Propuestas para el Nuevo Orden Social, Económico y Cultural

Ramiro Xavier Vera-Fluixá

Al igual que los lazos comunes existentes en la historia de América Latina y Europa1, es posible observar lazos comunes, nexos, influencias y determinantes mutuas en la evolución misma de ambos procesos de integración regional, de sus principios y mecanismos.
En efecto, si fuese tan fácil representar el fenómeno de la integración regional a través de una línea, las líneas de la integración de Europa y de América Latina atestiguarían, inclusive desde sus comienzos, un constante entrecruzamiento de características comunes, intervalos de influencias mutuas, seguidos contínuamente de alejamientos y desviaciones, del correr paralelo, para volver a confluir en un nuevo punto de encuentro.
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James Petras, seek Rebelión 21-05-2006

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández

Bajo el liderazgo del Presidente Chávez, doctor y con el apoyo de la gran mayoría del pueblo venezolano, ampoule se ha puesto en marcha un proceso de transformación social que desafía el viejo orden político-social neo-liberal basado en el imperio. Igualmente importante es que el Presidente Chávez propuso un nuevo proyecto para tratar de integrar toda América Latina, ALBA, que desafía el proyecto imperial, ALCA, diseñado para consolidar el imperio neo colonial.

El presente documento empezará analizando dos dimensiones de ALBA, su diagnóstico crítico de los problemas de Latinoamérica y su actual situación, perspectivas y obstáculos. Seguirá un análisis de la “deuda social” en Latinoamérica en el contexto del modelo imperial centrado en la acumulación capitalista (lo que se denomina “neo-liberalismo”).
En la segunda parte se abordarán una serie de propuestas para un nuevo orden social, económico, cultural y ecológico, por lo que se examinarán los principios básicos, instituciones y proyectos para acceder a dicho orden, considerando a tal efecto la inter-relación entre representación popular y cambios administrativos, así como los cambios clave en las relaciones sociales de producción y en el desarrollo de las fuerzas de producción.
En el apartado de conclusiones nos centraremos en las necesarias medidas de seguridad y transformaciones culturales que aseguren que los cambios sociales sean sostenibles e irreversibles.

ALBA: Una Perspectiva Contemporánea

ALBA proporciona varios objetivos claramente señalados:

1. Supone un diagnóstico crítico de la condición humana en Latinoamérica basado en el análisis del Presidente Chávez de los problemas socio-económicos de la zona.
2. Se centra en el papel del imperialismo estadounidense y europeo como determinantes principales del estancamiento económico y regresión social en la región.
3. Proporciona una crítica de ALCA, el principal proyecto de EEUU para consolidar un modelo de dominación y explotación imperial.
4. ALBA ofrece una alternativa a la fragmentación actual y a la dispersión de luchas contra-hegemónicas basadas en estrategias nacionales.
5. ALBA es un modelo alternativo de integración que promueve varios principios básicos favorables para sus estados miembros: a) complementariedad económica: una división de la producción basada en beneficios recíprocos; b) extensión y profundización de los mercados domésticos en condiciones relativamente iguales de posiciones competitivas; c) incremento del consumo y producción de bienes de consumo de masas que favorezcan la mejora de los niveles de vida; d) defensa colectiva contra imposiciones estadounidenses y condiciones adversas con socios comerciales latinoamericanos; e) formación de un bloque poderoso negociador a fin de reducir, renegociar, rechazar o investigar la deuda exterior ante los bancos acreedores; f) ALBA crea el marco inicial para unos futuros Estados Unidos de Latinoamérica – la realización de la visión original bolivariana, y g) crea un bloque regional capaz de negociar sobre una base de mayor igualdad con otros bloques regionales como la UE, NAFTA y ASEAN.

Desde un cálculo racional económico y político, las ventajas de ALBA son obvias y numerosas, especialmente para la gran mayoría de los pueblos de Latinoamérica y sus productores de tamaño medio y pequeño. Sin embargo, la realización del proyecto ALBA se enfrenta con la firme oposición del imperialismo estadounidense y de la UE, así como con el rechazo, dentro de Latinoamérica, de las clases gobernantes y elites políticas con vínculos desde hace tiempo con el capital extranjero, los bancos exteriores y el estado imperial.

La Situación Actual de ALBA

A pesar de los obstáculos políticos al avance de ALBA tanto externos como internos, actualmente se evidencian varios pasos positivos. ALBA es una concepción alternativa a ALCA, y está apoyada por un poderoso Estado patrocinador. Destruye la propaganda promovida por los ideólogos imperiales y sus colaboradores latinoamericanos de que no hay alternativa “realista” o “práctica” a los modelos de integración imperiales. ALBA recoge un proyecto elaborado por intelectuales que trata de enraizarse entre las masas o al menos entre los militantes de toda Latinoamérica. Además, ALBA proporciona una crítica concreta y un programa alternativo a ALCA que erosiona la visión unipolar proyectada por los medios de comunicación de masas.

ALBA es un proceso, no es un suceso único dramático. Como tal, se han ido dando los primeros pasos hacia la integración regional, lo que demuestra las virtudes positivas de la integración que persigue. La puesta en marcha de Petro-Caribe y del comercio cubano-venezolano, acuerdos de inversión y ayuda, son ‘modelos’ para sirven para profundizar en la integración latinoamericana. Las propuestas para vincular las empresas públicas de energía también caminan en la misma dirección. Lo más importante de todo es que ALBA está jugando un papel primordial en el aumento de la conciencia latinoamericana, tanto a la hora de unificar como de fortalecer la conciencia de masas anti-imperialista y de crear las bases para afirmar un conjunto común de agendas regionales. Hoy en día, la conciencia regional o latinoamericana ha desafiado la hegemonía estadounidense a nivel de masas y, en gran parte, la ha sustituido.

ALBA ha constituido también un aspecto importante en el aumento de la conciencia latinoamericana, que coexiste con la conciencia nacional y de clase mediante una relación sinérgica, en la que cada una refuerza a la otra.

Un avance institucional importante (en línea con ALBA) para crear conciencia latinoamericana es la aparición de TELESUR como emisora de medios de masas contra-hegemónica. Junto con la aparición de cientos de organizaciones bolivarianas y anti-imperialistas en Latinoamérica, las bases sociales de ALBA están creciendo por toda la región.

Deuda Social: El Papel del Imperialismo

El término “deuda social” se refiere a la regresión social a gran escala y largo plazo sufrida por la inmensa mayoría de los pueblos latinoamericanos. La “deuda social” presupone que alguien debe compensar a quienes hayan sufrido pérdidas en el proceso de expansión global capitalista. Es el lenguaje de la burocracia internacional de Naciones Unidas como CEPAL. Como tal proporciona datos útiles sobre una serie de problemas sociales en Latinoamérica pero fracasa a la hora de proporcionar, en determinadas situaciones, una correlación entre las configuraciones de poder internacional y sus políticas y las regresivas consecuencias sociales.

Debe notarse también que los índices y medidas utilizados, por ejemplo los de CEPAL y el Banco Mundial, son inadecuados y subestiman profundamente los niveles de pobreza, los estándares de vida y otras dimensiones de las condiciones sociales.

La pobreza masiva ha aumentado por toda Latinoamérica; los aumentos sustanciales en la misma se han hecho evidentes desde Mexico a Argentina, especialmente en Nicaragua, Haití y Colombia, que han contemplado y contemplan una presencia militar y paramilitar estadounidense importante.

Los estándares de vida para la gran mayoría (incluidos los servicios educativos y sanitarios) han descendido como resultado de las privatizaciones, de los pagos de la deuda externa y de la políticas de libre comercio. Los niveles de vida en retroceso y la pobreza masiva son causa y consecuencia de la concentración y centralización de la riqueza y del capital en un número pequeño de bancos extranjeros y nacionales. Las desigualdades han alcanzado niveles sin precedentes mientras que el capital y los productos del exterior dominan los mercados y economía locales y, al igual que las decisiones económicas políticas, se concentran en manos de los regímenes políticos clientelistas. Los presupuestos de sanidad y educación se recortan y la extensión de clínicas y colegios privados de elite han reforzado las desigualdades mientras que se abren nuevos “sectores servicios” a la inversión exterior. La “especialización” en los sectores de exportación de materias primas y productos agrícola-mineros al servicio de los países imperiales ha disparado las cifras de desempleo y subempleo y polarizado al extremo la estructura de clases.

La causa de la regresión social (que nunca es mencionada ni por la CEPAL ni por el Banco Mundial en ninguno de sus escritos sobre pobreza o “pobreza extrema”) es el imperialismo y las políticas neo-liberales defendidas por las agencias internacionales.

El imperialismo juega un papel importante a la hora de crear, extender, profundizar y reproducir la regresión social mediante varios mecanismos y políticas. El mecanismo más importante de explotación imperialista y la causa de la regresión social es la absorción de puestos políticos estratégicos y de sectores económicos. Los colaboradores
latinoamericanos formados en el imperio, vinculados al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a Wall Street, formulan políticas “macro-económicas”, monetarias y de rentas a través de sus puestos en los Ministerios de Economía y Hacienda y en los Bancos Centrales. Sus políticas facilitan la absorción por los bancos multinacionales de la UE y de EEUU de los principales bancos e instituciones financieras, telecomunicaciones, sectores agrícola-mineros, industrias del gas y petróleo, comercio y servicios. A través de su control político y económico de sectores estratégicos, facilitan el flujo masivo de miles de millones de dólares en intereses y pagos (del principal), royalties y envíos de beneficios que descapitalizan la economía. Estas elites de poder pro-imperial firman acuerdos “incondicionales” con el FMI y el Banco Mundial que profundizan las privatizaciones y los monopolios privados. El resultado supone estancamiento económico, desempleo creciente, niveles de vida en descenso y un incremento de la pobreza – es decir, la “deuda social” es un resultado de profundas relaciones estructurales que son reproducidas por los regímenes contemporáneos ya se llamen de “centro-izquierda” o de “centro-derecha”. Más importante aún, mientras esas relaciones estructurales existan, es difícil imaginar ningún acuerdo de gobierno a gobierno más allá de ALBA.

Este es particularmente el caso de los regímenes latinoamericanos que apoyan la ocupación estadounidense de Haití y las bases militares en sus países (Ecuador, Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil, El Salvador y la Republica Dominicana). Si la “deuda social” es el producto de la penetración política imperial y de sus absorciones económicas, y los regímenes locales latinoamericanos colaboran en defender ese bloque de poder, es difícil entonces para ALBA avanzar por la vía de acuerdos gobierno a gobierno. ALBA debe confiar en que los movimientos de masas cambien los bloques dominantes existentes en Latinoamérica. Si el imperialismo es el enemigo estratégico y el mayor determinante de regresión social, el obstáculo inmediato para invertir la deuda social son las clases gobernantes locales que aplican las políticas neo-liberales

El socialismo del siglo XXI del Presidente Chavez: Propuestas para Avanzar y Consolidar el Nuevo Orden

Cuando escribimos acerca de un “nuevo” orden social, económico, cultural y ecológico no queremos referirnos a reformas injertadas en un viejo orden de bancos capitalistas y propiedad latifundista. El nuevo orden no significa simplemente más gasto social para los pobres sin cambiar la concentración de la renta y la propiedad. El nuevo orden significa invertir la pirámide social – donde la mayoría reciba la mayor parte de la riqueza y controle la mayor parte de los medios de producción, finanzas y comercio, mientras las elites reciben la parte menor de la riqueza y controlan asimismo una porción minoritaria de los bienes. Para invertir la pirámide social es fundamental la redistribución de propiedades de los holding a las empresas públicas nacionales, cooperativas y autogestión trabajador-ingeniero dentro de un plan nacional. Significa que la prioridad presupuestaria fundamental es la dedicada al gasto social y a la inversión pública, no la exoneración de impuestos y subsidios para el capital privado. Significa eliminar las ventas y los impuestos regresivos a favor del incremento de los impuestos directos sobre la riqueza, especialmente sobre los bancos de propiedad extranjera y las compañías energéticas, así como sobre los grandes intereses sobre la propiedad, incluyendo los monopolios sobre los medios de comunicación.

El nuevo orden sólo puede avanzar si va acompañado por la creación de un nuevo bloque de poder político. Las nuevas instituciones representativas no pueden operar eficazmente si van sobrepuestas sobre los corruptos órganos existentes. Cuatro propuestas socio-políticas forman el núcleo de una transformación sistémica:

1. Instituciones Nuevas de Representación Popular: Esto significa reemplazar los partidos oligárquicos con asambleas populares que elijan directamente a los candidatos para el poder legislativo. La elección directa por las mayorías trabajadoras se basa en una representación proporcional de trabajadores industriales, subempleados y desempleados, obreros asalariados, trabajadores de la construcción y profesionales. Las prioridades legislativas se basarán en las necesidades sociales mayoritarias: a) producción de bienes para consumo popular, b) vivienda, c) salarios, d) pensiones, e) infraestructura social (agua, electricidad, saneamiento y aire no contaminado), f) legislación positiva para las mujeres, afro-venezolanas e indias.

2. Reemplazar el Aparato Administrativo por Asambleas Representativas y Legislación Positiva requiere de una Administración Eficaz y Políticamente Competente. Para poner en marchas las nuevas políticas, los sectores administrativos necesitan ser reestructurados y reformados: a) reducir las capas burocráticas mediante jubilaciones anticipadas; racionalización y reestructuración de estructuras administrativas para hacerlas compatibles con las nuevas prioridades sociales, b) introducir criterios de actuación para evaluar la eficiencia administrativa y de gestión y proporcionar una base racional para promociones, degradaciones y aumento de salarios, c) crear una comisión auditora independiente que asegure la responsabilidad financiera – frente a la corrupción, la redistribución de fondos y la transparencia de archivos, d) crear nuevos cuerpos administrativos paralelos a las viejas y corruptas e ineficaces agencias políticamente hostiles, incrementar el presupuesto de las nuevas y reducir el de las viejas.

3. Introducir Nuevas Relaciones Sociales de Producción. Esto se logra facilitando el control de los trabajadores para democratizar las empresas e incrementar la producción y responsabilidad y para avanzar hacia una gestión conjunta trabajador-ingeniero basada en consejos de trabajadores elegidos en asambleas generales con supervisión de la dirección.

4. Desarrollar las Fuerzas de la Producción. Esto se logra mediante las siguientes medidas: a) maximizar la integración de trabajadores sub-empleados y desempleados en empleo más productivo y de valor añadido, b) acelerar la absorción estatal de fábricas cerradas, en quiebra o de firmas muy endeudadas en consulta con los sindicatos y con organizaciones de base comunitaria; c) intervenir en fábricas problemáticas con niveles altos de infrautilizada capacidad; d) expropiar propiedades urbanas y rurales infra-desarrolladas, organizar consejos productivos en el campo y en las ciudades; e) invertir a gran escala y a largo plazo en proyectos de infraestructura intensiva: puertos, autopistas, carreteras y vías de ferrocarril poniendo en marcha el vasto ejército de desempleados.

Estas propuestas son eminentemente prácticas, factibles y se pueden llevar a cabo con los recursos financieros gubernamentales – teniendo en cuenta las altas ganancias obtenidas de la exportación petrolífera. Son esenciales para consolidar y profundizar la base social de la revolución bolivariana, diversificar la producción y aumentar el consumo doméstico. Para financiar estos ambiciosos programas se requerirá la reasignación de recursos de programas exteriores a las prioridades domésticas.

Reestructurando la Política Macro-Económica; Crecimiento Doméstico y Seguridad Nacional

Las prioridades en seguridad nacional coinciden muy bien con el logro de los objetivos socio-económicos. Hay varias prioridades que se hacen evidentes en una época de conflicto en aumento y posible ruptura de relaciones con el imperialismo estadounidense:

1. Sacar todas las reservas de los bancos de EEUU; vender todos los holding en instalaciones físicas estadounidenses (CITGO, refinerías, etc…) para evitar que sean confiscadas y congelación de activos. La financiación liberada puede recolocarse en el desarrollo de la producción doméstica, en las refinerías y en el mercado interno.

2. Disminuir las reservas excesivas (“dinero muerto”) e incrementar las inversiones en proyectos prioritarios, especialmente en aquellos que proporcionen mayor valor añadido al petróleo en relación con las industrias como las petro-químicas, las dedicadas a producir fertilizantes, plásticos, etc… Esto aumenta los ingresos nacionales a partir de la mera venta de petróleo en crudo, mercados diversificados, aumento de la autosuficiencia y disminución de la vulnerabilidad ante bloqueos o embargos imperiales.

3. Invertir en las industrias domésticas de armamento – incluyendo las de armamento pesado, helicópteros y sistemas de defensa con misiles; reforzar las fronteras (especialmente en áreas costeras y adyacentes a Colombia); ampliar y fortalecer las agencias de contra-inteligencia para responder con rapidez a las continuas incursiones de las fuerzas militares y paramilitares colombianas; introducir nuevos cargos revolucionarios e instructores para entrenamiento militar y policial.

4. Estimular la satisfacción local en logística militar de uniformes, transportes, etc… promocionando a los productores nacionales

No puede haber discusiones serias sobre cambios socio-económicos de independencia nacional sin una política extensa de seguridad nacional. Sobre todo es necesario que las fuerzas nacionales de seguridad sean políticamente compatibles con las transformaciones socio-económicas. La solidaridad internacional y las relaciones exteriores independientes dependen directamente de fuertes cimientos domésticos tanto socio-económicos como en el terreno de la seguridad. Se construyen cimientos fuertes nacionales sobre avances objetivos (materiales) y subjetivos (conciencia).


Revolución Cultural dentro de la Revolución

Hay dos desarrollos esenciales subjetivos interrelacionados que son necesarios para mantener una revolución contra la agresión externa y la subversión interna: la profundización y extensión, simultáneamente, tanto de la conciencia nacional como de clase. Para lograr estos objetivos hay una multiplicidad de lugares en los que puede desarrollarse una conciencia integral nacional y de clase. Construir una conciencia anti-imperialista puede ir desarrollandose a través de una multiplicidad de actividades que acumulativamente convergen y crean el “Nuevo Patriota”. La intervención estatal es fundamental para construir y facilitar la cultura nacional:

1. Implementando una cuota de presentaciones en los medios de masas basada en un 75% en las producciones locales, utilizando actores, música e historias locales, etc…
2. Fomentando y financiando un complejo local, regional y nacional de arte, deportes, humanidades, literatura, bibliotecas accesibles, especialmente para las bases sociales de la revolución.
3. Ampliando los medios de masas: publicando periódicos, revistas semanales y mensuales y libros dirigidos a audiencias especiales: mujeres, adolescentes, entusiastas del deporte, sanidad, etc… Combinar el entretenimiento y la educación en la televisión pública.
4. Financiando un cine nacional enfocado a un realismo crítico, documentales, historias infantiles con contenido social así como temas personales y universales.
5. Financiando los intercambios internacionales culturales y científicos, creando parques de ciencias, promocionando estudios científicos en todos los niveles de la educación, estimulando las explicaciones científico-racionales del universo.
6. Aumentando la financiación de la investigación científica social e histórica para ensanchar la comprensión de las luchas populares, los problemas sociales, las amenazas imperialistas y las alianzas internacionales.
7. Promoviendo las actividades solidarias – organizar foros internacionales y animar grupos de solidaridad bolivariana por todo el mundo, especialmente con las organizaciones de masas. Cortar definitivamente la extradición de revolucionarios a estados paramilitares, como Colombia.
8. Promocionando la diversidad cultural en los medios de comunicación, especialmente en la propaganda, animando la presencia de afro-venezolanos e indio-venezolanos en las esferas sociales, en la ciencia, educación y economía (y no sólo en canto y danza).
9. Revolucionando la educación: Reforma de los contenidos de los programas, de la formación de los profesores, aumentando las prácticas basadas en el conocimiento teórico de la historia contemporánea y en los desarrollos históricos del imperialismo y del anti-imperialismo, de la falsa conciencia y de la conciencia de clase. Animando a ser “rojo” y “experto” – profesionales competentes con conciencia revolucionaria. Se deberían estudiar de forma crítica y comparativa estudios de tradiciones revolucionarias, tanto nacionales como internacionales.

Las revoluciones culturales son necesarias, especialmente en un proceso revolucionario, para evitar el estancamiento, la regresión, la corrupción y la burocratización. Una revolución debe renovarse constantemente para evitar reproducir una nueva estructura de clase elitista. Crear una transformación cultural vibrante es tanto causa como consecuencia de la integración nacional: los avances culturales dependen de un estado-nación fuerte independiente de la hegemonía imperialista; una cultura nacional fuerte contribuye a crear mayor cohesión nacional.

Integración Nacional

A través de la historia pasada y reciente, los poderes imperialistas han seguido tácticas de “divide y vencerás” para hacerse con el control de los países, como los poderes coloniales europeos demostraron en la India (musulmanes contra hindúes), los franceses en Africa y EEUU hoy en Iraq (chiíes contra sunníes) y en Irán (persas contra árabes y kurdos). En Venezuela, Washington sigue actualmente la misma táctica, fomentar un movimiento separatista en el estado de Zulia sobre la base de engañosas identidades pseudo-regionales. La condición primordial para la supervivencia y desarrollo efectivos de un estado nacional moderno es una fuerte unidad territorial, sectores económicos complementarios y un mercado interno poderoso. Para conseguir la integración nacional, la mayor parte de los estados-nación han seguido los siguientes pasos:

1. Acción firme y decisiva, cuanto antes mejor, para eliminar elites secesionistas actuando como sucedáneos de estrategias imperiales.
2. Integración de toda su población – no dejando espacio a las elites para que puedan manipular y utilizar las quejas de sectores ‘marginales’ o de minorías como arma para socavar la integración de una nación. Esto implica la inclusión de los afro-venezolanos, de mujeres, de indios-venezolanos entre otros como participantes activos en todas las esferas de la vida pública a todos los niveles. Es especialmente importante ofrecer la completa ciudadanía a los millones de trabajadores agrícolas colombianos, a los trabajadores domésticos y a los trabajadores de la construcción que residan en Venezuela desde hace muchos años.
3. Para compensar las ventajas educativas que siempre han tenido las elites, habría que emprender acción afirmativa que implique una formación compensatoria; la formación técnica y universitaria sirve para maximizar la entrada masiva de niños de clases pobres y trabajadoras en instituciones de nivel educativo superior. Esto es importante políticamente porque esta es la base social más fuerte de la Revolución Bolivariana.
4. En los muchos sindicatos existentes y muchos grupos de barrio, hay poca participación activa de sus integrantes debido a que están controlados por “oligarcas progresistas”. La integración necesita la democratización de las organizaciones de la sociedad civil, abrirlas al debate y el voto secreto y libre en posiciones políticas. Las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos son fuertes dependiendo de su poder de convocatoria. “Ser miembro de carnet” en las numerosas organizaciones sin una participación activa, no crea una base fuerte para apoyar y defender el avance del proceso revolucionario. Tenemos el caso de la extinta URSS con 20 millones de miembros en el Partido Comunista y no fueron capaces de reunir a 100.000 personas para que acudieran e impidieran el golpe dirigido por Yeltsin con unos cuantos miles de personas en Moscú.

Sobre todo, la integración nacional implica control público de los sectores económicos estratégicos de la economía: la banca, para proporcionar crédito, el comercio, para optimizar la asignación de los intercambios con el exterior y de la energía, el sector minero y el del petróleo para crear nuevas industrias. La integración nacional ha sido la premisa fundamental de un estado unitario fuerte que a su vez actuó como cimiento histórico del desarrollo dinámico de EEUU, Alemania y Japón en el siglo 19 y en China en el siglo XX.

Integración Internacional

La base fundamental de la integración internacional ha sido la compatibilidad política, la complementariedad económica y los beneficios mutuos. Es imposible para regímenes neo-liberales, nacionalistas o socialistas “integrar” sus economías si su comercio, inversión y políticas de renta son diametralmente opuestos. Este es el caso hoy en Latinoamérica, donde el comercio extra-regional y las políticas de inversión suplantan los ‘acuerdos regionales’.
Lo que puede darse es una mayor integración entre Cuba y Venezuela sobre la base de la compatibilidad política entre nacionalismo y socialismo, economía complementaria (energía para servicios sociales) y beneficios recíprocos.

La integración internacional es más un objetivo de futuro que quizá pueda conseguirse a través de cambios graduales: asociación e intercambio entre empresas públicas, acuerdos entre productores de materias primas, unión de países con deuda, desarrollo de un frente común anti-imperialista o por la no intervención basado en un rechazo a las doctrinas y bases militares de EEUU. La integración internacional como objetivo y como base para crear una solidaridad popular internacional y una conciencia anti-imperialista es mucho más viable e importante en la coyuntura actual que intentar gastar una gran suma de recursos financieros en “comprar” (temporalmente) amistades con regímenes neo-liberales extranjeros.

El Nuevo Orden Económico

Los regímenes nacionalistas, colectivistas y neo-liberales han sido, en mayor o menor grado, culpables de saquear las economías en aras del rápido crecimiento del PIB. Afortunadamente, en los últimos años ha emergido una poderosa nueva conciencia ecológica que se ha reflejado en la vida diaria. Comida, agua y aire contaminados reducen los niveles de vida. El deterioro ecológico convierte los desastres naturales en catástrofes humanas. Se rechazan indicadores cuantitativos de crecimiento económico a favor de indicadores cualitativos de la calidad de vida. Pero las políticas ecológicamente progresistas no son consecuencia obligada de políticas socialmente o económicamente equitativas. Como hemos visto en experiencias pasadas, los regímenes que proporcionan cuidados sanitarios gratuitos pueden también producir políticas económicas muy contaminantes que incrementen las enfermedades respiratorias – como en el caso de la extinta URSS.

Los programas ecológicos progresistas necesitan centrarse en tres niveles de políticas interrelacionadas: prácticas estatales, de empresas e individuales.

Las propuestas de políticas estatales que persigan un desarrollo sostenible deben trabajar en varias dimensiones:

a) Estrategias a largo plazo para la conservación de los recursos naturales antes que dar prioridad a la consecución del máximo beneficio en el momento.
b) Desarrollo de políticas coyunturales o a corto plazo compatibles con objetivos estratégicos. Esto significa que la reducción de la contaminación debe empezar ya.
c) Hacer de la evaluación medioambiental una parte integral de cualquier propuesta de nuevas inversiones especialmente en las industrias extractivas (petróleo, gas, bauxita, etc…)
d) Desarrollar políticas a gran escala y a largo plazo diseñadas para conseguir aire limpio, agua limpia, tratamiento adecuado de aguas residuales y proyectos para eliminación de basuras tanto en los barrios como en los lugares de trabajo.
e) Incluir comisiones y expertos en ecología en todos los órganos importantes de toma de decisiones que afecten al medio ambiente.
f) Ampliar el transporte público de escasa utilización con alternativas a la energía fósil en lugar del transporte privado movido por petróleo fósil.
g) Promulgar legislación y regular una serie de agencias que hagan cumplir la normativa para la protección del medio ambiente en las fábricas, así como el desarrollo de tecnologías alternativas.
h) Proporcionar subsidios estatales para la conversión a tecnologías ecológicamente limpias.
i) Reorientar financieramente los recursos que dañan el medio ambiente por el uso del petróleo y los gaseoductos en el Amazona, ampliando y conservando el transporte marítimo.
j) Intensificar la regulación estatal sobre la industria maderera, el contrabando, el tráfico de droga y otras prácticas depredadoras que destruyen los recursos naturales.
k) Ampliar las zonas verdes urbanas, construir parques, zoológicos, acuarios, mediante una legislación estricta del uso de la tierra.
l) Reducir el nivel de la basura ciudadana a través de campañas nacionales de reciclado obligatorio, educación pública y fuertes multas en los vertidos ilegales.
m) Educación obligatoria en la educación pública y privada sobre temas de ecología, empezando en las escuelas de enseñanza primaria y continuando durante todo el proceso educativo.
n) Nacionalizar toda la propiedad costera para hacerla accesible al público, colocando adecuados contenedores para recogida de basura y tratamiento de aguas residuales

Propuestas Ecológicas a Nivel Local:

1. Introducir campañas voluntarias semanales de limpieza en las barriadas.
2. Imponer una normativa firme a vendedores callejeros, dueños de puestos callejeros, para que eliminen las basuras que produzcan con su actividad.
3. Regularizar la recogida de basuras.
4. Reubicar incineradoras altamente contaminantes fuera de los centros de población.
5. Organizar actos reivindicativos públicos de acción estatal contra empresas contaminantes públicas o privadas.

Nivel Individual

1. Organizar comités de barrio sobre medio ambiente para educar a los hogares en prácticas sanas de respeto al medio ambiente (p.ej., no arrojar basuras por la ventana).
2. Combinar la sanidad con la educación ecológica al nivel de las clínicas médicas de atención primaria.
3. Establecer patrullas voluntarias de barrio para proteger el medio ambiente.
4. Prohibir talleres muy contaminantes en los barrios.
5. Promover el uso de quemadores de gas natural para cocinar de bajo poder contaminante.
6. Utilizar materiales ecológicos en las campañas contra el analfabetismo.
7. Introducir multas legales para los que de forma repetida perjudican a sus vecinos.
8. Promocionar la limpieza en las calles y el reciclado en la programación de radio local,
en los foros públicos y en la publicidad.

CONCLUSION: Asegurando que el Nuevo Orden sea Irreversible

Un proceso revolucionario es tanto más sólido y sostenible cuanto más activa sea la base de masas que lo apoye. Esto requiere abrir las avenidas a la participación popular y cerrar los canales a los agentes subversivos financiados.
Hay varias propuestas que pueden fortalecer la relativa irreversibilidad de la revolución:

Políticas de Irreversibilidad

1. Multiplicar los escenarios de asambleas populares: barriadas, lugares de trabajo, actividades culturales, etc…
2. Multiplicar los poderes concedidos a las asambleas populares para resolver problemas sustantivos y proponer legislación positiva. La asistencia y participación popular disminuirá si la gente no tiene poder para resolver problemas importantes.
3. Multiplicar las elecciones y debates sobre políticas públicas en lugares de trabajo y barriadas.
4. Procesar a sujetos y colaboradores, que se hacen pasar por ONGs y que están financiados por gobiernos imperiales; prohibir la financiación extranjera de actividades políticas. Acelerar los procesos judiciales y juicios de quienes estén implicados en actividades golpistas, sabotajes económicos y espionaje, así como asesinatos políticos.
5. Aumentar de forma obligatoria la educación anti-imperialista en todos los niveles de la educación pública y privada, a través de medios de masas, actividades culturales y en los lugares de trabajo y barriadas.
6. Patrocinar y promover documentales sobre las experiencias diarias de los pueblos masacrados por las guerras imperialistas, intervenciones y transiciones al capitalismo.
7. Igualar las rentas y servicios sociales e incrementar la participación material que el pueblo tiene en la defensa del proceso revolucionario.
8. Reducir los salarios y privilegios de congresistas y funcionarios para desanimar a los oportunistas, arrivistas capitalistas y opositores de tomar el control de partidos políticos y del estado. Elecciones asamblearias: la democracia popular debe neutralizar la aparición de una nueva oligarquía “revolucionaria” de “nuevos” ricos tratando de corromper la revolución desde dentro.
9. Ampliar y masificar las milicias populares, para contrarrestar cualquier golpe interno o intervención militar exterior.
10. Expropiar todos los medios de comunicación implicados de alguna forma en incitaciones de golpe militar o invasión exterior.
Hay muchas lecciones negativas y positivas que aprender de anteriores procesos revolucionarios, en que las revoluciones fueron anuladas y de casos en que las revoluciones se consolidaron. Podemos citar como ejemplos de revoluciones revocadas los de la URSS, Nicaragua y Chile.

Chile

En el caso de Chile, la razón principal de su aplastamiento fue el total descuido gubernamental del tema de la seguridad, fundamentalmente el fracaso para ir con el cambio de régimen hacia una transformación del estado que lo hiciera compatible con la transformación socio-económica. El fracaso a la hora de apreciar el nivel de penetración de la CIA y el Pentágono en la sociedad civil fue fatal. La lección es clara: Necesidad de cerrar todos los canales a la penetración imperialista de la sociedad civil; necesidad de coordinar los cambios socio-económicos con transformaciones del aparato de seguridad.

Nicaragua

El fallo estratégico de los sandinistas fue permitir que una contra-revolución interna funcionara en coordinación estrecha con fuerzas armadas paramilitares de la contra apoyadas por EEUU. La lección es clara: no pueden llevarse a cabo elecciones en medio de una guerra que destruye la economía y empobrece el país. Los colaboradores domésticos con la agresión armada imperialista deberían estar sujetos a detención preventiva hasta que la guerra acabe, como ocurrió con los aliados durante la Segunda Guerra Mundial.

URSS

La propiedad estatal y la planificación central no son condiciones suficientes para mantener una revolución si una elite burocrática se hace con el estado y margina la participación popular de masas. Los peligros ante una revolución son tanto internos como externos: fundamentalmente el surgimiento de una nueva clase educada con el símbolo del dólar en sus ojos y antecedentes de privilegios y ambiciones. La lección importante es que la democratización de las relaciones sociales de producción, la participación directa en la política y la subordinación de dirigentes a las asambleas populares reduce las desigualdades y activa a las masas para defender la revolución contra la ‘nueva clase’.

Cuba: La lección positiva

La revolución de Cuba que ha sido tan irreversible proporciona varias lecciones positivas a la hora de sostener una revolución. No hay un único rasgo de la revolución cubana suficiente para explicar su sostenibilidad. Son fundamentales una serie de factores interrelacionados. La propiedad pública eliminó la potencial financiación contra-revolucionaria, los sabotajes económicos y la colaboración imperialista. Un sistema eficiente militar y de seguridad apoyado por una milicia de un millón de personas y comités de vigilancia de barrio eliminaron la posibilidad de que actuaran terroristas, asesinos y saboteadores apoyados por el imperio. Un ejército veterano, muy profesional, disciplinado y bien curtido en batallas sirve como importante elemento disuasorio ante una invasión armada por parte de EEUU. Igualmente importante, un vasto programa de reformas socio-económicas, especialmente en sanidad, educación y empleo, ha creado una adhesión importante a la revolución. Las asambleas populares en el lugar de trabajo y en las comunidades proporcionan canales para debates legislativos, propuestas, críticas y medios de expresión de las preferencias de los votantes. La movilización popular de masas, los programas de extensión cultural y educativa han creado una poderosa conciencia anti-imperialista.

Sin embargo, en Cuba han emergido y se han profundizado varias contradicciones a lo largo de las pasadas dos décadas. Desigualdades, turismo, remesas familiares, la economía anteriormente dolarizada, robo de propiedad pública, han ido creando una nueva clase rica que amenaza la revolución desde dentro. Reconociendo el peligro, Fidel Castro y Felipe Pérez Roque han hecho un llamamiento a una ‘revolución dentro de la revolución’. El Ministro de Cultura Abel Prieto ha animado la ‘batalla de ideas’ para contrarrestar la base objetiva y subjetiva de la contrarrevolución. Desde arriba y desde abajo, se continúa combinando inversiones importantes a gran escala en reformas sociales y amplios programas culturales y educativos para que la revolución siga a pesar de las contradicciones surgidas. El proceso será irreversible bajo la actual correlación de fuerzas. La adaptación de las lecciones de Cuba a las condiciones de Venezuela apunta a la transformación del estado, a la diversificación económica, a la profundización y ampliación de la conciencia nacional de clase y, sobre todo, a la organización de un partido revolucionario. Estas medidas convertirían el proceso revolucionario de Venezuela en irreversible.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=31801

ALBA: Social Debt and Human Rights: Proposals for the New Social, Economic and Cultural Order

Henry Veltmeyer
The study of development has always been surrounded by debate about its driving forces, salve its facilitating and inhibiting conditions, obstacles to its achievement, and the appropriate agents for bringing it about. At the centre of this debate have been questions about structure and agency. To what extent and under what conditions are poverty and underdevelopment rooted in the institutionalized practices or structures of the prevailing economic and social system? What are the most effective agents and strategies for generating the structural changes and conditional improvements that constitute development? Over the years, these and other such questions have been raised and addressed with numerous permutations in different and changing contexts, most recently in terms of the role of civil society and social movements.
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James Petras, Dissidentvoice.org

Introduction

Under the leadership of President Chavez, look and with the backing of the great majority of the Venezuelan people, a process of social transformation is underway which challenges the old neoliberal, imperial-centered, political-economic order. Equally important, President Chavez has proposed a new project for Latin America integration, ALBA, which challenges the imperial project ALCA, designed to consolidate neocolonial empire. This paper will begin by analyzing two dimensions of ALBA, its critical diagnosis of Latin American problems and its current status, prospects and obstacles. We will follow with an analysis of the “social debt” in Latin America in the context of the imperial-centered model of capitalist accumulation (what is called “neoliberalism”).

In part two, proposals for a new social, economic, cultural and ecological order, we will examine the basic principles, institutions and proposals for achieving the new order. Here we will consider the inter-relationship between popular representation, administrative changes, as well as key changes in social relations of production and the development of the forces of production.

In the concluding sections we will focus on the necessary security measures and cultural transformations to ensure that the social transformations are sustainable and irreversible.

ALBA: A Contemporary Perspective

ALBA provides several clearly stated objectives:

1. It is a critical diagnosis of the human condition in Latin America based on President Chavez’ analysis of the socio-economic problems in Latin America.

2. It focuses on the role of US and European imperialism as the principle determinants of the economic stagnation and social regression in the region.

3. It provides a critique of ALCA, the principle US project to consolidate an imperial-centered model of domination and exploitation.

4. ALBA offers an alternative to the current fragmentation and dispersion of contemporary counter-hegemonic struggles based on national strategies.

5. ALBA is an alternative Latin American model of integration which promotes several basic principles favorable to its member states: (a) economic complementarity — a division of production based on reciprocal benefits, (b) the extension and deepening of domestic markets under relatively equality of competitive positions, (c) increase in consumption and production of products of mass consumption leading to rising living standards, (d) a collective defense against US impositions and adverse conditions on Latin American trading partners, (e) a powerful collective bargaining bloc to reduce, renegotiate, repudiate or investigate foreign debts to creditor banks, (f) ALBA creates the initial framework toward a future United States of Latin America; the realization of the original Bolivarian vision and (g) it creates a regional bloc capable of negotiating on a more equal basis with other regional blocs like the European Union, NAFTA and ASEAN. The advantages of ALBA are obvious and numerous — from a rational political and economic calculus, especially for the great majority of the people of Latin America and its local small and medium size producers. However the realization of the ALBA vision faces serious opposition from US and EU imperialism, as well as from within Latin America among the ruling classes and political elites with long-standing links to foreign capital, overseas banks and the imperial state.

The Status of ALBA Today

Despite the political obstacles, both external and internal, to the advance of ALBA, several positive steps are evident today.  ALBA is an alternative conception to ALCA backed by a powerful state sponsor.  It destroys the propaganda promoted by imperial ideologues and Latin American collaborators that there is no “realistic” or “practical” alternative to imperial-centered models of integration.  ALBA takes an idea imagined by intellectuals and makes it common currency among the masses or at least militants throughout Latin America.  Moreover ALBA provides a concrete critique and alternative program to ALCA which erodes the uni-polar imagery projected by the mass media.

ALBA is a process not a single dramatic event. As such, several first steps toward regional integration have already taken place which demonstrates the positive virtues of ALBA style integration. The implementation of Petro-Caribe and the Cuban-Venezuelan trade, investment and aid agreements are ‘models’ for deepening Latin American integration. Proposals to link public-energy enterprises also move in the same direction. Most important of all, ALBA has played an important role in raising Latin American consciousness, both in unifying and strengthening mass anti-imperialist consciousness and creating the basis for affirming a common set of regional agendas. Today regional or Latin American consciousness has challenged US hegemony among the masses, and in large part has replaced it.

ALBA has been an important aspect of the rise of Latin American consciousness, which co-exists with national and class consciousness in a synergetic relationship, each reinforcing the other.

An important institutional advance (in line with ALBA) in creating Latin American consciousness is the emergence of TELESUR as a counter-hegemonic mass media outlet.  Along with the emergence of hundreds of Bolivarian and other anti-imperialist organizations in Latin America, the social bases for ALBA are growing throughout the region.

Social Debt: The Role of Imperialism

The term “social debt” refers to the large-scale, long-term social regression suffered by the vast majority of the Latin American people.  “Social debt” implies that “some one” owes compensation to those who have lost out in the process of global capitalist expansion.  It is the language of the international, United Nations bureaucracy like CEPAL.  As such it provides useful data on a series of social problems in Latin America but fails to provide a situational link between the international power configurations and their policies, and the regressive social consequences.  Statistical surveys, demonstrate the social regression of most Latin Americans over the past quarter of a century.

Let it be noted also that the indices and measures, for example, used by CEPAL and the World Bank are inadequate and profoundly underestimate poverty levels, standards of living, inequalities and other dimensions of social conditions.

Mass poverty has greatly increased throughout Latin America; substantial increases are evident from Mexico to Argentina, especially in Nicaragua, Haiti and Colombia which have seen a major US military and paramilitary presence.

Standards of living for the great majority (including health and educational services) have declined as a result of privatizations, foreign debt payments and free trade policies. Declining living standards and mass poverty are a cause and consequence of the concentration and centralization of wealth and capital in a small number of national and foreign banks. Inequalities have reached unprecedented levels as foreign capital and goods dominate local economies and markets and as political economic decisions are concentrated in the hands of client political regimes. Health and educational budget cuts and the spread of elite private clinics and schools have reinforced the inequalities while opening new “service sectors” for foreign investment. The “specialization” in raw materials and agro-mineral export sectors serving the imperial countries has increased the number of under and unemployed and polarized the class structure in extreme.

The cause of social regression (which is never mentioned by CEPAL or the World Bank in any of their writing about poverty or “extreme poverty”) is imperialism and the neo-liberal policies advocated by the international agencies.

Imperialism plays a major role in creating, extending, deepening and reproducing social regression via several mechanisms and policies. The most important mechanism of imperialist exploitation and the cause of social regression is the takeover of strategic political positions and economic sectors. Imperial-trained Latin American collaborators, linked to the World Bank, the International Monetary Fund and Wall Street, formulate “macro-economic”, monetary and income policies via their positions in the Finance and Economy Ministries and the Central Banks.  Their policies facilitate the take-over by US and European Union multinational banks of the principal banks and financial institutions, telecommunications, agro-mineral sectors, gas and petrol industries, commerce and services. Through their political and economic control of the strategic sectors they facilitate the massive outflow of billions of dollars in interest (and principle) payments, royalty and profit remittances which de-capitalize the economy.  These pro-imperial power elites sign “conditionality” agreements with the IMF and World Bank which deepen privatizations and private monopolies. The result is economic stagnation, growing unemployment, declining living standards, and an increase in poverty — in a word, the “social debt” is a result of deep structural relations which are reproduced by the contemporary regimes whether they are called “center-left” or “center-right”. More important, while these structural relations exist it is difficult to imagine any government to government agreements to further ALBA.

This is particularly the case where Latin American regimes support the US occupation of Haiti and the military bases in their countries (Ecuador, Colombia, Peru, Paraguay, Bolivia, Brazil, El Salvador and Dominican Republic). If the “social debt” is the product of imperial political penetration and economic takeovers, and the local Latin American regimes collaborate in defending this power bloc, then it is difficult for ALBA to advance via government to government agreements. ALBA must rely on the mass movements changing the existing ruling blocs in Latin America. If imperialism is the strategic enemy and major determinant of social regression, the immediate obstacle to reversing the social debt are the local ruling classes who apply neo-liberal policies.

President Chavez’ 21st Century Socialism: Proposals for Advancing and Consolidating the New Order

When we write of a “new” social, economic, cultural and ecological order we do not mean reforms grafted on to an old order of capitalist banking and latifundio property ownership. The new order does not mean simply additional social spending for the poor without changing the concentration of income and property. The new order means inverting the social pyramid — where the majority receives most of the wealth and controls the major means of production, finance and trade, while the elite receives the least and owns minority shares of property. Fundamental to inverting the social pyramid is property redistribution from big property holding to national public enterprises, co-operative and worker-engineer self-management within a national plan. It means the highest budgetary priority is social spending and public investment, not tax exonerations and subsidies for private capital. It means eliminating sales and regressive taxes in favor of increased direct taxes on wealth, especially foreign owned banks and energy firms as well as big property interests, including media monopolies.

The new order can only advance if it is accompanied by the creation of a new political power bloc.  New representative institutions cannot operate effectively if they are superimposed on existing corrupt bodies. Four socio-political proposals form the core of a systemic transformation:

New institutions for popular representation
This means replacing oligarchic parties with popular assemblies, which directly select the candidates for legislative office. Direct election of the working majorities is based on proportional representation of industrial workers, the under-employed as well as the unemployed, salaried workers, construction workers and professionals. Legislative priorities are based on majoritarian social needs: a) production of goods for popular consumption, b) housing, c) salaries, d) pensions, e) social infrastructure (water, electricity, sewage and clean air), f) positive legislation for women, Afro-Venezuelans and Indians.

Replace Administrative Apparatus
Representative assemblies and positive legislation require an efficient, politically capable administration. To implement new policies the administrative sectors needs to be restructured and reformed:  a) reduce layers of bureaucracy via early retirements; rationalization and restructuring of administrative structures to make them compatible with new social priorities, b) introduce performance criteria in order to evaluate administrative and management efficiency and provide a rational basis for promotions, demotions and pay raises, c) create independent auditing commission to ensure financial accountability — against corruption, misallocation of funds and transparent records, d) create new administrative bodies parallel to old corrupt, inefficient and politically hostile agencies, increase budget of the new and reduce the budget of the old.

Introduce new social relations of production

This is accomplished by facilitating worker control to democratize the workplace and increase production and accountability and in order to advance toward worker-engineer management based on workers’ councils elected at general assemblies with management oversight.

Develop the Forces of Production

This is accomplished through the following measures: a) maximize the integration of under-employed and unemployed workers into more productive value added employment, b) accelerate the state takeover of closed factories, bankrupt or highly indebted firms in consultation with trade unions and community based organizations, c) intervene in problematic factories with high levels of underutilized capacity, d) expropriate unused or under developed urban and rural landholdings, organize production councils in the countryside and cities, e) large-scale, long-term public investments in intensive infrastructure projects — ports, highways, subways and railroads utilizing the vast army of underemployed.

These proposals are eminently practical, feasible and within the financial resources of the government — given the high earnings from petroleum exports.  They are essential to consolidating and deepening the social base of the Bolivarian revolution, diversifying production and increasing domestic consumption.  To finance these ambitious programs will require re-allocation of resources from overseas programs to domestic priorities.

Restructuring Macro-Economic Policy: Domestic Growth and National Security

National security priorities coincide very well with the accomplishment of socio-economic goals.  Several priorities are evident in a time of rising conflict and possible rupture in relations with US imperialism:

1. Move all reserves out of US banks; sell all holding in US physical facilities (CITGO, refineries etc.) to avoid confiscation and freezing of assets. The freed funding can be reallocated to developing domestic production, refineries and the internal market.

2. Decrease excessive reserves (“dead money”) and increase investments in priority projects especially in higher value-added petroleum related industries, like petrochemicals, fertilizers, plastics, etc. This increases national income over the mere selling of crude petroleum, diversifies markets, increases self-sufficiency and decreases vulnerability to imperial blockages or embargos.

3.  Invest in domestic armament industries — including heavy armaments, helicopters and missile defense systems; reinforce the frontiers (especially coastal and areas adjacent to Colombia); expand and strengthen counter-intelligence agencies to respond rapidly to continued incursions of Colombian military and paramilitary forces; introduce new revolutionary curriculum and instructors for military and police training.

4. Emphasize local content in military procurement of uniforms, transport etc — stimulating national producers.

There can be no serious discussions of socio-economic changes, and national independence without a comprehensive national security policy. Above all, it is necessary for the national security forces to be politically compatible with the socio-economic transformations. International solidarity and independent foreign relations are directly dependent on strong domestic socio-economic and security foundations. Strong national foundations are built on objective (material) and subjective (consciousness) advances.

Cultural Revolution Within the Revolution

There are two essential interrelated subjective developments necessary to sustain a revolution against external aggression and internal subversion: the deepening and extension, simultaneously, of national and class consciousness. In pursuit of these goals there is a multiplicity of sites at which integral national-class consciousness can take place. Constructing an anti-imperialist consciousness takes place via a multiplicity of activities which cumulatively converge and create the “New Patriot.” State intervention is crucial in constructing and facilitating the national culture:

1. Setting a quota for mass media presentations based on 75% local productions, using local performers, music, stories etc.

2. Encouraging and financing a national, regional and local complex of arts, sports, humanities, literature, libraries accessible especially to the social base of the revolution,

3. Expanding the mass media: publishing newspapers, weekly and monthly magazines and books with special audiences — women, teenagers, sports enthusiasts, health and so on. Combine entertainment and education in public television.

4. Finance a national cinema with a focus on critical realism, documentaries, children’s stories with social content as well as personal and universal themes.

5. Finance international scientific and cultural exchanges, create science parks, promote science studies at all levels of education, encourage rational scientific explanations of the universe.

6. Expand financing of historical and social science research to broaden understanding of popular struggles, social problems, imperialist threats and international alliances.

7. Continue to promote solidarity activities — organizing international forums and encourage Bolivarian solidarity groups throughout the world especially with mass organizations. Put a definitive stop to extraditing revolutionaries to paramilitary states — like Colombia.

8. Promote cultural diversity in the mass media, especially in advertising, encourage the presence of Afro-Venezuelan and Indio-Venezuelans in social spheres in science, education and the economy (and not only in song and dance).

9. Revolutionize education: Sponsor curriculum reform, teacher training, which increases practice based knowledge and theoretical understanding of the historical and contemporary history of imperialism and anti-imperialism, false and class consciousness. Encourage “red” and “expert” — competent professionals with revolutionary consciousness.  Studies of revolutionary traditions, both national and international should be critically studied and compared.

Cultural revolutions are necessary, especially in a revolutionary process to avoid stagnation, regression, corruption and bureaucratization. A revolution must be constantly renewed to avoid reproducing a new elite class structure.  Creating a vibrant cultural transformation is both a cause and consequence of national integration: cultural advances depend on a strong nation-state independent of imperialist hegemony; a strong national culture contributes to greater national cohesion.

National Integration

Throughout past and recent history, imperialist powers have followed “divide and conquer” tactics to take control of countries, as the European colonial powers demonstrated in India (Muslims against Hindus), the French in Africa and the US today in Iraq (Shia against Sunni) and in Iran (Persians against Arabs and Kurds). In Venezuela today, Washington pursues the same tactic, fomenting a separatist movement in the state of Zulia on the basis of a specious set of pseudo-regional identity. The prime condition for the effective survival and development of a modern national state is a strong territorial unity, complementary economic sectors and a powerful internal market. To achieve national integration, most nation states have taken the following steps.

1. Firm and decisive action, early on, to eliminate the secessionist elites acting as surrogates of imperial strategies.

2. Integration of all its people — leaving no room for elites to manipulate and use the grievances of “marginal” or minorities as a weapon for undermining the integrity of a nation. This requires the inclusion of Afro-Venezuelans, women, Indio-Venezuelans among others as active participants in all spheres of public life at all levels. It is especially important to offer full citizenship to the millions of Colombian farm laborers, domestic workers and construction laborers resident in Venezuela for many years.

3. To compensate for elite educational advantages, affirmative action involving compensatory training and university and technical training serves to maximize the massive entry of children of the poor and working class in institutions of higher learning. This is important politically because this is the strongest social base of the Bolivarian Revolution.

4. Among many existing trade unions and many neighborhood groups, there is little actual participation of the membership because they are controlled by “progressive oligarchs.” Integration requires the democratization of civil society organizations, opening them to debate and free, secret votes on policy positions. Civil society organizations and trade unions are only as strong as their power of convocation. “Paper membership” among numerous organizations without active membership, does not create a strong basis for supporting and defending the advance of the revolutionary process. We have the case of the former USSR with 20 million members of the Communist Party which could not turn out 100,000 people to prevent a Yeltsin-led coup by a few thousand people in Moscow.

Above all national integration involves public control of the strategic economic sectors of the economy: banking to provide credit, trade to optimize the allocation of foreign exchange and energy, mining and petroleum to create new industries. National integration has been the fundamental premise for a strong unitary state which in turn has been the historical foundation for dynamic development in the US, Germany and Japan in the 19th century and China in the 20th century.

International Integration

The fundamental basis of international integration has been political compatibility, economic complementarity and mutual benefits. It is impossible for neo-liberal, nationalist or socialist regimes to “integrate” their economies as their trade, investment and income policies are diametrically opposed. This is the case today in Latin America, where extra-regional trade and investment policies supersede “regional agreements.”

What can take place is greater integration between Cuba and Venezuela on the basis of political compatibility between nationalism and socialism, complementary economies (energy for social services) and reciprocal benefits.

International integration is more a goal for the future which can, perhaps, be approached via piecemeal changes: an association and interchange between public enterprises, commodity producer agreements, a debtors union, the development of a common anti-imperialist or non-intervention front based on a rejection of US military bases and doctrines. International integration as a goal and as the basis for creating international popular solidarity and anti-imperialist consciousness is much more feasible and important in the present conjuncture than attempting to spend large amount of financial resources in “buying” (temporary) friendships with alien neo-liberal regimes.

The New Economic Order

Nationalist, collectivist and neo-liberal regimes have in greater or less extent been guilty of pillaging the economy in the name of rapid growth of the GDP. Fortunately in recent years a powerful new ecological consciousness has emerged which impacts on everyday existence. Contaminated air, water and food reduce standards of living. Ecological deterioration converts natural disasters in human catastrophes. Quantitative indicators of economic growth are being rejected in favor of qualitative indicators of the quality of life. Ecologically progressive policies cannot be simply deduced from socially or economically equitable policies. As we have seen from past experiences, regimes which provide universal free health care can also produce high pollutant economic policies which increase respiratory diseases — as in the former USSR.

Progressive ecological programs need to focus on three interrelated levels of policies: state, enterprise and individual practices.

State policy proposals focused on sustainable development have several dimensions:

a)  Long-term strategies of conservation of natural resources over and above maximizing current returns.

b) Developing current or short-term policies compatible with strategic goals.  This means that reduction of contamination begins now.

c)  Making environmental evaluation an integral part of any proposal for new investment especially in extractive industries (petroleum, gas, bauxite and so on)

d)  Developing large-scale, long-term policies designed to provide clean air, clean water, adequate sewage treatment and garbage disposal projects both in neighborhoods and workplaces.

e) Including ecological experts and commissions in all major decision making bodies affecting the environment.

f)  Expanding public transport based on low use or alternatives to fossil fuels instead of private transport based on fossil fuels.

g) Enacting legislation and regulating agencies to enforce environmental standards in factories and developing alternative technologies.

h) Providing state subsidies for conversion to ecologically sound technologies

i)  Re-orient financial resources form environmentally damaging oil and gas pipelines in the Amazon toward expanding maritime transport and conservation.

j) Tighten state regulation over the timber industry, contraband, drug procession and other predatory practices which destroy natural resources.

k) Expanding urban green areas, constructing parks, zoos, aquariums through strict land use legislation.

l)  Lower the level of public litter through obligatory national recycling campaigns, public education and severe penalties for illegal dumping.

m) Obligatory education on ecological issues in public and private education beginning in primary schools and continuing throughout the educational process.

n)  Nationalize all ocean front property to make it accessible to public with adequate garbage disposal containers and sewage treatment facilities.

Local Ecological Proposals

1. Introduce voluntary weekly neighborhood clean-up campaigns

2. Impose tougher regulation on street vendors, market stall owners on disposal of their trash

3. Regularize garbage collection.

4. Relocate highly polluting incinerators away from population centers

5. Organize public demands for state action on ecologically damaging public or private enterprise polluters.

Individual Level

1. Organize neighborhood environment committees to educate households on sound environment practices (no dumping of garbage out the window).

2. Combine health with ecological education at the level of primary medical clinics.

3. Establish voluntary neighborhood patrols to protect the environment.

4. Outlaw high pollutant workshops in neighborhoods.

5. Encourage the use of low polluting natural gas burners for cooking.

6. Combine ecological materials to literacy campaigns.

7. Introduce legal penalties for repeated offenders who prejudice neighbors.

8. Promote local radio programming, public forums and publicity against littering and for recycling.

Conclusion: Making the New Order Irreversible

A revolutionary process is as solid and sustainable as the active mass base which supports it. This requires expanding the avenues for popular participation and closing the channels for imperialist financed agents of subversion.

Several proposals can strengthen the relative irreversibility of the revolution:

The Politics of Irreversibility

1. Multiply the sites for popular assemblies — neighborhoods, workplace, cultural activities and so on.

2. Multiply the powers accruing to popular assemblies to resolve substantive problems and propose positive legislation. Attendance and popular participation will decline to the degree that people lack the power to deal with important problems.

3. Multiply elections and debates of public policies in workplaces and neighborhoods.

4. Prosecute agents and collaborators, posing as NGOs (non-governmental organizations) who are financed by imperial governments; outlaw foreign financing of political activity. Speed up judicial inquiries and prosecution of those involved in coup activities, economic sabotage and espionage as well as political assassinations.

5. Increase obligatory anti-imperialist education via all levels of public and private education, through the mass media, cultural activities and in the workplace and neighborhoods.

6. Sponsor and promote documentaries on the everyday experiences of people victimized imperialist wars, interventions and transitions to capitalism.

7. Equalize income and social services and increase the material stakes which the people have in defending the revolutionary process.

8. Reduce salaries and privileges of Congress people and functionaries to discourage opportunists, capitalist roaders and opponents from taking control of the political parties and state.  Election in assemblies — popular democracy can neutralize the rise of a new “revolutionary” oligarchy of the “new” rich attempting to corrupt the revolution from within.

9. Expand and massify the popular militias, to counter any internal coup or external military intervention.

10.  Expropriate all mass media associated in any way with inciting a military coup or foreign invasion.

There are many negative and positive lessons to be learned from previous revolutionary processes, where revolutions were reversed and in cases where revolutions were consolidated.  We can cite as examples of revolutionary reversals, the USSR, Nicaragua and Chile.

Chile

In the case of Chile, the principal reason for the reversal was the government’s total neglect of security, namely the failure to move from regime change toward a transformation of the state to make it compatible with the socio-economic transformation.  The failure to appreciate the level of penetration of the CIA and Pentagon of civil society was fatal.  The lesson is clear: The need to close all channels for imperialist penetration of civil society; the need to co-coordinate socio-economic changes with transformations of the security apparatus.

Nicaragua

The Sandinistas’ strategic mistake was allowing an internal counter-revolution to function in close coordination with imperialist backed and armed contra-paramilitary forces. The lesson is clear: Elections cannot take place in the midst of a war, which destroys the economy and impoverishes the country. Domestic collaborators with imperialist armed aggression should be subject to preventative detention till the war is finished, as was the case with the allies during the Second World War.

USSR

State property and central planning are not sufficient conditions for sustaining a revolution if a bureaucratic elite seizes the state and marginalizes mass popular participation. The dangers to a revolution are as much internal as external: namely the rise to power of a new educated class with dollar signs in their eyes and privileged backgrounds and ambitions. The important lesson is that democratizing the social relations of production, direct participation in policy and the subordination of leaders to popular assemblies reduces inequalities and activates the masses to defend the revolution against the “new class.”

Cuba: The Positive Lesson

Cuba’s revolution which has so far been irreversible provides several positive lessons for sustaining a revolution.  No single feature of the Cuban revolution is sufficient to explain its sustainability. Rather a series of inter-related factors are essential. Public ownership eliminated potential counter-revolutionary financing, economic sabotage and imperialist collaboration. An efficient military and security system backed by a one-million person militia and neighborhood watch committees has eliminated imperial-backed terrorists, assassins and saboteurs. A highly professional, disciplined, battle-hardened veteran army serves as an important deterrent to an armed US invasion. Equally important, a vast socio-economic reform program especially in health, education and employment has created a popular stake in the revolution. Popular assemblies in the workplace and communities provide some channels for legislative debates, proposals, criticism and _expression of voter preferences. Mass popular mobilization, extensive cultural and educational programs have created a powerful anti-imperialist consciousness.

Emerging contradictions nevertheless have appeared and deepened in Cuba during in the past two decades. Inequalities, tourism, family remittances, the formerly dollarized economy, theft of public property has created a new rich class which threatens the revolution from within. Recognizing the danger, Fidel Castro and Felipe Perez Roque have called for a “revolution within the revolution.”  Culture Minister Abel Prieto has encouraged the ‘battle of ideas’ to counter the objective and subjective basis of the counter-revolution. From above and below, combining important large-scale investments in social reforms and comprehensive cultural and educational programs the revolution continues despite the emerging contradictions. The process continues to be irreversible under the current correlation of forces. The adaptation of the lessons of Cuba to the conditions of Venezuela points to the transformation of the state, economic diversification, deepening and extending class/national consciousness and, above all, the organization of a revolutionary party. These measures would make the revolutionary process in Venezuela irreversible.


James Petras, a former Professor of Sociology at Binghamton University, New York, owns a 50-year membership in the class struggle, is an adviser to the landless and jobless in Brazil and Argentina, and is co-author of Globalization Unmasked (Zed). His book with Henry Veltmeyer, Social Movements and State Power: Brazil, Ecuador, Bolivia and Argentina, was published in October 2005. He can be reached at: jpetras@binghamton.edu.

ALBA vs ALCA: ¿Yankee go home?

Teresa Arreaza

The ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), as its Spanish initials indicate, and is a proposed alternative to the U.S.-sponsored Free Trade Area of the Americas (FTAA, ALCA in its Spanish initials), differing from the latter in that it advocates a socially-oriented trade block rather than one strictly based on the logic of deregulated profit maximization. ALBA appeals to the egalitarian principles of justice and equality that are innate in human beings, the well-being of the most dispossessed sectors of society, and a reinvigorated sense of solidarity toward the underdeveloped countries of the western hemisphere, so that with the required assistance, they can enter into trade negotiations on more favorable terms than has been the case under the dictates of developed countries.

By employing more effective mechanisms to eradicate poverty, ALBA—as proposed by the Venezuelan government—provides a counterweight to the policies and goals of the FTAA. This alternative model also identifies the most crucial impediments to achieve a genuine regional integration that transcends the prerogatives of the transnational corporations. One of the obstacles to confront is the deep disparity that exists in development between the countries of the hemisphere, whereby poor countries such as Haiti or Bolivia are compelled to compete with the world’s leading economic power. In order to help overcome trade disadvantages, ALBA pushes for solidarity with the economically weakest countries, with the aim of achieving a free trade area in which all of its members benefit (a win-win alliance).
Venezuela has voiced the need for identifying the economies with the greatest deficiencies and their principle requirements, arguing for a transfer of resources to the most underdeveloped countries so that these may develop the economic infrastructure they require to compete on more favorable terms with more developed economies. In order to do this, the corner stone in the design of the ALBA is the proposal for a “Compensatory Fund for Structural Convergence,” which would manage and distribute financial aid to the most economically vulnerable countries.

The ALBA favors endogenous development and rejects the type of employment that the sweatshop (maquiladora) industry generates because it does not contribute to the upsurge of the agricultural and industrial sectors of the poor countries and does not contribute to the elimination of poverty.

While not operating as a mere export-oriented activity under ALBA statutes, agriculture instead would prioritize the food self-sufficiency of every country before focusing on profit-making processes. The agricultural sector cannot be deliberately subjected to market liberalization, while developed countries maintain policies based on multi-million dollar subsidies and high import tariffs to protect their own internal production, thus flagrantly contravening the principles of free trade. However, ALBA considers that even if these countries eliminate their protectionist policies, the agricultural output from the developing countries still would not be able to compete because farmers and the indigenous populations of agricultural areas would still be displaced from their sources of productive work, thereby increasing the pattern of social exclusion in countries with few resources.
The ALBA is also opposed to the intellectual property rights regimes on the grounds that they only protect the areas of scientific and technological knowledge that developed countries control, while at the same time leaving unprotected those areas in which the developing countries have considerable advantage: the genetic biodiversity of their territories and the traditional knowledge of peasant and aborigine peoples. This fact also contributes to deepening the asymmetries that exist between countries. ALBA is particularly concerned with the case of medicines, since patent protection eliminates the possibility of distributing generic medicines at reasonable prices to sectors of society that have few resources in developing countries. Also, it ends the possibility of setting up businesses that produce generic medication, which generate badly needed employment opportunities.

The Venezuelan government has vehemently denounced the processes of liberalization, deregulation, and privatization, which limit the ability of the state to design and execute policies in the defense of a people’s right to have access to essential and high quality services at fair prices. In contrast, the FTAA advocates the liberalization and privatization of public services, thus implying that millions of people in the continent would be deprived of basic services that are needed for human survival.

For the Venezuelan government the management of public services must be oriented toward fulfilling the people’s needs and not the interests of businesses and private profit. As such, public services are indispensable for correcting social inequality. As a result, Venezuela deems unacceptable any trade accord that implies the renunciation of the use of public policy instruments, such as the regulation of public utilities and the provision of subsidies to regulate domestic prices and to guarantee access to essential public services for the overwhelming majority of the population who cannot afford market-priced services.

The labels of “Most Favored Nation” and “National Treatment” proposed by the FTAA seriously threaten the sovereignty of those countries determined to pursue policies better adapted to their national interests. The first provision compels a country not to give a less favorable treatment to a foreign company than any of the other foreign companies operating in it; and the second provision demands that transnational corporations be given the same preferences that are provided to national businesses, including those which are provided to small businesses and cooperatives.

www.venezuelanalyisis.com

Teresa Arreaza
The ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), physician as its Spanish initials indicate, is a proposed alternative to the U.S.-sponsored Free Trade Area of the Americas (FTAA, ALCA in its Spanish initials), differing from the latter in that it advocates a socially-oriented trade block rather than one strictly based on the logic of deregulated profit maximization. ALBA appeals to the egalitarian principles of justice and equality that are innate in human beings, the well-being of the most dispossessed sectors of society, and a reinvigorated sense of solidarity toward the underdeveloped countries of the western hemisphere, so that with the required assistance, they can enter into trade negotiations on more favorable terms than has been the case under the dictates of developed countries.
By employing more effective mechanisms to eradicate poverty, ALBA—as proposed by the Venezuelan government—provides a counterweight to the policies and goals of the FTAA. This alternative model also identifies the most crucial impediments to achieve a genuine regional integration that transcends the prerogatives of the transnational corporations. One of the obstacles to confront is the deep disparity that exists in development between the countries of the hemisphere, whereby poor countries such as Haiti or Bolivia are compelled to compete with the world’s leading economic power. In order to help overcome trade disadvantages, ALBA pushes for solidarity with the economically weakest countries, with the aim of achieving a free trade area in which all of its members benefit (a win-win alliance).
Venezuela has voiced the need for identifying the economies with the greatest deficiencies and their principle requirements, arguing for a transfer of resources to the most underdeveloped countries so that these may develop the economic infrastructure they require to compete on more favorable terms with more developed economies. In order to do this, the corner stone in the design of the ALBA is the proposal for a “Compensatory Fund for Structural Convergence,” which would manage and distribute financial aid to the most economically vulnerable countries.
The ALBA favors endogenous development and rejects the type of employment that the sweatshop (maquiladora) industry generates because it does not contribute to the upsurge of the agricultural and industrial sectors of the poor countries and does not contribute to the elimination of poverty.
While not operating as a mere export-oriented activity under ALBA statutes, agriculture instead would prioritize the food self-sufficiency of every country before focusing on profit-making processes. The agricultural sector cannot be deliberately subjected to market liberalization, while developed countries maintain policies based on multi-million dollar subsidies and high import tariffs to protect their own internal production, thus flagrantly contravening the principles of free trade. However, ALBA considers that even if these countries eliminate their protectionist policies, the agricultural output from the developing countries still would not be able to compete because farmers and the indigenous populations of agricultural areas would still be displaced from their sources of productive work, thereby increasing the pattern of social exclusion in countries with few resources.
The ALBA is also opposed to the intellectual property rights regimes on the grounds that they only protect the areas of scientific and technological knowledge that developed countries control, while at the same time leaving unprotected those areas in which the developing countries have considerable advantage: the genetic biodiversity of their territories and the traditional knowledge of peasant and aborigine peoples. This fact also contributes to deepening the asymmetries that exist between countries. ALBA is particularly concerned with the case of medicines, since patent protection eliminates the possibility of distributing generic medicines at reasonable prices to sectors of society that have few resources in developing countries. Also, it ends the possibility of setting up businesses that produce generic medication, which generate badly needed employment opportunities.
The Venezuelan government has vehemently denounced the processes of liberalization, deregulation, and privatization, which limit the ability of the state to design and execute policies in the defense of a people’s right to have access to essential and high quality services at fair prices. In contrast, the FTAA advocates the liberalization and privatization of public services, thus implying that millions of people in the continent would be deprived of basic services that are needed for human survival.
For the Venezuelan government the management of public services must be oriented toward fulfilling the people’s needs and not the interests of businesses and private profit. As such, public services are indispensable for correcting social inequality. As a result, Venezuela deems unacceptable any trade accord that implies the renunciation of the use of public policy instruments, such as the regulation of public utilities and the provision of subsidies to regulate domestic prices and to guarantee access to essential public services for the overwhelming majority of the population who cannot afford market-priced services.
The labels of “Most Favored Nation” and “National Treatment” proposed by the FTAA seriously threaten the sovereignty of those countries determined to pursue policies better adapted to their national interests. The first provision compels a country not to give a less favorable treatment to a foreign company than any of the other foreign companies operating in it; and the second provision demands that transnational corporations be given the same preferences that are provided to national businesses, including those which are provided to small businesses and cooperatives.
www.venezuelanalyisis.com

Mariela Perez Valenzuela

The Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) welcomed Nicaragua as its fourth full member as the FSLN returned to power in that country, rx while in Ecuador, prescription President Rafael Correa adds new support to the movement for Latin America integration.

Granma (Cuba) | 19 January, cure 2007

The Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) welcomed Nicaragua as its fourth full member as the FSLN returned to power in that country, while in Ecuador, President Rafael Correa adds new support to the movement for Latin America integration.

As predicted, it appears that many Latin American leaders elected or reelected in 2006 will continue with the process of change mainly through policies of unity and solidarity.

The changes described by the Ecuadorian president at his inauguration on January 15 as the beginning of a new era, have the ALBA as a key source of growth, since the revolutionary approach begun by Venezuelan President Hugo Chavez and immediately supported by Cuba is showing concrete and encouraging results.

Inspired by the ideas of 19th century South American liberator Simon Bolivar the ALBA was born on December 14, 2004 when the presidents of Cuba and Venezuela signed the agreement on the tenth anniversary of Chavez’ first visit to Havana.

Bolivia was the third country to join the ALBA in April, 2006, during a meeting in Cuba with Presidents Fidel Castro, Hugo Chavez and Evo Morales.

ALBA ADVANCES

On October 28, 2005, Venezuela surprised the world when it acknowledged having taught 1,519,555 people to read and write, including 76,369 indigenous peoples, using the Cuban Yo Si Puedo (Yes I can) teaching method. The effort involved thousands of Venezuelan literacy workers.

And that wasn’t the only accomplishment from the integration effort that countered Washington’s attempt to impose its neocolonial plan, the Free Trade Area of the Americas (FTAA).

Roberto Rivas, who heads the Latin America and Caribbean office of the Ministry of Foreign Investment and Economic Collaboration (MINVEC), told Granma that with help from Cuba, thousands of Venezuelans have graduated from different levels of education.

Likewise, Cuban medical assistance has reached the most remote Venezuelan localities. This drastically changed the healthcare situation for more than 17 million people who received free medical care at the Barrio Adentro community health clinics where thousands of Cubans doctors are working.

Cuban and Venezuelan professionals are working together in 270 of the 600 comprehensive diagnostic and rehabilitation centers and in 11 of the 35 high-tech diagnostic centers already operating while the others are being built. Cuba also continues to treat Venezuelan patients with different pathologies on the island.

Promoting sports is also an active part of the ALBA. Cuban trainers speak highly of the results of Venezuelan athletes at regional and international competitions and the improved quality of life of the population in general.

COMPLEMENTATION NOT COMPETITION

Rivas explained that joint businesses were created like the ALBA construction company to build both economic and social infrastructure in Venezuela and later in Cuba and other countries.

Other firms are Transalva (sea transport), Astimarca (tanker repair in the Lake of Maracaibo), PDV-CUPET S.A. (to reactivate the Cienfuegos, Cuba oil refinery) and Telesur, a satellite television station belonging to several Latin American countries that seeks to spread the reality of the peoples of the Third World.

The banking sector was also favored. The Cuban Export Bank was created in Venezuela, as a subsidiary of the Banco Exterior of Venezuela and the Banco Industrial Venezolano opened a branch office in Cuba.

Cuba benefits from the purchase of Venezuelan oil under an energy agreement with Caracas, whose principles were later applied in the forming of PetroCaribe to supply the Caribbean nations with preferential prices and payment conditions.

Another project underway is the applying in Venezuela of Fidel Castro’s ideas for energy saving and generation. Rivas said the installation of batteries of small generators and the replacement of 52 million incandescent light bulbs with energy efficient ones turns savings into added resources.

Two development projects are underway on the island with financial and technical assistance from Venezuela. One, in the Pinar del Rio Province communities of Marti, Bolivar and Sandino, is geared to reactivate local economies and provide social advancement. The other, to train Venezuelans in different agronomy specialties, is in the Havana Province municipality of San Jose de las Lajas.

The official noted that during the joint Cuba-Venezuela commission meeting held in Caracas in 2005, a budget of $834 million USD was approved for 209 joint economic and social development projects.

Meanwhile, in Bolivia, where ALBA returned hope for a better life to millions of the poor, Cuban doctors have treated some 3 million patients in a year, 30 percent of the total population.

The Andean nation already has 20 reconditioned hospitals as part of the Cuban cooperation and 23 more are scheduled to open during the current year. Currently 5,000 Bolivians are studying in Cuba, most to be doctors.

The literacy campaign taking place in Bolivia since March 2006, hopes to teach 1.2 million to read and write in 30 months.

Thanks to this integration project, Bolivia has preferential trade with Cuba and Venezuela, which offered 5,000 scholarships for Bolivian youths in the petrochemical sector and delivered a fund of $100 million USD for development projects in Bolivia.

THE ALBA MIRACLE

One of the most humanistic programs of ALBA is the Operation Miracle eye-surgery program, already underway in several countries. The goal is to restore or improve vision for six million mainly low-income Latin American and Caribbean people in a decade.

By mid-December, 305,930 Venezuelans and had been operated on, 130,481 of those in the South American country, where 13 ophthalmology centers are operating, and the rest in Cuba.

Operation Miracle is also underway in Bolivia, one of the poorest countries of the Americas. There, more than 51,000 have had their sight restored since November 2005, most having suffered cataracts, at 11 ophthalmology centers. As a demonstration of the growing integration on the continent, 3,277 Argentineans and 1,938 Peruvians traveled to Bolivia to leave blindness behind.

In Ecuador, more than 10,000 people have been operated on. In all, a half million people of the region have benefited from Operation Miracle including 24,416 from the Caribbean.

ALBA FOR THE AMERICAS

In the spirit of ALBA, other governments in Latin America and the Caribbean, each according to their needs and characteristics, are benefiting from different programs in health, education and energy.

At the Latin American School of Medicine in Havana, inaugurated by Fidel Castro in November, 1999, more than 3,000 young doctors have graduated and another 10,000 from 28 countries are currently studying there.

Eradicating illiteracy is a priority of Latin America and the Caribbean. Towards that aim, in 15 countries the proven Yo Si Puedo method is being used.

One of the important plans of the ALBA is to guarantee energy for the region. To alleviate the energy crisis in Nicaragua, with serious consequences for the economy and society, the first sets of generators obtained from Venezuela under the ALBA agreements have arrived to the Central American nation.

The creation of regional oil companies such as PetroAndina, PetroCaribe and PetroSur, with preferential payment terms, and the project for a continent-stretching gas pipeline involving Venezuela, Argentina, Brazil and Bolivia, are all part of the integration efforts sweeping the continent.

The times are changing on the continent with the correlation of forces in Latin America tipping in favor of more progressive ideas. The unity conceived in the ALBA acts as a guarantee to achieve the political and social and economic independence that Simon Bolivar, Jose Marti and many others once fought for.

Marielz Perez ValenzuelaARIELA PEREZ VALENZUELA
The Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) welcomed Nicaragua as its fourth full member as the FSLN returned to power in that country, treat while in Ecuador, President Rafael Correa adds new support to the movement for Latin America integration.
Granma (Cuba) | 19 January, 2007
http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=6964
The Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) welcomed Nicaragua as its fourth full member as the FSLN returned to power in that country, while in Ecuador, President Rafael Correa adds new support to the movement for Latin America integration.
As predicted, it appears that many Latin American leaders elected or reelected in 2006 will continue with the process of change mainly through policies of unity and solidarity.
The changes described by the Ecuadorian president at his inauguration on January 15 as the beginning of a new era, have the ALBA as a key source of growth, since the revolutionary approach begun by Venezuelan President Hugo Chavez and immediately supported by Cuba is showing concrete and encouraging results.
Inspired by the ideas of 19th century South American liberator Simon Bolivar the ALBA was born on December 14, 2004 when the presidents of Cuba and Venezuela signed the agreement on the tenth anniversary of Chavez’ first visit to Havana.
Bolivia was the third country to join the ALBA in April, 2006, during a meeting in Cuba with Presidents Fidel Castro, Hugo Chavez and Evo Morales.
ALBA ADVANCES
On October 28, 2005, Venezuela surprised the world when it acknowledged having taught 1,519,555 people to read and write, including 76,369 indigenous peoples, using the Cuban Yo Si Puedo (Yes I can) teaching method. The effort involved thousands of Venezuelan literacy workers.
And that wasn’t the only accomplishment from the integration effort that countered Washington’s attempt to impose its neocolonial plan, the Free Trade Area of the Americas (FTAA).
Roberto Rivas, who heads the Latin America and Caribbean office of the Ministry of Foreign Investment and Economic Collaboration (MINVEC), told Granma that with help from Cuba, thousands of Venezuelans have graduated from different levels of education.
Likewise, Cuban medical assistance has reached the most remote Venezuelan localities. This drastically changed the healthcare situation for more than 17 million people who received free medical care at the Barrio Adentro community health clinics where thousands of Cubans doctors are working.
Cuban and Venezuelan professionals are working together in 270 of the 600 comprehensive diagnostic and rehabilitation centers and in 11 of the 35 high-tech diagnostic centers already operating while the others are being built. Cuba also continues to treat Venezuelan patients with different pathologies on the island.
Promoting sports is also an active part of the ALBA. Cuban trainers speak highly of the results of Venezuelan athletes at regional and international competitions and the improved quality of life of the population in general.
COMPLEMENTATION NOT COMPETITION
Rivas explained that joint businesses were created like the ALBA construction company to build both economic and social infrastructure in Venezuela and later in Cuba and other countries.
Other firms are Transalva (sea transport), Astimarca (tanker repair in the Lake of Maracaibo), PDV-CUPET S.A. (to reactivate the Cienfuegos, Cuba oil refinery) and Telesur, a satellite television station belonging to several Latin American countries that seeks to spread the reality of the peoples of the Third World.
The banking sector was also favored. The Cuban Export Bank was created in Venezuela, as a subsidiary of the Banco Exterior of Venezuela and the Banco Industrial Venezolano opened a branch office in Cuba.
Cuba benefits from the purchase of Venezuelan oil under an energy agreement with Caracas, whose principles were later applied in the forming of PetroCaribe to supply the Caribbean nations with preferential prices and payment conditions.
Another project underway is the applying in Venezuela of Fidel Castro’s ideas for energy saving and generation. Rivas said the installation of batteries of small generators and the replacement of 52 million incandescent light bulbs with energy efficient ones turns savings into added resources.
Two development projects are underway on the island with financial and technical assistance from Venezuela. One, in the Pinar del Rio Province communities of Marti, Bolivar and Sandino, is geared to reactivate local economies and provide social advancement. The other, to train Venezuelans in different agronomy specialties, is in the Havana Province municipality of San Jose de las Lajas.
The official noted that during the joint Cuba-Venezuela commission meeting held in Caracas in 2005, a budget of $834 million USD was approved for 209 joint economic and social development projects.
Meanwhile, in Bolivia, where ALBA returned hope for a better life to millions of the poor, Cuban doctors have treated some 3 million patients in a year, 30 percent of the total population.
The Andean nation already has 20 reconditioned hospitals as part of the Cuban cooperation and 23 more are scheduled to open during the current year. Currently 5,000 Bolivians are studying in Cuba, most to be doctors.
The literacy campaign taking place in Bolivia since March 2006, hopes to teach 1.2 million to read and write in 30 months.
Thanks to this integration project, Bolivia has preferential trade with Cuba and Venezuela, which offered 5,000 scholarships for Bolivian youths in the petrochemical sector and delivered a fund of $100 million USD for development projects in Bolivia.
THE ALBA MIRACLE
One of the most humanistic programs of ALBA is the Operation Miracle eye-surgery program, already underway in several countries. The goal is to restore or improve vision for six million mainly low-income Latin American and Caribbean people in a decade.
By mid-December, 305,930 Venezuelans and had been operated on, 130,481 of those in the South American country, where 13 ophthalmology centers are operating, and the rest in Cuba.
Operation Miracle is also underway in Bolivia, one of the poorest countries of the Americas. There, more than 51,000 have had their sight restored since November 2005, most having suffered cataracts, at 11 ophthalmology centers. As a demonstration of the growing integration on the continent, 3,277 Argentineans and 1,938 Peruvians traveled to Bolivia to leave blindness behind.
In Ecuador, more than 10,000 people have been operated on. In all, a half million people of the region have benefited from Operation Miracle including 24,416 from the Caribbean.
ALBA FOR THE AMERICAS
In the spirit of ALBA, other governments in Latin America and the Caribbean, each according to their needs and characteristics, are benefiting from different programs in health, education and energy.
At the Latin American School of Medicine in Havana, inaugurated by Fidel Castro in November, 1999, more than 3,000 young doctors have graduated and another 10,000 from 28 countries are currently studying there.
Eradicating illiteracy is a priority of Latin America and the Caribbean. Towards that aim, in 15 countries the proven Yo Si Puedo method is being used.
One of the important plans of the ALBA is to guarantee energy for the region. To alleviate the energy crisis in Nicaragua, with serious consequences for the economy and society, the first sets of generators obtained from Venezuela under the ALBA agreements have arrived to the Central American nation.
The creation of regional oil companies such as PetroAndina, PetroCaribe and PetroSur, with preferential payment terms, and the project for a continent-stretching gas pipeline involving Venezuela, Argentina, Brazil and Bolivia, are all part of the integration efforts sweeping the continent.
The times are changing on the continent with the correlation of forces in Latin America tipping in favor of more progressive ideas. The unity conceived in the ALBA acts as a guarantee to achieve the political and social and economic independence that Simon Bolivar, Jose Marti and many others once fought for.

Agencia de Información Solidaria

Hugo Chávez, check Evo Morales y Fidel Castro han sellado recientemente una alianza hemisférica en La Habana, para formalizar el lanzamiento de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) proyecto diseñado por el presidente venezolano Chávez para afianzar una integración latinoamericana “libre de los designios imperialistas estadounidenses y del capitalismo neoliberal”. El tratado se denomina también la Alternativa Bolivariana de los Pueblos.

Esta iniciativa no tiene antecedentes directos en la historia latinoamericana. Según Chávez, es una alternativa “basada en la solidaridad, el desarrollo social y no el lucro”, en clara referencia a la Alternativa de Libre Comercio para las Américas (ALCA) impulsada desde Washington. Chávez, Fidel y Evo, catalogados según este último como la “Santísima Trinidad Revolucionaria”, condenaron enérgicamente al ALCA “anexionista y neoliberal”.

Por su parte, millones de hispanos que viven y trabajan en EEUU decidieron organizar una huelga simbólica el 1 de mayo, festividad mundial del trabajo, para demostrar hasta qué punto su poder laboral puede influir en el desarrollo económico del país y, por consiguiente, en las decisiones gubernamentales en Washington para alcanzar mejoras contractuales y derechos de inmigración.

Cambios trepidantes

Otros síntomas muestran lo acelerados que van los cambios en América Latina. La polémica decisión de Chávez de retirar a Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) “porque Perú, Ecuador y Colombia están negociando el ALCA con EEUU”, demuestra que existen fisuras muy marcadas entre la política de Washington, las nuevas manifestaciones sociales y políticas en América Latina y entre los mismos países latinoamericanos, principalmente en el área suramericana.

Colombia y Perú anunciaron la semana pasada que suscribirán el ALCA, lo que motivó a una fuerte disputa diplomática entre Lima y Caracas (retiro de embajador por parte peruana), crisis traducida también en motivos electorales: Chávez apoya abiertamente al candidato presidencial peruano Ollanta Humala, lo que llevó a acusaciones directas entre su contrincante Alan García y el presidente venezolano.

Washington pierde fuerza

Con todo ello, ¿está Washington perdiendo influencia entre los países y líderes latinoamericanos? ¿Tienen real conciencia en la Casa Blanca de hacia dónde se dirigen toda esta serie de cambios, no todos conexos entre sí? ¿Está América Latina más unida o más fracturada que antes?

Tras el 11-S de 2001, Estados Unidos ha perdido interés en América Latina, produciendo un efecto contraproducente: es evidente que la región viene experimentando un giro político no necesariamente antiestadounidense pero sí frontalmente crítico con Washington. Si triunfan Ollanta Humala, López Obrador y Daniel Ortega en las próximas elecciones presidenciales en Perú, México y Nicaragua, ese giro estaría consolidándose.

El lanzamiento del ALBA, propuesta aún enigmática y llena de incertidumbres, condiciona también este nuevo escenario. Chávez busca constituirse como el líder hemisférico y, probablemente global, con mayor capacidad para retar a Estados Unidos. Argumentos energéticos juegan a su favor, así como determinados cambios políticos regionales, motivados por la irritación popular ante las recientes experiencias neoliberales, el fracaso de los partidos y las elites políticas tradicionales y esa ambigua relación amor-odio entre Estados Unidos y América Latina.

Este escenario se ha agudizado con la presidencia de Bush y su escaso interés hacia los asuntos latinoamericanos. La perdida de aliados políticos ha reducido el margen de maniobra estadounidense pero no sus alternativas. Sólo el colombiano Uribe Vélez, varios gobiernos centroamericanos y el mexicano Vicente Fox siguen manteniendo estrechos contactos con Washington. Pero esta relación se ha difuminado o desvanecido en casos como Brasil, Argentina o Venezuela.

Pero otra realidad se vive en América del Sur. Argentina y Uruguay están enfrascados en una disputa limítrofe de carácter económico. Bolivia y Chile siguen sin mantener relaciones diplomáticas, aunque los nuevos gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet caminan hacia escenarios de concordia. La región andina muestra sus síntomas más agudos de convulsión. Chávez activa una diplomacia alternativa para constituir un frente propio antiestadounidense, pero 29 de los 34 países latinoamericanos o están negociando o ya suscribieron el ALCA. Y, para rematar, el gasto militar está aumentando aceleradamente en la región, principalmente en Argentina, Chile, Venezuela y Colombia, países con disputas limítrofes con sus vecinos.

Temas con inmigración, narcotráfico o petróleo son los que parecen mover los intereses estadounidenses pero el espectro político está cambiando rápidamente, obligando a variar los focos de interés y las expectativas. Los retos se están multiplicando, aunque en distintas direcciones y no necesariamente de manera homogénea.

Fuente: http://www.infosolidaria.org

Latin America’s Time is Now!

Redacción Bolpress – 7 Junio 2006
El 29 de abril de 2006, los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Cuba comenzaron a construir en La Habana la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA), el nuevo mecanismo de la integración latinoamericana, cuyo programa comercial se denomina Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP).
El eje La Paz-Caracas-La Habana nace en un momento de crisis general del sistema, como la alternativa continental al unilateralismo hegemónico de Estados Unidos, y postulando modelos de integración y comercio que son la antítesis de la difunta Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y sus vástagos, los tratados de libre comercio (TLCs).
Los TLCs son algo así como las reglas del juego del sistema capitalista en su fase superior, el imperialismo, que contaminan de neoliberalismo, inclusive, a las Constituciones políticas de los Estados nacionales. La particularidad de los TLCs es que amplían ilimitadamente los derechos del capital, a la vez que despojan a los Estados de sus más elementales derechos y funciones.
El bloque TCP-ALBA se propone combatir esta radicalización del capitalismo retomando los viejos principios del capitalismo de Estado.
Razones del cambio de rumbo
El fracaso del modelo de desarrollo neoliberal y el despropósito de hacer competir a los países más débiles en un mercado internacional dominado por empresas transnacionales (lo que hace del libre comercio una entelequia) constituyen las razones principales que incitan al gobierno de Evo Morales a modificar el rumbo económico y a replantear los objetivos de la integración.
En vista del fracaso del mercado autárquico como distribuidor de la riqueza, la administración Morales devuelve protagonismo económico al Estado y ensaya una nueva forma de relacionamiento con el exterior, con Venezuela y Cuba.
El gobierno boliviano parte de la constatación de que el modelo de desarrollo que se aplica desde hace 20 años en casi todos los países de América no resolvió las necesidades más urgentes de las sociedades y, al contrario, provocó dos severas crisis financieras internacionales y decenas de incendios sociales que desestabilizaron la democracia.
Los gobiernos neoliberales en Bolivia ejecutaron fielmente las instrucciones del Consenso de Washington -el recetario del capitalismo que se impuso como un credo en todo el mundo a partir de la década de los 80- con la esperanza de que el mercado y el libre comercio conducirían al desarrollo. Privatizaron, derribaron aranceles, “descuartizaron” al Estado y concedieron garantías extraordinarias a la gran propiedad privada capitalista (los inversionistas). Y obtuvieron como resultado un pobre crecimiento del PIB y el florecimiento de enclaves económicos modernos rodeados de un mar de informalidad.  [1]
La administración Morales pone en duda la efectividad de la “liberalización comercial y financiera” como camino seguro e infalible al desarrollo. En la actualidad existe más libre comercio que en toda la historia de la humanidad [2], pero los indicadores de pobreza y desigualdad social y económica no han mejorado sustancialmente.[3] Los acuerdos comerciales pueden ayudar a los exportadores preparados para competir en mercados extranjeros, pero nada garantiza que beneficien también a pequeños productores, microempresarios, cooperativas locales y empresas comunitarias que abastecen el mercado interno.
El economista Paul Samuelson (The gains from international trade once again, 1962) demostró formalmente que el libre comercio puede hacer más eficiente la asignación de recursos y maximizar el crecimiento económico y el bienestar de un conjunto de naciones, pero no necesariamente de todos los países participantes. En muchos casos, el libre comercio puede empeorar la economía y los grados de bienestar. La crisis mexicana fue la primera alerta del fracaso de la liberalización dictada por el Consenso de Washington y la crisis asiática de 1997 confirmó que la liberalización de los flujos de capital es ciertamente nociva. [4]
No hay tal libre comercio
La administración Morales Ayma pone en entredicho la existencia de un verdadero libre comercio en el mundo. Los países desarrollados del Norte pregonan y fomentan el librecambio en las naciones más pobres, pero continúan ejerciendo un control férreo e irrestricto de sus mercados internos y conservando amplios márgenes de intervención estatal.
Se constata que las grandes potencias tienen doble moral: por un lado exigen a los países en desarrollo renunciar al uso de las políticas públicas para impulsar sus aparatos productivos, y por otro aplican subsidios a favor de los suyos. [5] Además de los subsidios, los países ricos ponen obstáculos técnicos (barreras no arancelarias) a las exportaciones agrícolas de los más pobres.
La administración Morales argumenta que ningún país del planeta aplica el libre comercio ni lo aplicó en el pasado como un mecanismo para desarrollarse. Los actuales abanderados del libre comercio fueron en algunas etapas de su desarrollo económico los adalides de políticas proteccionistas. [6] Los ricos hicieron exactamente lo contrario de lo que ahora recomiendan a los países en desarrollo. Todos utilizaron protección arancelaria y subsidios para desarrollar sus industrias y cuando lo lograron, impusieron libre comercio a los más débiles. [7]. Como decía Friedrich List, un economista alemán de mediados del siglo XIX, los países más desarrollados “derriban la escalera” con la que han subido a lo alto al exigir a los países más pobres que liberen sus economías
El gobierno de Morales concluye que el neoliberalismo no solo trunca la integración económica regional sino que comienza a desarticular a los antiguos los pactos políticos como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o el Mercado Común del Sur (Mercosur). El neoliberalismo todavía dominante recortó las aspiraciones políticas y acentuó los objetivos comerciales de estas alianzas. Si antes se buscaba la vinculación entre los países de la región para alcanzar la liberación y la autonomía de los pueblos, ahora el objetivo es competir entre sí por mercados e inversiones a fin de aumentar las exportaciones.
Según Pablo Solón, asesor principal del Presidente Evo Morales en asuntos de integración y comercio, los acuerdos regionales se contaminaron de neoliberalismo y terminaron beneficiando a los países de mayor grado de industrialización y desarrollo. Por eso, Morales, Chávez y Castro no se limitan a pactar la apertura de mercados reduciendo aranceles y eliminando trabas a la inversión, sino que replantean los términos de la integración incorporando objetivos de cooperación, complementación y solidaridad para agarrar fuerza y enfrentar con éxito al unilateralismo hegemónico.
¿Qué es el TCP y que pretende?
El TCP no es una sigla más que compite con el TLC norteamericano sino un replanteo de la forma de relacionamiento con el exterior. El TCP incorpora objetivos ausentes en los actuales programas de integración económica propuestos por los países del Norte, como son reducir efectivamente la pobreza y preservar a las comunidades indígenas de la homogeneización cultural que promueve el mercado, explica el gobierno boliviano.
El Consenso de Washington entendió que la liberalización comercial es un fin y no un medio, y en la confusión soslayó los verdaderos objetivos del intercambio, es decir el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. Para el TCP, el comercio y la inversión son factores entre muchos otros que contribuyen al crecimiento económico, pero nunca hay que olvidar que son medios y no fines del desarrollo.
El TCP subordina el comercio al desarrollo y bienestar humanos, y recalca que la política económica no puede reducirse al incremento del PIB o la liberalización comercial. De ahí que la prioridad del TCP es la mejora de los niveles de vida (ingresos, educación, salud, agua, cultura) y un desarrollo sostenible, equitativo, igualitario y democrático, con la participación consciente de los ciudadanos en la toma de decisiones colectivas.
Para el TCP, la competencia, la acumulación y el consumo no deben ser los únicos valores que rijan las relaciones internacionales, sino más bien la complementación, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la soberanía de los países.
Morales y Chávez regresan al capitalismo de Estado y ensayan una ambiciosa propuesta de complementariedad comercial con la Cuba socialista. Buscan equilibrio con la naturaleza, equilibrio entre los ciudadanos y hacer de la cooperación una práctica habitual entre los pueblos.
El TCP reivindica la justicia, que es éticamente superior a la razón práctica del lucro, y aspira a un modelo comercial sustentable que haga frente al mercantilismo secante que acumula y sobreexplota de forma insostenible. El TCP rescata el concepto indígena de reciprocidad para reemplazar la categoría capitalista de competencia.
a) La visión indígena del desarrollo económico en el TCP
Los tratados comerciales diseñados en el Norte facilitan el desarrollo y la expansión del sistema capitalista a escala global a partir de dos principios: la explotación ilimitada de los recursos naturales y humanos en la búsqueda constante del beneficio, y la acumulación individual de riqueza, una visión que -según el TCP de Morales- inevitablemente destruye el medioambiente.
Los TLCs inducen a la fragmentación y posterior desaparición de las comunidades indígenas no sólo porque contribuyen a la destrucción de su hábitat sino también porque les empujan a una competencia descarnada y en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones del norte. La contaminación y depredación con el solo fin de obtener beneficios pone en riesgo la vida de los grupos humanos que conviven más estrechamente con la naturaleza, es decir las comunidades indígenas.
El TCP pone en duda la sostenibilidad de la teoría del “crecimiento económico” y la cultura del derroche occidentales que miden el desarrollo económico de una nación según la capacidad de consumo de sus habitantes. Por ello plantea otra lógica de relacionamiento entre los seres humanos, es decir un modelo de convivencia distinto que no se asiente en la competencia y el afán de acumulación que aprovecha/explota al máximo la mano de obra y los recursos naturales.
Rescatando las premisas de la cultura indígena, el TCP postula la complementariedad frente a la competencia; la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de recursos; la defensa de la propiedad social frente a la privatización extrema; el fomento de la diversidad cultural frente a la monocultura y la uniformización del mercado.
b) El Estado y las inversiones en el TCP
El TCP se propone recuperar la soberanía del Estado con un modelo comercial que limita y regula fuertemente los derechos de los inversionistas extranjeros. En la propuesta boliviana, el inversionista y su capital no son el centro articulador, ni mucho menos los protagonistas de la integración latinoamericana.
Si los TLCs de Estados Unidos subordinan los derechos del Estado y hasta las Constituciones políticas al librecambio y a la necesidad de atraer inversión extranjera, el TCP respeta el derecho soberano de los Estados más débiles a proteger sus sectores productivos.
El TCP impone fuertes reglas ambientales y sociales a las inversiones para adecuarlas a las necesidades del desarrollo productivo y preservación ambiental. El TCP reivindica el derecho de expropiación por motivos de bien público y desconoce los tribunales arbitrales extranjeros para la resolución de disputas con inversores, porque éstos están por encima de las cortes nacionales y constituyen una especie de justicia privada que no delibera de manera publica y transparente. En el marco del TCP, las controversias inversionista-Estado se resuelve en tribunales nacionales, respetando la soberanía de los países y garantizando la transparencia y participación de todas las partes involucradas.
El TCP emplea herramientas de desarrollo industrial vetadas por los TLCs, como por ejemplo exigir a los inversionistas un cierto nivel de uso de materias primas nacionales o la transferencia de tecnología, que han sido vitales para las estrategias de crecimiento de exportación de los tigres asiáticos. 
A diferencia del TLC, el TCP de Morales permite el uso de mecanismos que fomenten la industrialización y no restringe el margen de maniobra del Estado para proteger el mercado interno. El programa comercial boliviano valida las subvenciones, los créditos baratos y altos aranceles para las importaciones. En el esquema comercial boliviano, aceptado por Cuba y Venezuela, las empresas extranjeras que brindan servicios en el país no reciben el mismo trato que un pequeño prestador de servicios.
En el TCP no se contemplan factores ajenos al intercambio de bienes propiamente dicho, como por ejemplo reglas y normas de propiedad intelectual, compras estatales, acceso a servicios esenciales (agua, electricidad y atención médica) o la ampliación de derechos para la inversión extranjera.
Las reglas del TCP
Como respuesta a la competitiva globalización neoliberal que fomenta la destrucción del adversario, el bloque ALBA-TCP elabora y discute propuestas de integración más abarcadoras y equitativas que trascienden el ámbito comercial y que por principio promueven la solidaridad, la complementación cultural y la colaboración entre los Estados.
Los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las iniciativas de Estados Unidos como el ALCA o la infinidad de TLCs plantean un modelo de integración internacional circunscrito al intercambio comercial entre los países. Dado su enfoque estrictamente mercantil, estas herramientas de la globalización neoliberal privilegian antes que todo la libre circulación de bienes y servicios sin reparar demasiado en las asimetrías de los actores económicos que intervienen en un por demás desequilibrado juego de libre competencia.
En la línea de las dos propuestas de integración más avanzadas como son la Alianza Social Continental (ASC) y el ALBA, el gobierno de Bolivia plantea una verdadera integración comunitaria que trascienda los campos comercial y económico, y que tenga en cuenta las diferencias nacionales respecto a población, superficie, producción, acceso a infraestructura y recursos e historia.
a) La alimentación es innegociable
El TCP entiende que la agricultura es la base del relacionamiento humano con la naturaleza, el fundamento de la seguridad y autosuficiencia alimentarias y un modo de vida para millones de personas que no puede ser tratado como una actividad económica cualquiera sometida a las reglas de mercado.
El TCP reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias; a proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional para evitar que el mercado doméstico sea inundado por excedentes de otros países (a través del control de la oferta y la regulación de las importaciones); y a privilegiar el bien colectivo por sobre los derechos del agro negocio.
El TCP reconoce el derecho del Estado a conceder los máximos beneficios a productores nacionales como subsidios económicos y técnicos, a priorizar los mercados locales y a prohibir el uso de patentes.
b) Servicios esenciales para todos
Para el TCP, la provisión de los servicios públicos esenciales como la salud, educación, seguridad social y saneamiento básico, entre otros, depende de las necesidades sociales del individuo y no de su capacidad de pago.
Estos servicios vitales dependen de empresas públicas como proveedoras exclusivas, reguladas por los Estados. La negociación de cualquier acuerdo de integración debe tener presente que la mayoría de los servicios básicos son bienes públicos sin posibilidad de que sean entregados al mercado.
c) Al rescate del mercado interno y del productor nacional
El TCP valora el papel de los mercados nacionales en la generación de excedentes y descarta que el mercado externo sea el único motor del crecimiento y la prosperidad.
El TCP defiende el derecho de las economías más pequeñas a mantener barreras comerciales en sectores estratégicos, llámense aranceles aduaneros, cuotas, licencias y otras medidas no arancelarias que son instrumentos de protección de la industria nacional y el mercado interno.
En la retórica neoliberal, lo más importante es el ahorro estatal a través de la libre competencia de los ofertantes de servicios y bienes, que necesariamente bajan el costo de las compras y contratos estatales. Sin embargo, este argumento no compensa de ninguna manera el impacto que tiene sobre la producción nacional la liberalización de las compras estatales ni tampoco toma en cuenta los efectos multiplicadores de la inyección de recursos en la economía interna.
Perseguir la eficiencia en el gasto fiscal para ahorrar unos cuantos millones no justifica la privación de aplicar un mecanismo de fomento de la economía nacional ampliamente explotado por los países industrializados.
De esta forma, el TCP prioriza a las empresas nacionales (micro, pequeña y mediana empresa, particularmente las empresas sociales y comunitarias) con tratos preferenciales y otorgándoles el privilegio de ser proveedoras exclusivas de los entes públicos. [8]
Según el TCP, la libre competencia no es un principio absoluto e inamovible. Al contrario, se postula la máxima regulación en un mercado caracterizado por las fusiones empresariales y el comercio desleal.
El TCP rechaza el principio de trato igualitario entre naciones cuyas economías son abismalmente diferentes y reconoce el derecho de los Estados a conformar monopolios estatales de interés público en sectores estratégicos.
d) El bien común prima sobre el derecho propietario individual
El TCP valora el bien común por encima de cualquier derecho propietario privado; exige a los inversionistas respetar los derechos de propiedad  intelectual ancestrales de los pueblos indígenas y campesinos, y niega enfáticamente el patentamiento de materiales biológicos y genéticos.
El TCP parte de la premisa de que los acuerdos de propiedad intelectual no pueden obstaculizar la difusión del progreso científico y tecnológico. Por ello se  exige al inversor extranjero la transferencia de conocimiento y tecnología, y se reconoce el derecho de los gobiernos a otorgar licencias a empresas nacionales para que fabriquen versiones genéricas de medicamentos.
En contrapunto a la privatización extrema, este proyecto reconoce y defiende la propiedad social de ciertos recursos naturales y medios de producción de necesidad pública como el agua y la industria energética.
En resumen, el bloque político promotor del ALBA-TCP se propone modificar sustancialmente las relaciones económicas internacionales y también las condiciones de la asistencia bilateral o multilateral. “Debe permitírsenos usar más activamente aranceles y subsidios para el desarrollo industrial, normas de patentes menos rígidas y sobre todo nuevos modelos institucionales adaptados a necesidades internas”, indica el TCP.
Las potencias diseñan tratados comerciales como instrumentos de consolidación hegemónica más que como procesos de integración. En respuesta, en el Sur se lanzan programas de unificación no sólo económica que respeten las diferencias y que se apoyen en las “ventajas cooperativas” más que en las “ventajas comparativas” del liberalismo comercial.
El objetivo del bloque Bolivia-Venezuela-Cuba es reducir las asimetrías de los países participantes con distinto nivel de desarrollo creando mecanismos de compensación, y comprometiendo a todos los actores económicos (cooperativas y empresas privadas de todos los tamaños) a dar solución a problemas esenciales para la gente, como son la alimentación, vivienda, preservación del medio ambiente y los anhelos de industrialización.
La integración del ALBA-TCP busca complementariedad productiva de los países según sus potencialidades, que cada país produzca aquello en lo cual tiene las mejores condiciones y que reciba lo que necesita, independientemente de los precios del mercado mundial. Este plan escapa a la lógica del mercado y rescata el concepto de reciprocidad de la comunidad indígena.
El mecanismo ALBA-TCP está en marcha
El “imperialismo neoliberal”, la fase superior del capitalismo, “ha llegado a la fase de la locura”. En este siglo los pueblos unidos de Latinoamérica tenemos que echar abajo al imperialismo para salvar al mundo. “El socialismo es el camino a la redención de los pueblos, a la verdadera liberación, a la igualdad y a la justicia”. Con esas palabras, el Presidente de Venezuela Hugo Chávez oficializó el 26 de mayo el acuerdo de integración latinoamericana más radical del Continente, junto a los gobiernos de Evo Morales y Fidel Castro.
En el Chapare cochabambino, la capital de la coca, Chávez, Morales y el vicepresidente de Cuba Carlos Lage dieron sustancia al ALBA y al Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) rubricando decenas de acuerdos comerciales, sociales y políticos, que abarcan desde la minería hasta la industrialización de los hidrocarburos, todos ellos controlados totalmente por empresas públicas binacionales, mixtas o cooperativas de propiedad de los Estados participantes.
En el área energética, Venezuela ofrece a Bolivia cuatro proyectos valuados aproximadamente en 1.500 millones de dólares: una planta petroquímica, una de GTL y otras dos plantas (de 100 y 70 millones de dólares) para la separación de líquidos y destinadas a aumentar la producción de Gas Licuado de Petróleo (GLP). La estatal petrolera venezolana PDVSA invertirá 800 millones de dólares en exploración y explotación de hidrocarburos. Los acuerdos que se firmarán con PDVSA implican la formación de sociedades mixtas con YPFB, en las que Yacimientos detentará el 51 por ciento y estatal venezolana el 49 por ciento.
En minería, Bolivia y Venezuela crean la compañía estatal mixta Minera del Sur (Minsur), que permite a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) participar en toda la cadena productiva de la industria minera.
En el área agrícola, Venezuela ofrece una inversión de más de 23 millones en diversos proyectos en Oruro, Potosí, Beni, Pando y La Paz, entre ellos la instalación de una planta en el Chapare para industrializar hoja de coca y otras industrias de la quinua (1,5 millones para siete proyectos), textiles (600 mil dólares), lácteos (una planta de medio millón de dólares en Pucarani), madera (20 proyectos con una inversión de 950 mil dólares), turismo (450 mil dólares), miel (10 plantas con inversión de 1,2 millones de dólares); y cuero (150 mil dólares para cinco talleres).
El gobierno boliviano planea crear una organización de pequeños y medianos productores de soya ayudándoles a construir una planta en Santa Cruz valuada en 14 millones de dólares. Se calcula que en los rubros agrícola y textil se podrían crear más de 230 mil empleos, 450 de los cuales serían en la rama de industrialización de coca.
El plan estratégico de complementación productiva, con racionalidad y ahorro de recursos, incluye además la apertura de subsidiarias de bancos de propiedad estatal y convenios de crédito recíproco; la exención de impuestos sobre utilidades a toda inversión estatal, mixta e incluso privada, facilidades para las líneas aéreas, y sobre todo una estrategia social sin fines de lucro.
Se intercambian -no comercian- conocimientos científico-técnicos, deportivos, comunicacionales, experiencias en materia de ahorro de energía, y planes culturales conjuntos. En el programa de salud, en el que cooperan 700 profesionales cubanos, se incluye la donación de 20 hospitales equipados con tecnología de punta, muchos de los cuales serán instalados hasta fines de julio; y seis centros oftalmológicos, de los cuales ya funcionan cinco. Hasta el momento fueron operados 11.125 ciudadanos y se programa atender hasta 100 mil bolivianos. Al mismo tiempo, está en marcha un programa de alfabetización y un paquete de 6.000 becas para estudiar medicina en Cuba hasta el primer trimestre de 2007.
Los gobiernos de Venezuela y Cuba reconocen las especiales necesidades de Bolivia, un país saqueado durante siglos, y por ello conceden privilegios a la nación más chica. Venezuela abre sus compras estatales a proveedores bolivianos mientras que Bolivia no lo hace; Venezuela baja sus aranceles a cero, pero el país no. Venezuela pone a disposición su infraestructura y equipos de transporte aéreo y marítimo, y garantiza la compra/trueque de los productos de la cadena oleaginosa y otros bienes agrícolas e industriales perjudicados por la firma de TLCs. Se trata de un verdadero trato especial y diferenciado para la economía más pequeña del bloque.  
El programa ALBA-TCP es todavía un embrión de la integración alternativa y falta mucho para que su incipiente coordinación productiva evolucione hasta la definición de políticas comunes.
Sin embargo, el logro inmediato del acuerdo es que ha devuelto al “consumidor” del neoliberalismo la categoría de ciudadano político que toma decisiones en función del bien común y no de la lógica costo/beneficio individual.
Notas
[1] Se dio por hecho que a mayor liberalización comercial y a mayor peso de las exportaciones en el PIB corresponde un mayor crecimiento económico, más inversión, mayor generación de empleos mejor remunerados y, por ende, la elevación de niveles de bienestar social y reducción de la pobreza. Según el credo, la liberalización comercial asegura la mejor asignación de recursos de acuerdo a las “ventajas comparativas” de cada país (generando ingresos de exportación necesarios para importar otros bienes y servicios); en tanto que la liberalización financiera atrae al capital extranjero hacia el país escaso de capital, permitiéndole invertir más de lo que ahorra. La inversión extranjera directa (IED) -añade el dogma- acelera el crecimiento no solo por la acumulación de capital sino también por la creación de lazos de oferta y demanda de productos en el mercado interno (“eslabonamientos virtuosos”) y la transferencia de tecnología.
Sin embargo, los países latinoamericanos que adoptaron este esquema de desarrollo consiguieron crecer a una tasa media de 2,6% anual en el período 1990-2003, inferior al crecimiento del PIB en el período de industrialización dirigido por el Estado entre 1960-1980 (5,5% anual). La distribución del ingreso y los índices de pobreza mejoraron considerablemente en el capitalismo de Estado de los años setenta, antes de la imposición del “consenso”, pero empeoraron significativamente entre 1980 y 1990.
Se prometió a Bolivia que la integración rápida a la economía mundial a través de las exportaciones y el influjo del capital extranjero resolverían los problemas sociales, pero en la década de los 90 Bolivia fue uno de los cuatro países del continente donde la desigualdad aumentó de forma más marcada y donde el índice de Gini (un indicador que muestra las desigualdades sociales en cuanto a la  concentración de la riqueza) registró un cambio promedio de más de un punto anual. Bolivia fue el mejor alumno de Washington y sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. Más del 60% de la población vive por debajo de la línea de pobreza. En 2003, el PIB registraba 900 dólares per cápita, un índice menor al de 1980. (Más allá del Consenso de Washington, José Antonio Ocampo; secretario general adjunto de asuntos económicos y sociales de la ONU). Otros estudios indican que el crecimiento del PIB per cápita durante el decenio 1981-1990 fue de 0.9% anual y de apenas 1.1% anual en el periodo 1991-2004. El crecimiento per cápita de Bolivia entre 1989 y 2000 fue del 1,67%.
El premio Nóbel de Economía 2001 Joseph Stiglitz observa que los países del este de Asia lograron una tasa media de crecimiento de su PIB per cápita de 6.1% anual en el decenio 1981-1990 y de 5.8% anual durante el periodo 1991-2004 porque rechazaron los dogmas básicos del Consenso de Washington que postulan un mínimo papel del gobierno y una rápida privatización y liberalización. Los países del Asia determinaron su propio ritmo de inserción a la economía global.
[2] Las exportaciones e importaciones en relación al PIB en los países ricos aumentó de 27% en 1987 a 39% en 1997. En los países en desarrollo subió del 10% al 17%. Las empresas invierten cada vez más en otros países: en 1998, firmas estadounidenses invirtieron en el exterior 133 mil millones de dólares y empresas extranjeras invirtieron 93 mil millones en Estados Unidos. Las corrientes de Inversión extranjera Directa (IED) se triplicaron en todo el mundo entre 1988 y 1998, pasando de 192 mil millones de dólares a 610 mil millones. (World Development Indicators 2000, Banco Mundial).
[3] En un informe de 2005, el FMI informa que las 29 economías más avanzadas del mundo producen el 54,6% de la riqueza global y generan el 71,8% de las exportaciones de bienes y servicios. En el otro lado, las 146 naciones subdesarrolladas (las cuatro quintas partes de la población mundial) generan sólo 45,4% del producto interno bruto mundial y sólo el 28,2% de las exportaciones globales.
[4] Se calcula que al menos 1,3 millones de campesinos mexicanos perdieron sus trabajos agrícolas a consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), destruyéndose comunidades enteras que tuvieron que emigrar y abandonar sus prácticas tradicionales. (“NAFTA’s Promise and Reality: Lessons from Mexico for the Hemisphere,”; John Audley, Sandra Polaski, Demetrios G. Papademetriou, and Scott Vaughan; Carnegie Endowment for International Peace Report, Nov. 19, 2003).
América Latina se ha convertido en el continente con mayor desigualdad del planeta después de aplicar fielmente el librecambismo del Consenso de Washington. El PIB per cápita del 20% más rico es 18,7 veces el PIB per cápita del 20% más pobre, cuando en la OCDE la proporción es de 6,8 y la media mundial es de 7,1.
Según proyecciones del Banco Mundial presentadas en la cumbre ministerial de la OMC en Hong Kong, la liberalización comercial podría generar alrededor de 287 mil millones de dólares (un tercio del nivel calculado dos años atrás) de ganancias. En un escenario de liberalización total, los países en desarrollo recibirían 90 mil millones de dólares de ese total. En un escenario de liberalización parcial, que es más realista, las ganancias globales ascenderían a 96 mil millones de dólares, de los cuales solo 16 mil millones irían a los países en desarrollo, es decir el 0,16% de PIB mundial, o un centavo diario per cápita. Sólo ocho países en desarrollo tendrían potencial para ganar con el libre comercio: Brasil, Argentina, China, India, Tailandia, Vietnam, México y Turquía.
Otro estudio de la ONG Carnegie estima que la liberalización comercial estimulará modestas ganancias, y por una sola vez, de entre 40 mil y 60 mil millones de dólares, lo que significa menos del 0,2% del PIB mundial. Los países pobres serían los perdedores netos en todos los escenarios probables de la Ronda de Doha. El gran ganador sería China (entre 0,8 y 1,2% del PIB) en diferentes escenarios.
Muchas de las propuestas en agricultura, servicios, propiedad intelectual y comercio de bienes no agrícolas requieren reformas legales que implican un costo. El Banco Mundial calcula que el costo de poner en práctica los tratados de la OMC ascienden a 130 mil millones de dólares anuales en los países en desarrollo. Por otro lado, la remoción de aranceles implica una pérdida de 60 mil millones de dólares para los países en desarrollo, computa la UNCTAD.
[5] Las subvenciones de los miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ascienden a 350 mil millones de dólares anuales. Sólo en el caso del algodón, el proteccionismo implica no menos de 100 mil millones de dólares al año, el doble de lo que reciben los países del Sur como Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD). Brasil demandó a Estados Unidos en la OMC por los 3.900 millones de dólares anuales de subsidios que paga a sus productores de algodón. Washington aumentó entre 8% y 30 % los aranceles que gravan las importaciones de acero para dar un empujón a su industria en crisis.
[6] Gran Bretaña y EE.UU., los dos países que supuestamente han alcanzado la cumbre de la economía mundial a través del libre mercado y el libre comercio, son los que más agresivamente usaron el proteccionismo y los subsidios. Gran Bretaña fue pionera en promover sus industrias, especialmente la relacionada con la manufactura de lana. Entre la reforma de política comercial del primer ministro Robert Walpole, en 1721, y la adopción del libre comercio, alrededor de 1860, Gran Bretaña usó políticas industriales y de comercio “dirigidas”, incluyendo medidas muy similares a las que países como Japón o Corea usaron recientemente para proteger sus economías.
Estados Unidos, supuesto campeón contemporáneo del libre comercio, fue mucho más proteccionista que los británicos hasta antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1880, Estados Unidos contaba con el arancel medio más alto del mundo y no reconocía los derechos de propiedad intelectual extranjeros, todo lo contrario a lo que hoy recetan la OMC y el FMI a los países pobres. Adam Smith recomendaba a los americanos dejar de proteger a sus industrias, pero el presidente Ulysses Grant (1868- 1876) razonaba: “Dentro de 200 años, cuando América haya obtenido del proteccionismo todo lo que pueda ofrecer, también adoptará el libre comercio”.
Según un reconocido estudio de Paul Bairoch, entre la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue la economía más fuertemente protegida del mundo. La Guerra Civil Estadounidense fue en mucho la lucha sobre los aranceles más que sobre la esclavitud. Abraham Lincoln fue un conocido proteccionista que se crió políticamente en el Partido Whig, bajo el carismático Henry Clay que abogaba por el “Sistema Americano”, así nombrado por el reconocimiento de que el libre comercio respondía los intereses “británicos”. EE.UU. fue el hogar intelectual del proteccionismo hasta el siglo XIX. El economista Daniel Raymond fue el primero en desarrollar sistemáticamente el argumento sobre la “industria infanta” (infant industry) con el cual se justificaba la protección de las industrias manufactureras en las economías menos desarrolladas.
De acuerdo a un estudio de Joseph Nye, el promedio de arancel de Francia fue significativamente más bajo que el británico durante la primera mitad del siglo XIX. Alemania, el otro país frecuentemente asociado con el intervensionismo estatal, tenía un arancel mucho más bajo que el británico de este periodo, aunque los Estados Alemanes tendían a usar otros medios de intervención económica más activamente. Incluso países como Suecia, que posteriormente vino a representar para muchos economistas una “economía un poco abierta”, también usó estratégicamente aranceles, subsidios, carteles, apoyo estatal para la investigación y el desarrollo para el avance de sus industrias, especialmente los textiles, el acero y las ingenierías. Hay algunas excepciones como Holanda o Suiza que han mantenido el libre comercio desde finales del siglo XVII. Sin embargo, Holanda desplegó un impresionante rango de medidas intervensionistas hasta el siglo XVII con el fin de construir su supremacía marítima y comercial y abolió su Ley de Patentes en 1869 con el argumento de que las patentes creaban monopolios incongruentes con sus principios de libre comercio. Este país no reintrodujo una Ley de Patentes sino hasta 1912. Suiza no tuvo una ley de patentes hasta 1907, contradiciendo de esta manera el énfasis que la actual ortodoxia pone en la protección de los derechos de propiedad intelectual. (Kicking Away the Ladder- Development Strategy in Historical Perspective, Ha-Joon Chang ; Anthem Press, Londres 2002).
[7] La ortodoxia neoliberal en boga impone a los países menos desarrollados el cumplimiento de algunos pre requisitos para alcanzar el desarrollo -requisitos que no necesariamente cumplieron los actuales países industrializados en su carrera hacia el desarrollo-, como son la consolidación de una “institucionalidad” democrática liberal basada en el mercado, los derechos de propiedad intelectual, las instituciones de gobernabilidad corporativa y las instituciones financieras, entre otras “instituciones”.
Hasta los años 1920 el sufragio universal de las mujeres fue una rareza en Estado Unidos, mientras que el voto fue concedido a todas las minorías étnicas recién en 1965. El voto secreto fue introducido en Francia y Alemania a principios del siglo XX. Esto quiere decir que las potencias no se desarrollaron en democracia.
A fines del siglo XIX muchos países permitieron el patentamiento de invenciones importadas. EE.UU. no reconocía el derecho de autor de ciudadanos extranjeros hasta 1891 y a lo largo del siglo XIX hubo una amplia violación de las leyes británicas de derechos de marcas por parte de las empresas alemanas productoras de falsos bienes “Made in England”.
En el Reino Unido y EE.UU. muchas de las instituciones claves consideradas de un “sistema moderno de gobernabilidad corporativa” emergieron después y no antes de su desarrollo industrial. Hasta 1870, en la mayoría de los países, solo algunas empresas tenían responsabilidades limitadas. Hasta los 1930 no hubo realmente regulación sobre la contabilidad de las empresas. Las leyes de Competencia no existieron en ningún país hasta que se dictó la Ley Clayton en Estados Unidos de 1914.
En la mayoría de los países desarrollados no hubo sistemas financieros modernos con amplia y buena supervisión bancaria, un banco central y un mercado bien regulado hasta mediados del siglo XX. Países como Suecia, Alemania, Italia, Suiza y Estados Unidos carecieron de banco central hasta principios del siglo XX. A mediados del siglo pasado, la capacidad fiscal del Estado era totalmente inadecuada en la mayoría de los actuales países desarrollados; la mayoría carecía de impuestos sobre el ingreso y las finanzas gubernamentales eran un desorden. Instituciones típicas tomaron décadas y en algunos casos generaciones para desarrollarse.
A las potencias actuales les tomó mucho tiempo construir la “institucionalidad” que hoy se exige a los países menos aventajados como pre condición del desarrollo. Por ejemplo, la necesidad de un banco central fue percibida al menos en algunos círculos a finales del siglo XVII, pero el primer banco central “real”, el Banco de Inglaterra (fundado en 1694), fue instituido únicamente por la Ley del Capitulo Bancario de 1844, cerca de dos siglos después. (History Debunks Myth That Free Trade Is Best For All”, Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge; Guardian Weekly del 27 de junio al 3 de julio de 2002).
[8] En 2003, las compras estatales bolivianas ascendieron a 8.036 millones de bolivianos equivalentes a 1.047 millones de dólares, es decir 26% del presupuesto consolidado de dicho año y el 13% del PIB nacional, indica una reciente investigación de la Fundación Solón.

Nidia Díaz, illness Socialist Worker

Bolivia signs agreement to implement the Bolivarian Alternative for the peoples of Our America and the People’s Trade Agreement. On the 1st anniversary of the creation of the ALBA between Cuba and Venezuela, remedy the figures speak for themselves regarding a new integration model based on fairness and respect. In the Plaza de la Revolucion, Fidel exposes the double standard of the United States in its supposed war against terrorism. >Download the article (PDF)

Social movements across Europe: who we are?


Eurotopia

Four years on from the first European Social Forum, decease it is a useful moment collectively to reflect. Over 30 activists from across Europe have responded to a survey aimed to stimulate such shared thinking on common questions concerning building an “us”: key moments, nurse networkings, main impacts, failures, innovations, recurrent problems and challenges for the ESF. A firts draft of this article is being published at the Eurotopia magazine and spread at the ESF Athens (http://www.eurotopiamag.org). But this article was just a rough beginning, it remains open for you to develop further here!!! It is also a pilot experience applying the ESF open space philosophy to the collective construction of an E-yearbook on social movement at Europe” (http://www.euromovements.info/yearbook).

To establish a common frame of reference we asked people if they thought there actually was a “we” on the European scale? “ The `we’ should not be taken for granted warned an activist researcher from Athens. But there was significant agreement about a `we’, understood as diverse movements struggles, networks and political tendencies building common campaigns and opening new public space for discussion across Europe, as part of a struggle for another world. A conflictual `we’ and a multiple `we.’ Many responses stressed this diversity of the “we”. Some described the diversity of political tendencies. Others demonstrated a diversity of strategic vision. A particular divergence of emphasis was over the relationship between `the European’ and other local, national, regional and global dimensions. Some stressed the need to create a European common ground to fight the Commission together and denounced too much focus on national and local level while others argued for the need to create concrete connections with daily struggles at the local level. Further responses viewed a European `we’ as a transit for a global “we”- reminding us from Barcelona that the ESF was a response to a global call at the World Social Forum.

We then asked people to list what for them were the key moments contributing towards a “we”. One response offered a useful criteria for a key moment: “as one which succeeded in putting a changing movement into a relationship with movements elsewhere and starting a chain reaction”. The lists that people presented fitted this view. Although everyone emphasised some moments more than others – with a lot of agreement over Genoa 2001; Florence 2002 – a pattern emerges from these lists. First, there is the period between the end of 1980 and November 1999 which, looking back, is a period of build-up, when campaigns exposing the anti-democratic role of multilateral organizations from the World Bank through to the World Trade Organisation, and including the European Union, begin to appear. Counter summits in Berlin in 1988 and in Amsterdam in April 1997 were mentioned. The latter stimulated the first networking processes at the European level: most notably the European marches against unemployment and precarity.International networking with global objectives grew rapidly and ambitiously in the 1990’s with the emergence of organisations such as ATTAC, People Global Action and Via Campesina. It was with the mobilization against the WTO in Seattle in November 1999 that this emerging global movement finally broke the headlines and became public. In Europe as elsewhere, there was an extraordinary burst of transnational acitivism and enthusiasm in the following three years. Symbolic and catalytic of this was the speed with which Indymedias and other transnational networks took shape. 2002 saw the opening of a new phase with the first European Social Forum in Florence 2002 followed by Paris 2003 and London 2004. These, whatever their problems (see below) both facilitated a process of European mobilization and also moved the emphasis on to developing positive proposals and alternatives. Florence, it seems has a special place in the collective memory because of the numbers of people, the call for the international mobilisation against the war on February 15th and also because of the way it thwarted Berlusconi’s attempt to whip up fear and hostility. Florence also saw the launch of Babels the network of voluntary translators so vital to the sustainablity and depth of a truly transnational acitivism. The defeat of the Aznar government in 2004 marked the first sign of national repercussions of internationally inspired mobilisations – the fall of Berlusconi being the latest. “ We are now in a new phase when movements based in particuar territories see global transformation as starting from transformation of where they are”… Similar thinking is shared two activists in the more militant setions of the Italian trade union movements who see the campaign against Berlusconi’s `gran opera’ like the high speed train in the Sussa Valley (see page x) and the campaign of French students and other young people against precarious contracts as signs in the words of one of them “that the no global movement is putting down roots.” An regular ESF participant from Moscow referred to what he hoped would mark a key moment in the future, opening a new phase to the East: “ the most important test of the `we’ is G8 meeting in St. Petersburg in July 2006 when Second Russian Social Forum will coincide with the Counter-Summit.

What pan-European networks and groupings have been built? Whatever else it has or hasn’t achieved the ESF has been, as one response put it: “a space for the interaction of networks in a process of continuous redefinition.” And it is networks that people have created; there has been little, if any building of more permanent structures on the model of Friends of the Earth-Europe or ATTAC-Europe. Autonomy and collaboration are the keywords of these fluid “structures.” One result is that, as a respondent from Paris observed: it is common for “individuals to participate in several groups and the same is true now for organizations that belong to different and several networks at the same time”. Responses highlighted the following networks: but there are hundreds more: The ‘No US Bases’ network which started in Paris in 2003 and now involves antiwar activists all over the globe; the Education Network co-ordinates activist in teaching unions across Europebut as yet no consistent student presence ; the Health Network whose union participation is not so strong but has greater participation of citizens associations and local communities; the Euromayday coordination of marches against precarity meets at the ESF through the autonomous spaces that have grown up with “one foot in and one foot out” of the Forums; the Charter of Principles for Another Europe (see pge.x); the European Local Social Forums network, European coordination for Palestine, the Pan-European network on housing rights, and the Red Frassanito against Borders in Europe; a network has emerged out of working groups connections of the European Preparatory Assembly: the Memory project and the Euromovements network around the systematisation of the knowledge produced in and around the Forum is one example. The relation of feminist organisations to the Forum is important and uneasy. One of the organisers of the Women’s Assembly in Athens reports that “the women’s networking has been strengthened to a great extend by the social forum, on the other hand many women are wary of the social forum because of a certain male domination. The World March of Women, a very broader network, carries out activities inside and outside the Forum. Its priorities are violence against women; unemployment, precarity at work and poverty”. The list keeps growing – and changing.

What impact have we had? People are cautious of claiming impacts too soon and the general feeling that is that, anyway, it is not enough! An optimistic conclusion and prediction comes from one of the organisers of the ESF’s information system: “the fact is that just as free-software is more creative and more reactive than Microsoft yet with far fewer resources, so we are more creative and reactive than the neoliberal elites”. The most visible impact, most people would agree, has been to undermine the legitimacy of the institutions of the much vaunted New World Order, to open up a public debate and force world leaders to hide behind high walls or in inaccessible places. “Before the birth of this movement, neoliberalism was opposed only to nationalism and protectionism, now the debate is on which kind of globalization we want (neoliberal vs. social and democratic globalization).” “Capitalism has lost its inevitability”. New ideas for alternatives are on the agenda too; the cross fertilisation of experiences and ideas has led to “the widening of the range democratic tools for managing common good and public decisions.” There have also been important impacts as far as defeating or weakening neo-liberal measures within the institutions. The success of the `European no’ in France is the most notable. It was a collaboration between the international, the national and the local. The weakening of the Bolkenstein Directive was another example, even though the objective was its abolition. Less known but strategically important, it is preventing the European Commission from introducing patents and regulating software. On Iraq we did not stop the war but “ we have punched big holes in the US’s ability to find allies” declared one response from Dublin, “and we have probably made the announced goal of an indefinitely long `war on terror’ going after one `rogue state’ after another, untenable” Other national repercussions of the new “organic internationalism” have already been mentioned: the defeat of Aznar and Berlusconi, the NO-TAV movement in Italy and the recent rejection of the precarious contracts in France. . Finally, several responses stressed the importance of the impact of the movements and networks on everyday life, producing a pervasive challenge to the model of constant consumption and sustaining ways of life to some extent independent and subversive of this model. One aspect of this, is cultural “home production” enabling people to produce and distribute music autonomously from the logic of private profit.

Where/how have we failed? Some people found the word failure inappropriate, either because: “ movements aim to move, and as we are still in movement, these are goals we are aiming for, not goals we have failed to reach” or because the achievement of very specific goals is too narrow a basis for assessing success or failure. Others had no hesitation in using the F word: a response from Moscow is stark: “We have failed. We fail to change the mainstream politics. We are still outsiders. This has some advantages (less corruption and integration into the system). But unless you brake into the system of mainstream politics or/and destroy it altogether strategic change is not possible.” Others referred to failings which have become clearer as we look back: “We failed in understanding the meaning of “war for civilisation” from inside, that is: we were fighting against Bush’s administration and the war – which is right – but we weren’t able to fight with the Iraqi people or really act with the Palestinian civil society (I know we did, but not enough).” Some identified fundamental challenges that we fell short of: “We did not succeed in creating a new visible cleavage within our national political systems – yet. But this is a long process which will depend on our future activities.” A response from Florence made a general point about the conditions for failure: “we pick up strength when we put forward proposals as well as protest. We have failed every time we don’t manage to put forward a positive proposal to match the ones we oppose.”

What continuing problems do we face? In the survey, we listed several that had been raised in discussions amongst partners of Eurotopia: `internal communication, mobility, accessibility – reaching beyond a movement/activist ghetto, language, democracy, inequlities within the movement’ Some response just said “all of these!”, “plus”, added a Russian response,“ the lack of resources (not just financial ones) in the East and the lack of understanding in the West.” Others spelt out the problems. There was considerable agreement about the problem of reaching out, connecting with `grassroots popular discontent’,going beyond `our people’. A response from Ireland argued activists out there who do not see themselves as involved in or allied with our movements – even when we share many of the same goals. A French respondent: ‘we failed to understand what was happening in the suburbs’. Some of these Another response was philosophical: “We are living through a change of paradigm at a big scale. We are in between. Much depends on our ability to project ourselves and ideas with the next generation where the change will be effective and will be done and recognized as such.” Another problem that recurred in many of the responses is, as a Greek put it: “ fighting among the political organisations and the way they pursue their own interest. Yet without their presence,” she argued, “the forum could hardly exist”. A problem raised by one of Eurotopia partners, Carta, is “news circulation [especially to and from some countries, like Greece or Portugal or Poland] and the lack of common political culture. Here we lag behind the EU: they have a common project for the continent, we don’t, yet. Others concurred with this in different ways: ` we have not achieved a genuine `europeanness’ there is some difference, perhaps disagreement about how people see `europeanness’. A Greek is emphatic: “my organization does not claim a another Europe is possible. Another world yes but we don’t want to work with a concept that adds more problems than it solves. We try not recognize ourselves as Europeans but as a hybrid. The old that comes from our nation struggles and the new that does not use national identities”…. While there is a tension about how we see our transnational identity, there are also problems in the relations between the international and local. An Italian working in the UK put it like this, echoing an earlier response about the importance of positive proposals: “there’s a very strange contradiction between our resistance to the international neoliberism project and failure to build the alternatives at local level connected to wider goals”. Several responses mentioned the problem of reproducing inequalities in terms of difficulties in access to our networks for the migrants, the homeless, the unemployed, for example. A problem raised by a trade union organiser very active in the ESF was that of “actively involving trade unionists in other social movements, profoundly changing trade union culture and opening identities but at the same time maintaining the elements of a trade union identity that are needed for a strong mobilisation or negotiation”

Where have we innovated to overcome these problems? Many shared the view that: “we had invented different ways to stay and act together, to establish relations, to find solutions by consensus, but still, we don’t have yet a real new language to communicate in a broader way. It is a work in progress but we have to go faster!” A response from an Argentinian activist and researcher summarised these ways of working together: “the `global culture’ of networking: the new ways to have meetings, to talk, to hear others, to translate, to organise horizontally. He pointed to the “technie activism, the incredible velocity and dynamism when the wave `is in our side who else also emphasises the new ways of combining research and activism,the new techno-political tools for communication, organisation and the systematisation of knowledge, at the same time reconceptualising the place of “intellectuals”. This question also drew out responses which offered an answer to the feeling that we had failed because we had not had an impact on mainstream politics and media. Several responses highlighted the development of alternative systems of information to the mainstream media.

How have we, ourselves – our ways of organising, our culture, our awareness, our experience and our horizons – changed? Not everyone felt we had changed: “There are still the same power struggles between different groups” was one response. Others were more optimistic: “we are more open, more tolerant and we are much more able to work together than before.” This sentiment is echoed many times. Some related it directly to new ways of organising: “through networks we’ve learnt to be together with people who are different. We’ve learnt to contaminate ourselves, learning from the cultures and practice and vision of the world of our travelling companions around the world” was one, almost lyrical response. This did n’t mean clear agreement on a single way forward. “we do not have a clear horizon any longer, but there is a lot of agreement that this horizon is to be built on the process of mobilization”. One response from an local activist Florentine who also helped to organise a European Social Forum talked of how “ for many people, everything has changed; we are now involved in local struggles with a constant awareness of global and local connections. After the defeats of 20th century we’ve come back to a radical perspective critical of capitalism. We’ve passed from the defensive on to the offensive.” On this optimistic note we come to the final question.

What challenges are posed for the future of the ESF or/and the confluence of social movements at Europe process? “Our basic problem is expanding,” declares a response from Greece, “expanding to the east of Europe, expanding in terms of social depth so that we are in contact with the most excluded, the most flexible precarious workers and the the migrants, which we are not at present. This is the future of the Forum.” Many would agree with this. A respondent involved in the first ESF draws out lessons for the future: “ We need to find a more `human rhythm’ for the meetings so that the main energies of social movements are not used up in constructing in forums in which we discuss struggle at the expense of carrying out the struggles. We should concentrate on a few campaigns”, he argues,” and work on them in each country at the same time. Everything could come together in big European day of mobilisation. We could rotate all our main themes: to demonstrate the concerted force of social Europe.” Writers from Carta present two challenges: “it has to be more daring: dropping the idea of the national state as a useful tool, and start thinking on a truly continental scale. When it comes to opposition to the worst aspect of the EU project, we tend to entrench ourselves inside the known and comfortable boundaries of national states, and national politics. We need to build a stronger continental consciousness, that’s one of the purposes of Eurotopia.. Others stressed internal difficulties which many felt needed to be addressed, including “resolving the relationship between libertarian approaches and the organised left, which has been disastrous from the split between the Genoa Social Forum and the black bloc right through to the London ESF. If we can find a way of dealing with this, we can turn our energies outwards. The aim of excluding the other group is not a realistic one, however complex the solutions needed to work together (or at least in parallel).”Another response stresses this issue of decision-making and communications from another angle: “We have still to face the problem of how to build permanent space of internal communication which works daily and interacts with local and national conflicts; the crucial need is for a clear decision making process which should be open to everybody and inclusive as much as possible”. There is some anxiety about the amount of energy we spend dealing with groups who operate as a block, other voices in the survey are calmly optimistic about it’s democratic capacity: “After the failure of the attempt during the London ESF by certain groups to control power inside our movement, we have little to fear on the question of democracy.” One illustration of the creative resilience he was maybe thinking of was the Galaxy of 7 spaces around the London ESF, combining common action with autonomy. Other voices are questioning: “Are we too far from the local?”, “Are we tired?”, “Is it too much for what?” The last word will be with a Greek: “We have “invented” the conscious process of European and international organising and creating strategies. We have not managed to carry out many common actions, because the Forum is diverse and each component thinks differently about the necessary actions. This is a hybrid political and social personality of the forum. And there are no easy answers. Certainly, though, we need a renewal to achieve more combative and creative interventions in society”. Perhaps Athens will help to achieve such a renewal.


Collective THANKS! To the people that answered the survey and contribute to the firts draft of this article: Alexandra Zavos (Greece), Leyla Dakhli (France), Alessandra Mecozzi (Italy), Sarah Bracke (Belgium), Saskia Saskia Poldervaart (Holland), Mario Pianta (Italy), Duccio Zola (Italia), Laurence Cox (Ireland), Laurence Jesover (France), Martin Bergel (Argentina), Massimo Andretta (Italy), Lorenzo Mosca (Italy), Ramon Fernandez Duran (Spanish State), Mariangela Casalucci (UK), Edward Egan (UK Manchester), Piero Bernochi (Italy),Thibault LE TEXIER (Paris), Marco Berlinguer (Rome),Tommaso Fattori (Florence), Panayotis Yulis (Greece), Enzo Carta (Italy), Ken Young (UK), Ala (Russia), Sissi (Athens), Richard Lee (UK), Ian Welshi (Cardiff), Trasi Wicknes, Ken Young (UK), Oscar Reyes (UK), Victor Guillamon (Barcelona), Hilary Wainwright (Manchester), Mayo Fuster i Morell (Barcelona) etc……. and THANKS to all of the online further contributors!!!

El TCP versus el TLC

Nidia Díaz, Socialist Worker 3 may 2006
Bolivia signs agreement to implement the Bolivarian Alternative for the peoples of Our America and the People’s Trade Agreement. On the 1st anniversary of the creation of the ALBA between Cuba and Venezuela, the figures speak for themselves regarding a new integration model based on fairness and respect. In the Plaza de la Revolucion, Fidel exposes the double standard of the United States in its supposed war against terrorism.

A fines de abril de 2006 se hizo carne el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP) propuesto por el gobierno boliviano luego de que los Presidentes Evo Morales, find Hugo Chávez y Fidel Castro firmaran un acuerdo para comenzar a construir la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). A diferencia de los tratados de libre comercio (TLCs) promovidos por las potencias del Norte, los TCPs en marcha con Venezuela y Cuba aseguran mercado para todos los productos bolivianos que pudieran ser perjudicados por los Tratados de Libre Comercio y fortalecen el papel del Estado como actor protagónico del comercio promoviendo la complementación productiva de las naciones participantes en esta nueva experiencia que trasciende el plano comercial para convertirse en un germen para un nuevo tipo de integración latinoamericana.

Pablo Solón, integrante del Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos, identifica al menos cuatro cualidades del TCP que no se mencionan ni por si acaso en los TLCs eminentemente mercantilistas promovidos por Estados Unidos y la Unión Europea: el aseguramiento de mercados para los productos bolivianos; el reconocimiento del Estado como normador y articulador principal del comercio; la complementariedad productiva de las naciones participantes y la búsqueda de beneficios para los pequeños productores.

Pregunta (P). ¿Cuál es la diferencia entre el TLC y el TCP?
Pablo Solón (PS). Lo único que buscan los TLCs es disminuir y/o eliminar los aranceles, pero sin asegurar que estas preferencias garantizarán el mercado porque luego fomentan la competencia entre productores diametralmente distintos en capacidad productiva. Se trata de preferencias para que las sardinas (las empresas pequeñas) compitan entre ellas y enfrenten a los tiburones (las grandes corporaciones). En el TCP no solo hay preferencias arancelarias, sino un compromiso de compra. En este caso, Venezuela se compromete no solo a bajar aranceles para todas las partidas arancelarias, sino también a comprar 200 mil toneladas de soya y otros productos que se vieran perjudicados por los TLC con Estados Unidos y la Unión Europea.

El artículo 1 del acuerdo suscrito con Venezuela es el típico de los acuerdos comerciales: Los gobiernos de ambos países eliminan los aranceles y cualquier barrera comercial. La diferencia es que en el formato TLC ningún país elimina los aranceles para todos los productos. Por ejemplo, Estados Unidos solo propone anular aranceles para 6 mil y pico productos, aunque existen más de 11 mil productos en las partidas arancelarias.

Pero esta no es la cuestión central; lo importante es el compromiso de compra de productos agrícolas e industriales, quinua, aves, madera, textiles y oleaginosas, entre otros productos. Entonces el TCP no solo abre mercados sino que los asegura para los países en desarrollo.

P. ¿Qué significa complementariedad productiva entre los países suscriptores de un TCP?
PS. Los países suscriptores de un TCP bilateral no solo reducen sus aranceles sino que se proponen elaborar un plan estratégico para la complementariedad productiva pensando en las necesidades de ambos. Es decir que planifican el comercio pensando en nuestros mercados, en las compras estatales y las capacidades de crédito. La idea es crear operaciones, proyectos y/o empresas binacionales en los dos países.

Esta articulación productiva no existe en el TLC porque su lógica es otra; los TLCs solo allanan el camino para la competencia entre empresas. El TCP promueve la participación activa de los Estados en el comercio, mientras que los TLC persiguen una participación cada vez menor de los Estados.  El conjunto del TCP habla de la intermediación del Estado, del acopio y comercialización, esto porque no puede existir complementación productiva si no se recupera el rol protagónico del Estado en el comercio internacional.

P. ¿Eso significa que el TCP reconoce la autonomía del Estado en temas sensibles, por ejemplo en la definición de normas de propiedad intelectual o agricultura?
PS. El TCP es reducido en extensión porque omite todos los tópicos que el TLC intenta normar como son las reglas de propiedad intelectual, servicios, políticas de competencia, etc. En ese sentido el TCP es un tratado comercial de complementación productiva que deja a los Estados la potestad de regular los otros temas sin que existan condicionamientos. El TCP reconoce que la responsabilidad en estos temas es potestad soberana de los países y que temas como la salud, la educación, los servicios financieros o de agua potable no pueden ni deben ser normados por un Tratado Comercial que los obligue a liberalizar y por tanto a privatizar.

P. En todo este esquema, ¿dónde entra el componente de cooperación en el TCP?
El TCP articula el comercio y la complementariedad productiva con cooperación sin condicionamientos. En principio, Venezuela crea un fondo de 100 millones de dólares para actividades productivas y de infraestructura, y además dona 30 millones de dólares a Bolivia. Venezuela compromete además colaboración entre sectores energéticos y mineros. Este componente de cooperación va acompañado de programas sociales que van desde 5 mil becas para estudiantes bolivianos, la carnetización, y el Plan Milagro, que consiste en la atención oftalmológica con especialistas cubanos.

P.¿Por qué se dice que el TCP favorece más al pequeño productor?
PS. Un TLC trata de normas comerciales para que en teoría puedan ser aprovechadas “por todos” pero qué en la realidad son aprovechadas sólo por las empresas transnacionales. En cambio en el TCP se crean normas específicas para beneficiar a los sectores productivos más pequeños. Por ejemplo, en el caso de las oleaginosas el Estado compra su producción a los pequeños productores de soya y luego la comercializa en Venezuela.

P. En el fondo, parece que el TCP es un acuerdo político más que económico…
PS. No, porque en el TCP el país grande concede privilegios a la nación más chica. En este caso Venezuela abre sus compras estatales a proveedores bolivianos mientras Bolivia no lo hace; Venezuela baja sus aranceles a cero, pero nosotros no. Si realmente hablamos de acuerdos comerciales para eliminar la pobreza como actualmente se pregona, este es un trato asimétrico de verdad. En la OMC el trato especial y diferenciado para las economías más pequeñas consiste solamente en plazos un poco más largos para la implementación de las mismas medidas que aplican las economías más grandes. Al cabo de 5, 10 o 15 años todos deben competir bajo las mismas reglas. Eso en el fondo no es un verdadero trato asimétrico.

P. ¿Cómo se articula el TCP y el ALBA?
PS. Ambos tienen los mismos principios, son propuestas de relacionamiento y de integración, pero el TCP está pensando como instrumento de las relaciones bilaterales. Se puede firmar un TCP con India, China o con los países europeos, en cambio el ALBA es para los pueblos de América. Tanto el ALBA como el TCP están en construcción, pero el ALBA tendrá un carácter más amplio. Bolivia quisiera TCPs con todos los países incluidos Estados Unidos y Europa. Si estos países llegarían a comprender que no es suficiente bajar aranceles, que hay que asegurar mercados, que no se debe incluir temas de servicios y propiedad intelectual dentro de los acuerdos comerciales, que el Estado debe recuperar un rol protagónico en el comercio y que este debe estar acompañado de una cooperación sin condicionamientos, entonces se podría hablar realmente de acuerdos comerciales que promueven la reducción de la pobreza.

Fuente: Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos

Bolivian president calls for creation of Anti-imperialist Community of Nations

Mario Hubert Garrido
Mario Hubert Garrido
La Habana, 13 abr (PL) Frente a los Tratados de Libre Comercio (TLC), proyecto neoliberal impulsado por Estados Unidos, el gobierno boliviano abogó hoy aquí por una relación estrecha entre los pueblos en interés de su bienestar social.
? Proponen respaldo jurídico a lucha contra el ALCA
Al intervenir ante delegados al V Encuentro Hemisférico de Lucha contra el Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que sesiona en esta capital hasta el sábado, Pablo Solón expuso a nombre del ejecutivo de Evo Morales lo que estimó una alternativa para la integración de las naciones de la región.
El Tratado de Comercio con los Pueblos (TCP) es una respuesta al agotamiento del modelo neoliberal, fundado en la desregulación, la privatización y la apertura indiscriminada de los mercados, aseveró.
Solón explicó a representantes de agrupaciones y movimientos sociales que a diferencia del ideario capitalista, el TCP introduce en el debate sobre la integración comercial la complementación, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la soberanía nacional.
La iniciativa que defiende el gobierno del presidente Morales, añadió, incorpora objetivos como la reducción efectiva de la pobreza, la preservación de las comunidades indígenas, los recursos naturales y los valores autóctonos de la cultura.
EL TCP entiende el comercio y la inversión no como fines en sí mismos, sino como medios del desarrollo y el beneficio para las naciones del continente, precisó.
A preguntas de Prensa Latina, el también representante del movimiento boliviano por la soberanía y la integración de los pueblos, señaló que el TCP no se contrapone a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).
En ese sentido significó que se trata de un proceso que prevé paso a paso en el plano bilateral el fortalecimiento de los productores y reconoce el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícola y alimentaria.
También comentó que el TCP postula la complementariedad frente a la competencia, la convivencia con la naturaleza en contraposición con la explotación irracional de los recursos y la propiedad social frente a la privatización.
Bolivia se propone alcanzar una integración que trascienda el campo comercial y cuya filosofía es alcanzar el desarrollo endógeno justo y sustentable en base a principios comunitarios.
Una vertiente particular del TCP es la indígena, que promueve el trabajo como un espacio de felicidad para la familia, en respuesta a milenarias tradiciones, y donde el mercado deje de ser el nuevo patrón, comentó.
Sobre las amenazas de los TLC, cuyas acciones más recientes están en los pactos concertados por Estados Unidos con Centroamérica, Colombia y Perú, señaló la subordinación a las grandes trasnacionales, en detrimento de la autodeterminación.
La falacia del libre comercio es parte de la estrategia imperialista de dominación junto al militarismo y una represión que amenaza criminalizar la protesta, desgranada ahora en tratados bilaterales y plurilaterales que igualmente ponen al hemisferio en peligro, subrayó.
En la segunda jornada del foro contra el ALCA también expusieron líderes de la Convergencia de los Movimientos de los Pueblos de las Américas (COMPA), Jubileo Sur, la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y la Marcha Mundial de las Mujeres.
Representantes de la red en defensa de la humanidad y contra el terrorismo mostraron además sus páginas web y resaltaron el papel de los intelectuales en la crítica de los agonizantes modelos neoliberales y la búsqueda de alternativas, donde el ALBA despunta como paradigma.
A 12 años de establecido el primer tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, hay más pobreza en los países del Tercer Mundo, menos empleo y salario, lo que demuestra que cualquier proyecto similar ya perdió su primera batalla en América Latina, subrayaron.
Los asistentes a la quinta edición de estos encuentros hemisféricos condenaron también los intentos de Estados Unidos de militarizar la región so pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
pgh/ga

By Ernesto Montero and Haraldo Romero, salve www.trabajadores.co.cu
Before an audience of more than 25,000 gathered at Havana’s Revolution Square, which coincided with the signing of the Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) agreement one year ago between Cuba and Venezuela, Bolivia officially joined the regional integration agreement through its Peoples Trade Agreement (TCP).

Cuban president Fidel Castro, Bolivia’s Evo Morales and the Venezuelan leader Hugo Chavez presided over a crucial event in the history of Latin American integration.

Before an audience of more than 25,000 gathered at Havana’s Revolution Square, which coincided with the signing of the Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) agreement one year ago between Cuba and Venezuela, Bolivia officially joined the regional integration agreement through its Peoples Trade Agreement (TCP).

Earlier, during a meeting in the Havana Convention Center, Evo Morales proposed to Hugo Chavez that the Andean Community of Nations (CAN) be recast under the name “Anti-imperialist Community of Nations,” in response to the fact that two member states of CAN, Columbia and Peru, had signed unilateral Free Trade Agreements with the United States.

“We must re-establish CAN, and we have already thought of a new name: the Anti-imperialist Community of Nations,” said Morales as he signed the document joining Bolivia to the ALBA agreement, along with co-signers Fidel Castro and Hugo Chavez.

The idea for the ALBA agreement -a model of regional political and economical integration based on solidarity- was first endorsed by Fidel Castro and Hugo Chavez in December 2004. It was subsequently consolidated with a set of agreements on April 29, 2006, created as an alternative to the Free Trade Area of the Americas (FTAA) agreement that the US government is continuing to force upon the region.

President Morales was the first to speak at the event, also attended by Sandinista leader and presidential candidate Daniel Ortega. “We never thought we would make it to where we have come,” said Morales, speaking of Bolivia’s inclusion in the struggle of Cuba and Venezuela. He added that his country is now “united with big brother Fidel Castro in the integration of Latin America.”

“We want to do our part in this great unity of Latin America and the Caribbean for our liberation. The indigenous peoples of Bolivia and America were condemned to extermination, historically looked down upon and humiliated, marginalized and excluded. We in Bolivia have decided to liberate our country.

“Thanks to a democratic revolution we were victorious last year and now we want to tell our Commander-in-chiefs that we will be at their side until we have liberated Latin America. To achieve this, we must gain control of our natural resources,” said Morales.

“We are prepared to acquire control over Bolivia’s national oil resources, to continue the struggle of our ancestors, of Che Guevara and of so many political and trade union leaders throughout Latin America. Our people will never abandon this struggle for our natural resources,” he said.

“There are now three of us to defend the peoples of Latin American, and I am convinced that this new peoples’ trade agreement, within the framework of ALBA, will be joined by other countries in the region,” said Morales.

Evo Morales then took the opportunity to invite Peruvian presidential candidate Ollanta Humala who is currently facing Alan Garcia in the second round of elections, to join them.

Morales urged Humala to participate in the inauguration in La Paz of “Operation Miracle” – a humanitarian initiative spearheaded by Cuba and Venezuela aimed at providing corrective eye-surgery to millions of Latin Americans over the next few years.

The Bolivarian president thanked Fidel Castro and Hugo Chavez and their countries for supporting this program that will provide thousands of low-income Bolivians with free eye surgery.

“Small solutions begin this way, in the government’s first three months of the Movement Toward Socialism, which is attempting to recast Bolivia so as to put an end to the colonial status and free-market “neo-liberal” economics. Our natural resources should be placed in the hands of the Bolivian people,” he asserted.

“The industrialization of the natural gas, he added, will be a solution so that our country ceases being a beggar state, as the preceding governments left it. This is a struggle for independence and socialism, despite the resistance of some oligarchic sectors in my country. But the Bolivian people will defeat that oligarchy.”

Morales added that “I agree with what we have signed today, which will not only integrate our three countries, but many countries.” He then expressed his thanks for a recent credit of $100 million and a donation of another $30 millions to Bolivia from Venezuela.
“Bolivia is not alone, but neither are you,” he assured, referring to Cuba and Venezuela. “Many social and political movements will continue to be joined with this motion that you lead.” He stated that he had not made a mistake when predicting the future of many Cubas and many Fidels in Latin America.

“There are provocations, there are conspiracies in Bolivia, but we are not afraid of them. It is the time to stand up for Latin America and to unite, regardless of regional or other interests. The struggle for our three countries continues.”

In his speech, Morales described Fidel Castro as revolutionary sage and Chavez as the revolutionary father, while he called himself a revolutionary son of these two leaders. “They are three revolutions, including the cultural revolution in Bolivia,” he said.

source link: Political Affairs Magazine

Regionalist governance and transnational collective action in Latin America

Judith Valencia (ALAI)

Desde el 8 hasta al 9 de diciembre próximos se reunirán en Cochabamba, Bolivia, ampoule la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones y unos días antes la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos (6 al 9). La profesora universitaria venezolana Judith Valencia reflexiona sobre los problemas del proceso de integración sudamericano).

Es cierto, que las decisiones que toman los presidentes en cada Cumbre, dependen [están amarradas] de un gran numero de reuniones [e intervenciones] previas y de toda una agenda de actividades.

Pero también, es cierto, que los cambios políticos por protagonismo social que se vienen dando desde el 2002, no dan razón para respetar compromisos ajenos. Ser fieles a la autodeterminación de los pueblos, respetar la pluralidad enunciando las disidencias, debe marcar la ruta a seguir.

La Unión del Sur, no puede partir anclada en las intenciones de los gobiernos que prevalecían en el 2000. Los pueblos habitantes de la América Latina, de Suramérica y el Caribe, resistieron desde siempre y vienen surgiendo, desde el grito de Chiapas en enero de 1994, sin pausa. Cada día ganan terreno en la lucha, afirmando la vigencia de la biodiversidad: cultura, fauna y flora. Confirmando el sentido de una manera de vivir que produce y reproduce con intención las relaciones humanas, como esencia sustantiva de la naturaleza y sentido de la sociedad. Los principios ancestrales, retornan cultivados en la voluntad política de cerrarle el paso a la ofensiva contrarrevolucionaria, que persiste en negociar entre gobiernos los territorios y la vida de sus pobladores.

Desde 1994 venimos acumulando fuerzas expresadas en revueltas, pero también en resultados electorales, que potencian las posibilidades de negar compromisos acordados por gobernantes anteriores. Con este espíritu, veíamos bien, que los Altos representantes de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de integración Suramericano (1) hubiesen acordado en su primera reunión en Montevideo y reafirmado en Buenos Aires (2):

“el documento final, a pesar del alto nivel de convergencia (…) no buscará llegar necesariamente a un texto consensuado. Podrá así, ofrecer a los Presidentes soluciones alternativas sobre una o más cuestiones relativas al futuro de la Comunidad Suramericana de Naciones”. (3)

De entrada, es para todos conocido, que los consensos posibles entre los 12 dejaría por fuera temas sustantivos. La Comisión Estratégica de Reflexión fue una salida a las divergencias expresadas -sobre todo por Venezuela- en la I Reunión de Presidentes en Brasilia/30 septiembre 2005. Hace más de un año. Demasiado pronto, para que sea tiempo suficiente, para olvidar y aparentar consensos. No seria para nada conveniente.

Ya en la Primera Cumbre de Legisladores y Líderes indígenas de Suramérica en el marco de la iniciativa de la Comunidad Suramericana de Naciones, reunida en Quito/11 al 13 de octubre 2005 , resolvieron:

“Rechazar el origen neoliberal de la Comunidad Suramericana de Naciones a través de la cual se pretende una integración en términos del libre mercado (…) Alertar … que el diseño de esta comunidad sudamericana tal como esta planteada, pone en grave riesgo lo derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas como son, la autonomía, el territorio, la biodiversidad y los recursos naturales (…) Instar… que se constituya una instancia participativa, que responda a la solución de las verdaderas necesidades de nuestros pueblos (…) Exhortar a los gobiernos de Sudamérica que se tome en consideración las preocupaciones de los Presidentes de Venezuela y Uruguay expresadas en relación a la conformación de la Comunidad Sudamericana”

Era octubre 2005, 15 días después de Brasilia. Dos meses después, Bolivia eligió a Evo Morales Presidente. Las elecciones de Chile y Perú dieron resultados diferentes, a los procesos electorales anteriores, dando cuenta de nuevas fuerzas. Brasil y Venezuela confirman los liderazgos de Lula y Chávez.

Durante todo el 2006, se perfilaron dos lógicas/ dos posiciones: Alvaro Uribe por Colombia y Evo Morales/Hugo Chávez por Bolivia y Venezuela. Todos dos, junto a otros, con matices.

Así la situación, no podemos aceptar “medias tintas” y dejar que declaren solo sobre los consensos. Debemos exigirles delimitación de posiciones y coincidencias ciertas, sin retóricas.

Así las cosas, quiero referirme a algunos aspectos heredados -y arrastrados como políticas de hechos cumplidos-, desde la Reunión de Presidentes de América del Sur, Brasilia 1 septiembre de 2000, convocada por F.H. Cardoso. Es de destacar aspectos del texto de la Declaración Final:

“satisfacción de la V Reunión del ALCA/Toronto/noviembre 1999… zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la CAN… impulso de la integración trasfronteriza… integración y desarrollo de la integración física…el papel motriz de la energía… telecomunicaciones…”

A buen entendedor pocas palabras. Malsana herencia.

No es cierto, que la Declaración Presidencial de Cusco del 8 de diciembre 2004, sea el punto de partida. La intención que trasluce el seguimiento de La Comunidad Suramericana de Naciones, presenta la herencia de resoluciones de tres encuentros anteriores y Brasil/Itamaraty, cumpliendo con la Secretaria Pro-Tempore, no deja pasar oportunidad sin recordarlo.

A mi entender, los pueblos insurgentes deben mostrarse intransigentes ante tres de los aspectos heredados. No podemos/ ni debemos dejar pasar:

– La convergencia CAN/MERCOSUR.
– Las áreas de acción prioritarias [Agenda Prioritaria].
– La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) ( www.iirsa.org)

La Comunidad Suramericana como espacio para la integración de los Pueblos no puede partir de la convergencia CAN/MERCOSUR. Todas dos, son experiencias teñidas, por signos de acoplamiento al proyecto imperial ALCA. Queda en evidencia, solo leyendo, los Acuerdos de Complementación Económica y sabiendo de las intenciones de filtrar las negociaciones de los TLC’S de los andinos con Estados Unidos a través de la normativa andina, y de plantearse converger hacia el MERCOSUR, nos conducen a sostener que:

“la Comunidad Suramericana de Naciones debe trascender MERCOSUR, debe trascender la CAN, y estas dos instituciones deben desaparecer progresivamente en un Plan Estratégico”. (4)

La Agenda Prioritaria, no es tan prioritaria para lo social al colocar en 7º lugar, en lenguaje convencional:

“la promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de la justicia social”.

Ya el lenguaje es una burla. La correlación de fuerzas políticas de la región debe exigirles ya a los gobernantes un Plan de Emergencia Social que de una vez por todas permita un cauce para el vivir-bien de los pueblos de estos territorios. Propuestas una y mil veces sostenidas como banderas de lucha.

A estas alturas del proceso de transformación social que vivimos día a día, vergüenza les debe dar a los gobernantes y funcionarios hablar del IIRSA/2000. Leerlo eriza la piel. Negocios que nada tienen que ver con el bien vivir de los pobladores. Basándose en una verdad, la necesidad de comunicarnos, proponen una solución absurda que lejos esta de tener que ver con la unión de los pueblos suramericanos. (5)

Concluyo con palabras claras que delatan y nos alertan sobre la intención IIRSA

“los dos ejes [caso Paraguay]… garantizan un transito expedito para mercancías, personas y por supuesto también tropas. En realidad… se observa claramente una subregionalización de América del Sur que establece nuevas fronteras… este proyecto… propiciaría agrupamientos regionales o espacios de cohesión muy distintos a los de los actuales Estados Latinoamericanos y llamaría al establecimiento de legislaciones supranacionales sobre bases diferentes a las de la defensa de las soberanías nacionales…” (6)

La Unión de los Pueblos del Sur no debe fundarse en una herencia de gobernantes. Es hora de exigir borrón y cuentas nuevas.

Debemos impedir cualquier ruta ‘hacia el ALCA’. El proyecto de Declaración Presidencial ya viene circulando y ojalá algunos gobiernos detengan la intención que recorre casi todo el proyecto. ¿Cuál es? Dejar pasar un año y al final imitar cambiar para que nada cambie. Rebautizar con el nombre Comunidad Suramericana, lo mismo: Convergencia CAN/MERCOSUR, en aspectos medulares:

“Reafirmar la estructura organizativa definida en la Declaración de Brasilia (párrafos 8 a 15)…” [Inaudito]

Dos detalles:

“Las reuniones Ministeriales Sectoriales… examinaran y promoverán proyectos y políticas especificas… salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, seguridad, infraestructura de energía… En este sentido estas reuniones se realizaran valiéndose de los mecanismos existentes en el MERCOSUR y en la CAN (prr 11) y “… en el área de infraestructura promoverán… la agenda conversada…” (IIRSA) (prr 12)

Y como si fuera poco proponen que los Presidentes decidan:

“… establecer una Comisión de Convergencia Institucional y Coordinación, a nivel de altos funcionarios y con la participación de los secretariados de la CAN y del MERCOSUR, para asegurar [¿cinismo?] en el plano ejecutivo la implementación de las decisiones…”

Benditos secretariados. Es costumbre otorgarles representación política a los Secretarios Generales quienes terminan gobernando. Debemos tener siempre presente que la CAN y su Sistema Andino de Integración (SAI) acoplaron el Acuerdo de Cartagena a las pautas de reestructuración del Sistema Interamericano (7). Acoplamiento implementado por la acción de los protocolos de Trujillo y Sucre, 1996 y 1997, respectivamente. Y pretenden decidir la participación de las organizaciones sociales/populares, que los pueblos organizados participen, con las “formulas” instituidas por la CAN/MERCOSUR, a saber:

“seminarios y mesas redondas con la participación de segmentos representativos de la sociedad civil…” (prr 8)

Y concluyen diciendo:

“En la interacción con la sociedad civil, será tomada especialmente en consideración la experiencia adquirida con la Cumbre Social de Cochabamba”

Están tan distantes de lo que acontece en la calle, del deseo y sentir de los pueblos y pretenden, con descaro, tentar egos.

Notas:

1) Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Creada en Montevideo, 9 diciembre 2005.

2) I Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Montevideo, 16 junio 2006 – II Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Buenos Aires, 24 julio 2006.

3) Es de hacer notar que en el documento síntesis que trabajan para el 17 de noviembre este párrafo no está.

4) Hugo Chávez. Discursos Brasilia 30/9/2005. Es de hacer notar que todavía para esa fecha Venezuela era país/CAN. Denuncia 22/4/2006.

5) Principios Orientadores del IIRSA
• Regionalismo Abierto. El espacio suramericano es organizado en torno a franjas multinacionales que concentran franjas de comercio actuales y potenciales. Las Franjas o Ejes de Integración y Desarrollo buscan promover el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala.
• Este ordenamiento facilitará el acceso a zonas de alto potencial productivo. Reorientados para conformar cadenas productivas en sectores de alta competitividad global.
• La tecnología de la información acerca las economías suramericanas a los grandes motores [¿Cómo combustible?] de la economía mundial. Apoya una transformación de la organización y el funcionamiento de la sociedad incluyendo los temas educativos, servicios públicos y gobierno.
• Busca generar “la mayor cantidad posible de impactos locales de desarrollo, evitando que sean solo corredores entre los mercados principales”.

6) “Ana Esther Ceceña-Carlos Ernesto Motto. Paraguay: Eje de la Dominación del Cono Sur. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. 2005

7) En la I Cumbre de las Américas, Dic/Miami 1994, los gobernantes decidieron la Reestructuración del Sistema Interamericano. El ALCA es uno de los proyectos de reestructuración.

Este artículo forma parte de la edición especial de la revista América Latina en Movimiento Latina en Movimiento (Nº 414 – 415) que circulará próximamente referida al tema de la integración

Source: www.argenpress.info

Judith Valencia (ALAI)
Desde el 8 hasta al 9 de diciembre próximos se reunirán en Cochabamba, buy pilule Bolivia, cure la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones y unos días antes la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos (6 al 9). La profesora universitaria venezolana Judith Valencia reflexiona sobre los problemas del proceso de integración sudamericano).
Es cierto, que las decisiones que toman los presidentes en cada Cumbre, dependen [están amarradas] de un gran numero de reuniones [e intervenciones] previas y de toda una agenda de actividades.
Pero también, es cierto, que los cambios políticos por protagonismo social que se vienen dando desde el 2002, no dan razón para respetar compromisos ajenos. Ser fieles a la autodeterminación de los pueblos, respetar la pluralidad enunciando las disidencias, debe marcar la ruta a seguir.
La Unión del Sur, no puede partir anclada en las intenciones de los gobiernos que prevalecían en el 2000. Los pueblos habitantes de la América Latina, de Suramérica y el Caribe, resistieron desde siempre y vienen surgiendo, desde el grito de Chiapas en enero de 1994, sin pausa. Cada día ganan terreno en la lucha, afirmando la vigencia de la biodiversidad: cultura, fauna y flora. Confirmando el sentido de una manera de vivir que produce y reproduce con intención las relaciones humanas, como esencia sustantiva de la naturaleza y sentido de la sociedad. Los principios ancestrales, retornan cultivados en la voluntad política de cerrarle el paso a la ofensiva contrarrevolucionaria, que persiste en negociar entre gobiernos los territorios y la vida de sus pobladores.
Desde 1994 venimos acumulando fuerzas expresadas en revueltas, pero también en resultados electorales, que potencian las posibilidades de negar compromisos acordados por gobernantes anteriores. Con este espíritu, veíamos bien, que los Altos representantes de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de integración Suramericano (1) hubiesen acordado en su primera reunión en Montevideo y reafirmado en Buenos Aires (2):
“el documento final, a pesar del alto nivel de convergencia (…) no buscará llegar necesariamente a un texto consensuado. Podrá así, ofrecer a los Presidentes soluciones alternativas sobre una o más cuestiones relativas al futuro de la Comunidad Suramericana de Naciones”. (3)
De entrada, es para todos conocido, que los consensos posibles entre los 12 dejaría por fuera temas sustantivos. La Comisión Estratégica de Reflexión fue una salida a las divergencias expresadas -sobre todo por Venezuela- en la I Reunión de Presidentes en Brasilia/30 septiembre 2005. Hace más de un año. Demasiado pronto, para que sea tiempo suficiente, para olvidar y aparentar consensos. No seria para nada conveniente.
Ya en la Primera Cumbre de Legisladores y Líderes indígenas de Suramérica en el marco de la iniciativa de la Comunidad Suramericana de Naciones, reunida en Quito/11 al 13 de octubre 2005 , resolvieron:
“Rechazar el origen neoliberal de la Comunidad Suramericana de Naciones a través de la cual se pretende una integración en términos del libre mercado (…) Alertar … que el diseño de esta comunidad sudamericana tal como esta planteada, pone en grave riesgo lo derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas como son, la autonomía, el territorio, la biodiversidad y los recursos naturales (…) Instar… que se constituya una instancia participativa, que responda a la solución de las verdaderas necesidades de nuestros pueblos (…) Exhortar a los gobiernos de Sudamérica que se tome en consideración las preocupaciones de los Presidentes de Venezuela y Uruguay expresadas en relación a la conformación de la Comunidad Sudamericana”
Era octubre 2005, 15 días después de Brasilia. Dos meses después, Bolivia eligió a Evo Morales Presidente. Las elecciones de Chile y Perú dieron resultados diferentes, a los procesos electorales anteriores, dando cuenta de nuevas fuerzas. Brasil y Venezuela confirman los liderazgos de Lula y Chávez.
Durante todo el 2006, se perfilaron dos lógicas/ dos posiciones: Alvaro Uribe por Colombia y Evo Morales/Hugo Chávez por Bolivia y Venezuela. Todos dos, junto a otros, con matices.
Así la situación, no podemos aceptar “medias tintas” y dejar que declaren solo sobre los consensos. Debemos exigirles delimitación de posiciones y coincidencias ciertas, sin retóricas.
Así las cosas, quiero referirme a algunos aspectos heredados -y arrastrados como políticas de hechos cumplidos-, desde la Reunión de Presidentes de América del Sur, Brasilia 1 septiembre de 2000, convocada por F.H. Cardoso. Es de destacar aspectos del texto de la Declaración Final:
“satisfacción de la V Reunión del ALCA/Toronto/noviembre 1999… zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la CAN… impulso de la integración trasfronteriza… integración y desarrollo de la integración física…el papel motriz de la energía… telecomunicaciones…”
A buen entendedor pocas palabras. Malsana herencia.
No es cierto, que la Declaración Presidencial de Cusco del 8 de diciembre 2004, sea el punto de partida. La intención que trasluce el seguimiento de La Comunidad Suramericana de Naciones, presenta la herencia de resoluciones de tres encuentros anteriores y Brasil/Itamaraty, cumpliendo con la Secretaria Pro-Tempore, no deja pasar oportunidad sin recordarlo.
A mi entender, los pueblos insurgentes deben mostrarse intransigentes ante tres de los aspectos heredados. No podemos/ ni debemos dejar pasar:
– La convergencia CAN/MERCOSUR.
– Las áreas de acción prioritarias [Agenda Prioritaria].
– La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) ( www.iirsa.org)
La Comunidad Suramericana como espacio para la integración de los Pueblos no puede partir de la convergencia CAN/MERCOSUR. Todas dos, son experiencias teñidas, por signos de acoplamiento al proyecto imperial ALCA. Queda en evidencia, solo leyendo, los Acuerdos de Complementación Económica y sabiendo de las intenciones de filtrar las negociaciones de los TLC’S de los andinos con Estados Unidos a través de la normativa andina, y de plantearse converger hacia el MERCOSUR, nos conducen a sostener que:
“la Comunidad Suramericana de Naciones debe trascender MERCOSUR, debe trascender la CAN, y estas dos instituciones deben desaparecer progresivamente en un Plan Estratégico”. (4)
La Agenda Prioritaria, no es tan prioritaria para lo social al colocar en 7º lugar, en lenguaje convencional:
“la promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de la justicia social”.
Ya el lenguaje es una burla. La correlación de fuerzas políticas de la región debe exigirles ya a los gobernantes un Plan de Emergencia Social que de una vez por todas permita un cauce para el vivir-bien de los pueblos de estos territorios. Propuestas una y mil veces sostenidas como banderas de lucha.
A estas alturas del proceso de transformación social que vivimos día a día, vergüenza les debe dar a los gobernantes y funcionarios hablar del IIRSA/2000. Leerlo eriza la piel. Negocios que nada tienen que ver con el bien vivir de los pobladores. Basándose en una verdad, la necesidad de comunicarnos, proponen una solución absurda que lejos esta de tener que ver con la unión de los pueblos suramericanos. (5)
Concluyo con palabras claras que delatan y nos alertan sobre la intención IIRSA
“los dos ejes [caso Paraguay]… garantizan un transito expedito para mercancías, personas y por supuesto también tropas. En realidad… se observa claramente una subregionalización de América del Sur que establece nuevas fronteras… este proyecto… propiciaría agrupamientos regionales o espacios de cohesión muy distintos a los de los actuales Estados Latinoamericanos y llamaría al establecimiento de legislaciones supranacionales sobre bases diferentes a las de la defensa de las soberanías nacionales…” (6)
La Unión de los Pueblos del Sur no debe fundarse en una herencia de gobernantes. Es hora de exigir borrón y cuentas nuevas.
Debemos impedir cualquier ruta ‘hacia el ALCA’. El proyecto de Declaración Presidencial ya viene circulando y ojalá algunos gobiernos detengan la intención que recorre casi todo el proyecto. ¿Cuál es? Dejar pasar un año y al final imitar cambiar para que nada cambie. Rebautizar con el nombre Comunidad Suramericana, lo mismo: Convergencia CAN/MERCOSUR, en aspectos medulares:
“Reafirmar la estructura organizativa definida en la Declaración de Brasilia (párrafos 8 a 15)…” [Inaudito]
Dos detalles:
“Las reuniones Ministeriales Sectoriales… examinaran y promoverán proyectos y políticas especificas… salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, seguridad, infraestructura de energía… En este sentido estas reuniones se realizaran valiéndose de los mecanismos existentes en el MERCOSUR y en la CAN (prr 11) y “… en el área de infraestructura promoverán… la agenda conversada…” (IIRSA) (prr 12)
Y como si fuera poco proponen que los Presidentes decidan:
“… establecer una Comisión de Convergencia Institucional y Coordinación, a nivel de altos funcionarios y con la participación de los secretariados de la CAN y del MERCOSUR, para asegurar [¿cinismo?] en el plano ejecutivo la implementación de las decisiones…”
Benditos secretariados. Es costumbre otorgarles representación política a los Secretarios Generales quienes terminan gobernando. Debemos tener siempre presente que la CAN y su Sistema Andino de Integración (SAI) acoplaron el Acuerdo de Cartagena a las pautas de reestructuración del Sistema Interamericano (7). Acoplamiento implementado por la acción de los protocolos de Trujillo y Sucre, 1996 y 1997, respectivamente. Y pretenden decidir la participación de las organizaciones sociales/populares, que los pueblos organizados participen, con las “formulas” instituidas por la CAN/MERCOSUR, a saber:
“seminarios y mesas redondas con la participación de segmentos representativos de la sociedad civil…” (prr 8)
Y concluyen diciendo:
“En la interacción con la sociedad civil, será tomada especialmente en consideración la experiencia adquirida con la Cumbre Social de Cochabamba”
Están tan distantes de lo que acontece en la calle, del deseo y sentir de los pueblos y pretenden, con descaro, tentar egos.

Notas:

1) Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Creada en Montevideo, 9 diciembre 2005.
2) I Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Montevideo, 16 junio 2006 – II Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Buenos Aires, 24 julio 2006.
3) Es de hacer notar que en el documento síntesis que trabajan para el 17 de noviembre este párrafo no está.
4) Hugo Chávez. Discursos Brasilia 30/9/2005. Es de hacer notar que todavía para esa fecha Venezuela era país/CAN. Denuncia 22/4/2006.
5) Principios Orientadores del IIRSA
• Regionalismo Abierto. El espacio suramericano es organizado en torno a franjas multinacionales que concentran franjas de comercio actuales y potenciales. Las Franjas o Ejes de Integración y Desarrollo buscan promover el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala.
• Este ordenamiento facilitará el acceso a zonas de alto potencial productivo. Reorientados para conformar cadenas productivas en sectores de alta competitividad global.
• La tecnología de la información acerca las economías suramericanas a los grandes motores [¿Cómo combustible?] de la economía mundial. Apoya una transformación de la organización y el funcionamiento de la sociedad incluyendo los temas educativos, servicios públicos y gobierno.
• Busca generar “la mayor cantidad posible de impactos locales de desarrollo, evitando que sean solo corredores entre los mercados principales”.
6) “Ana Esther Ceceña-Carlos Ernesto Motto. Paraguay: Eje de la Dominación del Cono Sur. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. 2005
7) En la I Cumbre de las Américas, Dic/Miami 1994, los gobernantes decidieron la Reestructuración del Sistema Interamericano. El ALCA es uno de los proyectos de reestructuración.
Este artículo forma parte de la edición especial de la revista América Latina en Movimiento Latina en Movimiento (Nº 414 – 415) que circulará próximamente referida al tema de la integración
Source: http://www.argenpress.info/nota.asp?num=037046

Alianza Social Continental

Presentado a Ministros y Viceministros de la CSN en Santiago de Chile, no rx 22 y 23 de noviembre de 2006

1. Creemos que el futuro de la Comunidad Sudamericana de Naciones adquiere una nueva perspectiva a raíz del fracaso del proyecto del ALCA y de la generalizada convicción en el continente sobre otra integración posible. Un bloque sudamericano puede ser un paso importante y favorable si permite hablar a nuestros pueblos con voz propia, seek independientes de las imposiciones y condicionamientos de los Estados Unidos, diagnosis Europa y los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el BID. Reafirmar y ejercer la soberanía de la región es el primer paso para cualquier proyecto de verdadera integración.

2. A diferencia del ALCA, los TLCs y los tratados de inversión cuya orientación es favorecer a las empresas transnacionales y a mercantilizar todos los aspectos de la vida, la Comunidad Sudamericana de Naciones debe basarse en la redistribución de la riqueza que hoy está concentrada en pocas manos, donde los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos sociales, culturales, económicos de los pueblos, superando las discriminaciones de género, raza y generacionales y respetando la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. La vida, los derechos humanos y ambientales, el bienestar y la solidaridad entre los pueblos deben ser el centro del proceso de integración.

3. Entendemos que la educación es un derecho fundamental de los pueblos, por eso debe ser uno de los pilares de cualquier proyecto de integración para la región. Es imprescindible que se establezca el compromiso de la erradicación del analfabetismo -así como de la miseria y el hambre. Para ello debemos desarrollar mecanismos que permitan la cooperación técnica y científica entre los países con el fin de superar las desigualdades existentes. Asimismo, todos los países de la Comunidad deberían asumir compromisos en la perspectiva de una reforma educacional que garantice la educación pública universal, gratuita y de calidad para toda la población con el objetivo de promover la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, se debe incorporar con seriedad los idiomas nativos en el sistema.

En la lucha por la erradicación de la pobreza es necesario también establecer un Plan Sudamericano para garantizar la universalidad de la Salud Pública.

4. La integración física de América del Sur es fundamental para ampliar las posibilidades de contactos entre nuestros pueblos y países. Por eso, la infraestructura no puede ser diseñada como parte de la geoestrategia mundial de lucha por el control, dominio, posesión y usufructo de recursos naturales estratégicos, ni implementada a través de la destrucción de las zonas más ricas en recursos naturales y la explotación de mano de obra barata. Así, proyectos como el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), concebidos por las IFIs y el gran capital como complementos del ALCA, deben ser rechazados para adoptar propuestas de Integración Infraestructural que surjan de las necesidades de los pueblos y prioricen nuestra articulación en el marco de polos de desarrollo integral, a lo largo de su trazado, en armonía con el medio ambiente y las normativas y principios que se han logrado para su protección y cuidado, el respeto a nuestras comunidades y derechos humanos y que no generen un endeudamiento ilegítimo u odioso. Para lograrlo, los proyectos deben ser sometidos al debate y deliberación democrática con las comunidades que serán afectadas por su implementación y su sostén financiero.

5. La integración financiera de la cual se habla en la Comunidad Sudamericana debe partir del reconocimiento de que somos los acreedores de una inmensa deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera cuya restauración junto con parar y revertir los mecanismos actuales de fuga de capitales, capacidad humana y bienes naturales, establecería una potencialidad de financiamiento genuino y soberano más que suficiente para nuestras necesidades. Es obligación de los estados de la región poner fin a los mecanismos de endeudamiento y condicionamiento externo que han servido para imponernos el Consenso de Washington, violando sistemáticamente los derechos humanos y ambientales.

En ese sentido, los estados deben revisar y revertir los tratados de protección y promoción de las inversiones, las prórrogas de jurisdicción y la aceptación de instancias extra-judiciales como el CIADI, los sistemas tributarias regresivos, y otros mecanismos de desfinanciamiento estatal, incluyendo la privatización de importantes bienes y servicios públicos cuya explotación privada es luego subvencionada por el estado, estableciendo controles de cambio y de transacciones financieras para fortalecer la base de financiamiento autónomo e eliminar la falsa necesidad de capitales externos.

Se precisa además crear mecanismos propios que permitan incentivar la solidaridad entre pueblos hermanos y superar la vulnerabilidad y la dependencia de América del Sur en relación a los mecanismos financieros tradicionales de la globalización (FMI, Banco Mundial, BID), a través de la autonomización de la región con la constitución de mecanismos como un Fondo de Reserva y un Banco Solidario del Sur y con la substitución del uso del dólar en las transacciones intra-regionales. Debe ser también revisado el rol de otras instituciones de financiamiento como la CAF, el FONPLATA, los bancos nacionales de desarrollo y otros mecanismos para ajustarlos a las exigencias de un financiamiento para los derechos y la integración de los pueblos y no de los grandes capitales.

Un nuevo sistema financiero requiere de nuevos mecanismos de control y fiscalización que empiecen por enjuiciar a quienes endeudaron inescrupulosamente a nuestras naciones y asegurar la participación social en la determinación de las prioridades presupuestarias. Alertamos especialmente ante el peligro de que nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre los países de la Comunidad, sean aprovechados para mantener viejas relaciones de dominación y control como, por ejemplo, la creación y venta de bonos y otros mecanismos de nueva deuda, entre países de la región, para sostener el cumplimiento de viejos reclamos de deuda claramente reconocidos como ilegítimos e ilegales. En ese mismo sentido no debe admitirse reestructuraciones ni canjes de deuda que solo sirven para blanquear deudas cuestionables e imponer intereses ajenos.

Para impedir que nuestros pueblos continúen víctimas de deudas ilegítimas y odiosas que siguen siendo fuentes de desfinanciamiento permanentes, exigimos la realización de una auditoría sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio público en la región y el impulso desde la Comunidad Sudamericana de Naciones de la realización de auditorias externas a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas y prácticas crediticias.

6. La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos y revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable. Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también sociales y ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.

7. No habrá verdadera integración si no se resuelven las asimetrías entre los distintos países. Por años este tema no ha pasado de ser un discurso en la CAN y el MERCOSUR. Defendemos la creación de un fondo de compensación para los países de menor desarrollo cuyos recursos sean destinados al desarrollo de los sectores de la economía popular y solidaria y a proyectos acordes con las decisiones de los pueblos de esos países – y no los definidos bajo presión del gran capital nacional o transnacional. Esos fondos podrían ser constituidos a partir de imponer un impuesto a las transacciones financieras de las transnacionales que operan en Sudamérica y utilizando parte de los recursos de las reservas monetarias internacionales de nuestros países hoy depositados en los Estados Unidos. En ese mismo espíritu, debería revisarse y corregir los mecanismos que perpetúan las relaciones de asimetría, estableciendo como ejemplo la necesidad de que Brasil y Argentina anulen las deudas binacionales reclamadas a Paraguay como saldo injusto de la construcción de las represas Yacyretá e Itaipú.

8. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo de Sudamérica que ha sido diseñado en función de las exportaciones antes que en el desarrollo interno para beneficio de la gente. Sudamérica no puede seguir siendo una región principalmente exportadora de materias primas (hidrocarburos y minerales) y de algunos productos del agronegocio. La integración sudamericana debe promover la complementación de nuestras economías para generar empleos y promover un desarrollo productivo integral, fortaleciendo el comercio interregional y sustituyendo las importaciones de bienes que se producen en la región.

9. La Comunidad Sudamericana de Naciones está amenazada por los TLCs que han suscrito Chile, Colombia y Perú. Es fundamental revertir esos acuerdos y promover en su reemplazo acuerdos comerciales que no comprometan la soberanía, los medicamentos, la salud, el agua, la educación, la cultura, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, las compras estatales, los recursos naturales y la posibilidad de implementar políticas industriales activas. La experiencia de los últimos 20 años muestra que es necesario pensar otra estructura para el comercio en la región, que parta del reconocimiento de que éste pude ser una herramienta importante para el desarrollo sólo si se lo regula, para evitar que perpetúe las asimetrías entre empresas y entre países, profundizando la dependencia y la subordinación de países y pueblos a las grandes potencias.

El comercio no es un fin en sí mismo, debe ser pensado como una forma de crear los vínculos de las importantes cadenas productivas en la región, para impulsar el desarrollo, aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas economías nacionales, e integrando un poderoso mercado regional de consumo que debe ser prioritario ante otras propuestas que aspiran primordialmente a exportar hacia otros mercados.

Al interior de la Comunidad Sudamericana de Naciones deben primar los acuerdos de Comercio justo y cooperación, y no reproducir experiencias que sólo han reafirmado un enfoque neoliberal de la integración. Advertimos aquí que lejos de significar una avance, la llamada “convergencia” CAN-Mercosur tal como está propuesta, puede significar el reforzamiento y no la eliminación del enfoque neoliberal de la integración.

10. Pero además la integración sudamericana debe trascender lo comercial y avanzar en la resolución de otras problemáticas que hacen a nuestros pueblos y realidad sudamericana. Una de ellas es el tema del armamentismo y militarización de que son objeto nuestros territorios, con la instalación de bases militares, planes de control militarizado como el Plan Colombia, realización de maniobras militares conjuntas bajo la dirección del Comando Sur del Pentágono, a partir de unas hipótesis de conflicto y una doctrina militar que no se corresponden con los intereses de nuestros pueblos. Consideramos que en este proceso de integración los países sudamericanos deben elaborar una doctrina propia de seguridad y defensa nacional en correspondencia con las aspiraciones de paz, soberanía y autodeterminación de todos y cada uno de nuestros pueblos.

Vemos con profunda inquietud la presencia de tropas de nuestros países en Haití y entendemos que debe iniciarse con urgencia el retiro de esos efectivos militares. También nos alerta el ingreso de tropas estadounidenses al Paraguay. La CSN debe encarar esta discusión y plantearse consecuentemente la erradicación de todos aquellos actos que vulneran la soberanía, generan conflictos y afectan los derechos civiles y la democracia.

Al mismo tiempo, las naciones sudamericanas deberían plantearse un trabajo conjunto de lucha contra la impunidad y la violencia estatal, fortaleciendo la democracia y sentando precedentes importantes para saldar la deuda histórica con los pueblos que luchan por la dignidad y la justicia.

11. El proceso de la CSN debe considerar que es imposible concebir la integración regional sin el protagonismo, los derechos y en suma la existencia de las nacionalidades y pueblos indígenas que trascienden las fronteras republicanas. Los pueblos y comunidades indígenas, son los directos y principales afectados por la acción de las transnacionales, cuya explotación indiscriminada de los recursos naturales generan pobreza, migración, contaminación y marginalidad. Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como protagonistas de los procesos de integración y fundamentalmente de las políticas de la CSN para preservar los territorios, los recursos ambientales y la vida.

12. La despenalización de la hoja de coca en Sudamérica y el impulso a su industrialización con fines benéficos es un paso fundamental para lograr que en el 2.008 las Naciones Unidas retiren a la hoja de coca de las sustancias penalizadas.

13. Vemos imperativo el reconocimiento de la comunicación como un factor articulador clave para el reencuentro y fraternidad de las nacionalidades involucradas y para apoyar las urgentes tareas que demanda generar el bienestar de nuestros pueblos. Así pues, uno de sus fundamentos constitutivos debe ser el Derecho a la Comunicación democrática, estableciendo a la par el compromiso de las partes para adoptar políticas públicas en la materia. En esta línea, urge acordar una estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento; definir acuerdos para potenciar las redes regionales de comunicación pública, con un sentido de equidad respecto a los medios de comunicación; priorizar la interconexión intrarregional de las redes de telecomunicaciones (disminuyendo la dependencia externa), junto con políticas de capacitación y para aumentar la accesibilidad en cada país.

14. Hacemos una llamada a los estados de la Comunidad Sudamericana de Naciones a constituir un proceso hacia una Convención del Agua que esté orientada a garantizar el agua como un derecho humano, a cuidar nuestras fuentes y recursos de agua y que éstas sean protegidas de la privatización y la mercantilización por un acuerdo internacional que se apoye en los avances logrados hasta ahora en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Y también llamamos a los Estados a construir el Foro mundial del Agua sobre los principios de plena participación e inclusión y en el reconocimiento del agua como derecho humano.

La CSN debe ser un instrumento que comprometa a los países a:
Revertir los procesos de desmantelamiento de los servicios estatales y fortalecer los sistemas públicos de agua y saneamiento básico para desarrollar gestiones eficientes, con transparencia y control social, asegurando mecanismos de cooperación e intercambio con este fin.
Promover la efectiva participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre los proyectos de desarrollo que involucren el agua en cada territorio, recuperando sus visiones, usos y costumbres en la planificación y gestión sustentable de los recursos naturales.

15. La CSN, y en particular los países afectados, deben salir del modelo actual de investigación, gestión y elaboración de políticas oficiales con respecto al Acuífero Guaraní, tuteladas en su mayoría por el Banco Mundial a través del GEF, que atentan contra la soberanía de los pueblos y no satisfacen los principios de participación y transparencia informativa que promovemos las organizaciones constituyentes del movimiento social del agua. Proponemos la creación de espacios institucionales nacionales de información y discusión respecto a los usos de los territorios y el subsuelo que conforman el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), con participación de los movimientos y organizaciones sociales de los países que comparten el SAG, que se vinculará a las instancias públicas con la tarea principal de vigilancia del agua, su defensa como bien público compartido y la denuncia de todo procedimiento de investigación y gestión del conocimiento que no sean transparentes.

Antes de la finalización del Proyecto SAG del BM/GEF/OEA en 2008 es necesario producir un pre-proyecto alternativo de investigación y marco de gestión con objetivos de defensa de la soberanía y con vocación integradora para buscar financiamiento genuino, que no genere condicionantes a los gobiernos y organizaciones sociales que terminan atentando contra los intereses fundantes; que de continuidad a lo que se pueda salvar y modificar la asimetría a favor de los países y no del organismo multilateral. Demandamos la entrega de los documentos del referido proyecto a los movimientos, parlamentos y gobiernos de los países de SAG.

16. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sustentable que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Aspiramos a una integración regional basada en otro modelo socio-económico que en lo laboral se oriente a: aumentar la formalidad laboral, asegurar la aplicación de los derechos laborales; universalizar la seguridad social pública; a fortalecer el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva; que adopte medidas contra las discriminaciones en el mercado de trabajo y que busque superar la actual división sexual del trabajo que penaliza a las mujeres y poner en marcha programas de Empleo Juvenil, que detenga los mecanismos que empujan a nuestras poblaciones a la emigración, al mismo tiempo que reconozca para los trabajadores y trabajadoras emigrantes el piso de derechos que garantizan las convenciones internacionales.

17. Debemos encarar como países integrados una reforma agraria que garantice a todos el derecho de trabajar en la tierra y democratice su propiedad, priorizando las formas familiares, sociales y cooperativas. La CSN debe ser el espacio natural para consolidar la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tienen todos los pueblos de producir sus propios alimentos de forma independiente, saludable y con calidad para abastecer a toda la sociedad. Las semillas son un patrimonio de la humanidad y no pueden estar sujetas a la privatización y a patentes de las multinacionales.

18. Como consecuencia de las políticas neoliberales y de ajuste aplicadas en la región, millones de personas se ven a diario obligadas a emigrar en la búsqueda de alternativas para sus vidas.

Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Frente a la situación de los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria. Al contrario de una visión reduccionista de las y los emigrantes como simple fuerza de trabajo, afirmamos que son personas y no mercancías y, por tanto, deben tener garantía de todos los derechos que les permitan desarrollarse y ejercer plenamente su ciudadanía en el goce de derechos laborales, sociales, culturales, económicos, civiles y políticos.

No se puede continuar con políticas orientadas a criminalizar al inmigrante y tratar a la migración como un asunto de seguridad. La CSN debe desarrollar políticas que garanticen ciudadanía a los emigrantes y acciones compartidas para luchar contra la pobreza y la marginalidad asegurando a los habitantes de cada país las condiciones para desarrollarse plenamente y con bienestar.

19. Exigimos la urgente creación de mecanismos de Participación Social en la construcción de la Comunidad a niveles locales, regionales, sub-regionales y nacionales. Los Estados deben asegurar la transparencia del proceso de negociación de la iniciativa de la CSN, reconociendo que los mecanismos oficiales preparatorios de esta Cumbre, como las anteriores, no han facilitado el acceso a la información ni la publicidad de los avances ni los contenidos que se discuten. La alegada “informalidad” del Grupo de Reflexión no debe ser un amparo formal para impedir la divulgación de las conversaciones de los 12 países. Los presidentes reunidos en Cochabamba deben crear un mecanismo formal de participación y consulta a los pueblos.
20. Nosotros, los movimientos sociales que desde la resistencia reivindicamos la búsqueda de Alternativas que hagan realidad que “otro mundo es posible”, “otra América posible”, venimos a reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Comunidad Sudamericana basada en el ejercicio universal de los Derechos Humanos, en la Soberanía popular y la Democracia participativa. Por esto, asumimos la realización de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos en Cochabamba como un espacio donde se exprese el acumulado histórico de nuestras luchas y la profundización democrática en la construcción de Alternativas políticas, sociales y económicas, entendiendo que la integración desde los pueblos fortalece nuestra Identidad: la diversidad cultural. Es desde allí que asumimos el desafío de compartir la construcción de la integración de los pueblos sudamericanos desde sus cimientos constituyendo los Foros Sociales en todo el continente donde se expresen, sin exclusiones ni discriminaciones, todos los sujetos.
La Comunidad Sudamericana de Naciones debe ser la “otra integración posible”

fuente: Movimientos.org

Alianza Social Continental
Presentado a Ministros y Viceministros de la CSN en Santiago de Chile, 22 y 23 de noviembre de 2006
1. Creemos que el futuro de la Comunidad Sudamericana de Naciones adquiere una nueva perspectiva a raíz del fracaso del proyecto del ALCA y de la generalizada convicción en el continente sobre otra integración posible. Un bloque sudamericano puede ser un paso importante y favorable si permite hablar a nuestros pueblos con voz propia, independientes de las imposiciones y condicionamientos de los Estados Unidos, Europa y los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el BID. Reafirmar y ejercer la soberanía de la región es el primer paso para cualquier proyecto de verdadera integración.
2. A diferencia del ALCA, los TLCs y los tratados de inversión cuya orientación es favorecer a las empresas transnacionales y a mercantilizar todos los aspectos de la vida, la Comunidad Sudamericana de Naciones debe basarse en la redistribución de la riqueza que hoy está concentrada en pocas manos, donde los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos sociales, culturales, económicos de los pueblos, superando las discriminaciones de género, raza y generacionales y respetando la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. La vida, los derechos humanos y ambientales, el bienestar y la solidaridad entre los pueblos deben ser el centro del proceso de integración.
3. Entendemos que la educación es un derecho fundamental de los pueblos, por eso debe ser uno de los pilares de cualquier proyecto de integración para la región. Es imprescindible que se establezca el compromiso de la erradicación del analfabetismo -así como de la miseria y el hambre. Para ello debemos desarrollar mecanismos que permitan la cooperación técnica y científica entre los países con el fin de superar las desigualdades existentes. Asimismo, todos los países de la Comunidad deberían asumir compromisos en la perspectiva de una reforma educacional que garantice la educación pública universal, gratuita y de calidad para toda la población con el objetivo de promover la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, se debe incorporar con seriedad los idiomas nativos en el sistema.
En la lucha por la erradicación de la pobreza es necesario también establecer un Plan Sudamericano para garantizar la universalidad de la Salud Pública.
4. La integración física de América del Sur es fundamental para ampliar las posibilidades de contactos entre nuestros pueblos y países. Por eso, la infraestructura no puede ser diseñada como parte de la geoestrategia mundial de lucha por el control, dominio, posesión y usufructo de recursos naturales estratégicos, ni implementada a través de la destrucción de las zonas más ricas en recursos naturales y la explotación de mano de obra barata. Así, proyectos como el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), concebidos por las IFIs y el gran capital como complementos del ALCA, deben ser rechazados para adoptar propuestas de Integración Infraestructural que surjan de las necesidades de los pueblos y prioricen nuestra articulación en el marco de polos de desarrollo integral, a lo largo de su trazado, en armonía con el medio ambiente y las normativas y principios que se han logrado para su protección y cuidado, el respeto a nuestras comunidades y derechos humanos y que no generen un endeudamiento ilegítimo u odioso. Para lograrlo, los proyectos deben ser sometidos al debate y deliberación democrática con las comunidades que serán afectadas por su implementación y su sostén financiero.
5. La integración financiera de la cual se habla en la Comunidad Sudamericana debe partir del reconocimiento de que somos los acreedores de una inmensa deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera cuya restauración junto con parar y revertir los mecanismos actuales de fuga de capitales, capacidad humana y bienes naturales, establecería una potencialidad de financiamiento genuino y soberano más que suficiente para nuestras necesidades. Es obligación de los estados de la región poner fin a los mecanismos de endeudamiento y condicionamiento externo que han servido para imponernos el Consenso de Washington, violando sistemáticamente los derechos humanos y ambientales.
En ese sentido, los estados deben revisar y revertir los tratados de protección y promoción de las inversiones, las prórrogas de jurisdicción y la aceptación de instancias extra-judiciales como el CIADI, los sistemas tributarias regresivos, y otros mecanismos de desfinanciamiento estatal, incluyendo la privatización de importantes bienes y servicios públicos cuya explotación privada es luego subvencionada por el estado, estableciendo controles de cambio y de transacciones financieras para fortalecer la base de financiamiento autónomo e eliminar la falsa necesidad de capitales externos.
Se precisa además crear mecanismos propios que permitan incentivar la solidaridad entre pueblos hermanos y superar la vulnerabilidad y la dependencia de América del Sur en relación a los mecanismos financieros tradicionales de la globalización (FMI, Banco Mundial, BID), a través de la autonomización de la región con la constitución de mecanismos como un Fondo de Reserva y un Banco Solidario del Sur y con la substitución del uso del dólar en las transacciones intra-regionales. Debe ser también revisado el rol de otras instituciones de financiamiento como la CAF, el FONPLATA, los bancos nacionales de desarrollo y otros mecanismos para ajustarlos a las exigencias de un financiamiento para los derechos y la integración de los pueblos y no de los grandes capitales.
Un nuevo sistema financiero requiere de nuevos mecanismos de control y fiscalización que empiecen por enjuiciar a quienes endeudaron inescrupulosamente a nuestras naciones y asegurar la participación social en la determinación de las prioridades presupuestarias. Alertamos especialmente ante el peligro de que nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre los países de la Comunidad, sean aprovechados para mantener viejas relaciones de dominación y control como, por ejemplo, la creación y venta de bonos y otros mecanismos de nueva deuda, entre países de la región, para sostener el cumplimiento de viejos reclamos de deuda claramente reconocidos como ilegítimos e ilegales. En ese mismo sentido no debe admitirse reestructuraciones ni canjes de deuda que solo sirven para blanquear deudas cuestionables e imponer intereses ajenos.
Para impedir que nuestros pueblos continúen víctimas de deudas ilegítimas y odiosas que siguen siendo fuentes de desfinanciamiento permanentes, exigimos la realización de una auditoría sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio público en la región y el impulso desde la Comunidad Sudamericana de Naciones de la realización de auditorias externas a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas y prácticas crediticias.
6. La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos y revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable. Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.
El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.
Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.
Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también sociales y ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.
7. No habrá verdadera integración si no se resuelven las asimetrías entre los distintos países. Por años este tema no ha pasado de ser un discurso en la CAN y el MERCOSUR. Defendemos la creación de un fondo de compensación para los países de menor desarrollo cuyos recursos sean destinados al desarrollo de los sectores de la economía popular y solidaria y a proyectos acordes con las decisiones de los pueblos de esos países – y no los definidos bajo presión del gran capital nacional o transnacional. Esos fondos podrían ser constituidos a partir de imponer un impuesto a las transacciones financieras de las transnacionales que operan en Sudamérica y utilizando parte de los recursos de las reservas monetarias internacionales de nuestros países hoy depositados en los Estados Unidos. En ese mismo espíritu, debería revisarse y corregir los mecanismos que perpetúan las relaciones de asimetría, estableciendo como ejemplo la necesidad de que Brasil y Argentina anulen las deudas binacionales reclamadas a Paraguay como saldo injusto de la construcción de las represas Yacyretá e Itaipú.
8. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo de Sudamérica que ha sido diseñado en función de las exportaciones antes que en el desarrollo interno para beneficio de la gente. Sudamérica no puede seguir siendo una región principalmente exportadora de materias primas (hidrocarburos y minerales) y de algunos productos del agronegocio. La integración sudamericana debe promover la complementación de nuestras economías para generar empleos y promover un desarrollo productivo integral, fortaleciendo el comercio interregional y sustituyendo las importaciones de bienes que se producen en la región.
9. La Comunidad Sudamericana de Naciones está amenazada por los TLCs que han suscrito Chile, Colombia y Perú. Es fundamental revertir esos acuerdos y promover en su reemplazo acuerdos comerciales que no comprometan la soberanía, los medicamentos, la salud, el agua, la educación, la cultura, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, las compras estatales, los recursos naturales y la posibilidad de implementar políticas industriales activas. La experiencia de los últimos 20 años muestra que es necesario pensar otra estructura para el comercio en la región, que parta del reconocimiento de que éste pude ser una herramienta importante para el desarrollo sólo si se lo regula, para evitar que perpetúe las asimetrías entre empresas y entre países, profundizando la dependencia y la subordinación de países y pueblos a las grandes potencias.
El comercio no es un fin en sí mismo, debe ser pensado como una forma de crear los vínculos de las importantes cadenas productivas en la región, para impulsar el desarrollo, aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas economías nacionales, e integrando un poderoso mercado regional de consumo que debe ser prioritario ante otras propuestas que aspiran primordialmente a exportar hacia otros mercados.
Al interior de la Comunidad Sudamericana de Naciones deben primar los acuerdos de Comercio justo y cooperación, y no reproducir experiencias que sólo han reafirmado un enfoque neoliberal de la integración. Advertimos aquí que lejos de significar una avance, la llamada “convergencia” CAN-Mercosur tal como está propuesta, puede significar el reforzamiento y no la eliminación del enfoque neoliberal de la integración.
10. Pero además la integración sudamericana debe trascender lo comercial y avanzar en la resolución de otras problemáticas que hacen a nuestros pueblos y realidad sudamericana. Una de ellas es el tema del armamentismo y militarización de que son objeto nuestros territorios, con la instalación de bases militares, planes de control militarizado como el Plan Colombia, realización de maniobras militares conjuntas bajo la dirección del Comando Sur del Pentágono, a partir de unas hipótesis de conflicto y una doctrina militar que no se corresponden con los intereses de nuestros pueblos. Consideramos que en este proceso de integración los países sudamericanos deben elaborar una doctrina propia de seguridad y defensa nacional en correspondencia con las aspiraciones de paz, soberanía y autodeterminación de todos y cada uno de nuestros pueblos.
Vemos con profunda inquietud la presencia de tropas de nuestros países en Haití y entendemos que debe iniciarse con urgencia el retiro de esos efectivos militares. También nos alerta el ingreso de tropas estadounidenses al Paraguay. La CSN debe encarar esta discusión y plantearse consecuentemente la erradicación de todos aquellos actos que vulneran la soberanía, generan conflictos y afectan los derechos civiles y la democracia.
Al mismo tiempo, las naciones sudamericanas deberían plantearse un trabajo conjunto de lucha contra la impunidad y la violencia estatal, fortaleciendo la democracia y sentando precedentes importantes para saldar la deuda histórica con los pueblos que luchan por la dignidad y la justicia.
11. El proceso de la CSN debe considerar que es imposible concebir la integración regional sin el protagonismo, los derechos y en suma la existencia de las nacionalidades y pueblos indígenas que trascienden las fronteras republicanas. Los pueblos y comunidades indígenas, son los directos y principales afectados por la acción de las transnacionales, cuya explotación indiscriminada de los recursos naturales generan pobreza, migración, contaminación y marginalidad. Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como protagonistas de los procesos de integración y fundamentalmente de las políticas de la CSN para preservar los territorios, los recursos ambientales y la vida.
12. La despenalización de la hoja de coca en Sudamérica y el impulso a su industrialización con fines benéficos es un paso fundamental para lograr que en el 2.008 las Naciones Unidas retiren a la hoja de coca de las sustancias penalizadas.
13. Vemos imperativo el reconocimiento de la comunicación como un factor articulador clave para el reencuentro y fraternidad de las nacionalidades involucradas y para apoyar las urgentes tareas que demanda generar el bienestar de nuestros pueblos. Así pues, uno de sus fundamentos constitutivos debe ser el Derecho a la Comunicación democrática, estableciendo a la par el compromiso de las partes para adoptar políticas públicas en la materia. En esta línea, urge acordar una estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento; definir acuerdos para potenciar las redes regionales de comunicación pública, con un sentido de equidad respecto a los medios de comunicación; priorizar la interconexión intrarregional de las redes de telecomunicaciones (disminuyendo la dependencia externa), junto con políticas de capacitación y para aumentar la accesibilidad en cada país.
14. Hacemos una llamada a los estados de la Comunidad Sudamericana de Naciones a constituir un proceso hacia una Convención del Agua que esté orientada a garantizar el agua como un derecho humano, a cuidar nuestras fuentes y recursos de agua y que éstas sean protegidas de la privatización y la mercantilización por un acuerdo internacional que se apoye en los avances logrados hasta ahora en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y también llamamos a los Estados a construir el Foro mundial del Agua sobre los principios de plena participación e inclusión y en el reconocimiento del agua como derecho humano.
La CSN debe ser un instrumento que comprometa a los países a:
 Revertir los procesos de desmantelamiento de los servicios estatales y fortalecer los sistemas públicos de agua y saneamiento básico para desarrollar gestiones eficientes, con transparencia y control social, asegurando mecanismos de cooperación e intercambio con este fin.
 Promover la efectiva participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre los proyectos de desarrollo que involucren el agua en cada territorio, recuperando sus visiones, usos y costumbres en la planificación y gestión sustentable de los recursos naturales.
15. La CSN, y en particular los países afectados, deben salir del modelo actual de investigación, gestión y elaboración de políticas oficiales con respecto al Acuífero Guaraní, tuteladas en su mayoría por el Banco Mundial a través del GEF, que atentan contra la soberanía de los pueblos y no satisfacen los principios de participación y transparencia informativa que promovemos las organizaciones constituyentes del movimiento social del agua. Proponemos la creación de espacios institucionales nacionales de información y discusión respecto a los usos de los territorios y el subsuelo que conforman el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), con participación de los movimientos y organizaciones sociales de los países que comparten el SAG, que se vinculará a las instancias públicas con la tarea principal de vigilancia del agua, su defensa como bien público compartido y la denuncia de todo procedimiento de investigación y gestión del conocimiento que no sean transparentes.
Antes de la finalización del Proyecto SAG del BM/GEF/OEA en 2008 es necesario producir un pre-proyecto alternativo de investigación y marco de gestión con objetivos de defensa de la soberanía y con vocación integradora para buscar financiamiento genuino, que no genere condicionantes a los gobiernos y organizaciones sociales que terminan atentando contra los intereses fundantes; que de continuidad a lo que se pueda salvar y modificar la asimetría a favor de los países y no del organismo multilateral. Demandamos la entrega de los documentos del referido proyecto a los movimientos, parlamentos y gobiernos de los países de SAG.
16. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sustentable que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Aspiramos a una integración regional basada en otro modelo socio-económico que en lo laboral se oriente a: aumentar la formalidad laboral, asegurar la aplicación de los derechos laborales; universalizar la seguridad social pública; a fortalecer el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva; que adopte medidas contra las discriminaciones en el mercado de trabajo y que busque superar la actual división sexual del trabajo que penaliza a las mujeres y poner en marcha programas de Empleo Juvenil, que detenga los mecanismos que empujan a nuestras poblaciones a la emigración, al mismo tiempo que reconozca para los trabajadores y trabajadoras emigrantes el piso de derechos que garantizan las convenciones internacionales.
17. Debemos encarar como países integrados una reforma agraria que garantice a todos el derecho de trabajar en la tierra y democratice su propiedad, priorizando las formas familiares, sociales y cooperativas. La CSN debe ser el espacio natural para consolidar la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tienen todos los pueblos de producir sus propios alimentos de forma independiente, saludable y con calidad para abastecer a toda la sociedad. Las semillas son un patrimonio de la humanidad y no pueden estar sujetas a la privatización y a patentes de las multinacionales.
18. Como consecuencia de las políticas neoliberales y de ajuste aplicadas en la región, millones de personas se ven a diario obligadas a emigrar en la búsqueda de alternativas para sus vidas.
Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Frente a la situación de los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria. Al contrario de una visión reduccionista de las y los emigrantes como simple fuerza de trabajo, afirmamos que son personas y no mercancías y, por tanto, deben tener garantía de todos los derechos que les permitan desarrollarse y ejercer plenamente su ciudadanía en el goce de derechos laborales, sociales, culturales, económicos, civiles y políticos.
No se puede continuar con políticas orientadas a criminalizar al inmigrante y tratar a la migración como un asunto de seguridad. La CSN debe desarrollar políticas que garanticen ciudadanía a los emigrantes y acciones compartidas para luchar contra la pobreza y la marginalidad asegurando a los habitantes de cada país las condiciones para desarrollarse plenamente y con bienestar.
19. Exigimos la urgente creación de mecanismos de Participación Social en la construcción de la Comunidad a niveles locales, regionales, sub-regionales y nacionales. Los Estados deben asegurar la transparencia del proceso de negociación de la iniciativa de la CSN, reconociendo que los mecanismos oficiales preparatorios de esta Cumbre, como las anteriores, no han facilitado el acceso a la información ni la publicidad de los avances ni los contenidos que se discuten. La alegada “informalidad” del Grupo de Reflexión no debe ser un amparo formal para impedir la divulgación de las conversaciones de los 12 países. Los presidentes reunidos en Cochabamba deben crear un mecanismo formal de participación y consulta a los pueblos.
20. Nosotros, los movimientos sociales que desde la resistencia reivindicamos la búsqueda de Alternativas que hagan realidad que “otro mundo es posible”, “otra América posible”, venimos a reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Comunidad Sudamericana basada en el ejercicio universal de los Derechos Humanos, en la Soberanía popular y la Democracia participativa. Por esto, asumimos la realización de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos en Cochabamba como un espacio donde se exprese el acumulado histórico de nuestras luchas y la profundización democrática en la construcción de Alternativas políticas, sociales y económicas, entendiendo que la integración desde los pueblos fortalece nuestra Identidad: la diversidad cultural. Es desde allí que asumimos el desafío de compartir la construcción de la integración de los pueblos sudamericanos desde sus cimientos constituyendo los Foros Sociales en todo el continente donde se expresen, sin exclusiones ni discriminaciones, todos los sujetos.
La Comunidad Sudamericana de Naciones debe ser la “otra integración posible”
fuente: Movimientos.org

Edgardo Lander


Integração do que? Para quem?

A consideração dos projetos de integração latino-americanos exige a formulação de algumas questões vitais. Integração para quem? Para os setores privilegiados destas sociedades? Para que os capitais, for sale sejam eles nacionais ou transnacionais, ed possam se mover livremente em todo o continente? Ou, sale pelo contrario, para os povos, para as maiorias empobrecidas, excluídas, subordinadas?

Não há nada na idéia de integração que em si mesmo possamos considerar como favorável para o futuro dos povos do continente. Não basta que seja uma integração latino-americana ou sul-americana para que corresponda aos interesses populares. Tudo depende do modelo de integração em questão. Quem está impulsionando? Para que? Para quem? Em função de quais interesses e de quais valores ele se desenha? Dependendo da resposta a essas questões, a integração pode apoiar as relações de dominação atualmente hegemônicas, ou pode contribuir para abrir brechas para mina-las.

Um projeto de integração orientado para abrir ainda mais estas economias para submete-las aos ditames dos donos do capital? Ou uma integração defensiva que tenha como meta conquistar espaços de autonomia e soberania para definir políticas públicas e opções econômicas próprias? Em outras palavras, uma integração que contribua para apagar ainda mais os espaços e territórios do exercício da soberania democrática dos povos, ou uma integração orientada para recuperar o que séculos de colonialismo e políticas imperiais arrebataram e continuam arrebatando os povos do continente?

Uma integração orientada pelos valores do individualismo possessivo, da competição de todos contra todos, na qual se garanta o êxito dos mais fortes sobre a base da exploração e exclusão dos mais fracos, isto é, uma integração que acentue as inaceitáveis desigualdades atuais? Ou uma integração guiada pelos valores da igualdade, da participação, da pluralidade, da solidariedade, da comunidade; uma integração que reconheça, valorize e torne possível o desdobramento da extraordinária variedade de modos de vida dos povos de nosso continente?

Uma integração que sem limite algum explore os recursos naturais, os convertendo em mercadorias exportáveis para gerar os excedentes requeridos para pagar a divida externa? Ou uma integração orientada para a recuperação e a construção de outras formas de os seres humanos serem parte da natureza, que não a considere um inimigo a ser submetido, controlado, explorado e, em conseqüência, destruído?

Uma integração pensada como área de livre comércio, concebida principalmente como a construção de um espaço econômico de livre circulação de mercadorias e capitais? Ou uma integração geopolítica concebida como parte dos processos de resistência à ordem global, que busca impor a política unilateral e imperial do capital transnacional e do governo dos Estados Unidos?

A ALCA

O principal projeto estratégico do governo dos Estados Unidos para o conjunto do continente americano durante os últimos dez anos foi a ALCA, ou Área de Livre Comércio das Américas. Mediante esse acordo de alcance continental, o governo dos Estados Unidos e suas empresas buscam consolidar, aprofundar e tornar irreversíveis as políticas de ajuste estrutural das ultimas décadas, pretendendo estabelecer de uma vez por todas a prioridade absoluta dos direitos do capital sobre o direito dos povos. Mediante a constitucionalização da ordem neoliberal em um pacto supranacional de cumprimento obrigatório, se aspira delimitar drasticamente os âmbitos da soberania, do exercício da democracia e da regulação social, concebidos todos como travas ilegítimas ao pleno e livre desdobramento e movimento do capital.

Há pouco mais de dois anos, as negociações avançavam de forma aparentemente impossível de deter. Governos submissos em todo o continente negociavam textos secretos pelas costas de seus povos, e parecia inevitável que na data prevista, isto é, no final de 2004, se concluiriam a negociação e a revisão do texto de modo que este pudesse ser ratificado em 2005. Porém, a partir de 2002 as coisas começaram a mudar. Os movimentos e organizações sociais da resistência à ALCA, especialmente com sua articulação na Aliança Social Continental, conseguiram tirar o debate do âmbito delimitado de uma negociação entre especialistas em comércio internacional para coloca-lo no terreno do debate e da mobilização pública.

Organizações sindicais, indígenas, ecologistas, camponesas, de mulheres e acadêmicas em todo o continente conseguiram convergir em uma resistência crescentemente organizada e capaz de grandes mobilizações. Cada uma das principais reuniões dos negociadores do acordo passou a ser acompanhada por massivos protestos (Quebec, Buenos Aires, Quito, Miami). As mudanças políticas representadas pela eleição de Chávez, Lula e Kirchner introduziram perspectivas e posturas de negociação não previstas. Na reunião do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) realizada em San Salvador em Julho de 2003 foi reconhecido pela primeira vez, na própria mesa de negociações, que estas estão severamente estancadas. Foram realizadas sucessivas tentativas de salvar o acordo mediante um tratado mais diluído (Alca Light) ou pela via de uma ALCA de dois níveis que permitisse aos governos mais comprometidos com o modelo de livre comércio a preservação do conteúdo do projeto original, dando a opção para os outros governos de assumir compromissos menores. Buscando destravar as negociações, os Estados Unidos convocaram sucessivas “reuniões informais” entre diferentes grupos de países. Os desacordos persistiram. Finalmente, ao contrário de todos os prognósticos, o que não parecia possível hoje é um fato. A resistência continental derrotou a ALCA, talvez definitivamente. Desde o início de 2003 não foi realizada nenhuma reunião formal. De fato, ainda que isso não seja admitido publicamente, as negociações foram adiadas de forma indefinida1.

Diversas organizações do continente sugeriram que o 1º de janeiro de 2005, data em que se supunha que o acordo estivesse pronto, seja celebrado como o dia do triunfo dos movimentos populares das Américas contra a ALCA. Nestes tempos neoliberais, não são muitas as vitórias populares: devemos celebra-las!

Os Tratados de Livre Comércio (TLCs)

A ALCA ter saído dos trilhos representa sem dúvida uma vitória para a resistência ao projeto imperial de livre comércio. Porém, a agenda estratégica do governo dos Estados Unidos para o continente não foi derrotada: avança por outras vias. Dado que as dificuldades nas negociações da ALCA eram enfrentadas principalmente com três países – Brasil, Argentina e Venezuela – o governo dos Estados Unidos optou por continuar as negociações via TLCs com praticamente todos os demais paises. Foi negociado e assinado um TLC com o Chile, concluídas as negociações com a América Central, e está no que se supõe que é a fase final das negociações com a Colômbia, Equador e Peru.

Dado o fracionamento da resistência e as posturas mais amigáveis dos governos em questão (tanto em relação ao livre comércio como ao governo dos Estados Unidos) nestes acordos se radicaliza a agenda neoliberal. Não só se vai além dos acordos da Organização Mundial de Comércio (OMC), mas inclusive do que estava previsto nas minutas da ALCA. A extraordinária disparidade entre as partes destas negociações se ilustra no conteúdo, por exemplo, dos capítulos sobre propriedade intelectual e agricultura do TLC andino, acordos que, se aprovados em sua versão atual, teriam impactos catastróficos sobre a saúde e a alimentação dos povos. O governo dos Estados Unidos exigiu o patenteamento de plantas e animais (definidos como invenções!), assim como de procedimentos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos. Reafirmando uma vez mais que considera mais importante os lucros de suas transnacionais farmacêuticas que a saúde pública, além de diversas medidas destinadas a impedir a utilização de medicamentos genéricos, o governo dos EUA exige que deixe de ter efeito a Declaração Relativa ao Acordo sobre ADPIC2 de Doha (2001), que autoriza certa flexibilidade na interpretação dos direitos de propriedade intelectual dos medicamentos e permite aos países membros da OMS “proteger sua saúde pública e, em particular, promover o acesso aos medicamentos para todos”. Nas negociações sobre agricultura o governo dos Estados Unidos exige a eliminação de todos os instrumentos de proteção e fomento agrícola utilizados pelos países andinos (faixas de preços, cotas de importação, etc), ao mesmo tempo em que se nega de forma categórica a sequer discutir seus opulentos subsídios agrícolas. Esta combinação não pode conduzir senão à devastação da agricultura andina, a solapar as condições da segurança alimentar e a expulsão de milhões de pessoas do campo.

Apesar da firme oposição popular e das massivas mobilizações das organizações sociais e políticas centroamericanas e andinas3, não foi possível até o momento frear estas negociações.

O Mercosul e a Comunidade Andina de Nações

Constituem hoje o Mercosul ou a Comunidade Andina de Nações (CAN) alternativas a este modelo de integração e desenvolvimento? A integração não pode ser pensada como algo diferente dos projetos nacionais, diferente das sociedades que se prefiguram no interior de cada Estado nação. Os projetos de integração do continente dependem dos processos políticos, das estruturas produtivas, das correlações de força existentes tanto global e regionalmente como no interior de cada um dos países participantes.

Os atuais projetos e práticas de integração na América Latina se dão com estruturas produtivas e condições políticas e ideológicas muito diferentes das existentes quando se debatia a integração latino-americana nos anos 60 e 70. Como resultado das ditaduras militares e da aplicação sistemática das políticas neoliberais de ajuste estrutural, estas sociedades mudaram profundamente tanto em sua estrutura produtiva como em seu tecido social. Como conseqüência da repressão, da desindustrialização e das reformas trabalhistas, o movimento sindical se encontra extraordinariamente reduzido e debilitado, e a maior parte dos novos empregos criados está no chamado setor informal. O peso dos empresários cuja produção se orientava prioritariamente ao mercado interno igualmente declinou. A propriedade da terra se encontra ainda mais concentrada que há três décadas. Os setores mais dinâmicos das economias do continente – os que têm igualmente hoje maior incidência política, maior capacidade de ter impacto sobre as políticas públicas – são os setores triunfantes destas transformações econômicas. São principalmente os grupos financeiros, dos serviços – como as telecomunicações – e os exportadores de produtos primários: no caso do Cone Sul, principalmente o setor agroindustrial. Estes setores estão controlados ou associados estreitamente com o capital transnacional, seus benefícios dependem da abertura econômica, da desregulamentação, das privatizações e do acesso aos mercados internacionais. Constituem as forças dinâmicas internas por trás das políticas do livre comércio.

O sentido comum do neoliberalismo hoje hegemônico e os interesses destes setores que acabaram beneficiados com as transformações políticas e da estrutura econômica produzidas nas ultimas três décadas, condicionam as orientações básicas dos projetos de integração que hoje são operados e negociados em todo o continente. É possível constatar inclusive que a razão fundamental pela qual os governos do Brasil e da Argentina colocaram uma resistência tão firme à ALCA teve a ver principalmente com o fato de que os benefícios que estes setores esperavam não estavam sendo garantidos suficientemente na negociação. Não se trata de desconhecer que estes governos não têm tido posições únicas e que têm existido tensões entre visões mais orientadas para o livre comércio e visões que reivindicam maior autonomia para impulsionar políticas públicas nacionais. Porém, e para além dos discursos, foi precisamente o fato de que a ALCA não garantia um maior acesso dos produtos da agroindústria do Mercosul ao mercado dos Estados Unidos, e que o governo deste país não estava disposto nem sequer a considerar a redução dos subsídios a sua produção agrícola, a verdadeira razão pela qual se travaram as negociações da ALCA.

O único governo participante nas negociações que formulou questionamentos conceituais, políticos e doutrinários fundamentais a cada uma das dimensões do modelo de integração proposto pelo governo dos Estados Unidos através da ALCA foi o da Venezuela.

São esses mesmos interesses que estão impulsionando as negociações do Mercosul com a União Européia. De acordo com denúncias formuladas pelas principais organizações sociais do Cone Sul4, em troca de um acesso limitado da agroindústria do Mercosul ao mercado da União Européia, os negociadores do Mercosul estão realizando concessões que teriam efeitos nocivos sobre a agricultura familiar, limitariam a capacidade dos Estados para ter políticas industriais autônomas, e converteriam em mercadorias áreas tão críticas como os chamados “serviços culturais” e “serviços ambientais”. Da mesma forma, seriam oferecidas preferências à União Européia para as compras do setor público. Não há razão alguma pela qual se possa supor que as transnacionais baseadas na Europa possam ter efeitos mais benéficos ou sejam menos surrupiadoras que as estadunidenses, nem para assumir que os governos europeus sejam menos agressivos na defesa dos interesses de suas corporações. Qualquer ilusão neste sentido foi desmentida com a recente crise argentina.
A Comunidade Sul-americana de Nações

Os governos da América do Sul celebram o que se denomina um novo momento histórico no continente, a realização do sonho de Bolívar: a criação da Comunidade Sul-americana de Nações. Poderá este acordo se converter efetivamente em um ponto de partida para novos projetos econômicos e geopolíticos alternativos aos modelos hegemônicos?

A retórica da Declaração de Cuzco, assinada pelos presidentes ou chanceleres de 12 países sul-americanos, parece apontar uma nova direção. Nela predomina uma linguagem diferente da prioritária do livre comércio que foi hegemônica durante os últimos anos. Partindo da “história compartilhada e solidária de nossas nações”, se reivindica “uma identidade sul-americana compartilhada e valores comuns, tais como: a democracia, a solidariedade, os direitos humanos, a liberdade, a justiça social, o respeito à integridade territorial, a diversidade, a não discriminação e a afirmação de sua autonomia, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica de controvérsias”. É reconhecido que não é suficiente o desenvolvimento econômico, e que são requeridas estratégias que junto a “uma consciência ambiental responsável e o reconhecimento de assimetrias no desenvolvimento de seus países, assegurem uma distribuição de renda mais justa e mais eqüitativa, o acesso a educação, a coesão e inclusão social, assim como a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável”.

É enfatizado um “compromisso essencial com a luta contra a pobreza, a eliminação da fome, a geração de emprego decente e o acesso de todos à saúde e à educação como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento dos povos”. No terreno internacional se apela aos “valores da paz e da segurança internacionais, a partir da afirmação da vigência do direito internacional e de um multilateralismo renovado e democrático que integre decididamente e de maneira eficaz o desenvolvimento econômico e social na agenda mundial”.

Desde o ponto de vista institucional, se afirma a Comunidade Sul-americana de Nações como um projeto que transcende uma área de livre comércio, sendo acordado que se vai “desenvolver um espaço sul-americano integrado no político, social, econômico, ambiental e de infra-estrutura que fortaleça a identidade própria da América do Sul e que contribua, a partir de uma perspectiva sub-regional e, em articulação com outras experiências de integração regional, ao fortalecimento da América Latina e do Caribe e que se outorgue uma maior gravitação e representação em fóruns internacionais”.

De acordo com o texto, se trata de um projeto de integração dos povos. É afirmado: “Nossa convicção no sentido que a realização dos valores e interesses compartilhados que nos unem, além de comprometer aos Governos, só encontrará viabilidade na medida que os povos assumam o papel protagonista que corresponde a eles neste processo. A integração sul-americana é e deve ser uma integração dos povos”.

Além dos temas cruciais que estão ausentes no texto, como o da dívida externa e das relações deste projeto com os acordos de livre comércio assinados ou em processo de negociação com os Estados Unidos ou a União Européia, pode se esperar que os atuais governos sul-americanos (os que assinam a Declaração de Cuzco) sejam conseqüentes com estas declarações de intenção? Trata-se de uma linguagem destinada ao público de galeria, ou é a expressão de uma nova vontade política dos governos sul-americanos?

Mais que descartar de antemão a Declaração de Cuzco como pura retórica e a decisão de criar a Comunidade Sul-americana de Nações como uma mera formalidade, é conveniente analisar este processo na potencialidade que poderia oferecer para se converter em um novo terreno de disputa e tensões entre diferentes visões e diferentes forças sociais em torno do futuro da América Latina. Os governos que assinaram a declaração (ou alguns deles) pretendem adequar as orientações de suas políticas públicas aos objetivos declarados da Comunidade Sul-americana de Nações?

O que é evidente é que existem contradições flagrantes entre os objetivos e metas formulados nesta declaração e o rumo principal que hoje as políticas públicas assumem na maioria dos países sul-americanos. Os objetivos formulados na Declaração de Cuzco não são, de modo algum, compatíveis com as políticas públicas e orientações econômicas que, graças à dívida externa, os organismos financeiros internacionais continuam impondo em todo o continente. Podem os movimentos sociais e políticos populares do continente aproveitar estas tensões para formular e impulsionar propostas contra hegemônicas?

Qual o sentido de os governos andinos que hoje negociam um TLC com os EUA, projeto que constitui uma severa ameaça à saúde, educação e meio ambiente de tais países, se comprometerem a garantir a saúde, a educação e a alimentação de seus povos, assim como a preservação do ambiente? Que sentido tem a reivindicação do direito a um emprego decente quando as políticas de abertura, privatização e desregulamentação, a desindustrialização, a flexibilidade do trabalho e as reformas da legislação trabalhista impulsionada por estes mesmos governos continuam deteriorando e precarizando sistematicamente as condições de emprego? Para que proclamar a autonomia e igualdade soberana dos Estados enquanto estão sendo negociados acordos comerciais que limitam cada vez mais o exercício da soberania? Por que falar da distribuição eqüitativa da renda, e da coesão e inclusão social, se a experiência confirma que as atuais políticas de predomínio dogmático do livre comércio não conduzem senão à desintegração social e ao aumento das desigualdades sociais? Que sentido tem destacar a importância da preservação do meio ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável se – como é evidente, por exemplo, no caso do Brasil – as atuais políticas de prioridade das exportações primárias orientadas a gerar um excedente na balança comercial para pagar a dívida externa requerem uma superexploração depredadora e não sustentável dos recursos naturais? Que tipo de infra-estrutura vai acompanhar este processo de integração? A prioridade continuará no investimento em infra-estrutura orientada a facilitar as exportações e consolidar o modelo de crescimento para fora, a economia de portos? Essa infra-estrutura colocará a Amazônia e seus recursos à disposição das empresas transnacionais?6.

Poderá, pelo contrário, ser dada prioridade às exigências de um desenvolvimento endógeno, de ampliação dos mercados internos continentais e da efetiva integração dos povos? Será possível avançar na direção de um modelo alternativo de integração quando está sendo incorporada à Comunidade Sul-americana de Nações, de forma acrítica, a base jurídica e normativa que o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações foram armando durante o último período de hegemonia neoliberal?

A retórica latinoamericanista, a reivindicação da soberania e da democracia, assim como dos direitos dos povos, poderia baixar a guarda dos movimentos sociais e políticos em torno das negociações entre os governos do continente enquanto se mantém uma atitude vigilante frente aos acordos negociados com potencias extracontinentais (ALCA, TLCs, Mercosul-UE). Não há, porém, nada na idéia de integração sul-americana que, em si mesma, por sua própria condição de ser latina ou sul-americana, seja necessariamente mais favorável aos interesses dos povos. Tudo depende, como foi assinalado no começo deste texto, dos modelos de integração em jogo. Com a Comunidade Sul-americana de Nações se abre um novo terreno de luta continental. O destino deste projeto de integração e a resposta à questão básica de poder ou não chegar a ser favorável aos interesses populares, mas que do conteúdo de seus textos constitutivos, dependerá do resultado das lutas sociais e políticas, da capacidade das forças populares para reverter as tendências políticas e econômicas hoje hegemônicas na maior parte do continente.

Será possível transformar a Comunidade Sul-americana de Nações em um novo terreno capaz de articular de forma efetiva as lutas dos povos do continente pela soberania, democracia, igualdade e pluralidade cultural? Poderá este novo projeto integrador jogar um papel na resistência à hegemonia imperial dos Estados Unidos?

São estes os novos objetivos e as novas questões com que se confronta, hoje, a luta popular latino-americana.

Notas

(1) Circulam, porém, rumores de acordo aos quais os co-presidentes da fase final das negociações da ALCA, o embaixador Robert Zoellick dos EUA e o Chanceler do Brasil, Celso Amorim, teriam previsto se reunir em janeiro de 2005 para explorar as possibilidades de um reinício das negociações. Enquanto estão absolutamente suspensas todas as negociações substantivas, continua a disputa entre as cidades candidatas a serem sede permanente do acordo.

(2) Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido por suas siglas em inglês: TRIPS.

(3) Ver, por exemplo, a declaração conjunta das quatro centrais de trabalhadoras colombianas: Declaração frente ao tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o tema trabalhista, Bogotá, 3 de dezembro de 2004. Na Rede Colombiana de Ação frente ao Livre Comércio (Recalca)

(4) Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

(5) Declaração de Cuzco sobre a Comunidade Sul-americana de Nações, Cúpula Presidencial Sul-americana, Cuzco, 8 de dezembro de 2004. Os países signatários desta declaração são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela http://www.comunidadandina.org

(6) Decisões fundamentais para o futuro da América do Sul, com conseqüências a longo prazo para os modelos produtivos e de integração continental (energia, transporte, telecomunicações) estão sendo tomadas, fundamentalmente, a margem do debate público, no contexto do IIRSA, Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana, que tem sua origem na Primeira Cúpula dos Presidentes da América do Sul, realizada em Brasília no ano 2000, que agrupa os mesmos 12 países que acordaram a criação da Comunidade Sul-americana de Nações. Está previsto que seus projetos sejam financiados pelos governos, o setor privado e instituições financeiras multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF), o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Cuenca Del Plata (FONPLATA) e o Banco Mundial. O discurso de Enrique Inglesias nesta cúpula presidencial deve servir como um chamado de alerta com relação ao tipo de projeto de infra-estrutura ao qual estes organismos financeiros dão prioridade. A concepção da integração que defende o BID aparece sintetizada nos seguintes termos: “A integração regional é sempre uma tarefa desafiante, e os primeiros esforços da América Latina e Caribe nos anos do pós-guerra encontraram obstáculos muito importantes. Felizmente, alguns destes obstáculos tradicionais foram substancialmente superados nos últimos anos. O processo de reforma das estruturas econômicas nos países da América Latina e do Caribe, que o Banco vem apoiando ativamente, fez com que nossas economias sejam mais receptivas à integração regional, a partir de condições macroeconômicas mais estáveis, a abertura unilateral de nossas economias, a redução da intervenção direta estatal nos mercados e um ambiente mais favorável à iniciativa privada”.

http://www.caf.com/view/index.asp?ms=8&pageMs=10180

Edgardo Lander

Integração do que? Para quem?

A consideração dos projetos de integração latino-americanos exige a formulação de algumas questões vitais. Integração para quem? Para os setores privilegiados destas sociedades? Para que os capitais, sales sejam eles nacionais ou transnacionais, possam se mover livremente em todo o continente? Ou, doctor pelo contrario, para os povos, para as maiorias empobrecidas, excluídas, subordinadas?
Não há nada na idéia de integração que em si mesmo possamos considerar como favorável para o futuro dos povos do continente. Não basta que seja uma integração latino-americana ou sul-americana para que corresponda aos interesses populares. Tudo depende do modelo de integração em questão. Quem está impulsionando? Para que? Para quem? Em função de quais interesses e de quais valores ele se desenha? Dependendo da resposta a essas questões, a integração pode apoiar as relações de dominação atualmente hegemônicas, ou pode contribuir para abrir brechas para mina-las.
Um projeto de integração orientado para abrir ainda mais estas economias para submete-las aos ditames dos donos do capital? Ou uma integração defensiva que tenha como meta conquistar espaços de autonomia e soberania para definir políticas públicas e opções econômicas próprias? Em outras palavras, uma integração que contribua para apagar ainda mais os espaços e territórios do exercício da soberania democrática dos povos, ou uma integração orientada para recuperar o que séculos de colonialismo e políticas imperiais arrebataram e continuam arrebatando os povos do continente?
Uma integração orientada pelos valores do individualismo possessivo, da competição de todos contra todos, na qual se garanta o êxito dos mais fortes sobre a base da exploração e exclusão dos mais fracos, isto é, uma integração que acentue as inaceitáveis desigualdades atuais? Ou uma integração guiada pelos valores da igualdade, da participação, da pluralidade, da solidariedade, da comunidade; uma integração que reconheça, valorize e torne possível o desdobramento da extraordinária variedade de modos de vida dos povos de nosso continente?
Uma integração que sem limite algum explore os recursos naturais, os convertendo em mercadorias exportáveis para gerar os excedentes requeridos para pagar a divida externa? Ou uma integração orientada para a recuperação e a construção de outras formas de os seres humanos serem parte da natureza, que não a considere um inimigo a ser submetido, controlado, explorado e, em conseqüência, destruído?
Uma integração pensada como área de livre comércio, concebida principalmente como a construção de um espaço econômico de livre circulação de mercadorias e capitais? Ou uma integração geopolítica concebida como parte dos processos de resistência à ordem global, que busca impor a política unilateral e imperial do capital transnacional e do governo dos Estados Unidos?
A ALCA
O principal projeto estratégico do governo dos Estados Unidos para o conjunto do continente americano durante os últimos dez anos foi a ALCA, ou Área de Livre Comércio das Américas. Mediante esse acordo de alcance continental, o governo dos Estados Unidos e suas empresas buscam consolidar, aprofundar e tornar irreversíveis as políticas de ajuste estrutural das ultimas décadas, pretendendo estabelecer de uma vez por todas a prioridade absoluta dos direitos do capital sobre o direito dos povos. Mediante a constitucionalização da ordem neoliberal em um pacto supranacional de cumprimento obrigatório, se aspira delimitar drasticamente os âmbitos da soberania, do exercício da democracia e da regulação social, concebidos todos como travas ilegítimas ao pleno e livre desdobramento e movimento do capital.
Há pouco mais de dois anos, as negociações avançavam de forma aparentemente impossível de deter. Governos submissos em todo o continente negociavam textos secretos pelas costas de seus povos, e parecia inevitável que na data prevista, isto é, no final de 2004, se concluiriam a negociação e a revisão do texto de modo que este pudesse ser ratificado em 2005. Porém, a partir de 2002 as coisas começaram a mudar. Os movimentos e organizações sociais da resistência à ALCA, especialmente com sua articulação na Aliança Social Continental, conseguiram tirar o debate do âmbito delimitado de uma negociação entre especialistas em comércio internacional para coloca-lo no terreno do debate e da mobilização pública.
Organizações sindicais, indígenas, ecologistas, camponesas, de mulheres e acadêmicas em todo o continente conseguiram convergir em uma resistência crescentemente organizada e capaz de grandes mobilizações. Cada uma das principais reuniões dos negociadores do acordo passou a ser acompanhada por massivos protestos (Quebec, Buenos Aires, Quito, Miami). As mudanças políticas representadas pela eleição de Chávez, Lula e Kirchner introduziram perspectivas e posturas de negociação não previstas. Na reunião do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) realizada em San Salvador em Julho de 2003 foi reconhecido pela primeira vez, na própria mesa de negociações, que estas estão severamente estancadas. Foram realizadas sucessivas tentativas de salvar o acordo mediante um tratado mais diluído (Alca Light) ou pela via de uma ALCA de dois níveis que permitisse aos governos mais comprometidos com o modelo de livre comércio a preservação do conteúdo do projeto original, dando a opção para os outros governos de assumir compromissos menores. Buscando destravar as negociações, os Estados Unidos convocaram sucessivas “reuniões informais” entre diferentes grupos de países. Os desacordos persistiram. Finalmente, ao contrário de todos os prognósticos, o que não parecia possível hoje é um fato. A resistência continental derrotou a ALCA, talvez definitivamente. Desde o início de 2003 não foi realizada nenhuma reunião formal. De fato, ainda que isso não seja admitido publicamente, as negociações foram adiadas de forma indefinida1.
Diversas organizações do continente sugeriram que o 1º de janeiro de 2005, data em que se supunha que o acordo estivesse pronto, seja celebrado como o dia do triunfo dos movimentos populares das Américas contra a ALCA. Nestes tempos neoliberais, não são muitas as vitórias populares: devemos celebra-las!
Os Tratados de Livre Comércio (TLCs)
A ALCA ter saído dos trilhos representa sem dúvida uma vitória para a resistência ao projeto imperial de livre comércio. Porém, a agenda estratégica do governo dos Estados Unidos para o continente não foi derrotada: avança por outras vias. Dado que as dificuldades nas negociações da ALCA eram enfrentadas principalmente com três países – Brasil, Argentina e Venezuela – o governo dos Estados Unidos optou por continuar as negociações via TLCs com praticamente todos os demais paises. Foi negociado e assinado um TLC com o Chile, concluídas as negociações com a América Central, e está no que se supõe que é a fase final das negociações com a Colômbia, Equador e Peru.
Dado o fracionamento da resistência e as posturas mais amigáveis dos governos em questão (tanto em relação ao livre comércio como ao governo dos Estados Unidos) nestes acordos se radicaliza a agenda neoliberal. Não só se vai além dos acordos da Organização Mundial de Comércio (OMC), mas inclusive do que estava previsto nas minutas da ALCA. A extraordinária disparidade entre as partes destas negociações se ilustra no conteúdo, por exemplo, dos capítulos sobre propriedade intelectual e agricultura do TLC andino, acordos que, se aprovados em sua versão atual, teriam impactos catastróficos sobre a saúde e a alimentação dos povos. O governo dos Estados Unidos exigiu o patenteamento de plantas e animais (definidos como invenções!), assim como de procedimentos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos. Reafirmando uma vez mais que considera mais importante os lucros de suas transnacionais farmacêuticas que a saúde pública, além de diversas medidas destinadas a impedir a utilização de medicamentos genéricos, o governo dos EUA exige que deixe de ter efeito a Declaração Relativa ao Acordo sobre ADPIC2 de Doha (2001), que autoriza certa flexibilidade na interpretação dos direitos de propriedade intelectual dos medicamentos e permite aos países membros da OMS “proteger sua saúde pública e, em particular, promover o acesso aos medicamentos para todos”. Nas negociações sobre agricultura o governo dos Estados Unidos exige a eliminação de todos os instrumentos de proteção e fomento agrícola utilizados pelos países andinos (faixas de preços, cotas de importação, etc), ao mesmo tempo em que se nega de forma categórica a sequer discutir seus opulentos subsídios agrícolas. Esta combinação não pode conduzir senão à devastação da agricultura andina, a solapar as condições da segurança alimentar e a expulsão de milhões de pessoas do campo.
Apesar da firme oposição popular e das massivas mobilizações das organizações sociais e políticas centroamericanas e andinas3, não foi possível até o momento frear estas negociações.
O Mercosul e a Comunidade Andina de Nações
Constituem hoje o Mercosul ou a Comunidade Andina de Nações (CAN) alternativas a este modelo de integração e desenvolvimento? A integração não pode ser pensada como algo diferente dos projetos nacionais, diferente das sociedades que se prefiguram no interior de cada Estado nação. Os projetos de integração do continente dependem dos processos políticos, das estruturas produtivas, das correlações de força existentes tanto global e regionalmente como no interior de cada um dos países participantes.
Os atuais projetos e práticas de integração na América Latina se dão com estruturas produtivas e condições políticas e ideológicas muito diferentes das existentes quando se debatia a integração latino-americana nos anos 60 e 70. Como resultado das ditaduras militares e da aplicação sistemática das políticas neoliberais de ajuste estrutural, estas sociedades mudaram profundamente tanto em sua estrutura produtiva como em seu tecido social. Como conseqüência da repressão, da desindustrialização e das reformas trabalhistas, o movimento sindical se encontra extraordinariamente reduzido e debilitado, e a maior parte dos novos empregos criados está no chamado setor informal. O peso dos empresários cuja produção se orientava prioritariamente ao mercado interno igualmente declinou. A propriedade da terra se encontra ainda mais concentrada que há três décadas. Os setores mais dinâmicos das economias do continente – os que têm igualmente hoje maior incidência política, maior capacidade de ter impacto sobre as políticas públicas – são os setores triunfantes destas transformações econômicas. São principalmente os grupos financeiros, dos serviços – como as telecomunicações – e os exportadores de produtos primários: no caso do Cone Sul, principalmente o setor agroindustrial. Estes setores estão controlados ou associados estreitamente com o capital transnacional, seus benefícios dependem da abertura econômica, da desregulamentação, das privatizações e do acesso aos mercados internacionais. Constituem as forças dinâmicas internas por trás das políticas do livre comércio.
O sentido comum do neoliberalismo hoje hegemônico e os interesses destes setores que acabaram beneficiados com as transformações políticas e da estrutura econômica produzidas nas ultimas três décadas, condicionam as orientações básicas dos projetos de integração que hoje são operados e negociados em todo o continente. É possível constatar inclusive que a razão fundamental pela qual os governos do Brasil e da Argentina colocaram uma resistência tão firme à ALCA teve a ver principalmente com o fato de que os benefícios que estes setores esperavam não estavam sendo garantidos suficientemente na negociação. Não se trata de desconhecer que estes governos não têm tido posições únicas e que têm existido tensões entre visões mais orientadas para o livre comércio e visões que reivindicam maior autonomia para impulsionar políticas públicas nacionais. Porém, e para além dos discursos, foi precisamente o fato de que a ALCA não garantia um maior acesso dos produtos da agroindústria do Mercosul ao mercado dos Estados Unidos, e que o governo deste país não estava disposto nem sequer a considerar a redução dos subsídios a sua produção agrícola, a verdadeira razão pela qual se travaram as negociações da ALCA.
O único governo participante nas negociações que formulou questionamentos conceituais, políticos e doutrinários fundamentais a cada uma das dimensões do modelo de integração proposto pelo governo dos Estados Unidos através da ALCA foi o da Venezuela.
São esses mesmos interesses que estão impulsionando as negociações do Mercosul com a União Européia. De acordo com denúncias formuladas pelas principais organizações sociais do Cone Sul4, em troca de um acesso limitado da agroindústria do Mercosul ao mercado da União Européia, os negociadores do Mercosul estão realizando concessões que teriam efeitos nocivos sobre a agricultura familiar, limitariam a capacidade dos Estados para ter políticas industriais autônomas, e converteriam em mercadorias áreas tão críticas como os chamados “serviços culturais” e “serviços ambientais”. Da mesma forma, seriam oferecidas preferências à União Européia para as compras do setor público. Não há razão alguma pela qual se possa supor que as transnacionais baseadas na Europa possam ter efeitos mais benéficos ou sejam menos surrupiadoras que as estadunidenses, nem para assumir que os governos europeus sejam menos agressivos na defesa dos interesses de suas corporações. Qualquer ilusão neste sentido foi desmentida com a recente crise argentina.
A Comunidade Sul-americana de Nações
Os governos da América do Sul celebram o que se denomina um novo momento histórico no continente, a realização do sonho de Bolívar: a criação da Comunidade Sul-americana de Nações. Poderá este acordo se converter efetivamente em um ponto de partida para novos projetos econômicos e geopolíticos alternativos aos modelos hegemônicos?
A retórica da Declaração de Cuzco, assinada pelos presidentes ou chanceleres de 12 países sul-americanos, parece apontar uma nova direção. Nela predomina uma linguagem diferente da prioritária do livre comércio que foi hegemônica durante os últimos anos. Partindo da “história compartilhada e solidária de nossas nações”, se reivindica “uma identidade sul-americana compartilhada e valores comuns, tais como: a democracia, a solidariedade, os direitos humanos, a liberdade, a justiça social, o respeito à integridade territorial, a diversidade, a não discriminação e a afirmação de sua autonomia, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica de controvérsias”. É reconhecido que não é suficiente o desenvolvimento econômico, e que são requeridas estratégias que junto a “uma consciência ambiental responsável e o reconhecimento de assimetrias no desenvolvimento de seus países, assegurem uma distribuição de renda mais justa e mais eqüitativa, o acesso a educação, a coesão e inclusão social, assim como a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável”.
É enfatizado um “compromisso essencial com a luta contra a pobreza, a eliminação da fome, a geração de emprego decente e o acesso de todos à saúde e à educação como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento dos povos”. No terreno internacional se apela aos “valores da paz e da segurança internacionais, a partir da afirmação da vigência do direito internacional e de um multilateralismo renovado e democrático que integre decididamente e de maneira eficaz o desenvolvimento econômico e social na agenda mundial”.
Desde o ponto de vista institucional, se afirma a Comunidade Sul-americana de Nações como um projeto que transcende uma área de livre comércio, sendo acordado que se vai “desenvolver um espaço sul-americano integrado no político, social, econômico, ambiental e de infra-estrutura que fortaleça a identidade própria da América do Sul e que contribua, a partir de uma perspectiva sub-regional e, em articulação com outras experiências de integração regional, ao fortalecimento da América Latina e do Caribe e que se outorgue uma maior gravitação e representação em fóruns internacionais”.
De acordo com o texto, se trata de um projeto de integração dos povos. É afirmado: “Nossa convicção no sentido que a realização dos valores e interesses compartilhados que nos unem, além de comprometer aos Governos, só encontrará viabilidade na medida que os povos assumam o papel protagonista que corresponde a eles neste processo. A integração sul-americana é e deve ser uma integração dos povos”.
Além dos temas cruciais que estão ausentes no texto, como o da dívida externa e das relações deste projeto com os acordos de livre comércio assinados ou em processo de negociação com os Estados Unidos ou a União Européia, pode se esperar que os atuais governos sul-americanos (os que assinam a Declaração de Cuzco) sejam conseqüentes com estas declarações de intenção? Trata-se de uma linguagem destinada ao público de galeria, ou é a expressão de uma nova vontade política dos governos sul-americanos?
Mais que descartar de antemão a Declaração de Cuzco como pura retórica e a decisão de criar a Comunidade Sul-americana de Nações como uma mera formalidade, é conveniente analisar este processo na potencialidade que poderia oferecer para se converter em um novo terreno de disputa e tensões entre diferentes visões e diferentes forças sociais em torno do futuro da América Latina. Os governos que assinaram a declaração (ou alguns deles) pretendem adequar as orientações de suas políticas públicas aos objetivos declarados da Comunidade Sul-americana de Nações?
O que é evidente é que existem contradições flagrantes entre os objetivos e metas formulados nesta declaração e o rumo principal que hoje as políticas públicas assumem na maioria dos países sul-americanos. Os objetivos formulados na Declaração de Cuzco não são, de modo algum, compatíveis com as políticas públicas e orientações econômicas que, graças à dívida externa, os organismos financeiros internacionais continuam impondo em todo o continente. Podem os movimentos sociais e políticos populares do continente aproveitar estas tensões para formular e impulsionar propostas contra hegemônicas?
Qual o sentido de os governos andinos que hoje negociam um TLC com os EUA, projeto que constitui uma severa ameaça à saúde, educação e meio ambiente de tais países, se comprometerem a garantir a saúde, a educação e a alimentação de seus povos, assim como a preservação do ambiente? Que sentido tem a reivindicação do direito a um emprego decente quando as políticas de abertura, privatização e desregulamentação, a desindustrialização, a flexibilidade do trabalho e as reformas da legislação trabalhista impulsionada por estes mesmos governos continuam deteriorando e precarizando sistematicamente as condições de emprego? Para que proclamar a autonomia e igualdade soberana dos Estados enquanto estão sendo negociados acordos comerciais que limitam cada vez mais o exercício da soberania? Por que falar da distribuição eqüitativa da renda, e da coesão e inclusão social, se a experiência confirma que as atuais políticas de predomínio dogmático do livre comércio não conduzem senão à desintegração social e ao aumento das desigualdades sociais? Que sentido tem destacar a importância da preservação do meio ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável se – como é evidente, por exemplo, no caso do Brasil – as atuais políticas de prioridade das exportações primárias orientadas a gerar um excedente na balança comercial para pagar a dívida externa requerem uma superexploração depredadora e não sustentável dos recursos naturais? Que tipo de infra-estrutura vai acompanhar este processo de integração? A prioridade continuará no investimento em infra-estrutura orientada a facilitar as exportações e consolidar o modelo de crescimento para fora, a economia de portos? Essa infra-estrutura colocará a Amazônia e seus recursos à disposição das empresas transnacionais?6.
Poderá, pelo contrário, ser dada prioridade às exigências de um desenvolvimento endógeno, de ampliação dos mercados internos continentais e da efetiva integração dos povos? Será possível avançar na direção de um modelo alternativo de integração quando está sendo incorporada à Comunidade Sul-americana de Nações, de forma acrítica, a base jurídica e normativa que o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações foram armando durante o último período de hegemonia neoliberal?
A retórica latinoamericanista, a reivindicação da soberania e da democracia, assim como dos direitos dos povos, poderia baixar a guarda dos movimentos sociais e políticos em torno das negociações entre os governos do continente enquanto se mantém uma atitude vigilante frente aos acordos negociados com potencias extracontinentais (ALCA, TLCs, Mercosul-UE). Não há, porém, nada na idéia de integração sul-americana que, em si mesma, por sua própria condição de ser latina ou sul-americana, seja necessariamente mais favorável aos interesses dos povos. Tudo depende, como foi assinalado no começo deste texto, dos modelos de integração em jogo. Com a Comunidade Sul-americana de Nações se abre um novo terreno de luta continental. O destino deste projeto de integração e a resposta à questão básica de poder ou não chegar a ser favorável aos interesses populares, mas que do conteúdo de seus textos constitutivos, dependerá do resultado das lutas sociais e políticas, da capacidade das forças populares para reverter as tendências políticas e econômicas hoje hegemônicas na maior parte do continente.
Será possível transformar a Comunidade Sul-americana de Nações em um novo terreno capaz de articular de forma efetiva as lutas dos povos do continente pela soberania, democracia, igualdade e pluralidade cultural? Poderá este novo projeto integrador jogar um papel na resistência à hegemonia imperial dos Estados Unidos?
São estes os novos objetivos e as novas questões com que se confronta, hoje, a luta popular latino-americana.

Notas

(1) Circulam, porém, rumores de acordo aos quais os co-presidentes da fase final das negociações da ALCA, o embaixador Robert Zoellick dos EUA e o Chanceler do Brasil, Celso Amorim, teriam previsto se reunir em janeiro de 2005 para explorar as possibilidades de um reinício das negociações. Enquanto estão absolutamente suspensas todas as negociações substantivas, continua a disputa entre as cidades candidatas a serem sede permanente do acordo.
(2) Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido por suas siglas em inglês: TRIPS.
(3) Ver, por exemplo, a declaração conjunta das quatro centrais de trabalhadoras colombianas: Declaração frente ao tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o tema trabalhista, Bogotá, 3 de dezembro de 2004. Na Rede Colombiana de Ação frente ao Livre Comércio (Recalca)
(4) Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”
(5) Declaração de Cuzco sobre a Comunidade Sul-americana de Nações, Cúpula Presidencial Sul-americana, Cuzco, 8 de dezembro de 2004. Os países signatários desta declaração são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela http://www.comunidadandina.org
(6) Decisões fundamentais para o futuro da América do Sul, com conseqüências a longo prazo para os modelos produtivos e de integração continental (energia, transporte, telecomunicações) estão sendo tomadas, fundamentalmente, a margem do debate público, no contexto do IIRSA, Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana, que tem sua origem na Primeira Cúpula dos Presidentes da América do Sul, realizada em Brasília no ano 2000, que agrupa os mesmos 12 países que acordaram a criação da Comunidade Sul-americana de Nações. Está previsto que seus projetos sejam financiados pelos governos, o setor privado e instituições financeiras multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF), o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Cuenca Del Plata (FONPLATA) e o Banco Mundial. O discurso de Enrique Inglesias nesta cúpula presidencial deve servir como um chamado de alerta com relação ao tipo de projeto de infra-estrutura ao qual estes organismos financeiros dão prioridade. A concepção da integração que defende o BID aparece sintetizada nos seguintes termos: “A integração regional é sempre uma tarefa desafiante, e os primeiros esforços da América Latina e Caribe nos anos do pós-guerra encontraram obstáculos muito importantes. Felizmente, alguns destes obstáculos tradicionais foram substancialmente superados nos últimos anos. O processo de reforma das estruturas econômicas nos países da América Latina e do Caribe, que o Banco vem apoiando ativamente, fez com que nossas economias sejam mais receptivas à integração regional, a partir de condições macroeconômicas mais estáveis, a abertura unilateral de nossas economias, a redução da intervenção direta estatal nos mercados e um ambiente mais favorável à iniciativa privada”.
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=8&pageMs=10180
Edgardo Lander, ADITAL
La Comunidad Sudamericana de Naciones
 
Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?
 
La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos5, parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros. Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”. Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.
 
Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.
 
Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.
 
De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.
 
Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?
 
Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?
 
Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?
 
¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?
 
La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego. Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.
 
¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?
 
Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.
 
 
Notas
 
5 Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela
 
6 Decisiones fundamentales para el futuro de Sudamérica, con consecuencias a largo plazo para los modelos productivos y de integración continental (energía, transporte, telecomunicaciones), están siendo tomadas, en lo fundamental, al margen del debate público, en el contexto del IIRSA, Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana, que tiene su origen en la Primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada Brasilia en el año 2000, y que agrupa a los mismos 12 países que han acordado la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Está previsto que sus proyectos sean financiados por los gobiernos, el sector privado e instituciones financieras multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Mundial. El discurso de Enrique Iglesias en dicha cumbre presidencial debe servir de llamado de alerta respecto al tipo de proyecto de infraestructura al cual estos organismos financieros le otorgarán prioridad. La concepción de la integración que defiende el BID aparece sintetizada en los siguientes términos: “La integración regional es siempre una tarea desafiante, y los primeros esfuerzos de América Latina y el Caribe en los años de posguerra encontraron obstáculos muy importantes. Afortunadamente, algunos de estos obstáculos tradicionales han sido sustancialmente superados en años más recientes. El proceso de reforma de las estructuras económicas en los países de América Latina y el Caribe, que el Banco viene apoyando activamente, ha hecho que nuestras economías sean más receptivas a la integración regional, a partir de condiciones macroeconómicas más estables, la apertura unilateral de nuestras economías, la reducción de la intervención directa estatal en los mercados y un ambiente más favorable a la iniciativa privada” http://www.caf.com/view/index.asp?ms=8&pageMs=10180
[1] El presente artículo fue publicado en el Nº 15 de la revista OSAL (Observatorio Social de América Latina), CLACSO, Buenos Aires.
Edgardo Lander es socio del Transnational Institute y Profesor de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela

Se agrava la crisis del bloque subregional por la firma de acuerdos con EEUU

El presidente Evo Morales Ayma acusó ayer al secretario general de la Comunidad Andina (CAN), cheap Allan Wagner, de “jugarle sucio a Bolivia”. También señaló que el presidente de Perú, tadalafil Alejandro Toledo, traiciona a los pueblos indígenas, y que los tratados de libre comercio (TLC), que Colombia y Perú suscribieron con Estados Unidos, destrozan el bloque de integración subregional.

El Primer Mandatario denunció que Wagner no quiso habilitar a la delegación boliviana para que participe en una reunión realizada en Lima, Perú, con el propósito de analizar la crisis que atraviesa el bloque andino. “Ésta es una zancadilla que hicieron los tres países a la cabeza del señor Allan Wagner”.

También aseguró que el ex canciller Antonio Araníbar
—que funge desde el 3 de mayo de 2005 como director general del bloque— “no realizó gestiones para que la delegada boliviana participe en el encuentro en Lima”.

Estas declaraciones fueron hechas durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno después de que Venezuela formalizara ante la Secretaría General de la Comunidad Andina su decisión de retirarse del Acuerdo de Cartagena.

El retiro venezolano obedece al cierre de las negociaciones del TLC entre Colombia y Perú con el país del norte.

Morales recordó que el TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos representará la pérdida gradual del mercado colombiano para la soya boliviana.

En 2007, cuando rija el acuerdo entre estos países, el 40 por ciento de las exportaciones de oleaginosas nacionales resultará afectada.
En Ecuador está pendiente la reanudación de conversaciones luego de un intento de cierre hace dos semanas.

Bolivia se mantiene al margen del TLC porque sólo está dispuesta a negociar el denominado Tratado de Comercio de los Pueblos a fin de preservar los intereses y los empleos de los países latinoamericanos .

“Lamento mucho que el TLC destroce la CAN y que algunos presidentes negocien intereses de las oligarquías”, afirmó el Presidente.

Arremetió también contra el mandatario de Perú, Alejandro Toledo, al que llamó “traidor” por firmar un acuerdo con Estados Unidos.
“Puedo entender que el presidente colombiano Uribe negocie (el tratado porque) conocemos de dónde viene, pero no se puede creer de Toledo, que dice que representa a los pueblos indígenas, pero los traiciona”.

Las dudas de Morales

En junio, Morales debe asumir la Presidencia Pro Témpore del organismo andino, que actualmente está a cargo del gobernante venezolano.

Sin embargo, el Jefe de Estado expresó sus dudas entre salvar a la Comunidad Andina o potenciar la Comunidad Sudamericana de Naciones, para darle un mejor destino a la región.

El acuerdo nació el 9 de diciembre de 2004 en la ciudad peruana de Cuzco y está formada por los miembros de la Comunidad Andina integrada por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

El ex cónsul de Bolivia en Chile Víctor Rico explicó que, en 1997, Perú anunció su marginación del Acuerdo de Cartagena.

En aquella oportunidad, Bolivia instó a la comunidad para que se agoten todos los espacios de negociación que permitan revertir tal determinación.
“Nuestro país ejercía la Presidencia Pro Témpore y realizó intensas gestiones reservadas y públicas”, explicó.

En junio de 1997, en la Reunión del Consejo Ampliado de Cancilleres se logró revertir la decisión de Perú.

Los cinco andinos suscribieron en 1969 el Acuerdo de Cartagena para fomentar la cooperación subregional y establecer la unión aduanera en diez años.

Chile abandonó el pacto en octubre de 1976, tras un alejamiento paulatino iniciado en 1973.

Bolivia es suscriptora del Acuerdo de Cartagena que dio lugar al Pacto Subregional Andimo en 1969, reconvertido en Comunidad Andina desde julio de 1997.

En este marco, el país es parte de la zona de libre comercio perfeccionada en 1992.

El presidente Evo Morales Ayma acusó ayer al secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Allan Wagner, de “jugarle sucio a Bolivia”. También señaló que el presidente de Perú, Alejandro Toledo, traiciona a los pueblos indígenas, y que los tratados de libre comercio (TLC), que Colombia y Perú suscribieron con Estados Unidos, destrozan el bloque de integración subregional.
El Primer Mandatario denunció que Wagner no quiso habilitar a la delegación boliviana para que participe en una reunión realizada en Lima, Perú, con el propósito de analizar la crisis que atraviesa el bloque andino. “Ésta es una zancadilla que hicieron los tres países a la cabeza del señor Allan Wagner”.
También aseguró que el ex canciller Antonio Araníbar
—que funge desde el 3 de mayo de 2005 como director general del bloque— “no realizó gestiones para que la delegada boliviana participe en el encuentro en Lima”.
Estas declaraciones fueron hechas durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno después de que Venezuela formalizara ante la Secretaría General de la Comunidad Andina su decisión de retirarse del Acuerdo de Cartagena.
El retiro venezolano obedece al cierre de las negociaciones del TLC entre Colombia y Perú con el país del norte.
Morales recordó que el TLC suscrito entre Colombia y Estados Unidos representará la pérdida gradual del mercado colombiano para la soya boliviana.
En 2007, cuando rija el acuerdo entre estos países, el 40 por ciento de las exportaciones de oleaginosas nacionales resultará afectada.
En Ecuador está pendiente la reanudación de conversaciones luego de un intento de cierre hace dos semanas.
Bolivia se mantiene al margen del TLC porque sólo está dispuesta a negociar el denominado Tratado de Comercio de los Pueblos a fin de preservar los intereses y los empleos de los países latinoamericanos .
“Lamento mucho que el TLC destroce la CAN y que algunos presidentes negocien intereses de las oligarquías”, afirmó el Presidente.
Arremetió también contra el mandatario de Perú, Alejandro Toledo, al que llamó “traidor” por firmar un acuerdo con Estados Unidos.
“Puedo entender que el presidente colombiano Uribe negocie (el tratado porque) conocemos de dónde viene, pero no se puede creer de Toledo, que dice que representa a los pueblos indígenas, pero los traiciona”.
Las dudas de Morales
En junio, Morales debe asumir la Presidencia Pro Témpore del organismo andino, que actualmente está a cargo del gobernante venezolano.
Sin embargo, el Jefe de Estado expresó sus dudas entre salvar a la Comunidad Andina o potenciar la Comunidad Sudamericana de Naciones, para darle un mejor destino a la región.
El acuerdo nació el 9 de diciembre de 2004 en la ciudad peruana de Cuzco y está formada por los miembros de la Comunidad Andina integrada por Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.
El ex cónsul de Bolivia en Chile Víctor Rico explicó que, en 1997, Perú anunció su marginación del Acuerdo de Cartagena.
En aquella oportunidad, Bolivia instó a la comunidad para que se agoten todos los espacios de negociación que permitan revertir tal determinación.
“Nuestro país ejercía la Presidencia Pro Témpore y realizó intensas gestiones reservadas y públicas”, explicó.
En junio de 1997, en la Reunión del Consejo Ampliado de Cancilleres se logró revertir la decisión de Perú.
Los cinco andinos suscribieron en 1969 el Acuerdo de Cartagena para fomentar la cooperación subregional y establecer la unión aduanera en diez años.
Chile abandonó el pacto en octubre de 1976, tras un alejamiento paulatino iniciado en 1973.
Bolivia es suscriptora del Acuerdo de Cartagena que dio lugar al Pacto Subregional Andimo en 1969, reconvertido en Comunidad Andina desde julio de 1997.
En este marco, el país es parte de la zona de libre comercio perfeccionada en 1992.

Jean Grugel

New forms of regionalism are now a central element in global governance. It is sometimes suggested that new regionalism represents an opportunity for transnational civil society activism. I explore this argument through a comparison of processes of collective action in two emerging frames of regionalism governance in the Americas, the FTAA/Summit of the Americas and Mercosur. I show that, physician while civil society activism has regionalized to some extent in relation to both hemispheric regionalism and sub-regionalism, seek this process is far more marked in the former. I suggest, further, that the influence of civil society actors in regionalist governance in the Americas is extremely limited. This is due to persistent institutional barriers to inclusion, the practical obstacles for many groups of scaling up to the regional/transnational level and the particular difficulties associated with accessing trade-based negotiations.
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