente oprimidos em suas sociedades.

O bloco sul-americano

19      A atual experiência de integração sul-americana tem distintas origens, motivações e paralelos históricos. Em primeiro lugar, o trauma da desintegração dos Vice-Reinados do Império espanhol a partir de 1810, a desintegração posterior da Grã Colômbia em 1830, e a sobrevivência da utopia de unidade latino-americana, preconizada pelo Libertador Simon Bolívar. Segundo, a tentativa do notável economista argentino, Raul Prebisch, de explicar as razões do desenvolvimento na América do Norte em confronto com o atraso sul-americano levou à formulação da teoria estruturalista pela Comissão Econômica para a América Latina – CEPAL. Prebisch encontrou essas razões nas características das economias primário-exportadoras sul-americanas e na natureza de seu processo de incorporação do progresso tecnológico; na reduzida dimensão e no isolamento de cada mercado nacional; na deterioração secular dos termos de intercâmbio; na importância da industrialização como estratégia para a transformação econômica. Em terceiro lugar, a percepção de êxito da experiência de planejamento econômico e de industrialização acelerada vivida pela União Soviética, da experiência keynesiana e da planificação de guerra norte-americana e, finalmente, as políticas de economia mista e de planejamento indicativo dos governos socialistas europeus após a II Guerra Mundial. Quarto, na experiência de construção da Comunidade Econômica Européia, fundada na integração de mercados, na elaboração de políticas comuns e no financiamento pelos países mais ricos do esforço de redução de assimetrias entre as economias participantes.

20      Este conjunto de experiências inspirou os programas de desenvolvimento econômico com base na industrialização, em especial no Brasil durante o Governo Juscelino Kubitschek, as propostas da CEPAL de constituição de um mercado comum latino-americano, as propostas argentinas de criação de uma área de livre comércio que reunificasse economicamente as partes do antigo Vice-Reinado do Prata, e estimulou à constituição em 1960 da Associação Latino-Americana de Livre Comércio – ALALC.

21      Naturalmente, ao processo de integração da América do Sul e do Cone Sul subjazia a latente rivalidade entre Brasil e Argentina por influência política na região do Rio da Prata, os resquícios de um passado de lutas e a lembrança da inicial predominância industrial argentina. E outros ressentimentos decorrentes de conflitos e quase-conflitos passados, como entre Chile e Argentina; entre Bolívia, Chile e Peru; entre Peru e Equador; entre Colômbia e Venezuela, entre a Bolívia e o Paraguai, entre Brasil e Paraguai e entre Brasil e Bolívia.

22      A Associação Latino Americana de Livre Comércio, criada em 1960, e cuja meta era eliminar todas as barreiras ao comércio entre os Estados membros até 1980, encontrou obstáculos causados pelas políticas nacionais de substituição de importações e de industrialização e, mais tarde, pelas políticas de controle de importações para enfrentar as súbitas crises do petróleo que acarretaram inéditos déficits comerciais que atingiram os países importadores de energia, em especial o Brasil.

23      A partir de 1965, o Convênio de Créditos Recíprocos (CCR) entre os países da ALALC, e mais a República Dominicana, passa a permitir o comércio sem o uso imediato de divisas fortes, através de um sistema quadrimestral de compensação multilateral de créditos que funcionou com grande êxito sem que ocorresse nenhum caso de “default” até a década de 1980, quando foi progressivamente desativado pelos novos tecnocratas que vieram a ocupar os Bancos Centrais dos países da região, na esteira do período de governos neoliberais.

24      Em 1969, os países andinos celebraram o Pacto Andino (mais tarde CAN) como um projeto mais audacioso de integração e de planejamento do desenvolvimento, prevendo inclusive a alocação espacial de indústrias entre os Estados membros e a elaboração de políticas comuns, inclusive no campo do investimento estrangeiro.

25      Em 1980, a estagnação das negociações comerciais levou a substituição da ALALC pela Associação Latino Americana de Integração (ALADI). O Tratado de Montevidéu (80) incorporou o “patrimônio” de reduções tarifárias bilaterais, permitiu a negociação de acordos bilaterais de preferências, com a perspectiva de sua eventual convergência, e tornou possível a concessão de preferências bilaterais ao abrigo da “enabling clause” do então GATT.

26      Em 1985, Brasil e Argentina decidiram lançar um processo de integração bilateral gradual, com o objetivo central de promover o desenvolvimento econômico, a que se juntaram, em 1991, Paraguai e Uruguai, formando-se assim o Mercosul. Este último surgiu como um projeto enquadrado na concepção do Consenso de Washington do livre comércio como instrumento único e suficiente para a promoção do desenvolvimento, redução das desigualdades sociais e geração de empregos, na melhor tradição das Escolas de Manchester e de Chicago.

27      Após a conclusão do NAFTA em 1994, em que o México na prática abandonou a ALADI, os Estados Unidos, no contexto da Cúpula das Américas, lançaram um projeto ambicioso de negociação de uma Área de Livre Comércio das Américas (ALCA). Esse projeto, na realidade, mais do que uma área de livre comércio de bens, criaria um território econômico único nas Américas, com a livre movimentação de bens, serviços e capital (mas não de mão-de-obra ou tecnologia) e estabeleceria regras uniformes ainda mais restritivas à execução de políticas nacionais ou regionais de desenvolvimento econômico, já que as propostas originais eram OMC-Plus e NAFTA-plus (e parecem continuar a ser tais como revelam os textos dos tratados bilaterais de livre comércio, celebrados pelos Estados Unidos).

28      Apesar das declarações diplomáticas feitas na ocasião, e reiteradas posteriormente, de que a ALCA não afetaria os projetos de integração regional como a Comunidade Andina e o Mercosul, estava claro que a eventual concretização da ALCA eliminaria de fato a possibilidade de formação de um bloco econômico e político sul-americano.

29      Após o início das negociações da ALCA, e diante da extrema desigualdade de forças políticas e econômicas entre os países participantes, a negociação se interrompeu em 2004, após os Estados Unidos terem retirado os temas agrícolas e de defesa comercial (antidumping e subsídios) levando-os para o âmbito da OMC sob o pretexto de ser necessária uma negociação mais abrangente, inclusive com a União Européia. Em conseqüência e para equilibrar as negociações, o Mercosul considerou que os temas de investimento, compras governamentais e serviços deveriam também passar para o âmbito da Rodada de Doha na OMC e propôs aos Estados Unidos a negociação de um acordo do tipo 4+1, no campo do comércio de bens, proposta até hoje sem resposta, ou melhor, cuja resposta prática tem sido a firme atividade norte-americana de negociação de acordos bilaterais de livre comércio (na realidade com escopos muito mais amplos) com os países da América Central, a Colômbia, o Peru e (quase) com o Equador.

30      Paralelamente, o Mercosul empreendeu a negociação e celebrou acordos de livre comércio com o Chile (1995), com a Bolívia (1996), com a Venezuela, Equador e Colômbia (2004), e com o Peru (2005), que se referem exclusivamente ao comércio de bens e não incluem o comércio de serviços, compras governamentais, regras sobre investimentos, propriedade intelectual, etc.

31      Em 2002, o Congresso dos Estados Unidos tinha aprovado o ATPDEA (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act) pelo qual concederiam unilateralmente preferências comerciais, sem reciprocidade de parte dos beneficiários, para listas de produtos de países andinos em troca da execução de programas de erradicação das plantações de coca. O resultado da aplicação durante cinco anos dessa lei foi, de um lado, expandir as exportações de tais produtos desses países para os Estados Unidos e, de outro, ensejar o surgimento nesses países de grupos de interesses empresariais locais favoráveis à negociação de acordos de livre comércio com os Estados Unidos quando se encerrasse o prazo de vigência daquele Ato.

32      Posteriormente, foi lançada em 2004, em Cuzco, o projeto de formação de uma Comunidade Sul-Americana de Nações, hoje denominada UNASUL, organização que se pretenderia semelhante à União Africana, na África; à União Européia na Europa; à ASEAN, na Ásia; e ao MCCA, na América Central. As negociações para concretizar a UNASUL têm encontrado três distintas resistências: primeiro, a de países que celebraram acordos de livre comércio com os Estados Unidos; segundo, a de países que dão prioridade ao fortalecimento do Mercosul e que acreditam que o Brasil estaria “trocando” o Mercosul pela UNASUL; terceiro, a de países que consideram ser necessário uma organização mais audaciosa, com base na solidariedade e na cooperação e não naquilo que consideram ser o individualismo “mercantilista” das preferências comerciais, dos projetos de investimento e do livre comércio.

A Argentina e a estratégia de integração brasileira

33      Não há a menor possibilidade de construção de um espaço econômico e político sul-americano (economicista ou solidarista, não importa) sem um amplo programa de construção e de integração da infra-estrutura de transportes, de energia e de comunicações dos países da América do Sul. O comércio entre os seis países fundadores da Comunidade Econômica Européia correspondia em 1958 a cerca de 40% do seu comércio total e hoje supera 80%. Em contraste, o comércio entre os países da América do Sul correspondia em 1960, data de começo da ALALC, a cerca de 10% e ainda em 2006 não superou 17% do total do comércio exterior da região. Esse reduzido comércio tinha sua causa na pequena diversificação industrial das economias sul-americanas (hoje também um obstáculo, pois quanto mais diversificadas as economias maior o seu comércio recíproco), mas também na pequena densidade dos sistemas de transportes naquela época e até hoje. Há um interesse vital em conectar os sistemas de transportes nacionais e as duas costas do subcontinente, superando os obstáculos da Floresta e da Cordilheira, como se está fazendo ao norte entre Brasil e Peru, e se procurará fazer ao sul, entre Brasil, Argentina e Chile. A Iniciativa para a Integração da Regional Sul-Americana (IIRSA), em 2000, foi um passo de grande importância neste esforço de planejamento, que necessita para se concretizar da alavanca regional do financiamento.

34      Uma das maiores dificuldades dos países da América do Sul é o acesso a crédito para investimentos em infra-estrutura devido a limites ao endividamento externo e à falta de acesso a instrumentos de garantia. Este acesso ao mercado internacional de capitais é tanto mais importante quanto maior for a dificuldade desses países em elevar sua poupança interna, devido à prioridade concedida ao serviço da dívida interna e externa. O Brasil tem contribuído para o fortalecimento da Cooperação Andina de Fomento – CAF, entidade financeira classificada como AA no mercado internacional e voltada para investimentos em infra-estrutura, e tem participado, de forma positiva e prudente, do processo de construção de um Banco do Sul que se deseja eficiente. O Brasil é um dos poucos, senão o único país da região, que dispõe de um forte banco de desenvolvimento, cujos ativos são de US$ 87 bilhões, maiores que os do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID ( US 66 bilhões), que pode emprestar recursos para a execução de obras de infra-estrutura em condições competitivas com as do mercado internacional e sem condicionar tais empréstimos a “compromissos” de política externa ou à execução de “reformas” econômicas internas. É parte essencial da estratégia brasileira de integração fornecer crédito aos países vizinhos para a execução de obras de infra-estrutura e, no futuro, vir a fornecer créditos a empresas desses países em condições normais semelhantes às que se exigem de empresas brasileiras, tendo em vista o interesse vital brasileiro no crescimento e no desenvolvimento dos países vizinhos até mesmo por razões de interesse próprio, devido à grande importância de seus mercados para as exportações brasileiras e, em conseqüência, para o nível de atividade econômica geral e de suas empresas.

35      Além da integração da infra-estrutura física em termos de rodovias, pontes, ferrovias e de energia é essencial a integração das comunicações aéreas, pela sua importância para a economia e a política, assim como da mídia em especial a televisão, essencial à formação do imaginário sul-americano, através do conhecimento da vida política, econômica e social dos países da região, hoje desconhecida do grande público e, portanto, fonte de toda  sorte de preconceitos e manipulações que envenenam a opinião pública e afetam os discursos, as atividades e as decisões políticas. A TV Brasil – Canal Integración e a TELESUR são experiências não-hegemônicas de integração de comunicações, assim como a iniciativa brasileira de procurar estabelecer um padrão regional de TV Digital, com a participação dos Estados do Mercosul, inclusive no processo industrial.

36      A questão da segurança energética é central nos dias de hoje e no futuro previsível. A integração energética e a autonomia regional em energia para garantir a segurança de abastecimento energético é prioridade absoluta da política externa brasileira na América do Sul. Não há possibilidade de crescer a 7% a/a na média durante um período longo sem um suprimento suficiente, seguro e crescente de energia. Este suprimento depende de investimentos de prazo mais ou menos longo de maturação, tais como a prospecção de jazidas de petróleo, gás e urânio, a construção de barragens, a construção de usinas hidro e termoelétricas, assim como nucleares . A América do Sul, como região, tem um excedente global de energia, porém com grandes superávites atuais e potenciais em certos países e com severos déficits em outros. No primeiro caso, se encontram a Venezuela, o Equador e a Bolívia para o gás e o petróleo. No caso de energia hidrelétrica, há excedentes extraordinários no Brasil, no Paraguai e na Venezuela. De outro lado, se encontram países com déficit estrutural de energia como o Chile e o Uruguai e casos intermediários como são o Peru, a Colômbia e a Argentina. Assim, a integração energética da região permitirá reduzir as importações extra-regionais e fortalecer a economia da América do Sul. No esforço de fortalecer e de integrar o sistema energético da região, o Brasil tem financiado a construção de gasodutos na Argentina e tem se empenhado na concretização do projeto do Grande Gasoduto do Sul que deverá vincular os maiores centros produtores de energia (a Venezuela e a Bolívia) aos maiores mercados consumidores (o Brasil, a Argentina e o Chile). O Brasil está disposto a compartilhar a tecnologia que desenvolveu na área dos biocombustíveis, acreditando que a crise energética e ambiental somente poderá ser enfrentada com eficiência a partir de uma modificação gradual da matriz energética mundial, de uma redução do consumo e do desperdício nos países altamente desenvolvidos, principais responsáveis pela emissão de gases de efeito estufa.

37      A redução das assimetrias é o segundo elemento essencial da estratégia brasileira de integração. Em um processo de integração em que as assimetrias entre as partes são significativas tornam-se indispensáveis programas específicos e ambiciosos para promover sua redução. É óbvio que não se trata aqui das assimetrias de território e de população mas sim daquelas assimetrias de natureza econômica e social. É indispensável a existência de um processo de transferência de renda sob a forma de investimentos entre os Estados participantes do esquema de integração como ocorreu e ocorre ainda hoje na União Européia. Esse processo é ainda embrionário no Mercosul, sendo o Fundo para Convergência Estrutural e o Fortalecimento Institucional do Mercosul – FOCEM, apenas um modesto início.

38      A generosidade dos países maiores e mais desenvolvidos é sempre mencionada pelo Presidente Lula como um terceiro elemento essencial para o êxito do processo de integração do Mercosul e da América do Sul. Esta generosidade deve se traduzir pelo tratamento diferencial, sem exigência de reciprocidade, em relação a todos os países da América do Sul que estejam engajados no processo de integração regional, nas áreas do comércio de bens, de serviços, de compras governamentais, de propriedade intelectual etc. Isto é, o Brasil deve estar disposto a conceder tratamento mais vantajoso sem reciprocidade a todos os seus vizinhos, em especial àqueles de menor desenvolvimento relativo, aos países mediterrâneos e aos países de menor PIB per capita.         O Brasil, apesar de ser o maior país da região, não acredita ser possível desenvolver-se isoladamente sem que toda a região se desenvolva econômica e socialmente e se assegure razoável grau de estabilidade política e segurança. Assim, a solidariedade nos esforços de desenvolvimento e de integração é uma idéia central na estratégia brasileira na América do Sul, assim como a idéia de que este processo é um processo entre parceiros iguais e soberanos, sem hegemonias nem lideranças.

39      A integração econômica da América do Sul tem passado por um processo acelerado de expansão, impulsionado pela redução das tarifas propiciada pelos acordos comerciais preferenciais. O comércio de bens intra-América do Sul que era de 10 bilhões de dólares em 1980 passou para 68 bilhões em 2005. O comércio de serviços, que era praticamente inexistente na década de 1960, também se expandiu, ainda que em menor escala. Os exemplos mais relevantes de expansão poderiam ser dados pelo setor financeiro, com o estabelecimento de filiais de bancos, pelo setor dos transportes aéreos e mesmo terrestres, e pelo turismo intra-regional. Os investimentos de empresas da região em terceiros países da própria região se tornaram expressivos, como demonstra a expansão das empresas chilenas e brasileiras, em especial na Argentina. Finalmente, houve considerável expansão das populações de imigrantes intra-regionais. Todos esses fatores contribuem para a formação de um mercado único sul-americano, já que, implementados os acordos comerciais bilaterais entre países da região, cerca de 95% do comércio intra-regional será livre de tarifas, em 2019. A reativação do CCR e o estabelecimento de uma moeda comum para transações entre Brasil e Argentina muito contribuirão para a expansão do comércio bilateral e regional.

40      A estratégia brasileira no campo comercial tem sido procurar consolidar o Mercosul e promover a formação de uma área de livre comércio na América do Sul, levando em devida conta as assimetrias entre os países da região . A compreensão brasileira com as necessidades de recuperação e fortalecimento industrial de seus   vizinhos nos levou à negociação do Mecanismo de Adaptação Competitiva com a Argentina, aos esforços de estabelecimento de cadeias produtivas regionais e à execução do Programa de Substituição Competitiva de Importações, cujo objetivo é tentar contribuir para a redução dos extremos e crônicos déficits comerciais bilaterais, quase todos favoráveis ao Brasil. No campo externo, a estratégia brasileira visa a ampliar os mercados para as exportações do Mercosul através da negociação de acordos de livre comércio ou de preferências comerciais com países desenvolvidos, como no caso da União Européia; e com países em desenvolvimento tais como a Índia e a África do Sul, em busca da abertura de mercados e visa a prestigiar e fortalecer o processo de negociação em conjunto, que não só favorece  os parceiros maiores, mas também os parceiros menores do Mercosul, na medida em que obtêm eles condições de acesso que possivelmente não alcançariam caso negociassem isoladamente.

41.     Em um sistema mundial cujo centro acumula cada vez mais poder econômico, político, militar, tecnológico e ideológico; em que cada vez mais aumenta o hiato entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos; em que o risco ambiental e energético se agrava; e em que este centro procura tecer uma rede de acordos e de normas internacionais que assegurem o gozo dos privilégios que os países centrais adquiriram no processo histórico e em que dessas negociações participam grandes blocos de países, a atuação individual, isolada, nessas negociações não é vantajosa, nem mesmo para um país com as dimensões de território, população e PIB que tem o Brasil. Assim, para o Brasil é de indispensável importância poder contar com os Estados vizinhos da América do Sul nas complexas negociações internacionais de que participa. Mas talvez ainda seja de maior importância para os Estados vizinhos a articulação de alianças entre si e com o Brasil para atuar com maior eficiência na defesa de seus interesses nessas negociações.

42      Apesar das assimetrias de toda ordem que caracterizam os países da região, somos todos subdesenvolvidos e as características centrais do subdesenvolvimento são as disparidades sociais, as vulnerabilidades externas e o potencial não- explorado de nossas sociedades. No caso das desigualdades sociais, a América do Sul se caracteriza como uma das regiões do mundo onde há a maior concentração de renda e de riqueza e onde há ativos enormes aplicados no exterior, resultado de “fugas” históricas de capital. Por outro lado, o Brasil tem procurado estabelecer programas de combate à fome e à pobreza, e de natureza social em geral, que podem ser objeto de útil intercâmbio de experiências. Uma das características da região é o crescente número de imigrantes ( legais e ilegais) de refugiados e de deslocados cuja situação necessita ser regularizada de forma solidária e humanitária, a exemplo do que têm feito a Argentina e a Venezuela. O Brasil tem como prioridade a cooperação nas áreas de fronteira, cada vez mais vivas, a promoção de eliminação de vistos e de exigências burocráticas que dificultam a circulação de mão de obra e a negociação da concessão de direitos políticos aos cidadãos sul-americanos em todos os países da região, a começar pelo Brasil. A decisão brasileira de tornar obrigatório o espanhol no ensino médio no Brasil contribuirá para o processo de integração social e cultural da América do Sul.

43      No campo da política, os mecanismos de integração devem propiciar e estimular a cooperação entre os Estados sul-americanos nos foros, nas disputas e nas negociações internacionais, encorajar a solução pacífica de controvérsias, sem interferência de potências extra-regionais, o respeito absoluto e estrito aos princípios de não-intervenção e de autodeterminação, i.e. não deve nenhum Estado e muito menos o Brasil imiscuir-se nos processos domésticos dos países vizinhos nem procurar exportar modelos políticos por mais que os apreciemos para uso interno. O Brasil tem, como princípio, manter-se sempre imparcial diante de disputas que surgem periodicamente entre países vizinhos, bastando lembrar a ressurreição da questão da mediterraneidade entre Bolívia, Chile e Peru; da fumigação na fronteira entre o Equador e Colômbia; das divergências ocasionais entre Colômbia e Venezuela; da questão das papeleiras entre Argentina e Uruguai. E o Brasil tem procurado tratar com generosidade e lucidez política, e não com o rigor do economicismo míope, apesar das resistências internas e dos preconceitos de setores conservadores da sociedade brasileira, as reivindicações econômicas, em relação ao Brasil, que fazem por vezes Bolívia, Paraguai e Uruguai. O Parlamento do Mercosul será o foro para o conhecimento mais íntimo dos políticos e dos estadistas dos países da América do Sul, contribuindo para o indispensável ambiente político a um processo de integração.

44      No processo de integração do Mercosul e da América do Sul e nas relações políticas com o mundo multipolar violento e “absorvedor” em que vivemos, Brasil e Argentina se encontram unidos pelos objetivos comuns de transformar o sistema internacional no sentido de que as normas que regem as relações entre os Estados e as economias sejam de tal natureza que os países em desenvolvimento como o Brasil e a Argentina preservem o espaço necessário para a elaboração e a execução de políticas de desenvolvimento que permitam superar as desigualdades, vencer as vulnerabilidades e realizar o potencial de suas sociedades.

45      No mundo arbitrário e violento em que vivem o Brasil, e a América do Sul, é indispensável ter forças armadas proporcionais a seu território e à sua população. A estratégia brasileira de defesa vê o continente sul –americano de forma integrada e considera a cooperação militar entre as Forças Armadas, inclusive em termos de indústria bélica, como um fator de estabilidade e de equilíbrio regional através da construção de confiança. A inexistência de bases estrangeiras no continente sul-americano, à exceção de Manta, é um importante fator político e militar para o desenvolvimento e a autonomia regional. Por outro lado, o Brasil rejeita qualquer intervenção política, e ainda mais militar, de origem extra-regional nos assuntos da América do Sul. Os programas de intercâmbio militar exercem importante papel no processo de construção da confiança, assim como a participação de efetivos militares de países da região em operações de paz das Nações Unidas, em especial na Minustah.

46.     Finalmente, como mencionou o Ministro Celso Amorim, é necessário promover a integração e o desenvolvimento econômico e social de nossos países antes que o crime organizado o faça em suas diversas facetas: o narcotráfico, o contrabando, o tráfico de armas.

47.     A integração entre o Brasil e a Argentina e seu papel decisivo na América do Sul deve ser o objetivo mais certo, mais constante, mais vigoroso das estratégias políticas e econômicas tanto do Brasil quanto da Argentina . Foram nossos dois países aqueles que, na região, lograram alcançar o mais elevado nível de desenvolvimento industrial, agrícola, de serviços, científico e tecnológico; aqueles que, considerados como um conjunto, detêm as terras mais férteis e o subsolo mais rico da região; aqueles cuja população permite o desenvolvimento de mercados internos significativos, base necessária para a atuação firme no mercado externo sempre sujeito às medidas arbitrárias do protecionismo agrícola e industrial; somos aqueles países que, por seu grande potencial e interesses comuns, são os mais capazes de resistir à voragem absorvedora dos interesses comerciais, econômicos, financeiros e políticos dos países mais desenvolvidos, sempre mais preocupados em  concentrar poder e preservar privilégios econômicos e políticos, ainda que pela força, do que em contribuir para a construção de uma ordem econômica, ambiental e política necessária ao desenvolvimento da comunidade internacional  como um todo e à preservação do planeta. A coordenação política  que ocorre entre a Argentina e o Brasil na defesa de seus interesses nos foros, nas negociações, nos conflitos e nas crises internacionais  atingiu extraordinária intensidade e eficiência e foi isto que nos permitiu agir no âmbito do Conselho de Segurança, das negociações ambientais, das negociações hemisféricas desiguais e das negociações multilaterais econômicas da Rodada Doha, através do G-20, de modo a impedir o desequilíbrio de seus resultados e a garantir o espaço necessário às nossas políticas de desenvolvimento econômico.

48.     Falta muito a fazer, em especial nos campos avançados do desenvolvimento científico e tecnológico que plasmarão a sociedade do futuro, tais como as atividades espaciais, aeronáuticas, nucleares, de defesa, de informática e de biotecnologia. É necessário e indispensável que todos os organismos da estrutura burocrática dos Estados brasileiro e argentino, ainda muitas vezes envolvidos em rivalidades, ressentimentos e desconfianças históricas, compreendam o desafio que a Nação argentina e a Nação brasileira enfrentam neste início do Século XXI, compreendam a visão estratégica dos presidentes Nestor Kirchner e Luiz Inácio Lula da Silva e contribuam, assim, para que se realize a faceta gloriosa da profecia de Juan Domingo Perón: “O Século XXI nos encontrará unidos ou dominados”.

José Seoane*, Emilio Taddei** & Clara Algranati***

The 1990s opened the way to a renewed capitalist globalization in its neoliberal form, buy whose impact on Latin America has been glaringly noticeable and profound. Extending a process begun in previous decades, treatment promoted now by the so-called “Washington Consensus”, the adoption of neoliberal policies was to become generalized all over the region, taking on a newly radical form. The governments of Carlos Menem (Argentina), Alberto Fujimori (Peru), Salinas de Gortari (Mexico), Collor de Melo and later Fernando H. Cardoso (Brazil), became some of its best-known presidential incarnations. The profound and regressive consequences in social and democratic terms entailed by the application of these policies (mass pauperization being one their most tragic expressions) were the result of the acute structural transformations that modified the societal geography of Latin American capitalisms in the framework of the new order that appeared to be imposed by so-called “neoliberal globalization”2.

The application of these policies certainly faced numerous forms of resistance and protests in the region. In the first half of the 1990s two Latin American presidents (Collor de Melo in Brazil and Carlos Andrés Pérez in Venezuela) had to leave their posts in an “unexpected” manner as the result, among other issues, of rising unease and social repudiation. Nevertheless, in the regional context, the acts of resistance in those years to the application of the neoliberal recipes exhibited a configuration much more fragmented in social terms and more localized in sectorial and territorial terms than those that preceded them, while being unable in most cases to hinder the implementation of those policies. In the terrain of the social disciplines, this process, mediated by the hegemony wrested by the dominant thinking and its formulations regarding the “end of history”, meant the displacement of the problématique of conflict and of social movements from the relatively central space it had filled in the preceding decades –although from different perspectives– to an almost marginal and impoverished position.

Nevertheless, toward the end of that decade Latin America’s social reality again appeared marked by a sustained increase in social conflictivity. The continuing nature of this process may be appreciated in the survey carried by the Latin American Social Observatory (in Spanish, OSAL-CLACSO) for the nineteen countries of the Latin American region (see Chart 1), which for the period ranging from May-August 2000 to the same quarter of 2002 shows a rise in the number of the episodes of conflict surveyed of more than 180%. Because of the regional magnitude it attains (beyond exceptions and national differences), because of the characteristics it exhibits, and because of its perdurability, this increase in social conflictivity accounts for the appearance of a new cycle of social protest, which, being inscribed in the force field resulting from the regressive structural transformations forged by the implanting of neoliberalism in our countries, emerges to contest the latter.

In some cases, the Zapatist uprising of early 1994 has been pointed out as the emblematic event of the awakening of this cycle. This reference turns out to be significant insofar as, from diverse points of view, the revolt of the Chiapas indigenous exhibits some of the elements that distinguish the social movements that were to characterize the political and social realities of the region in recent years. In this regard, the national and international impact of the Zapatist uprising renders account of the emergence of movements of rural origin constituted on the basis of their indigenous identity; of the democratic demand for the collective rights of these peoples –which, in its claim for autonomy, questions the constitutive foundations of the nation-state; of the demand for a radical democratization of the political management of the state; and of the summoning of continental and global convergences. Beyond the specificity of the references that accompany and characterize Zapatism, its emergence sheds light, in a wider sense, on some of the particular aspects that appear to mark the majority of the popular movements that fill the ever more intense setting of social conflictivity in the region because of their organizational characteristics and of their forms of struggle, the inscriptions that give them an identity, their conceptualizations of collective action, and their understandings in relation to power, politics and the state. Therefore, it is not just a case of the beginning of a new cycle of social protests, but also of these appearing as incarnated in collective parties with particular features and that are different from those that had occupied the public scene in the past. At the same time, these experiences and the increase in social protest in Latin America were to develop in an almost simultaneous manner to the increase in conflict in other regions of the planet in a process that would mark the constitution of a space for international convergence in opposition to neoliberal globalization –what the mass media have named as the “antiglobalization” or “globaliphobe” movement and which, to be more precise, may be called an “alterglobalist” movement.

Lastly it may be pointed out that this rise in social protest and the emergence and consolidation of new social and popular movements converged into diverse social confrontation processes that, attaining major national significance, in some cases in recent years entailed the toppling of governments, the creation of deep political crises, or the failure of undertakings of a neoliberal character. In this regard, the “Gas War” (2003) in Bolivia, which ended with the resignation of the government of president Sánchez de Lozada and the opening of a transition that is still underway, emerges as inscribed within this process of mobilization of society that began with the “Water War” in Cochabamba (2000), also being expressed in the struggles of the coca-growing movement in the Chapare region and of the indigenous movement in the Altiplano plateau. Likewise, the indigenous uprising in Ecuador (2000), culminating in the fall of the government of Jamil Mahuad, marked the consolidation of the Confederation of the Indigenous Nations of Ecuador (in Spanish, CONAIE) in the context of social response to neoliberal policies in that country.

At the same time, the emergence and spread of the movement of unemployed workers in Argentina and the protests of the workers of the public sector in the second half of the 1990s converged with the mobilization of broad urban sectors of the middle classes to trigger the resignation of the government of president De la Rúa in late 2001. In the case of Brazil, one may stress the setting up of the Workers’ Unified Center (in Portuguese, CUT, in 1983) and of the Movement of Landless Rural Workers (MST, 1984), which starred in the opposition to neoliberal policies and were at the basis of the election victory of the presidential candidacy of Lula Da Silva (2002). In the same sense, the peasant mobilizations in Paraguay, which were to play an important role in the fall of president Cubas Grau (1999), will prolong themselves in the confrontation with the neoliberal policies promoted by succeeding governments; and the intense social protests in Peru (particularly the experience of the regional Civic Fronts) that were to mark the fall of the Fujimori regime (2000) were to continue in the resistance to the privatist policies promoted by the government of president Toledo (2002-2003).

It was precisely on the basis of the importance of these processes that, in early 2000, the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) decided to create the Latin American Social Observatory (OSAL) program with the aim of promoting a monitoring of social conflictivity and studies on social movements as well as regional exchanges and debate about these subjects. Over this period of more than four years, the work performed by OSAL led to the development of a chronology of the events of social conflict in nineteen countries of the continent, as well as the preparation of a publication, three times a year, which –with the participation of numerous Latin American researchers– has broached an analysis and collective reflection regarding the main acts of protest and the outstanding social movements on the regional scene over the course of these recent years. The main conclusions and pointers emerging from this extended endeavor nourish the present contribution.

In this regard, the initial goal of this article will consist in offering an approximation of the particular configuration that characterizes this cycle of protests and the popular movements that take part in it. In its first part we attempt to deal with this question on the basis of a general description that presents the recent social conflictivity in the region, its most outstanding features, and the parties that participate in it, to conclude by pointing out some elements that appear to distinguish the experience and actions of the most relevant social movements. The second part of the present contribution is centered on a more thorough analysis of the latter.

 

The contemporary scene of social protest in Latin America

We have already pointed out that the new cycle of protests that acquires momentum towards the end of the 1990s and the social movements that star in it offer distinctive features that differentiate them from those of the 1960s and 70s. The first evident fact tells us that the majority of the social organizations that promote these protests have emerged or been refounded in the last two decades. However, it is not only a matter of remitting exclusively to the organizational life or history of these movements, but particularly of the configuration they assume and that distinguishes them even within the map of the social conflictivity that characterized the 1980s and early 90s.

In this regard, if through the end of the 1980s, at least, the wage-earning Keynesian-Fordist conflict (and particularly the industrial conflict) constituted one of the main hubs of social conflictivity in the region, union organization additionally being the model that –in one way or another– marked the organizational nerve system of the majority of urban and rural social movements as well as fulfilling an outstanding role in the political and social articulation of the particular demands of collective participants, the structural transformations imposed by neoliberalism in all orders of social life (and in particular in the economy and the labor market under the de-industrialization and economic financiarization processes) were to sink that matrix of collective action into crisis, and weaken (albeit not eliminate) the weight of wage-earners’ unions as the starring parties in the conflict. In counterpart, as a result of the process of concentration of income, wealth and natural resources that marks neoliberal policies, new social movements with a territorial basis both in the rural world and in the urban space have emerged on the Latin American stage, constituting themselves on the basis of their ethnic-cultural identity (the indigenous movements), in reference to what they lack (the so-called “-less movements”, like the landless, roofless or jobless) or in relation to their shared life habitat (for example the movements of settlers).

Thus, the model of a return in the economy to raw materials, and the central role taken on in this context by agrarian restructuring processes, witness the emergence, in counterpart, of notable movements of rural origin. Also acting in the same direction is the privatization and intensive exploitation of natural resources that affects and upsets the life of numerous rural communities. This is undoubtedly one of the distinctive elements of the new phase that we analyze, and which crystallizes particularly in the major role of the indigenous movements, especially in Ecuador, Mexico and Bolivia. These movements attain an important influence at a national and international level that transcends sectorial claims, reaching the point of questioning both neoliberal economic policy and the political legitimacy of the governments that promote them as well as the constitutive form of the nation-state in Latin America. In this regard, for example, in the Ecuadorian case, the indigenous movement has striven for recognition for a political project which, reflected in the demand for a pluri-national state, seeks to guarantee self-government for the diverse indigenous nations. Under an even more radical claim of autonomy, the experience of the Zapatist movement demanded constitutional recognition for the rights of the indigenous peoples, which, partially crystallized in the so-called San Andrés Agreements (1995), would inspire the “caravan for dignity” that traveled through much of Mexico in the first months of 2001 to demand that they be complied with. To this brief listing one should add the activity of the indigenous movements of the Bolivian Altiplano (and also, although to a lesser degree, on the Peruvian side) and of the so-called “coca-growing movements” of Aymara peasants in the Chapare and the Yunga region in Bolivia and southern Peru, against the policy of eradication of coca crops demanded by the United States government. The prolonged activity of the Mapuche peoples of southern Chile (particularly embodied in the so-called Arauco-Malleco Coordination) against the appropriation of their lands and the over-exploitation of natural resources, as well as in Colombia’s Cauca Valley, are other outstanding examples of this type of struggle that seems to be carried out in the entire Latin American region. One may also point to the momentum acquired as of 2002 by the opposition of the original peoples of Central America against the Puebla Panama Plan, aimed at accelerating the penetration of transnational capital and investment in that region.

The appearance and consolidation of these indigenous movements on the political and social stage of the region is also accompanied by the emergence of numerous peasant movements that reach a significant presence at both national and regional levels. Standing out in this sense is the experience of the Brazilian Movement of the Landless Rural Workers (MST). The sustained takeovers of land and of public buildings to demand a progressive and comprehensive land reform, its actions against the spread of the model of genetically modified farming, and the development of the so-called “settlements”, have turned the MST into one of the social movements with the greatest political significance in the region. Its experience exemplifies a process of increasing mobilization and organization of the rural sectors at a regional level, embodied in the dissemination of landless movements in other Latin American countries (for example in Bolivia and Paraguay) and in the intensification of the peasant struggles in Mexico, Paraguay and Central America, and in their ability to likewise convoke the small-scale producers hit hard by the policies of liberalization of the agricultural sector carried forward under the promotion of free trade agreements. In the same direction, one may point to the growth of the protests and of the convergence processes experienced in the countryside against the economic and social consequences caused in those sectors by the fall in the international prices of numerous farm products, draconian credit policies and the tariff barriers against that type of products erected in the industrialized countries.

At the same time, in the urban arena, the structural effects of unemployment generated by neoliberal policies have –especially in countries of the Southern Cone– entailed the appearance and consolidation of movements of jobless workers. Argentina appears in this sense as the most emblematic case of this phenomenon, in which these movements, which receive the name of piqueteros3, occupy a central position –particularly as of 1999– on the stage of antineoliberal protest and in the acceleration of the political and social crisis that led to the resignation of president Fernando De la Rúa in December 2001.

Meanwhile, Latin American cities have been subjected to deep processes of spatial and social reconfiguration through the impact of liberal policies. The processes of “municipal decentralization” instrumented under the aegis of the fiscal adjustments (with the aim of “alleviating” the responsibility of the central governments to transfer resources to local administrations) have had enormous consequences on the daily life of the inhabitants of the cities. The processes of fragmentation and dualization of the urban space, abandonment of public spaces, deterioration in services and spread of violence have been only some of the most visible consequences of this profound social and spatial transformation that took place in the cities of the region. Recent urban conflicts seem to prove this multiplicity of troubles emanating from the social polarization promoted by neoliberalism. The struggles for access to housing (roofless movements), for the improvement of public services and against the rise in the rates of these, for the defense of public schooling, and against decentralization policies, also witness, in many cases, the confluence of diverse social sectors. The scourges caused by natural catastrophes (earthquakes, cyclones, floods) worsened by the increasing ecological impact of current capitalist development, as well as the abandonment of rural populations in the face of the need for governmental assistance and investment, explain the numerous mobilizations in demand of assistance by local and national governments.

The importance attained by these movements with a territorial basis that we have briefly summarized is far, however, from entailing the disappearance of the conflict involving urban wage-earning workers. Not only because in many of these movements one can make out the presence of workers in the diffuse and heterogeneous forms that this category assumes under a neoliberalism that leads to processes of “reidentification in terms not linked to the relation between capital and labor, but in other, very different ones, among which the criteria of ‘poverty’ and ‘ethnicity’, of occupations and of ‘informal’ activities and of primary communities are, probably, the most frequent” (Quijano, 2004). The verification that emerges from the monitoring of social conflicts in Latin America carried out by OSAL is that the world of labor, particularly in the urban space, far from being a secondary matter in the practice of defending claims, occupies an outstanding spot in the map of social protest, representing over a third of the conflicts surveyed over the course of the period extending from May 2000 to December 2003. Nevertheless, this quantitative weight in the register of protests contrasts with the difficulties which these (and the union organizations that promote them) face in transcending their sectorial nature and reaching a national dimension, and point to a redefinition in favor of a significant stellar role for civil servants, who account for around three quarters of the total of such protests4.

These struggles by government-employed wage earners are undertaken in the face of the insistent reform and privatization efforts encouraged by neoliberal policies, in particular as a result of the launching of fiscal adjustment packets demanded and negotiated by governments with the international organizations. Of particular significance in this sector are the dynamics of teachers and professors whose claims refer fundamentally to wage increases, the payment of wages in arrears, increases in the education budget, and the rejection of education reform proposals (particularly the flexibilization of working conditions). In some countries, the actions that ensue from the opposition to the privatization of public education allow a convergence with student sectors (in the university arena) as well as with other sectors (pupils’ parents, for example) which, backing the teachers’ demands and participating in the defense of public education, seem to point to the appearance of the “education community” form in the development of these conflicts (OSAL, 2003).

Attention may also be drawn to the intense practice in defense of their claims by administrative employees who mobilize against dismissals, for wage increases or wages in arrears, and against the reform of the state. Within the government sector, one may also underline the conflicts in many countries involving health workers, over wage claims, in favor of increases in the budget allocated to public hospitals and to the sanitary system in general, and for the improvement of working conditions. It is interesting to stress that the form of protest in this sector recurrently adopts the modality of extended stoppages –including strikes for an indeterminate period– and are articulated both under the form of national and regional strikes called by labor federations (these are recurrently recorded in almost all countries) and with street mobilization processes. In the same sense, one may also stress the conflicts against the privatization of government-owned enterprises.

But if the “first generation” privatization wave undertaken at the beginning of the 1990s by some governments in the region was characterized by social resistance fundamentally led by unions and by the workers of the sectors affected, the struggles against the “second generation” privatizations in some cases appear as a moment of social aggregation of protest which becomes manifest through the emergence of spaces of political and social convergence of a wide-ranging character. In the first of these cases, where these protests remained restricted to the workers and were unable to constitute wider social fronts that would transcend particular demands, they were, in general, defeated. The conflict being circumscribed to the employees at the enterprises in question, after the privatization a large part of them were laid off and went on to swell the ranks of the unemployed. The new cycle of social protest that we are analyzing, on the contrary, seems to exhibit a change in relation to this question. Some recent examples, such as the protests promoted by the Civic Front of Arequipa in southern Peru against the sale of the government-run power utilities (2002), and by the Democratic Congress of the People in Paraguay for the repeal of the law that allowed the privatization of state-owned companies (2002), serve to illustrate the broad convergence against the privatizations of social sectors (peasant federations, unions, students, NGOs and political parties) whose struggles are provisionally successful and force the governments to backtrack on their privatizing intentions5. This type of protests often takes on a markedly radical form (urban uprisings, lengthy highway blockades, takeover and occupation of company facilities) which appears to accompany a confrontational trend in its activities that characterizes the current cycle of protests that the region is undergoing. At the same time, the denunciation of corruption and the demand for greater democratic participation and transparency in local political life have prompted city dwellers to express their dissatisfaction, also promoting sectorial convergence processes under the form of popular uprising (puebladas) or of community mobilizations.

If in previous decades youthful participation and mobilization in Latin America was to a great extent channeled through the strong presence of the university student movement, youth protests now seem to adopt new forms and channels of expression. The decrease in the levels of school attendance resulting from the combined effects of the process of privatization of education and of the concentration of income and rise in poverty may perhaps explain, among other causes, the loss of relative weight of students’ movements. Although students still constitute a dynamic sector in the context of social conflictivity, even being involved in multisectorial protests that go beyond educational demands, the expression of youthful discontent is also channeled through an active participation in the movements of the jobless, of young favela dwellers in Brazil, in alternative currents and collective cultural phenomena of diverse types, in human rights movements, in indigenous and peasant protests and union-related groupings of young, impoverished workers. Younger generations have had an active and outstanding participation in the mass protests of a political nature that led to the resignation of presidents or that radically put into question the implementation of adjustment policies and privatizations, thus nuancing the stereotyped views of reality that speak of a marked youthful disenchantment with political participation in a wide sense. In the same context, it is necessary to underline the major importance and role filled by women in the social movements referred to. Feminine figures also stand out in the constitution of these territorial movements (Zibechi, 2003), being reflected both in the notable role displayed by piqueteras, Zapatist and indigenous women, and in the revitalization and reformulation of the feminist currents of previous decades, which crystallized, among other experiences, in the so-called “world march of women” and in the reference to the “feminization of poverty” (Matte and Guay, 2001).

Lastly, in the current setting of Latin American social protest, particular significance is exhibited by the processes of regional and international convergence that have acquired a strong momentum in recent years and that, by virtue of their scope and geographical insertion and the number of movements and social groupings they are capable of attracting, constitute an unprecedented experience in this continent. In the past, the experiences of international coordination of social movements found their most conspicuous expressions in the areas of labor organizations or of university student sectors. These convergences centered fundamentally on the defense of sectorial or professional interests, a fact that entailed great difficulties in transcending the arena of their specific demands. The impact and consequences of the “neoliberal globalization”, and consequently the irruption into national political settings of processes of continental scope (among others, for example, the so-called free trade agreements), in many cases linked to the penetration of transnational –particularly US– capital, have led to the appearance and reaffirmation of hemispheric coordination experiences with the confluence of labor, women’s and students’ movements, NGOs, political parties, and antimilitarist and environmental groupings in which a decisive role falls to peasant organizations (particularly through the Latin American Coordination of Peasant Organizations, CLOC, and its international articulation, Vía Campesina [Peasant Path]). The Continental Campaign against the Free Trade Area of the Americas (FTAA), promoted by the Continental Social Alliance and other networks and groupings (as well as the constitution of the Social Movements International Network), constitutes perhaps the most outstanding example, to which the innumerable amount of regional and continental gatherings (which also include movements from North America) against the Puebla Panama Plan and regional militarization and foreign interventions (particularly in reference to the so-called Colombia Plan and Andean Initiative) is added. In this process, the constitution of the World Social Forum (WSF, 2001-2004) appears as the most prominent experience of these convergences, not only at an international but also at a continental and regional level.

 

The new configuration of popular movements

Within this overview, which we have briefly summarized in relation to the features exhibited by social conflictivity in Latin America in recent years, some of the particular aspects that distinguish the actions and constitution of contemporary social and popular movements in our region already stand out. The analysis of these experiences and, particularly, the understanding and conceptualization of the novel aspects posed by those movements in the historical course of collective action and social contestation, constitute one of the centers of attention of the shaping and revitalization of current Latin American social thinking. The renewed generation of studies and publications about these subjects has also entailed the constitution of a new field of problématiques as well as an enrichment of the theoretical and methodological frameworks related to the study of social movements. One of the manifestations of these processes and of the debates posed is, for example, the position recently taken up within critical thinking by the discussion on the conceptualization of power and the role pertaining to the nation-state in reference to the views of social emancipation promoted by those movements6. It is not however our intention to present the problématiques orienting the debates and the reflections of social scientists –and of the movements themselves7. We are interested in underlining and going deeper into some of the features that distinguish the configuration of social movements at this time.

In relation to this, and with regard to the “repertories of protest”, it is important to point out a trend toward a greater radicalness in the forms of struggle, which is manifested in the duration of protests (actions over prolonged or indeterminate periods); in the generalization of confrontational forms of struggle to the detriment of demonstrational measures; in the regional spread of certain modalities such as the blockading of roads (characteristic, for example, of the protests of both the movements of jobless workers in Argentina and of the indigenous and coca-growing movements in the Andean Area) and the takeover of land (promoted by the peasant movements) or of public or private buildings. At the same time, the recurrence of lengthy marches and demonstrations that traverse regional and national spaces over the course of days and weeks seems to want to counteract the dynamics of territorial segmentation promoted by neoliberalism. Likewise, the puebladas and urban uprisings appear to be strategies aimed at the collective re-appropriation of the community space and at the recovery of a social visibility denied by the mechanisms of power (Seoane and Taddei, 2003).

In relation to the social actors that seem to take part in this new cycle of protests analyzed, we may stress two features that we have already singled out previously. The first is the displacement of the wage earners’ conflict to the public sector, to the detriment of the impact and importance of those promoted by workers in the private sector. This fact, in turn, implies a particular configuration that runs through the actions of labor organizations, while the dynamics of the posing of demands by the public sector calls on the participation and convergence of other social sectors in the defense of access to, and the quality of, education and health as human rights. In this sense, it is important to underline that in many cases the struggles against these policies of dismantlement and privatization, and the boosting of the convergence processes –which adopt the forms of coordinating units and civic fronts– don’t necessarily rest on wage-earning labor dynamics. The role played by other organizations (peasant and indigenous movements, the unemployed, students, urban movements, among others) in the shaping of these “expanded social coalitions” is of major importance. The second characteristic refers to the consolidation of movements of rural origin –indigenous and peasants–, which reach national and regional significance and influence. These develop a notable capacity of interpellation and articulation with urban social sectors, in many cases successfully being able to link the dynamics of the struggle against neoliberalism (agrarian policy, privatizations, fiscal adjustment) to a wider questioning of the bases of legitimacy of the political systems in the region.

These two brief pointers –as well as the description of the setting of social conflictivity presented earlier– therefore allow us to go deeper into the characterization of the particular configuration that appears to distinguish the experimentation of contemporary social movements in the region. Without seeking to exhaust this issue, it is necessary, in our understanding, to emphasize three elements that under different forms and with diverse intensities seem to run through the constitutive practice of the majority of the most significant Latin American social movements.

In the first place, a dynamics of territorial appropriation that characterizes the collective practice of what we have earlier referred to as rural and urban territorial movements. Presented as “the strategic response of the poor to the crisis of the old territoriality of the factory and the farm… [and to] the de-territorialization of production… [promoted by] neoliberal reforms” (Zibechi, 2003), as well as to the process of privatization of the public sphere and of politics (Boron, 2003a), this trend to re-appropriation by the community of the living space in which those movements are located remits to the expansion of the experiences of productive self-management (Sousa Santos, 2002b), the collective solution of social needs (for example in the field of education and of health), and autonomous forms of handling of public affairs. This diversified continuum encompasses the cooperative settlements of the Brazilian MST, the indigenous communities in Ecuador and Bolivia, the autonomous Zapatist town governments in Mexico, the productive undertakings of the various jobless movements and movement of recovered factories both in Argentina, as well as the puebladas and urban uprisings that implied the emergence of practices of management of the public space (such is the case for example of the “Water War” in Cochabamba, Bolivia, and of the experience of the popular assemblies that emerged in the main urban centers of Argentina after December 2001). In this sense, this rising “territorialization” of social movements is the result both of the extension of “forms of reciprocity, that is to say, of the exchange of labor force and of products without passing through the market, albeit with an inevitable, but ambiguous and tangential, relationship with it… [as well as of] new forms of political authority, of a communal character, that operate with and without the state” (Quijano, 2004). In permanent tension with the market and the state, extended in time or unstable and temporary, settling around practices of “production and reproduction of life” (Zibechi, 2003) or simply operating in the terrain of the management of public and political affairs, this dynamics of collective re-appropriation of the social territory appears to guide the experience not only of the indigenous and peasant movements, but also in the urban space (Seoane, 2003a). In this sense, we might state that “antineoliberal politics would appear to head towards an action of […] reproduction and production of society beyond the expanded and dislocated production of transnational capital” (Tapia, 2000).

In consonance with this experience, the practice and discursiveness of the majority of the social movements described appears imbued with the revaluing of democratic mechanisms of participation and decision which, inspired in references to direct or semi-direct democracy, orient both their organizational models and their programmatics and demands vis-à-vis the state. In this regard, on one hand, the promotion of more horizontal and open forms of participation is seen as reinsurance in the face of the danger of “disconnection” between the different organizational levels and of bureaucratization and manipulation. On the other hand, the confrontation with the neoliberal hegemony in the terrain of public policies has been translated into a growing questioning of the political system, of the model of representative democracy, and of the form that the constitution of the nation-state adopted in Latin America, promoting a diversity of demands that ranges from those for consultations and referendums to claims for autonomy and self-government, boosted particularly by the indigenous movements. The experiences of social self-organization linked to assembly-like forms of organization were a feature of the emergence of many of these movements (for example of the organizations of jobless workers and of the popular assemblies in Argentina or the urban uprisings of the “Water War” and the “Gas War” in Bolivia). Additionally, the traditional experiences of community management that characterized indigenous communities, reformulated under the impact of neoliberal policies, have served to pose a critical and alternative view of delegational and representative forms. In this terrain, the Zapatist experimentation crystallized in the watchword of “commanding while obeying” (Ceceña, 2001) is perhaps the clearest and most suggestive example, although not the only one. At the same time, the utilization and presence in the programmatics of many of these movements of instruments of semi-direct democracy can be verified, for example, in the demand for the gas referendum and the summoning to a Constitutional Assembly in the events of October in Bolivia (2003), in the referendums against the privatizations in Uruguay, or in the demand for binding plebiscites on the FTAA promoted by the social coalitions constituted in opposition to that trade agreement at a continental level. In the same direction, be it under the form of the demand for a plurinational state in the case of the Ecuadorian indigenous movements, or of the demand and construction of self-government in the autonomous Zapatist town governments, the claim of autonomy for indigenous peoples encompasses, in its projection on society, the broaching of a radical democratization of the forms of the nation-state, particularly in the “coloniality of power” that characterized its constitution (Lander, 2000). Lastly, access to local governments by representatives of those movements (especially in the experience of the Ecuadorian hills and in the Cauca valley in Colombia) has entailed the launching of mechanisms of popular participation and control in their handling (Larrea, 2004). In the diversity of the experiences described above, one many thus point to the emergence of a democratizing trend that traverses the collective practice of these social movements both in their spaces of autonomy and in the terrain of the state (Seoane, 2004; Bartra, 2003a), and expresses the extent to which “participatory democracy has taken on a new dynamics enacted by subordinate social communities and groups struggling against social exclusion and the trivialization of citizenship” (Sousa Santos, 2002a).

Lastly, it may be pointed out that, as from the protests against the Multilateral Agreement on Investment (MIA, 1997/98), the “battle of Seattle” that impeded the so-called Millennium Round of the World Trade Organization (1999), the creation and deepening of the experience of the World Social Forum (WSF, 2001 through 2004) and the “global days of action” against the military intervention in Iraq (2003/2004), the backbone of a “new internationalism” has left a deep and singular imprint on the experimentation of social movements in the world arena. The eminently social character of the actors involved (albeit not unlinked, should it be necessary to make this clear, to ideological and political inscriptions), their heterogeneity and scope, the truly international extension of the convergences, the organizational forms and the characteristics taken on by these articulations point to the novelty of this internationalism (Seoane and Taddei, 2001). As we have already shown, the Latin American region has not remained outside this process. On the contrary: the holding in 1996 of the 1st Encounter for Humanity and Against Neoliberalism organized by Zapatism in the depths of the Chiapas forest –which may be considered one of the first international summons located at the origin of this process–, as well as the fact that the birth of the WSF took place in the Brazilian city of Porto Alegre, point to the profound imbrication between the growth of protest and social movements in Latin America, and the emergence of the global convergences against neoliberal globalization. In this region, over the course of recent years, these experiences have been particularly marked by the evolution of the so-called agreements on trade liberalization, and especially of the United States’ initiative of subsuming the countries of the region within a Free Trade Area of the Americas (FTAA). These resistance processes, that implied both the constitution of spaces of coordination at a regional level (which group a wide array of movements, social organizations and NGOs) and the emergence of similar convergence experiences at a national level (for example, the national campaigns against the FTAA), turn out to be, within the continental framework and along with the experience of the Social Forums and of the mobilizations against the war, an expression and extension of the alterglobalist movement that emerged and was consolidated in the last decade. In relation to this process of convergences against “free trade”, the regional experience hails back to the protests triggered by the negotiation and launching (1994) of NAFTA (North American Free Trade Agreement), the creation of the Continental Social Alliance (1997), the organization of the 1st Summit of the Peoples of the Americas (1998) in opposition to the 2nd Summit of presidents of the 34 American countries that participate in the negotiation over the FTAA, and the organization of the Hemispheric Meetings of Struggle Against the FTAA (Havana, Cuba; 2002 to 2004). Nevertheless, particularly in relation to the dynamics and characteristics taken on by these negotiations as of 2003 –marked by the proximity of the date foreseen for their conclusion (2005), the difficulties and resistance it faces and the acceleration of the plurilateral Free Trade Agreements–, these convergence and protest processes are intensified at a regional level8. In Central America, the fruit of these experiences has been the creation and development of the Mesoamerican Forums and of the so-called Central American Popular Block. In the case of the countries forming part of MERCOSUR, the so-called “National Campaigns against the FTAA” have promoted diverse and massive popular consultations and have evolved toward the increasing questioning of “free trade” in the face of the different trade negotiations undertaken by governments. Lastly, in the Andean Area the articulation between the rejection of these treaties with massive protests in the national spaces (for example, the “Gas War” in Bolivia, 2003) and the emergence of regional coordination processes (for example, in April 2004, the first Andean Day of Mobilization Against the FTAA) point to the wealth of such processes. In this direction, the forthcoming holding of the 1st Americas Social Forum in Ecuador (July 2004) will constitute an arrival point of these experiences as well as an event that will prove the maturity, depth, features and challenges faced by internationalism in the Latin American and continental arena.

 

“Neoliberalism of war” and social convergences

The process opened in Latin America in recent years –in the face of the exhaustion of the neoliberal model in the form in which the latter tragically crystallized in the 1990s in our region– is increasingly expressed in the intensification of the disputes regarding the direction to be adopted by a transition whose outcome remains uncertain. In this sense, the social and political realities of the various countries is seen to be marked, as we pointed out earlier, by renewed social protest –which at a regional level has grown in recent years– and by the activity of social and popular movements with features different from those that had occupied stage center in the immediate past. This process, in the framework of the economic crisis undergone by most of the region and in the face of the attempts to deepen neoliberal policies, has in some cases been translated into “popular uprisings” (that in most cases ended in the collapse of governments), in the constitution of “electoral majorities” critical of neoliberalism, and even in the reappearance of a political discursiveness that differentiates itself from the latter. In their diversity, these processes point to the growing crisis of legitimacy that puts into question the cultural, economic and political forms that underpinned the application of neoliberalism in the past.

Nevertheless, in the face of this process, the attempts to deepen neoliberal policies have tended to a rising militarization of social relations in a process that has been given the name of “neoliberalism of war” (González Casanova, 2002; Taddei, 2002). This refers not only to the policy of war and of military intervention wielded as an international prerogative by president Bush –particularly a posteriori of the attacks of September 11, 2001– but also to the deepening of a repressive social diagram that encompasses legal reforms that slash democratic rights and freedoms and award greater power and immunity to the actions of police forces, and the criminalization of poverty and social movements, the so-called “judicialization” of protest, the increase in state and para-state repression, and the rising intervention of the armed forces in domestic social conflict. Justified by the alleged fight against the drug traffic, terrorism or crime, the ideology of “security” thus seeks the reconstitution of the challenged “neoliberal governability”. One of its most tragic expressions has been the increase of the United States military presence in the entire Latin American region (Quijano, 2004; Algranati, Seoane and Taddei, 2004). Additionally, in the terrain of domestic policies, the Colombian case emerges as one of the main laboratories for the implanting of these repressive diagrams, particularly under the administration of president Álvaro Uribe, who opened a process that seeks not only to deepen the military confrontation with the guerrillas –after the peace agreements of the previous period were broken– but also the deployment of a policy of “social militarization” in the attempt to affirm an authoritarian legitimacy, particularly among middle-class urban sectors (Zuluaga Nieto, 2003). The face of the “neoliberalism of war” thus accompanies the promotion of a radical and even more regressive reconfiguration of the political, social and economic geography of the region as a result of the acceleration of the so-called “free trade agreements” that find their maximum expression in the FTAA.

We have attempted up to this point to give an account of the paths taken and features adopted by the process of social and political disputation opened by the crisis of the neoliberal model forged in the 1990s and of the characteristics that appear to distinguish the configuration of contemporary social movements. As we have pointed out, this process is not homogeneous, and is expressed in a differentiated manner in each of the regions into which the continent may be subdivided and even within these. In this regard, the evolution of the northern region (Mexico, Central America and the Caribbean) seems to evince a marked consolidation of trade liberalization processes, which constitute the cornerstone of Washington’s strategic plans. At the same time, the convulsive political situation in a major part of the Andean region is a manifestation of the strong social tensions resulting from the attempts to deepen these “news” neoliberal recipe books, which are translated into the difficulty in the stabilization of the new political regimes that promote these policies. Expressions of this are the increasing popular discredit of the governments of Peru and of Ecuador; the setting opened with the “Bolivian October” that projects new confrontations and possible changes on the horizon, and the Venezuelan case, where the battle around the presidential recall referendum this coming August will undoubtedly acquire a regional dimension. The outcome of this process will be fundamental in Latin America with regard to the hegemonic aspirations of the White House to hinder the consolidation of democratic-popular political processes that challenge the neoliberal model. In the southern region, social movements face the great challenge of taking advantage of the chinks opened by the loss of legitimacy of neoliberalism to fight for the direction of the processes underway, maintaining and strengthening their autonomy in relation to governments.

Beyond the particular aspects exhibited by the processes at a subregional level, the generalization of free trade appears in all countries (with the exception of the Venezuelan case) as an axis emphasized by the political and economic elites to refound the neoliberal order and its legitimacy. In the face of this, the processes of regional convergence that on a national scale challenge the hegemonic economic model, and the emancipatory horizons that ensue from the practices and discourses that characterize social movements at the beginning of the twenty-first century, cast light on the outlines of those “other possible Americas” that our peoples so strongly call for.


Notes

 

* Coordinator of the Latin American Social Observatory (OSAL) of the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO) and Professor at the Faculty of Social Sciences of the University of Buenos Aires (UBA).

** Academic Coordinator of the Latin American Council of Social Sciences (CLACSO).

*** Member of the Coordinating Team of OSAL-CLACSO.

1 We are particularly grateful for the comments of Ivana Brighenti and Miguel Ángel Djanikian in the revision of the text.

2 We find it impossible to develop this issue here. Regarding the evolution of poverty and unemployment in Latin America, reference may be made to the reports on Human Development of the UNDP (2002) and of ECLAC (2002). With regard to the consequences in relation to democracy see Boron (2003a). Regarding the structural transformations of Latin American capitalism, see among others Quijano (2004) and Fiori (2001).

3 Road or highway blockade, generally for an extended period.

4 For example, for the year 2003, the conflicts involving workers of the public sector represent, according to the records supplied by OSAL (Latin American Social Observatory, CLACSO), 76% of the total number of protests by employed workers.

5 The most important among this type of protests undoubtedly turns out to be the so-called “Water War” in Cochabamba, Bolivia (2000), which frustrated the attempt to award a concession for, and privatize, the drinking water service in that city to an international consortium headed by the Bechtel company.

6 Regarding this debate one may consult, among other texts, the diverse dossiers published in numbers 12 and 13 of Chiapas magazine, as well as those included in numbers 4 and 7 of CLACSO’s OSAL magazine.

7 We have broached that question in the course “Neoliberalism and Social Movements in Latin America: the Configuration of Social Protest”, taught in the framework of the distance education courses under the platform of CLACSO’s Virtual Campus, 2003.

8 An evaluation of this process may be consulted in OSAL (2004).

 

Alternativas a la globalización neoliberal

a) Un enfoque político general: América Latina en 2006

En enero de 2005 el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) no entró en vigor. Su negociación está suspendida. En noviembre de ese año las presiones del gobierno Bush en la Cumbre de Presidentes de las Américas (menos Cuba) en Mar del Plata no consiguieron arrancar una agenda de retomada de las negociaciones por causa principalmente de la oposición de Venezuela y los países del Mercosur. En julio de 2006, en Córdoba, los presidentes del Mercosur se reunieron con la presencia de un nuevo miembro, Venezuela (1), y los jefes de estado de Chile, Bolivia y Cuba (1).

Mucho se puede especular o discutir sobre que “el ALCA no es un proyecto muerto” (que está en “compás de espera”, está siendo implementado por la “vía de menor resistencia a través de los TLCs sub-regionales”) y de que el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA), el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) y los TCPs (Tratados de Comercio de los Pueblos), esto es, los procesos inter-estatales que apuntan a la integración regional, enfrentan serias dificultades de construcción y conflictos entre sus miembros, son limitados en relación a la agenda general, etc. Pero, HOY, la agenda política de AMÉRICA DEL SUR está tomada prioritariamente por el tema de la integración regional.

El gobierno de los Estados Unidos bombardea este escenario presionando por TLCs (ya tiene con Chile, acaba de negociar con Colombia y Perú) pero esas victorias “puntuales” son la confesión de la derrota regional (ya que quedan afuera tanto los países de más peso económico (Argentina, Brasil, Venezuela) como otros que tienen atractivo económico-geopolítico (por su ubicación o por sus recursos naturales: Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador…) (2).

Cuando las primeras manifestaciones contra el ALCA ocurrieron en 1997-98 el escenario era muy distinto. (Aún en abril de 2001 en la Cumbre de Presidentes en Québec apenas el gobierno de Venezuela presentaba tímidos y aislados cuestionamientos al proceso impulsado por el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de sus incondicionales en la región). Estábamos aún en un escenario dominado ideológicamente por el “pensamiento único” y de que “no hay alternativas” que había copado a la región (y al mundo!) Con la ofensiva neoliberal iniciada en la década de 1980 y consolidada con las derrotas políticas de los proyectos socialdemócratas en Europa occidental (entre finales de los años 1970 y la década siguiente) y la derrocada del socialismo burocratizado en el Este Europeo (consumada con la disolución de la URSS en 1991). En las esferas regional y mundial lo que estaba sobre la mesa de negociaciones comerciales era la agenda de las corporaciones transnacionales (cuyo paradigma es el NAFTA, pero en el ALCA los negociadores de los Estados Unidos ya pensaban en ir más lejos aún).

Esa agenda es hoy ampliamente contestada en la opinión pública y desde los movimientos sociales de la región. A lo largo de los años hubo, de hecho, una educación política popular masiva en nuestros países sobre los temas involucrados en las negociaciones. Ocurrieron movilizaciones en diversos contextos y naciones contestando puntos importantes de esa agenda. Finalmente, varios gobiernos expresaron que no hay como aceptar el paradigma del NAFTA extendido a la región. Eso explica que el ALCA se haya empantanado.
Estamos ahora en el tiempo de las alternativas concretas y el tema de la integración regional (de América del Sur exclusivamente o ampliada hacia otros países también) tiene un papel central en consolidar ese nuevo escenario.

Ahora bien, esto ocurre en un momento en que la coyuntura mundial registra el auge del “unilateralismo” del gobierno norteamericano y la agresividad de su agenda militar, política e económica. Un proyecto de integración regional contra-hegemónica deberá responder no solamente a la agenda de las negociaciones comerciales internacionales sino también ser orientada por un proyecto que cuestione esa política imperial en los otros campos.

b)“Integración regional”, en coyunturas diferentes

Con una misma denominación, “integración regional”, se han planteado muchas cosas diferentes a lo largo de la historia de nuestro continente y una dilucidación de conceptos y procesos históricos sería, sin duda, necesaria [Aunque, obviamente, se trata de una tarea política e intelectual de largo aliento y que debería involucrar a diversos sectores].

Para el objetivo de este documento basta decir aquí que cuando HOY tratamos de la integración regional debemos actualizar el debate para la coyuntura política regional específica que antes referimos. Es decir, estamos tratando de un proyecto de integración regional CONTRA-HEGEMÓNICA, de oposición a la agenda que el gobierno de los Estados Unidos (y otras potencias) tienen para la región, de afirmación de un proyecto regional que incorpore las aspiraciones populares y nacionales.

Esto es importante porque parte importante del debate en nuestros países sobre integración regional de la segunda parte del siglo XX se dio en el marco de (o, incluso, para reforzar) la hegemonía de los Estados Unidos sobre la región.

c)”Integración regional” y “libre comercio”

Los temas aquí tratados tienen una larga historia. Es así natural que hayan adquirido en nuestros idiomas sentidos diversos dependiendo del momento histórico a que se refiere.
Así, por ejemplo, la historia del concepto de “libre comercio” puede tener como uno de sus puntos importantes las obras de Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (1772-1823). Se trataba de eliminar barreras aduaneras entre países para que el comercio de mercancías se hiciera libremente. Eso favorecería a ambos países, mismo que hubiera grandes disparidades entre ellos. El imperio inglés la tuvo como su bandera de expansión económica en el siglo XIX.

Registremos que el pensamiento crítico latinoamericano cuestionó profundamente las bases teóricas y los resultados históricos de la aplicación de esa receta en nuestra región. Debemos rescatar esa herencia intelectual que los años neoliberales han querido enterrar: los debates de la CEPAL entre 1949 e inicios de los años 1980, la teoría de la dependencia, etc.

Pero, el “libre comercio” que está en la agenda desde los años 1980 no se refiere tan solamente a la “libre circulación de mercancías”. En la OMC, en el ALCA y en los TLCs bi-regionales hay una amplia agenda de temas que buscan definir supranacionalmente limitaciones a los estados nacionales en su “capacidad de hacer política de desarrollo” para fijar lo que sería una “carta de derechos de los capitales transnacionales” (para protegerlos de los pueblos). Su lógica, que viene de la hegemonía ideológica neoliberal de los años 1990, es que si el país que “hace su lección de casa” (cumple las recetas del Consenso de Washington, por ejemplo) los capitales le retribuirán invirtiendo, creando empleo y bienestar social. El destino de esa sociedad y de ese país estará entregado “al mercado” (lo que hoy es decir al gran capital transnacional).

Podrá rastrearse en las propuestas de integración regional – tal como ahora está en pauta – temas que están en la agenda del libre comercio. Al final, se espera que, en el marco de la integración, prospere el comercio entre nuestros países. O que haya reglas para que la inversión de capitales de un país se pueda realizar en el otro. Pero aquí el sentido es totalmente otro. El punto de partida y el trayecto que se espera cumplir son totalmente otros, tal como se verá más adelante.

d)Integración regional, condición para enfrentar a los proyectos hegemónicos del capitalismo global

En la visión que aquí trabajamos la integración regional es un paso y una herramienta para alterar la inserción de nuestros países en el mercado capitalista internacional y en la geopolítica mundial.

Es obvio que ninguno de nuestros países aisladamente tiene condiciones materiales para hacer frente a las presiones de las principales economías capitalistas. La dependencia de nuestros países en relación al capitalismo central existe y funciona. Los gobernantes entreguistas (como Menem en Argentina, FHC en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia etc.) que aplicaron políticas tomando la dependencia (de nuestros países en relación a Estados Unidos) como dada e inamovible buscaban navegar a favor de esa corriente. Lo que se vio es que ahí no hay proyecto de país ni de sociedad, hay un proyecto de anexación de nuestra región a la economía, política internacional, estrategia militar e industria cultural de los Estados Unidos.
La integración regional permitirá aprovechar una diversidad de recursos (naturales, productivos, financieros, científicos e intelectuales, etc.) que existen de forma diferenciada entre nuestros países fortaleciendo las capacidades regionales, nos daría una mayor identidad y cohesión política en cuánto “bloque regional” y de esa forma nos permitiría otras posibilidades de acción a nivel internacional (en negociaciones comerciales con otros países o bloques, en el sistema internacional etc.).

e)Puntos de partida para un proyecto de integración regional contra-hegemónico

Para construir un proyecto de integración contra-hegemónico no partimos del “cero”.
Tenemos, en primer lugar, los debates realizados por nuestros movimientos EN EL PERÍODO POLÍTICO ANTERIOR y en respuesta a una agenda diferente (colocada por las fuerzas neoliberales).

Se trataba de enfrentar al ALCA: en “Alternativa para las Américas” están sistematizadas una serie de propuestas de los más diversos movimientos en oposición a la agenda del gobierno de los Estados Unidos. En las declaraciones y documentos de los varios Encuentros Hemisféricos de Lucha contra el ALCA (realizados en La Habana) están registradas las críticas al ALCA y las reivindicaciones de los movimientos sociales.

Se trataba de impulsar al Mercosur y a la CAN en un rumbo diferente al que se le impuso en los años 1990: diversos movimientos levantaron propuestas alternativas (sindicatos, mujeres, campesinos etc.). Más recientemente también entró en la discusión los rumbos de la ALADI. Igualmente el IIRSA viene siendo discutido y cuestionado en sus fundamentos por los más diversos movimientos. La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA) es un tema aún más reciente y el que será utilizado por nosotros para lanzar un debate más general sobre la integración.

No nos escapa que la DISCUSIÓN ANTERIOR ES LIMITADA por el papel que cumplió – reactivo y defensivo frente a la ofensiva neoliberal en la región.

También reconocemos que diversos gobiernos han abierto sus agendas en los últimos años buscando otras perspectivas en acuerdos comerciales en curso (por ejemplo, los Fondos Estructurales en el Mercosur) o nuevos tipos de acuerdos (ALBA, TCP).

Finalmente hay otros actores que deben ser convocados para ese debate a más de gobiernos y movimientos sociales. Los partidos políticos deberían tener un papel clave en ayudar a formar una voluntad política integracionista y tienen un espacio de convergencias en el Foro de S. Paulo. Las universidades y los centros de investigación deberían entrar fuertemente en el debate como parte de un esfuerzo de pensar nuestra región desde sus raíces y sus necesidades – porque el neoliberalismo colocó a la intelectualidad una perspectiva subordinada al punto de vista de las metrópolis. El diálogo entre las diversas religiones e iglesias que existen en nuestra región podría tener un papel importante en el fortalecimiento de la pluralidad de nuestra identidad como pueblos.

El proceso que los movimientos vamos a realizar hasta diciembre para la Cumbre Social en Santa Cruz de la Sierra, deberemos, por un lado, definir los puntos prioritarios en nuestra agenda para al integración – partiendo de los que los propios movimientos sociales ya han acumulado – y, por el otro, el diálogo con otros actores de ese proceso.

Entendemos que la agenda tiene áreas importantes de concentración temática sobre las cuales debemos debatir:

1)Una integración para la sinergía entre y para la reorientación de nuestras economías.

La herencia colonial de nuestros países ha hecho que nuestras economías sean en muchos casos competidoras entre sí al servicio de los mercados y capitales de lo países del capitalismo central. Una política de integración tiene que apostar a la complementariedad y al desarrollo con equilibrio entre regiones, países y sectores.

Por otro lado, nuestras economías están tomadas por oligopólios en gran parte de capitales internacionales. La integración debe servir para apoyar y expandir la economía solidaria, la economía campesina, a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad y a fortalecer la capacidad de nuestros estados de “hacer políticas de desarrollo” definidas democráticamente por nuestros pueblos.

Hay una matriz productivista depredadora del medio ambiente que debe ser combatida con una perspectiva sustentable siempre que se discuta la ampliación de proyectos de producción y las necesarias reconversiones de sectores productivos nocivos a la renovación del medio ambiente.

El actual modelo económico es sostenido por una división entre producción y reproducción que impone a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidado. Para un proceso de integración generador de igualdad hay que romper con esa lógica, cuestionar la división sexual del trabajo y actuar para el equilibrio entre producción y reproducción.

Las economías de nuestros países vienen de muchos años de aplicación de recetas neoliberales que tuvieron como uno de sus ejes la destrucción de conquistas laborales y sociales de las clases trabajadoras. Un proceso de integración debe estar afianzado sobre un compromiso de recuperar, universalizar y ampliar derechos en el mundo del trabajo. Y hoy día se agrega con mucha fuerza la defensa de derechos de las poblaciones migrantes que han tenido que abandonar sus países de origen por causas económicas o políticas.

2)Una integración cuyo punto de partida debe ser el bienestar social.

La agenda no debe ser (apenas ni sobretodo) económica. Es fundamental desarrollar políticas sociales de atendimiento universal a las necesidades de salud, educación, moradía y acceso a la energía eléctrica y al agua de nuestros pueblos.

Eso significa combatir las pretensiones de las corporaciones transnacionales de transformar esos servicios en negocios privados internacionalizados y desarrollar políticas para la universalización del acceso a esos servicios.
La integración debe venir también con políticas de afirmación de los derechos de las poblaciones que han sido oprimidas por el capitalismo dependiente, el patriarcado, el colonialismo. El derecho a la igualdad para las mujeres, para las poblaciones negras, la libertad de opción sexual, el reconocimiento de los derechos a su cultura, a territorios y autonomías de los pueblos originarios son parte de esta agenda.

3) Los dos puntos anteriores se combinan con la discusión sobre las matrices de nuestras infraestructuras regionales.

Nuevamente la herencia colonial ha hecho que las vías de comunicación de nuestros países solo existan para vincularnos a las metrópolis; no hay vías de transporte barato y masivo de personas y cargas entre nuestros países. La integración regional es también y necesariamente la inter-comunicación de territorios a través de carreteras, ríos y vías férreas. Ahora bien, la infra-estructura para conectar a los pueblos puede ser utilizada también para hacer de nuestra región una plataforma de exportaciones baratas a las metrópolis; este desvío no se resolverá bloqueando el desarrollo de la infraestructura, mas reorientando el desarrollo de neustros países. Pero esta debe ser también una decisión de los territorios y las poblaciones que van a ser inter-conectadas. Es decir, suponer una participación popular en la definición de esos proyectos, que hoy no existe.

La cuestión energética es clave para el futuro de nuestras sociedades. Partimos de la matriz energética heredada del siglo XX y necesariamente en este punto de partida habrá que combinar nuevos desarrollos sobre la misma con nuevas fuentes de energía renovables y más limpias que las actuales. ¿Cuál debe ser el mix entre pasado y futuro en el momento actual?
Por otro lado, es importante notar que buena parte de la agresividad imperialista en este comienzo del siglo XXI tiene que ver con el tema energético, lo que nos debe llevar a considerar esta dimensión a la hora de las propuestas (ya que el imperialismo tiene una agenda muy fuerte en este tema en particular).

4) Desatar todos los nudos de la dependencia

Nuestra región pasó de colonias de alguna metrópoli Europa (en realidad, aún persiste el colonialismo francés en territorio sudamericano en la Guayana, cuya independencia debemos apoyar y reivindicar junto con el movimiento de liberación que allí lucha) para la condición de países dependientes del imperio de turno.

Desatar esos nudos tendrá un punto de apoyo importante en la integración regional como antes diseñada pero pasa por libertar a nuestros países de la subyugación financiera internacional (que se da a través de la deuda externa, de la especulación financiera internacional etc.) No es mera casualidad que en órganos que promueven la dependencia de nuestros países – como el FMI y el Banco Mundial – haya tomado relevancia la discusión sobre la necesaria “coherencia” entre las polacas que nos quieren imponer (es decir, que deben ser “coherentes” las políticas impuestas por el FMI, con las del Banco Mundial y las de la OMC y TLCs…). Desatar los nudos de la dependencia financiera internacional es una pauta prioritaria.

Otro nudo es el de la presencia militar de los Estados Unidos en nuestra región (a través de bases como las que tiene en Colombia y Ecuador, o de tropas como las que están en Paraguay) y su política de intervención en los asuntos internos de nuestros países (actualmente a pretexto del combate al narcotráfico y el terrorismo). Desarrollar una política de seguridad regional autónoma es uno de los grandes desafíos puestos a nuestros pueblos para el próximo período.

PARA FINALIZAR este guión de lanzamiento del debate, queremos enfatizar que se trata de un proceso. Pero, nuestro punto de partida es de conquistas en la fase de la resistencia y en la apertura de un período político donde las posibilidades de construir alternativas son concretas y que ya ha comenzado. Sin embargo, no hay que esperar soluciones mágicas, simples ni rápidas para el conjunto de temas aquí enlazados. No ignoramos que hay muchas contradicciones e incluso conflictos que deberán de ser enfrentados entre los actores de este nuevo escenario que decimos está puesto. Afirmamos que la alternativa deberá ser la convergencia de una pluralidad de propuestas y no un nuevo “pensamiento único”.

Han sido cinco siglos de opresión, dominación y destrucción colonial y neocolonial a los que nuestros pueblos han respondido con muchas luchas, movilizaciones y revoluciones. Enfrentamos hoy la herencia colonial pero enarbolamos también la esperanza construidas en las resistencias. Tenemos una ardiente paciencia histórica pero también la firme convicción de que ha llegado el tiempo de los pueblos en nuestra región.

Notas:
(1) La incorporación de Venezuela como miembro pleno aún tramita en sus aspectos formales, pero ya hay una decisión favorable de todos los actuales miembros del Mercosur.

(2) A nivel continental, sin embargo, el cuadro es algo diferente. La firma del RD-CAFTA refuerza el carácter de área de influencia directa de los Estados Unidos que se mantiene en países de América Central y el Caribe. Ya el caso pionero de TLC, el NAFTA, que incluyó a México desde 1994, depende ahora de cómo evolucione la coyuntura de ese país, muy marcado por movilizaciones populares que tienen como uno de sus ejes el cuestionamiento a ese tratado (como la de “El campo no aguanta más”) y que ahora tienen el foco en la campaña ciudadana contra el fraude electoral promovido por el PAN (P. Acción Nacional, de derechas) para impedir la victoria del candidato del PRD (P. de la Revolución Democrática) crítico del NAFTA.

a) Un enfoque político general: América Latina en 2006
En enero de 2005 el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) no entró en vigor. Su negociación está suspendida. En noviembre de ese año las presiones del gobierno Bush en la Cumbre de Presidentes de las Américas (menos Cuba) en Mar del Plata no consiguieron arrancar una agenda de retomada de las negociaciones por causa principalmente de la oposición de Venezuela y los países del Mercosur. En julio de 2006, drugstore en Córdoba, pilule Argentina, clinic los presidentes del Mercosur se reunieron con la presencia de un nuevo miembro, Venezuela (1), y los jefes de estado de Chile, Bolivia y Cuba (1).
Mucho se puede especular o discutir sobre que “el ALCA no es un proyecto muerto” (que está en “compás de espera”, está siendo implementado por la “vía de menor resistencia a través de los TLCs sub-regionales”) y de que el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA), el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) y los TCPs (Tratados de Comercio de los Pueblos), esto es, los procesos inter-estatales que apuntan a la integración regional, enfrentan serias dificultades de construcción y conflictos entre sus miembros, son limitados en relación a la agenda general, etc. Pero, HOY, la agenda política de AMÉRICA DEL SUR está tomada prioritariamente por el tema de la integración regional.
El gobierno de los Estados Unidos bombardea este escenario presionando por TLCs (ya tiene con Chile, acaba de negociar con Colombia y Perú) pero esas victorias “puntuales” son la confesión de la derrota regional (ya que quedan afuera tanto los países de más peso económico (Argentina, Brasil, Venezuela) como otros que tienen atractivo económico-geopolítico (por su ubicación o por sus recursos naturales: Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador…) (2).
Cuando las primeras manifestaciones contra el ALCA ocurrieron en 1997-98 el escenario era muy distinto. (Aún en abril de 2001 en la Cumbre de Presidentes en Québec apenas el gobierno de Venezuela presentaba tímidos y aislados cuestionamientos al proceso impulsado por el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de sus incondicionales en la región). Estábamos aún en un escenario dominado ideológicamente por el “pensamiento único” y de que “no hay alternativas” que había copado a la región (y al mundo!) Con la ofensiva neoliberal iniciada en la década de 1980 y consolidada con las derrotas políticas de los proyectos socialdemócratas en Europa occidental (entre finales de los años 1970 y la década siguiente) y la derrocada del socialismo burocratizado en el Este Europeo (consumada con la disolución de la URSS en 1991). En las esferas regional y mundial lo que estaba sobre la mesa de negociaciones comerciales era la agenda de las corporaciones transnacionales (cuyo paradigma es el NAFTA, pero en el ALCA los negociadores de los Estados Unidos ya pensaban en ir más lejos aún).
Esa agenda es hoy ampliamente contestada en la opinión pública y desde los movimientos sociales de la región. A lo largo de los años hubo, de hecho, una educación política popular masiva en nuestros países sobre los temas involucrados en las negociaciones. Ocurrieron movilizaciones en diversos contextos y naciones contestando puntos importantes de esa agenda. Finalmente, varios gobiernos expresaron que no hay como aceptar el paradigma del NAFTA extendido a la región. Eso explica que el ALCA se haya empantanado.
Estamos ahora en el tiempo de las alternativas concretas y el tema de la integración regional (de América del Sur exclusivamente o ampliada hacia otros países también) tiene un papel central en consolidar ese nuevo escenario.
Ahora bien, esto ocurre en un momento en que la coyuntura mundial registra el auge del “unilateralismo” del gobierno norteamericano y la agresividad de su agenda militar, política e económica. Un proyecto de integración regional contra-hegemónica deberá responder no solamente a la agenda de las negociaciones comerciales internacionales sino también ser orientada por un proyecto que cuestione esa política imperial en los otros campos.
b)“Integración regional”, en coyunturas diferentes
Con una misma denominación, “integración regional”, se han planteado muchas cosas diferentes a lo largo de la historia de nuestro continente y una dilucidación de conceptos y procesos históricos sería, sin duda, necesaria [Aunque, obviamente, se trata de una tarea política e intelectual de largo aliento y que debería involucrar a diversos sectores].
Para el objetivo de este documento basta decir aquí que cuando HOY tratamos de la integración regional debemos actualizar el debate para la coyuntura política regional específica que antes referimos. Es decir, estamos tratando de un proyecto de integración regional CONTRA-HEGEMÓNICA, de oposición a la agenda que el gobierno de los Estados Unidos (y otras potencias) tienen para la región, de afirmación de un proyecto regional que incorpore las aspiraciones populares y nacionales.
Esto es importante porque parte importante del debate en nuestros países sobre integración regional de la segunda parte del siglo XX se dio en el marco de (o, incluso, para reforzar) la hegemonía de los Estados Unidos sobre la región.
c)”Integración regional” y “libre comercio”
Los temas aquí tratados tienen una larga historia. Es así natural que hayan adquirido en nuestros idiomas sentidos diversos dependiendo del momento histórico a que se refiere.
Así, por ejemplo, la historia del concepto de “libre comercio” puede tener como uno de sus puntos importantes las obras de Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (1772-1823). Se trataba de eliminar barreras aduaneras entre países para que el comercio de mercancías se hiciera libremente. Eso favorecería a ambos países, mismo que hubiera grandes disparidades entre ellos. El imperio inglés la tuvo como su bandera de expansión económica en el siglo XIX.
Registremos que el pensamiento crítico latinoamericano cuestionó profundamente las bases teóricas y los resultados históricos de la aplicación de esa receta en nuestra región. Debemos rescatar esa herencia intelectual que los años neoliberales han querido enterrar: los debates de la CEPAL entre 1949 e inicios de los años 1980, la teoría de la dependencia, etc.
Pero, el “libre comercio” que está en la agenda desde los años 1980 no se refiere tan solamente a la “libre circulación de mercancías”. En la OMC, en el ALCA y en los TLCs bi-regionales hay una amplia agenda de temas que buscan definir supranacionalmente limitaciones a los estados nacionales en su “capacidad de hacer política de desarrollo” para fijar lo que sería una “carta de derechos de los capitales transnacionales” (para protegerlos de los pueblos). Su lógica, que viene de la hegemonía ideológica neoliberal de los años 1990, es que si el país que “hace su lección de casa” (cumple las recetas del Consenso de Washington, por ejemplo) los capitales le retribuirán invirtiendo, creando empleo y bienestar social. El destino de esa sociedad y de ese país estará entregado “al mercado” (lo que hoy es decir al gran capital transnacional).
Podrá rastrearse en las propuestas de integración regional – tal como ahora está en pauta – temas que están en la agenda del libre comercio. Al final, se espera que, en el marco de la integración, prospere el comercio entre nuestros países. O que haya reglas para que la inversión de capitales de un país se pueda realizar en el otro. Pero aquí el sentido es totalmente otro. El punto de partida y el trayecto que se espera cumplir son totalmente otros, tal como se verá más adelante.
d)Integración regional, condición para enfrentar a los proyectos hegemónicos del capitalismo global
En la visión que aquí trabajamos la integración regional es un paso y una herramienta para alterar la inserción de nuestros países en el mercado capitalista internacional y en la geopolítica mundial.
Es obvio que ninguno de nuestros países aisladamente tiene condiciones materiales para hacer frente a las presiones de las principales economías capitalistas. La dependencia de nuestros países en relación al capitalismo central existe y funciona. Los gobernantes entreguistas (como Menem en Argentina, FHC en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia etc.) que aplicaron políticas tomando la dependencia (de nuestros países en relación a Estados Unidos) como dada e inamovible buscaban navegar a favor de esa corriente. Lo que se vio es que ahí no hay proyecto de país ni de sociedad, hay un proyecto de anexación de nuestra región a la economía, política internacional, estrategia militar e industria cultural de los Estados Unidos.
La integración regional permitirá aprovechar una diversidad de recursos (naturales, productivos, financieros, científicos e intelectuales, etc.) que existen de forma diferenciada entre nuestros países fortaleciendo las capacidades regionales, nos daría una mayor identidad y cohesión política en cuánto “bloque regional” y de esa forma nos permitiría otras posibilidades de acción a nivel internacional (en negociaciones comerciales con otros países o bloques, en el sistema internacional etc.).
e)Puntos de partida para un proyecto de integración regional contra-hegemónico
Para construir un proyecto de integración contra-hegemónico no partimos del “cero”.
Tenemos, en primer lugar, los debates realizados por nuestros movimientos EN EL PERÍODO POLÍTICO ANTERIOR y en respuesta a una agenda diferente (colocada por las fuerzas neoliberales).
Se trataba de enfrentar al ALCA: en “Alternativa para las Américas” están sistematizadas una serie de propuestas de los más diversos movimientos en oposición a la agenda del gobierno de los Estados Unidos. En las declaraciones y documentos de los varios Encuentros Hemisféricos de Lucha contra el ALCA (realizados en La Habana) están registradas las críticas al ALCA y las reivindicaciones de los movimientos sociales.
Se trataba de impulsar al Mercosur y a la CAN en un rumbo diferente al que se le impuso en los años 1990: diversos movimientos levantaron propuestas alternativas (sindicatos, mujeres, campesinos etc.). Más recientemente también entró en la discusión los rumbos de la ALADI. Igualmente el IIRSA viene siendo discutido y cuestionado en sus fundamentos por los más diversos movimientos. La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA) es un tema aún más reciente y el que será utilizado por nosotros para lanzar un debate más general sobre la integración.
No nos escapa que la DISCUSIÓN ANTERIOR ES LIMITADA por el papel que cumplió – reactivo y defensivo frente a la ofensiva neoliberal en la región.
También reconocemos que diversos gobiernos han abierto sus agendas en los últimos años buscando otras perspectivas en acuerdos comerciales en curso (por ejemplo, los Fondos Estructurales en el Mercosur) o nuevos tipos de acuerdos (ALBA, TCP).
Finalmente hay otros actores que deben ser convocados para ese debate a más de gobiernos y movimientos sociales. Los partidos políticos deberían tener un papel clave en ayudar a formar una voluntad política integracionista y tienen un espacio de convergencias en el Foro de S. Paulo. Las universidades y los centros de investigación deberían entrar fuertemente en el debate como parte de un esfuerzo de pensar nuestra región desde sus raíces y sus necesidades – porque el neoliberalismo colocó a la intelectualidad una perspectiva subordinada al punto de vista de las metrópolis. El diálogo entre las diversas religiones e iglesias que existen en nuestra región podría tener un papel importante en el fortalecimiento de la pluralidad de nuestra identidad como pueblos.
El proceso que los movimientos vamos a realizar hasta diciembre para la Cumbre Social en Santa Cruz de la Sierra, deberemos, por un lado, definir los puntos prioritarios en nuestra agenda para al integración – partiendo de los que los propios movimientos sociales ya han acumulado – y, por el otro, el diálogo con otros actores de ese proceso.
Entendemos que la agenda tiene áreas importantes de concentración temática sobre las cuales debemos debatir:
1)Una integración para la sinergía entre y para la reorientación de nuestras economías.
La herencia colonial de nuestros países ha hecho que nuestras economías sean en muchos casos competidoras entre sí al servicio de los mercados y capitales de lo países del capitalismo central. Una política de integración tiene que apostar a la complementariedad y al desarrollo con equilibrio entre regiones, países y sectores.
Por otro lado, nuestras economías están tomadas por oligopólios en gran parte de capitales internacionales. La integración debe servir para apoyar y expandir la economía solidaria, la economía campesina, a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad y a fortalecer la capacidad de nuestros estados de “hacer políticas de desarrollo” definidas democráticamente por nuestros pueblos.
Hay una matriz productivista depredadora del medio ambiente que debe ser combatida con una perspectiva sustentable siempre que se discuta la ampliación de proyectos de producción y las necesarias reconversiones de sectores productivos nocivos a la renovación del medio ambiente.
El actual modelo económico es sostenido por una división entre producción y reproducción que impone a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidado. Para un proceso de integración generador de igualdad hay que romper con esa lógica, cuestionar la división sexual del trabajo y actuar para el equilibrio entre producción y reproducción.
Las economías de nuestros países vienen de muchos años de aplicación de recetas neoliberales que tuvieron como uno de sus ejes la destrucción de conquistas laborales y sociales de las clases trabajadoras. Un proceso de integración debe estar afianzado sobre un compromiso de recuperar, universalizar y ampliar derechos en el mundo del trabajo. Y hoy día se agrega con mucha fuerza la defensa de derechos de las poblaciones migrantes que han tenido que abandonar sus países de origen por causas económicas o políticas.
2)Una integración cuyo punto de partida debe ser el bienestar social.
La agenda no debe ser (apenas ni sobretodo) económica. Es fundamental desarrollar políticas sociales de atendimiento universal a las necesidades de salud, educación, moradía y acceso a la energía eléctrica y al agua de nuestros pueblos.
Eso significa combatir las pretensiones de las corporaciones transnacionales de transformar esos servicios en negocios privados internacionalizados y desarrollar políticas para la universalización del acceso a esos servicios.
La integración debe venir también con políticas de afirmación de los derechos de las poblaciones que han sido oprimidas por el capitalismo dependiente, el patriarcado, el colonialismo. El derecho a la igualdad para las mujeres, para las poblaciones negras, la libertad de opción sexual, el reconocimiento de los derechos a su cultura, a territorios y autonomías de los pueblos originarios son parte de esta agenda.
3) Los dos puntos anteriores se combinan con la discusión sobre las matrices de nuestras infraestructuras regionales.
Nuevamente la herencia colonial ha hecho que las vías de comunicación de nuestros países solo existan para vincularnos a las metrópolis; no hay vías de transporte barato y masivo de personas y cargas entre nuestros países. La integración regional es también y necesariamente la inter-comunicación de territorios a través de carreteras, ríos y vías férreas. Ahora bien, la infra-estructura para conectar a los pueblos puede ser utilizada también para hacer de nuestra región una plataforma de exportaciones baratas a las metrópolis; este desvío no se resolverá bloqueando el desarrollo de la infraestructura, mas reorientando el desarrollo de neustros países. Pero esta debe ser también una decisión de los territorios y las poblaciones que van a ser inter-conectadas. Es decir, suponer una participación popular en la definición de esos proyectos, que hoy no existe.
La cuestión energética es clave para el futuro de nuestras sociedades. Partimos de la matriz energética heredada del siglo XX y necesariamente en este punto de partida habrá que combinar nuevos desarrollos sobre la misma con nuevas fuentes de energía renovables y más limpias que las actuales. ¿Cuál debe ser el mix entre pasado y futuro en el momento actual?
Por otro lado, es importante notar que buena parte de la agresividad imperialista en este comienzo del siglo XXI tiene que ver con el tema energético, lo que nos debe llevar a considerar esta dimensión a la hora de las propuestas (ya que el imperialismo tiene una agenda muy fuerte en este tema en particular).
4) Desatar todos los nudos de la dependencia
Nuestra región pasó de colonias de alguna metrópoli Europa (en realidad, aún persiste el colonialismo francés en territorio sudamericano en la Guayana, cuya independencia debemos apoyar y reivindicar junto con el movimiento de liberación que allí lucha) para la condición de países dependientes del imperio de turno.
Desatar esos nudos tendrá un punto de apoyo importante en la integración regional como antes diseñada pero pasa por libertar a nuestros países de la subyugación financiera internacional (que se da a través de la deuda externa, de la especulación financiera internacional etc.) No es mera casualidad que en órganos que promueven la dependencia de nuestros países – como el FMI y el Banco Mundial – haya tomado relevancia la discusión sobre la necesaria “coherencia” entre las polacas que nos quieren imponer (es decir, que deben ser “coherentes” las políticas impuestas por el FMI, con las del Banco Mundial y las de la OMC y TLCs…). Desatar los nudos de la dependencia financiera internacional es una pauta prioritaria.
Otro nudo es el de la presencia militar de los Estados Unidos en nuestra región (a través de bases como las que tiene en Colombia y Ecuador, o de tropas como las que están en Paraguay) y su política de intervención en los asuntos internos de nuestros países (actualmente a pretexto del combate al narcotráfico y el terrorismo). Desarrollar una política de seguridad regional autónoma es uno de los grandes desafíos puestos a nuestros pueblos para el próximo período.
PARA FINALIZAR este guión de lanzamiento del debate, queremos enfatizar que se trata de un proceso. Pero, nuestro punto de partida es de conquistas en la fase de la resistencia y en la apertura de un período político donde las posibilidades de construir alternativas son concretas y que ya ha comenzado. Sin embargo, no hay que esperar soluciones mágicas, simples ni rápidas para el conjunto de temas aquí enlazados. No ignoramos que hay muchas contradicciones e incluso conflictos que deberán de ser enfrentados entre los actores de este nuevo escenario que decimos está puesto. Afirmamos que la alternativa deberá ser la convergencia de una pluralidad de propuestas y no un nuevo “pensamiento único”.
Han sido cinco siglos de opresión, dominación y destrucción colonial y neocolonial a los que nuestros pueblos han respondido con muchas luchas, movilizaciones y revoluciones. Enfrentamos hoy la herencia colonial pero enarbolamos también la esperanza construidas en las resistencias. Tenemos una ardiente paciencia histórica pero también la firme convicción de que ha llegado el tiempo de los pueblos en nuestra región.
Notas:
(1) La incorporación de Venezuela como miembro pleno aún tramita en sus aspectos formales, pero ya hay una decisión favorable de todos los actuales miembros del Mercosur.
(2) A nivel continental, sin embargo, el cuadro es algo diferente. La firma del RD-CAFTA refuerza el carácter de área de influencia directa de los Estados Unidos que se mantiene en países de América Central y el Caribe. Ya el caso pionero de TLC, el NAFTA, que incluyó a México desde 1994, depende ahora de cómo evolucione la coyuntura de ese país, muy marcado por movilizaciones populares que tienen como uno de sus ejes el cuestionamiento a ese tratado (como la de “El campo no aguanta más”) y que ahora tienen el foco en la campaña ciudadana contra el fraude electoral promovido por el PAN (P. Acción Nacional, de derechas) para impedir la victoria del candidato del PRD (P. de la Revolución Democrática) crítico del NAFTA.
a) Un enfoque político general: América Latina en 2006
En enero de 2005 el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) no entró en vigor. Su negociación está suspendida. En noviembre de ese año las presiones del gobierno Bush en la Cumbre de Presidentes de las Américas (menos Cuba) en Mar del Plata no consiguieron arrancar una agenda de retomada de las negociaciones por causa principalmente de la oposición de Venezuela y los países del Mercosur. En julio de 2006, en Córdoba, Argentina, los presidentes del Mercosur se reunieron con la presencia de un nuevo miembro, Venezuela (1), y los jefes de estado de Chile, Bolivia y Cuba (1).
Mucho se puede especular o discutir sobre que “el ALCA no es un proyecto muerto” (que está en “compás de espera”, está siendo implementado por la “vía de menor resistencia a través de los TLCs sub-regionales”) y de que el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA), el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) y los TCPs (Tratados de Comercio de los Pueblos), esto es, los procesos inter-estatales que apuntan a la integración regional, enfrentan serias dificultades de construcción y conflictos entre sus miembros, son limitados en relación a la agenda general, etc. Pero, HOY, la agenda política de AMÉRICA DEL SUR está tomada prioritariamente por el tema de la integración regional.
El gobierno de los Estados Unidos bombardea este escenario presionando por TLCs (ya tiene con Chile, acaba de negociar con Colombia y Perú) pero esas victorias “puntuales” son la confesión de la derrota regional (ya que quedan afuera tanto los países de más peso económico (Argentina, Brasil, Venezuela) como otros que tienen atractivo económico-geopolítico (por su ubicación o por sus recursos naturales: Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador…) (2).
Cuando las primeras manifestaciones contra el ALCA ocurrieron en 1997-98 el escenario era muy distinto. (Aún en abril de 2001 en la Cumbre de Presidentes en Québec apenas el gobierno de Venezuela presentaba tímidos y aislados cuestionamientos al proceso impulsado por el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de sus incondicionales en la región). Estábamos aún en un escenario dominado ideológicamente por el “pensamiento único” y de que “no hay alternativas” que había copado a la región (y al mundo!) Con la ofensiva neoliberal iniciada en la década de 1980 y consolidada con las derrotas políticas de los proyectos socialdemócratas en Europa occidental (entre finales de los años 1970 y la década siguiente) y la derrocada del socialismo burocratizado en el Este Europeo (consumada con la disolución de la URSS en 1991). En las esferas regional y mundial lo que estaba sobre la mesa de negociaciones comerciales era la agenda de las corporaciones transnacionales (cuyo paradigma es el NAFTA, pero en el ALCA los negociadores de los Estados Unidos ya pensaban en ir más lejos aún).
Esa agenda es hoy ampliamente contestada en la opinión pública y desde los movimientos sociales de la región. A lo largo de los años hubo, de hecho, una educación política popular masiva en nuestros países sobre los temas involucrados en las negociaciones. Ocurrieron movilizaciones en diversos contextos y naciones contestando puntos importantes de esa agenda. Finalmente, varios gobiernos expresaron que no hay como aceptar el paradigma del NAFTA extendido a la región. Eso explica que el ALCA se haya empantanado.
Estamos ahora en el tiempo de las alternativas concretas y el tema de la integración regional (de América del Sur exclusivamente o ampliada hacia otros países también) tiene un papel central en consolidar ese nuevo escenario.
Ahora bien, esto ocurre en un momento en que la coyuntura mundial registra el auge del “unilateralismo” del gobierno norteamericano y la agresividad de su agenda militar, política e económica. Un proyecto de integración regional contra-hegemónica deberá responder no solamente a la agenda de las negociaciones comerciales internacionales sino también ser orientada por un proyecto que cuestione esa política imperial en los otros campos.
b)“Integración regional”, en coyunturas diferentes
Con una misma denominación, “integración regional”, se han planteado muchas cosas diferentes a lo largo de la historia de nuestro continente y una dilucidación de conceptos y procesos históricos sería, sin duda, necesaria [Aunque, obviamente, se trata de una tarea política e intelectual de largo aliento y que debería involucrar a diversos sectores].
Para el objetivo de este documento basta decir aquí que cuando HOY tratamos de la integración regional debemos actualizar el debate para la coyuntura política regional específica que antes referimos. Es decir, estamos tratando de un proyecto de integración regional CONTRA-HEGEMÓNICA, de oposición a la agenda que el gobierno de los Estados Unidos (y otras potencias) tienen para la región, de afirmación de un proyecto regional que incorpore las aspiraciones populares y nacionales.
Esto es importante porque parte importante del debate en nuestros países sobre integración regional de la segunda parte del siglo XX se dio en el marco de (o, incluso, para reforzar) la hegemonía de los Estados Unidos sobre la región.
c)”Integración regional” y “libre comercio”
Los temas aquí tratados tienen una larga historia. Es así natural que hayan adquirido en nuestros idiomas sentidos diversos dependiendo del momento histórico a que se refiere.
Así, por ejemplo, la historia del concepto de “libre comercio” puede tener como uno de sus puntos importantes las obras de Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (1772-1823). Se trataba de eliminar barreras aduaneras entre países para que el comercio de mercancías se hiciera libremente. Eso favorecería a ambos países, mismo que hubiera grandes disparidades entre ellos. El imperio inglés la tuvo como su bandera de expansión económica en el siglo XIX.
Registremos que el pensamiento crítico latinoamericano cuestionó profundamente las bases teóricas y los resultados históricos de la aplicación de esa receta en nuestra región. Debemos rescatar esa herencia intelectual que los años neoliberales han querido enterrar: los debates de la CEPAL entre 1949 e inicios de los años 1980, la teoría de la dependencia, etc.
Pero, el “libre comercio” que está en la agenda desde los años 1980 no se refiere tan solamente a la “libre circulación de mercancías”. En la OMC, en el ALCA y en los TLCs bi-regionales hay una amplia agenda de temas que buscan definir supranacionalmente limitaciones a los estados nacionales en su “capacidad de hacer política de desarrollo” para fijar lo que sería una “carta de derechos de los capitales transnacionales” (para protegerlos de los pueblos). Su lógica, que viene de la hegemonía ideológica neoliberal de los años 1990, es que si el país que “hace su lección de casa” (cumple las recetas del Consenso de Washington, por ejemplo) los capitales le retribuirán invirtiendo, creando empleo y bienestar social. El destino de esa sociedad y de ese país estará entregado “al mercado” (lo que hoy es decir al gran capital transnacional).
Podrá rastrearse en las propuestas de integración regional – tal como ahora está en pauta – temas que están en la agenda del libre comercio. Al final, se espera que, en el marco de la integración, prospere el comercio entre nuestros países. O que haya reglas para que la inversión de capitales de un país se pueda realizar en el otro. Pero aquí el sentido es totalmente otro. El punto de partida y el trayecto que se espera cumplir son totalmente otros, tal como se verá más adelante.
d)Integración regional, condición para enfrentar a los proyectos hegemónicos del capitalismo global
En la visión que aquí trabajamos la integración regional es un paso y una herramienta para alterar la inserción de nuestros países en el mercado capitalista internacional y en la geopolítica mundial.
Es obvio que ninguno de nuestros países aisladamente tiene condiciones materiales para hacer frente a las presiones de las principales economías capitalistas. La dependencia de nuestros países en relación al capitalismo central existe y funciona. Los gobernantes entreguistas (como Menem en Argentina, FHC en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia etc.) que aplicaron políticas tomando la dependencia (de nuestros países en relación a Estados Unidos) como dada e inamovible buscaban navegar a favor de esa corriente. Lo que se vio es que ahí no hay proyecto de país ni de sociedad, hay un proyecto de anexación de nuestra región a la economía, política internacional, estrategia militar e industria cultural de los Estados Unidos.
La integración regional permitirá aprovechar una diversidad de recursos (naturales, productivos, financieros, científicos e intelectuales, etc.) que existen de forma diferenciada entre nuestros países fortaleciendo las capacidades regionales, nos daría una mayor identidad y cohesión política en cuánto “bloque regional” y de esa forma nos permitiría otras posibilidades de acción a nivel internacional (en negociaciones comerciales con otros países o bloques, en el sistema internacional etc.).
e)Puntos de partida para un proyecto de integración regional contra-hegemónico
Para construir un proyecto de integración contra-hegemónico no partimos del “cero”.
Tenemos, en primer lugar, los debates realizados por nuestros movimientos EN EL PERÍODO POLÍTICO ANTERIOR y en respuesta a una agenda diferente (colocada por las fuerzas neoliberales).
Se trataba de enfrentar al ALCA: en “Alternativa para las Américas” están sistematizadas una serie de propuestas de los más diversos movimientos en oposición a la agenda del gobierno de los Estados Unidos. En las declaraciones y documentos de los varios Encuentros Hemisféricos de Lucha contra el ALCA (realizados en La Habana) están registradas las críticas al ALCA y las reivindicaciones de los movimientos sociales.
Se trataba de impulsar al Mercosur y a la CAN en un rumbo diferente al que se le impuso en los años 1990: diversos movimientos levantaron propuestas alternativas (sindicatos, mujeres, campesinos etc.). Más recientemente también entró en la discusión los rumbos de la ALADI. Igualmente el IIRSA viene siendo discutido y cuestionado en sus fundamentos por los más diversos movimientos. La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA) es un tema aún más reciente y el que será utilizado por nosotros para lanzar un debate más general sobre la integración.
No nos escapa que la DISCUSIÓN ANTERIOR ES LIMITADA por el papel que cumplió – reactivo y defensivo frente a la ofensiva neoliberal en la región.
También reconocemos que diversos gobiernos han abierto sus agendas en los últimos años buscando otras perspectivas en acuerdos comerciales en curso (por ejemplo, los Fondos Estructurales en el Mercosur) o nuevos tipos de acuerdos (ALBA, TCP).
Finalmente hay otros actores que deben ser convocados para ese debate a más de gobiernos y movimientos sociales. Los partidos políticos deberían tener un papel clave en ayudar a formar una voluntad política integracionista y tienen un espacio de convergencias en el Foro de S. Paulo. Las universidades y los centros de investigación deberían entrar fuertemente en el debate como parte de un esfuerzo de pensar nuestra región desde sus raíces y sus necesidades – porque el neoliberalismo colocó a la intelectualidad una perspectiva subordinada al punto de vista de las metrópolis. El diálogo entre las diversas religiones e iglesias que existen en nuestra región podría tener un papel importante en el fortalecimiento de la pluralidad de nuestra identidad como pueblos.
El proceso que los movimientos vamos a realizar hasta diciembre para la Cumbre Social en Santa Cruz de la Sierra, deberemos, por un lado, definir los puntos prioritarios en nuestra agenda para al integración – partiendo de los que los propios movimientos sociales ya han acumulado – y, por el otro, el diálogo con otros actores de ese proceso.
Entendemos que la agenda tiene áreas importantes de concentración temática sobre las cuales debemos debatir:
1)Una integración para la sinergía entre y para la reorientación de nuestras economías.
La herencia colonial de nuestros países ha hecho que nuestras economías sean en muchos casos competidoras entre sí al servicio de los mercados y capitales de lo países del capitalismo central. Una política de integración tiene que apostar a la complementariedad y al desarrollo con equilibrio entre regiones, países y sectores.
Por otro lado, nuestras economías están tomadas por oligopólios en gran parte de capitales internacionales. La integración debe servir para apoyar y expandir la economía solidaria, la economía campesina, a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad y a fortalecer la capacidad de nuestros estados de “hacer políticas de desarrollo” definidas democráticamente por nuestros pueblos.
Hay una matriz productivista depredadora del medio ambiente que debe ser combatida con una perspectiva sustentable siempre que se discuta la ampliación de proyectos de producción y las necesarias reconversiones de sectores productivos nocivos a la renovación del medio ambiente.
El actual modelo económico es sostenido por una división entre producción y reproducción que impone a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidado. Para un proceso de integración generador de igualdad hay que romper con esa lógica, cuestionar la división sexual del trabajo y actuar para el equilibrio entre producción y reproducción.
Las economías de nuestros países vienen de muchos años de aplicación de recetas neoliberales que tuvieron como uno de sus ejes la destrucción de conquistas laborales y sociales de las clases trabajadoras. Un proceso de integración debe estar afianzado sobre un compromiso de recuperar, universalizar y ampliar derechos en el mundo del trabajo. Y hoy día se agrega con mucha fuerza la defensa de derechos de las poblaciones migrantes que han tenido que abandonar sus países de origen por causas económicas o políticas.
2)Una integración cuyo punto de partida debe ser el bienestar social.
La agenda no debe ser (apenas ni sobretodo) económica. Es fundamental desarrollar políticas sociales de atendimiento universal a las necesidades de salud, educación, moradía y acceso a la energía eléctrica y al agua de nuestros pueblos.
Eso significa combatir las pretensiones de las corporaciones transnacionales de transformar esos servicios en negocios privados internacionalizados y desarrollar políticas para la universalización del acceso a esos servicios.
La integración debe venir también con políticas de afirmación de los derechos de las poblaciones que han sido oprimidas por el capitalismo dependiente, el patriarcado, el colonialismo. El derecho a la igualdad para las mujeres, para las poblaciones negras, la libertad de opción sexual, el reconocimiento de los derechos a su cultura, a territorios y autonomías de los pueblos originarios son parte de esta agenda.
3) Los dos puntos anteriores se combinan con la discusión sobre las matrices de nuestras infraestructuras regionales.
Nuevamente la herencia colonial ha hecho que las vías de comunicación de nuestros países solo existan para vincularnos a las metrópolis; no hay vías de transporte barato y masivo de personas y cargas entre nuestros países. La integración regional es también y necesariamente la inter-comunicación de territorios a través de carreteras, ríos y vías férreas. Ahora bien, la infra-estructura para conectar a los pueblos puede ser utilizada también para hacer de nuestra región una plataforma de exportaciones baratas a las metrópolis; este desvío no se resolverá bloqueando el desarrollo de la infraestructura, mas reorientando el desarrollo de neustros países. Pero esta debe ser también una decisión de los territorios y las poblaciones que van a ser inter-conectadas. Es decir, suponer una participación popular en la definición de esos proyectos, que hoy no existe.
La cuestión energética es clave para el futuro de nuestras sociedades. Partimos de la matriz energética heredada del siglo XX y necesariamente en este punto de partida habrá que combinar nuevos desarrollos sobre la misma con nuevas fuentes de energía renovables y más limpias que las actuales. ¿Cuál debe ser el mix entre pasado y futuro en el momento actual?
Por otro lado, es importante notar que buena parte de la agresividad imperialista en este comienzo del siglo XXI tiene que ver con el tema energético, lo que nos debe llevar a considerar esta dimensión a la hora de las propuestas (ya que el imperialismo tiene una agenda muy fuerte en este tema en particular).
4) Desatar todos los nudos de la dependencia
Nuestra región pasó de colonias de alguna metrópoli Europa (en realidad, aún persiste el colonialismo francés en territorio sudamericano en la Guayana, cuya independencia debemos apoyar y reivindicar junto con el movimiento de liberación que allí lucha) para la condición de países dependientes del imperio de turno.
Desatar esos nudos tendrá un punto de apoyo importante en la integración regional como antes diseñada pero pasa por libertar a nuestros países de la subyugación financiera internacional (que se da a través de la deuda externa, de la especulación financiera internacional etc.) No es mera casualidad que en órganos que promueven la dependencia de nuestros países – como el FMI y el Banco Mundial – haya tomado relevancia la discusión sobre la necesaria “coherencia” entre las polacas que nos quieren imponer (es decir, que deben ser “coherentes” las políticas impuestas por el FMI, con las del Banco Mundial y las de la OMC y TLCs…). Desatar los nudos de la dependencia financiera internacional es una pauta prioritaria.
Otro nudo es el de la presencia militar de los Estados Unidos en nuestra región (a través de bases como las que tiene en Colombia y Ecuador, o de tropas como las que están en Paraguay) y su política de intervención en los asuntos internos de nuestros países (actualmente a pretexto del combate al narcotráfico y el terrorismo). Desarrollar una política de seguridad regional autónoma es uno de los grandes desafíos puestos a nuestros pueblos para el próximo período.
PARA FINALIZAR este guión de lanzamiento del debate, queremos enfatizar que se trata de un proceso. Pero, nuestro punto de partida es de conquistas en la fase de la resistencia y en la apertura de un período político donde las posibilidades de construir alternativas son concretas y que ya ha comenzado. Sin embargo, no hay que esperar soluciones mágicas, simples ni rápidas para el conjunto de temas aquí enlazados. No ignoramos que hay muchas contradicciones e incluso conflictos que deberán de ser enfrentados entre los actores de este nuevo escenario que decimos está puesto. Afirmamos que la alternativa deberá ser la convergencia de una pluralidad de propuestas y no un nuevo “pensamiento único”.
Han sido cinco siglos de opresión, dominación y destrucción colonial y neocolonial a los que nuestros pueblos han respondido con muchas luchas, movilizaciones y revoluciones. Enfrentamos hoy la herencia colonial pero enarbolamos también la esperanza construidas en las resistencias. Tenemos una ardiente paciencia histórica pero también la firme convicción de que ha llegado el tiempo de los pueblos en nuestra región.
Notas:
(1) La incorporación de Venezuela como miembro pleno aún tramita en sus aspectos formales, pero ya hay una decisión favorable de todos los actuales miembros del Mercosur.
(2) A nivel continental, sin embargo, el cuadro es algo diferente. La firma del RD-CAFTA refuerza el carácter de área de influencia directa de los Estados Unidos que se mantiene en países de América Central y el Caribe. Ya el caso pionero de TLC, el NAFTA, que incluyó a México desde 1994, depende ahora de cómo evolucione la coyuntura de ese país, muy marcado por movilizaciones populares que tienen como uno de sus ejes el cuestionamiento a ese tratado (como la de “El campo no aguanta más”) y que ahora tienen el foco en la campaña ciudadana contra el fraude electoral promovido por el PAN (P. Acción Nacional, de derechas) para impedir la victoria del candidato del PRD (P. de la Revolución Democrática) crítico del NAFTA.

Alberto Arroyo Picard

Introducción

El proceso de elaboración de alternativas es complejo y no puede suprimir el debate ya que es un proceso de construir consensos . Por ello hablamos de alternativas, en plural, seek nadie posee la verdad absoluta, ni hay un único camino para todos. El documento Alternativas, elaborado colectivamente por la Alianza Social Continental (ASC), aspira a recoger lo avanzado y ordenar el debate. Evidentemente habrá elementos y planteos no recogidos, si bien la ASC es una amplísima coalición de todos los sectores y agrupa a la mayoría de las principales organizaciones en todos los países de nuestro continente, de ninguna manera tiene el monopolio del tema.

Debido a lo reducido del espacio, aquí sólo apuntamos los elementos y niveles fundamentales en la elaboración de Alternativas y remitirnos a artículos y documentos en donde se desarrollan los temas. El grado de avance de los consensos en la ASC y para el caso mexicano de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC), es desigual en los diversos aspectos y niveles que implica una alternativa. Cuando ya hay consenso remito a documentos ya asumidos por la Alianza, aunque por supuesto el debate para enriquecerlos continúa abierto; cuando todavía no hay acuerdo, lo indico y expreso mi opinión sintéticamente, a fin de clarificar el debate. No sobra decir que la responsabilidad de lo que se plantea es a fin de cuentas del autor.

1.El primer paso para construir alternativas a la globalización neoliberal es convencernos y convencer de que sí hay alternativa

Los promotores del neoliberalismo presentan la globalización como algo inevitable y con ello al movimiento altermundista como locos que pretenden cambiar lo inevitable. Ante lo inevitable se debe buscar cómo adaptarse y sacarle ventaja no oponerse o tratar de cambiarlo.
Es verdad que en la época actual sería tonto pensar en países aislados. Todos los países de una u otra manera forman parte del mundo, de la globalidad, pero los neoliberales piensan que la única forma de participar en el mundo es la que ellos plantean. No nos oponemos a la globalización, sino a su forma neoliberal. Al contrario buscamos la globalización de todos los derechos, no sólo los civiles y políticos, sino también los económicos y sociales, así como los culturales y de los pueblos originarios.

Durante largo tiempo el éxito en la capacidad de imposición del neoliberalismo se fundó en presentarse como la única opción racional; cualquiera que pensara distinto era que no pensaba. Fue el largo período de pensamiento casi único. Una parte importante de la intelectualidad progresista, de izquierda o en las direcciones de los partidos de izquierda se volvieron neoliberales prácticos. Criticaban, pero desde dentro del pensamiento neoliberal. El enemigo ya estaba dentro de su cabeza. Los sectores populares sufrían los resultados del modelo económico, pero a una gran parte se les había convencido de que no había otro camino, que tenían que encontrar cómo sobrevivir en esta nueva realidad. La tragedia que vivían era su culpa, no eran competitivos. Se estaba perdiendo una batalla crucial, la batalla de las ideas y sobre las conciencias.

Es hasta los últimos 10 años que se ha empezado a recuperar terreno en el campo de las ideas y sobre las conciencias. El lema del Foro Social Mundial (FSM) fue terriblemente subversivo: “Otro mundo es posible”. En esta década ha empezado a dar fruto la terquedad de compañeros que luchaban por convencer que sí había alternativas. En México fue la crisis de 1995 el contexto y la oportunidad para empezar a revertir las derrotas ideológicas sufridas en la primera etapa del neoliberalismo.

2.Construir alternativas no es un asunto sólo de intelectuales sino de construir el sujeto capaz de hacerla realidad

Para que una propuesta sea alternativa no basta que sea una idea brillante, ni siquiera que sea además correcta y viable. Para que algo sea alternativa se necesita tener la fuerza para llevarla a la práctica. Construir una alternativa a la globalización neoliberal requiere no sólo pensar cual ese “otro mundo posible”, sino construir el sujeto capaz de hacerlo realidad.

La alternativa se construye simultáneamente a la construcción del sujeto, no fuera y aparte de él. Hay que construirla por consenso para que sea un programa consensuado y adoptado por el movimiento, no propuesto por algunos intelectuales por más brillantes y famosos que sean. Por supuesto que se necesitan intelectuales, pero intelectuales orgánicos, es decir que piensan desde dentro del movimiento, que sean capaces de escuchar y dialogar con los diversos sectores del movimiento social, que sean capaces de educar y poner al servicio del movimiento su saber, así como aprender de él.

3.Ante un enemigo global el movimiento social también debe globalizarse

La globalización neoliberal es una nueva etapa de la internacionalización del capital que redefine los bloques enfrentados. El gran capital se ha trasnacionalizado en niveles sin precedentes y realmente tienen un proyecto de mundo a su conveniencia. Las grandes compañías, si bien compiten entre sí y se han ido repartiendo el mercado, están unificadas en cuanto a las reglas que quieren imponer a la dinámica económica mundial. Tienen una agenda común que impulsan en los diversos espacios de negociación o definición mundial: Organización Mundial de Comercio (OMC), Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), acuerdos regionales de libre comercio, etc. Buscan una economía dejada a la sola competencia en el mercado. Un “mercado libre” es el mejor de los mundos para ellos ya que permite una competencia en la que el grande se va comiendo al chico.

El movimiento social enfrenta a un enemigo unificado conformado por las grandes empresas internacionales, los organismos financieros internacionales, los gobiernos del Grupo de los Siete (G-7) y sus aliados en cada uno de nuestros países. No es posible enfrentarlo país por país o sector por sector, sino con un sujeto social también unificado: trabajadores, campesinos, indígenas, mujeres, jóvenes, ambientalistas, luchadores por los derechos humanos e incluso sectores de la pequeña y mediana empresa que no pueden sobrevivir en un mercado que no reconoce asimetrías. La contradicción no es entre países: desarrollados contra subdesarrollados. La contradicción en el fondo es de clases. Del lado del poder dominante la agenda la están mercado las grandes empresas globales que operan a través de los gobiernos del G-7 y las Instituciones Financieras Internacionales (IFIS) , por supuesto con aliados entre gobiernos y sectores en los países subdesarrollados. Del lado del movimiento social se generan nuevos tipos de redes y alianzas multisectoriales que incluyen no sólo a los sectores populares de los llamados países del sur, sino también los de los países desarrollados. Es decir la Alternativa supone un sujeto que unifique a todos los sectores populares y a nivel internacional. Los agrupamientos enfrentados son transversales a la tradicional división entre los llamados países del sur y del norte. Esta unión entre pueblos de los países desarrollados y subdesarrollados no se establece en términos de solidaridad, sino a partir de intereses y enemigos comunes.

4.La construcción de las alternativas es un proceso ya iniciado

Desde el punto de vista organizativo, desde 1991 se crea la Red Trinacional (Canadá, Estados Unidos y México) para enfrentar el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Hay diversas fechas significativas que marcan saltos de calidad en el proceso de organización en las diversas regiones. Desde 1994 se inicia el trabajo de ir construyendo un movimiento continental. En 1997 se toma la decisión de construir la Alianza Social Continental llamando a la I Cumbre de los Pueblos de las Américas para 1998. A nivel mundial el movimiento altermundista se hace visible desde el Encuentro contra el Neoliberalismo y por la Humanidad convocado por los zapatistas en Chiapas en 1996, las enormes manifestaciones en Seattle frente a la OMC en 1999 y sobre todo con el I Foro Social Mundial en 2001 (Sobre la historia y características del movimiento puede verse entre otros Arroyo, Alberto y Monrroy, Mario 1996: Arroyo Alberto 2005 b).

En cuanto el contenido de las propuestas alternativas el proceso ha sido colectivo y acumulativo. Se han ido construyendo los consensos a través de un sin número de encuentros, seminarios y foros. Algunos documentos expresan el resultado de este trabajo colectivo. Seleccionar cuáles de esos documentos son los más importantes no es una tarea fácil. Resaltamos dos bloques de documentos. El primero debido a que es un proceso en nuestra región de América del Norte, pero también porque se trata de los textos pioneros en la lucha contra los Tratados de Libre Comercio (TLC’s) . El segundo porque refleja el esfuerzo más colectivo y permanente a nivel de toda América. Pero insistimos ello de ninguna manera menosprecia muchos otros.

Como Red Trinacional en América del Norte se elaboraron propuestas frente al TLCAN. Quizá el documento más completo es: “Una iniciativa justa y sustentable de intercambio y desarrollo para Norteamérica” (RMALC y otros 1993 a). Cuando se iniciaron las negociaciones sobre los llamados acuerdos paralelos, la RMALC presentó propuestas para un Acuerdo Laboral (RMALC, 1993 b) , Ambiental (RMALC, 1993 c) y de Migración (RMALC, 1993 d). Se realizó un minucioso análisis del contenido de los textos del TLCAN (Arroyo, Alberto y Calderón Jorge ,1993) así como una propuesta de renegociación (RMALC, 1997). Frente a la crisis económica de 1994-1995 se elaboró una Propuesta de Plan Económico que luego se sometió a referéndum popular (Arroyo, et ali, 1995).A nivel continental desde 1997 arrancó un proceso más complejo, colectivo y ambicioso para elaborar alternativas al modelo del libre comercio. A la par que se decide empezar a construir la Alianza Social Continental se inició el proceso colectivo para elaborar una propuesta integral frente al modelo de libre comercio y, especialmente, frente a la iniciativa del gobierno estadounidense para crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Se trata de un esfuerzo absolutamente colectivo de construir una propuesta con consenso.

Se formaron equipos de voluntarios para diversos temas que trabajarían por correo electrónico a pesar de la dificultad de que existen 4 idiomas oficiales en el continente. Un primer borrador se presentó en la I Cumbre de los Pueblos realizada en Santiago de Chile en 1998. Dichos equipos en realidad recogen mucho de lo elaborado en diversas partes y organizaciones del continente. Fue un proceso intenso de discusión hasta llegar a un borrador de consenso en cada tema. La Cumbre de los Pueblos lo avaló. Sin embargo, decide que se abra durante un año un proceso de discusión entre las organizaciones a lo largo y ancho del continente y se recojan los aportes a la vez que se amplía el equipo técnico. Después de este proceso se publica la 2ª versión en un amplio documento llamado Alternativas para las Américas (Alianza Social Continental, 1998). Se toma la decisión de que se mantendrá abierto el documento para recoger posteriores propuestas y enriquecimientos conforme la ASC se vaya ampliando con la incorporación de nuevas organizaciones. Así, en 2002 se publicó la 4ª versión corregida y aumentada.

Este documento expresa un amplio consenso fruto de un sin número de foros, seminarios, encuentros a lo largo y ancho del continente. Más adelante volveremos sobre el contenido de esta propuesta.

5.La elaboración de propuestas alternativas implica diversos niveles

5.1 Un proyecto nacional de desarrollo y de mecanismos de democracia directa o participativa
Aún cuando, las economías nacionales participan con mayor o menor intensidad en la dinámica económica mundial, se requiere de un proyecto nacional consensuado social y democráticamente.

Es en el mercado donde dicho proyecto se pone a prueba, pero no se puede dejar al mercado la definición del proyecto como pretenden los más fundamentalistas neoliberales. Por ejemplo el Dr. Herminio Blanco, ex-Secretario de Comercio mexicano, cuando se le preguntó cuál era el proyecto de país que tenía en mente cuando estaba negociando el TLCAN, increíblemente contestó lo siguiente: “¿Proyecto de país? El mejor proyecto de país es no tener proyecto y dejar que el mercado modele al México posible”.

La elaboración de un proyecto nacional no es tampoco asunto de escritorio e intelectuales, es un complejo proceso de elaboración colectiva y de formación de consensos. Sobre los contenidos del nuevo proyecto nacional se ha elaborado mucho en los últimos 10 o 15 años; cualquier reseña o inventario se quedaría corto. Recientemente el Frente Sindical Mexicano (FSM), La Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Promotora de Unidad frente al Neoliberalismo y la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio convocaron al I Diálogo Nacional para un Proyecto Alternativo de Nación con Justicia, Libertad y Democracia, en el que se presentaron cientos de ponencias. Sin embargo, considero que el debate y la concreción de los cómos está aún en proceso. (sobre el proceso y complejidad de lo que implica un proyecto nacional de desarrollo véase Arroyo Alberto, 1998).

5.2Reglas o regulación de la globalización

Ello es lo que se hace en el documento citado de Alternativas para las Américas.

Dado que nuestras economías no pueden permanecer aisladas y el enorme poder y dominio que las grandes corporaciones tienen sobre la dinámica económica mundial, el proyecto nacional de desarrollo implica crear el entorno internacional adecuado para hacerlo viable.
En realidad los TLCs, en los hechos se constituyen en un impedimento a proyectos nacionales de desarrollo y por ello la imperiosa necesidad de enfrentarlos.

No es que pensemos que el proyecto de nación actual deba volver al pasado o que implique economías cerradas, pero los TLCs son mucho más que apertura de fronteras a la libre circulación de mercancías. Estos tratados son una legislación supranacional que trata de asegurar que la dinámica de las economías se deje a las solas fuerzas del mercado, a la competencia. El mercado es el espacio en el que compiten los actores económicos, dejar libre el mercado es dejar que el grande se coma al chico.

Estos tratados son mucho más que comercio. Implican inversión, propiedad intelectual, papel del Estado, políticas de competencia, etc. (ver el ya citado análisis del contenido del TLCAN, Arroyo Alberto – Calderón Jorge, 1993; el análisis del ALCA, Alianza Social Continental, 2003; el análisis del tratado de México y la Unión Europea, Peñaloza, Andrés y Arroyo Alberto 2000; el Análisis del Tratado Centro América y República Dominicana con Estados Unidos Mora Jiménez, Henry, 2004 y www.encuentropopular.org). Estos tratados son una camisa de fuerza que fija reglas para dejar la economía a la dinámica de la competencia, limita sobre manera la capacidad del estado nacional para regularla y conducir un proyecto nacional.

Por el contrario Alternativas para las Américas es la propuesta de la ASC de reglas internacionales para garantizar que la competencia mercantil sea compatible con la supremacía de los derechos humanos integralmente considerados, especialmente los económicos, sociales, laborales, culturales, ambientales, de las mujeres, de los migrantes y de los pueblos y comunidades originarios. Frente a una globalización dejada a la mano invisible del mercado propone una serie de normas internacionales que la regulen. Toca todos los temas que incluyen los TLCs y los que éstos evaden para poner la economía al servicio de objetivos sociales, garantizar la primacía de los derechos humanos y crear el entorno internacional que viabilice que cada país desarrollo su propio proyecto nacional.

El neoliberalismo se fue imponiendo en nuestro continente y en el mundo a partir del consenso de Washington no sólo debido a que desde el poder este consenso se impuso como pensamiento casi único, sino también a través de las condicionalidades impuestas por el Banco Mundial (BM) y El Fondo Monetario Internacional (FMI), con la complicidad de los gobiernos de los países subdesarrollados basados en la dependencia que ha implicado la impagable deuda externa. Los Tratados de Libre Comercio convierten estas condicionalidades en ley supranacional de tal forma que gobierne quien gobierne, la deuda externa sea manejable o no, el margen de maniobra de la política económica sea mínimo. En realidad son una especie de seguro contra cambios democráticos en nuestros países. Si se quiere impulsar proyectos de desarrollo sustentable y con distribución de la riqueza no debemos firmar dicho tipo de tratados y/o desembarazarnos de los que nos han impuesto. Sin embargo, ello no implica que nos aislemos de la economía mundial, pero hay que lograr regularla para poder crear el entorno internacional que todo proyecto nacional de un país subdesarrollado necesita.

5.3Integración regional o subregional

El movimiento social altermundista se ha manifestado clara y contundentemente contra el libre comercio, en cuanto es una teoría económica que deja nuestros derechos sociales en manos de “la mano invisible” del mercado; pero ello no implica, como hemos dicho, que nos aislemos de la dinámica mundial. Es por ello que en la alternativa se plantea una integración desde los pueblos. Hay una amplia discusión en búsqueda de consensos sobre las características de la integración regional o sub-regional que queremos.

A) Propuestas de gobiernos que se distancian y resisten el proyecto hegemónico
Algunos gobiernos están también impulsando procesos de integración regionales o subregionales como alternativa al proyecto hegemónico que en nuestro continente impulsa Estados Unidos. Nos referimos fundamentalmente al nuevo impulso al MERCOSUR y su acercamiento con algunos gobiernos de la Comunidad Andina de Naciones, a la Comunidad Sudamericana de Naciones y, con un carácter distinto, al Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).

Estas propuestas gubernamentales y su proceso de implementación tienen una dimensión defensiva frente al avasallador proyecto hegemónico de los TLCs impulsados por las grandes corporaciones y los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, no dejan de tener elementos alternativos al neoliberalismo

En su dimensión defensiva buscan unir fuerzas políticas, pero también recursos y capacidades productivas, para poder resistir y/o negociar bajo otros términos con la potencias económicas. El movimiento social valora y aprovecha está dimensión defensiva o de resistencia de algunos gobiernos en el continente. De hecho ha sido clave para detener el ALCA y el avance de las propuestas de Estados Unidos, Europa y Japón en la OMC. Estos triunfos parciales son fruto de la combinación de la presión social directa y el cambio de postura de algunos nuevos gobiernos que a su vez fue logrado por la acción de los pueblos. (Arroyo, 2005 a; Arroyo , próxima).

El MERCOSUR y la Comunidad Suramericana de Naciones, más allá de lo defensivo, implican propuestas de integración, no sólo de zonas de libre comercio, y ello ha sido una aspiración de amplios sectores y de líderes históricos en nuestro continente. Por sus orígenes y concreciones históricas no dejan de estar impregnadas aún de neoliberalismo, pero incluyen, una dimensión social y mecanismos de participación y consulta. Los nuevos gobiernos están impulsando su profundización. Sectores importantes del movimiento social han decidido disputar la orientación en la trasformación del MERCOSUR, de la Comunidad Andina y en la concreción de la Comunidad Suramericana de Naciones para impulsar una verdadera integración de los pueblos. Para el movimiento social la alternativa no es el MERCOSUR, la Comunidad Andina actuales o el apenas esbozo de la Comunidad Sur Americana de Naciones, pero sí plantean una integración profunda en la región y disputar su orientación. Es por ello que es necesario consensuar las características de la integración que queremos.

El ALBA es una propuesta claramente antineoliberal e incluso con un discurso anticapitalista. Es impulsada por el gobierno de Chávez y más recientemente también por Cuba. Se ha concretado en acuerdos de complementación y solidaridad entre Venezuela y Cuba y en algunas empresas públicas regionales. En cuanto a su contenido programático para el continente toma mucho de la propuesta de la Alianza Social Continental.

Una gran parte del movimiento social altermundista saluda estas iniciativas gubernamentales, valora su dimensión de resistencia, pero no renuncia a seguir profundizando e impulsando sus propias propuestas. El movimiento social puede tener mayores o menores coincidencias con cada una de estas propuestas gubernamentales, pero no está dispuesto a renunciar a ser sujeto autónomo en la construcción de su futuro. Considera que a ningún gobierno se le puede firmar cheques en blanco, ni convertirse en simple correa de trasmisión de una iniciativa gubernamental.

B) Elementos para la integración desde los pueblos
a) La integración implica no sólo lo económico, sino lo social, político y cultural.
b) No es una integración que suprima las diferencias, debe partir y asumir la plurietnicidad y pluriculturalidad, así como las asimetrías y diversidad de posibilidades y recursos entre los países de la región

C) La integración desde los pueblos no es una zona de libre comercio. No le vamos a dejar al mercado nuestro futuro. Liberar el mercado es simplemente ampliar la zona de competencia entre empresas y dejar que el grande se coma al chico. Una zona de integración es por el contrario la búsqueda de complementariedad y cooperación bajo un plan preestablecido y consensuado. Ello no está peleado con la búsqueda de eficiencia y el uso más racional de los recursos.

D) El punto de partida es el proyecto nacional de desarrollo sustentable y con justicia social diseñado por consenso, que a su vez debe incluir la diversidad de las subregionles dentro de cada país. Es desde lo local y nacional que se debe definir el tipo de integración y con quiénes se desea caminar. Ello parte de la conciencia de que nuestras débiles y subdesarrolladas economías se pueden potenciar con la integración.

E) La integración en su dimensión económica no es simplemente quitar trabas al comercio y la inversión en la región, sino complementariedad y articulación económica. Ello implica un proyecto y estrategia económica regional consensuada socialmente. La elaboración de este proyecto y estrategia implica mucha investigación, ya que hoy nuestras economías más que complementarias están en competencia. Sin embargo la investigación debe estar al servicio de la construcción de consensos. El proyecto y estrategia regional no es un asunto puramente técnico.

F) Los objetivos y criterios de evaluación de cualquier estrategia económica integracionista no son los indicadores macroeconómicos, sino los resultados sociales. El objetivo final no es el crecimiento o la ganancia, sino el bienestar de la población. El eje central desde el que pensamos la integración, las estrategias económicas nacionales y regionales son la plena vigencia de los derechos humanos incluidos los económicos, sociales, laborales, ambientales, de los pueblos y comunidades indígenas, de las mujeres, de los migrantes. En este punto la ASC está discutiendo y consensuado una Carta de Derechos en las Américas. Se trata de consignar todos los derechos para todos y a la vez el diseño de mecanismos e instituciones bajo control social para garantizar su cumplimiento (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, 2005 a).

G) La integración implica la libre circulación de los trabajadores y el pleno ejercicio de todos los derechos laborales. La integración debe homologar hacia arriba las condiciones y derechos de los trabajadores. Por supuesto, el primer derecho es a tener trabajo en el propio país y a no tener que desarraigarse migrando por necesidad de sobrevivencia. Pero en el caso de que se decida migrar debe tener la libertad de circulación y la garantía de todos sus derechos en el lugar en que decida vivir.

H) Soberanía popular. Hay que distinguir entre soberanía de los gobiernos nacionales que puede disminuirse y cederse parcialmente a instancias regionales y la soberanía popular a la que no se puede renunciar. Cualquier acuerdo internacional y mucho más una verdadera integración implica sesión de soberanía de los gobiernos a mecanismos e instituciones supranacionales para administrarlos y conducirlos. No podemos hablar de una estrategia de desarrollo regional sin instancias regionales que la operen; pero no se puede renunciar a la soberanía popular.

I) La integración en su dimensión política implica instancias supra-nacionales de la integración para operar y conducir la estrategia regional, pero dichas instancias deben estar sujetas a la voluntad de la mayoría. Tienen que diseñarse mecanismos e instituciones democráticas de toma de decisiones, de control popular y rendición de cuentas. Sabemos de los límites de la democracia electoral y los sistemas de representación. A nivel regional, así como en el nacional, debemos crear los mecanismos de la democracia participativa.

Bibliografía citada

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