El Alba: Un nuevo amanhecer?

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).

Esperanza Martinez, visit web

Alba que trae la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la tierra. El Movimiento Sin Ti erra en Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista en México, entre otros.

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas).

La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.

Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para sostener su modelo agroindustrial y de sobre-consumo energético.


Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del neoliberalismo.

Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión colonial.

El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973).

Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578).

La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la segunda hace frente a la agresión colonizadora.

El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo cuando se habla de integración.

América Latina: exportar energía e importar alimentos

América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas: papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países industrializados.

Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6 millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655 mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10 millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil (1). La diferencia la exporta justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8 billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el 2001 a 135.6 en el 2005.

La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”(2).


El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.

Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y el Caribe.

Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7% en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.

El ALCA, el IRSA, y el PPP

Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América,  como son el TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.

Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad, su trabajo sea cada vez más barato.

Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como son el TLCAN, el CAFTA,  el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú.

Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores de oleoductos, gasoductos, y mineroductos,  que comunican los centros de extracción con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores hacen posible el acceso y control  de los recursos naturales: energéticos, minerales y de biodiversidad y agua.

Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas, y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la producción agrícola.

La integración desde el ALBA

En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de bienes agrícolas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el desmantelamiento del ALCA.

Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un preocupante silencio en relación a las transnacionales.

Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como nacionales.

Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.

En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el avance en la construcción de la carretera“(3).

El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban, en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225 kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica(4).

En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo era fomentar el libre comercio.

Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.

Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.

Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región, atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e incendios son inevitables.

Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.

Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.

Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.

¿Qué pasa en el mundo petrolero?

Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades, tampoco se factible hablar de redistribución de riquezas y es final mente una fuente de destrucción de territorios y riquezas naturales.

Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos como se ha ido privatizando el negocio petrolero:

– En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.

– En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.

Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fu entes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.

– En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.

En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.

– En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.

– La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.

– El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor capacidad adquisitiva.

– La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.

Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.

– La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control, veeduría o auditoría.

¿Es posible la soberanía energética?

En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.

Pero la disyuntiva “privatización – soberanía”, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?

La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las comunidades y sus territorios.

Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses trasnacionales o de elites nacionales.

Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.

La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:

· Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.

· Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.

· No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.

La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.

Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente

Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un agenda de unidad regional.


Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos, diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.

Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se subrayan de forma cada vez más letal.

No hay oscuridad más profunda que la que precede al Alba. Los mitos indígenas que hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

Esperanza Martínez es de Oil Watch.

Cuba's foreign policy and the promise of ALBA

(PL y agencias).- La V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) es hoy la historia de la consecución de un modelo integracionista inédito en la historia de la región latinoamericana y caribeña. El presidente de Venezuela, doctor Hugo Chávez, case resumió la esencia de dos sesiones de trabajo de la cita de mandatarios y altos representantes al decir que “la historia de los pueblos se ha puesto de nuevo en marcha”.

Chávez clausuró la V Cumbre del ALBA, cuyo último segmento fue la reunión de los presidentes con los representantes de los movimientos sociales de la región. El presidente venezolano pidió a su colega boliviano, Evo Morales, que a manera de epílogo pronunciara en lengua aymara la frase dicha al morir por el héroe de la resistencia indígena Tupac Katari: “Hoy muero, pero volveré hecho millones”.

Con el simbolismo de esa expresión de unos de los precursores de la independencia americana concluyó el evento que durante el fin de semana sesionó a 350 kilómetros al oeste de Caracas.

Los presidentes Chávez y Morales, en unión del vicepresidente cubano Carlos Lage y el jefe de estado de Nicaragua, Daniel Ortega, firmaron los ocho instrumentos jurídicos emanados de la cita por la integración y la solidaridad entre las cuatro naciones que forman la alianza, más Haití.

La declaración política de la V Cumbre estableció entre otros aspectos el organigrama organizativo del ALBA, que incluye los Consejos de Presidentes, de Ministros y de Movimientos Sociales. La estructura está encabezada por el Consejo de presidentes y seguido por sendos Consejos de Ministros y de Movimientos Sociales y una Secretaría Permanente. En la parte inferior del esquema aparecen diversas comisiones dedicadas a los asuntos políticos, económicos, sociales, energéticos, medio ambiente y otros.

También el documento final recogió una condena a la liberación en estados Unidos del terrorista internacional Luis Posada Carriles y de apoyo al gobierno de Venezuela en su decisión soberana de no renovar la licencia al canal Radio Caracas Televisión.

Los países miembros denunciaron la Convención del Consejo Internacional de Arbitraje e Inversiones y anunciaron su retirada del organismo, con la excepción de Cuba, que nunca perteneció.

La Cumbre acordó los llamados Proyectos ALBA en las áreas de educación, cultura, comercio justo, finanzas, salud, alimentación, telecomunicaciones, turismo, minería, industria y energía. Chávez adelantó la posibilidad de realizar una reunión trilateral con Morales y Lage para firmar una serie de acuerdos que están en proceso.

Anteriormente el ministro de Industrias Básicas y Minería de Venezuela, José Khan, informó la posibilidad de establecer varias alianzas estratégicas con los países participantes en la cumbre para conformar empresas mixtas. Adelantó que uno de ellos dará lugar a una empresa mixta con Cuba, instalada en Venezuela, capaz de producir 500 millones de toneladas de acero inoxidable anualmente.

También se proyecta crear una empresa cubano-venezolana de ferroníquel en la isla con capacidad para 68 mil toneladas al año. Con Nicaragua se realizan estudios para crear en esa nación una empresa de aluminio con cinco líneas, orientada al mercado interno de Nicaragua y Latinoamérica. También con Bolivia se acordó trabajar para la extracción de sus grandes reservas de mineral de hierro, instalar una acería y dos fábricas de cemento.

El resto de los instrumentos jurídicos de la cumbre estuvieron enmarcados en el sector energético con acuerdos con Venezuela de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Haití. Uno de los documentos rubricados por los jefes de estado está orientado a cambiar la matriz energética de las naciones integrantes de la alianza, las cuales implementarán mecanismos para elevar el consumo del gas en sustitución de otros combustibles más caros y contaminadores.

El presidente Chávez abogó porque para la próxima Cumbre los movimientos sociales de la región se incorporen a todos los proyectos del ALBA.

Chávez Frías indicó que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) debe marchar en el futuro hacia una especie de Confederación de Repúblicas. El líder venezolano instó a incorporarse al ALBA a los países que se encuentran invitados en esta cumbre. “Desde aquí le envío la invitación a que consideren su incorporación al ALBA, de forma tal que podamos trabajar mucho más a fondo, creando nuevas estructuras bilaterales o multilaterales para apuntalar los procesos productivos”.

Asimismo, llamó a la consolidación de los gobiernos, “es una tarea de todos nosotros, ayudar a que cada gobierno del ALBA y nuestros amigos aliados se consoliden”.

Chávez señaló que el ALBA no está orientado -desde el punto de vista ideológico- por el socialismo como modelo único, “sin embargo buena parte de los gobiernos del ALBA hemos asumido el socialismo, y más allá del ALBA, el socialismo crece como perspectiva, como idea, como bandera. Hemos visto al presidente Correa levantar desde el Ecuador las banderas del socialismo alfarista y bolivariano”.

www.boliviasoberana.org

V Cumbre del ALBA

Tintorero – Estado Lara, 29 de abril de 2007
En ocasión de celebrarse la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el primer aniversario del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Evo Morales Ayma; Presidente de la República de Bolivia, Carlos Lage Dávila, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba; Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua; todos representantes de los países miembros del ALBA; y contando con la presencia de René Preval, Presidente de la República de Haití; Maria Fernanda Espinosa, Canciller de la República de Ecuador; Reginald Austrie, Ministro de Energía y Obras Públicas de la Mancomunidad de Dominica; Assim Martin, Ministro de Obras Públicas, Transporte, Correos y Energía de la Federación de San Crist& oacute;bal y Nieves; Julian Francis, Ministro de la Vivienda, Asentamientos Humanos Informales, Planificación Física y Tierra de San Vicente y las Granadinas y Eduardo Bonomi, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, en calidad de invitados especiales y observadores de esta Cumbre, efectuada los días 28 y 29 de abril de 2007, realizaron una completa evaluación del desarrollo de los programas y proyectos aprobados en el Primer Plan Estratégico del ALBA, así como de las acciones de cooperación e integración desplegadas durante el año 2006 en la República de Bolivia y la República de Nicaragua y los hermanos países del Caribe.

En el curso del debate sostenido en un clima de fraternidad y hermandad, ratificamos la idea de que el principio rector de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que puedan negar el objetivo de construir la Patria Grande que soñaron los próceres y héroes de nuestras luchas emancipadoras.

La integración y unión de América Latina y el Caribe a partir de un modelo de desarrollo independiente que priorice la complementariedad económica regional, haga realidad la voluntad de promover el desarrollo de todos y fortalezca una cooperación genuina basada en el respeto mutuo y solidaridad, ya no es una simple quimera, sino una realidad tangible que se ha manifestado en estos años en los programas de alfabetización y salud, que han permitido a miles de latinoamericanos avanzar en el camino de la superación real de la pobreza; en la cooperación dada en materia energética y financiera a los países del Caribe, que está contribuyendo decisivamente al progreso de estos pueblos hermanos; en el incremento sostenido del comercio compensado y justo entre Cuba y Venezuela, y en el conjunto de empresas mixtas conformadas entre ambos en diversas ramas productivas; en el importante apoyo de financiamiento directo brindado a Bolivia para el cumplimiento de diversos programas sociales, en el conjunto de proyectos identificados para la constitución de empresas mixtas binacionales; en todo el proceso de impulso que estamos brindando al Gobierno Sandinista de Nicaragua que en tan solo escasos meses está produciendo efectos altamente positivos en las áreas de generación eléctrica, producción agrícola, suministros de insumos para la industrias, entre otras áreas.

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos de sus recursos naturales – incluido su potencial energético-, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres, ha demostrado su fuerza y viabilidad como una alternativa de justicia frente al neoliberalismo y la inequidad.

El ALBA está demostrando con estadísticas concretas que el libre comercio no es capaz de generar los cambios sociales requeridos, y que puede más la voluntad política como sustento de la definición conciente de programas de acción encaminados hacia la erradicación de los dramas sociales de millones de seres humanos en nuestro continente.

En virtud de los antes expresado los Jefes de Estado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en representación de sus respectivos pueblos, reafirmaron su determinación de seguir avanzando y profundizando la construcción del ALBA, en el entendido de que esta alternativa constituye una alianza política estratégica, cuyo propósito fundamental en el mediano plazo es producir transformaciones estructurales en las formaciones económico-sociales de las naciones que la integran, para hacer posible un desarrollo compartido, capaz de garantizar la inserción exitosa y sostenible en los procesos de producción e intercambio del mundo actual, para colocar la política y la economía al servicio de los seres humanos.

En el contexto en que toma cuerpo, el ALBA constituye el primer esfuerzo histórico de construcción de un proyecto global latinoamericano desde una posición política favorable. Desde la Revolución Cubana, las fuerzas progresistas del continente, bien desde la oposición o desde el poder, lo que habían hecho era acumular fuerzas para resistir la ofensiva del imperio (Cuba es la excepción porque no solo logró sobrevivir, sino que edificó una sociedad cualitativamente superior, desplegando al mismo tiempo una trascendente labor de apoyo internacionalista a los países más pobres, en medio de un espantoso bloqueo por parte del imperialismo norteamericano); es con el nacimiento del ALBA que las fuerzas revolucionarias hemos podido pasar a una nueva situación que bien pudiéramos def inir como de acumulación de la fuerza política necesaria para la consolidación del cambio que se ha producido en la correlación de fuerzas políticas de nuestro continente.

Ante nosotros se abren nuevas perspectivas de integración y fusión que forman parte del salto cualitativo que están promoviendo los profundos vínculos de cooperación que hemos establecido en estos años. Por tal razón estamos comprometidos a llevar adelante la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo tipo, que produzcan mayores beneficios a nuestros pueblos, mediante la utilización racional de los recursos y activos de nuestros países, para lo cual se requiere avanzar en la conformación de empresas Grannacionales, estableciendo y consolidando los acuerdos normativos e institucionales necesarios para la cooperación; instrumentando estrategias y programas Grannacionales conjuntos de todos nuestros países en materias como: educación, salud, energí ;a, comunicación, transporte, vivienda, vialidad, alimentación, entre otros; promoviendo de manera conciente y organizada la ampliación del Tratado de Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados; llevando adelante programas para el uso racional de los recursos energéticos renovables y no renovables, construyendo una estrategia de seguridad alimentaria común a todas nuestras naciones; ampliando la cooperación en materia de formación de recursos humanos; y fundando nuevas estructuras para el fortalecimiento de nuestra capacidad de financiamiento de los grandes proyectos Grannacionales.

Reiteraron su convicción de que solo un proceso de integración entre los pueblos de Nuestra América, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de cada país y garantice que todas las naciones se beneficien de este proceso, permitirá superar la espiral degradante del subdesarrollo impuesto a nuestra región.

En esta V Cumbre hemos visto con mucho regocijo el contenido de la Declaración Política firmada el 17 de febrero en San Vicente y las Granadinas por los Primeros Ministros Roosevelt Skerrit, de la Mancomunidad de Dominica; Ralph Gonsálves, de San Vicente y las Granadinas, Winston Baldwin Spencer, de Antigua y Barbuda y Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual manifiestan su voluntad de propiciar la más profunda cooperación y unidad entre la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los Estados signatarios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, de manera que sus beneficios sociales y las posibilidades de un desarrollo económico sustentable con independencia y soberanía sea igual para todos, to do lo cual comienza a materializarse con la presencia en esta V Cumbre de nuestros hermanos del Caribe.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, acordaron suscribir la presente Declaración en la convicción de que la misma abre el camino hacia una nueva fase de consolidación estratégica y avance político de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la perspectiva histórica de poder realizar los sueños de nuestros Libertadores de construcción de la Patria Grande Latinoamericana y Caribeña.

Hecho en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, a los 29 días del mes abril de 2007.

Por la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, Presidente de la República

Por el Gobierno de la República de Bolivia, Evo Morales, Presidente de la República

Por la República de Cuba, Carlos Lage, Vicepresidente de la República

Por el Gobierno de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, Presidente de la República

(PL y agencias).- La V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) es hoy la historia de la consecución de un modelo integracionista inédito en la historia de la región latinoamericana y caribeña. El presidente de Venezuela, prescription Hugo Chávez, resumió la esencia de dos sesiones de trabajo de la cita de mandatarios y altos representantes al decir que “la historia de los pueblos se ha puesto de nuevo en marcha”.
 
Chávez clausuró la V Cumbre del ALBA, cuyo último segmento fue la reunión de los presidentes con los representantes de los movimientos sociales de la región. El presidente venezolano pidió a su colega boliviano, Evo Morales, que a manera de epílogo pronunciara en lengua aymara la frase dicha al morir por el héroe de la resistencia indígena Tupac Katari: “Hoy muero, pero volveré hecho millones”.
 
Con el simbolismo de esa expresión de unos de los precursores de la independencia americana concluyó el evento que durante el fin de semana sesionó a 350 kilómetros al oeste de Caracas.
 
Los presidentes Chávez y Morales, en unión del vicepresidente cubano Carlos Lage y el jefe de estado de Nicaragua, Daniel Ortega, firmaron los ocho instrumentos jurídicos emanados de la cita por la integración y la solidaridad entre las cuatro naciones que forman la alianza, más Haití.
 
La declaración política de la V Cumbre estableció entre otros aspectos el organigrama organizativo del ALBA, que incluye los Consejos de Presidentes, de Ministros y de Movimientos Sociales. La estructura está encabezada por el Consejo de presidentes y seguido por sendos Consejos de Ministros y de Movimientos Sociales y una Secretaría Permanente. En la parte inferior del esquema aparecen diversas comisiones dedicadas a los asuntos políticos, económicos, sociales, energéticos, medio ambiente y otros.
 
También el documento final recogió una condena a la liberación en estados Unidos del terrorista internacional Luis Posada Carriles y de apoyo al gobierno de Venezuela en su decisión soberana de no renovar la licencia al canal Radio Caracas Televisión.
 
Los países miembros denunciaron la Convención del Consejo Internacional de Arbitraje e Inversiones y anunciaron su retirada del organismo, con la excepción de Cuba, que nunca perteneció.
 
La Cumbre acordó los llamados Proyectos ALBA en las áreas de educación, cultura, comercio justo, finanzas, salud, alimentación, telecomunicaciones, turismo, minería, industria y energía. Chávez adelantó la posibilidad de realizar una reunión trilateral con Morales y Lage para firmar una serie de acuerdos que están en proceso.
 
Anteriormente el ministro de Industrias Básicas y Minería de Venezuela, José Khan, informó la posibilidad de establecer varias alianzas estratégicas con los países participantes en la cumbre para conformar empresas mixtas. Adelantó que uno de ellos dará lugar a una empresa mixta con Cuba, instalada en Venezuela, capaz de producir 500 millones de toneladas de acero inoxidable anualmente.
 
También se proyecta crear una empresa cubano-venezolana de ferroníquel en la isla con capacidad para 68 mil toneladas al año. Con Nicaragua se realizan estudios para crear en esa nación una empresa de aluminio con cinco líneas, orientada al mercado interno de Nicaragua y Latinoamérica. También con Bolivia se acordó trabajar para la extracción de sus grandes reservas de mineral de hierro, instalar una acería y dos fábricas de cemento.
 
El resto de los instrumentos jurídicos de la cumbre estuvieron enmarcados en el sector energético con acuerdos con Venezuela de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Haití. Uno de los documentos rubricados por los jefes de estado está orientado a cambiar la matriz energética de las naciones integrantes de la alianza, las cuales implementarán mecanismos para elevar el consumo del gas en sustitución de otros combustibles más caros y contaminadores.
 
El presidente Chávez abogó porque para la próxima Cumbre los movimientos sociales de la región se incorporen a todos los proyectos del ALBA.
 
Chávez Frías indicó que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) debe marchar en el futuro hacia una especie de Confederación de Repúblicas. El líder venezolano instó a incorporarse al ALBA a los países que se encuentran invitados en esta cumbre. “Desde aquí le envío la invitación a que consideren su incorporación al ALBA, de forma tal que podamos trabajar mucho más a fondo, creando nuevas estructuras bilaterales o multilaterales para apuntalar los procesos productivos”.
 
Asimismo, llamó a la consolidación de los gobiernos, “es una tarea de todos nosotros, ayudar a que cada gobierno del ALBA y nuestros amigos aliados se consoliden”.
 
Chávez señaló que el ALBA no está orientado -desde el punto de vista ideológico- por el socialismo como modelo único, “sin embargo buena parte de los gobiernos del ALBA hemos asumido el socialismo, y más allá del ALBA, el socialismo crece como perspectiva, como idea, como bandera. Hemos visto al presidente Correa levantar desde el Ecuador las banderas del socialismo alfarista y bolivariano”.
http://www.boliviasoberana.org

Luis Suárez Salazar

In his best-known work, treatment Cuban independence hero José Martí called for no less than a “second independence of our América” in the face of American imperialism,
or as he termed it, “la Roma Americana” (the American Rome). For Cuba’s revolutionary government, this required—and still requires—the deployment of an active, multifaceted foreign policy to recalibrate the overwhelming asymmetry of power between Cuba and the United States.

On September 2, 1960, in response to the already recurrent aggressions of the U.S. government against the young Revolution and to a resolution approved at the Organization of American States (OAS) just days before, Cuba’s National General Assembly ratified the “First Declaration of Havana.” Still a cornerstone of Cuban foreign policy, the Declaration announced Cuba’s “friendship with the peoples of the world,” and it asserted the country’s right to establish official relations with all governments that sought them—including the Soviet Union, China and others in the then-called “socialist camp.” In its second article, the Declaration condemned “the open and criminal intervention exercised by North American imperialism for more than a century over all the countries of Latin America.”1

Since then, I would argue, Cuban foreign policy has retained a clearly consistent trajectory—from its foundational ideas and its choices of regional and international bodies in which to participate, to the strengthening of its diverse international alliances. For example, in opposition to U.S.-dominated “Pan-Americanism,” the Revolution has always posited the doctrine of latinoamericanismo, adopted in the Cuban Constitution of 1976, which seeks the “integration of Latin American and Caribbean nations that have been liberated of external domination and internal oppression into a community of brotherly nations committed to national and social progress joined by a common history and struggle against colonialism, neocolonialism and imperialism.”2 But as these conditions remain unfulfilled, Cuban authorities have generally maintained a critical stance toward existing regional inter-governmental organizations—be they political coalitions, cooperation agreements or economic integration efforts.

It is no surprise, then, that Cuba has only fully incorporated itself into regional international organizations that do not question its political system, and those in which the United States either does not participate or does not wield veto power: the Pan American Health Organization (PAHO), the Latin American Energy Organization (OLADE), the Latin American Economic System (SELA), the Ibero-American conferences, the Association of Caribbean States (ACS-AES) and others. And given the Cuban economy’s socialist base, the country does not participate in regional integration schemes that function within the neoliberal capitalist matrix: the Central American Economic Integration System (SIECA), the Caribbean Community (Caricom), the Andean Community (CAN) and the Southern Common Market (Mercosur). These integration efforts surged or regained momentum at the height of the so-called “Washington Consensus,” which prescribed a diminished role for the state in social and economic affairs, privatization, deregulation, labor flexibilization and other drastic policies.

Yet amid the formation of these blocs, Cuba has maneuvered its way by signing mutually acceptable, yet limited, cooperation agreements—as with Caricom in 2002, allowing for mutual market access as well as cooperation in trade, tourism and other areas, and the creation of a school to train eastern Caribbean health professionals in treating HIV/AIDS.3 In the case of the Latin American Association for Integration (ALADI), established in 1980 and which Cuba joined in 1996, the government has reached several “partial scope” (involving fewer than the 12 member countries) economic complementation agreements. And in light of the positive political changes in Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay since 2002, Cuba has sought a “4+1” agreement—allowing trade but short of full membership—with Mercosur, which is slated to induct Venezuela as a full member.

In contrast to such openings, the Cuban state has consistently rejected the prevailing U.S.-dominated Inter-American system, including the OAS, the Inter-American Defense Board and, in the last decade, the Summit of the Americas process—particularly its negotiations over a Free Trade Area of the Americas (FTAA). Cuba has expressed some of its harshest criticisms over recent moves by these institutions to pave the way for “collective democratic interventions” in the internal affairs of nations, as embodied in the OAS’s “Inter-American Democratic Charter.” In a similar vein, the OAS-ratified “Inter-American Convention Against Terrorism” requires its signatories to ascribe to the insidious notions of “hemispheric security” defined by the current U.S. administration and its allies.

For these reasons, reentry into the OAS (from which Cuba was illegally suspended in 1962) and participation in the Summit of the Americas process (to which Cuba was never invited) do not form part of Cuba’s foreign policy objectives. Cuba has categorically opposed a long list of foreign interventions (whether direct or indirect, individual or “collective”) in Cuban affairs and those of its neighbors that were led by the U.S. government—with the consent or tacit support of the OAS.

Besides withstanding relentless attack by ten u.s. presidential administrations, the Revolution has also managed to express its internationalist solidarity with a multitude of struggles for democracy and movements for national and social liberation in the Americas and beyond. It has done so regardless of the social position or political affiliation of their protagonists; of their forms of struggle (armed or unarmed); or of their level of identification with socialist ideals. The varied episodes of internationalist assistance offered by Cuba are well known and need only brief mention: Guyana’s People’s Progressive Party (PPP) government in the 1960s; Salvador Allende’s Popular Unity (UP) in Chile; the military nationalist reformers in Ecuador, Panama and Peru; the positive changes that marked the 1970s in both Jamaica and Guyana; the popular revolutions in Grenada and Nicaragua; and, more recently, the “Bolivarian Revolution” underway in Venezuela. The type of assistance depended on, among other factors, the willingness of the political actors involved, official Cuban opinion on their reliability and the international alignment of forces (including the island’s ties with each respective government of the region).

Yet Cuba’s solidarity with popular, democratic and anti-imperialist struggles has not prevented it—for the most part—from establishing and maintaining relations of mutual respect with the region’s governments that do not interfere in the island’s internal and external affairs. Tense relations and even diplomatic crises, of course, do flare up occasionally, as sometimes happens when Latin American governments support the anti-Cuba resolutions hatched by the White House at the UN Commission on Human Rights. But recent diplomatic rows between Cuba and Latin American states—Mexico, Panama and Uruguay—have been overcome and relatively cordial relations have been restored.4 Cuba now maintains diplomatic relations with 30 of the 32 states of Latin America and the Caribbean, excluding only El Salvador, which does not maintain official relations with the island, and Costa Rica, with which bilateral relations have not gone beyond the consular level since 1959.

As a testament of its goodwill, and independent of its diplomatic or commercial relations on a governmental level, the Cuban state has always offered humanitarian aid to countries afflicted by the social catastrophes that stem from the region’s frequent natural phenomena—hurricanes, earthquakes and volcanic eruptions. In some cases, as with Cuba’s offer to send doctors and supplies to the victims of Hurricane Katrina in the United States, this aid has been rejected. But the island’s medical expertise has helped combat regional pandemics like the mosquito-transmitted dengue hemorrhagic fever. To carry through these projects Cuba lends the services of doctors and healthcare workers through inter-governmental agreements with each nation. For the sustainability of this and similar programs, in 1999 the government inaugurated the Latin American School of Medical Sciences in Havana. The school currently has 8,922 students from 27 countries of the Western Hemisphere, including 71 from the United States. When these students graduate, they will join the 43,000 other students from 120 countries with medium and higher education diplomas provided by scholarships from the Cuban government; more than 20% of these graduates are Latin American and Caribbean.5

As part of the Comprehensive Cooperation Agreement signed with Venezuela in October 2000, Cuba agreed to send 20,000 doctors and healthcare workers to assist Venezuela’s Barrio Adentro (Into the Barrio) healthcare programs, which have provided free medical attention to 17 million poor Venezuelans. At a speech last April at the Karl Marx Theater in Havana, President Hugo Chávez of Venezuela told the audience that so far 90,000 Venezuelans had received medical attention in Cuba, of which some 20,000 had recovered their sight through an effort dubbed “Operation Miracle.” And with Cuba’s assistance, Chávez expects his government’s Misión Robinson education programs in the barrios will teach more than 1.4 million Venezuelans how to read and write.6 As a result of these efforts, Venezuela announced in October that it was an “illiteracy-free territory,” a claim certified by UNESCO.

Despite the White House’s efforts to portray Cuba as a threat to regional stability and security, the island’s economic and commercial relations with the countries of the Western Hemisphere (including Canada) have improved drastically in the last 15 years. This trend will continue in light of Cuba’s deepening political and economic relationship with Venezuela.

Today, cuba’s early engagement within latin america and the Caribbean finds continuity in the nascent Bolivarian Alternative of the Americas (ALBA). Spurred since 2001 by Venezuelan President Hugo Chávez, the ALBA stands in stark contrast to the designs of the new Pan-American order envisioned by the U.S. government. Although the project is still in its infancy, it represents nothing less than a bold new paradigm for the multinational integration of Latin America and the Caribbean.

In December 2004, the two governments signed a joint declaration that defined 12 articles forming “the principles and cardinal bases guiding the ALBA.” Taking radical anti-imperialist positions—unlike their counterparts in Argentina, Brazil and Uruguay—Chávez and Castro characterized the U.S.-sponsored FTAA as “the most hollow expression of [U.S.] appetites for domination over the region.” They also recognized that integration processes underway in the region, “far from responding to the objectives of independent development and economic complementarity, have served as one more mechanism that deepens external dependency and domination.”7

The ALBA—which Chávez calls “the dawn of a new era”—contains provisions that seek to address the varied levels of development of each member state by providing for special and differential agreements so that each “nation is guaranteed a share in the benefits of the integration process.” The declaration also calls for the ALBA members to privilege “economic cooperation and complementarity over competition between countries and products.”

Another important aspect of the ALBA involves attempts to wean Latin America and the Caribbean away from their overdependence on foreign, extra-regional investors. To this end, the two presidents announced the creation of a Latin American Investment Fund, a Development Bank of the South and what resembles an international Latin American credit union. According to the document, such projects are based on the supposition that “commerce and investment are not ends in themselves, but instruments that make possible a just and sustainable development process. True integration cannot be left to the market nor be conceived as a simple strategy to expand foreign markets and stimulate commerce. Integration instead requires the effective involvement of the state as a regulator and coordinator of economic activity.”

On the diplomatic front, the ALBA calls for coordinated positions in the multilateral sphere and in negotiations with non-member states and other regional blocs. On this point, the declaration explicitly includes efforts to promote greater democracy and transparency in international organizations, particularly citing the UN and its branches.

The December 14, 2004, accords concretized the goals and application of the ALBA, deepening and broadening Venezuela and Cuba’s bilateral Comprehensive Cooperation Agreement of 2000. The agreement is nothing short of a milestone in the outward projection of the Cuban Revolution, because for the first time in its history, it has ratified an agreement leading to the multifaceted integration of Cuba with another Latin American country. The two governments confirmed this by signing a strategic implementation plan in April 2005, and again six months later by ratifying 192 joint projects with an earmarked budget of more than $800 million funded by Cuba and Venezuela.8

Among these projects, Cuba’s medical support will help Venezuela’s construction of 600 comprehensive health clinics, 600 rehabilitation and physical therapy centers and 35 centers fully equipped with top medical technology—all offered to Venezuelans free of charge by trained professionals. As a testament of its solidarity, and notwithstanding the strong strains it causes in Cubans’ own medical coverage, Havana has begun sending up to 30,000 of its healthcare workers and doctors to Venezuela to staff these medical centers and to support the Barrio Adentro program. A portion of these professionals will also train a new cadre of 40,000 doctors and 5,000 healthcare workers. Meanwhile, back in Cuba, 10,000 aspiring Venezuelan doctors and nurses will receive training, and an estimated 100,000 Venezuelans will receive medical attention for ophthalmologic diseases. Cuba will also maintain its commitment to supporting education through the sixth grade, and strengthening education programs for high school, skilled labor and higher education.

For its part, the Venezuelan government plans to reciprocate with a supply of approximately 90,000 barrels of oil a day as well as other industrial products, technology transfers and scholarships for Cubans to enroll in specialized energy-sector degree programs. Venezuela also agreed to issue credit and will undertake joint investments with the Cuban state in sectors of strategic importance to both countries: nickel, steel, port facility development, shipping, information communications technologies, electricity production, and oil storage and refining.9

Venezuelan assistance will spur Cuba’s fledgling energy sector—which has recently partnered with foreign firms in exploratory drilling projects—with the added benefit of helping Venezuela’s state-run company, PDVSA, cut its costs in supplying oil to Cuba and, from there, to other Caribbean nations. This forms part of Chávez’s strategic vision of building a state-run regional energy conglomerate called PetroAmérica.

In September 2005, Venezuela, Cuba, the Dominican Republic and 11 member-states of Caricom ratified the final text of an Energy Cooperation Accord at the Second Caribbean Energy Summit held in Jamaica.10 The agreement establishes PetroCaribe as a regional body charged with coordinating the energy policies of its member-states. Venezuela will directly supply the signatories with oil and petroleum-based products under preferential terms. Signatories will receive oil under long-term financing agreements (17 to 25 years) with one percent interest. In cases of deferred payments, “Venezuela shall be able to determine the portion that shall be paid with goods and services for which it shall offer preferential rates,” says the agreement.11 One observer considers the oil deal “an example of the special and differential treatment of less developed nations” that guides the ALBA.12

What’s more, the agreement establishes the “ALBA-Caribbean Fund.” With a startup investment of $50 million from Venezuela, the fund seeks to foment employment, productive activities and services as well as to contribute to cultural, education, sports and public health programs. According to the document, “funds will also be contributed from financial and non-financial instruments. Such contributions may, upon agreement, be drawn from the financed portion of oil invoicing and the savings from direct trade.”

These agreements are indeed historic, but they must now confront the practical difficulties posed by the varying political will of each signatory government. They are also dependent on the evolution of Venezuela’s political and economic situation, so by implication are subject to the excesses and hostilities of powerful U.S. interests. And as the recent Summit of the Americas in Mar del Plata, Argentina showed, despite the public showing of anti-U.S. sentiment, the leadership of most Latin American and Caribbean countries are still willing to fall in line behind the United States in pursuing FTAA negotiations.

As agreements between Cuba and Venezuela progress, the content of the ALBA will continue to be defined. Already, mechanisms are being designed to facilitate the participation of municipal, provincial or state governments in securing the genuine integration of the region from within and from below.

Despite the differing points of view that exist between Venezuela and Cuba and the majority of Latin American and Caribbean countries, if the energy sector agreements between Venezuela and Argentina, Bolivia, Brazil, Chile and Uruguay as well as PetroCaribe are any indication, it would seem that promising opportunities are emerging for broadening these agreements with existing and future governments of the region.

If such a wave of resistance materializes forcefully, it could tip the scales in cooperation projects, economic integration efforts and political alliances toward new paradigms of self-sustained, long-term development and a genuine integration of Latin America and the Caribbean. In these efforts, countries must not only make a radical break with the “structural adjustment programs” promoted by the Washington Consensus, but they must also specifically reformulate the UN’s Economic Commission on Latin America and the Caribbean’s (ECLAC) outward-oriented development strategies of “open regionalism” and “productive transformation with equity”—conventional market-based proposals of the past decade’s neoliberal reforms.13 The rise of inequality in what is already the most unequal region of the world should make the failure of this approach readily apparent. Furthermore, the forecasted productive transformation has not materialized, and any “progress” has come at considerable social and environmental cost.

“Open regionalism” has decidedly failed to deliver the deep multinational integration the region demands. The majority of projects have been oriented toward what Gustavo Magariños, the former Secretary General of ALADI, calls “coercive integration” with the United States and “integration at arm’s length” with the European Union.14 Until recently, the centrifugal forces of U.S.-dependent integration like NAFTA, and the piecemeal liberalization of the hemisphere, have trounced centripetal forces that, in theory, should be driving processes of multinational integration. In fact, it could be said there is always more “opening” and less “regionalism.”15

The ALBA declaration reasons that the rise of massive economic blocs in the global economy have made the integration of Latin America and Caribbean an indispensable requisite for regional development, but adds that such a process must be driven by concerted efforts for cooperation, solidarity and common will—the only way for “the hopes and necessities of Latin American and Caribbean countries [to] be satisfied and their independence, sovereignty and identity preserved.” It is for these reasons, among others, that the departure point for a paradigm shift in regional integration efforts must be a practical and theoretical critique of neoliberal capitalism. As the Cuban Revolution has proclaimed since 1959, only in this way will the dream of those who have fought for Latin America’s first independence—and the coming one—be realized.

Notes

1. Primera Declaración de La Habana, en Cinco Documentos (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1971).
2. Constitución de la República de Cuba, Departamento Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
3. Norman Girvan, “Cuba, CARICOM Cement Ties,” Dec. 9, 2002. See ACS Web site: http://www.acs-aec.org/column/index63.htm.
4. In the case of Mexico, bilateral relations have chilled during the government of Vicente Fox (2000-2006). Uruguay under President Jorge Batlle (2001-2005) broke off relations with Cuba. Relations with Panama were severed in 2004 over then-President Mireya Moscoso’s pardon of five Cuban terrorists engaged in plots against Cuba and a plan to assassinate President Fidel Castro during his trip to the Tenth Ibero-American conference held in Panama in 2000. Relations were restored in 2005 with the new Panamanian and Uruguayan administrations.
5. Departamento de Cooperación Internacional, Globalizando la solidaridad (La Habana: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2005), pp. 3 and 12.
6. Hugo Chávez, ALBA: Amanecer de una nueva era (La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2005).
7. “Declaración conjunta del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de la República de Cuba, Fidel Castro, y del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez,” Granma, December 15, 2004.
8. Ventura De Jesús and Jorge Baños, “Cuba y Venezuela consolidan y amplían la cooperación,” Granma, October 6, 2005, p. 1.
9. Inter Press Service, “Integración: Un proyecto de largo aliento,” Economic Press Service, No. 9, May 2005.
10. The only Caricom states that did not sign on to the deal are Barbados, Haiti and Trinidad and Tobago. The last has expressed fears of a dip in its oil profits with competition from PetroCaribe, while Haiti is under military occupation.
11.For text of this agreement, see: http://www.petroleumworld.com/storytt05071002.htm.
12. Osvaldo Martínez, “ALBA y ALCA: El dilema de la integración o la anexión,” Cubarte: Portal de la cultura cubana, La Habana, August 29, 2005.
13. CEPAL, “El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: La integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad,” Santiago de Chile, 1994.
14. Gustavo Magariños, Integración multinacional: Teoría y sistemas (Montevideo: ALADI/ORT, 2000).
15. Jaime Estay, “La globalización y sus significados,” en José Luis Calva (ed.), Globalización y bloques económicos: Realidades y mitos (Mexico, D.F.: Juan Pablo Editor S.A., 1995).


About the Author
Dr. Luis Suárez Salazar is a professor of history and political science at the Universidad de La Habana and the Instituto Superior de Relaciones Internacionales. His most recent book is El siglo XXI: Posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana. Translated from the Spanish by NACLA.

Published in NACLA Report on the Americas, Vol. 39, No. 4 January/February 2006

Venezuela's Bolivarian movement

Stephen Lendman

Venezuela today, drug under its democratically elected President, Hugo Chavez Frias, is imbued with the spirit of Bolivarianism and his Bolivarian Revolution. It’s based on the vision of Simon Bolivar, the Caracas born 17th and 18th century general who defeated the Spanish, liberated half of South America and believed in the redistributive policies that characterize the Chavez government. It also hopes to overcome what Bolivar perceptively characterized as the imperial curse “to plague Latin America with misery in the name of liberty.”

Chavez and his Movement for the Fifth Republic Party (MVR) have created the beginnings of a mass social and political revolution based on participatory democracy and social justice. In a nation in which 80% of the people are poor by any measure, Chavez is a populist hero with mass public support outside the minority middle and upper classes and business interests. He openly proclaims his desire and intent to transform Venezuela into a nation based on democratic socialism as an alternative to its capitalist past. In fact, however, his policies are more gradualist and closer to the European style social democracy than a textbook type socialist state. And since he took office, the private sector is a larger percent of the total economy than before his election, although Venezuela’s oil company, Petroleos de Venezuela SA (PDVSA) and backbone of the economy, is state owned. Nonetheless, instead of previous governments’ policy of recycling the nation’s petrodollars to the U.S., Chavez is using them to grow the Venezuelan economy and fund his social programs. It’s little wonder he engenders the great displeasure of the Bush administration intent on stopping him. It’s already tried to do it 3 times and failed.

Chavez was first elected in December, 1998 with 56% of the vote and began his presidency in February, 1999. >From the start, he began working to implement his vision by fulfilling one of his campaign promises to hold a nationwide referendum. This was done to let the people decide whether to convene a new National Constituent Assembly to draft a new constitution that reflected Chavez’s political ideology. It passed overwhelmingly and was followed 3 months later by elections to the Assembly to which members of Chavez’s MVR and selected allied parties formed the Polo Patriotico or Patriotic Axis. It won 95% of the seats enabling Chavez and his allies to draft the new 1999 constitution that changed the country’s official name from Venezuela to the Bolivarian Republic of Venezuela and set the nation on its new and revolutionary course.

The new constitution was put to a nationwide vote in December, 1999 and overwhelmingly approved. It took effect one year later and established the foundation and legal basis for President Chavez to move ahead with his desired structural changes for political, economic and social justice. A key provision of the new constitution (in Articles 83 – 85) mandated quality health care as a “fundamental social right and…responsibility of the state…to guarantee it…to improve the quality of life and common welfare.” It proposed doing it by establishing and administering a national public health system proscribed from being privitized. The constitution also banned discrimination, established the principle of participatory democracy for all Venezuelans, guaranteed free speech and the rights of the indigenous population, and mandated that the government make quality education available to all as well as housing and an improved social security pension system for seniors.

Chavez gained traction to begin implementing his policies in the elections held in July, 2000 for the new constitutionally mandated and less powerful unicameral National Assembly in which the Chavez coalition won a two-thirds majority. Chavez himself ran for a new 6 year term (instead of the 4 year one under the former constitution) and was reelected with 60% of the vote. This victory gave Chavez and his government a mandate to move ahead with his plan to transform the nation in the ways explained below.

THE BOLIVARIAN CIRCLES – THE HEART OF PARTICIPATORY DEMOCRACY

Democracy literally means government by the people. It’s the rule by and for common, ordinary people to insure the rights of the majority. In Venezuela, Bolivarian Circles reflect that spirit through direct volunteer public participation in the democratic process. Articles 166 and 192 of the new constitution establish citizen assemblies as a constitutional right to let people to fight for their rights. They allow ordinary people the right to participate in governing along with their elected officials. Founded as a result of a presidential call for them, these Circles in 2003 had over 2 million members. Many Circle activities are currently taken up by the various Misiones (Missions) that now comprise the heart of the government’s social programs. The Circles though play an important part in administering Mision programs in the communities and neighborhoods. They’re autonomous and function independently of political parties with government support but no direct government funding. Their purpose is to defend the Bolivarian Revolution and its constitution primarily on a local level. They also encourage and support people with common interests to organize through cooperatives, associations, committees, neighborhood groups and other formations to be partners with their elected officials in the political process and help form the policies that directly affect their lives and well-being.

Bolivarian Circles have included community and labor leaders working cooperatively with the usual disenfranchised people on local issues of providing health care, education, feeding the hungry, helping small business and much more. In addition, President Chavez implemented Plan Bolivar 2000 to allow the President authority to mobilize the Venezuelan Armed Forces to be used in poor areas of the country to provide health care, food, construction equipment, school tutoring and other services to those most in need.

The Chavez government is also promoting the spirit of cooperation further by encouraging privately owned companies to allow employees more direct say in and control over company operations in return for the government providing added working capital. Under the Chavez plan, companies agreeing would include workers on their boards and share profits with employee cooperatives. So far, almost 200 mostly small companies in need of financial help have voluntarily agreed to adopt this co-management plan, and the government hopes to attract many more.

SOCIAL DEVELOPMENT MISSIONS UNDER CHAVEZ

The Bolivarian Revolution has significantly improved the lives and welfare of the Venezuelan poor, the great majority of the population and Chavez’s base of support. They include a broad array of vital and innovative social programs called Misiones (or Missions) that include health care, education, food, housing, land reform, job training, micro-credit and more. The Chavez government has used its considerable oil profits and increased tax revenue to fund these programs. In 2004 state oil profits were $25 billion because of high oil prices and are likely much higher in 2005 as prices continued to rise and are still high. Many oil analysts, in fact, see continued high demand for a shrinking supply of world oil likely to keep prices for this commodity high and eventually go much higher. If so, Chavez will get the revenue he needs to continue and expand what he calls a “new socialist revolution.” Some of its elements – the important missions – include the following:

–Mision Bario Adentro (Mission Inside the Neighborhood)

This is a series of initiatives deployed in 3 distinct stages to provide free, comprehensive and high-quality community health and dental care in hospitals and clinics (aided by 20,000 Cuban doctors). More than 500 centers providing medical care have been built, all of them well equipped for the job. This mission also provides preventative medical help and advice to the millions of poor people in the shantytowns and barrios. It also links health to the economy, good nutrition, food security, culture, sports, education, and the environment and stresses the importance of the participation of local organizations and doctors living and working in the same communities.

–Mision Mercal

This program provides access to high quality produce, grains, dairy products and meat at affordable prices. It also provides the poor with better access to nutritious, safe, organic locally and nationally grown foods as well as attempting to increase Venezuela’s food sovereignty.

–Mision Robinson I

This mission uses volunteers to teach the poor to read and write. In 2004 it had raised the literacy rate to an impressive 99% of the population having so far enrolled nearly 1.4 million people, nearly 1.3 of whom have successfully completed the program. In the Americas, only Venezuela and Cuba have virtually eliminated illiteracy. In the U.S., the Department of Education estimates that over 20% of the population is functionally illiterate.

–Mision Robinson II

This mission was a continuation of Mision Robinson I and seeks to consolidate the literacy rates achieved as well as provide primary education in other areas. It has enrolled 1.2 million people and graduated a large majority of them with an elementary school education.

–Mision Ribas

This program at nearly 29 thousand education centers around the country provides a high school education to Venezuelans of all ages enabling them to receive a high school equivalency degree. Enrollment has reached nearly 1.5 million.

–Mision Sucre

This mission provides access to higher education to all Venezuelans with a high school or equivalency degree. It has enrolled nearly 275,000 people in various university level programs, and since 1999 has established 5 new universities. Unlike in the pre-Chavez era, education now is completely free through the university level and has been a boon to school enrollment.

–Misiones Guaicaipuro and Habitat

The purpose of Mision Guaicaipuro is to restore communal land titles and human rights to the country’s poor and indigenous peoples as well as defend their rights against resource and financial speculation by dominant business interests. It’s run by the Ministry of Environment and Natural Resources and has become the nation’s largest organized social movement. This program has led to the establishment of over 5,000 land committees representing 5 millions Venezuelans (20% of the population).

Urban Land Committees (CTUs) and the law allowing their creation stipulate that Venezuelans who live in homes they built on occupied land (the case for nearly all the poor) may petition the government for title to the land. This policy affects up to 60% of the population, and, for the first time ever, has given the poor in the barrios the legal right of ownership of the land they live on. Through mid-2005, 84,000 titles have been issued to 126,000 families benefitting about 630,000 people. However, this is just a modest beginning affecting about 6% of the barrio population.

Through this program, the Chavez government believes it’s repaying a social debt to the poor barrio inhabitants, who in the past 50 years have built more homes (on occupied land) than the government. Granting them titles to this land is the government’s way of recognizing and legalizing their contribution to Venezuelan society. This right is written into the new constitution (Article 82), and the program relieves the government of much of its responsibility to build public housing for the poor to help relieve a severe housing crisis.
Along with granting land title to the poor who have built their own homes, Mision Habitat is the government’s other initiative to help provide public housing for the poor without homes. Its goal is to build thousands of new and free housing units and develop integrated housing zones that provide access to all social services including health care and education.

–Mision Vuelvan Caras (Turn Around)

This is a cooperative program between the people and the government and is intended to transform the country socially and economically. It’s involved in training workers to give them needed skills for future employment. Its main objective is a nation more focused on social needs and achieving a higher standard of living for all Venezuelans.

THE VENEZUELAN ECONOMY UNDER CHAVEZ

It’s not hard to understand why Hugo Chavez currently has the highest approval rating of any president in the Americas – 77% based on the latest polling numbers. His government’s social programs explained above are providing vital services for the millions of poor that they never had before. And to make those programs possible the economy is performing very well.

In the 28 years before Chavez was elected, Venezuelan per capita income fell 35%, the worst decline in the region and one of the worst in the world. Since the Chavez government took office in 1999, the decline has been halted and per capita income has been flat through early 2004. It likely has risen since then as a result of the significant economic growth since late 2003. Venezuela’s National Institute of Statistics (INE) reported that in 2004 the economy grew by 17%. It then expanded by 7.5% and 11.1% respectively in the first two quarters of 2005 and about 10% in the third quarter. This was a major turnaround from the period preceding it that included the crippling oil strike of 2002-03 and the destabilizing effects of the short-lived coup deposing President Chavez for 2 days in April, 2002. During this period of growth, unemployment dropped from 14.5% in September 2004 to 11.1% one year later. Poverty levels also fell, and these data don’t include the enormous benefits to the poor from Chavez’s social policies that have significantly improved their lives and welfare.

Chavez’s ability to fund his Missions has been greatly aided by the sharp rise in oil prices since 2002. Venezuela is one of the world’s leading oil producers and exporters and has the largest hydrocarbon (oil and gas) reserves in the Western Hemisphere and the largest known reserves in the world outside of the Middle East. Since conditions stabilized following the aborted coup, the economy grew by 17% in 2004 and over 9% (quarter over quarter) in the first 9 months of 2005. This was the fastest growth in the hemisphere.

The government has also managed to increase the taxes it collects, even during the difficult oil strike causing a deep recession in 2003. It’s done it by requiring both foreign and domestically owned companies to pay the taxes they owe. Venezuela’s Oil Ministry is currently seeking additional tax payments it believes the nation is entitled to receive and will ask the National Assembly later this year to raise the income tax rate from 30% to 50% on 4 foreign owned heavy oil projects in the Orinoco river basin. These projects account for a fifth of Venezuela’s total oil production. In 2004, the government renegotiated service agreements 3 of the 4 foreign owned oil companies had with state owned PDVSA. Only ExxonMobil so far has declined to go along. Under new joint venture terms, foreign oil companies are limited to a minority 49% stake, reserving majority ownership for PDVSA. These new agreements became effective on January 1.

In another move just announced that won’t please the U.S., the Venezuelan Central bank approved using the euro to diversify away from the U.S. dollar. This move will allow the monetary authorities to make payments and purchases in euros as freely as with dollars and help the country reduce its dependence on the U.S., one of President Chavez’s goals.

The revenues from high oil prices and taxes collected have helped the government run a budget surplus while maintaining a high level of social spending. Currency controls imposed in 2003 have also stemmed capital flight, and now by approving the use of the euro, Chavez is taking one more step toward asserting the independence and sovereignty Venezuela seeks and deserves. As a result of these efforts, the nation’s public and foreign debt are moderate, and over $30 billion of reserves have been accumulated, and are likely rising, that can be used as a buffer if oil prices fall.

ALBA – THE CHAVEZ ALTERNATIVE TO THE WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) AND U.S. CRAFTED TRADE AGREEMENTS

Hugo Chavez is pursuing his own alternative plan to U.S. led neoliberalism that promotes economic policies benefiting corporate interests but at the expense of ordinary people, especially in developing nations. He calls it ALBA – the Bolivarian Alternative for the Americas. It’s aim is bold and innovative and in direct contradiction to the so-called “free market, free trade” agenda followed by the dominant developed nations (the Global North) especially the Triad nations – the U.S., European Union and Japan.

ALBA’s goal is to achieve a process of comprehensive integration among Latin American nations with the aim of developing “the social state” to benefit ordinary people, not the privileged elite. At its heart, it’s based on the principles of complementarity (not competition), solidarity (not domination), cooperation (not exploitation) and respect for each nation’s sovereignty free from the control of other nations and large corporations. Venezuela has recently joined with Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay in the Mercosur trading alliance that should strengthen ALBA further and increase the overall benefits of regional trade for the 5 participating nations and others being encouraged to join with them like Bolivia.

The trade agreements already adopted, like NAFTA, and those proposed like the FTAA and the Triad nation proposals and framework agreement at the just concluded so-called “Doha round” sixth WTO Ministerial Conference in Hong Kong only do the opposite. They serve the interests of giant transnational corporations in the Global North. The Hong Kong “agreement” left most major issues unresolved, and no important concessions were made to the developing nations. This is just the latest betrayal of promises made to the Global South and will be devastating to those nations bullied to accept it. Negotiations will now be continued at WTO Headquarters in Geneva in secret, but little further progress is expected. Twelve years of NAFTA have left carnage in Mexico, and WTO mandated current trade practices (especially in agriculture and services covered under GATS) and IMF and World Bank instituted structural adjustment have caused growing poverty and human misery throughout the developing, overexploited world. To help eliminate or at least reduce this extreme inequity and improve the lives of ordinary people throughout Latin America, President Chavez has proposed his revolutionary ALBA alternative.

ALBA is based on participating nations uniting in solidarity for the benefit of empowering their people, providing essential goods and services, achieving real economic growth at the grassroots and thus improving the lives of ordinary people and hopefully eliminating poverty. A key feature of the plan is the exchange of goods and services outside the usual international banking and corporate trading system. One example of this has been the exchange of Venezuelan oil and building materials to Cuba paid for in kind by Cuba sending 20,000 doctors to work in medical clinics and hospitals in the barrios as well as staffing literacy programs to teach Venezuelans to read and write. Venezuela is also currently negotiating an ALBA-type agreement with Argentina to trade its oil for Argentine cattle and dairy products. In both examples, no hard cash or currency changes hands. Participating nations can either trade with each other in these barter-like transactions or purchase with currency at reduced and affordable prices. Both parties in the transaction gain and their people reap the benefits.

Hugo Chavez has been at the epicenter of this innovative change and is enlisting support of other leaders in the region to join with him. Discussions have been held about establishing a Bank of the South to finance real development without the burden of debt. Also, innovative programs are being created in agriculture, health, education, energy security and more to overcome the problems created by decades of structural adjustment and corruption and centuries of colonization. At the recent Summit of the Americas, Chavez proposed an Alliance Against Hunger and Poverty plan and offered $10 billion dollars over the next decade to finance it.

For ALBA to succeed it will have to overcome major obstacles. The Bush administration will not sit idly by and just watch a continental restructuring take place that will harm U.S. corporate interests. For the U.S. and its corporate allies, Hugo Chavez poses a significant threat to their welfare. They will certainly try to overcome it by any means necessary as they have done many times in the past successfully, but so far, 3 unsuccessful attempts to unseat Chavez.

Despite clear U.S. intent and a Venezuela – U.S. power mismatch, don’t write a Chavez obituary just yet. His Bolivarian spirit is spreading and may become too much to counter even for the colossus from el norte. One view of things comes from Yale Senior Research Scholar Immanuel Wallerstein in his February, 2004 Nation Magazine article. In it Wallerstein expressed his belief that “neoliberal globalization has had its day; it is now dead.” Despite the inconclusive results from Hong Kong that hadn’t yet taken place, Wallerstein believes the old system of all “take” and no “give” by the Global North is over. “It was more or less buried at Cancun in September, 2003”, he wrote. For the South to open its markets to the North, it will now demand the North reciprocate. A key goal of Chavez’s Bolivarian Revolution is to assure that happens.

It should be noted that Venezuela was chosen as the site for the sixth World Social Forum as well as the second Social Forum of the Americas to be held in Caracas the week of January 24 – 29, 2006. These 2 events, which organizers hope to repeat annually, draw many thousands of attendees and many noted progressives and activists. As they grow in popularity, as the World Social Forum has been doing, they may also serve to help the Chavez government consolidate and expand his Bolivarian Revolution and encourage other developing nations in Latin America and elsewhere to begin their own.

LIKELY U.S. PLANS FOR REGIME CHANGE IN VENEZUELA

Destabilizing and overthrowing foreign leaders and governments it opposes is nothing new for the U.S. Ever since the National Security Act of 1947 established the Central Intelligence Agency (and National Security Council – NSC) replacing the disbanded wartime OSS intelligence agency, the CIA has engaged in activities far beyond information collection and analysis. It’s been involved many times in covert efforts supportive of U.S. foreign policy to include regime change in nations whose leaders were not subservient to U.S. interests. Beginning in 1953, CIA operative Kermit Roosevelt, grandson of Theodore Roosevelt and cousin of Franklin, successfully engineered a coup against Prime Minister Mohammad Mossadeq of Iran after he nationalized the Anglo-Iranian Oil Company following a dispute about revenue sharing. The CIA then helped carry out another successful coup ousting President Jacobo Arbenz in Guatemala in 1954 because of his modest land reform program the giant United Fruit Company in the country opposed. Since then to the present, this agency has had a long and tainted record of helping to destabilize and topple those governments the U.S. wishes to replace. Much of that has occurred in Latin America, most often by coup or assassination often disguised as an “accident” (like an “unfortunate” plane crash).

Investigative journalist and author Eva Golinger has uncovered top secret CIA documents, obtained through Freedom of Information Act (FOIA) requests, of U.S. involvement in the April, 2002 two day aborted coup temporarily ousting President Chavez. It involved CIA complicity and an intricate financing scheme beginning in 2001 involving the quasi-governmental agency National Endowment for Democracy (NED), funded entirely by the Congress, and the U.S. Agency for International Development (USAID). These agencies, in turn, provided funding to Chavez opposition groups (USAID through its Office of Transition Initiatives – OTI) which, in turn, were involved in staging the mass and violent street protests leading up to and on the day of the coup. NED and USAID also funded other destabilizing activities such as the crippling oil strike in late 2002 and 2003 and the August, 2004 recall referendum that failed to unseat the President. The documents Golinger obtained clearly showed the U.S. State Department, National Security Agency and White House had full knowledge of these activities and must have approved of them.

As it did in Haiti in February, 2004 after the U.S. led coup ousted President Aristide, the U.S. falsely claimed in April, 2002 that Chavez had resigned when, in fact, he’d been arrested by complicit high level officers in the Venezuelan military. After his arrest and removal from the Palacio De Miraflores (the Presidential Palace) Pedro Carmona, head of Venezuela’s confederation of business and industry (Fedecamaras) declared himself President, immediately dismissed the National Assembly and other democratic institutions and began to annul the Chavez Bolivarian reforms. All of this enraged Chavez supporters who rallied en masse, got the support of others in the Venezuelan military and forced the reinstatement of President Chavez two days later.

Since his return to office, President Chavez has clearly been on the U.S. target list as evidenced by U.S. involvement in the 2002-03 oil strike and failed 2004 recall referendum. Although unsuccessful in three attempts, U.S. intervention in the past has shown itself to be innovative and able to adopt new tactics after failed destabilization attempts. Because controlling Venezuela with its vast hydrocarbon reserves is so important to the U.S., it seems only a matter of time before the next attempt is made to depose Hugo Chavez. A fourth intervention most likely would occur either when Chavez runs for reelection in 2006 or possibly before he completes his current term.
Hugo Chavez himself believes there’s a U.S. plot to assassinate him. He may be right. There’s also some credible evidence of a 2004 coup attempt by neighboring Columbian forces who were arrested in May of that year at a ranch in Buruta just outside of Caracas. Those arrested said they were sent there to prepare an attack against a Venezuelan National Guard base to steal weapons and fully arm a 3,000 force militia.

Latin America expert James Petras, professor emeritus at Binghampton University, New York, has written that the U.S. has a strategy to overthrow Hugo Chavez by military force and at the same time destroy the Cuban revolution in a “two step” approach – “first overthrow the Chavez government in Venezuela, cut off the energy supply and trade links (to Cuba) and then proceed toward economic strangulation and military attack.” He also believes the U.S. will employ a “triangular strategy” to overthrow Chavez – “a military invasion from Columbia, U.S intervention (by air and sea attacks plus special forces to assassinate key officials) and an internal uprising by infiltrated terrorists and military traitors, supported by key media, financial and petrol elites.” In advance of this, the U.S. has provided $3 billion to Columbia in military aid (supposedly for the “drug war”) so it could triple the size of its military to over 275,000, add new helicopters and bombers and receive “advanced military technology.”

Prior to both the April, 2002 coup attempt and failed recall referendum and during the oil strike, the U.S. intensified its anti-Chavez rhetoric to condition the U.S. public to accept his forced removal as a positive change had it happened. That same demonizing rhetoric can be expected again in advance of the next U.S. attempt to oust Chavez and, in fact, it’s already begun. In early 2005, CIA chief Porter Goss testified before the U.S. Senate Select Committee on Intelligence on “Global Intelligence Challenges in 2005: Meeting Long-Term Challenges with a Long-Term Strategy.” In his testimony he referred to Venezuela as a “potential area for instability” and a “flashpoint.” He also claimed Hugo Chavez was “consolidating his power by using technically legal tactics to target his opponents and was meddling in the region.” Other administration officials claimed Chavez is “a negative force to the region” and a “new breed of authoritarianism.” And without a touch of irony, they have also called the Venezuelan government an “authoritarian democracy”, a “threat to democracy” and an “elected dictatorship” (clear oxymorons – Orwell would be pleased). And there’s more from Deputy Secretary of State Robert Zoellick stating about Chavez: “You win the election, but you do away with the rule of law, you pack the courts and (Chavez) is carrying out anti-democratic activities” like a dictator. The complicit U.S. corporate media, always in lockstep as a willing and shameless co-conspirator, has echoed these anti-Chavez sentiments portraying Chavez as a regional menace and threat to U.S. interests and security. If this type rhetoric continues and intensifies in the new year, it may be a clear sign something is brewing.

The U.S. also has established military bases in Peru, Ecuador, the Dominican Republic and has 500 troops with planes, weapons and equipment in Paraguay in advance of a new base planned for that country capable of handling large aircraft and accommodating 16,000 troops. It also has forces and radar stations in other Latin American countries including 800 troops in Columbia with the Bush administration’s stated intent in 2004 to raise the number to 1400. And, of course, there’s the controversial base at Guantamamo, Cuba used, in part, as a convenient offshore prison for “enemy combatants.”
This enhanced military strength in South America may indeed be in advance of a planned assault to remove Hugo Chavez. It may also be aimed at newly elected Bolivian President Evo Morales (an Aymara Indian and first ever indigenous president in Bolivia) and his Movement Toward Socialism party (MAS) who has expressed his intent to nationalize (but not confiscate) his country’s large gas reserves and other resources (especially water) to keep more of the country’s revenues at home to develop the economy and provide more services for its people. Morales won impressively with 54% of the vote (nearly double the 28.5% of his leading right wing opponent) and with a voter turnout of 84.5%. It’s likely that Morales actually received far more than a 54% majority because of a long history of voter manipulation and fraud in Bolivia and elsewhere in the region. The fact that he won so impressively only showed his support among the people was so strong, not even stealing some of it could stop him. And his popularity affected the legislative outcome as well as Morales’ MAS won a majority 64 seats in the 130 seat Chamber of Deputies. Morales will be inaugurated on January 22 and begin serving a 5 year term.
An early ominous sign against him is reflected in a Wall Street Journal editorial claiming Morales’ election “is more bad news for liberty in Latin America.” It went on to say the cocaleros (Quechua indigenous campesino coca farmers) he headed was a “radicalized political force….against all things American” and “the Morales economic platform doesn’t promise a future to Bolivians, only revenge.” In his first post-election diplomatic trip abroad, Morales chose to visit Fidel Castro to discuss relations between Bolivia and Cuba. Morales also plans to meet with Hugo Chavez and leaders of 7 other countries that invited him to visit at their expense (including China and France) as he begins a world tour in early January. The Bush administration will surely use at least the Castro and Chavez meetings in any future hostile Morales rhetoric to help justify any action against him they may have in mind.

Morales has only just been elected, so how he will, in fact, govern is uncertain. However, in early interviews he said his first move as President will be to overturn Supreme Decree 21060, the 1985 measure making Bolivia the first Latin American country to adopt “free market” and privatization policies by decree. Morales said he will work with the new Chamber to pass a new law governing economic policy. He also plans to impose new taxes on the rich. Should his plan as it’s implemented attempt to model his government after Venezuela’s and succeed in doing it, he no doubt would then become another U.S. target for removal.

Whether the U.S. will proceed with the plans Professor Petras says it’s made is unknown, but it may become clearer in the new year. Under the best of circumstances, however, achieving them won’t be easy despite the overwhelming U.S. military advantage. The mass public support Hugo Chavez enjoys would create chaos and probably rebellion in the country should a new U.S. approved leader take office and try to reverse his policies. Furthermore, the Bush administration may be restrained from acting against Chavez for at least the reasons below:

–the U.S. is already bogged down in Iraq in endless conflict.

–It’s ratcheting up the rhetoric against Iran and Syria possibly in advance of an assault against either or both countries.

–The great cost of the Iraq war, along with large growing and unsustainable budget and current account deficits, may preclude congressional and public support for added adventures.

–Bush’s approval ratings have plummeted, and he’s losing support from his base and own party, and the military high command wants “out” of Iraq.

–The newly revealed illegal warrantless domestic spying as well as illegal break-ins and surveillance of mosques and Muslim businesses and homes supposedly searching for nuclear materials (both clear violations of the Fourth Amendment) authorized secretly by Bush has finally aroused the ire of Democrats and some Republicans. They also violate the 2001 U.S. v. Kyllo Supreme Court decision that ruled the use of thermal imaging to detect heat lamps in a residence is a “search” as defined under the Fourth Amendment and requires a warrant. The decision was written by Justice Antonin Scalia.

–The ongoing Special Counsel investigation may lead to further indictments beyond Lewis Libby possibly up to the highest levels of the administration before its completed.

–The Jack Abramoff financial and political scandal involving Tom Delay and potentially many others in government may be one of biggest ever in Washington.

–The systemic use of torture authorized at the highest level and “rendition” flights to torture centers in countries permitting it have outraged the world. In addition, the weak McCain amendment will do little to stop it, and the newly enacted Graham Amendment that annuls detainees’ sacred constitutionally guaranteed habeas rights will prevent torture victims from seeking redress in U.S. courts. These new laws only add to the outrage.

–And, some in Congress are beginning to mention impeachment. Already, lawyer John Bonifaz has authored a new book making the case for impeachment entitled – “Warrior-King: The Case for Impeaching George W. Bush.” And University of Illinois law professor Francis Boyle, a scholar and recognized expert in international law and human rights, agrees, and in January, 2003 prepared a “Draft Impeachment Resolution Against President George W. Bush” in proper form to be presented in the House of Representatives. In addition, and surprisingly, even Barron’s Magazine, published by Dow Jones & Co. that also publishes the Wall Street Journal, raised the possibility in December of impeachment on its editorial page. It expressed its concern with a president acting on his own in violation of the Constitution and said…”putting the president above the Congress is an invitation to tyranny. The president has no powers except those specified in the Constitution and those enacted by law.” It’s also worth noting that John Dean, a Republican and former Nixon White House counsel, expressed deep concern that George Bush was the “first U.S. president (ever) to admit to an impeachable offense.”
In light of all this and the clear sound of an administration unraveling, even George Bush and those closest to him may think long and hard before undertaking new ventures, the outcomes of which are most uncertain. Stay tuned.

Stephen Lendman lives in Chicago and can be reached at lendmanstephen@sbcglobal.net

Os Movimentos Sociais e o Mercosul: Aproximações e Afastamentos


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

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Movimientos y organizaciones sociales de Argentina, pharmacy Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela pertenecientes a la Alianza Social Continental hacemos público nuestro llamado a los gobiernos de nuestros países para que maximicen sus esfuerzos para la plena integración de Venezuela al MERCOSUR, en el marco de los procedimientos legales exigidos por las leyes de los respectivos países.

Consideramos que este paso es vital para fortalecer la integración entre nuestros pueblos, sabiendo que este camino es la garantía de y para los pueblos del Sur. En el caso de la incorporación o inclusión de Venezuela al MERCOSUR, es necesario destacar el carácter estratégico de esta integración, que consolida la relación de los pueblos amazónicos de Brasil y Venezuela. El MERCOSUR aúna una perspectiva caribeña al amplio litoral atlántico, lo que significa importantes impactos políticos, sociales y económicos para nuestros pueblos.

Al mismo tiempo, alertamos contra las maniobras de las fuerzas opuestas a la integración, que quieren perjudicar o menoscabar el MERCOSUR y cualquier otra estrategia de integración soberana para Latinoamérica. Dichas fuerzas son las que insisten en resucitar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y son las mismas que defienden la estrategia de integración subordinada a la potencia estadounidense.

En esta ocasión, reafirmamos que el MERCOSUR tiene un potencial clave dentro del conjunto de iniciativas que apuntan hacia la integración de nuestros pueblos, una integración que actualmente excede la idea de libre comercio que impulsó originalmente este proceso regional.

Como afirmamos, hace algunos días atrás en la Cumbre Social de los Pueblos del Sur, realizada en Asunción del Paraguay, exigimos la aceleración del proceso de inclusión de Venezuela al MERCOSUR, porque creemos que la integración latinoamericana representa la definitiva independencia recuperación de la soberanía de nuestros pueblos.

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Quito – Ecuador, rx 25 de julio de 2007

 


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Quito – Ecuador, 25 de julio de 2007


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

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Quito – Ecuador, 25 de julio de 2007


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

1. Los representantes de los movimientos sociales y populares, sale site illness ONG, pilule try y gobiernos de los cinco países miembros del MERCOSUR, ailment no rx integrantes del programa Somos MERCOSUR, nos reunimos en Brasilia los días 13 y 14 de diciembre de 2006, durante la I Cumbre Social del MERCOSUR, actividad convocada en conjunto por el Foro Consultivo Económico y Social, la Comisión Parlamentaria Conjunta y la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR. Ratificamos en esaoportunidad la Agenda Social surgida del I Encuentro por un MERCOSUR Productivo y Social, evento realizado en julio de 2006, en Córdoba, Argentina, durante la XXX Reunión de Jefes de Estado del MERCOSUR.
2. Nuestras conclusiones expresan el consenso logrado por las delegaciones presentes y apuntan al fortalecimiento de la agenda social y de la participación ciudadana en el MERCOSUR. Los movimientos sociales y populares deben participar e incidir efectivamente en el proceso decisorio del MERCOSUR. Por lo tanto, proponemos la continuidad de esta experiencia, de modo que las Cumbres Sociales sean, de ahora en adelante, apoyadas por las Presidencias Pro Tempore como actividades permanentes del movimiento social, siempre realizadas en el marco de las Reuniones Presidenciales del MERCOSUR. Asimismo, proponemos que los gobiernos apoyen y estimulen la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los Sub-grupos de Trabajo y en las Reuniones Especializadas del MERCOSUR, y que sean creados mecanismos para incorporarlas como observadoras en el Grupo Mercado Común (GMC) y en el Consejo Mercado Común (CMC).
3. Coincidimos en que para avanzar hacia un MERCOSUR más efectivo y democrático es fundamental dar énfasis a las dimensiones política, social, laboral, ambiental y cultural da integración regional, complementando las dimensiones comercial y económica, superando el neoliberalismo. Convocamos los gobiernos a que implementen las directrices de la estrategia de desarrollo social integral y productivo surgidas de la XXX Reunión Presidencial del MERCOSUR.
4. Ratificamos, en el marco de la soberanía nacional, del multilateralismo y de la defensa de la paz, la importancia de fortalecer y ampliar el MERCOSUR, en articulación con los diversos procesos de integración que se están desarrollando en la región, particularmente en América del Sur. Destacamos la importancia de la Cumbre Social de los Pueblos, llevada a cabo recientemente en Cochabamba, Bolivia, durante la Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Destacamos los hechos positivos del MERCOSUR, y apelamos a la intensificación del diálogo y a la profundización de la dimensión política como camino mas adecuado para contribuir a la integración regional.
5. Saludamos la creación del Parlamento del MERCOSUR y asumimos el compromiso de colaborar con esa institución política con los indispensables aportes de los movimientos sociales, en la perspectiva de construcción de un MERCOSUR democrático y participativo. Destacamos la necesidad de que en el Parlamento del MERCOSUR haya una participación igualitaria de hombres y mujeres, y de que su agenda incluya, con el énfasis necesario, los temas de la igualdad de género, la igualdad étnico-racial y los derechos humanos.
6. Hacemos énfasis en que la ampliación de los horizontes de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el destino del MERCOSUR debe guiar la reforma institucional y apuntar al fortalecimiento de las políticas públicas regionales de carácter social, imprescindibles para garantizar la sustentabilidad del desarrollo del bloque y asegurar que los beneficios provenientes de la integración sean distribuidos de forma ecuánime, traduciéndose en mejora de la calidad de vida de nuestras poblaciones.
7. En ese marco, destacamos la importancia del fortalecimiento de las políticas regionales de educación que respeten y valoren la diversidad cultural, racial, étnica y de género y que incorporen como fundamento a los derechos humanos como elemento indisociable de la creación de una ciudadanía regional. Defendemos, especialmente la adopción de políticas de educación para la integración, de inclusión educacional de segmentos vulnerables, de las políticas de financiamiento para la educación y de la valorización, en todos los niveles, de los profesionales de la educación. Saludamos la realización del III Foro Educacional del MERCOSUR, realizado en Belo Horizonte en noviembre de 2006, y apoyamos sus conclusiones. Convocamos los gobiernos para que creen las condiciones para el desarrollo de la enseñanza de las lenguas portuguesa e española, idiomas oficiales del bloque, en todos los países del MERCOSUR. Es igualmente imprescindible garantizar la utilización, preservación y trasmisión de las lenguas maternas de las poblaciones originales de la región, especialmente en las áreas fronterizas.
8. Entendemos que el desarrollo social y económico del MERCOSUR pasa por la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de juventud que se articulen transversalmente con las políticas de educación, trabajo decente, cultura, salud, seguridad pública, intercambio de jóvenes, turismo, medio ambiente, deporte y ocio. Las políticas públicas de juventud deben ser tenidas como prioridad por todas las generaciones y deben, necesariamente, contemplar el estímulo a la participación de los jóvenes en las esferas de decisión del bloque.
9. Para construir un MERCOSUR verdaderamente democrático y participativo, consideramos fundamental formular una estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento, contemplando acuerdos para potencializar las redes regionales de información y comunicación pública y ciudadanas, con un sentido de equidad y respeto a la libertad de prensa, con la finalidad de aportar a la formación de una ciudadanía y una identidad común sudamericana.
10. Resaltamos la centralidad de la agenda del empleo y del trabajo digno para la estrategia de desarrollo y crecimiento del MERCOSUR. De este modo, abogamos por el cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y por garantías efectivas de funcionamiento del Observatorio del Mercado de Trabajo, de modo que sean ejecutadas las directrices de la Estrategia MERCOSUR de Crecimiento del Empleo. La articulación de las cadenas productivas, con el objetivo de generar condiciones para la creación de empresas y empleos dignos, y el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, constituyen los parámetros esenciales de esa estrategia. Exhortamos a que los gobiernos agilicen y simplifiquen la reglamentación de la circulación de trabajadores y trabajadoras en el MERCOSUR; creen mecanismos de armonización entre los países que puedan garantizar los derechos de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras; implementen el Plan Regional de Inspección del Trabajo; aceleren la armonización de las Normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Plan Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la plena incorporación de personas discapacitadas. Defendemos el derecho a la organización sindical de acuerdo con las normas internacionales del trabajo.
11. Entendemos que la salud es un derecho universal, integral, que promueve igualdad e implica participación, para que se logre el desarrollo con justicia social. Políticas conjuntas de salud constituyen una excepcional herramienta para promover la calidad de vida de nuestros pueblos, pues aseguran su bienestar. Los progresos obtenidos tienen fundamental importancia para complementar políticas de salud. Sin embargo, es necesaria una mayor articulación entre los países involucrados en el proceso, a fin de optimizar resultados, revisar y actualizar temas prioritarios y de interés común. Debemos atendera las alteraciones y a los avances en los aspectos asistenciales, sanitarios, tecnológicos, ambientales y de recursos humanos en los países del MERCOSUR y estimular, junto a la sociedad civil, la gestión participativa y el control social. Consideramos también la importancia de la creación del Observatorio de la Participación Social y Gestión Participativa en el MERCOSUR, integrado a las demás redes de observatorios existentes, promoviendo la articulación con la Comisión Intergubernamental de Sistemas de Información y Comunicación en Salud. (CISICS).
12. La reforma agraria, el combate a la violencia en el campo, el fortalecimiento de la agricultura familiar, de la economía solidaria, de la seguridad alimentaria y del cooperativismo, son acciones indispensables para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable. Estas acciones deben convertirse en prioridades de las políticas públicas de los países del bloque. Exhortamos a los Presidentes a que implementen las recomendaciones presentadas por la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) y por la Reunión Especializada sobre Cooperativismo (RECM). Defendemos todavía, la implementación en el MERCOSUR de las recomendaciones de la Declaración Final de la Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, aprobada en Porto Alegre, en Marzo de 2006.
13. Nos comprometemos con la promoción y la protección de los derechos humanos en el Mercosul y Estados asociados, saludando la creación del Grupo de Trabajo sobre Educación y Cultura en Derechos Humanos y enfatizando la importancia de garantizar el derecho a la verdad y a la memoria, reconocer las vulnerabilidades de los inmigrantes y refugiados en los países del bloque, establecer estrategias de cooperación contra la violencia y discriminación sexual, racial y étnica, la prostitución infantil y el tráfico de seres humanos y de elaborar una declaración de compromiso común para la promoción y la protección de los derechos del niño y del adolescente. Se debe dar especial atención a los derechos de los pueblos originarios, particularmente en las regiones de frontera.
14. Damos prioridad a la formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de los inmigrantes en los países del MERCOSUR y Estados Asociados, reconociendo el derecho humano a migrar como derecho a la libre circulación y fijación de residencia garantizado en convenciones, pactos y declaraciones internacionales, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad humana de todos los inmigrantes independientemente de su status migratorio, denunciando y cohibiendo las violaciones de derechos humanos en las fronteras y de la conducción inhumana de las deportaciones y expulsiones colectivas de extranjeros.
15. Destacamos la necesidad de una estrategia de desarrollo regional urbano, integrado y sustentable para el conjunto de ciudades. Para ello proponemos el reconocimiento, por parte de los gobiernos de los países del MERCOSUR, del derecho a la ciudad como un derecho humano fundamental. Los gobiernos deben garantizar las inversiones necesarias para el desarrollo de políticas urbanas que asuman el problema de la vivienda adecuada, del saneamiento ambiental y del acceso al transporte público de calidad, suministrando, al mismo tiempo, las condiciones para la creación de espacios de participación en la gestión de las ciudades. En esta misma línea, reafirmamos la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de los gobiernos locales y regionales en el MERCOSUR y reclamamos la instalación inmediata del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos.
16. Convocamos nuestros gobiernos a que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias y que promuevan la respectiva normativa del Mercosul con miras a la convergencia de los marcos jurídicos de esos derechos en nuestros países, respetando los derechos humanos de los inmigrantes independientemente de su status migratorio y multiplicando esfuerzos para combatir el tráfico de personas y la explotación sexual. Destacamos que las mujeres y los niños son más vulnerables y están más expuestos a las violaciones de esos derechos.
17. Convocamos a los gobiernos de los países del bloque a que destinen los recursos políticos y económicos necesarios para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Se debe priorizar asimismo la adopción de políticas públicas de atención a la salud reproductiva y sexual. Subrayamos la necesidad de que los gobiernos, en articulación con movimientos y organizaciones sociales, lleven a cabo los compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) así como las recomendaciones de la Reunión Especializada de la Mujer (REM).
18. Destacamos que el MERCOSUR debe contemplar el fortalecimiento y la ampliación de las dimensiones productiva y social de la integración. El cooperativismo y la economía solidaria deben ser apoyados por políticas regionales como instrumentos eficaces para la construcción de una sociedad más justa, para la generación de trabajo digno e ingresos, y para la inclusión de las poblaciones excluidas. Apoyamos la elaboración de políticas regionales de promoción a la pequeña y mediana empresa, el incentivo tecnológico y la producción de energías renovables con criterios de sustentabilidad socioambiental. También resaltamos la necesidad de que se establezcan acciones y una legislación común de estímulo al cooperativismo, a la capacitación, a la formación y al intercambio entre esos sectores, estimulando la estructuración de las cadenas productivas.
19. Propugnamos la promoción de inversiones para combatir las asimetrías entre los países y a la interna de los países del MERCOSUR, permitiendo una perspectiva conjunta de desarrollo socioeconómico, cohesión social, complementariedad, sinergias, convergencia estructural y fortalecimiento del proceso de integración. En este sentido destacamos la importancia de consolidar el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR como un instrumento de apoyo a las economías menores y destino de recursos para superar las asimetrías regionales. Entendemos que los recursos destinados al FOCEM deben ser ampliados y su accionar monitoreado por la sociedad civil. Además, es fundamental articular los mecanismos de financiamiento existentes a través de la construcción de un organismo regional de financiamiento al desarrollo en el MERCOSUR. Destacamos la importancia de armar una infraestructura correspondiente a los objetivos definidos.
20. Observamos que los elementos que definen un proyecto de desarrollo sustentable para la región deben regular la política comercial del MERCOSUR con terceros países, incentivando las cadenas productivas como propulsoras del desarrollo regional y aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas economías nacionales. El desarrollo regional se debe articular en torno a un poderoso mercado regional de consumo responsable, primando sobre otras propuestas de integración comercial que apuntan primordialmente a la exportación a terceros. La garantía de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales debe prevalecer sobre eventuales tratados de comercio que puedan llegar a ser firmados por el bloque. Las negociaciones para estos tratados con países y regiones extrabloque deben ser subordinadas a los objetivos regionales de desarrollo.
21. Damos énfasis a la necesidad de articulación entre movimientos y organizaciones sociales y populares y gobiernos para garantizar la continuidad, en el MERCOSUR y Estados asociados, de las recomendaciones de la Conferencia Regional de las Americas sobre los avances y desafíos en el Plan de Acción contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. Se debe estimular el intercambio de experiencias y mejores prácticas para la promoción de la igualdad racial en el bloque. Convocamos a los gobiernos a que implementen el Plan de Acción de Durban y establezcan nuevos mecanismos de evaluación de progresos y desafíos, en el combate al racismo y todas las formas de discriminación en los países del MERCOSUR.
22. Consideramos prioritarias las acciones de integración cultural, con vistas a la construcción de una identidad regional que tenga en cuenta la diversidad de la región y el papel central de la cultura para su desarrollo. Exhortamos a que nuestros gobiernos y parlamentos ratifiquen la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, destacando el acceso a la cultura como camino hacia la inclusión social y la construcción de la ciudadanía. Defendemos la ampliación de recursos para la cultura y la intensificación del intercambio artístico de los distintos lenguajes: teatro, música, danza, artes circenses, artes visuales, audiovisual, literatura, entre otras, así como la articulación de puntos de cultura y casas de cultura y de las políticas de patrimonio, cultura digital y libro y lectura. Destacamos la necesidad de integrar políticas de cultura, educación, juventud y comunicación, en una plataforma de desarrollo sociocultural del MERCOSUR.
23. Defendemos los recursos naturales y el acceso al agua en toda la región. El agua no es mercancía, y rechazamos cualquier intento de privatización de ese derecho esencial a todas las formas de vida. Con respecto al Acuífero Guaraní, proponemos una regulación regional, no subordinada a las instituciones financieras internacionales, del uso de ese recurso regional, su protección, y garantía de existencia para las generaciones futuras. Existe necesidad de implementar y fortalecer la participación social en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y transfronterizas. Proponemos que se realice una conferencia sobre medio ambiente y recursos naturales en el MERCOSUR. El desarrollo sustentable, la defensa de la biodiversidad, la ratificación de los tratados internacionales son fundamentos para la construcción de un MERCOSUR socioambiental.

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Rio de Janeiro – Brasil


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Las redes, salve organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:

 

El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.

 

A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.

 

Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.

 

La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.

 

Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.

 

Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.

 

Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.

 

Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.

 

La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.

 

A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.

 

Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.

 

Rio de Janeiro – Brasil



El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


Rio de Janeiro – Brasil


Las redes, cheap organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:


El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


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Lima – Peru

 

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Las organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa, reunidos en Lima durante la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, declaramos:

 

La cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de las mayorías sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales. Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos.

 

La estrategia de la Unión Europea “Europa Global : Competir en el mundo”, supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social. Esto tiene implicaciones en ambas regiones:

 

Para América Latina y el Caribe, esta estrategia reproduce el esquema de los Tratados de Libre Comercio que han suscrito la mayoría de países de la región con Estados Unidos y van más allá de las políticas de la OMC que rechazamos. Los recursos naturales de estos países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas, y pauperizando a la mano de obra, y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas. América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales y, ahora, cuando avances democráticos estimulan la búsqueda de caminos propios de desarrollo en diversos países y de formas de integración al servicio de los pueblos, varios gobiernos que siguen las recetas del libre comercio estimulan la fragmentación de la región, los enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos. En Europa una de las grandes amenazas para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico, es el Tratado de Lisboa, que está siendo ratificado por las élites sin consultar a la población y que rechazamos como ya lo hicimos en el pasado. Este tratado refuerza una Europa neoliberal, aumenta la militarización, la exclusión, las desigualdades y la mercantilización, así como endurece las políticas securitarias-represivas. Ello se refleja en un aumento de la precariedad, un ataque generalizado a todos los derechos sociales, en particular a las conquistas laborales. Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la “Europa Fortaleza”, lo que implica cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y criminalizando los migrantes y los movimientos sociales, creando muros virtuales o reales, que no se diferencian con los que construyen en la frontera al Norte de América.

 

Los Acuerdos de Asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos Acuerdos en Centro América, la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR cuyas negociaciones se quiere resucitar. Para los países del Caribe, estos Acuerdos, recientemente firmados, aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías, al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional.

 

En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble rasero apoyándose en las asimetrías que los Acuerdos de Asociación tienden a reforzar. En consecuencia,  el discurso sobre Cooperación y Diálogo Político es la carnada que esconde el anzuelo de los intereses de esas corporaciones.

 

Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y las políticas de las instituciones multilaterales (OMC, FMI, BM, BID, BEI) que pretenden esconder sus verdaderas causas : direccionamiento de la producción de los países a la exportación, pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y conversión de los alimentos en fuente de especulación financiera, todo ello como resultado de las políticas de “libre comercio”. Por lo mismo, es inadmisible que se proponga, como salida a la crisis, más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática.

 

Ante esta situación, las organizaciones que hacemos parte de Enlazando Alternativas, reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos emprendido por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo. Esto supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación de prácticas violatorias de la soberanía de los países. Como ha mostrado la II Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, exigimos justicia y la reparación de los agravios, daños y perjuicios, provocados por las empresas europeas, y el replanteamiento de las relaciones con estas empresas, de tal forma que asuman los pasivos sociales y ambientales en que incurren.

 

Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales, como por ejemplo la de la empresa boliviana de telecomunicaciones ETI/ENTEL.Llamamos a los gobiernos que romuevan políticas progresistas a sumarse al proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones de EE.UU. y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos. La Unión Europea debe asumir su deuda histórica con los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular con los pueblos originarios. Llamamos la atención sobre la dramática situación de Haití, resultado de décadas de expoliación, agravada por la actual ocupación militar. Así mismo denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de Colombia.

 

La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales. Ella debe nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios, campesinos y demás fuerza sociales que, con su presencia masiva en la Cumbre Social, han dado ejemplo de combatividad y de elaboración de alternativas en búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación.

 

Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por construir otro tipo de relaciones entre las regiones, basadas en la superación del modelo de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta civil. Instamos a los habitantes de América Latina, el Caribe y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad.

 

Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de ambos Continentes a preparar desde ahora la próxima Cumbre Social de los Pueblos, Enlazando Alternativas IV, que tendrá cita en el Estado Español en el año 2010.

Rio de Janeiro – Brasil


Las redes, organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:


El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


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Rio de Janeiro – Brasil


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Las redes, organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:

 

El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.

 

A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.

 

Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.

 

La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.

 

Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.

 

Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.

 

Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.

 

Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.

 

La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.

 

A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.

 

Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.

 

La Habana – Cuba


A todos los pueblos de Nuestra América


Concluimos este VI Encuentro Hemisférico en momentos en que, para bien de nuestros pueblos, en el continente continúan fortaleciéndose nuevas y mejores condiciones para superar la oscura etapa del neoliberalismo y los planes hegemonistas del imperialismo norteamericano. No obstante estas novedades positivas, aún predomina en la mayoría de nuestros países condiciones que y exigen la profundización de la resistencia. En los distintos escenarios la situación reclama el fortalecimiento de las luchas sociales transformadoras, así como avanzar en el sentido participativo de los movimientos sociales en la consolidación de los procesos de cambio que se vienen operando en la región.


Frente esto nuestros pueblos luchan y refuerzan en muchos frentes las estrategias de resistencia en la región. Ejemplo de ello han sido las numerosas movilizaciones por la reivindicación de sus derechos, siendo significativas las protagonizadas por los movimientos sociales y el pueblo en Costa Rica en contra de la aprobación de los TLC, así como la lucha del pueblo de Oaxaca por la defensa de sus derechos a la cual el gobierno Mexicano respondió de forma brutal con una masiva represión que implicó un alto costo de vidas, heridos y detenidos.


Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs, ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre. Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe – el “ALCA europeo” – y dentro de ellas las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central.


Contra el modelo económico y político que favorece el poder de los grandes grupos empresariales y del agronegocio a través de sus inversiones masivas en sectores como el agro, la minería, las represas que afectan la vida campesina, indígena y de los sectores afrodescendientes; reiteramos el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las luchas y propuestas para realizar la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria, basados en la defensa de la tierra y del territorio, entendiendo este como espacio de defensa política de los recursos naturales, la cultura y la organización autónoma de los pueblos.


Mantenemos la firme denuncia de un modelo que se basa en la precarización de las condiciones de trabajo, en la explotación de los/as trabajadores y trabajadoras y en el desconocimiento de los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Un sistema de exclusión que promueve la migración como sustento para mantener su patrón de vida, pero que persigue a los/as trabajadores/as migrantes convirtiéndolos en criminales dentro de sus fronteras. Destacamos el papel central de las corporaciones multinacionales en el sostenimiento del modelo de expoliación, que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.


Rechazamos enérgicamente la criminalización de nuestras luchas por autodeterminación, democracia, justicia y autonomía y el avance de un nuevo “Plan Cóndor” de control y disciplinamiento de las poblaciones del continente y de integración de todos los cuerpos de seguridad y ejércitos de la región bajo los criterios, doctrina y mecanismos de contrainsurgencia instituidos por Estados Unidos, que nos convierten en sospechosos y criminales en nuestra propia tierra.


En este mismo sentido, denunciamos y condenamos la doble moral de la política de los Estados Unidos que por un lado mantiene presos a los cinco cubanos bajo falsas acusaciones de terrorismo, deja en libertad a uno de los mayores terroristas de la región, el criminal Luis Posada Carriles.


Reafirmamos la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la búsqueda de fuentes renovables de energía, haciendo un uso racional de las ya existentes. Sin embargo, alertamos sobre el peligro que significa el uso de agrocombustibles en términos de soberanía alimentaria, así como su impacto medioambiental. En el reconocimiento de la existencia de visiones y opiniones diversas en tal sentido, se expresa la necesidad de ampliar y profundizar en el conocimiento y debate sobre ello.


Seguros de la necesidad de continuar la construcción de alternativas al neoliberalismo, es necesario enfocar nuestros esfuerzos en la generación de consensos en torno a la integración de los pueblos, que se consolide en un programa político que aporte al diálogo con los procesos de integración sensibles a los intereses de los pueblos. Saludamos el avance en el proceso de integración en torno a la propuesta del ALBA y la iniciativa de instituir en ella un ámbito de participación de los movimientos sociales, que debe ser amplia, plural e incluyente de las más diversas expresiones sociales de la región, requisito indispensable para solidificar cualquier proceso de integración sólido. Este avance es al mismo tiempo un punto de apoyo para la crítica y la resistencia a los procesos que como el ASPAN, encarnan la voluntad del imperio y la profundización del modelo neoliberal.


Los procesos de integración no pueden jamás ser realizados sino en base al respeto de sus derechos, su ambiente y territorio. Por esto, condenamos iniciativas como el Plan Puebla Panamá y el IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras comunidades o facilitar el diálogo entre ellas, se orienta al lucro de los actores de un modelo productivo que depreda al medio ambiente y aumenta la exclusión social en nuestras regiones.


Producto de las luchas en todo el continente y mundialmente, hoy podemos saludar la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocerse como un país acreedor, y de iniciar una Auditoría integral y participativa de las deudas que ilegítimamente les sean exigidas. Saludamos además la determinación de varios gobiernos de retirarse del CIADI y cuestionar su membresía en otras instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que sólo han significado condicionamientos, saqueo, destrucción y empobrecimiento para nuestros pueblos. Reclamamos a los demás gobiernos de la región que se unen a estas iniciativas, realizando Auditorías de las deudas en cada país y de las Instituciones Financieras Internacionales, repudiando y poniendo fin al pago de las deudas ilegítimas, sancionando a los responsables de los crímenes económicos y ecológicos cometidos y coordinando junto con los pueblos afectados, estrategias de restitución y reparación.


Celebramos también la creación de nuevos instrumentos regionales de financiamiento soberano, como el Banco del Sur y el Fondo de Estabilización del Sur, a la vez que reiteramos nuestra esperanza y demanda de que estas instituciones sirven para apoyar verdaderas alternativas de integración y de desarrollo soberanas y solidarias, que promueven la inclusión, la igualdad y la sustentabilidad de los pueblos y del planeta.


Reafirmamos la necesidad de consolidar la convergencia y articulación continental de los movimientos, redes y organizaciones sociales que han dando la lucha por la autonomía y los derechos de nuestros pueblos. La Campaña de los 500 años, el levantamiento zapatista, la movilización contra la deuda, la Campaña Continental contra el ALCA, la formación de muchas redes sectoriales y temáticas, y la creación de la propia Alianza Social Continental son los principales antecedentes que convergen y reconocemos como la base fundamental de esta gran coalición de actores que luchan contra el neoliberalismo en las Américas y conforman la ASC.


Asumimos el compromiso y la corresponsabilidad con el proceso del Foro Social Mundial de impulsar en el continente una amplia movilización popular como parte de la jornada global que se desarrollará en enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo a la primera edición del Foro Social de los Estados Unidos comprendiendo que las principales batallas contra el imperio se darán en su propio seno.


Convocamos a todos a volver a La Habana, en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro Hemisférico.


Por la integración de los Pueblos, otra América es posible”

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La Habana – Cuba

 

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A todos los pueblos de Nuestra América

 

Concluimos este VI Encuentro Hemisférico en momentos en que, para bien de nuestros pueblos, en el continente continúan fortaleciéndose nuevas y mejores condiciones para superar la oscura etapa del neoliberalismo y los planes hegemonistas del imperialismo norteamericano. No obstante estas novedades positivas, aún predomina en la mayoría de nuestros países condiciones que y exigen la profundización de la resistencia. En los distintos escenarios la situación reclama el fortalecimiento de las luchas sociales transformadoras, así como avanzar en el sentido participativo de los movimientos sociales en la consolidación de los procesos de cambio que se vienen operando en la región.

 

Frente esto nuestros pueblos luchan y refuerzan en muchos frentes las estrategias de resistencia en la región. Ejemplo de ello han sido las numerosas movilizaciones por la reivindicación de sus derechos, siendo significativas las protagonizadas por los movimientos sociales y el pueblo en Costa Rica en contra de la aprobación de los TLC, así como la lucha del pueblo de Oaxaca por la defensa de sus derechos a la cual el gobierno Mexicano respondió de forma brutal con una masiva represión que implicó un alto costo de vidas, heridos y detenidos.

 

Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs, ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre. Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe – el “ALCA europeo” – y dentro de ellas las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central.

 

Contra el modelo económico y político que favorece el poder de los grandes grupos empresariales y del agronegocio a través de sus inversiones masivas en sectores como el agro, la minería, las represas que afectan la vida campesina, indígena y de los sectores afrodescendientes; reiteramos el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las luchas y propuestas para realizar la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria, basados en la defensa de la tierra y del territorio, entendiendo este como espacio de defensa política de los recursos naturales, la cultura y la organización autónoma de los pueblos.

 

Mantenemos la firme denuncia de un modelo que se basa en la precarización de las condiciones de trabajo, en la explotación de los/as trabajadores y trabajadoras y en el desconocimiento de los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Un sistema de exclusión que promueve la migración como sustento para mantener su patrón de vida, pero que persigue a los/as trabajadores/as migrantes convirtiéndolos en criminales dentro de sus fronteras. Destacamos el papel central de las corporaciones multinacionales en el sostenimiento del modelo de expoliación, que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.

 

Rechazamos enérgicamente la criminalización de nuestras luchas por autodeterminación, democracia, justicia y autonomía y el avance de un nuevo “Plan Cóndor” de control y disciplinamiento de las poblaciones del continente y de integración de todos los cuerpos de seguridad y ejércitos de la región bajo los criterios, doctrina y mecanismos de contrainsurgencia instituidos por Estados Unidos, que nos convierten en sospechosos y criminales en nuestra propia tierra.

 

En este mismo sentido, denunciamos y condenamos la doble moral de la política de los Estados Unidos que por un lado mantiene presos a los cinco cubanos bajo falsas acusaciones de terrorismo, deja en libertad a uno de los mayores terroristas de la región, el criminal Luis Posada Carriles.

 

Reafirmamos la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la búsqueda de fuentes renovables de energía, haciendo un uso racional de las ya existentes. Sin embargo, alertamos sobre el peligro que significa el uso de agrocombustibles en términos de soberanía alimentaria, así como su impacto medioambiental. En el reconocimiento de la existencia de visiones y opiniones diversas en tal sentido, se expresa la necesidad de ampliar y profundizar en el conocimiento y debate sobre ello.

 

Seguros de la necesidad de continuar la construcción de alternativas al neoliberalismo, es necesario enfocar nuestros esfuerzos en la generación de consensos en torno a la integración de los pueblos, que se consolide en un programa político que aporte al diálogo con los procesos de integración sensibles a los intereses de los pueblos. Saludamos el avance en el proceso de integración en torno a la propuesta del ALBA y la iniciativa de instituir en ella un ámbito de participación de los movimientos sociales, que debe ser amplia, plural e incluyente de las más diversas expresiones sociales de la región, requisito indispensable para solidificar cualquier proceso de integración sólido. Este avance es al mismo tiempo un punto de apoyo para la crítica y la resistencia a los procesos que como el ASPAN, encarnan la voluntad del imperio y la profundización del modelo neoliberal.

 

Los procesos de integración no pueden jamás ser realizados sino en base al respeto de sus derechos, su ambiente y territorio. Por esto, condenamos iniciativas como el Plan Puebla Panamá y el IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras comunidades o facilitar el diálogo entre ellas, se orienta al lucro de los actores de un modelo productivo que depreda al medio ambiente y aumenta la exclusión social en nuestras regiones.

 

Producto de las luchas en todo el continente y mundialmente, hoy podemos saludar la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocerse como un país acreedor, y de iniciar una Auditoría integral y participativa de las deudas que ilegítimamente les sean exigidas. Saludamos además la determinación de varios gobiernos de retirarse del CIADI y cuestionar su membresía en otras instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que sólo han significado condicionamientos, saqueo, destrucción y empobrecimiento para nuestros pueblos. Reclamamos a los demás gobiernos de la región que se unen a estas iniciativas, realizando Auditorías de las deudas en cada país y de las Instituciones Financieras Internacionales, repudiando y poniendo fin al pago de las deudas ilegítimas, sancionando a los responsables de los crímenes económicos y ecológicos cometidos y coordinando junto con los pueblos afectados, estrategias de restitución y reparación.

 

Celebramos también la creación de nuevos instrumentos regionales de financiamiento soberano, como el Banco del Sur y el Fondo de Estabilización del Sur, a la vez que reiteramos nuestra esperanza y demanda de que estas instituciones sirven para apoyar verdaderas alternativas de integración y de desarrollo soberanas y solidarias, que promueven la inclusión, la igualdad y la sustentabilidad de los pueblos y del planeta.

 

Reafirmamos la necesidad de consolidar la convergencia y articulación continental de los movimientos, redes y organizaciones sociales que han dando la lucha por la autonomía y los derechos de nuestros pueblos. La Campaña de los 500 años, el levantamiento zapatista, la movilización contra la deuda, la Campaña Continental contra el ALCA, la formación de muchas redes sectoriales y temáticas, y la creación de la propia Alianza Social Continental son los principales antecedentes que convergen y reconocemos como la base fundamental de esta gran coalición de actores que luchan contra el neoliberalismo en las Américas y conforman la ASC.

 

Asumimos el compromiso y la corresponsabilidad con el proceso del Foro Social Mundial de impulsar en el continente una amplia movilización popular como parte de la jornada global que se desarrollará en enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo a la primera edición del Foro Social de los Estados Unidos comprendiendo que las principales batallas contra el imperio se darán en su propio seno.

 

Convocamos a todos a volver a La Habana, en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro Hemisférico.

 

Por la integración de los Pueblos, otra América es posible”


A todos los pueblos de Nuestra América



Frente esto nuestros pueblos luchan y refuerzan en muchos frentes las estrategias de resistencia en la región. Ejemplo de ello han sido las numerosas movilizaciones por la reivindicación de sus derechos, siendo significativas las protagonizadas por los movimientos sociales y el pueblo en Costa Rica en contra de la aprobación de los TLC, así como la lucha del pueblo de Oaxaca por la defensa de sus derechos a la cual el gobierno Mexicano respondió de forma brutal con una masiva represión que implicó un alto costo de vidas, heridos y detenidos.


Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs, ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre. Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe – el “ALCA europeo” – y dentro de ellas las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central.


Contra el modelo económico y político que favorece el poder de los grandes grupos empresariales y del agronegocio a través de sus inversiones masivas en sectores como el agro, la minería, las represas que afectan la vida campesina, indígena y de los sectores afrodescendientes; reiteramos el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las luchas y propuestas para realizar la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria, basados en la defensa de la tierra y del territorio, entendiendo este como espacio de defensa política de los recursos naturales, la cultura y la organización autónoma de los pueblos.


Mantenemos la firme denuncia de un modelo que se basa en la precarización de las condiciones de trabajo, en la explotación de los/as trabajadores y trabajadoras y en el desconocimiento de los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Un sistema de exclusión que promueve la migración como sustento para mantener su patrón de vida, pero que persigue a los/as trabajadores/as migrantes convirtiéndolos en criminales dentro de sus fronteras. Destacamos el papel central de las corporaciones multinacionales en el sostenimiento del modelo de expoliación, que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.


Rechazamos enérgicamente la criminalización de nuestras luchas por autodeterminación, democracia, justicia y autonomía y el avance de un nuevo “Plan Cóndor” de control y disciplinamiento de las poblaciones del continente y de integración de todos los cuerpos de seguridad y ejércitos de la región bajo los criterios, doctrina y mecanismos de contrainsurgencia instituidos por Estados Unidos, que nos convierten en sospechosos y criminales en nuestra propia tierra.


En este mismo sentido, denunciamos y condenamos la doble moral de la política de los Estados Unidos que por un lado mantiene presos a los cinco cubanos bajo falsas acusaciones de terrorismo, deja en libertad a uno de los mayores terroristas de la región, el criminal Luis Posada Carriles.


Reafirmamos la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la búsqueda de fuentes renovables de energía, haciendo un uso racional de las ya existentes. Sin embargo, alertamos sobre el peligro que significa el uso de agrocombustibles en términos de soberanía alimentaria, así como su impacto medioambiental. En el reconocimiento de la existencia de visiones y opiniones diversas en tal sentido, se expresa la necesidad de ampliar y profundizar en el conocimiento y debate sobre ello.


Seguros de la necesidad de continuar la construcción de alternativas al neoliberalismo, es necesario enfocar nuestros esfuerzos en la generación de consensos en torno a la integración de los pueblos, que se consolide en un programa político que aporte al diálogo con los procesos de integración sensibles a los intereses de los pueblos. Saludamos el avance en el proceso de integración en torno a la propuesta del ALBA y la iniciativa de instituir en ella un ámbito de participación de los movimientos sociales, que debe ser amplia, plural e incluyente de las más diversas expresiones sociales de la región, requisito indispensable para solidificar cualquier proceso de integración sólido. Este avance es al mismo tiempo un punto de apoyo para la crítica y la resistencia a los procesos que como el ASPAN, encarnan la voluntad del imperio y la profundización del modelo neoliberal.


Los procesos de integración no pueden jamás ser realizados sino en base al respeto de sus derechos, su ambiente y territorio. Por esto, condenamos iniciativas como el Plan Puebla Panamá y el IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras comunidades o facilitar el diálogo entre ellas, se orienta al lucro de los actores de un modelo productivo que depreda al medio ambiente y aumenta la exclusión social en nuestras regiones.


Producto de las luchas en todo el continente y mundialmente, hoy podemos saludar la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocerse como un país acreedor, y de iniciar una Auditoría integral y participativa de las deudas que ilegítimamente les sean exigidas. Saludamos además la determinación de varios gobiernos de retirarse del CIADI y cuestionar su membresía en otras instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que sólo han significado condicionamientos, saqueo, destrucción y empobrecimiento para nuestros pueblos. Reclamamos a los demás gobiernos de la región que se unen a estas iniciativas, realizando Auditorías de las deudas en cada país y de las Instituciones Financieras Internacionales, repudiando y poniendo fin al pago de las deudas ilegítimas, sancionando a los responsables de los crímenes económicos y ecológicos cometidos y coordinando junto con los pueblos afectados, estrategias de restitución y reparación.


Celebramos también la creación de nuevos instrumentos regionales de financiamiento soberano, como el Banco del Sur y el Fondo de Estabilización del Sur, a la vez que reiteramos nuestra esperanza y demanda de que estas instituciones sirven para apoyar verdaderas alternativas de integración y de desarrollo soberanas y solidarias, que promueven la inclusión, la igualdad y la sustentabilidad de los pueblos y del planeta.


Reafirmamos la necesidad de consolidar la convergencia y articulación continental de los movimientos, redes y organizaciones sociales que han dando la lucha por la autonomía y los derechos de nuestros pueblos. La Campaña de los 500 años, el levantamiento zapatista, la movilización contra la deuda, la Campaña Continental contra el ALCA, la formación de muchas redes sectoriales y temáticas, y la creación de la propia Alianza Social Continental son los principales antecedentes que convergen y reconocemos como la base fundamental de esta gran coalición de actores que luchan contra el neoliberalismo en las Américas y conforman la ASC.


Asumimos el compromiso y la corresponsabilidad con el proceso del Foro Social Mundial de impulsar en el continente una amplia movilización popular como parte de la jornada global que se desarrollará en enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo a la primera edición del Foro Social de los Estados Unidos comprendiendo que las principales batallas contra el imperio se darán en su propio seno.


Convocamos a todos a volver a La Habana, en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro Hemisférico.


Por la integración de los Pueblos, otra América es posible”

Judith Valencia,

En el murmullo cotidiano se escucha que en Venezuela, hemos abierto [pueblos y gobernantes] las compuertas hacia otro mundo posible. La multitud esta tentada a recorrer experiencias de vida novedosas.

Vivimos la ocasión de constituirnos en nación, libre y soberana. A cada ocasión, le corresponde un imaginario contenido. El de hoy, contiene lo de antes, recoge siglos.

Cada ocasión en su contexto. Para 2005 el contexto mundial delimita el diseño lo posible [maneras, sentidos, cauces]. Con certeza, el capitalismo en su andar perverso, achico el mundo de los pueblos. La multitud, habitantes de los territorios invadidos, son pobladores no-útiles/inútiles para los parámetros contemporáneos de la rentabilidad de los grandes capitales/de las empresas transnacionales. Tan simple, como que económicamente hablando, al capitalista no le es rentable asalariar, educar ni alimentar a pobladores innecesarios, inútiles, no rentables.

En este contexto [de fines del XX e inicios del XXI] delimitado por el dominio perverso del capitalismo, los pueblos rugen, contra el rugido, el imperio militariza el espacio social: prohíbe, reprime, encarcela, suelta a tanatos, empobrece cuerpos y espíritus. Envilece. El terror atómico de Hiroshima y Nagasaki [6 y 9 Agosto 1945] lo inyectan a través del tejido capilar del poder.

Muy a pesar de todo, los pueblos siguen rugiendo. En la Venezuela bolivariana, el rugido mundial/continental de la rebelión de los pueblos, deviene en voluntad/en deseo de hacer posible lo pensadamente imposible.

El contexto que traza el imperio, delimita. Haciendo uso [abuso] del arsenal bélico. El imaginario contenido en esta ocasión [Venezuela 1999 y hasta siempre] brota por los poros de la piel revolucionaria.

Resultan premonitorios dos estudios. Asi dicen:

  • “…aquello que mas ha movido a las grandes multitudes de nuestros países en los periodos revolucionarios no ha sido la ambición de crear un orden nuevo, sino la de recuperar un orden antiguo… la energía vital de cada revolución provenía del pasado” (1).

  • La creación de nuevos espacios de libertad para superar la actual sumisión del individuo soberano a las leyes del mercado o al despotismo del Estado, dependen de la composición material de las subjetividades que el propio proceso social va creando… La comprensión cabal de la plasticidad histórica del sujeto y de los procesos materiales que la determinan, es la única alternativa…”(2).

Entre quienes tuvieron como afán de vida, dejar dichos de prueba de los saltos de la humanidad, (3) dichos que condensan el contenido del imaginario colectivo. De entre ellos, convenimos en pensar que todo hecho humano es intencional cual maquinas de deseos. Siendo así, el proceso social prioriza [según los limites de cada ocasión] unos u otros de los contenidos en el imaginario colectivo.

Estando todo allí contenido, los deseos libertarios prohibidos y/o permitidos, formalizan y/o revolucionan las sociedades. De un tiempo para acá, los pueblos nos encontramos sumergidos [ahogados] en/por las normas del capitalismo transnacional, ejerciendo el gobierno mundial del imperio bélico, a través de la globalización, dispositivo que actúa tal cual la cuarta guerra mundial.

Guerra política mimetizada bajo el concepto contemporáneo de gobernabilidad, impulsada con un enfoque de democracia que al priorizar los derechos humanos de las minorías, actúa contra la multitud sin derechos. Enfoque de gobernabilidad que vienen forzando legitimar, a propósito de la seguridad post-11 de septiembre de 2001. Recién enuncian su certificación en la Asamblea General de la ONU/septiembre 2005, bajo el concepto de “Paz y Seguridad Colectiva”, junto al de “responsabilidad de proteger”. Conceptos que legalizarían el imperialismo desde la ONU.

Un dicho de prueba, (4) hace constar que con el capitalismo, el Estado lo es de gobierno:

  • El gobierno… como una manera de definir las cosas para conducirlas no al bien común, como decían los textos de los juristas, sino a un fin conveniente para cada una de las cosas que hay que gobernar… no se trata de imponer a los hombres una ley sino de disponer las cosas, es decir, utilizar bien tácticas que leyes, en ultimo termino utilizar las mismas leyes como tácticas: actuar de tal modo y a través de un cierto numero de medios para que este o aquel fin pueda ser alcanzado… los instrumentos de gobierno en vez de ser leyes serán tácticas multiformes…Este Estado de gobierno que se centra especialmente sobre la población y que se refiere y utiliza como instrumento el saber económico, corresponde a una sociedad controlada por los dispositivos de seguridad”.

Precisiones.

La ocasión, la Venezuela bolivariana que despliega un poder constituyente, permitiendo inventar nuevos espacios de libertad que ponen en tensión practicas sociales y a la misma vez recuperar la energía vital de las culturas milenarias.

El proceso al reconocer la plasticidad historia del sujeto no deja nada ni a nadie fuera. Las fuerzas libertarias prohibidas y latentes en el imaginario colectivo insurgen preñando de sentido todo acontecimiento.

Podemos decir, que hasta 1999 el gobierno mundial canalizo la política de hechos cumplidos [de tácticas por ley] a través de las negociaciones multilaterales y bilaterales.

Aprendimos en el camino que algunos de los nudos del amarre se desanudan, y que es posible todo a una misma vez. Que no hay que esperar que el capitalismo sucumba para empezar a sembrar la cosecha. Que a la misma vez que el imperio ofende, podemos liberar terreno [humano y material] desde donde contagiar el cultivo de la insurgencia, de lo inédito, de la novedad: de inventar vivir libre en multitud.

El ALBA, como alternativa bolivariana y/o como amanecer es cauce de esa ocasión. Es un plan de siembra propuesto para cosechar/ocupar territorio [humano y geográfico], expulsando y/o impidiendo la invasión de la inversión del capitalista, quien como todo humano actúa con su intención.

ALBA & ALCA, filosofías contrarias en esencia, se baten en lucha por un mismo territorio, con intensiones opuestas y a un mismo tiempo. La lucha por territorio deriva entre victoria o derrota. Necesario es vencer.

El ALBA tuvo un punto de partida, en el deseo manifiesto del Comandante Hugo Chavez, en diciembre 2001 cuando expuso la magia de la integración entre los pueblos, oponiéndose al ALCA en tanto mandato del Imperio. Sin embargo, el ALBA echa a andar cuando en el imaginario colectivo los pueblos van reconociendo y hacen suya la intención expresada en el deseo enunciado.

En el contexto de situaciones entre abril y diciembre 2002, el ALBA amanece socialmente. Los pueblos asumen hacer posible los proyectos de vida inconclusos, abortados, reprimidos. La energía vital del pasado se hizo presente en las calles.

El proceso bolivariano lo aprueba y comprueba. Podríamos enumerar los artículos de la Constitución/99 que enuncian la posibilidad de ALBA`s. Avanzado el proceso es necesario reconocerlo en la Constitución, mas no es suficiente. Lo enunciado, aprobado y refrendado vino sucediendo como intención manifiesta y protagónica.

Entre abril y diciembre 2002, derrotando el golpe de estado de abril y el sabotaje petrolero de diciembre los pueblos en las calles reconocieron sus carencias y sintieron su fuerza y la urgencia. Sin disolver el Estado, la sociedad asumió misiones de gobierno. Un colectivo en tensión, reconociendo la Constitución refrendada el 15 de diciembre de 1999, sabiendo de las Leyes Habilitantes del 13 de noviembre de 2001, asalto la posibilidad de convertir planes de gobierno en tareas de pueblo protagónico. La reconquista del terreno político [con el contra-golpe del 13 de abril 2002] de PDVSA y del ingreso petrolero [en marzo de 2003] dieron condiciones e hicieron realidad la voluntad política presidencial de “darle poder a los pobres”, al asumir compromisos con las misiones.

El ALBA es hacia adentro de lo humano y de la geografía, celebrando un proceso social en el que lo pobladores laboran su propio destino soberano, ocupando territorios.

Digo los pueblos: indígenas, campesinos, citadinos. Todos, los más diversos sujetos planteando lo suyo, sin sujetar a los otros. Con la intención manifiesta de cerrarle el paso, a las tácticas emanadas del Estado de gobierno mundial, que instrumentaliza la anexión de territorios mutilando a sus pueblos pobladores.

Con el ALBA, nos proponemos integrar las capacidades humanas junto a las riquezas territoriales, para satisfacer necedades y necesidades culturales. Necedades y necesidades de alimento del cuerpo y del espíritu, de abrigo, de ocio, de los deseos por-venir. El ALBA respeta el hecho cierto de que la felicidad es una construcción cultural.

Todos en el ALBA, cada cultura con su perfil.

Los pueblos citadinos tienen costumbres de la ciudad, pero según su región originaria y/o su raza, son citadinos culturalmente diversos.

Los pueblos indígenas según su geografía, su cosmovisión, labores, ritos y mitos.

Así como los campesinos, indígenas o afrodescendientes, andinos o isleños. Cultivadores de la tierra y/o del mar o del rió. Cada cual tiene lo suyo no transferible.

Los ritmos de vida están impregnados de cultura, de condiciones del saber. Hay un ritmo del analfabeta, quien al aprender a leer incorpora su experiencia a la lectura. El ALBA reconoce los ritmos y los respeta en desacuerdo práctico con los criterios de la competencia que deshecha multitudes. El ALBA se funda en el respeto de los ritmos de otros.

Cada quien a su paso pero todos a una misma vez, defendiendo la soberanía de los territorios preñados de culturas.

Hasta aquí el renacer de las culturas milenarias contenidas en el imaginario colectivo. Imaginario depositario de otras visiones, construidas en los cruces mestizos de los haceres mercantiles. Por ello es que en el ALBA`s también se incluyen políticas publicas comerciales, que pretenden cambios significativos en las maneras de producir bienes y servicios, concertadas entre privados y entre empresas publicas intergubernamentales.

En la segunda mitad del siglo XX, la naturaleza artificial creada en torno a la tecnología capitalista, subsumió costumbres y tradiciones. Formuló maneras de producir y patrones de consumo. El citadino, el profesional libre, las pautas del comercio interinstitucional e internacional estarán presentes en muchos años por-venir.

Esta verdad tiene sitio en el ALBA`s por ello, inscribimos en la filosofía del ALBA`s, los Convenios Comerciales Compensados y las Alianzas Estratégicas circunstanciales. Como variantes en el combate de restarle apoyo real personal/político, a la ofensiva contrarrevolucionaria con intención hemisférica envolvente y expansiva del inversionista imperial.

Los Convenios guiados por el sentido del ALBA`s, entienden que en el comercio no esta el problema, admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado, en la medida que este resulte mutuamente conveniente, para ampliar y profundizar el intercambio comercial. Es así como surgen convenios comerciales compensados.

Las Alianzas Estratégicas circunstanciales tienen al petróleo como centro. El gobierno bolivariano utiliza su recurso abundante escaso en territorios de pueblos hermanos, negociando intercambios complementarios, sin exigir compensaciones que vulneren la soberanía y dando condiciones de comercialización solidarias, sustituyendo las exigencias de las transnacionales privadas. Estas alianzas estratégicas que tienen como centro el petróleo y el gas son políticas comerciales fundadas en la conservación de los recursos naturales no renovables, la solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre pueblos. Asegurando el acceso democrático a la energía a precio razonable. Se concibe como un acuerdo entre gobiernos, concreta esfuerzos en la complementariedad de las capacidades de nuestras empresas estatales de energía.

De lo dicho podemos derivar que el ALBA’s tiene un amplio trecho por andar. Lento pero sin pausa. Y en su andar, abarcando la lucha, por no dejar que la Comunidad Suramericana de Naciones por-venir, quede atrapada en la intención imperial, que proyecta surcar los territorios con ductos para succionar los recursos energéticos, biodiversos y de agua (5). Debemos estar alertas porque todos los cargos de mando en los organismos de integración regionales están en manos de quienes fueron funcionarios en gestiones anteriores de gobiernos. No pienso en coincidencias. Pero si, en que han conjugado intenciones. Nuevas tareas para el ALBA’s y con ellas responsabilidades de los pueblos comprometidos y protagónicos.

Para concluir le doy la palabra a un campesino andaluz propagando semillas de ALBA (6).

Todos eran agitadores

De tal suerte, el incendio

Se propagó rápidamente

Por los pueblos combustibles

Nadie Formulaba peticiones

Ni exigencias, nadie intentaba

negociar (… ) El pueblo quería

cosas más trascendentales

que los meros aumentos salariales

Pero, ¿ cómo vendría el gran cambio ¿ Nadie

lo sabía. En el fondo,

los campesinos pensaban

que tenían que llegar

de alguna forma sí

todos los hombres se

declaraban por él al

mismo tiempo.

Juan Díaz del Morral, 1929

Notas:

  1. Fernando Mires. “ La Rebelión Permanente” Siglo XXI 1988/p448

  2. Enzo Del Bufalo. “La genealogía de la Subjetividad” Monte Ávila Editores 1991/p169.

  3. Entre muchos otros no menos valiosos: Marx/1844, Nietzshe/1890, Freud/1905. Einstein/1920, Picasso/1930, Faucault/1975. Vive en el imaginario colectivo en poetas y cantautores.

  4. Michel Foucault. “La Gubernamentabilidad” Colección: Genealogía del Poder. Espacios del Poder. La Piqueta. 1981 (Exposición enero 1978)

  5. La Biodiversidad tiene como base fundamental el reconocimiento de la diversidad humana la biodiversidad no es solo flora y fauna, suelo, agua y ecosistemas, es también culturas, sistemas productivos, relaciones humanas y económicas, formas de gobierno, es en esencia libertad. El imperio tiene la intención de hacer suya la biodiversidad: Territorio y vida nuestra.

  6. Juan Diaz del Moral es citado por Eric J. Hobsbawn en “Rebeldes Primitivos” Ariel. 1983/p 117.


Judith Valencia. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora adscrita al Departamento de Economía Teórica de la Escuela de Economía. Facultad de Economía y Ciencias Sociales. Cátedra de Economía Política. Caracas.

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Judith Valencia1,

En el murmullo cotidiano se escucha que en Venezuela, hemos abierto [pueblos y gobernantes] las compuertas hacia otro mundo posible. La multitud esta tentada a recorrer experiencias de vida novedosas.

Vivimos la ocasión de constituirnos en nación, libre y soberana. A cada ocasión, le corresponde un imaginario contenido. El de hoy, contiene lo de antes, recoge siglos.

Cada ocasión en su contexto. Para 2005 el contexto mundial delimita el diseño lo posible [maneras, sentidos, cauces]. Con certeza, el capitalismo en su andar perverso, achico el mundo de los pueblos. La multitud, habitantes de los territorios invadidos, son pobladores no-útiles/inútiles para los parámetros contemporáneos de la rentabilidad de los grandes capitales/de las empresas transnacionales. Tan simple, como que económicamente hablando, al capitalista no le es rentable asalariar, educar ni alimentar a pobladores innecesarios, inútiles, no rentables.

En este contexto [de fines del XX e inicios del XXI] delimitado por el dominio perverso del capitalismo, los pueblos rugen, contra el rugido, el imperio militariza el espacio social: prohíbe, reprime, encarcela, suelta a tanatos, empobrece cuerpos y espíritus. Envilece. El terror atómico de Hiroshima y Nagasaki [6 y 9 Agosto 1945] lo inyectan a través del tejido capilar del poder.

Muy a pesar de todo, los pueblos siguen rugiendo. En la Venezuela bolivariana, el rugido mundial/continental de la rebelión de los pueblos, deviene en voluntad/en deseo de hacer posible lo pensadamente imposible.

El contexto que traza el imperio, delimita. Haciendo uso [abuso] del arsenal bélico. El imaginario contenido en esta ocasión [Venezuela 1999 y hasta siempre] brota por los poros de la piel revolucionaria.

Resultan premonitorios dos estudios. Asi dicen:

  • “…aquello que mas ha movido a las grandes multitudes de nuestros países en los periodos revolucionarios no ha sido la ambición de crear un orden nuevo, sino la de recuperar un orden antiguo… la energía vital de cada revolución provenía del pasado” (1).

  • La creación de nuevos espacios de libertad para superar la actual sumisión del individuo soberano a las leyes del mercado o al despotismo del Estado, dependen de la composición material de las subjetividades que el propio proceso social va creando… La comprensión cabal de la plasticidad histórica del sujeto y de los procesos materiales que la determinan, es la única alternativa…”(2).

Entre quienes tuvieron como afán de vida, dejar dichos de prueba de los saltos de la humanidad, (3) dichos que condensan el contenido del imaginario colectivo. De entre ellos, convenimos en pensar que todo hecho humano es intencional cual maquinas de deseos. Siendo así, el proceso social prioriza [según los limites de cada ocasión] unos u otros de los contenidos en el imaginario colectivo.

Estando todo allí contenido, los deseos libertarios prohibidos y/o permitidos, formalizan y/o revolucionan las sociedades. De un tiempo para acá, los pueblos nos encontramos sumergidos [ahogados] en/por las normas del capitalismo transnacional, ejerciendo el gobierno mundial del imperio bélico, a través de la globalización, dispositivo que actúa tal cual la cuarta guerra mundial.

Guerra política mimetizada bajo el concepto contemporáneo de gobernabilidad, impulsada con un enfoque de democracia que al priorizar los derechos humanos de las minorías, actúa contra la multitud sin derechos. Enfoque de gobernabilidad que vienen forzando legitimar, a propósito de la seguridad post-11 de septiembre de 2001. Recién enuncian su certificación en la Asamblea General de la ONU/septiembre 2005, bajo el concepto de “Paz y Seguridad Colectiva”, junto al de “responsabilidad de proteger”. Conceptos que legalizarían el imperialismo desde la ONU.

Un dicho de prueba, (4) hace constar que con el capitalismo, el Estado lo es de gobierno:

  • El gobierno… como una manera de definir las cosas para conducirlas no al bien común, como decían los textos de los juristas, sino a un fin conveniente para cada una de las cosas que hay que gobernar… no se trata de imponer a los hombres una ley sino de disponer las cosas, es decir, utilizar bien tácticas que leyes, en ultimo termino utilizar las mismas leyes como tácticas: actuar de tal modo y a través de un cierto numero de medios para que este o aquel fin pueda ser alcanzado… los instrumentos de gobierno en vez de ser leyes serán tácticas multiformes…Este Estado de gobierno que se centra especialmente sobre la población y que se refiere y utiliza como instrumento el saber económico, corresponde a una sociedad controlada por los dispositivos de seguridad”.

Precisiones.

La ocasión, la Venezuela bolivariana que despliega un poder constituyente, permitiendo inventar nuevos espacios de libertad que ponen en tensión practicas sociales y a la misma vez recuperar la energía vital de las culturas milenarias.

El proceso al reconocer la plasticidad historia del sujeto no deja nada ni a nadie fuera. Las fuerzas libertarias prohibidas y latentes en el imaginario colectivo insurgen preñando de sentido todo acontecimiento.

Podemos decir, que hasta 1999 el gobierno mundial canalizo la política de hechos cumplidos [de tácticas por ley] a través de las negociaciones multilaterales y bilaterales.

Aprendimos en el camino que algunos de los nudos del amarre se desanudan, y que es posible todo a una misma vez. Que no hay que esperar que el capitalismo sucumba para empezar a sembrar la cosecha. Que a la misma vez que el imperio ofende, podemos liberar terreno [humano y material] desde donde contagiar el cultivo de la insurgencia, de lo inédito, de la novedad: de inventar vivir libre en multitud.

El ALBA, como alternativa bolivariana y/o como amanecer es cauce de esa ocasión. Es un plan de siembra propuesto para cosechar/ocupar territorio [humano y geográfico], expulsando y/o impidiendo la invasión de la inversión del capitalista, quien como todo humano actúa con su intención.

ALBA & ALCA, filosofías contrarias en esencia, se baten en lucha por un mismo territorio, con intensiones opuestas y a un mismo tiempo. La lucha por territorio deriva entre victoria o derrota. Necesario es vencer.

El ALBA tuvo un punto de partida, en el deseo manifiesto del Comandante Hugo Chavez, en diciembre 2001 cuando expuso la magia de la integración entre los pueblos, oponiéndose al ALCA en tanto mandato del Imperio. Sin embargo, el ALBA echa a andar cuando en el imaginario colectivo los pueblos van reconociendo y hacen suya la intención expresada en el deseo enunciado.

En el contexto de situaciones entre abril y diciembre 2002, el ALBA amanece socialmente. Los pueblos asumen hacer posible los proyectos de vida inconclusos, abortados, reprimidos. La energía vital del pasado se hizo presente en las calles.

El proceso bolivariano lo aprueba y comprueba. Podríamos enumerar los artículos de la Constitución/99 que enuncian la posibilidad de ALBA`s. Avanzado el proceso es necesario reconocerlo en la Constitución, mas no es suficiente. Lo enunciado, aprobado y refrendado vino sucediendo como intención manifiesta y protagónica.

Entre abril y diciembre 2002, derrotando el golpe de estado de abril y el sabotaje petrolero de diciembre los pueblos en las calles reconocieron sus carencias y sintieron su fuerza y la urgencia. Sin disolver el Estado, la sociedad asumió misiones de gobierno. Un colectivo en tensión, reconociendo la Constitución refrendada el 15 de diciembre de 1999, sabiendo de las Leyes Habilitantes del 13 de noviembre de 2001, asalto la posibilidad de convertir planes de gobierno en tareas de pueblo protagónico. La reconquista del terreno político [con el contra-golpe del 13 de abril 2002] de PDVSA y del ingreso petrolero [en marzo de 2003] dieron condiciones e hicieron realidad la voluntad política presidencial de “darle poder a los pobres”, al asumir compromisos con las misiones.

El ALBA es hacia adentro de lo humano y de la geografía, celebrando un proceso social en el que lo pobladores laboran su propio destino soberano, ocupando territorios.

Digo los pueblos: indígenas, campesinos, citadinos. Todos, los más diversos sujetos planteando lo suyo, sin sujetar a los otros. Con la intención manifiesta de cerrarle el paso, a las tácticas emanadas del Estado de gobierno mundial, que instrumentaliza la anexión de territorios mutilando a sus pueblos pobladores.

Con el ALBA, nos proponemos integrar las capacidades humanas junto a las riquezas territoriales, para satisfacer necedades y necesidades culturales. Necedades y necesidades de alimento del cuerpo y del espíritu, de abrigo, de ocio, de los deseos por-venir. El ALBA respeta el hecho cierto de que la felicidad es una construcción cultural.

Todos en el ALBA, cada cultura con su perfil.

Los pueblos citadinos tienen costumbres de la ciudad, pero según su región originaria y/o su raza, son citadinos culturalmente diversos.

Los pueblos indígenas según su geografía, su cosmovisión, labores, ritos y mitos.

Así como los campesinos, indígenas o afrodescendientes, andinos o isleños. Cultivadores de la tierra y/o del mar o del rió. Cada cual tiene lo suyo no transferible.

Los ritmos de vida están impregnados de cultura, de condiciones del saber. Hay un ritmo del analfabeta, quien al aprender a leer incorpora su experiencia a la lectura. El ALBA reconoce los ritmos y los respeta en desacuerdo práctico con los criterios de la competencia que deshecha multitudes. El ALBA se funda en el respeto de los ritmos de otros.

Cada quien a su paso pero todos a una misma vez, defendiendo la soberanía de los territorios preñados de culturas.

Hasta aquí el renacer de las culturas milenarias contenidas en el imaginario colectivo. Imaginario depositario de otras visiones, construidas en los cruces mestizos de los haceres mercantiles. Por ello es que en el ALBA`s también se incluyen políticas publicas comerciales, que pretenden cambios significativos en las maneras de producir bienes y servicios, concertadas entre privados y entre empresas publicas intergubernamentales.

En la segunda mitad del siglo XX, la naturaleza artificial creada en torno a la tecnología capitalista, subsumió costumbres y tradiciones. Formuló maneras de producir y patrones de consumo. El citadino, el profesional libre, las pautas del comercio interinstitucional e internacional estarán presentes en muchos años por-venir.

Esta verdad tiene sitio en el ALBA`s por ello, inscribimos en la filosofía del ALBA`s, los Convenios Comerciales Compensados y las Alianzas Estratégicas circunstanciales. Como variantes en el combate de restarle apoyo real personal/político, a la ofensiva contrarrevolucionaria con intención hemisférica envolvente y expansiva del inversionista imperial.

Los Convenios guiados por el sentido del ALBA`s, entienden que en el comercio no esta el problema, admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado, en la medida que este resulte mutuamente conveniente, para ampliar y profundizar el intercambio comercial. Es así como surgen convenios comerciales compensados.

Las Alianzas Estratégicas circunstanciales tienen al petróleo como centro. El gobierno bolivariano utiliza su recurso abundante escaso en territorios de pueblos hermanos, negociando intercambios complementarios, sin exigir compensaciones que vulneren la soberanía y dando condiciones de comercialización solidarias, sustituyendo las exigencias de las transnacionales privadas. Estas alianzas estratégicas que tienen como centro el petróleo y el gas son políticas comerciales fundadas en la conservación de los recursos naturales no renovables, la solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre pueblos. Asegurando el acceso democrático a la energía a precio razonable. Se concibe como un acuerdo entre gobiernos, concreta esfuerzos en la complementariedad de las capacidades de nuestras empresas estatales de energía.

De lo dicho podemos derivar que el ALBA’s tiene un amplio trecho por andar. Lento pero sin pausa. Y en su andar, abarcando la lucha, por no dejar que la Comunidad Suramericana de Naciones por-venir, quede atrapada en la intención imperial, que proyecta surcar los territorios con ductos para succionar los recursos energéticos, biodiversos y de agua (5). Debemos estar alertas porque todos los cargos de mando en los organismos de integración regionales están en manos de quienes fueron funcionarios en gestiones anteriores de gobiernos. No pienso en coincidencias. Pero si, en que han conjugado intenciones. Nuevas tareas para el ALBA’s y con ellas responsabilidades de los pueblos comprometidos y protagónicos.

Para concluir le doy la palabra a un campesino andaluz propagando semillas de ALBA (6).

Todos eran agitadores

De tal suerte, el incendio

Se propagó rápidamente

Por los pueblos combustibles

Nadie Formulaba peticiones

Ni exigencias, nadie intentaba

negociar (… ) El pueblo quería

cosas más trascendentales

que los meros aumentos salariales

Pero, ¿ cómo vendría el gran cambio ¿ Nadie

lo sabía. En el fondo,

los campesinos pensaban

que tenían que llegar

de alguna forma sí

todos los hombres se

declaraban por él al

mismo tiempo.

Juan Díaz del Morral, 1929

Notas:

  1. Fernando Mires. “ La Rebelión Permanente” Siglo XXI 1988/p448

  2. Enzo Del Bufalo. “La genealogía de la Subjetividad” Monte Ávila Editores 1991/p169.

  3. Entre muchos otros no menos valiosos: Marx/1844, Nietzshe/1890, Freud/1905. Einstein/1920, Picasso/1930, Faucault/1975. Vive en el imaginario colectivo en poetas y cantautores.

  4. Michel Foucault. “La Gubernamentabilidad” Colección: Genealogía del Poder. Espacios del Poder. La Piqueta. 1981 (Exposición enero 1978)

  5. La Biodiversidad tiene como base fundamental el reconocimiento de la diversidad humana la biodiversidad no es solo flora y fauna, suelo, agua y ecosistemas, es también culturas, sistemas productivos, relaciones humanas y económicas, formas de gobierno, es en esencia libertad. El imperio tiene la intención de hacer suya la biodiversidad: Territorio y vida nuestra.

  6. Juan Diaz del Moral es citado por Eric J. Hobsbawn en “Rebeldes Primitivos” Ariel. 1983/p 117.

1 Judith Valencia. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora adscrita al Departamento de Economía Teórica de la Escuela de Economía. Facultad de Economía y Ciencias Sociales. Cátedra de Economía Política. Caracas.

Edgardo Lander

¿Integración de qué? ¿Para quién? La consideración de los proyectos de integración latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales. ¿Integración para quién? ¿Para las los sectores privilegiados de estas sociedades? ¿Para que los capitales, sean nacionales o transnacionales, healing puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, sovaldi por el contrario, para los pueblos, para las mayorías empobrecidas, excluidas, subordinadas?

 

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.

Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.

Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.

Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.

Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.

El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.

Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.

No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.

Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.

Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.

Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.

Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander

[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo

[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.

[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)

[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela

 

bilaterals.org

Judith Valencia1,

En el murmullo cotidiano se escucha que en Venezuela, hemos abierto [pueblos y gobernantes] las compuertas hacia otro mundo posible. La multitud esta tentada a recorrer experiencias de vida novedosas.

Vivimos la ocasión de constituirnos en nación, libre y soberana. A cada ocasión, le corresponde un imaginario contenido. El de hoy, contiene lo de antes, recoge siglos.

Cada ocasión en su contexto. Para 2005 el contexto mundial delimita el diseño lo posible [maneras, sentidos, cauces]. Con certeza, el capitalismo en su andar perverso, achico el mundo de los pueblos. La multitud, habitantes de los territorios invadidos, son pobladores no-útiles/inútiles para los parámetros contemporáneos de la rentabilidad de los grandes capitales/de las empresas transnacionales. Tan simple, como que económicamente hablando, al capitalista no le es rentable asalariar, educar ni alimentar a pobladores innecesarios, inútiles, no rentables.

En este contexto [de fines del XX e inicios del XXI] delimitado por el dominio perverso del capitalismo, los pueblos rugen, contra el rugido, el imperio militariza el espacio social: prohíbe, reprime, encarcela, suelta a tanatos, empobrece cuerpos y espíritus. Envilece. El terror atómico de Hiroshima y Nagasaki [6 y 9 Agosto 1945] lo inyectan a través del tejido capilar del poder.

Muy a pesar de todo, los pueblos siguen rugiendo. En la Venezuela bolivariana, el rugido mundial/continental de la rebelión de los pueblos, deviene en voluntad/en deseo de hacer posible lo pensadamente imposible.

El contexto que traza el imperio, delimita. Haciendo uso [abuso] del arsenal bélico. El imaginario contenido en esta ocasión [Venezuela 1999 y hasta siempre] brota por los poros de la piel revolucionaria.

Resultan premonitorios dos estudios. Asi dicen:

  • “…aquello que mas ha movido a las grandes multitudes de nuestros países en los periodos revolucionarios no ha sido la ambición de crear un orden nuevo, sino la de recuperar un orden antiguo… la energía vital de cada revolución provenía del pasado” (1).

  • La creación de nuevos espacios de libertad para superar la actual sumisión del individuo soberano a las leyes del mercado o al despotismo del Estado, dependen de la composición material de las subjetividades que el propio proceso social va creando… La comprensión cabal de la plasticidad histórica del sujeto y de los procesos materiales que la determinan, es la única alternativa…”(2).

Entre quienes tuvieron como afán de vida, dejar dichos de prueba de los saltos de la humanidad, (3) dichos que condensan el contenido del imaginario colectivo. De entre ellos, convenimos en pensar que todo hecho humano es intencional cual maquinas de deseos. Siendo así, el proceso social prioriza [según los limites de cada ocasión] unos u otros de los contenidos en el imaginario colectivo.

Estando todo allí contenido, los deseos libertarios prohibidos y/o permitidos, formalizan y/o revolucionan las sociedades. De un tiempo para acá, los pueblos nos encontramos sumergidos [ahogados] en/por las normas del capitalismo transnacional, ejerciendo el gobierno mundial del imperio bélico, a través de la globalización, dispositivo que actúa tal cual la cuarta guerra mundial.

Guerra política mimetizada bajo el concepto contemporáneo de gobernabilidad, impulsada con un enfoque de democracia que al priorizar los derechos humanos de las minorías, actúa contra la multitud sin derechos. Enfoque de gobernabilidad que vienen forzando legitimar, a propósito de la seguridad post-11 de septiembre de 2001. Recién enuncian su certificación en la Asamblea General de la ONU/septiembre 2005, bajo el concepto de “Paz y Seguridad Colectiva”, junto al de “responsabilidad de proteger”. Conceptos que legalizarían el imperialismo desde la ONU.

Un dicho de prueba, (4) hace constar que con el capitalismo, el Estado lo es de gobierno:

  • El gobierno… como una manera de definir las cosas para conducirlas no al bien común, como decían los textos de los juristas, sino a un fin conveniente para cada una de las cosas que hay que gobernar… no se trata de imponer a los hombres una ley sino de disponer las cosas, es decir, utilizar bien tácticas que leyes, en ultimo termino utilizar las mismas leyes como tácticas: actuar de tal modo y a través de un cierto numero de medios para que este o aquel fin pueda ser alcanzado… los instrumentos de gobierno en vez de ser leyes serán tácticas multiformes…Este Estado de gobierno que se centra especialmente sobre la población y que se refiere y utiliza como instrumento el saber económico, corresponde a una sociedad controlada por los dispositivos de seguridad”.

Precisiones.

La ocasión, la Venezuela bolivariana que despliega un poder constituyente, permitiendo inventar nuevos espacios de libertad que ponen en tensión practicas sociales y a la misma vez recuperar la energía vital de las culturas milenarias.

El proceso al reconocer la plasticidad historia del sujeto no deja nada ni a nadie fuera. Las fuerzas libertarias prohibidas y latentes en el imaginario colectivo insurgen preñando de sentido todo acontecimiento.

Podemos decir, que hasta 1999 el gobierno mundial canalizo la política de hechos cumplidos [de tácticas por ley] a través de las negociaciones multilaterales y bilaterales.

Aprendimos en el camino que algunos de los nudos del amarre se desanudan, y que es posible todo a una misma vez. Que no hay que esperar que el capitalismo sucumba para empezar a sembrar la cosecha. Que a la misma vez que el imperio ofende, podemos liberar terreno [humano y material] desde donde contagiar el cultivo de la insurgencia, de lo inédito, de la novedad: de inventar vivir libre en multitud.

El ALBA, como alternativa bolivariana y/o como amanecer es cauce de esa ocasión. Es un plan de siembra propuesto para cosechar/ocupar territorio [humano y geográfico], expulsando y/o impidiendo la invasión de la inversión del capitalista, quien como todo humano actúa con su intención.

ALBA & ALCA, filosofías contrarias en esencia, se baten en lucha por un mismo territorio, con intensiones opuestas y a un mismo tiempo. La lucha por territorio deriva entre victoria o derrota. Necesario es vencer.

El ALBA tuvo un punto de partida, en el deseo manifiesto del Comandante Hugo Chavez, en diciembre 2001 cuando expuso la magia de la integración entre los pueblos, oponiéndose al ALCA en tanto mandato del Imperio. Sin embargo, el ALBA echa a andar cuando en el imaginario colectivo los pueblos van reconociendo y hacen suya la intención expresada en el deseo enunciado.

En el contexto de situaciones entre abril y diciembre 2002, el ALBA amanece socialmente. Los pueblos asumen hacer posible los proyectos de vida inconclusos, abortados, reprimidos. La energía vital del pasado se hizo presente en las calles.

El proceso bolivariano lo aprueba y comprueba. Podríamos enumerar los artículos de la Constitución/99 que enuncian la posibilidad de ALBA`s. Avanzado el proceso es necesario reconocerlo en la Constitución, mas no es suficiente. Lo enunciado, aprobado y refrendado vino sucediendo como intención manifiesta y protagónica.

Entre abril y diciembre 2002, derrotando el golpe de estado de abril y el sabotaje petrolero de diciembre los pueblos en las calles reconocieron sus carencias y sintieron su fuerza y la urgencia. Sin disolver el Estado, la sociedad asumió misiones de gobierno. Un colectivo en tensión, reconociendo la Constitución refrendada el 15 de diciembre de 1999, sabiendo de las Leyes Habilitantes del 13 de noviembre de 2001, asalto la posibilidad de convertir planes de gobierno en tareas de pueblo protagónico. La reconquista del terreno político [con el contra-golpe del 13 de abril 2002] de PDVSA y del ingreso petrolero [en marzo de 2003] dieron condiciones e hicieron realidad la voluntad política presidencial de “darle poder a los pobres”, al asumir compromisos con las misiones.

El ALBA es hacia adentro de lo humano y de la geografía, celebrando un proceso social en el que lo pobladores laboran su propio destino soberano, ocupando territorios.

Digo los pueblos: indígenas, campesinos, citadinos. Todos, los más diversos sujetos planteando lo suyo, sin sujetar a los otros. Con la intención manifiesta de cerrarle el paso, a las tácticas emanadas del Estado de gobierno mundial, que instrumentaliza la anexión de territorios mutilando a sus pueblos pobladores.

Con el ALBA, nos proponemos integrar las capacidades humanas junto a las riquezas territoriales, para satisfacer necedades y necesidades culturales. Necedades y necesidades de alimento del cuerpo y del espíritu, de abrigo, de ocio, de los deseos por-venir. El ALBA respeta el hecho cierto de que la felicidad es una construcción cultural.

Todos en el ALBA, cada cultura con su perfil.

Los pueblos citadinos tienen costumbres de la ciudad, pero según su región originaria y/o su raza, son citadinos culturalmente diversos.

Los pueblos indígenas según su geografía, su cosmovisión, labores, ritos y mitos.

Así como los campesinos, indígenas o afrodescendientes, andinos o isleños. Cultivadores de la tierra y/o del mar o del rió. Cada cual tiene lo suyo no transferible.

Los ritmos de vida están impregnados de cultura, de condiciones del saber. Hay un ritmo del analfabeta, quien al aprender a leer incorpora su experiencia a la lectura. El ALBA reconoce los ritmos y los respeta en desacuerdo práctico con los criterios de la competencia que deshecha multitudes. El ALBA se funda en el respeto de los ritmos de otros.

Cada quien a su paso pero todos a una misma vez, defendiendo la soberanía de los territorios preñados de culturas.

Hasta aquí el renacer de las culturas milenarias contenidas en el imaginario colectivo. Imaginario depositario de otras visiones, construidas en los cruces mestizos de los haceres mercantiles. Por ello es que en el ALBA`s también se incluyen políticas publicas comerciales, que pretenden cambios significativos en las maneras de producir bienes y servicios, concertadas entre privados y entre empresas publicas intergubernamentales.

En la segunda mitad del siglo XX, la naturaleza artificial creada en torno a la tecnología capitalista, subsumió costumbres y tradiciones. Formuló maneras de producir y patrones de consumo. El citadino, el profesional libre, las pautas del comercio interinstitucional e internacional estarán presentes en muchos años por-venir.

Esta verdad tiene sitio en el ALBA`s por ello, inscribimos en la filosofía del ALBA`s, los Convenios Comerciales Compensados y las Alianzas Estratégicas circunstanciales. Como variantes en el combate de restarle apoyo real personal/político, a la ofensiva contrarrevolucionaria con intención hemisférica envolvente y expansiva del inversionista imperial.

Los Convenios guiados por el sentido del ALBA`s, entienden que en el comercio no esta el problema, admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado, en la medida que este resulte mutuamente conveniente, para ampliar y profundizar el intercambio comercial. Es así como surgen convenios comerciales compensados.

Las Alianzas Estratégicas circunstanciales tienen al petróleo como centro. El gobierno bolivariano utiliza su recurso abundante escaso en territorios de pueblos hermanos, negociando intercambios complementarios, sin exigir compensaciones que vulneren la soberanía y dando condiciones de comercialización solidarias, sustituyendo las exigencias de las transnacionales privadas. Estas alianzas estratégicas que tienen como centro el petróleo y el gas son políticas comerciales fundadas en la conservación de los recursos naturales no renovables, la solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre pueblos. Asegurando el acceso democrático a la energía a precio razonable. Se concibe como un acuerdo entre gobiernos, concreta esfuerzos en la complementariedad de las capacidades de nuestras empresas estatales de energía.

De lo dicho podemos derivar que el ALBA’s tiene un amplio trecho por andar. Lento pero sin pausa. Y en su andar, abarcando la lucha, por no dejar que la Comunidad Suramericana de Naciones por-venir, quede atrapada en la intención imperial, que proyecta surcar los territorios con ductos para succionar los recursos energéticos, biodiversos y de agua (5). Debemos estar alertas porque todos los cargos de mando en los organismos de integración regionales están en manos de quienes fueron funcionarios en gestiones anteriores de gobiernos. No pienso en coincidencias. Pero si, en que han conjugado intenciones. Nuevas tareas para el ALBA’s y con ellas responsabilidades de los pueblos comprometidos y protagónicos.

Para concluir le doy la palabra a un campesino andaluz propagando semillas de ALBA (6).

Todos eran agitadores

De tal suerte, el incendio

Se propagó rápidamente

Por los pueblos combustibles

Nadie Formulaba peticiones

Ni exigencias, nadie intentaba

negociar (… ) El pueblo quería

cosas más trascendentales

que los meros aumentos salariales

Pero, ¿ cómo vendría el gran cambio ¿ Nadie

lo sabía. En el fondo,

los campesinos pensaban

que tenían que llegar

de alguna forma sí

todos los hombres se

declaraban por él al

mismo tiempo.

Juan Díaz del Morral, 1929

Notas:

  1. Fernando Mires. “ La Rebelión Permanente” Siglo XXI 1988/p448

  2. Enzo Del Bufalo. “La genealogía de la Subjetividad” Monte Ávila Editores 1991/p169.

  3. Entre muchos otros no menos valiosos: Marx/1844, Nietzshe/1890, Freud/1905. Einstein/1920, Picasso/1930, Faucault/1975. Vive en el imaginario colectivo en poetas y cantautores.

  4. Michel Foucault. “La Gubernamentabilidad” Colección: Genealogía del Poder. Espacios del Poder. La Piqueta. 1981 (Exposición enero 1978)

  5. La Biodiversidad tiene como base fundamental el reconocimiento de la diversidad humana la biodiversidad no es solo flora y fauna, suelo, agua y ecosistemas, es también culturas, sistemas productivos, relaciones humanas y económicas, formas de gobierno, es en esencia libertad. El imperio tiene la intención de hacer suya la biodiversidad: Territorio y vida nuestra.

  6. Juan Diaz del Moral es citado por Eric J. Hobsbawn en “Rebeldes Primitivos” Ariel. 1983/p 117.


1 Judith Valencia. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora adscrita al Departamento de Economía Teórica de la Escuela de Economía. Facultad de Economía y Ciencias Sociales. Cátedra de Economía Política. Caracas.

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Judith Valencia1,

En el murmullo cotidiano se escucha que en Venezuela, hemos abierto [pueblos y gobernantes] las compuertas hacia otro mundo posible. La multitud esta tentada a recorrer experiencias de vida novedosas.

Vivimos la ocasión de constituirnos en nación, libre y soberana. A cada ocasión, le corresponde un imaginario contenido. El de hoy, contiene lo de antes, recoge siglos.

Cada ocasión en su contexto. Para 2005 el contexto mundial delimita el diseño lo posible [maneras, sentidos, cauces]. Con certeza, el capitalismo en su andar perverso, achico el mundo de los pueblos. La multitud, habitantes de los territorios invadidos, son pobladores no-útiles/inútiles para los parámetros contemporáneos de la rentabilidad de los grandes capitales/de las empresas transnacionales. Tan simple, como que económicamente hablando, al capitalista no le es rentable asalariar, educar ni alimentar a pobladores innecesarios, inútiles, no rentables.

En este contexto [de fines del XX e inicios del XXI] delimitado por el dominio perverso del capitalismo, los pueblos rugen, contra el rugido, el imperio militariza el espacio social: prohíbe, reprime, encarcela, suelta a tanatos, empobrece cuerpos y espíritus. Envilece. El terror atómico de Hiroshima y Nagasaki [6 y 9 Agosto 1945] lo inyectan a través del tejido capilar del poder.

Muy a pesar de todo, los pueblos siguen rugiendo. En la Venezuela bolivariana, el rugido mundial/continental de la rebelión de los pueblos, deviene en voluntad/en deseo de hacer posible lo pensadamente imposible.

El contexto que traza el imperio, delimita. Haciendo uso [abuso] del arsenal bélico. El imaginario contenido en esta ocasión [Venezuela 1999 y hasta siempre] brota por los poros de la piel revolucionaria.

Resultan premonitorios dos estudios. Asi dicen:

  • “…aquello que mas ha movido a las grandes multitudes de nuestros países en los periodos revolucionarios no ha sido la ambición de crear un orden nuevo, sino la de recuperar un orden antiguo… la energía vital de cada revolución provenía del pasado” (1).

  • La creación de nuevos espacios de libertad para superar la actual sumisión del individuo soberano a las leyes del mercado o al despotismo del Estado, dependen de la composición material de las subjetividades que el propio proceso social va creando… La comprensión cabal de la plasticidad histórica del sujeto y de los procesos materiales que la determinan, es la única alternativa…”(2).

Entre quienes tuvieron como afán de vida, dejar dichos de prueba de los saltos de la humanidad, (3) dichos que condensan el contenido del imaginario colectivo. De entre ellos, convenimos en pensar que todo hecho humano es intencional cual maquinas de deseos. Siendo así, el proceso social prioriza [según los limites de cada ocasión] unos u otros de los contenidos en el imaginario colectivo.

Estando todo allí contenido, los deseos libertarios prohibidos y/o permitidos, formalizan y/o revolucionan las sociedades. De un tiempo para acá, los pueblos nos encontramos sumergidos [ahogados] en/por las normas del capitalismo transnacional, ejerciendo el gobierno mundial del imperio bélico, a través de la globalización, dispositivo que actúa tal cual la cuarta guerra mundial.

Guerra política mimetizada bajo el concepto contemporáneo de gobernabilidad, impulsada con un enfoque de democracia que al priorizar los derechos humanos de las minorías, actúa contra la multitud sin derechos. Enfoque de gobernabilidad que vienen forzando legitimar, a propósito de la seguridad post-11 de septiembre de 2001. Recién enuncian su certificación en la Asamblea General de la ONU/septiembre 2005, bajo el concepto de “Paz y Seguridad Colectiva”, junto al de “responsabilidad de proteger”. Conceptos que legalizarían el imperialismo desde la ONU.

Un dicho de prueba, (4) hace constar que con el capitalismo, el Estado lo es de gobierno:

  • El gobierno… como una manera de definir las cosas para conducirlas no al bien común, como decían los textos de los juristas, sino a un fin conveniente para cada una de las cosas que hay que gobernar… no se trata de imponer a los hombres una ley sino de disponer las cosas, es decir, utilizar bien tácticas que leyes, en ultimo termino utilizar las mismas leyes como tácticas: actuar de tal modo y a través de un cierto numero de medios para que este o aquel fin pueda ser alcanzado… los instrumentos de gobierno en vez de ser leyes serán tácticas multiformes…Este Estado de gobierno que se centra especialmente sobre la población y que se refiere y utiliza como instrumento el saber económico, corresponde a una sociedad controlada por los dispositivos de seguridad”.

Precisiones.

La ocasión, la Venezuela bolivariana que despliega un poder constituyente, permitiendo inventar nuevos espacios de libertad que ponen en tensión practicas sociales y a la misma vez recuperar la energía vital de las culturas milenarias.

El proceso al reconocer la plasticidad historia del sujeto no deja nada ni a nadie fuera. Las fuerzas libertarias prohibidas y latentes en el imaginario colectivo insurgen preñando de sentido todo acontecimiento.

Podemos decir, que hasta 1999 el gobierno mundial canalizo la política de hechos cumplidos [de tácticas por ley] a través de las negociaciones multilaterales y bilaterales.

Aprendimos en el camino que algunos de los nudos del amarre se desanudan, y que es posible todo a una misma vez. Que no hay que esperar que el capitalismo sucumba para empezar a sembrar la cosecha. Que a la misma vez que el imperio ofende, podemos liberar terreno [humano y material] desde donde contagiar el cultivo de la insurgencia, de lo inédito, de la novedad: de inventar vivir libre en multitud.

El ALBA, como alternativa bolivariana y/o como amanecer es cauce de esa ocasión. Es un plan de siembra propuesto para cosechar/ocupar territorio [humano y geográfico], expulsando y/o impidiendo la invasión de la inversión del capitalista, quien como todo humano actúa con su intención.

ALBA & ALCA, filosofías contrarias en esencia, se baten en lucha por un mismo territorio, con intensiones opuestas y a un mismo tiempo. La lucha por territorio deriva entre victoria o derrota. Necesario es vencer.

El ALBA tuvo un punto de partida, en el deseo manifiesto del Comandante Hugo Chavez, en diciembre 2001 cuando expuso la magia de la integración entre los pueblos, oponiéndose al ALCA en tanto mandato del Imperio. Sin embargo, el ALBA echa a andar cuando en el imaginario colectivo los pueblos van reconociendo y hacen suya la intención expresada en el deseo enunciado.

En el contexto de situaciones entre abril y diciembre 2002, el ALBA amanece socialmente. Los pueblos asumen hacer posible los proyectos de vida inconclusos, abortados, reprimidos. La energía vital del pasado se hizo presente en las calles.

El proceso bolivariano lo aprueba y comprueba. Podríamos enumerar los artículos de la Constitución/99 que enuncian la posibilidad de ALBA`s. Avanzado el proceso es necesario reconocerlo en la Constitución, mas no es suficiente. Lo enunciado, aprobado y refrendado vino sucediendo como intención manifiesta y protagónica.

Entre abril y diciembre 2002, derrotando el golpe de estado de abril y el sabotaje petrolero de diciembre los pueblos en las calles reconocieron sus carencias y sintieron su fuerza y la urgencia. Sin disolver el Estado, la sociedad asumió misiones de gobierno. Un colectivo en tensión, reconociendo la Constitución refrendada el 15 de diciembre de 1999, sabiendo de las Leyes Habilitantes del 13 de noviembre de 2001, asalto la posibilidad de convertir planes de gobierno en tareas de pueblo protagónico. La reconquista del terreno político [con el contra-golpe del 13 de abril 2002] de PDVSA y del ingreso petrolero [en marzo de 2003] dieron condiciones e hicieron realidad la voluntad política presidencial de “darle poder a los pobres”, al asumir compromisos con las misiones.

El ALBA es hacia adentro de lo humano y de la geografía, celebrando un proceso social en el que lo pobladores laboran su propio destino soberano, ocupando territorios.

Digo los pueblos: indígenas, campesinos, citadinos. Todos, los más diversos sujetos planteando lo suyo, sin sujetar a los otros. Con la intención manifiesta de cerrarle el paso, a las tácticas emanadas del Estado de gobierno mundial, que instrumentaliza la anexión de territorios mutilando a sus pueblos pobladores.

Con el ALBA, nos proponemos integrar las capacidades humanas junto a las riquezas territoriales, para satisfacer necedades y necesidades culturales. Necedades y necesidades de alimento del cuerpo y del espíritu, de abrigo, de ocio, de los deseos por-venir. El ALBA respeta el hecho cierto de que la felicidad es una construcción cultural.

Todos en el ALBA, cada cultura con su perfil.

Los pueblos citadinos tienen costumbres de la ciudad, pero según su región originaria y/o su raza, son citadinos culturalmente diversos.

Los pueblos indígenas según su geografía, su cosmovisión, labores, ritos y mitos.

Así como los campesinos, indígenas o afrodescendientes, andinos o isleños. Cultivadores de la tierra y/o del mar o del rió. Cada cual tiene lo suyo no transferible.

Los ritmos de vida están impregnados de cultura, de condiciones del saber. Hay un ritmo del analfabeta, quien al aprender a leer incorpora su experiencia a la lectura. El ALBA reconoce los ritmos y los respeta en desacuerdo práctico con los criterios de la competencia que deshecha multitudes. El ALBA se funda en el respeto de los ritmos de otros.

Cada quien a su paso pero todos a una misma vez, defendiendo la soberanía de los territorios preñados de culturas.

Hasta aquí el renacer de las culturas milenarias contenidas en el imaginario colectivo. Imaginario depositario de otras visiones, construidas en los cruces mestizos de los haceres mercantiles. Por ello es que en el ALBA`s también se incluyen políticas publicas comerciales, que pretenden cambios significativos en las maneras de producir bienes y servicios, concertadas entre privados y entre empresas publicas intergubernamentales.

En la segunda mitad del siglo XX, la naturaleza artificial creada en torno a la tecnología capitalista, subsumió costumbres y tradiciones. Formuló maneras de producir y patrones de consumo. El citadino, el profesional libre, las pautas del comercio interinstitucional e internacional estarán presentes en muchos años por-venir.

Esta verdad tiene sitio en el ALBA`s por ello, inscribimos en la filosofía del ALBA`s, los Convenios Comerciales Compensados y las Alianzas Estratégicas circunstanciales. Como variantes en el combate de restarle apoyo real personal/político, a la ofensiva contrarrevolucionaria con intención hemisférica envolvente y expansiva del inversionista imperial.

Los Convenios guiados por el sentido del ALBA`s, entienden que en el comercio no esta el problema, admiten la posibilidad de practicar el comercio compensado, en la medida que este resulte mutuamente conveniente, para ampliar y profundizar el intercambio comercial. Es así como surgen convenios comerciales compensados.

Las Alianzas Estratégicas circunstanciales tienen al petróleo como centro. El gobierno bolivariano utiliza su recurso abundante escaso en territorios de pueblos hermanos, negociando intercambios complementarios, sin exigir compensaciones que vulneren la soberanía y dando condiciones de comercialización solidarias, sustituyendo las exigencias de las transnacionales privadas. Estas alianzas estratégicas que tienen como centro el petróleo y el gas son políticas comerciales fundadas en la conservación de los recursos naturales no renovables, la solidaridad compartida y la corresponsabilidad social entre pueblos. Asegurando el acceso democrático a la energía a precio razonable. Se concibe como un acuerdo entre gobiernos, concreta esfuerzos en la complementariedad de las capacidades de nuestras empresas estatales de energía.

De lo dicho podemos derivar que el ALBA’s tiene un amplio trecho por andar. Lento pero sin pausa. Y en su andar, abarcando la lucha, por no dejar que la Comunidad Suramericana de Naciones por-venir, quede atrapada en la intención imperial, que proyecta surcar los territorios con ductos para succionar los recursos energéticos, biodiversos y de agua (5). Debemos estar alertas porque todos los cargos de mando en los organismos de integración regionales están en manos de quienes fueron funcionarios en gestiones anteriores de gobiernos. No pienso en coincidencias. Pero si, en que han conjugado intenciones. Nuevas tareas para el ALBA’s y con ellas responsabilidades de los pueblos comprometidos y protagónicos.

Para concluir le doy la palabra a un campesino andaluz propagando semillas de ALBA (6).

Todos eran agitadores

De tal suerte, el incendio

Se propagó rápidamente

Por los pueblos combustibles

Nadie Formulaba peticiones

Ni exigencias, nadie intentaba

negociar (… ) El pueblo quería

cosas más trascendentales

que los meros aumentos salariales

Pero, ¿ cómo vendría el gran cambio ¿ Nadie

lo sabía. En el fondo,

los campesinos pensaban

que tenían que llegar

de alguna forma sí

todos los hombres se

declaraban por él al

mismo tiempo.

Juan Díaz del Morral, 1929

Notas:

  1. Fernando Mires. “ La Rebelión Permanente” Siglo XXI 1988/p448

  2. Enzo Del Bufalo. “La genealogía de la Subjetividad” Monte Ávila Editores 1991/p169.

  3. Entre muchos otros no menos valiosos: Marx/1844, Nietzshe/1890, Freud/1905. Einstein/1920, Picasso/1930, Faucault/1975. Vive en el imaginario colectivo en poetas y cantautores.

  4. Michel Foucault. “La Gubernamentabilidad” Colección: Genealogía del Poder. Espacios del Poder. La Piqueta. 1981 (Exposición enero 1978)

  5. La Biodiversidad tiene como base fundamental el reconocimiento de la diversidad humana la biodiversidad no es solo flora y fauna, suelo, agua y ecosistemas, es también culturas, sistemas productivos, relaciones humanas y económicas, formas de gobierno, es en esencia libertad. El imperio tiene la intención de hacer suya la biodiversidad: Territorio y vida nuestra.

  6. Juan Diaz del Moral es citado por Eric J. Hobsbawn en “Rebeldes Primitivos” Ariel. 1983/p 117.

1 Judith Valencia. Profesora Titular de la Universidad Central de Venezuela. Investigadora adscrita al Departamento de Economía Teórica de la Escuela de Economía. Facultad de Economía y Ciencias Sociales. Cátedra de Economía Política. Caracas.

sans-serif;”> e Clarisse Castro


Introdução

A percepção do processo de integração representado pelo Mercosul não pode ser vista como uniforme do ponto de vista dos movimentos sociais brasileiros. De fato, ao longo do período que vai da segunda metade dos anos 80 até a metade da primeira década deste novo século, dependendo do setor social com o qual se esteja em diálogo, se poderá perceber estas visões diferenciadas.

Do ponto de vista dos movimentos sociais, o processo de integração que surge no debate ao final dos anos 80 vem dentro de um pacote de discussões que implicava debater o que fazer com os espaços de democratização que iam sendo conquistados, e ao mesmo tempo confrontar as políticas de ajuste (patrocinada especialmente pelas instituições financeiras multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento) relativas ao enfrentamento da questão das dívidas externas dos países da região, que eram o centro da polêmica naquele momento. Essa não era a perspectiva dos governos, e desta forma o processo de integração foi visto com cada vez menos interesse por parte dos movimentos.

Da mesma forma, a predominância de uma visão liberal de integração ao longo dos anos 90, fruto de governos quase sempre também hegemonizados por esta perspectiva, e de um processo de integração guiado apenas pela reestruturação produtiva das grandes empresas transnacionais à escala mundial (e, portanto, também continental, o que envolvia pelo menos, na maior parte das vezes, os dois principais parceiros do Mercosul, Argentina e Brasil) e pela busca de oportunidades de negócios é visto como um processo hostil, e que tem como reação por parte dos movimentos sociais o seu afastamento da discussão substantiva do processo de integração em curso ou, em um caso muito específico, que é o das organizações sindicais representando trabalhadores atingidos diretamente pelo processo de reestruturação produtiva das empresas transnacionais, a tentativa de resistir e influir neste processo, negociando de alguma forma.

As crises sucessivas na segunda metade dos anos 90, decorrentes dos processos estruturais de liberalização financeira levados adiante nos países da região ao longo daquela década, o processo de discussão internacional sobre uma ainda maior liberalização, a partir da criação da Organização Mundial do Comércio em 1995, com, e em decorrência de, a conclusão da Rodada Uruguai de discussões do GATT, e a instalação do processo negociador para a criação da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), com o acirramento das resistências dos movimentos sociais no nível internacional, dos quais a resistência em Seattle e a própria estruturação do Fórum Social Mundial, como evento e como processo de discussão, na seqüência, levaram a um recomeço de discussão não propriamente do processo real de negociação que se travava no Mercosul, mas especialmente da possibilidade de colocar este processo de integração regional como uma alternativa, com a alteração de sua natureza, dos processos de integração então em curso.

Essa ainda é a situação hoje, embora o novo governo instalado a partir de 2003 tenha tornado o processo de discussão mais transparente, e aberto alguns canais para a rediscussão da essência do processo de integração. O próprio funcionamento do Mercosul como bloco nos processos de negociação como o para a eventual criação da ALCA, ou as negociações bi-regionais com a União Européia forçam as instâncias oficiais a pensarem mais o próprio processo de integração do Mercosul dentro de uma perspectiva que é a de acertos sobre o desenvolvimento regional.

Apesar de insuficiente, esse processo de discussão novo pode significar finalmente pensar a integração dos quatro países do bloco, e talvez outros, dentro de uma perspectiva alternativa que possa ajudar a superar os entraves historicamente desenhados por países que nunca conseguiram pensar a alternativa da integração como uma efetiva possibilidade de futuro (vale ressaltar que no momento em que nos encontramos, o Mercosul é talvez a mais estruturada dessas possibilidades, mas existem discussões sobre a constituição da Comunidade Sul-Americana de Nações, ou a proposta da Alternativa Bolivariana para as Américas – ALBA -, patrocinada pelo governo venezuelano e também por vários movimentos sociais de todo continente, ou ainda, fora do âmbito dos estados nacionais da região, a proposta de integração desenhada na “Alternativa para as Américas”, no bojo da reflexão das entidades e movimentos sociais da região participantes da Aliança Social Continental(1). Isto porque as estratégias de desenvolvimento oficiais até aqui levadas adiante envolveram uma estratégia de integração primário-exportadora, como fornecedor de insumos minerais ou agropecuários aos países capitalistas centrais, como no período pré-2a. Guerra Mundial, ou estratégias mais autárquicas, buscando a constituição de uma indústria nacional através de processos também nacionais de substituição de importações, e portanto, naturalmente endógenos e entrópicos nestes casos. Em ambas as estratégias, a integração não é uma alternativa, mas ao contrário, ambos os modelos se confrontam com a possibilidade da integração, pois os países são concorrentes por mercados, no primeiro caso, ou por capitais, no segundo caso, e portanto, existem nestas duas situações conflitos efetivos de interesses entre eles que, mais que impedir a integração como alternativa, a colocam como contradição.

Neste momento, portanto, se o objetivo é pensar a integração como possibilidade e como alternativa, é importante buscar escapar de seguir trabalhando com a lógica que um modelo de liberalização financeira, ainda predominante nos países da região, coloca, especialmente a partir das crises da segunda metade dos anos 90, da constituição de saldos comerciais como um elemento de obtenção de divisas para seguir honrando dívidas e garantias à livre movimentação dos capitais. Esse tipo de modelo segue acirrando o conflito entre os países (que, nesta situação, passam a competidores por divisas), fazendo com que a integração seja vista apenas do ponto de vista possibilidade de obtenção destas mesmas divisas (2), acirrando o conflito e forçando novamente um modelo contraditório com a própria integração em si.

Democratização e Dívida: As Discussões nos Anos 80 e a Percepção da Integração

Os debates que levaram à formulação da idéia recente de integração dos países do Cone Sul, na segunda metade dos anos 80, especialmente dos pontos de vista de Argentina e Brasil (3), tinham na raiz dois elementos aparentemente centrais: a reestruturação produtiva dos grandes grupos transnacionais atuando na região e a busca destas empresas por ganhos de localização e escala e, de outro lado e não menos importante, a busca dos governos novos, que representavam forças do processo de redemocratização da região, em curso neste período, por alternativas de desenvolvimento que pudessem se viabilizar como um caminho diverso das políticas de ajuste estrutural ao pagamento da dívida externa que se constituíam como situação padrão na condução macroeconômica desses países ao longo daquela década, a partir da elevação das taxas de juros por parte dos EUA, com o Governo Reagan (4), e a escassez de capitais que se seguiu no cenário financeiro internacional para a renegociação de dívidas magnificadas por políticas de endividamento externo levadas adiante nos anos 70 por governos ditatoriais na região.

Deixando de lado a primeira destas raízes, pois embora com capacidade de influenciar pesadamente a condução de políticas de Estado, o centro de seu processo de definição estava fora da região, nas matrizes destes grupos, é importante centrar a discussão aqui no segundo elemento, a busca por uma alternativa de desenvolvimento.

Isso envolve retornar à dura discussão ao longo dos anos 80, quando de um lado o conjunto dos movimentos sociais organizados, e muitas vezes setores dos próprios governos, se confrontavam com as limitações que as políticas de ajuste ao pagamento das dívidas externas acordadas entre os governos da região e as instituições financeiras multilaterais, FMI e Banco Mundial à frente. Esta situação, com elementos comuns nos dois principais parceiros do Mercosul, dá o pano de fundo não apenas para a busca de alternativas, mas também para uma aproximação nova entre os movimentos organizados nos dois países em busca de forças para enfrentar a visão de ajuste via geração de mega-superávits no comércio exterior e compressão do mercado interno patrocinada pelas instituições financeiras multilaterais.

Para os movimentos sociais, entender a dinâmica do endividamento (resultantes de processos diferentes em Brasil e Argentina), mas sobretudo a crise da dívida externa, explicitada a partir da moratória mexicana no começo da década e o início das negociações dos acordos referentes à dívida externa com as instituições financeiras multilaterais e a estruturação das chamadas “políticas de ajuste estrutural” leva a uma aproximação face à hostilidade que estas políticas representavam às demandas democráticas apresentadas pelos movimentos sociais ao longo dos processos de redemocratização. Na dinâmica do endividamento em si muitas vezes se apresentavam grandes projetos, com enormes conseqüências negativas sobre o meio-ambiente e na grande maioria das vezes sobre as populações por eles diretamente atingidas, patrocinados especialmente por instituições multilaterais de fomento, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que funcionavam para ir criando canais de aproximação entre os movimentos sociais dos vários países (defensores do meio ambiente, atingidos por barragens, populações indígenas e outras populações tradicionais, pequena agricultura familiar, entre outros). Por outro lado, os parâmetros das chamadas “políticas de ajuste” acordadas com aquelas instituições previam cortes orçamentários e limitadores ao crescimento econômico, quando não resultavam (como na maioria das vezes) em estagnação e processos recessivos, com enormes efeitos negativos sobre a maioria das populações, em especial os trabalhadores menos organizados, os idosos, os jovens e as mulheres (vale lembrar que uma das conseqüências das políticas de ajuste foi a explosão inflacionária em vários países). Assim, o entendimento dos processos e a resistência organizada dos movimentos sociais em cada país às políticas de ajuste ajudavam a criar laços entre as organizações sociais dos vários países da região.

Para os governos de Argentina e Brasil na segunda metade dos anos 80 (governos dos presidentes Alfonsín, na Argentina, e Sarney, no Brasil), estruturados com o processo de redemocratização de seus países, a tentativa de atuação em conjunto no primeiro momento, e de integração, no momento seguinte, aparecia como uma forma de resolver a um dilema que era colocado e discutido na época: o de que a democratização deveria poder representar uma melhoria geral e efetiva das condições de vida das populações desses países, ou poderia rapidamente ver erodida a sua base social frente a uma população que se organizava e apresentava demandas. Do ponto de vista dos governos, a integração aparecia então como uma possibilidade de alternativa (como se apresentaram em algum momento planos heterodoxos de estabilização nos dois países, como o Plano Austral, na Argentina, e o Plano Cruzado, no Brasil) ou pura e simplesmente como uma forma de aumentar o poder de barganha dos países frente aos comitês negociadores formados pelos seus credores (a idéia de um cartel de devedores, nunca efetivado, para poder negociar com o cartel dos credores, este efetivo e capitaneado pelos principais bancos, era uma idéia que vez por outra voltava a tona, e exigia uma confiança e capacidade de articulação de interesses e diplomática que inexistia no período).

Assim, e de forma insipiente, o processo de integração entre Argentina e Brasil, e que depois veria a ele incorporados Uruguai e Paraguai, aparecia como uma possibilidade de uma maior articulação defensiva, mas também de construção de um novo tipo de desenvolvimento (que fosse na sua essência a contraposição às políticas de ajuste), com crescimento econômico e políticas macroeconômicas articuladas entre os quatro países, mas também como uma possibilidade de associar a essas políticas os objetivos de democracia, participação, redução de desigualdades, e sustentabilidade social e ambiental, que estavam na essência do conflito entre os movimentos sociais e as políticas de ajuste, e por isso essa possibilidade empolgou os movimentos organizados dos quatro países da região.

As Relações entre os Movimentos Sociais e entre estes e o Arcabouço Institucional

Vistos alguns dos aspectos que caracterizam e dificultam o processo de integração entre Mercosul, vale apresentar a relação entre os movimentos sociais, organizações da sociedade civil e sindicatos dos países membros, e também apresentar a relação destes atores através da estrutura organizacional que foi sendo definida no Mercosul. Neste sentido, destaca-se o papel do Movimento Sindical, do Movimento de Mulheres, do Movimento dos Trabalhadores Rurais, das Organizações Não-Governamentais que lidam principalmente com temas fronteiriços, além da importância das Redes e Articulações da sociedade civil focadas no livre comércio.

Em quase quinze anos, desde que o Tratado de Assunção foi firmado, os temas econômico-comerciais conduziram a agenda do Mercosul, colocando alguns objetivos essenciais para o processo de integração regional em segundo plano, como por exemplo, o incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico, preservação do meio ambiente, difusão cultural, educação e saúde. Apesar desta constatação, estabeleceram-se iniciativas e pequenos avanços foram alcançados, sobretudo em aspectos que interagem com questões fronteiriças e relacionadas ao trabalho. Tais avanços foram discutidos principalmente, no âmbito das reuniões especializadas e no Fórum Consultivo Econômico e Social (FCES) – instâncias na qual as ações participativas da sociedade civil são institucionalizadas.

O movimento sindical, com destaque para a Coordenadora de Centrais Sindicais do Cone Sul (CCSCS) (5), foi fundamental para a evolução da participação da sociedade civil na estrutura do Mercosul e no debate sociolaboral dos países membros. A própria história da Coordenadora e suas reivindicações, mostram como se constituiu este processo de participação, que levando em consideração as outras esferas sociais, teve uma maior visibilidade. Desta maneira, cabe apresentar um pequeno histórico de sua formação e desenvolvimento.

A CCSCS foi fundada em 1986 com o objetivo de defender a democracia e formular ação conjunta contra a dívida externa. No final de 1990 define como prioridade de trabalho a necessidade de desempenhar um papel protagonista na integração econômica e social do Cone Sul. A partir de 1991 aprova em diversos encontros anuais documentos analíticos contendo importantes reivindicações, das quais podemos destacar a Criação do Subgrupo de Relações do Trabalho (e instituído pelo bloco em 1992), a adoção de uma Carta de Direitos Fundamentais para o Mercosul e a criação de um fórum de representação da sociedade civil, para fortalecer a participação desta na construção do Mercosul. Esta última reivindicação é apresentada no ano de 1994, mesma ocasião em que se apresenta o Protocolo de Ouro Preto criando o Fórum Consultivo Econômico e Social do Mercosul (FCES).

O FCES vai ser oficialmente instituído em 1996, mesmo ano em que, a Coordenadora, como participante ativa do Fórum, consegue incluir o Direito a Iniciativa (direito de apresentar propostas ao Grupo Mercado Comum por iniciativa própria e não apenas quando consultado) e apresentar um projeto de um instrumento de proteção aos direitos trabalhistas, que foi discutido posteriormente em forma tripartidária e aprovado como a Declaração Sociolaboral do Mercosul. Esta declaração permite uma maior visibilidade dos efeitos da integração comercial e da ação das empresas uma vez que estabelece mecanismos que podem viabilizar a negociação coletiva e um espaço de solução de conflito entre os segmentos econômicos, sociais e entre os países (6).

Apesar de tais conquistas serem consideradas um progresso na participação mais ativa das representações dos trabalhadores no processo de negociação do Mercosul, é preciso criar mecanismos efetivos que ampliem a influência do FCES nas definições de políticas nos setores produtivo e social. Deveriam ainda ser priorizadas as questões sociais no âmbito do arcabouço institucional do Mercosul – desta forma, seriam dados passos essenciais no sentido de contemplar o que o Tratado de Assunção menciona: o objetivo de integração seria alcançado através do desenvolvimento e a estabilização econômica com “justiça social”.

No que se refere à influência e participação do Fórum, chamamos à atenção para as manifestações de seus representantes nos anos que seguiram a sua criação. Estas tinham o objetivo de relembrar aos Presidentes da importância de se efetivarem as consultas, tendo em vista a finalidade e o espírito em que o Fórum foi criado: “O FCES poderá cumprir com seu papel de agente consultivo se for devidamente consultado dentro de um processo onde disponha das devidas informações e condições para a elaboração de sua Recomendação, situação que até o momento não ocorreu (Ata da VI Reunião Plenária do FCES)” (7).

Mesmo sem representatividade efetiva nas instâncias responsáveis pelo processo decisório no Mercosul, as organizações da sociedade civil e os movimentos sociais dos quatro países membros se articulam, elaboram declarações conjuntas e desenvolvem atividades integradas. Anualmente, são realizados diversos encontros, seminários e atividades sobre temáticas especificas dos movimentos, ou fóruns mais amplos que abarcam temas sociais gerais comuns aos quatro países do Mercosul e da América Latina como um todo. O Fórum Social Mundial, Fórum das Américas e encontro “O Mercosul que Queremos”- idealizado pelas Organizações Sindicais e Sociais do Mercosul, com destaque para a Aliança Social Continental e CCSCS – são alguns exemplos de iniciativas da sociedade civil no sentido de promoverem a integração, pensarem conjuntamente ações para enfrentarem os problemas sociais e ainda pressionarem seus governos para que suas críticas sejam ouvidas e suas reivindicações incorporadas.

Não há dúvidas que os tratados de integração regional – não conduzidos por uma agenda neoliberal e em favor das transnacionais – podem trazer benefícios aos povos envolvidos, porém este processo deve contar com a participação efetiva e a aceitação das sociedades. Dessa maneira a informação e a mobilização da sociedade civil dos países envolvidos são essenciais para que as cláusulas trabalhistas, sociais e democráticas incluídas nos acordos de liberalização comercial sejam cumpridas e priorizadas.

Os movimentos sociais da região se fortalecem no cenário em que o Mercosul se volta para uma agenda externa pautada no livre comércio. O Mercosul foi concebido dentro do princípio de integração regional aberta, não se limitando a incrementar o comércio entre os países que o integram, mas prevendo relações com os grandes blocos econômicos existentes. No ano seguinte à assinatura do Tratado de Assunção, formalizou-se o vínculo com a União Européia, através do Acordo Bilateral de Cooperação Interinstitucional, porém é somente em meados dos anos noventa que se dá ênfase à agenda externa do Mercosul.

As Redes, Alianças de organizações da sociedade civil e movimentos sociais surgem na segunda metade dos anos noventa como resistência aos processos de negociação em curso da ALCA e do acordo bi-regional Mercosul–União Européia e contra as políticas neoliberais impostas às sociedades. A Aliança Social Continental (ASC) pode ser citada como exemplo de integração entre diferentes tipos de organizações e movimentos sociais do continente, buscam alternativas de integração regional que vão efetivamente além das questões econômico-comerciais, que garantam os direitos dos cidadãos e sejam baseados na “implementação e coordenação de políticas nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e inclusão social (8)”. É através da bandeira de “não aceitação de nenhum acordo que, a pretexto de promover o livre comercio, represente uma ameaça ainda maior ao meio ambiente, aos direitos humanos, a igualdade das mulheres, direitos sociais e trabalhistas” (9), que a ASC se forma e luta contra a ALCA e qualquer acordo que não representem ganhos sociais países que ela representa.

Com esta percepção, grupos de mulheres dos quatro países membros do bloco, vem conseguindo construir uma forte relação e integração entre si e em relação aos mecanismos e processos em curso do Mercosul. Foram abertas algumas portas para a participação desses grupos, mas assim como acontece com o movimento sindical, precisa-se de maior vontade política para que questões sociais passem a integrar as estratégias de desenvolvimento do bloco.

O movimento de mulheres pretende sensibilizar os atores sociais na luta pela garantia da cidadania e da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres nos diferentes âmbitos de negociação do Mercosul. No contexto da liberalização comercial, trabalham as relações desiguais entre norte-sul, a divisão sexual e internacional do trabalho, e contra os interesses das corporações transnacionais.

Desde o ano de 1995 foram realizados seminários “Mulher e Mercosul”, onde foram apresentadas análises sobre a situação da mulher no trabalho e as legislações comparativas, realizadas propostas nas áreas legislativas, políticas públicas e especialmente para as articulações regionais. Participantes do FCES, as feministas reivindicaram sua participação nos subgrupos da Saúde; da Indústria; e do Trabalho, Emprego e Seguridade Social e conseguiram instaurar a Reunião Especializada da Mulher – na qual participam Ministras ou autoridades dos órgãos governamentais competentes em políticas para as mulheres e grupos da sociedade civil. Este ano aconteceu o seminário “Mercosul, Sociedade Civil e Direitos Humanos” que contou com a participação dos grupos feministas entre outros atores sociais na esfera institucional do Mercosul, organizado pelo Observatório de políticas de Direitos Humanos do bloco. Esses exemplos sinalizam para a existência de um caminho iniciado e que deve ser percorrido, mas que se precisa de mais iniciativas para que os objetivos sejam alcançados.

Outra representação, que vem trabalhando também com temas referentes aos acordos de liberalização comercial, são os movimentos que se relacionam à defesa da agricultura familiar. Tal movimento para atuar nos temas reativos ao Mercosul e ALCA, se fortalece através da articulação conjunta entre a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Frente Sul da Agricultura Familiar, Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Movimento dos Pequenos Agricultores, Movimento dos Atingidos por Barragens, Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais, Via Campesina, Coordenadora das Organizações dos Agricultores Familiares entre outros. Além das organizações voltadas para o tema da agricultura familiar, o movimento busca o apoio e a integração com as Centrais Sindicais e com organizações e outros movimentos da sociedade civil.

Fazendo frente a liderança dos interesses da grande agricultura comercial dos países do Mercosul, nas negociações dos acordos de liberalização comercial, o movimento dos agricultores familiares assumem um importante papel em defesa da segurança alimentar, reforma agrária, proteção ambiental, fortalecimento da agricultura campesina e familiar. Ainda, suas reivindicações vão em direção a um processo de integração que levem em conta a participação da sociedade civil, justiça social e o aumento da qualidade de vida das populações rurais.

Reconhecida a relevância deste movimento no âmbito do Mercosul, o governo brasileiro – por iniciativa do Ministério de Desenvolvimento Agrário – propôs ao Grupo de Mercado Comum (GMC) do Mercosul, a primeira sessão da Reunião Especializada de Agricultura Familiar (REAF). A reunião aconteceu em 2004 e seu objetivo foi pensar políticas específicas para a agricultura familiar e a inclusão do tema na pauta do bloco. Na segunda reunião foram recomendadas ao GMC, e estabelecidas entre os representantes, prioridades de desenvolvimento no seguro agrícola e em créditos de financiamento, e regras para a implementação de políticas comuns quanto ao tratamento especial e diferenciado da agricultura familiar. Também foi instituída a construção de uma política comum de gênero.

As reuniões especializadas constituem um importante canal de diálogo entre os governos, e a sociedade civil. Adicionando o Fórum Consultivo Econômico e Social, e alguns Subgrupos às Reuniões Especializadas, podemos considerar que estão sendo abertos canais de participação da sociedade civil na estrutura do Mercosul e que por mérito desta participação, alguns importantes logros foram conseguidos neste processo. Ainda há muito a ser considerado, mais o caminho começa a ser esboçado, faltando ainda a vontade efetiva dos governos de colocarem as questões sociais como prioridades no processo de integração.

Algumas Idéias Sobre Dificuldades e Possibilidades

Apesar da participação efetiva e da tentativa sistemática de abrir novos espaços de discussão e participação no interior do bloco, os movimentos sociais se confrontam permanentemente com uma lógica de integração centrada na visão de predomínio de aspectos não apenas econômicos, mas de uma economia dominada pela hegemonia dos interesses financeiros, onde a liberalização comercial aparece como a contraface da desregulamentação financeira, buscando pela obtenção de saldos em divisas, manter a normalidade aparente dos fluxos financeiros.

Se ao longo dos anos 90 isso foi explícito e defendido de forma clara pelos governos da época agora, embora ainda prevalecente, não aparece de forma tão aberta. A explicação básica para esse novo comportamento parece ser que a sucessão de crises financeiras a partir de meados da década passada levou a um comportamento muito mais pragmático dos agentes negociadores, que passavam a ter o livre comércio e a abertura não como um fim em si mesmo, como se desses processos pudesse resultar quase que automaticamente um mundo de maior eficiência e melhor funcionamento para todos, mas como a possibilidade de fazerem crescer um saldo que aparece como a única esperança de seguirem tentando manter a normalidade dos fluxos financeiros, ou diminuírem a sua vulnerabilidade face à volatilidade desses mesmos fluxos financeiros.

O processo de integração visto desta forma tem enormes dificuldades em se sustentar, posto que na sua própria busca está a raiz dos conflitos que permeiam o processo. Se no passado os estados nacionais da região competiam eventualmente por mercados para seus produtos primários, ou por capitais de investimento direto para alavancarem seus processos (nacionais) de industrialização por substituição de importações, agora competem por capitais financeiros, pela obtenção dos saldos que lhe permitam manter a tranqüilidade destes capitais e honrar seus compromissos externos com credores e aplicadores.

Mais do que isso, esse processo não é apenas conflitivo entre os vários países, mas conflitivo também com os movimentos sociais no interior de cada país, e de difícil capacidade de hegemonizar essas sociedades enquanto projeto de futuro em ambiente democrático (10).

Assim, a questão essencial que era capaz de sensibilizar os movimentos sociais organizados no início do processo de discussão da integração na segunda metade dos anos 80 – a capacidade de, a partir da integração, ser possível gerar uma forma alternativa de desenvolvimento, sem subordinação no cenário internacional, e capaz de ser social, regional e ambientalmente sustentável – permanece colocada para os movimentos, e sua persistência motiva uma adesão crítica e parcial aos instrumentos do processo de integração em curso. Como se viu anteriormente, a suposição aqui é que essa incapacidade de gestação de uma alternativa de desenvolvimento com estas características não é apenas uma dificuldade para o processo de integração, ela segue colocada como uma dificuldade para a efetivação da própria democracia na região.

Assim, do ponto de vista dos movimentos sociais, parece muito difícil discutir de forma substantiva um processo de integração com democracia e participação social, sem que temas como soberania, bem estar social, redução de desigualdades e sustentabilidade ambiental possam estar também colocados, que aparentemente é o que se nos oferece à discussão mantendo-se as premissas do modelo de integração guiado pela abertura comercial e hegemonia financeira. Discutir e avançar substancialmente no processo de integração significa, deste ponto de vista, rediscutir as próprias premissas do modelo. Ou seguir fazendo a discussão de forma crítica e parcial, como vem sendo feito até o momento presente.

Notas:

  1. Aliança Social Continental, “Alternativa para las Américas”, disponível em www.asc-hsa.org, com atualizações.

  2. O pensamento econômico liberal hegemônico reafirma permanentemente a convicção de que o livre comércio e o livre fluxo de capitais podem, juntos, gerar um ambiente econômico capaz de estimular o desenvolvimento e responder às demandas sociais. No entanto, não costuma responder à objeção de que o comércio não pode ser livre para países que precisam enfrentar o peso dos encargos da dívida externa e das remessas relacionadas à liberalização dos fluxos financeiros, e que obrigam à necessidade de geração de enormes superávits comerciais. Para estes, o comércio internacional acaba aparecendo como uma obrigação, e não como uma estratégia possível, uma opção. Em geral, a pressão sobre os países menos desenvolvidos é no sentido de que se integrem mais no fluxo internacional de comércio, para tornar possíveis as transferências financeiras relacionadas aos pagamentos de dívidas e outros passivos externos”. (MINEIRO, A.S., “Da Alca Light” aos Impasses de Puebla: Alca, Agricultura e Contradições”, em ActionAid Brasil e REBRIP, Negociações Comerciais Internacionais na Era Lula – criação do G-20 e embates entre o agronegócio e a agricultura familiar, Rio de Janeiro, Nov. 2004, p. 74.

  3. No âmbito oficial, vale lembrar, por exemplo, a Ata para Integração Argentino-Brasileira, de meados de 1986, que instituía o Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE).

  4. A taxa de juros norte-americana expressa na prime-rate passa de cerca de 7,5% em 1979 a cerca de 21% em 1982.

  5. Atualmente, representa as centrais sindicais da Argentina (CGT e CTA), do Brasil (CGT, CUT e FS), do Chile (CUT), do Paraguai (CUT) e do Uruguai (PIT/ CNT).

  6. CASTRO VIEIRA, J de. Dinâmica Polieconômica do Mercosul, frente à Globalização. Tese de Doutorado. Brasília, UNB/Centro de Pesquisa e Pós Graduação sobre América Latina e o Caribe, 2001.

  7. Apud WANDERLEY, L. E. W., “Mercosul e Sociedade Civil”. São Paulo em Perspectiva, 16(1): 67-73, 2002.

  8. MELLO, F. (org.), “Fórum Continental: atores sociais e políticos nos processos de integração”. São Paulo, 2000.

  9. Idem.

  10. Outra hipótese central baseia-se na proposição de que sem a resolução da questão social o processo de integração regional padece de substantividade e a democracia não se sustenta. Partindo da concepção dominante que desvincula o plano econômico do político e social, que cogita em crescimento econômico na lógica do mercado e ignora o desenvolvimento humano e sustentável, que contrapõe os atores tecnoburocratas e os político-sociais, que leva os governantes e setores empresariais, em geral, a descurarem do social, encarando-o como algo subordinado ou efeito automático do econômico, que usa o social como tema retórico, não há uma preocupação verdadeira no encaminhamento das questões sociais. Daí os embates permanentes com trabalhadores organizados e crises sucessivas nos países do Bloco, nos quais as condições sociais existentes são de extrema perversidade e vulnerabilidade.”, WANDERLEY (2002), op. cit:. 67.

Adhemar Mineiro é economista e Clarisse Castro Analista de Relações Internacionais.