El "regionalismo abierto" de la CEPAL: insuficiente y confuso

Paul Kellogg
At the turn of the century, cheap it seemed inevitable that regional integration in Latin America would occur under the rubric of the Free Trade Area of the Americas (FTAA) and US hegemony. But 2005—the year the FTAA was to have been launched—has come and gone, and the whole FTAA project is in tatters. This article will examine two regional integration initiatives, pilule which have emerged in its wake—the Union of South American Nations (UNASUR) and the Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA). Both represent a challenge to US-led integration. However, the Venezuelan-centered ALBA is potentially a much more radical challenge to neoliberalism than the Brazilian-centered UNASUR.

Eduardo Gudynas, Observatorio Hemisférico

En América Latina siguen siendo frecuentes las confusiones y ambigüedades frente al tema de la integración regional y el comercio. Diferentes gobiernos proclaman su firme interés en estrechar las relaciones entre países, pero sus prácticas comerciales operan en sentido contrario. En este terreno tan resbaladizo, es muy frecuente que se presente el concepto de “regionalismo abierto” como justificativo de muy diferentes posturas.

En efecto, el “regionalismo abierto” ha estado asociado con proyectos tan dispares como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur o incluso con posiciones unilaterales comerciales como las que ensaya Chile. Ha sido defendido desde posturas económicas ortodoxas pero también se lo ha invocado desde políticos progresistas. Entonces, ¿qué es el “regionalismo abierto”?, ¿cuál ha sido su historia reciente en América Latina?

La CEPAL presenta el “regionalismo abierto”

Las ideas de “regionalismo abierto” usadas en América Latina se originaron en las propuestas de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) a inicios de la década de 1990. Esas ideas eran parte d e un intento de generar nuevas concepciones sobre el desarrollo y desembocaron en la presentación de tres documentos: “Transformación Productiva con Equidad” (TPE) de 1990, seguido por “El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio ambiente” en 1991, y finalmente el programa del “regionalismo abierto” en 1994.

El documento original de CEPAL define al “regionalismo abierto” como un proceso que busca “conciliar” por un lado la “interdependencia” nacida de acuerdos comerciales preferenciales y por el otro la interdependencia “impulsada básicamente por las señales del mercado resultantes de la liberalización comercial en general”, donde las “políticas explícitas de integración sean compatibles con las políticas tendientes a elevar la competitividad internacional y que las complementen”. Asimismo, la CEPAL advierte que ese regionalismo es distinto de la apertura simple del comercio y de la promoción no discriminada de las exportaciones por contener un “ingrediente preferencial reflejado en los acuerdos de integración y reforzado por la cercanía geográfica y la afinidad cultural de los países de la región”.

La CEPAL concebía a la integración como un proceso esencialmente comercial, en particular basado en las rebajas arancelarias y apertura de los mercados nacionales al exterior. La liberalización no sólo era dentro de una región sino al mundo, suponiéndose que operarían mecanismos de competitividad convencionales que permitirían una mejor inserción exportadora. Esta perspectiva estaba marcada por el reduccionismo economicista, y por lo tanto otros aspectos, en especial los políticos, no eran tratados adecuadamente.

El “regionalismo abierto” tiene antecedentes directos con las ideas de la TPE, que intentó ser un programa de desarrollo alternativo frente a la “década perdida” de 1980, demostrando un fuerte optimismo en la liberalización comercial y las exportaciones como motor del crecimiento económico. Pero también hay claras relaciones con las ideas del “regionalismo abierto” que se discutían en aquel entonces en el sudeste de Asia. Desde la creación en 1989 del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC por sus siglas en inglés) se planteaba el “regionalismo abierto” como su eje central. Ese foro nunca presentó una definición formal y por lo tanto la idea terminó siendo vaga, englobando a posiciones distintas, aunque apuntaba a una relación flexible entre los países, incluyendo una membresía abierta, apertura tanto dentro de la región como hacia el resto de la economía mundial, aplicación de medidas de facilitación del comercio, y articulación de la inserción regional para favorecer el comercio global, incluyendo en algunas circunstancias la extensión del trato de nación más favorecida a los no-miembros (véase por ejemplo Bergsten, 1997, Kuwayama, 1999).

La propuesta de CEPAL está en línea con la apertura comercial defendida dentro de APEC, y respondía a la visión donde la vinculación entre naciones no debía ser “cerrada”, ni siquiera debería desviar comercio, sino que era necesario que fuera “abierta”. Se entendía que algunas experiencias anteriores no habían logrado mejorar el intercambio comercial (por ejemplo, la experiencia de la ALALC – Asociación Latino Americana de Libre Comercio – de 1960 a 1980) o bien se enfocaron hacia “adentro”, cerrando los mercados y con pobres resultados exportadores. El ejemplo a seguir que presentaba la CEPAL era el TLCAN, un acuerdo de libre comercio ortodoxo que en aquellos años daba sus primeros pasos, aunque ya resultaba claro que subordinaba temas claves (como el laboral, el ambiental y el del manejo de fronteras), y no se establecían mecanismos de coordinación política. Es importante advertir que la CEPAL no logró advertir en ese momento que el TLCAN antes que un marco de integración se constituyó en un instrumento de relación asimétrica y en una nueva forma de manejo y regulación de los capitales.

El intento de conciliar una apertura comercial ampliada junto a acuerdos comerciales entre vecinos, así como la insistencia en una visión comercial de la integración, determinó que la idea se volviera difusa. Fue usada para defender diferentes acuerdos comerciales dentro de América Latina, fue aplicado a las negociaciones del ALCA y hoy en día las cancillerías de Brasil y Chile, que tienen políticas comerciales muy distintas, de todas maneras se presentan como defensoras del “regionalismo abierto”, a pesar que sus acciones concretas son muy diferentes.

Un examen atento del “regionalismo abierto” de la CEPAL demuestra que a pesar de su aspiración, nunca llegó a convertirse en una alternativa y, por el contrario, su énfasis en propuestas económicas convencionales fue funcional a las reformas neoliberales en marcha en la última década. El uso de la idea contribuyó a generar la ilusión de estar embarcados en un camino distinto, pero en realidad la propuesta era imprecisa en varios puntos, conservadora en otros y no se aventuró a abordar problemas centrales. En esa propuesta prevalece el mercado, y por lo tanto se expresa en un “vacío de la política” en varios planos: sobre las políticas de desarrollo, la política internacional, incluyendo las concepciones sobre la globalización, y la política ciudadana.

Énfasis en el mercado

El “regionalismo abierto” está centrado en el mercado. No existen propuestas de integración en las áreas social, política o ambiental. Temas candentes como la migración fueron dejados de lado, y nunca se exploró el diseño de políticas productivas comunes a nivel regional. Ni siquiera se estudiaron en detalle posibilidades de coordinación productiva entre países, en tanto se esperaba que el mercado y el comercio generarían la mejor asignación de recursos.

En estas cuestiones, el “regionalismo abierto” es evidentemente parte de las ideas de “transformación productiva con equidad” (TPE) de CEPAL. La TPE contenía varios aspectos positivos, como insistir en la necesidad en reducir la desigualdad, fortalecer la interacción entre los sectores público y privado o promover la ciencia y tecnología. Pero también fue una propuesta que contribuyó al ambiente político que desmanteló definitivamente la estrategia de desarrollo hacia adentro basada en la sustitución de importaciones y la protección de los mercados nacionales. Se generaron excelentes estudios que mostraban todos los vicios de la sustitución de importaciones y el papel de las grandes empresas públicas, pero no se generaron propuestas que fueran tanto alternativas al neoliberalismo de entonces, como aplicables con resultados palpables para convencer a los más escépticos. Por esta razón, tanto esas críticas como las ideas del TPE terminaron siendo funcionales a las reformas de mercado de los años 90, acercándose más y más a los dogmas del Consenso de Washington.

De esta manera se cayó en una idea del desarrollo mercantilista, donde el “regionalismo abierto” debía transitar por la apertura de los mercados, la reducción de los aranceles, liberalizar las importaciones, apostar al crecimiento a partir del aumento de las exportaciones, etc.

Optimismo frente a la globalización

La CEPAL entendía que la globalización, en especial la económica, representaba un aspecto positivo y por lo tanto la integración era una mediación para acelerar la inserción global. Esto tiene una consecuencia clave, ya que el “regionalismo abierto” no contradecía la globalización actual sino que era funcional a su promoción.

Por supuesto que CEPAL ha presentado estudios posteriores donde presenta cuestionamientos a los impactos de los procesos globales, pero el “regionalismo abierto” nunca ofreció una crítica conceptual sobre la globalización, no estaba preocupado por ella y en realidad lo observa como un mar de posibilidades que deberían ser aprovechadas.

Incluso podría decirse que el “regionalismo abierto” apunta a una curiosa forma de “glocalización” inversa. En efecto, la visión empresarial de la “glocalización” que se propagó desde el Oriente se expresaba en adaptar los emprendimientos globales a las circunstancias locales para favorecer la penetración de los mercados y obtener mayores ganancias. La postura cepalina es inversa: apuntó a adaptar las cadenas productivas locales para ingresar a la globalización. Se debía producir lo que los mercados globales necesitan.
Un marco internacional indefinido

Otra limitación sorprendente del “regionalismo abierto” es plantear relaciones entre países que se dan prácticamente en un vacío geopolítico. No se discuten los conflictos regionales, las tensiones diplomáticas, las implicaciones en la seguridad nacional y las luchas de poder a nivel regional o global. Parecería que la vinculación entre las naciones sólo transcurre por medio del comercio exterior, y los temas más agudos que afectan a América Latina (tensiones fronterizas, el narcotráfico o la migración) quedan en segundo plano, o bien se resolverían por medio del comercio.

Tampoco está clara cuál es la visión cepalina de las relaciones internacionales. La integración regional no se puede dar en un vacío de relaciones políticas entre los Estados, ni se pueden concebir las interacciones entre ellos únicamente en el plano comercial. Nunca se explora si el “regionalismo abierto” se desarrollará en el contexto de la lucha de poder en la arena internacional o se amparará en posturas idealistas que defiendan derechos y obligaciones en un mundo multilateral.

El ciudadano olvidado

Finalmente, existe un vacío en la política ciudadana, ya que el “regionalismo abierto” no explora en detalle mecanismos para promover la participación ciudadana y la apropiación política del proceso de integración. La CEPAL apunta a una visión “contractual” de la integración, donde los gobiernos intercambian concesiones comerciales y los agentes que nutren la vinculación entre los países son empresas exportadoras e importadoras. La institucionalidad de los acuerdos regionales desde esa perspectiva se basa en instrumentos mínimos, claramente asociados a gerenciar el comercio y resolver disputas comerciales, pero ignora temas claves como la supranacionalidad.

Una verdadera integración regional en América Latina solo es posible cuando se logre el concurso activo de los ciudadanos, incluyendo una visión ampliada de ciudadanía regional.
Una visión insuficiente

El “regionalismo abierto” de la CEPAL era una visión seguramente bienintencionada, pero insuficiente. Aspectos clave para la construcción de la integración regional no fueron abordados adecuadamente y, más allá de las menciones que intentaron remontar algunos de estos problemas, el eje de la propuesta descansaba en la liberalización comercial. Ese énfasis en el mercado, junto con la diversidad de cuestiones comentadas en los reportes de la CEPAL, terminó generando una posición que era vaga, con escasa capacidad descriptiva y predictiva, y cuya indefinición permitía que fuera invocada en muy diferentes contextos y para defender distintos propósitos.

Se generó una enorme confusión donde los gobiernos de América Latina hablaban una y otra vez del “regionalismo abierto” para defender posiciones diversas y a veces contradictorias. La ambición cepalina de postular un concepto vigoroso que sirviera como referencia a los gobiernos no se concretó. Pero además, la CEPAL tampoco logró desencadenar una discusión fructífera sobre posibles alternativas, y en especial que fuera distinta a la que se promovía desde los centros económicos y comerciales del hemisferio norte.

Es por estas indefiniciones que el “regionalismo abierto” fue funcional a las reformas neoliberales que proliferaron en América Latina en la década de 1990, donde las recetas de liberalización comercial se colaron en los nuevos ensayos de integración en América Latina. Pero además de ser funcional a esos cambios, sus efectos negativos se redoblaron ya que ella se presentaba a sí misma como una “alternativa”, con lo cual distrajo a muchos de la búsqueda de otros caminos. Muchos de los ensayos de integración regional en América Latina terminaron convertidos en procesos que acentuaron la inserción en la economía global y la dependencia financiera y que mantienen a los países atrapados en exportar recursos primarios sin industrializarse. Algunos aspectos fortalecieron los cambios neoliberales, y en especial sus expresiones en el flujo liberalizado de capital, dotándolos de legitimidad política y social.

Sin duda es necesario un programa alternativo de integración regional. Posiblemente se puedan tomar algunos puntos de los aspectos defendidos hace diez años por la CEPAL, pero sin duda deben ser ordenados en otro contexto y dotándolos de otras bases conceptuales. Más allá de ese ejercicio, también debe admitirse que un nuevo programa, si está genuinamente apuntando al desarrollo sostenible y el fortalecimiento de ciudadanías nacionales y regionales, deberá romper con el “regionalismo abierto” de CEPAL para buscar otro posicionamiento frente a la globalización.

Eduardo Gudynas es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad en América Latina; www.integracionsur.com) y colaborador mensual con el IRC Programa de las Américas (www.ircamericas.org. Las opiniones son exclusivamente del autor.

Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Las opiniones expresadas aqui son del autor y no necesariamente representan las opiniones del Programa de las Américas o el Centro para la Política Internacional.

Recursos

Bergsten, C.F. 1997. Open regionalism. Institute International Economics, Working Paper 97-3.

CEPAL. 1990. Transformación productiva con equidad. CEPAL, Santiago.

CEPAL. 1991. El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio ambiente. CEPAL, Santiago.

CEPAL. 1994. El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe. CEPAL, Santiago.

Kuwayama, M. 1999. Open regionalism in Asia Pacific and Latin America: a survey of literature. CEPAL, International Trade and Development Finance Division, Santiago.

ALBA y ALCA: el dilema de la integración o la anexión

Osvaldo Martínez

Rebelión.org

La integración de América Latina ha hecho correr ríos de tinta e interminables torrentes de retórica, patient pero sigue siendo el gran tema estratégico pendiente.

Esa integración posee un fuerte cimiento histórico en las visiones de Bolívar y Martí. El primero llamó a la unidad política de los recién liberados pedazos del Imperio Español, intentó darle forma a esa unidad política convocando al Congreso Anfictiónico de Panamá y enfrentó la oposición de los recién nacidos Estados Unidos, remedy a los que –con profunda y precoz visión– señaló como los futuros responsables de “plagar a la América de miserias, en nombre de la libertad”.
Martí conoció de modo directo, por vivir un largo período en Nueva York, el surgimiento del imperialismo, y con una penetración sorprendente urgió a los pueblos de la “América Nuestra” a unirse para resistir el dominio y la expansión de la naciente potencia imperialista.
En ambas figuras cumbres de la formación de lo que después llamaríamos América Latina, hay una percepción esencial: los países al sur del río Bravo forman parte de un conjunto cuya realización como pueblos no puede alcanzarse más que como conjunto integrado y haciendo resistencia al imperialismo que desde el norte, ve al resto de la América como el patio trasero de su propiedad.

Los reclamos de Bolívar y Martí tenían y tienen sólidas razones, pues los argumentos favorables a la integración son abundantes.
América Latina ha sido estructurada por los procesos coloniales español y portugués los que, no siendo exactamente iguales, comparten similitudes mayores entre ellos que los existentes entre los modelos coloniales inglés, francés, hola ndés, alemán, belga. Finalizada la gesta de la independencia, el dominio colonial fue sustituido por el dominio neocolonial ejercido por imperios europeos con la intromisión creciente de Estados Unidos, y en tiempos más cercanos por los imperialismos británico y estadounidense, con preponderancia progresiva de este último.

Como herencia positiva de ese pasado colonial, la América Latina posee una riqueza única en tanto potencial para la integración.
Se trata de la posibilidad de comunicación directa entre los pueblos hispano parlantes y luso parlantes, lo que permite a más de 500 millones de personas entenderse, hablando unos español y otros el portugués ya muy brasileño que se habla en Brasil.

Con relación al África, dividida en cuanto a la lengua y no pocas veces incomunicada, al Asia que presenta una situación similar e incluso a Europa, allí donde más ha avanzado la integración, pero donde la Unión Europea tiene que hacer traducciones a más de 10 lenguas diferentes, los latinoamericanos disfrutamos de mayores posibilidades de comunicación.

La América Latina, aun sin pretender un romántico y falso homologuismo entre sus naciones y pueblos, muestra unas condiciones para la integración que en teoría, son superiores a las de cualquier otra región del planeta.

Al pasado colonial que formó una estructura socioeconómica relativamente común, a la posterior acción modeladora imperialista que forjó relaciones de dependencia y explotación similares, le suma América Latina esa singular posibilidad de la comunicación directa entre los pueblos de habla española y portuguesa.

Y a todo eso, que no es poco, le agregamos ahora lo que en tiempos de esta globalización , que en rigor debiera ser llamada neoimperialismo, es ya un hecho establecido: la integración en la época de los grandes bloques económicos de países desarrollados (Unión Europea, Estados Unidos-Canadá, Japón-NIC`s) es para los países subdesarrollados mucho más que aprovechar economías de escala o beneficiarse de un mercado ampliado. Es condición de desarrollo y aun más de supervivencia en los tiempos de los grandes espacios económicos y de la lucha por la hegemonía imperialista.
La integración de la “América Nuestra” para hacer realidad el desarrollo de sus pueblos y para derrotar el dominio de la América que no es nuestra, tiene hoy al menos tanta vigencia como en los tiempos en que Martí asistió a las reuniones en Washington de la Conferencia Monetaria de las Repúblicas de América. Entonces el naciente imperialismo norteamericano pretendió establecer una moneda común de plata para las transacciones en la América. Ahora prete nde con el ALCA y los Tratados de Libre Comercio consolidar y extender su hegemonía sobre la región.

Pero, la distancia entre el potencial de la integración y su anémica realidad, es enorme.

Si pensamos en las distancias entre la posible América Latina integrada económica y políticamente, haciendo valer su riqueza económica, cultural, intelectual; haciendo escuchar su voz unida, y la América Latina todavía entrampada en la OEA, con algunos gobiernos compitiendo por ganar la sede del ALCA y entusiasmados con ingresar a ese proyecto, tendremos que reconocer lo poco que se ha avanzado hacia la integración.

El corto camino recorrido tiene muchas instituciones o estructuras creadas para propósitos declarados de representación, coordinación o integración regional o subregional, pero la acumulación de siglas aludiendo a instituciones no expresa profundidad ni eficac ia en la integración, sino más bien refleja su inoperancia y la acumulación de proyectos fallidos.

En términos políticos la América Latina sigue careciendo de un verdadero mecanismo de concertación latinoamericano y caribeño. No lo puede ser la desprestigiada OEA ni las Cumbres Iberoamericanas, ni agrupaciones subregionales o de conformación coyuntural como el Grupo de Río, u otras instancias a nivel centroamericano o caribeño. La Comunidad Sudamericana de Naciones y la Comunidad Andina son buenos proyectos en el papel, pero no representan a toda la región y su verdadero significado dependerá de las tendencias políticas que predominen hacia adelante en sus gobiernos.

Aunque la existencia de instituciones no determina el curso de la realidad ni asegura integración efectiva, es significativo que América Latina no tenga siquiera algo parecido a la Organización de la Unidad Africana.

La región –como expresión de fragmentación política– no ha logrado trascender el escenario de instituciones diseñadas para reunirse en Washington y transmitir las directivas del amo (OEA), para reunirse con las antiguas metrópolis coloniales que ahora actúan como asociados menores de Estados Unidos (Cumbres Iberoamericanas) o para reunirse en grupos subregionales a veces capaces de asumir posiciones valiosas (CARICOM, Grupo de Río, Asociación de Estados del Caribe), a veces capaces de producir lamentables resultados (Centroamérica) y a veces como desafortunada expresión de un buen proyecto que vive en la agonía por la falta de apoyo de no pocos gobiernos (SELA).

La fragmentación política aludida, ha conducido a que la integración regional sea entendida con preferencia como integración económica y es por eso frecuente que se presente al proceso de integración regional como la descri pción y el relato de los avatares de los esquemas de integración económica iniciados a comienzo de los años 60 bajo la influencia intelectual del desarrollismo cepalino, de las urgencia y temores catalizados por la Revolución Cubana y del despegue de la integración europea.

Esos esquemas de integración económica tienen vidas ya relativamente largas y todos –con las obvias diferencias individuales– son intentos subdesarrollados de integrar países subdesarrollados.
Ha fracasado la integración que podríamos llamar cepalina por corresponder a la época del “desarrollo hacia adentro”, la sustitución de importaciones y el aliento de una industrialización lidereada por una burguesía industrializante, modernizadora y que la CEPAL creía capaz de ser “nacional”, en tanto portadora de intereses desarrollistas que la harían capaz de defender sus mercados nacionales frente a la obvia tendencia a la hegemonía del capital extranjero.

Ha fracasado también –con fracaso aún más sonado– la integración que podríamos llamar neoliberal por corresponder a la época en que el neoliberalismo se hace dominante y convierte a la integración en cáscara encubridora de un gran vacío y a la retórica integracionista en parloteo para encubrir la creciente desintegración.

El fracaso de la integración cepalina es el fracaso del modelo cepalino de desarrollo hacia adentro. En aquel modelo la integración fue un desarrollo intelectual lógico, que fue planteado cuando se empezó a constatar que la industrialización, el desarrollo hacia adentro y la incorporación de “los frutos del progreso técnico” se asfixiaban dentro de los estrechos mercados nacionales y era evidente que la ampliación del mercado a escala regional era determinante para aspirar a los necesarios niveles de producción y productiv idad.

Pero el modelo, y el tipo de integración correspondiente a él, fracasaron. Las razones y el debate en torno a este problema, han ocupado y ocuparán muchos miles de páginas. No pretendo más que apuntar las razones que creo explican el fracaso, sin desconocer los méritos del pensamiento cepalino durante aquella “edad de oro” de esta institución; cuando fue capaz de estructurar una interpretación y una propuesta originales que se irían perdiendo.

La primera razón del fracaso no está en las economías de escala, en las técnicas y procedimientos para la rebaja arancelaria o en cualquier otro aspecto de técnica económica y tampoco está en la economía “pura”, si es que ésta existe de algún modo.

Esa razón se encuentra en esa zona donde la economía se amalgama con la política, la sociología, la historia y la cultura para explicar el fraca so de la burguesía industrializante que para la CEPAL era el principal actor social que debía hacer cambios estructurales internos imprescindibles (reforma agraria para quebrar el latifundio y la acción del regresivo binomio latifundio-minifundio, redistribución del ingreso, sin lo cual el mercado interno seguiría siendo estrecho), disponerse a resistir con firmeza la penetración y dominio de las transnacionales en defensa de sus mercados nacionales y de su mercado regional y por tanto, disponerse a enfrentar a los gobiernos de Estados Unidos, sin lo cual es impensable alguna política de desarrollo autónoma en esta región.

Como balance regional, y sin olvidar que cada historia nacional es específica y nunca exacta a otras, la burguesía industrializante soñada por CEPAL fracasó en su papel como estrella del reparto. Demostró ser más transnacionalizada que nacional y por lo general, aceptó la hegemonía norteamericana y el actuar c omo administradores de la dependencia y empleados de alto nivel de filiales de transnacionales, antes que ser los burgueses “nacionales”, plantados en defensa de sus mercados, empresas y proyectos propios.

El error de la CEPAL no consistió en una mala concepción del modelo en cuanto a la lógica de su funcionamiento a partir de concederle a la burguesía industrializante todos los atributos con que la idealizó. Aquella lógica era correcta para reproducir con atraso en América Latina procesos clásicos de desarrollo capitalista ocurridos en Europa y Estados Unidos. Pero ya entonces la burguesía industrializante o era demasiado débil, o era demasiado dependiente y sometida, o temía demasiado a las revoluciones populares después del triunfo de la Revolución Cubana, o tenía todo lo anterior mezclado; y no fue más allá de ser administradora de la dependencia más que dirigentes de un desarrollo capitalista autónomo.

Más que el fracaso del modelo cepalino, lo que ocurrió fue el fracaso del desarrollo capitalista autónomo de América Latina.

No se hicieron las transformaciones estructurales internas y no fue sorpresa que la integración fuera entonces de los capitales y no de los pueblos. Y ni siquiera de capitales nacionales, sino la integración de capitales transnacionales que han sido los reales diseñadores de los esquemas existentes.

Las reformas agrarias o no se hicieron en absoluto (Brasil) o fueron hechas reformas blandas o peor aún, fueron sustituidas por subterfugios como la colonización, administración de tierras o “desarrollo del mercado de tierras” de los tiempos neoliberales.
Como el pobrerío latinoamericano nunca fue considerado más que como acompañante y receptor pasivo de un modelo dirigido por sus burgueses y oligarcas, entonces la integración nunca fue una causa popular ni conectó con las luchas y aspiraciones de los pueblos. Permaneció como uno más de los temas tecnocráticos reservados al manejo de expertos en remotas reuniones internacionales y materia prima para discursos de salón.

Cuando el neoliberalismo irrumpe y se hace dominante en la región, la integración se había quedado lejos de su realización, pero tal como el “desarrollo hacia adentro” logró algunos aciertos parciales, ella había alcanzado algunos pequeños avances en forma de intentos de complementación productiva mediante programas multinacionales como los metal-mecánico y automotriz en el Pacto Andino, o los intentos de regulación del capital extranjero con la Decisión 24 de dicho Pacto, en coincidencia no casual con los momentos de mayor proyección popular y autonomía frente a Estados Unidos en los gobiernos de Allende en Chile y Velasco Alvarado en Perú.

El CARICOM intentaba avanzar en muy difíciles condiciones dadas por la pequeñez de las economías y las huellas muy visibles de la relación dependiente con las viejas metrópolis europeas y la nueva metrópoli norteamericana.

A partir de 1982 con el estallido de la crisis de la deuda externa y la caída en masa hacia el neoliberalismo, el escenario sería otro. El ciclo neoliberal vació el escaso contenido de la integración regional y bajo los nombres de los esquemas de integración que se conservaron, abrió paso a la desintegración.

Es curioso recordar lo que algunos dijeron al observar que bajo el “ajuste estructural” fondomonetarista, los países que en él caían, de inmediato hacían y decían lo mismo, con una homogeneidad que era lo contrario de la “heterogeneidad” tan invocada por la CEPAL como obstáculo para la integración en los tiempos idos.

Esa homogeneidad en discurso y acciones neoliberales hizo exclamar a algunos con regocijo ingenuo en algún caso y cínico en muchos, que había llegado la buena hora para la integración regional, pues había terminado la heterogeneidad en cuanto a política y estrategia de desarrollo. Ahora todos los gobiernos decían, hacían y deseaban lo mismo.

La CEPAL arrió sus banderas del “desarrollo hacia adentro” y adoptó el eclecticismo imposible entre el modelo cepalino de Prebish –surgido en condiciones de guerra con el pensamiento económico liberal de los años 40 y 50–, y el neoliberalismo de los Chicago boys y el FMI. El resultado fue un híbrido que planteó una retirada de la herencia clásica cepalina, queriendo hacerla pasar como otra expresión de pensamiento original. Fue el “regionalismo abierto” que, bajo la acción modeladora real de la política neoliberal, las privatizaciones masivas y la capitulación ante las transnacionales, mostró ser muy abierto y muy poco regionalista.

Desde la época cepalina y aún más con el ciclo neoliberal, la integración fue entendida en lo esencial, como comercio intralatinoamericano y sus avances fueron medidos por el crecimiento del comercio intraregional. Este modo de entender y medir el avance de la integración refleja su debilidad al menos en tres aspectos.
La integración no puede reducirse al puro y simple comercio porque éste –-sin mecanismos reguladores que compensen la tendencia al intercambio desigual entre partes de mayor y menor desarrollo– no hace más que reproducir y ampliar el esquema de producción, productividad y dominio comercial del cual parte.

En la medida en que el comercio sea más respetuoso de la pretendida pureza de la ley del valor como lo quieren los neoliberales, en esa medida fortalecerá a los fuertes y debilitará a los débiles, o en otras palabras, actuará como un agente desintegrador.

Por otra parte, las estadísticas sobre el comercio intraregional son engañosas, porque no dicen quiénes son los agentes económicos protagonistas de ese comercio. Es una verdad bien establecida que al menos 2/3 del comercio mundial actual no es más que comercio intrafiliales de empresas transnacionales (Oxfam, 2002). Estas filiales se “compran” y se “venden” entre ellas para evadir impuestos, como parte del funcionamiento global de mega empresas que de ese modo, hacen una especie de caricatura de comercio internacional que no es otra cosa que comercio cautivo dentro de la empresa y movido por el interés de lucro de ella, pero que aparece en las estadísticas como exportaciones de países soberanos. ¿Cuánto de ese comercio intralatinoamericano no es más que “comercio” entre filiales radicadas al amparo de pr ivatizaciones y concesiones?.

Las transnacionales superponen sobre el espacio económico regional sus estrategias de concentración o desconcentración de producción, de mercado, de crecimiento, con una lógica global de competencia entre grandes consorcios privados. Esa lógica es diferente a la del proceso de integración regional sobre el cual actúa, y es también indiferente a las necesidades de ese proceso, el cual no es más que un dato a considerar entre muchos otros en una estrategia global de maximización de ganancia.

Esa lógica globalizada puede coincidir de modo coyuntural y momentáneo con el crecimiento del comercio dentro de un esquema de integración.

“Eventualmente, por razones de intereses de la regionalización de las empresas transnacionales, se producen espacios de competencia que permiten la exportación de manufacturas ( Fajnzylber, 1970 y Fajnzylber y Tarragó 1976). Más recientemente, la industria automotriz sufrió un proceso de reagrupamiento y modernización en las empresas de ensamblaje, que alimentó la expansión del comercio de manufacturas intrabloque Mercosur. Esto constituye un buen ejemplo de cómo estas empresas globalizadas reestructuran espacialmente su proceso de producción y de cómo el aumento del comercio en realidad representa, en su mayor parte, un aumento de las transacciones intraempresas, con incremento del coeficiente importado, bajo valor agregado y bajo nivel de empleo por unidad de producto”.[1]
Por último, en lo cuantitativo la realidad es pobre.

Después de un crecimiento inicial en la déc ada de los 60, el comercio intraregional se mantuvo más de 20 años moviéndose en torno al 13% del comercio total regional (Tavares-Gomes, 1998). En 1997 llegó a alcanzar el 21,1%, pero en el 2003 había retrocedido hasta el 16%.[2]
Más de 40 años de intentos integracionistas no habían podido hacer avanzar el comercio intraregional –entendido como medidor central de la integración– más allá del 16% del comercio total. Sin olvidar que México, una de las economías mayores y la más absorbida por Estados Unidos, hace con su socio mayor en el TLCAN el 88% de su comercio y con América Latina apenas el 5%.

La desintegración como proceso real, aunque conservando los nombres de los viejos esquemas de integraci ón e incluso agregando otros como el Mercosur, ha sido la tónica del ciclo neoliberal.

En él se aplicó con rigor dogmático aquello de que el mercado lo resuelve todo de la mejor manera posible y en línea con eso, se pusieron en práctica tres ámbitos de política que resultaron fatales para la integración.

Uno de ellos fue la concepción del comercio como carrera competitiva por exportar hacia Estados Unidos y Europa, lo que fue en los hechos la llamada inserción de América Latina en la economía mundial. Economías latinoamericanas con estructuras similares de exportación no hicieron otra cosa que una competencia suicida por exportar hacia aquellos mercados extrarregionales, mientras que los mercados nacionales y el mercado regional, minimizados aún más por la creciente pobreza y exclusión que el neoliberalismo desató, se convirtieron en subproductos marginales carentes de atractivo.

Otro paso desintegrador fue el abandono del trato preferencial a los países de menor desarrollo.

Este trato preferencial es tan necesario como fácil de entender, si asumimos que ningún grupo de países puede hacer una integración efectiva entre ellos reproduciendo o ampliando las diferencias de desarrollo y concentrando los beneficios de la integración en los más fuertes.

Esta verdad elemental la entendió la integración europea, la que nunca renunció a mantener esquemas de intercambio desigual y de explotación neocolonial con sus antiguas colonias tercermundistas, pero que le concedió sustancial trato preferencial a España y Portugal, porque no habría integración europea con la continuidad del atraso en esos países situados dentro del espacio a integrar.

Esa verdad elemental fue ignorada por el rigor dogmático neoliberal en América Latina. El trato preferencial es, para este neoliberalismo de manual, mucho más que una anomalía. Es una herejía que atenta contra el dogma del mercado perfecto. Así como la pobreza personal no es un fallo del sistema, sino un fracaso individual derivado de la ineptitud para abrirse paso en el mercado, la pobreza de un país también lo es, por lo que otorgarle trato preferencial sería negar el dictamen del mercado y premiar la ineptitud.

El trato preferencial es rechazado como principio general de política y repudiado como corrección de fallas del sistema o compensación por la explotación colonial. Aniquilado como principio general de política y ni siquiera reconocido como necesidad para que la integración funcione, el trato preferencial queda desnaturalizado y reducido a la limosna de caridad con nombre de ayuda humanitaria.

El efecto para la integración regional de este dogmatismo de mercado ha sido devastador, aunque con innegable coherencia han actuado tanto el FMI –aplicando iguales programas de “ajuste estructural” a países tan diferentes como Brasil y Haití–, como el ALCA al proponer iguales disciplinas para la inversión, las compras gubernamentales, la política de competencia, el régimen de propiedad intelectual, la apertura comercial a esos países y admitir tan solo plazos algo diferentes para hacer lo mismo.

El tercer golpe mortal a la integración fue la privatización masiva de empresas públicas mediante una fiebre privatizadora que abarcó unos 4 000 activos de propiedad pública y propició tal marea de corrupción y enriquecimiento ilícito que América Latina compite con fuerza por el campeonato mundial en presidentes presos y sometidos a tribunales por democráticos robos de fondos públicos.

El significado de l a privatización de las empresas y la exaltación de lo privado a una suerte de mitología de super eficiencia y fuerza generadora de riqueza, fue despojar a los estados de la capacidad para hacer política económica, para regular con medios propios el funcionamiento de la economía, para ofrecer al conjunto social los servicios públicos básicos.

El ciclo neoliberal ha sido en lo tocante a la integración el de la ruptura de los modestos lazos intraregionales y el avance acelerado de otro tipo de integración: la que tiene lugar con las transnacionales, en especial con el capital especulativo que se aprovecha de la liberalización financiera; pero también con aquellos interesados en controlar aún más los mercados nacionales, en obtener concesiones absolutas para asegurar su inversión, en apoderarse de las compras gubernamentales, en saquear la riqueza regional de biodiversidad, en controlar el petróleo, el gas, el agua.

El avance de esa integración con las transnacionales, con la liberalización financiera y comercial, equivale a una integración hacia afuera y una desintegración hacia adentro. Continuar avanzando por ese camino tiene ya señalado un destino de llegada. Es el ALCA, que representa la integración con Estados Unidos en calidad de apéndice subordinado. Es el abandono de cualquier proyecto de integración regional propio para aceptar la función de coristas.

El ALCA pretende ser el broche que cierre la cadena neoliberal que durante tres décadas se ha forjado en la región, y convertir la política neoliberal del “libre comercio” en un compromiso jurídico de los estados, para hacer imposible su abandono.

Si el ALCA se convirtiera en realidad –lo cual parece imposible si se mantiene con máxima intensidad la lucha contra ese proyecto imperialista– la integración d e América Latina consigo misma quedaría clausurada. La política neoliberal y el ALCA como su culminación jurídica, demuestran que una integración modelada por el mercado de las transnacionales y la liberalización, no conduce más que a la anexión con Estados Unidos.

Fracasó la integración cepalina y fracasó la integración neoliberal, pero la integración es más que nunca asunto vital para la región devastada por tres décadas de “apertura y libre comercio”.

La reflexión sobre el fracaso no puede quedarse en el inventario de errores. No se trata de extender el certificado de defunción después de una minuciosa autopsia del cadáver que establezca las causas de la muerte.

La integración regional no es cadáver porque hay lucha y resistencia contra el ALCA, porque el terreno para esa resistencia está fertilizado por la explotación y la deuda so cial acumuladas. Y porque existe un nuevo proyecto de integración diferente y distante de cualquier esquema anterior: la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
La idea de una integración diferente a esa que en las últimas cuatro décadas se le ha llamado así; la integración pensada en los términos de Bolívar y Martí, rescatando la sustancia olvidada y silenciada; la integración de los pueblos y no de los capitales; en suma, la verdadera integración convocada tanto por la historia, por la cultura como por la necesidad de sobrevivir y alcanzar el desarrollo, fue planteada por el Presidente Hugo Chávez en la Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe efectuada en Isla Margarita, Venezuela en 2001.

¿Cuáles son las lecciones que pueden aprenderse del fracaso de aquella integración, que toma el ALBA para convocar de nuevo a los latinoamericanos y caribeños a integrarnos?

1) La primera sería que para hacer la integración regional, ésta no puede ser con Estados Unidos (ALCA), ni tampoco pretendiendo una falsa no mención del gobierno de ese país. El gobierno y las transnacionales de Estados Unidos tienen su proyecto para integrar a la región como área de segura explotación financiera y comercial y abastecedora de petróleo, gas, agua, biodiversidad y enclave de bases militares. El ALCA y el ALBA tienen lógicas no sólo diferentes, sino excluyentes. La posición respecto al ALCA y su otra cara, esto es, los Tratados Bilaterales o Plurilaterales de Libre Comercio, es una línea divisoria entre la integración de los pueblos y la integración de los capitales.

No es concebible participar en el ALBA y al mismo tiempo entrar en el CAFTA o en un Tratado Bilateral de Libre Comercio que equivale a un ALCA a la medida. La integración no se hará con Estados Unidos ni tampoco con la neutralidad de su gobierno, sino haciendo respetar el ALBA en la lucha contra la hegemonía.

2) La integración no será dirigida por las oligarquías de la región. Si éstas fracasaron en desempeñar el papel estelar que la CEPAL les adjudicó en los primeros intentos integracionistas en las décadas de los años 60 y 70, cuando se asumía la existencia de burguesías industrializantes, en especial, en países grandes y medianos; ya no quedan más que restos de aquellas, después que el neoliberalismo arrasó con buena parte de la industria nacional y estableció oligarquías, ahora estructuradas en torno a la liberalización y especulación financiera, constituidas por empleados bien pagados de filiales de las finanzas transnacionales, comerciantes vinculados a la importación o a los servicios destinados al estrecho sector capaz de consumir de modo tan dispendioso como en Nueva York, París o Londres.

Esas oligarquías transnacionalizadas y cautivas en el discurso del libre comercio y la democracia formal, no pueden dirigir más que la fuga de sus capitales y la oposición –telegrafiada desde Washington– a cualquier gobierno o movimiento popular que levante la cabeza en la región.

3) La integración no puede reducirse al comercio, ni medir sus avances por el cr ecimiento del intercambio comercial, ni éste puede encerrarse entre las rejas del llamado “libre comercio”.

No se trata de abolir el comercio, sino de reconocer que el proceso de integración es mucho más que hacer comercio y que incluso, no puede contentarse la integración verdadera con cualquier clase de comercio. El “libre comercio del ALCA, de los Tratados de Libre Comercio, de la OMC, no es más que la añeja fórmula de reclamar libertad de comercio por aquellos países que tienen mayor desarrollo y control oligopólico del mismo, para penetrar mercados de países de menor desarrollo y obtener, para su beneficio, el intercambio desigual.

Ese intercambio desigual que se aplica de modo habitual en las relaciones entre países desarrollados y subdesarrollados, puede funcionar también entre diferentes grados de subdesarrollo en perjuicio de los más pobres entre los pobres, si se permite q ue sea el mercado sin regulación quien decida el curso del intercambio.

La glorificación del “libre comercio” –que no ha existido en estado puro más que en las elegantes abstracciones del liberalismo–, y la consecuente demonización del proteccionismo y del “comercio administrado”, son expresiones de aquellos que se encuentran en el polo agradable del intercambio desigual.

Para los que se encuentran en el campo de los perdedores, el comercio es un instrumento imprescindible, que debe ser estimulado, aunque siempre sometido a los objetivos de desarrollo de la integración, lo que implica compensar a los más débiles con fórmulas que pueden ser precios preferenciales, comercio de trueque u otros, al tiempo que se eliminan, con mucha más velocidad que en los esquemas tradicionales de integración, las barreras arancelarias y no arancelarias y los obstáculos técnicos al comercio.
El ALBA ha iniciado su vida con la Declaración Conjunta y el Acuerdo para su aplicación firmados en La Habana por los Presidentes de Venezuela y Cuba el 14 de diciembre de 2004. En esos documentos se refleja la concepción del intercambio comercial como instrumento (no un fin en si mismo) al servicio de la integración. La venta de petróleo venezolano a Cuba en los términos concesionales del Acuerdo de Caracas, la compra por Cuba de exportaciones no petroleras venezolanas por 412 millones de dólares sólo en 2005, el establecimiento de un precio mínimo garantizado por Cuba al barril de petróleo exportado por Venezuela, con independencia de que el precio de mercado mundial pueda caer por debajo de él, son expresiones reales de este nuevo tipo de integración.

4) El proceso de integración tampoco puede reducirse a la economía, aunque sea una verdad obvia que la economía no puede des cuidarse nunca y que sin ella la integración carecería de sustento.

El proceso de integración debe tocar con la mayor velocidad allí donde el déficit es mayor y comenzar a aliviar los males sociales. Lo “social” no puede quedar para después de lo económico. Con los recursos disponibles debe desplegarse el máximo esfuerzo por reducir la deuda social.

Los esquemas integracionistas tradicionales han sido en extremo economicistas. Esto se acentuó mucho más con la llegada del ciclo neoliberal y su esencial desdén por lo social, aunque la triste catástrofe de la pobreza, la educación, la salud, la seguridad social, el empleo, han forzado en años recientes a los neoliberales a entonar el discurso “social”, y a pretender combatir con conceptos “focalizados” los inevitables resultados de la política económica que siguen aplicando. Es la posición de aquellos que entienden la política social como la ambulancia que r ecoge los muertos y heridos que provoca la política económica.

La deuda social que pesa sobre la región es de tal magnitud que la integración –para tener significado real sobre la vida de vastas porciones de la población de la región– no puede dejar para después las acciones para reducirla.

Curar enfermos que nunca tuvieron atención de salud, alfabetizar a los analfabetos, proveer educación desde el nivel primario hasta la enseñanza superior a los que no pudieron acceder a ella, es comenzar a atacar en su base misma la exclusión social y a integrar a la vida a muchos millones de humanos para los que entonces, la integración latinoamericana tendría un imborrable significado concreto.
Esto equivale a sembrar la integración en los sentimientos y en las vivencias, con raíces afianzadas en la atención a las carencias más lacerantes.

La colaboración entre Cuba y Venezuela –que es la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) en acción– muestra ya planes en marcha que reflejan un modo diferente de concebir la integración.
Los días 27 y 28 de abril de 2005 se reunieron en La Habana, las delegaciones de Cuba y Venezuela y aprobaron el Plan Estratégico para la aplicación del ALBA. De este documento se puede extraer:[3]
· “Inaugurar en el presente año en Venezuela, 600 Centros de Diagnóstico Integral; 600 Salas de Rehabilitación y Fisioterapia y 35 Centros de Alta Tecnología que brindarán servicios gratuitos de salud, de elevado nivel profesional a toda la población v enezolana.
· Formación en Venezuela de 40 mil médicos y 5 mil especialistas en Tecnología de la Salud, dentro del Programa Barrio Adentro II.
· Formación en Cuba de 10 mil bachilleres egresados de la Misión Ribas en la carrera de Medicina y Enfermería, que estarán distribuidos por todos los policlínicos y hospitales del país, los que tendrán como residencia hogares de familias cubanas.
· Cuba continuará su contribución al desarrollo del Plan Barrio Adentro I y II, mediante el cual hasta 30 mil médicos cubanos y otros trabajadores de la salud a lo largo y ancho de la geografía venezolana estarán prestando sus servicios a fines del segundo semestre de este año.
· Serán intervenidos quirúrgicamente este año en Cuba por distintas afectaciones de la visión 100 mil venezolanos. Para ello, se han creado todas las condiciones en los cent ros de atención hospitalaria con los medios más modernos y sofisticados existentes y condiciones de vida para su estancia confortable.
Así mismo, Cuba mantendrá su apoyo para contribuir al éxito de los Programas Especiales Bolivarianos, entre ellos a:
· La Misión Robinson I, mediante la cual próximamente Venezuela se declarará como el segundo territorio libre de analfabetismo en América, habiendo enseñado a leer y escribir a un millón cuatrocientos seis mil venezolanos.
· La Misión Robinson II en la que se encuentran estudiando un millón doscientos sesenta y dos mil venezolanos para alcanzar el sexto grado.
· La Misión Ribas, que forma bachilleres para darle acceso a los estudios universitarios a jóvenes venezolanos a los que la Revolución Bolivariana les brinda esa oportunidad. Al respecto se pr omoverá el cumplimiento del Plan de Becas que Cuba ofrece.
· La Misión Sucre para la universalización de la enseñanza superior.
· La Misión Vuelvan Caras para la formación de obreros especializados y darles acceso a las nuevas fuentes de empleo.
En adición, ambos países trabajarán en el diseño de un proyecto continental para eliminar el analfabetismo en América Latina.
Se mantendrá la atención en Cuba de pacientes venezolanos. Estos alcanzaron al cierre del 2004 un nivel de 7 793 pacientes con 6 567 acompañantes, a los que se les prestó servicios altamente especializados, entre ellos cirugía cardiovascular, oftalmología, ortopedia, trasplante de órganos y este año se programa que alcance la cifra de 3 000 pacientes y 2 500 acompañantes”.

5) En un orde n mundial donde el petróleo sigue siendo su base energética, disponer en la región de abastecimiento de petróleo y sus derivados con sentido de cooperación y solidaridad es un ingrediente estratégico para la integración regional.
El petróleo se hace más caro no sólo por maniobras especulativas e insuficiente capacidad de refinación, sino por la más determinante razón de que comienza a agotarse en la realidad el recurso que tantas veces en teoría se insistió en que era agotable. El voraz y despilfarrador consumo de Estados Unidos y otras sociedades de consumo impone un ritmo imposible de alcanzar por el descubrimiento de nuevos yacimientos.

Que Venezuela sea uno de los mayores productores y exportadores mundiales de petróleo, que posea una de las mayores reservas probadas y que ese recurso esté del lado de una Revolución popular antiimperialista, es un suceso extraordinario y la mejo r noticia para los pueblos de la región.

Al abastecimiento de petróleo a Cuba y otros países del Caribe y Centroamérica por medio del Acuerdo de Caracas (2001) hay que agregar la venta de combustible venezolano a la Argentina en momentos de crisis energética para este país y pagando el combustible con productos argentinos, la construcción de una refinería en Pernambuco con inversión venezolana para abastecer al norte del Brasil a precios más baratos que los aplicados por los intermediarios.[4]
En lo más reciente, (29 de junio de 2005) el gobierno de Venezuela ha hecho realidad el Acuerdo de Cooperación Energética con los países del Caribe agrupados en el CARICOM, por el cual se ha creado Petroca ribe.

Se trata de una singular muestra de solidaridad y cooperación con este grupo de pequeños países que padecen con intensidad el embate de los altos precios del petróleo.

Estos países caribeños enfrentan además la pequeñez de sus economías, la herencia colonial, las prácticas neocoloniales que dañan sus ingresos por turismo con el turismo de cruceros, que disminuyen sus ingresos por exportaciones tradicionales de azúcar y bananos a mercados de Europa y Estados Unidos. Para ellos el alto precio del petróleo les agrava su situación y es aún peor, por el control en muchos casos de la refinación, el almacenaje, el transporte y la distribución por empresas extranjeras y la actuación de intermediarios que encarecen las operaciones. El abastecimiento energético a pequeños países, muchos de ellos insulares, que consumen pequeñas cantidades de toda la gama de productos del petróleo, requi ere una atención especializada que incluye transporte marítimo específico para este tipo de operaciones.

Petrocaribe es un ejemplo de trato especial y diferenciado hacia países de menor desarrollo.

Es una organización para asegurar la coordinación de las políticas de energía, incluyendo el petróleo y sus derivados, gas, electricidad, uso eficiente de la misma, cooperación tecnológica, desarrollo de infraestructura energética, así como el aprovechamiento de fuentes alternas, tales como la energía eólica, solar y otras.
Para hacer funcionar a Petrocaribe se crea en PDVSA una filial para la actuación específica en el Caribe, llamada PDV Caribe.
Petrocaribe significa para los países beneficiarios:
· Abastecimiento de petróleo y sus derivados prescindie ndo de intermediarios, pagando el flete de transporte al costo y con facilidades de pago y financiamiento a largo plazo, lo que incluye el financiamiento de 25% de la factura si el precio del petróleo es de 30 dólares por barril. Si es de 40 por barril el financiamiento sería del 30%. Si es de 50 o más por barril –como ocurre ahora– sería financiado el 40% y si alcanzara 100 dólares por barril sería financiado el 50%.[5]
· Ese financiamiento tiene un período de gracia que fue alargado a 2 años y el pago a corto plazo se extendió, de 30 a 90 días. El pago diferido establece 17 años, incluyendo los 2 años de gracia, en tanto el precio se mantenga por debajo de 40 dólares el barril.
· Cuando el precio exceda los 40 dólare s el pago diferido se extenderá a 25 años, manteniendo los 2 años de gracia y reduciendo el interés al 1%. Para el pago diferido Venezuela podrá aceptar que parte del mismo se realice con exportaciones caribeñas, pagando precios preferenciales por productos como el azúcar, o los bananos, afectados por decisiones comerciales de países ricos, u otros bienes y servicios.
· Establecimiento del Fondo ALBA Caribe para el desarrollo económico y social destinado al financiamiento de programas sociales y económicos, para el que Venezuela aportó un capital inicial de 50 millones de dólares.[6]

6) El ALBA puede aprovechar los espacios de poder político provinciales o municipales que la izquierda o las f uerzas políticas interesadas en hacer integración real, controlan en América Latina, para tejer acciones de cooperación y establecer esquemas de complementación. Los gobiernos provinciales y/o municipales que fuerzas políticas como el FMLN poseen en El Salvador o el Frente Sandinista en Nicaragua u otros, pueden desarrollar acciones con Cuba y Venezuela sin esperar por los acuerdos con los gobiernos nacionales.
El neoliberalismo impulsó en la región la descentralización y la transferencia de ciertos poderes a las instancias provinciales y locales. Lo hizo con sus acendrados principios antiestatistas y con visión de fraccionamiento político que en muchos casos ha sido expresión de desigual desarrollo territorial provocado a su vez por el mercado sin regulación.

El ALBA puede aprovechar esta coyuntura que sin quererlo le ofrece la política neoliberal y, junto a la fuerza política loca l que tiende a crecer, impulsar proyectos de alfabetización, de atención de salud y formación de médicos y participar en la Operación Milagro, la que ofrece atención oftalmológica gratuita para devolver la visión o evitar su pérdida a latinoamericanos pobres que serán llevados hasta Caracas por cuenta del gobierno venezolano y transportados hasta La Habana y atendidos en centros de salud especializados, y devueltos a Caracas por cuenta del gobierno cubano y por último, llevados de regreso a sus países por vía de Venezuela.

7) La integración tiene que dotarse de armas mediáticas para quebrar el monopolio mediático de las imágenes y la información, y multiplicar en su favor las ventajas derivadas de la relativa homogeneidad lingüística y la afinidad cultural entre los países latinoamericanos.
Es una auténtica desgracia regional que los habitantes de un país reciban las in formaciones y desinformaciones sobre el país vecino sintonizando la CNN y que la imagen más difundida y por tanto más conocida de la región sea la que emite esa cadena o alguna de las otras repetidoras del consumismo como ideal de vida, de la ideología del lucro de mercado como principio rector y de la visión regional teñida de paternalismo folklorista y racismo apenas encubierto.
Tan importante como asegurar el abastecimiento energético es, para la región, asegurar el “abastecimiento” de información, de imágenes que alimenten y cultiven el imaginario popular a partir del respeto a la historia de los pueblos y de su cultura y que hagan una necesaria desenajenación enfrentando la intoxicación ideológica y la desinformación brutal que sufren los pueblos. Quizás el más perfecto y efectivo monopolio que posea el capitalismo de la globalización neoliberal sea el monopolio mediático con su enorme influencia sobre las mentes y las cond uctas.

El ALBA cuenta ahora con Telesur –ningún otro esquema de integración regional hizo lo mismo– como medio para romper aquel monopolio y lograr que América Latina y el Caribe se informen, se reflejen y se piensen en términos latinoamericanos y caribeños.
Esta iniciativa tiene tanto sentido y tanto filo potencial contra el arma más efectiva y sofisticada del arsenal imperialista, que no por casualidad ha reaccionado el gobierno de Estados Unidos con precoz olfato para detectar una amenaza y con virulento encono, atacando a Telesur incluso antes de que ésta comience sus transmisiones.
8) El ALBA es un reto a la creatividad y la imaginación. No es un libro escrito en forma de manual para la integración latinoamericana que pretenda incluir todos y cada uno de los contenidos, técnicas y posibilidades de la integración.

No existe un texto que pueda pretender contener el ALBA en su totalidad. Cuba y Venezuela han echado a andar por un camino que se va abriendo con cada nuevo paso. El ALBA se irá construyendo en el proceso de lucha política e ideológica y en estrecha relación con el ascenso de los movimientos sociales, de la izquierda, de los que se oponen al dominio imperialista en la región. Tendrá los gobiernos participantes y las formas y técnicas de integración que broten de la resistencia a los intentos de anexión y la genuina voluntad de hacer una integración de los pueblos.

9) La novena lección es la que sintetiza todas las anteriores y constituye el sello distintivo del ALBA: la solidaridad y la cooperación.
En el tortuoso proceso de creación de esquemas de integración a lo largo de más de cuatro décadas, la solidaridad y la cooperaci ón han sido raras excepciones, apenas visibles tras la espesa retórica que invoca la cooperación para hacer negocios lucrativos y le llama solidaridad a esporádicos y pequeños ejercicios de caridad ejecutados más bien como promoción de imagen.

La verdadera integración de los pueblos no puede prescindir de la solidaridad y la cooperación. No es ella una permanente donación de recursos de los que más tienen hacia los otros países y no niega el beneficio mutuo sin el cual la integración sería lírica romántica, pero no puede colocar el beneficio mutuo como precondición permanente ni dejar de practicar el trato preferencial hacia los países de menor desarrollo.

Para hacer de la solidaridad una realidad operativa, es necesario contar con estados que tengan capacidad para regular los mercados, enmendarlos allí donde su dictamen sea incompatible con la solidaridad y trascender el horizonte cortoplacista o los estrechos intereses de sectores sociales o de territorios y elaborar programas de largo alcance como el desarrollo de la infraestructura de vías de transporte, comunicación, carreteras, puertos, líneas aéreas y marítimas, que son el sistema venoso que recorre todo el organismo y le permite existir como organismo integrado.

Solidaridad es el abastecimiento de petróleo en condiciones ventajosas que ofrece el Acuerdo de Caracas y el Acuerdo de Petrocaribe. Solidaridad es la presencia y el trabajo de hasta 30 mil profesionales cubanos de la salud (cifra que debe alcanzarse en el 2005) que hacen posible la Misión Barrio Adentro por la cual recibe atención de salud más del 60% de la población venezolana a la que no llegó nunca antes los petrodólares que fueron a engrosar cuentas bancarias en el exterior o a financiar consumos suntuarios, ni vieron jamás frente a ellos en sus barrios de pobreza a los médicos privado s que hoy acusan a los médicos cubanos de intrusos.

Solidaridad es la rápida y efectiva colaboración venezolana entregada a Cuba y otros países del Caribe golpeados por el huracán Dennis. Falsa solidaridad e hipocresía real es la pretensión del gobierno de Estados Unidos de entregar a Cuba 50 mil dólares para “mitigar” los daños de ese huracán, mientras mantiene el bloqueo económico que después de 46 años de aplicación le ha costado a Cuba más de 80 mil millones de dólares sólo en pérdidas financieras.

La solidaridad en el ALBA tiene sólidas razones en la ética y anclaje profundo en la tradición de pensamiento procedente de la constelación de figuras latinoamericanas que forjaron la independencia y fundaron las naciones.

Pero la solidaridad no es sólo una idea vinculada al internacionalismo, lo que para los cubanos sería ya una poderos a razón, por la solidaridad recibida en sus guerras de independencia donde el General en Jefe de su Ejército Libertador fue dominicano, por la huella imborrable del argentino Che Guevara en Cuba o por la contribución cubana decisiva para derrotar el Apartheid en África, entre otros ejemplos de una historia de solidaridad recibida y entregada.
La solidaridad también es una necesidad práctica para que la integración pueda funcionar, desarrollarse y defenderse, pues sólo ella puede hacer de las fronteras nacionales las costuras de nuestra unidad y de la integración un valioso y real ingrediente de una vida y un mundo mejor por el cual las mujeres y hombres latinoamericanos y caribeños se sientan dispuestos a defender y preferir la América Nuestra, la Patria Grande de Bolívar y Martí antes que la América del ALCA y la OEA.

Las palabras de Martí escritas en 1889, resuenan con valor actual en esta hora en que el ALBA y el ALCA marcan de nuevo el dilema de la integración latinoamericana o la anexión a Estados Unidos: “De la tiranía de España supo salvarse la América española; y ahora después de ver con ojos judiciales los antecedentes, causas y factores del convite, urge decir, porque es la verdad, que ha llegado para la América española la hora de declarar su segunda independencia”.[7]

[1] María de Conce iao Tavares. Geason Gomes: La CEPAL y la integración económica de América Latina. CEPAL. 1998.
[2] CEPAL, Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2002-2003.
[3] Primera reunión Cuba-Venezuela para la aplicación del ALBA. Declaración Final y Acuerdo.
[4] Hugo Chávez. Discurso en la sesión especial del IV Encuentro Hemisférico de Lucha contra el ALCA. La Habana, 29 de abril de 2005.
[5] Si el precio es de 15 dólares se financia el 5%. Si es de 20 dólares el 10%. Si es de 22 dólares el 15%. Si es de 24 dólares el 20%
[6]Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe. Puerto La Cruz, 29 de junio de 2005.
[7] José Martí: Congreso Internacional de Washington. En José Martí, América para la Humanidad. Centro de Estudios Martianos. La Habana. 2001.

El ALBA elabora filosofía: Aspectos Filosóficos y Constitucionales del ALBA


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

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Movimientos y organizaciones sociales de Argentina, pharmacy Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela pertenecientes a la Alianza Social Continental hacemos público nuestro llamado a los gobiernos de nuestros países para que maximicen sus esfuerzos para la plena integración de Venezuela al MERCOSUR, en el marco de los procedimientos legales exigidos por las leyes de los respectivos países.

Consideramos que este paso es vital para fortalecer la integración entre nuestros pueblos, sabiendo que este camino es la garantía de y para los pueblos del Sur. En el caso de la incorporación o inclusión de Venezuela al MERCOSUR, es necesario destacar el carácter estratégico de esta integración, que consolida la relación de los pueblos amazónicos de Brasil y Venezuela. El MERCOSUR aúna una perspectiva caribeña al amplio litoral atlántico, lo que significa importantes impactos políticos, sociales y económicos para nuestros pueblos.

Al mismo tiempo, alertamos contra las maniobras de las fuerzas opuestas a la integración, que quieren perjudicar o menoscabar el MERCOSUR y cualquier otra estrategia de integración soberana para Latinoamérica. Dichas fuerzas son las que insisten en resucitar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y son las mismas que defienden la estrategia de integración subordinada a la potencia estadounidense.

En esta ocasión, reafirmamos que el MERCOSUR tiene un potencial clave dentro del conjunto de iniciativas que apuntan hacia la integración de nuestros pueblos, una integración que actualmente excede la idea de libre comercio que impulsó originalmente este proceso regional.

Como afirmamos, hace algunos días atrás en la Cumbre Social de los Pueblos del Sur, realizada en Asunción del Paraguay, exigimos la aceleración del proceso de inclusión de Venezuela al MERCOSUR, porque creemos que la integración latinoamericana representa la definitiva independencia recuperación de la soberanía de nuestros pueblos.

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Quito – Ecuador, rx 25 de julio de 2007

 


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Quito – Ecuador, 25 de julio de 2007


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

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Quito – Ecuador, 25 de julio de 2007


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

1. Los representantes de los movimientos sociales y populares, sale site illness ONG, pilule try y gobiernos de los cinco países miembros del MERCOSUR, ailment no rx integrantes del programa Somos MERCOSUR, nos reunimos en Brasilia los días 13 y 14 de diciembre de 2006, durante la I Cumbre Social del MERCOSUR, actividad convocada en conjunto por el Foro Consultivo Económico y Social, la Comisión Parlamentaria Conjunta y la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR. Ratificamos en esaoportunidad la Agenda Social surgida del I Encuentro por un MERCOSUR Productivo y Social, evento realizado en julio de 2006, en Córdoba, Argentina, durante la XXX Reunión de Jefes de Estado del MERCOSUR.
2. Nuestras conclusiones expresan el consenso logrado por las delegaciones presentes y apuntan al fortalecimiento de la agenda social y de la participación ciudadana en el MERCOSUR. Los movimientos sociales y populares deben participar e incidir efectivamente en el proceso decisorio del MERCOSUR. Por lo tanto, proponemos la continuidad de esta experiencia, de modo que las Cumbres Sociales sean, de ahora en adelante, apoyadas por las Presidencias Pro Tempore como actividades permanentes del movimiento social, siempre realizadas en el marco de las Reuniones Presidenciales del MERCOSUR. Asimismo, proponemos que los gobiernos apoyen y estimulen la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los Sub-grupos de Trabajo y en las Reuniones Especializadas del MERCOSUR, y que sean creados mecanismos para incorporarlas como observadoras en el Grupo Mercado Común (GMC) y en el Consejo Mercado Común (CMC).
3. Coincidimos en que para avanzar hacia un MERCOSUR más efectivo y democrático es fundamental dar énfasis a las dimensiones política, social, laboral, ambiental y cultural da integración regional, complementando las dimensiones comercial y económica, superando el neoliberalismo. Convocamos los gobiernos a que implementen las directrices de la estrategia de desarrollo social integral y productivo surgidas de la XXX Reunión Presidencial del MERCOSUR.
4. Ratificamos, en el marco de la soberanía nacional, del multilateralismo y de la defensa de la paz, la importancia de fortalecer y ampliar el MERCOSUR, en articulación con los diversos procesos de integración que se están desarrollando en la región, particularmente en América del Sur. Destacamos la importancia de la Cumbre Social de los Pueblos, llevada a cabo recientemente en Cochabamba, Bolivia, durante la Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Destacamos los hechos positivos del MERCOSUR, y apelamos a la intensificación del diálogo y a la profundización de la dimensión política como camino mas adecuado para contribuir a la integración regional.
5. Saludamos la creación del Parlamento del MERCOSUR y asumimos el compromiso de colaborar con esa institución política con los indispensables aportes de los movimientos sociales, en la perspectiva de construcción de un MERCOSUR democrático y participativo. Destacamos la necesidad de que en el Parlamento del MERCOSUR haya una participación igualitaria de hombres y mujeres, y de que su agenda incluya, con el énfasis necesario, los temas de la igualdad de género, la igualdad étnico-racial y los derechos humanos.
6. Hacemos énfasis en que la ampliación de los horizontes de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el destino del MERCOSUR debe guiar la reforma institucional y apuntar al fortalecimiento de las políticas públicas regionales de carácter social, imprescindibles para garantizar la sustentabilidad del desarrollo del bloque y asegurar que los beneficios provenientes de la integración sean distribuidos de forma ecuánime, traduciéndose en mejora de la calidad de vida de nuestras poblaciones.
7. En ese marco, destacamos la importancia del fortalecimiento de las políticas regionales de educación que respeten y valoren la diversidad cultural, racial, étnica y de género y que incorporen como fundamento a los derechos humanos como elemento indisociable de la creación de una ciudadanía regional. Defendemos, especialmente la adopción de políticas de educación para la integración, de inclusión educacional de segmentos vulnerables, de las políticas de financiamiento para la educación y de la valorización, en todos los niveles, de los profesionales de la educación. Saludamos la realización del III Foro Educacional del MERCOSUR, realizado en Belo Horizonte en noviembre de 2006, y apoyamos sus conclusiones. Convocamos los gobiernos para que creen las condiciones para el desarrollo de la enseñanza de las lenguas portuguesa e española, idiomas oficiales del bloque, en todos los países del MERCOSUR. Es igualmente imprescindible garantizar la utilización, preservación y trasmisión de las lenguas maternas de las poblaciones originales de la región, especialmente en las áreas fronterizas.
8. Entendemos que el desarrollo social y económico del MERCOSUR pasa por la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de juventud que se articulen transversalmente con las políticas de educación, trabajo decente, cultura, salud, seguridad pública, intercambio de jóvenes, turismo, medio ambiente, deporte y ocio. Las políticas públicas de juventud deben ser tenidas como prioridad por todas las generaciones y deben, necesariamente, contemplar el estímulo a la participación de los jóvenes en las esferas de decisión del bloque.
9. Para construir un MERCOSUR verdaderamente democrático y participativo, consideramos fundamental formular una estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento, contemplando acuerdos para potencializar las redes regionales de información y comunicación pública y ciudadanas, con un sentido de equidad y respeto a la libertad de prensa, con la finalidad de aportar a la formación de una ciudadanía y una identidad común sudamericana.
10. Resaltamos la centralidad de la agenda del empleo y del trabajo digno para la estrategia de desarrollo y crecimiento del MERCOSUR. De este modo, abogamos por el cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y por garantías efectivas de funcionamiento del Observatorio del Mercado de Trabajo, de modo que sean ejecutadas las directrices de la Estrategia MERCOSUR de Crecimiento del Empleo. La articulación de las cadenas productivas, con el objetivo de generar condiciones para la creación de empresas y empleos dignos, y el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, constituyen los parámetros esenciales de esa estrategia. Exhortamos a que los gobiernos agilicen y simplifiquen la reglamentación de la circulación de trabajadores y trabajadoras en el MERCOSUR; creen mecanismos de armonización entre los países que puedan garantizar los derechos de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras; implementen el Plan Regional de Inspección del Trabajo; aceleren la armonización de las Normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Plan Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la plena incorporación de personas discapacitadas. Defendemos el derecho a la organización sindical de acuerdo con las normas internacionales del trabajo.
11. Entendemos que la salud es un derecho universal, integral, que promueve igualdad e implica participación, para que se logre el desarrollo con justicia social. Políticas conjuntas de salud constituyen una excepcional herramienta para promover la calidad de vida de nuestros pueblos, pues aseguran su bienestar. Los progresos obtenidos tienen fundamental importancia para complementar políticas de salud. Sin embargo, es necesaria una mayor articulación entre los países involucrados en el proceso, a fin de optimizar resultados, revisar y actualizar temas prioritarios y de interés común. Debemos atendera las alteraciones y a los avances en los aspectos asistenciales, sanitarios, tecnológicos, ambientales y de recursos humanos en los países del MERCOSUR y estimular, junto a la sociedad civil, la gestión participativa y el control social. Consideramos también la importancia de la creación del Observatorio de la Participación Social y Gestión Participativa en el MERCOSUR, integrado a las demás redes de observatorios existentes, promoviendo la articulación con la Comisión Intergubernamental de Sistemas de Información y Comunicación en Salud. (CISICS).
12. La reforma agraria, el combate a la violencia en el campo, el fortalecimiento de la agricultura familiar, de la economía solidaria, de la seguridad alimentaria y del cooperativismo, son acciones indispensables para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable. Estas acciones deben convertirse en prioridades de las políticas públicas de los países del bloque. Exhortamos a los Presidentes a que implementen las recomendaciones presentadas por la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) y por la Reunión Especializada sobre Cooperativismo (RECM). Defendemos todavía, la implementación en el MERCOSUR de las recomendaciones de la Declaración Final de la Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, aprobada en Porto Alegre, en Marzo de 2006.
13. Nos comprometemos con la promoción y la protección de los derechos humanos en el Mercosul y Estados asociados, saludando la creación del Grupo de Trabajo sobre Educación y Cultura en Derechos Humanos y enfatizando la importancia de garantizar el derecho a la verdad y a la memoria, reconocer las vulnerabilidades de los inmigrantes y refugiados en los países del bloque, establecer estrategias de cooperación contra la violencia y discriminación sexual, racial y étnica, la prostitución infantil y el tráfico de seres humanos y de elaborar una declaración de compromiso común para la promoción y la protección de los derechos del niño y del adolescente. Se debe dar especial atención a los derechos de los pueblos originarios, particularmente en las regiones de frontera.
14. Damos prioridad a la formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de los inmigrantes en los países del MERCOSUR y Estados Asociados, reconociendo el derecho humano a migrar como derecho a la libre circulación y fijación de residencia garantizado en convenciones, pactos y declaraciones internacionales, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad humana de todos los inmigrantes independientemente de su status migratorio, denunciando y cohibiendo las violaciones de derechos humanos en las fronteras y de la conducción inhumana de las deportaciones y expulsiones colectivas de extranjeros.
15. Destacamos la necesidad de una estrategia de desarrollo regional urbano, integrado y sustentable para el conjunto de ciudades. Para ello proponemos el reconocimiento, por parte de los gobiernos de los países del MERCOSUR, del derecho a la ciudad como un derecho humano fundamental. Los gobiernos deben garantizar las inversiones necesarias para el desarrollo de políticas urbanas que asuman el problema de la vivienda adecuada, del saneamiento ambiental y del acceso al transporte público de calidad, suministrando, al mismo tiempo, las condiciones para la creación de espacios de participación en la gestión de las ciudades. En esta misma línea, reafirmamos la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de los gobiernos locales y regionales en el MERCOSUR y reclamamos la instalación inmediata del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos.
16. Convocamos nuestros gobiernos a que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias y que promuevan la respectiva normativa del Mercosul con miras a la convergencia de los marcos jurídicos de esos derechos en nuestros países, respetando los derechos humanos de los inmigrantes independientemente de su status migratorio y multiplicando esfuerzos para combatir el tráfico de personas y la explotación sexual. Destacamos que las mujeres y los niños son más vulnerables y están más expuestos a las violaciones de esos derechos.
17. Convocamos a los gobiernos de los países del bloque a que destinen los recursos políticos y económicos necesarios para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Se debe priorizar asimismo la adopción de políticas públicas de atención a la salud reproductiva y sexual. Subrayamos la necesidad de que los gobiernos, en articulación con movimientos y organizaciones sociales, lleven a cabo los compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) así como las recomendaciones de la Reunión Especializada de la Mujer (REM).
18. Destacamos que el MERCOSUR debe contemplar el fortalecimiento y la ampliación de las dimensiones productiva y social de la integración. El cooperativismo y la economía solidaria deben ser apoyados por políticas regionales como instrumentos eficaces para la construcción de una sociedad más justa, para la generación de trabajo digno e ingresos, y para la inclusión de las poblaciones excluidas. Apoyamos la elaboración de políticas regionales de promoción a la pequeña y mediana empresa, el incentivo tecnológico y la producción de energías renovables con criterios de sustentabilidad socioambiental. También resaltamos la necesidad de que se establezcan acciones y una legislación común de estímulo al cooperativismo, a la capacitación, a la formación y al intercambio entre esos sectores, estimulando la estructuración de las cadenas productivas.
19. Propugnamos la promoción de inversiones para combatir las asimetrías entre los países y a la interna de los países del MERCOSUR, permitiendo una perspectiva conjunta de desarrollo socioeconómico, cohesión social, complementariedad, sinergias, convergencia estructural y fortalecimiento del proceso de integración. En este sentido destacamos la importancia de consolidar el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR como un instrumento de apoyo a las economías menores y destino de recursos para superar las asimetrías regionales. Entendemos que los recursos destinados al FOCEM deben ser ampliados y su accionar monitoreado por la sociedad civil. Además, es fundamental articular los mecanismos de financiamiento existentes a través de la construcción de un organismo regional de financiamiento al desarrollo en el MERCOSUR. Destacamos la importancia de armar una infraestructura correspondiente a los objetivos definidos.
20. Observamos que los elementos que definen un proyecto de desarrollo sustentable para la región deben regular la política comercial del MERCOSUR con terceros países, incentivando las cadenas productivas como propulsoras del desarrollo regional y aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas economías nacionales. El desarrollo regional se debe articular en torno a un poderoso mercado regional de consumo responsable, primando sobre otras propuestas de integración comercial que apuntan primordialmente a la exportación a terceros. La garantía de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales debe prevalecer sobre eventuales tratados de comercio que puedan llegar a ser firmados por el bloque. Las negociaciones para estos tratados con países y regiones extrabloque deben ser subordinadas a los objetivos regionales de desarrollo.
21. Damos énfasis a la necesidad de articulación entre movimientos y organizaciones sociales y populares y gobiernos para garantizar la continuidad, en el MERCOSUR y Estados asociados, de las recomendaciones de la Conferencia Regional de las Americas sobre los avances y desafíos en el Plan de Acción contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. Se debe estimular el intercambio de experiencias y mejores prácticas para la promoción de la igualdad racial en el bloque. Convocamos a los gobiernos a que implementen el Plan de Acción de Durban y establezcan nuevos mecanismos de evaluación de progresos y desafíos, en el combate al racismo y todas las formas de discriminación en los países del MERCOSUR.
22. Consideramos prioritarias las acciones de integración cultural, con vistas a la construcción de una identidad regional que tenga en cuenta la diversidad de la región y el papel central de la cultura para su desarrollo. Exhortamos a que nuestros gobiernos y parlamentos ratifiquen la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, destacando el acceso a la cultura como camino hacia la inclusión social y la construcción de la ciudadanía. Defendemos la ampliación de recursos para la cultura y la intensificación del intercambio artístico de los distintos lenguajes: teatro, música, danza, artes circenses, artes visuales, audiovisual, literatura, entre otras, así como la articulación de puntos de cultura y casas de cultura y de las políticas de patrimonio, cultura digital y libro y lectura. Destacamos la necesidad de integrar políticas de cultura, educación, juventud y comunicación, en una plataforma de desarrollo sociocultural del MERCOSUR.
23. Defendemos los recursos naturales y el acceso al agua en toda la región. El agua no es mercancía, y rechazamos cualquier intento de privatización de ese derecho esencial a todas las formas de vida. Con respecto al Acuífero Guaraní, proponemos una regulación regional, no subordinada a las instituciones financieras internacionales, del uso de ese recurso regional, su protección, y garantía de existencia para las generaciones futuras. Existe necesidad de implementar y fortalecer la participación social en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y transfronterizas. Proponemos que se realice una conferencia sobre medio ambiente y recursos naturales en el MERCOSUR. El desarrollo sustentable, la defensa de la biodiversidad, la ratificación de los tratados internacionales son fundamentos para la construcción de un MERCOSUR socioambiental.

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Rio de Janeiro – Brasil


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Las redes, salve organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:

 

El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.

 

A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.

 

Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.

 

La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.

 

Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.

 

Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.

 

Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.

 

Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.

 

La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.

 

A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.

 

Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.

 

Rio de Janeiro – Brasil



El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


Rio de Janeiro – Brasil


Las redes, cheap organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:


El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


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Lima – Peru

 

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Las organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa, reunidos en Lima durante la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, declaramos:

 

La cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de las mayorías sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales. Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos.

 

La estrategia de la Unión Europea “Europa Global : Competir en el mundo”, supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social. Esto tiene implicaciones en ambas regiones:

 

Para América Latina y el Caribe, esta estrategia reproduce el esquema de los Tratados de Libre Comercio que han suscrito la mayoría de países de la región con Estados Unidos y van más allá de las políticas de la OMC que rechazamos. Los recursos naturales de estos países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas, y pauperizando a la mano de obra, y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas. América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales y, ahora, cuando avances democráticos estimulan la búsqueda de caminos propios de desarrollo en diversos países y de formas de integración al servicio de los pueblos, varios gobiernos que siguen las recetas del libre comercio estimulan la fragmentación de la región, los enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos. En Europa una de las grandes amenazas para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico, es el Tratado de Lisboa, que está siendo ratificado por las élites sin consultar a la población y que rechazamos como ya lo hicimos en el pasado. Este tratado refuerza una Europa neoliberal, aumenta la militarización, la exclusión, las desigualdades y la mercantilización, así como endurece las políticas securitarias-represivas. Ello se refleja en un aumento de la precariedad, un ataque generalizado a todos los derechos sociales, en particular a las conquistas laborales. Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la “Europa Fortaleza”, lo que implica cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y criminalizando los migrantes y los movimientos sociales, creando muros virtuales o reales, que no se diferencian con los que construyen en la frontera al Norte de América.

 

Los Acuerdos de Asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos Acuerdos en Centro América, la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR cuyas negociaciones se quiere resucitar. Para los países del Caribe, estos Acuerdos, recientemente firmados, aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías, al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional.

 

En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble rasero apoyándose en las asimetrías que los Acuerdos de Asociación tienden a reforzar. En consecuencia,  el discurso sobre Cooperación y Diálogo Político es la carnada que esconde el anzuelo de los intereses de esas corporaciones.

 

Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y las políticas de las instituciones multilaterales (OMC, FMI, BM, BID, BEI) que pretenden esconder sus verdaderas causas : direccionamiento de la producción de los países a la exportación, pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y conversión de los alimentos en fuente de especulación financiera, todo ello como resultado de las políticas de “libre comercio”. Por lo mismo, es inadmisible que se proponga, como salida a la crisis, más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática.

 

Ante esta situación, las organizaciones que hacemos parte de Enlazando Alternativas, reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos emprendido por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo. Esto supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación de prácticas violatorias de la soberanía de los países. Como ha mostrado la II Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, exigimos justicia y la reparación de los agravios, daños y perjuicios, provocados por las empresas europeas, y el replanteamiento de las relaciones con estas empresas, de tal forma que asuman los pasivos sociales y ambientales en que incurren.

 

Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales, como por ejemplo la de la empresa boliviana de telecomunicaciones ETI/ENTEL.Llamamos a los gobiernos que romuevan políticas progresistas a sumarse al proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones de EE.UU. y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos. La Unión Europea debe asumir su deuda histórica con los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular con los pueblos originarios. Llamamos la atención sobre la dramática situación de Haití, resultado de décadas de expoliación, agravada por la actual ocupación militar. Así mismo denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de Colombia.

 

La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales. Ella debe nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios, campesinos y demás fuerza sociales que, con su presencia masiva en la Cumbre Social, han dado ejemplo de combatividad y de elaboración de alternativas en búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación.

 

Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por construir otro tipo de relaciones entre las regiones, basadas en la superación del modelo de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta civil. Instamos a los habitantes de América Latina, el Caribe y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad.

 

Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de ambos Continentes a preparar desde ahora la próxima Cumbre Social de los Pueblos, Enlazando Alternativas IV, que tendrá cita en el Estado Español en el año 2010.

Rio de Janeiro – Brasil


Las redes, organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:


El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


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Rio de Janeiro – Brasil


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Las redes, organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:

 

El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.

 

A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.

 

Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.

 

La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.

 

Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.

 

Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.

 

Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.

 

Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.

 

La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.

 

A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.

 

Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.

 

La Habana – Cuba


A todos los pueblos de Nuestra América


Concluimos este VI Encuentro Hemisférico en momentos en que, para bien de nuestros pueblos, en el continente continúan fortaleciéndose nuevas y mejores condiciones para superar la oscura etapa del neoliberalismo y los planes hegemonistas del imperialismo norteamericano. No obstante estas novedades positivas, aún predomina en la mayoría de nuestros países condiciones que y exigen la profundización de la resistencia. En los distintos escenarios la situación reclama el fortalecimiento de las luchas sociales transformadoras, así como avanzar en el sentido participativo de los movimientos sociales en la consolidación de los procesos de cambio que se vienen operando en la región.


Frente esto nuestros pueblos luchan y refuerzan en muchos frentes las estrategias de resistencia en la región. Ejemplo de ello han sido las numerosas movilizaciones por la reivindicación de sus derechos, siendo significativas las protagonizadas por los movimientos sociales y el pueblo en Costa Rica en contra de la aprobación de los TLC, así como la lucha del pueblo de Oaxaca por la defensa de sus derechos a la cual el gobierno Mexicano respondió de forma brutal con una masiva represión que implicó un alto costo de vidas, heridos y detenidos.


Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs, ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre. Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe – el “ALCA europeo” – y dentro de ellas las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central.


Contra el modelo económico y político que favorece el poder de los grandes grupos empresariales y del agronegocio a través de sus inversiones masivas en sectores como el agro, la minería, las represas que afectan la vida campesina, indígena y de los sectores afrodescendientes; reiteramos el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las luchas y propuestas para realizar la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria, basados en la defensa de la tierra y del territorio, entendiendo este como espacio de defensa política de los recursos naturales, la cultura y la organización autónoma de los pueblos.


Mantenemos la firme denuncia de un modelo que se basa en la precarización de las condiciones de trabajo, en la explotación de los/as trabajadores y trabajadoras y en el desconocimiento de los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Un sistema de exclusión que promueve la migración como sustento para mantener su patrón de vida, pero que persigue a los/as trabajadores/as migrantes convirtiéndolos en criminales dentro de sus fronteras. Destacamos el papel central de las corporaciones multinacionales en el sostenimiento del modelo de expoliación, que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.


Rechazamos enérgicamente la criminalización de nuestras luchas por autodeterminación, democracia, justicia y autonomía y el avance de un nuevo “Plan Cóndor” de control y disciplinamiento de las poblaciones del continente y de integración de todos los cuerpos de seguridad y ejércitos de la región bajo los criterios, doctrina y mecanismos de contrainsurgencia instituidos por Estados Unidos, que nos convierten en sospechosos y criminales en nuestra propia tierra.


En este mismo sentido, denunciamos y condenamos la doble moral de la política de los Estados Unidos que por un lado mantiene presos a los cinco cubanos bajo falsas acusaciones de terrorismo, deja en libertad a uno de los mayores terroristas de la región, el criminal Luis Posada Carriles.


Reafirmamos la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la búsqueda de fuentes renovables de energía, haciendo un uso racional de las ya existentes. Sin embargo, alertamos sobre el peligro que significa el uso de agrocombustibles en términos de soberanía alimentaria, así como su impacto medioambiental. En el reconocimiento de la existencia de visiones y opiniones diversas en tal sentido, se expresa la necesidad de ampliar y profundizar en el conocimiento y debate sobre ello.


Seguros de la necesidad de continuar la construcción de alternativas al neoliberalismo, es necesario enfocar nuestros esfuerzos en la generación de consensos en torno a la integración de los pueblos, que se consolide en un programa político que aporte al diálogo con los procesos de integración sensibles a los intereses de los pueblos. Saludamos el avance en el proceso de integración en torno a la propuesta del ALBA y la iniciativa de instituir en ella un ámbito de participación de los movimientos sociales, que debe ser amplia, plural e incluyente de las más diversas expresiones sociales de la región, requisito indispensable para solidificar cualquier proceso de integración sólido. Este avance es al mismo tiempo un punto de apoyo para la crítica y la resistencia a los procesos que como el ASPAN, encarnan la voluntad del imperio y la profundización del modelo neoliberal.


Los procesos de integración no pueden jamás ser realizados sino en base al respeto de sus derechos, su ambiente y territorio. Por esto, condenamos iniciativas como el Plan Puebla Panamá y el IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras comunidades o facilitar el diálogo entre ellas, se orienta al lucro de los actores de un modelo productivo que depreda al medio ambiente y aumenta la exclusión social en nuestras regiones.


Producto de las luchas en todo el continente y mundialmente, hoy podemos saludar la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocerse como un país acreedor, y de iniciar una Auditoría integral y participativa de las deudas que ilegítimamente les sean exigidas. Saludamos además la determinación de varios gobiernos de retirarse del CIADI y cuestionar su membresía en otras instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que sólo han significado condicionamientos, saqueo, destrucción y empobrecimiento para nuestros pueblos. Reclamamos a los demás gobiernos de la región que se unen a estas iniciativas, realizando Auditorías de las deudas en cada país y de las Instituciones Financieras Internacionales, repudiando y poniendo fin al pago de las deudas ilegítimas, sancionando a los responsables de los crímenes económicos y ecológicos cometidos y coordinando junto con los pueblos afectados, estrategias de restitución y reparación.


Celebramos también la creación de nuevos instrumentos regionales de financiamiento soberano, como el Banco del Sur y el Fondo de Estabilización del Sur, a la vez que reiteramos nuestra esperanza y demanda de que estas instituciones sirven para apoyar verdaderas alternativas de integración y de desarrollo soberanas y solidarias, que promueven la inclusión, la igualdad y la sustentabilidad de los pueblos y del planeta.


Reafirmamos la necesidad de consolidar la convergencia y articulación continental de los movimientos, redes y organizaciones sociales que han dando la lucha por la autonomía y los derechos de nuestros pueblos. La Campaña de los 500 años, el levantamiento zapatista, la movilización contra la deuda, la Campaña Continental contra el ALCA, la formación de muchas redes sectoriales y temáticas, y la creación de la propia Alianza Social Continental son los principales antecedentes que convergen y reconocemos como la base fundamental de esta gran coalición de actores que luchan contra el neoliberalismo en las Américas y conforman la ASC.


Asumimos el compromiso y la corresponsabilidad con el proceso del Foro Social Mundial de impulsar en el continente una amplia movilización popular como parte de la jornada global que se desarrollará en enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo a la primera edición del Foro Social de los Estados Unidos comprendiendo que las principales batallas contra el imperio se darán en su propio seno.


Convocamos a todos a volver a La Habana, en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro Hemisférico.


Por la integración de los Pueblos, otra América es posible”

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La Habana – Cuba

 

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A todos los pueblos de Nuestra América

 

Concluimos este VI Encuentro Hemisférico en momentos en que, para bien de nuestros pueblos, en el continente continúan fortaleciéndose nuevas y mejores condiciones para superar la oscura etapa del neoliberalismo y los planes hegemonistas del imperialismo norteamericano. No obstante estas novedades positivas, aún predomina en la mayoría de nuestros países condiciones que y exigen la profundización de la resistencia. En los distintos escenarios la situación reclama el fortalecimiento de las luchas sociales transformadoras, así como avanzar en el sentido participativo de los movimientos sociales en la consolidación de los procesos de cambio que se vienen operando en la región.

 

Frente esto nuestros pueblos luchan y refuerzan en muchos frentes las estrategias de resistencia en la región. Ejemplo de ello han sido las numerosas movilizaciones por la reivindicación de sus derechos, siendo significativas las protagonizadas por los movimientos sociales y el pueblo en Costa Rica en contra de la aprobación de los TLC, así como la lucha del pueblo de Oaxaca por la defensa de sus derechos a la cual el gobierno Mexicano respondió de forma brutal con una masiva represión que implicó un alto costo de vidas, heridos y detenidos.

 

Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs, ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre. Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe – el “ALCA europeo” – y dentro de ellas las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central.

 

Contra el modelo económico y político que favorece el poder de los grandes grupos empresariales y del agronegocio a través de sus inversiones masivas en sectores como el agro, la minería, las represas que afectan la vida campesina, indígena y de los sectores afrodescendientes; reiteramos el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las luchas y propuestas para realizar la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria, basados en la defensa de la tierra y del territorio, entendiendo este como espacio de defensa política de los recursos naturales, la cultura y la organización autónoma de los pueblos.

 

Mantenemos la firme denuncia de un modelo que se basa en la precarización de las condiciones de trabajo, en la explotación de los/as trabajadores y trabajadoras y en el desconocimiento de los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Un sistema de exclusión que promueve la migración como sustento para mantener su patrón de vida, pero que persigue a los/as trabajadores/as migrantes convirtiéndolos en criminales dentro de sus fronteras. Destacamos el papel central de las corporaciones multinacionales en el sostenimiento del modelo de expoliación, que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.

 

Rechazamos enérgicamente la criminalización de nuestras luchas por autodeterminación, democracia, justicia y autonomía y el avance de un nuevo “Plan Cóndor” de control y disciplinamiento de las poblaciones del continente y de integración de todos los cuerpos de seguridad y ejércitos de la región bajo los criterios, doctrina y mecanismos de contrainsurgencia instituidos por Estados Unidos, que nos convierten en sospechosos y criminales en nuestra propia tierra.

 

En este mismo sentido, denunciamos y condenamos la doble moral de la política de los Estados Unidos que por un lado mantiene presos a los cinco cubanos bajo falsas acusaciones de terrorismo, deja en libertad a uno de los mayores terroristas de la región, el criminal Luis Posada Carriles.

 

Reafirmamos la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la búsqueda de fuentes renovables de energía, haciendo un uso racional de las ya existentes. Sin embargo, alertamos sobre el peligro que significa el uso de agrocombustibles en términos de soberanía alimentaria, así como su impacto medioambiental. En el reconocimiento de la existencia de visiones y opiniones diversas en tal sentido, se expresa la necesidad de ampliar y profundizar en el conocimiento y debate sobre ello.

 

Seguros de la necesidad de continuar la construcción de alternativas al neoliberalismo, es necesario enfocar nuestros esfuerzos en la generación de consensos en torno a la integración de los pueblos, que se consolide en un programa político que aporte al diálogo con los procesos de integración sensibles a los intereses de los pueblos. Saludamos el avance en el proceso de integración en torno a la propuesta del ALBA y la iniciativa de instituir en ella un ámbito de participación de los movimientos sociales, que debe ser amplia, plural e incluyente de las más diversas expresiones sociales de la región, requisito indispensable para solidificar cualquier proceso de integración sólido. Este avance es al mismo tiempo un punto de apoyo para la crítica y la resistencia a los procesos que como el ASPAN, encarnan la voluntad del imperio y la profundización del modelo neoliberal.

 

Los procesos de integración no pueden jamás ser realizados sino en base al respeto de sus derechos, su ambiente y territorio. Por esto, condenamos iniciativas como el Plan Puebla Panamá y el IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras comunidades o facilitar el diálogo entre ellas, se orienta al lucro de los actores de un modelo productivo que depreda al medio ambiente y aumenta la exclusión social en nuestras regiones.

 

Producto de las luchas en todo el continente y mundialmente, hoy podemos saludar la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocerse como un país acreedor, y de iniciar una Auditoría integral y participativa de las deudas que ilegítimamente les sean exigidas. Saludamos además la determinación de varios gobiernos de retirarse del CIADI y cuestionar su membresía en otras instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que sólo han significado condicionamientos, saqueo, destrucción y empobrecimiento para nuestros pueblos. Reclamamos a los demás gobiernos de la región que se unen a estas iniciativas, realizando Auditorías de las deudas en cada país y de las Instituciones Financieras Internacionales, repudiando y poniendo fin al pago de las deudas ilegítimas, sancionando a los responsables de los crímenes económicos y ecológicos cometidos y coordinando junto con los pueblos afectados, estrategias de restitución y reparación.

 

Celebramos también la creación de nuevos instrumentos regionales de financiamiento soberano, como el Banco del Sur y el Fondo de Estabilización del Sur, a la vez que reiteramos nuestra esperanza y demanda de que estas instituciones sirven para apoyar verdaderas alternativas de integración y de desarrollo soberanas y solidarias, que promueven la inclusión, la igualdad y la sustentabilidad de los pueblos y del planeta.

 

Reafirmamos la necesidad de consolidar la convergencia y articulación continental de los movimientos, redes y organizaciones sociales que han dando la lucha por la autonomía y los derechos de nuestros pueblos. La Campaña de los 500 años, el levantamiento zapatista, la movilización contra la deuda, la Campaña Continental contra el ALCA, la formación de muchas redes sectoriales y temáticas, y la creación de la propia Alianza Social Continental son los principales antecedentes que convergen y reconocemos como la base fundamental de esta gran coalición de actores que luchan contra el neoliberalismo en las Américas y conforman la ASC.

 

Asumimos el compromiso y la corresponsabilidad con el proceso del Foro Social Mundial de impulsar en el continente una amplia movilización popular como parte de la jornada global que se desarrollará en enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo a la primera edición del Foro Social de los Estados Unidos comprendiendo que las principales batallas contra el imperio se darán en su propio seno.

 

Convocamos a todos a volver a La Habana, en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro Hemisférico.

 

Por la integración de los Pueblos, otra América es posible”


A todos los pueblos de Nuestra América



Frente esto nuestros pueblos luchan y refuerzan en muchos frentes las estrategias de resistencia en la región. Ejemplo de ello han sido las numerosas movilizaciones por la reivindicación de sus derechos, siendo significativas las protagonizadas por los movimientos sociales y el pueblo en Costa Rica en contra de la aprobación de los TLC, así como la lucha del pueblo de Oaxaca por la defensa de sus derechos a la cual el gobierno Mexicano respondió de forma brutal con una masiva represión que implicó un alto costo de vidas, heridos y detenidos.


Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs, ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre. Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe – el “ALCA europeo” – y dentro de ellas las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central.


Contra el modelo económico y político que favorece el poder de los grandes grupos empresariales y del agronegocio a través de sus inversiones masivas en sectores como el agro, la minería, las represas que afectan la vida campesina, indígena y de los sectores afrodescendientes; reiteramos el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las luchas y propuestas para realizar la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria, basados en la defensa de la tierra y del territorio, entendiendo este como espacio de defensa política de los recursos naturales, la cultura y la organización autónoma de los pueblos.


Mantenemos la firme denuncia de un modelo que se basa en la precarización de las condiciones de trabajo, en la explotación de los/as trabajadores y trabajadoras y en el desconocimiento de los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Un sistema de exclusión que promueve la migración como sustento para mantener su patrón de vida, pero que persigue a los/as trabajadores/as migrantes convirtiéndolos en criminales dentro de sus fronteras. Destacamos el papel central de las corporaciones multinacionales en el sostenimiento del modelo de expoliación, que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.


Rechazamos enérgicamente la criminalización de nuestras luchas por autodeterminación, democracia, justicia y autonomía y el avance de un nuevo “Plan Cóndor” de control y disciplinamiento de las poblaciones del continente y de integración de todos los cuerpos de seguridad y ejércitos de la región bajo los criterios, doctrina y mecanismos de contrainsurgencia instituidos por Estados Unidos, que nos convierten en sospechosos y criminales en nuestra propia tierra.


En este mismo sentido, denunciamos y condenamos la doble moral de la política de los Estados Unidos que por un lado mantiene presos a los cinco cubanos bajo falsas acusaciones de terrorismo, deja en libertad a uno de los mayores terroristas de la región, el criminal Luis Posada Carriles.


Reafirmamos la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la búsqueda de fuentes renovables de energía, haciendo un uso racional de las ya existentes. Sin embargo, alertamos sobre el peligro que significa el uso de agrocombustibles en términos de soberanía alimentaria, así como su impacto medioambiental. En el reconocimiento de la existencia de visiones y opiniones diversas en tal sentido, se expresa la necesidad de ampliar y profundizar en el conocimiento y debate sobre ello.


Seguros de la necesidad de continuar la construcción de alternativas al neoliberalismo, es necesario enfocar nuestros esfuerzos en la generación de consensos en torno a la integración de los pueblos, que se consolide en un programa político que aporte al diálogo con los procesos de integración sensibles a los intereses de los pueblos. Saludamos el avance en el proceso de integración en torno a la propuesta del ALBA y la iniciativa de instituir en ella un ámbito de participación de los movimientos sociales, que debe ser amplia, plural e incluyente de las más diversas expresiones sociales de la región, requisito indispensable para solidificar cualquier proceso de integración sólido. Este avance es al mismo tiempo un punto de apoyo para la crítica y la resistencia a los procesos que como el ASPAN, encarnan la voluntad del imperio y la profundización del modelo neoliberal.


Los procesos de integración no pueden jamás ser realizados sino en base al respeto de sus derechos, su ambiente y territorio. Por esto, condenamos iniciativas como el Plan Puebla Panamá y el IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras comunidades o facilitar el diálogo entre ellas, se orienta al lucro de los actores de un modelo productivo que depreda al medio ambiente y aumenta la exclusión social en nuestras regiones.


Producto de las luchas en todo el continente y mundialmente, hoy podemos saludar la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocerse como un país acreedor, y de iniciar una Auditoría integral y participativa de las deudas que ilegítimamente les sean exigidas. Saludamos además la determinación de varios gobiernos de retirarse del CIADI y cuestionar su membresía en otras instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que sólo han significado condicionamientos, saqueo, destrucción y empobrecimiento para nuestros pueblos. Reclamamos a los demás gobiernos de la región que se unen a estas iniciativas, realizando Auditorías de las deudas en cada país y de las Instituciones Financieras Internacionales, repudiando y poniendo fin al pago de las deudas ilegítimas, sancionando a los responsables de los crímenes económicos y ecológicos cometidos y coordinando junto con los pueblos afectados, estrategias de restitución y reparación.


Celebramos también la creación de nuevos instrumentos regionales de financiamiento soberano, como el Banco del Sur y el Fondo de Estabilización del Sur, a la vez que reiteramos nuestra esperanza y demanda de que estas instituciones sirven para apoyar verdaderas alternativas de integración y de desarrollo soberanas y solidarias, que promueven la inclusión, la igualdad y la sustentabilidad de los pueblos y del planeta.


Reafirmamos la necesidad de consolidar la convergencia y articulación continental de los movimientos, redes y organizaciones sociales que han dando la lucha por la autonomía y los derechos de nuestros pueblos. La Campaña de los 500 años, el levantamiento zapatista, la movilización contra la deuda, la Campaña Continental contra el ALCA, la formación de muchas redes sectoriales y temáticas, y la creación de la propia Alianza Social Continental son los principales antecedentes que convergen y reconocemos como la base fundamental de esta gran coalición de actores que luchan contra el neoliberalismo en las Américas y conforman la ASC.


Asumimos el compromiso y la corresponsabilidad con el proceso del Foro Social Mundial de impulsar en el continente una amplia movilización popular como parte de la jornada global que se desarrollará en enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo a la primera edición del Foro Social de los Estados Unidos comprendiendo que las principales batallas contra el imperio se darán en su propio seno.


Convocamos a todos a volver a La Habana, en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro Hemisférico.


Por la integración de los Pueblos, otra América es posible”

Judith Valencia,

En el murmullo cotidiano se escucha que en Venezuela, hemos abierto [pueblos y gobernantes] las compuertas hacia otro mundo posible. La multitud esta tentada a recorrer experiencias de vida novedosas.

Vivimos la ocasión de constituirnos en nación, libre y soberana. A cada ocasión, le corresponde un imaginario contenido. El de hoy, contiene lo de antes, recoge siglos.

Cada ocasión en su contexto. Para 2005 el contexto mundial delimita el diseño lo posible [maneras, sentidos, cauces]. Con certeza, el capitalismo en su andar perverso, achico el mundo de los pueblos. La multitud, habitantes de los territorios invadidos, son pobladores no-útiles/inútiles para los parámetros contemporáneos de la rentabilidad de los grandes capitales/de las empresas transnacionales. Tan simple, como que económicamente hablando, al capitalista no le es rentable asalariar, educar ni alimentar a pobladores innecesarios, inútiles, no rentables.

En este contexto [de fines del XX e inicios del XXI] delimitado por el dominio perverso del capitalismo, los pueblos rugen, contra el rugido, el imperio militariza el espacio social: prohíbe, reprime, encarcela, suelta a tanatos, empobrece cuerpos y espíritus. Envilece. El terror atómico de Hiroshima y Nagasaki [6 y 9 Agosto 1945] lo inyectan a través del tejido capilar del poder.

Muy a pesar de todo, los pueblos siguen rugiendo. En la Venezuela bolivariana, el rugido mundial/continental de la rebelión de los pueblos, deviene en voluntad/en deseo de hacer posible lo pensadamente imposible.

El contexto que traza el imperio, delimita. Haciendo uso [abuso] del arsenal bélico. El imaginario contenido en esta ocasión [Venezuela 1999 y hasta siempre] brota por los poros de la piel revolucionaria.

Resultan premonitorios dos estudios. Asi dicen:

  • “…aquello que mas ha movido a las grandes multitudes de nuestros países en los periodos revolucionarios no ha sido la ambición de crear un orden nuevo, sino la de recuperar un orden antiguo… la energía vital de cada revolución provenía del pasado” (1).

  • La creación de nuevos espacios de libertad para superar la actual sumisión del individuo soberano a las leyes del mercado o al despotismo del Estado, dependen de la composición material de las subjetividades que el propio proceso social va creando… La comprensión cabal de la plasticidad histórica del sujeto y de los procesos materiales que la determinan, es la única alternativa…”(2).

Entre quienes tuvieron como afán de vida, dejar dichos de prueba de los saltos de la humanidad, (3) dichos que condensan el contenido del imaginario colectivo. De entre ellos, convenimos en pensar que todo hecho humano es intencional cual maquinas de deseos. Siendo así, el proceso social prioriza [según los limites de cada ocasión] unos u otros de los contenidos en el imaginario colectivo.

Estando todo allí contenido, los deseos libertarios prohibidos y/o permitidos, formalizan y/o revolucionan las sociedades. De un tiempo para acá, los pueblos nos encontramos sumergidos [ahogados] en/por las normas del capitalismo transnacional, ejerciendo el gobierno mundial del imperio bélico, a través de la globalización, dispositivo que actúa tal cual la cuarta guerra mundial.

Guerra política mimetizada bajo el concepto contemporáneo de gobernabilidad, impulsada con un enfoque de democracia que al priorizar los derechos humanos de las minorías, actúa contra la multitud sin derechos. Enfoque de gobernabilidad que vienen forzando legitimar, a propósito de la seguridad post-11 de septiembre de 2001. Recién enuncian su certificación en la Asamblea General de la ONU/septiembre 2005, bajo el concepto de “Paz y Seguridad Colectiva”, junto al de “responsabilidad de proteger”. Conceptos que legalizarían el imperialismo desde la ONU.

Un dicho de prueba, (4) hace constar que con el capitalismo, el Estado lo es de gobierno:

  • El gobierno… como una manera de definir las cosas para conducirlas no al bien común, como decían los textos de los juristas, sino a un fin conveniente para cada una de las cosas que hay que gobernar… no se trata de imponer a los hombres una ley sino de disponer las cosas, es decir, utilizar bien tácticas que leyes, en ultimo termino utilizar las mismas leyes como tácticas: actuar de tal modo y a través de un cierto numero de medios para que este o aquel fin pueda ser alcanzado… los instrumentos de gobierno en vez de ser leyes serán tácticas multiformes…Este Estado de gobierno que se centra especialmente sobre la población y que se refiere y utiliza como instrumento el saber económico, corresponde a una sociedad controlada por los dispositivos de seguridad”.

Precisiones.

La ocasión, la Venezuela bolivariana que despliega un poder constituyente, permitiendo inventar nuevos espacios de libertad que ponen en tensión practicas sociales y a la misma vez recuperar la energía vital de las culturas milenarias.

El proceso al reconocer la plasticidad historia del sujeto no deja nada ni a nadie fuera. Las fuerzas libertarias prohibidas y latentes en el imaginario colectivo insurgen preñando de sentido todo acontecimiento.

Podemos decir, que hasta 1999 el gobierno mundial canalizo la política de hechos cumplidos [de tácticas por ley] a través de las negociaciones multilaterales y bilaterales.

Aprendimos en el camino que algunos de los nudos del amarre se desanudan, y que es posible todo a una misma vez. Que no hay que esperar que el capitalismo sucumba para empezar a sembrar la cosecha. Que a la misma vez que el imperio ofende, podemos liberar terreno [humano y material] desde donde contagiar el cultivo de la insurgencia, de lo inédito, de la novedad: de inventar vivir libre en multitud.

El ALBA, como alternativa bolivariana y/o como amanecer es cauce de esa ocasión. Es un plan de siembra propuesto para cosechar/ocupar territorio [humano y geográfico], expulsando y/o impidiendo la invasión de la inversión del capitalista, quien como todo humano actúa con su intención.

ALBA & ALCA, filosofías contrarias en esencia, se baten en lucha por un mismo territorio, con intensiones opuestas y a un mismo tiempo. La lucha por territorio deriva entre victoria o derrota. Necesario es vencer.

El ALBA tuvo un punto de partida, en el deseo manifiesto del Comandante Hugo Chavez, en diciembre 2001 cuando expuso la magia de la integración entre los pueblos, oponiéndose al ALCA en tanto mandato del Imperio. Sin embargo, el ALBA echa a andar cuando en el imaginario colectivo los pueblos van reconociendo y hacen suya la intención expresada en el deseo enunciado.

En el contexto de situaciones entre abril y diciembre 2002, el ALBA amanece socialmente. Los pueblos asumen hacer posible los proyectos de vida inconclusos, abortados, reprimidos. La energía vital del pasado se hizo presente en las calles.

El proceso bolivariano lo aprueba y comprueba. Podríamos enumerar los artículos de la Constitución/99 que enuncian la posibilidad de ALBA`s. Avanzado el proceso es necesario reconocerlo en la Constitución, mas no es suficiente. Lo enunciado, aprobado y refrendado vino sucediendo como intención manifiesta y protagónica.

Entre abril y diciembre 2002, derrotando el golpe de estado de abril y el sabotaje petrolero de diciembre los pueblos en las calles reconocieron sus carencias y sintieron su fuerza y la urgencia. Sin disolver el Estado, la sociedad asumió misiones de gobierno. Un colectivo en tensión, reconociendo la Constitución refrendada el 15 de diciembre de 1999, sabiendo de las Leyes Habilitantes del 13 de noviembre de 2001, asalto la posibilidad de convertir planes de gobierno en tareas de pueblo protagónico. La reconquista del terreno político [con el contra-golpe del 13 de abril 2002] de PDVSA y del ingreso petrolero [en marzo de 2003] dieron condiciones e hicieron realidad la voluntad política presidencial de “darle poder a los pobres”, al asumir compromisos con las misiones.

El ALBA es hacia adentro de lo humano y de la geografía, celebrando un proceso social en el que lo pobladores laboran su propio destino soberano, ocupando territorios.

Digo los pueblos: indígenas, campesinos, citadinos. Todos, los más diversos sujetos planteando lo suyo, sin sujetar a los otros. Con la intención manifiesta de cerrarle el paso, a las tácticas emanadas del Estado de gobierno mundial, que instrumentaliza la anexión de territorios mutilando a sus pueblos pobladores.

Con el ALBA, nos proponemos integrar las capacidades humanas junto a las riquezas territoriales, para satisfacer necedades y necesidades culturales. Necedades y necesidades de alimento del cuerpo y del espíritu, de abrigo, de ocio, de los deseos por-venir. El ALBA respeta el hecho cierto de que la felicidad es una construcción cultural.

Todos en el ALBA, cada cultura con su perfil.

Los pueblos citadinos tienen costumbres de la ciudad, pero según su región originaria y/o su raza, son citadinos culturalmente diversos.

Los pueblos indígenas según su geografía, su cosmovisión, labores, ritos y mitos.

Así como los campesinos, indígenas o afrodescendientes, andinos o isleños. Cultivadores de la tierra y/o del mar o del rió. Cada cual tiene lo suyo no transferible.

Los ritmos de vida están impregnados de cultura, de condiciones del saber. Hay un ritmo del analfabeta, quien al aprender a leer incorpora su experiencia a la lectura. El ALBA reconoce los ritmos y los respeta en desacuerdo práctico con los criterios de la competencia que deshecha multitudes. El ALBA se funda en el respeto de los ritmos de otros.

Cada quien a su paso pero todos a una misma vez, defendiendo la soberanía de los territorios preñados de culturas.

Hasta aquí el renacer de las culturas milenarias contenidas en el imaginario colectivo. Imaginario depositario de otras visiones, construidas en los cruces mestizos de los haceres mercantiles. Por ello es que en el ALBA`s también se incluyen políticas publicas comerciales, que pretenden cambios significativos en las maneras de producir bienes y servicios, concertadas entre privados y entre empresas publicas intergubernamentales.

En la segunda mitad del siglo XX, la naturaleza artificial creada en torno a la tecnología capitalista, subsumió costumbres y tradiciones. Formuló maneras de producir y patrones de consumo. El citadino, el profesional libre, las pautas del comercio interinstitucional e internacional estarán presentes en muchos años por-venir.

Esta verdad tiene sitio en el ALBA`s por ello, inscribimos en la filosofía del ALBA`s, los Convenios Comerciales Compensados y las Alianzas Estratégicas circunstanciales. Como variantes en el combate de restarle apoyo real personal/político, a la ofensiva contrarrevolucionaria con intención hemisférica envolvente y expansiva del inversionista imperial.

Los Convenios guiados por el sentido del ALBA`s, entienden que en el comercio no esta el problema, admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado, en la medida que este resulte mutuamente conveniente, para ampliar y profundizar el intercambio comercial. Es así como surgen convenios comerciales compensados.

Las Alianzas Estratégicas circunstanciales tienen al petróleo como centro. El gobierno bolivariano utiliza su recurso abundante escaso en territorios de pueblos hermanos, negociando intercambios complementarios, sin exigir compensaciones que vulneren la soberanía y dando condiciones de comercialización solidarias, sustituyendo las exigencias de las transnacionales privadas. Estas alianzas estratégicas que tienen como centro el petróleo y el gas son políticas comerciales fundadas en la conservación de los recursos naturales no renovables, la solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre pueblos. Asegurando el acceso democrático a la energía a precio razonable. Se concibe como un acuerdo entre gobiernos, concreta esfuerzos en la complementariedad de las capacidades de nuestras empresas estatales de energía.

De lo dicho podemos derivar que el ALBA’s tiene un amplio trecho por andar. Lento pero sin pausa. Y en su andar, abarcando la lucha, por no dejar que la Comunidad Suramericana de Naciones por-venir, quede atrapada en la intención imperial, que proyecta surcar los territorios con ductos para succionar los recursos energéticos, biodiversos y de agua (5). Debemos estar alertas porque todos los cargos de mando en los organismos de integración regionales están en manos de quienes fueron funcionarios en gestiones anteriores de gobiernos. No pienso en coincidencias. Pero si, en que han conjugado intenciones. Nuevas tareas para el ALBA’s y con ellas responsabilidades de los pueblos comprometidos y protagónicos.

Para concluir le doy la palabra a un campesino andaluz propagando semillas de ALBA (6).

Todos eran agitadores

De tal suerte, el incendio

Se propagó rápidamente

Por los pueblos combustibles

Nadie Formulaba peticiones

Ni exigencias, nadie intentaba

negociar (… ) El pueblo quería

cosas más trascendentales

que los meros aumentos salariales

Pero, ¿ cómo vendría el gran cambio ¿ Nadie

lo sabía. En el fondo,

los campesinos pensaban

que tenían que llegar

de alguna forma sí

todos los hombres se

declaraban por él al

mismo tiempo.

Juan Díaz del Morral, 1929

Notas:

  1. Fernando Mires. “ La Rebelión Permanente” Siglo XXI 1988/p448

  2. Enzo Del Bufalo. “La genealogía de la Subjetividad” Monte Ávila Editores 1991/p169.

  3. Entre muchos otros no menos valiosos: Marx/1844, Nietzshe/1890, Freud/1905. Einstein/1920, Picasso/1930, Faucault/1975. Vive en el imaginario colectivo en poetas y cantautores.

  4. Michel Foucault. “La Gubernamentabilidad” Colección: Genealogía del Poder. Espacios del Poder. La Piqueta. 1981 (Exposición enero 1978)

  5. La Biodiversidad tiene como base fundamental el reconocimiento de la diversidad humana la biodiversidad no es solo flora y fauna, suelo, agua y ecosistemas, es también culturas, sistemas productivos, relaciones humanas y económicas, formas de gobierno, es en esencia libertad. El imperio tiene la intención de hacer suya la biodiversidad: Territorio y vida nuestra.

  6. Juan Diaz del Moral es citado por Eric J. Hobsbawn en “Rebeldes Primitivos” Ariel. 1983/p 117.


Judith Valencia. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora adscrita al Departamento de Economía Teórica de la Escuela de Economía. Facultad de Economía y Ciencias Sociales. Cátedra de Economía Política. Caracas.