Democratic Alternatives to Poverty and Precariousness in Europe: Full Employment with Good Work, Strong Public Services, and International Cooperation

The adoption of the new „Reform Treaty“ for the EU comes at a time of financial crisis, enhanced economic uncertainty and rising social inequality. Additional risks arise from the precarious situation in the areas of energy use and climate change and from mounting imbalances in the world economy. The new Treaty will not enable the EU to master these problems and challenges. On the contrary it will strengthen the neo-liberal policy framework which has contributed to the critical situation.
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El ALBA – Un nuevo Amanecer?

Manuel Alberto RamyProgreso Weekly
There are some human, price social and political events that go beyond the necessary, temporary conventions. They are not left behind
after the last stroke of the midnight bell on Dec. 31; because of their importance, they refuse to become the past, to become dead
events. Furthermore, they burst into the new calendar with vigor, displaying their various facets. One of those events is the series
of accords reached between the Bolivarian Republic of Venezuela and the Republic of Cuba.
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(Revista Punto Final de Chile).- El proceso de globalización comercial, que tiene sus referentes institucionales en las negociaciones multilaterales que se desarrollan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en las bilaterales a través de los múltiples tratados de libre comercio, unhealthy ha comenzado a expresar sus efectos. No sólo distan de los iniciales y grandilocuentes anuncios de sus impulsores, decease sino que se acercan a las proyecciones más lúgubres realizadas por sus detractores. El proceso mundial de liberalización comercial, que incluye la apertura de los mercados y de los servicios públicos, aun cuando ha logrado generar más intercambio y riqueza, ha conseguido que aumenten las desigualdades en la distribución de la riqueza a niveles que hoy resultan intolerables e inocultables.

Tanto así, que cuando Pascal Lamy, director general de la OMC, estuvo en Santiago en marzo pasado, admitió que la globalización no ha conducido a los resultados esperados. La ruptura Norte-Sur y la brecha entre ricos y pobres al interior de algunas naciones tendría dimensiones siderales.

Al hablar de aumento de las desigualdades vemos que éstas toman cuerpo tanto al interior de los países como entre los países. En Chile, que ha sido calificado como “el laboratorio del neoliberalismo” por ser uno de los pioneros en abrir sus mercados y en traspasar sus servicios públicos al sector privado transnacionalizado, el proceso de globalización comercial ha logrado generar enormes riquezas, que se han concentrado en un grupo pequeño de actores económicos. Como efecto de este fenómeno, tenemos que la desigualdad en la distribución de los ingresos alcanza un hito histórico en nuestra economía.

La globalización comercial no sólo es apertura de mercados, sino apertura de los servicios, de inversiones y de todas las áreas potencialmente comerciales, como la salud y la educación, los recursos naturales o el conocimiento ancestral de los pueblos. Cuando un país accede a este tipo de tratados, lo que también hace es abrir su economía al gran capital que, bajo la ley del libre mercado, será de una u otra forma operada para la rentabilidad de ese gran capital. Sin regulaciones nacionales de por medio -de hecho, la apertura significa la renuncia a las normativas y reglas nacionales- toda la economía estará guiada por la ley del más fuerte. Los efectos de este trance son, en nuestras latitudes, un modelo de economía basada en la extracción de recursos naturales, los monocultivos, la pérdida de derechos, como a la salud o la educación, y la privatización y mercantilización de prácticamente todas las áreas de la vida pública.

América Latina vive desde hace ya varios años una fuerte presión para abrir sus mercados, especialmente por la vía bilateral por parte de Estados Unidos. Aun cuando el gran proyecto del Imperio por crear el Alca (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) no consiguió avanzar gracias a la oposición de los actuales gobiernos de Venezuela, Argentina y, principalmente, del gigante regional que es Brasil, la insistencia y la gula norteamericana han logrado que numerosos países pequeños -y no tan pequeños- suscribieran, o estén en vías de hacerlo, tratados de libre comercio. Allí tenemos el Cafta, con las pequeñas economías centroamericanas, así como los acuerdos suscritos o en vías de suscribirse con países andinos como Colombia, Perú y Ecuador. Con anterioridad México suscribió el Nafta, con efectos que han sido desastrosos y, ni hace falta recordarlo, también está Chile.

¿Es posible quedar al margen del proceso de globalización? En cierto modo, parece que no es posible quedar aislado y cada vez más debilitado ante el creciente poder que adquieren otros actores, como los grandes bloques económicos y las transnacionales. Pero es posible entrar en un proceso si no de globalización per se, sí de integración entre pares, lo que significa avanzar hacia una integración entre economías similares que apunten hacia la conformación de bloques capaces de negociar con más poder ante otros actores económicos.

Esta es la tensión que vive en estos días Sudamérica. Junto al atropello del gran capital transnacional, aceptado por los países que ya han suscrito un TLC con Estados Unidos, es posible observar otro proceso, que avanza hacia la integración regional de economías a veces similares o a veces complementarias, que apuntan a un desarrollo de los países sobre sus bases productivas. Se trata de un curso que no es nuevo, pero que hoy presenta serias complicaciones. Lo que vemos con la crisis del Mercosur o de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una señal de que la integración es necesaria pero sobre otras bases. La integración apoyada en el acceso a mercados, que es exclusivamente comercial, conduce inevitablemente a conflictos.

El cada vez más serio problema entre Uruguay y Argentina por la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa es un claro ejemplo de cómo los intereses nacionales estimulados por las grandes corporaciones prevalecen sobre otro tipo de intereses, como es el impostergable desarrollo de nuestros pueblos. Y algo parecido ha sucedido en la CAN, que indudablemente perderá sus características de comunidad regional al estar tres de sus miembros obligados a abrir sus economías a un nuevo diseño trazado por las grandes empresas. Bajo estos TLC, basados en el libre mercado que controlan los grandes consorcios mundiales, es imposible pensar en una estrategia de integración regional. Como dijo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, los TLC con Estados Unidos no integran, sino que desintegran.

El proyecto venezolano de integración, la Alternativa Bolivariana para la América (Alba), que conforman Venezuela y Cuba, cuenta desde el 30 de abril con Bolivia como nuevo miembro. Bolivia, que ya había recibido la “invitación” de Washington para negociar un TLC, replicó con un TCP, o un Tratado de Comercio de los Pueblos, iniciativa de Evo Morales que ha sido un diplomático portazo al convite norteamericano. Lo que Morales ha planteado es la necesidad de integración, pero entre economías similares; un tratado que favorezca la producción y el desarrollo, no un convenio diseñado por las multinacionales. El 1º de mayo, el presidente boliviano dio otro paso de enorme importancia, al firmar el decreto que nacionaliza los hidrocarburos.

Morales ha llevado su propuesta al Alba, que está inspirada por estos mismos principios: un intercambio hecho desde las bases productivas, que promueva el desarrollo y la calidad de vida. Una propuesta basada en las verdaderas necesidades de las naciones sudamericanas, las que comienzan por la reducción de la pobreza y de las escandalosas desigualdades.

El Alba ha puesto los bueyes delante de la carreta, y no a la inversa, como los acuerdos hechos sobre el acceso a mercados. La inspiración de este tratado, aun cuando estimula el comercio, se encamina hacia la satisfacción de nuestras más urgentes necesidades, como son las sociales. Y en este sentido, de cierta manera está inspirado en el proceso de fundación de la Unión Europea, cuyos orígenes no estuvieron en un criterio puramente mercantil, sino también político y cultural. El proceso de integración europea surgió también de la necesidad de poner fin a décadas de violencia e intolerancia. Su eje central fue la búsqueda de un camino que condujera hacia la paz. En nuestro caso, sin grandes conflictos nacionales que resolver, aunque los chilenos y bolivianos sabemos bien cuál es la tarea pendiente, nuestro centro, nuestro eje, es también nuestro dolor: la pobreza y la desigualdad. Una tarea que no se resolverá sólo con más mercados, y menos con las inversiones multinacionales. Es una labor que tendrá que ser impulsada con una voluntad política de integración regional sobre la base de la solidaridad.

(Revista Punto Final de Chile).- El proceso de globalización comercial, que tiene sus referentes institucionales en las negociaciones multilaterales que se desarrollan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en las bilaterales a través de los múltiples tratados de libre comercio, ha comenzado a expresar sus efectos. No sólo distan de los iniciales y grandilocuentes anuncios de sus impulsores, sino que se acercan a las proyecciones más lúgubres realizadas por sus detractores. El proceso mundial de liberalización comercial, que incluye la apertura de los mercados y de los servicios públicos, aun cuando ha logrado generar más intercambio y riqueza, ha conseguido que aumenten las desigualdades en la distribución de la riqueza a niveles que hoy resultan intolerables e inocultables.
Tanto así, que cuando Pascal Lamy, director general de la OMC, estuvo en Santiago en marzo pasado, admitió que la globalización no ha conducido a los resultados esperados. La ruptura Norte-Sur y la brecha entre ricos y pobres al interior de algunas naciones tendría dimensiones siderales.
Al hablar de aumento de las desigualdades vemos que éstas toman cuerpo tanto al interior de los países como entre los países. En Chile, que ha sido calificado como “el laboratorio del neoliberalismo” por ser uno de los pioneros en abrir sus mercados y en traspasar sus servicios públicos al sector privado transnacionalizado, el proceso de globalización comercial ha logrado generar enormes riquezas, que se han concentrado en un grupo pequeño de actores económicos. Como efecto de este fenómeno, tenemos que la desigualdad en la distribución de los ingresos alcanza un hito histórico en nuestra economía.
La globalización comercial no sólo es apertura de mercados, sino apertura de los servicios, de inversiones y de todas las áreas potencialmente comerciales, como la salud y la educación, los recursos naturales o el conocimiento ancestral de los pueblos. Cuando un país accede a este tipo de tratados, lo que también hace es abrir su economía al gran capital que, bajo la ley del libre mercado, será de una u otra forma operada para la rentabilidad de ese gran capital. Sin regulaciones nacionales de por medio -de hecho, la apertura significa la renuncia a las normativas y reglas nacionales- toda la economía estará guiada por la ley del más fuerte. Los efectos de este trance son, en nuestras latitudes, un modelo de economía basada en la extracción de recursos naturales, los monocultivos, la pérdida de derechos, como a la salud o la educación, y la privatización y mercantilización de prácticamente todas las áreas de la vida pública.
América Latina vive desde hace ya varios años una fuerte presión para abrir sus mercados, especialmente por la vía bilateral por parte de Estados Unidos. Aun cuando el gran proyecto del Imperio por crear el Alca (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) no consiguió avanzar gracias a la oposición de los actuales gobiernos de Venezuela, Argentina y, principalmente, del gigante regional que es Brasil, la insistencia y la gula norteamericana han logrado que numerosos países pequeños -y no tan pequeños- suscribieran, o estén en vías de hacerlo, tratados de libre comercio. Allí tenemos el Cafta, con las pequeñas economías centroamericanas, así como los acuerdos suscritos o en vías de suscribirse con países andinos como Colombia, Perú y Ecuador. Con anterioridad México suscribió el Nafta, con efectos que han sido desastrosos y, ni hace falta recordarlo, también está Chile.
¿Es posible quedar al margen del proceso de globalización? En cierto modo, parece que no es posible quedar aislado y cada vez más debilitado ante el creciente poder que adquieren otros actores, como los grandes bloques económicos y las transnacionales. Pero es posible entrar en un proceso si no de globalización per se, sí de integración entre pares, lo que significa avanzar hacia una integración entre economías similares que apunten hacia la conformación de bloques capaces de negociar con más poder ante otros actores económicos.
Esta es la tensión que vive en estos días Sudamérica. Junto al atropello del gran capital transnacional, aceptado por los países que ya han suscrito un TLC con Estados Unidos, es posible observar otro proceso, que avanza hacia la integración regional de economías a veces similares o a veces complementarias, que apuntan a un desarrollo de los países sobre sus bases productivas. Se trata de un curso que no es nuevo, pero que hoy presenta serias complicaciones. Lo que vemos con la crisis del Mercosur o de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una señal de que la integración es necesaria pero sobre otras bases. La integración apoyada en el acceso a mercados, que es exclusivamente comercial, conduce inevitablemente a conflictos.
El cada vez más serio problema entre Uruguay y Argentina por la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa es un claro ejemplo de cómo los intereses nacionales estimulados por las grandes corporaciones prevalecen sobre otro tipo de intereses, como es el impostergable desarrollo de nuestros pueblos. Y algo parecido ha sucedido en la CAN, que indudablemente perderá sus características de comunidad regional al estar tres de sus miembros obligados a abrir sus economías a un nuevo diseño trazado por las grandes empresas. Bajo estos TLC, basados en el libre mercado que controlan los grandes consorcios mundiales, es imposible pensar en una estrategia de integración regional. Como dijo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, los TLC con Estados Unidos no integran, sino que desintegran.
El proyecto venezolano de integración, la Alternativa Bolivariana para la América (Alba), que conforman Venezuela y Cuba, cuenta desde el 30 de abril con Bolivia como nuevo miembro. Bolivia, que ya había recibido la “invitación” de Washington para negociar un TLC, replicó con un TCP, o un Tratado de Comercio de los Pueblos, iniciativa de Evo Morales que ha sido un diplomático portazo al convite norteamericano. Lo que Morales ha planteado es la necesidad de integración, pero entre economías similares; un tratado que favorezca la producción y el desarrollo, no un convenio diseñado por las multinacionales. El 1º de mayo, el presidente boliviano dio otro paso de enorme importancia, al firmar el decreto que nacionaliza los hidrocarburos.
Morales ha llevado su propuesta al Alba, que está inspirada por estos mismos principios: un intercambio hecho desde las bases productivas, que promueva el desarrollo y la calidad de vida. Una propuesta basada en las verdaderas necesidades de las naciones sudamericanas, las que comienzan por la reducción de la pobreza y de las escandalosas desigualdades.
El Alba ha puesto los bueyes delante de la carreta, y no a la inversa, como los acuerdos hechos sobre el acceso a mercados. La inspiración de este tratado, aun cuando estimula el comercio, se encamina hacia la satisfacción de nuestras más urgentes necesidades, como son las sociales. Y en este sentido, de cierta manera está inspirado en el proceso de fundación de la Unión Europea, cuyos orígenes no estuvieron en un criterio puramente mercantil, sino también político y cultural. El proceso de integración europea surgió también de la necesidad de poner fin a décadas de violencia e intolerancia. Su eje central fue la búsqueda de un camino que condujera hacia la paz. En nuestro caso, sin grandes conflictos nacionales que resolver, aunque los chilenos y bolivianos sabemos bien cuál es la tarea pendiente, nuestro centro, nuestro eje, es también nuestro dolor: la pobreza y la desigualdad. Una tarea que no se resolverá sólo con más mercados, y menos con las inversiones multinacionales. Es una labor que tendrá que ser impulsada con una voluntad política de integración regional sobre la base de la solidaridad.

Esperanza Martínez – OILWATCH

Alba que trae la luz, prescription treatment no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la tierra. El Movimiento Sin Tierra en Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, site el movimiento zapatista en México, entre otros.

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Ame?ricas).

La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.

Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para sostener su modelo agroindustrial y de sobre- consumo energético.

Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del neoliberalismo. Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión colonial.

El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973)
Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578)

La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la segunda hace frente a la agresión colonizadora.

El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo cuando se habla de integración.

América Latina: exportar energía e importar alimentos

América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas: papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países industrializados.

Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6 millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655 mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10 millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil[1]. La diferencia la exporta justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8 billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el 2001 a 135.6 en el 2005.

La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”[2].

El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.

Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y el Caribe.

Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7% en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.

El ALCA, el IRSA, y el PPP

Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América, como son el TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.

Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad, su trabajo sea cada vez más barato.

Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como son el TLCAN, el CAFTA, el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú.

Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores de oleoductos, gasoductos, y mineroductos, que comunican los centros de extracción con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores hacen posible el acceso y control de los recursos naturales: energéticos, minerales y de biodiversidad y agua.

Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas, y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la producción agrícola.

La integración desde el ALBA

En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de bienes agri?colas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el desmantelamiento del ALCA.

Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un preocupante silencio en relación a las transnacionales.

Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como nacionales.

Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.

En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el avance en la construcción de la carretera”.[3]

El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban, en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225 kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica”[4].

En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo era fomentar el libre comercio.

Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.

Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.

Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región, atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e incendios son inevitables.

Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.

Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.

Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.

¿Qué pasa en el mundo petrolero?

Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades, tampoco es factible hablar de redistribución de riquezas y es finalmente una fuente de destrucción de territorios y riquezas naturales.

Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos como se ha ido privatizando el negocio petrolero:

– En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.

– En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.

Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fuentes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.

– En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.

En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.

– En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.

– La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.

– El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor capacidad adquisitiva.

– La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.

Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.

– La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control, veeduría o auditoría.

¿Es posible la soberanía energética?

En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.

Pero la disyuntiva “privatización – soberanía”, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?

La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las comunidades y sus territorios.

Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses trasnacionales o de elites nacionales.

Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.

La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:

· Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.

· Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.

· No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.

La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.

Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente

Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un agenda de unidad regional.

Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos, diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.

Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se subrayan de forma cada vez más letal.

No hay oscuridad más profunda que la que precede al alba. Los mitos indígenas que hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

[1] BP. Statistical Review of World Energy. June 2006)
[2] George W. Bush, julio de 2001, en informe de Jean Ziegler, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación
[3] http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=6731
[4]http://www.minci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10530

Making ASEAN relevant

Jenina Joy Chavez?, visit Focus on the Global South
The number of migrant labor in the ASEAN, approved predominant in low-skilled work and many of whom are undocumented, reaches two-three million workers in the big receiving countries of Thailand and Malaysia alone. Increased FDI flows are also associated with greater movements of professional and skilled workers within the ASEAN region, but it is the movement of low- and unskilled workers that needs greater attention. Trade and investment liberalization in the region prompts restructuring across industries and employment sectors, giving rise to race-to-the-bottom issues. Such restructuring highlights further the importance of treating migration as integral rather than separate from labor and general social protection issues.
The establishment of regional agreements on social protection and integration, with particular focus on migration and labor standards, will not only help increase the profile of ASEAN among ordinary citizens and facilitate its socialization but will recognize the economic nature of migration in the region. Mechanisms, though limited, are in place within the region to push for this agenda –from the opportunities provided by Track II discussions to regional coalition building – the challenge lies in making the issue an active concern in official ASEAN agenda. Given that intra-ASEAN trade lags behind ASEAN trade with big economies like China, South Korea and Japan, and that these countries receive a substantial number of ASEAN migrant labor, expansion of the agenda to include them is imperative and provides relevant confidence building opportunities towards the formation of an East Asian Community.
>download the Charter (PDF)
Jenina Joy Chavez
Over the weekend (January 13 and 14, purchase 2007) the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) held its 12th Summit in Cebu City, after a controversial postponement in December last year.
The Summit produced some significant agreements. These include the Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services, which makes it possible for nurses with at least three years of experience in their home countries to practice in other ASEAN countries without having to go through additional licensing requirements; the Declaration on the Protection of the Rights of Migrant Workers, which, albeit limited, at last recognizes the contributions and needs of migrant workers in the region; and the blueprint for the proposed ASEAN Charter that seeks to formalize rules of engagement in the regional body. ASEAN Leaders are hopeful that initiatives like these will bring it closer to the dream of an ASEAN Community and the ambition of a single market by 2020.
But while ASEAN is nearing its 40th year, it remains government-centered and involves highly specialized groups and business lobby, making it vague, inaccessible and unresponsive to citizens of the region. This is unfortunate because there are clear economic, political and social concerns that require a regional response.
First, ASEAN countries face common problems. Security and the impact of counter-terrorism on the people, health problems like the avian flu and the spread of HIV/AIDS, environmental problems like the haze from Malaysia and Indonesia affecting neighboring countries, intra-ASEAN migration, and contending claims in the South China Sea are just among the many issues shared in the region.
Second, international capital sees ASEAN as a region. The contagion that spread during the 1997 financial crisis showed that capital was running away from the region, not just from specific countries, despite attempts by countries (the Philippines included) to differentiate themselves from the others. Many corporations, particularly Northeast Asian ones, are vertically and horizontally integrated within the region. The many regional initiatives are now designed precisely to pave ease of operation for the regionally integrated corporate set up.
Third, ASEAN countries need to act in concert in multilateral forums by supporting common positions. It can take its cue from the African Union and the European Union, which are known to submit common positions in negotiating bodies like the World Trade Organization (WTO). Rarely have ASEAN countries come together on a single position. In the WTO it was only to support Supachai Panitchpakdi’s bid for the post of Director General in 2002. It was not able to come to the aid of fellow member Cambodia in its accession process. Cambodia ended up having to offer more than existing members offered initially, and giving up many of the flexibilities allowed for least developed countries.
Fourth, regional mechanisms for redress are urgently needed, particularly in the area of human rights, to counterbalance state-sponsored violence against the people especially in countries that do not have national human rights mechanisms. Despite its years, ASEAN has yet to develop a regional practice in human rights the way other regional groups like the African Union, the Organization of American States and Europe have.
The ASEAN has failed to substantially address these concerns. Despite many glitzy declarations, it lacks teeth for effective implementation. It operates on the limited economic paradigm of trade liberalization and opening up of markets. This is partly a result of its inability to plan with the people and its failure to include citizens’ participation.
To be truly relevant, it is crucial that ASEAN now highlight cooperation as a framework for the community-building process. ASEAN trade and economic agreements are designed in favor of facilitating competition through clear rules and institutional reforms. In trade it is limited to the abolition of tariffs and opening up of markets, and using regional agreements to leverage other agreements with countries outside of the region. The preferential nature of the ASEAN Free Trade Area (AFTA), for instance, has been eroded by ASEAN members’ compulsion to sign free trade and economic partnership agreements left and right. As of September 2006, ASEAN members were involved in a total of 128 free trade agreements, 48 of which had already been signed or are under implementation. All these agreements have targets and completion dates that approximate AFTA’s own targets and dates.
It is high time that ASEAN went beyond trade liberalization and opening up as the main vehicle for integration. Instead it should reconsider cooperation as a framework of integration. There is a big need for, and hence huge opportunities offered by, cooperation in technology, education, infrastructure, movement of labor (both skilled and unskilled), and the creation of complementarity by encouraging regional production planning. ASEAN should be able to embark on mutually beneficial regional projects, like catch-up cooperative schemes and new development finance to assist poorer, newer members especially as well as older members address income and access gaps within their countries. ASEAN should be a source of an alternative economic model for the region, drawing from the successful lessons of say, Vietnam, Malaysia ands even Singapore, which have used patently heterodox policy.
ASEAN would be able to develop constituencies for an ASEAN Community by looking at and addressing the repercussions of liberalization and the impact of regional integration. Automatic review clauses should be included in all its agreements, to enable members to assess whether such agreements benefit their citizens as hoped, and create flexibilities that will enable them to address the negative impacts. Comprehensive agreements must directly benefit the broadest segments of the population. A regional labor and social protection charter is a useful first step.
On the socio-political front, it is globally recognized that human rights and democracy are most urgent concerns for ASEAN to address. The people of the region face continued repression and insecurity caused by, among others, the surge in political killings and the rollback of democratic space in the Philippines; the lack of media freedom in many countries such as Malaysia and Singapore; the military dictatorship and impunity in Burma; the return of military adventurism in Thailand without a clear plan for the return of civilian supremacy; and the failure to justly address the roots of persisting internal conflicts in areas like Aceh and Irian Jaya. To earn the confidence of and gain credibility from its own citizens, ASEAN must clearly embrace the principles of human rights and democracy, and immediately create a regional human rights body for the monitoring and redress of abuses.
Finally, ASEAN should involve people’s participation in all its processes. It should systematically harness civil society input the same way that the business sector through the ASEAN Business Advisory Council is included in its processes. A community can never be complete without the people.
(This paper appeared in the Yellow Pad column of the Business World on January 15, 2007.)


Jenina Joy Chavez is a member of the steering committee of the Solidarity for Asian People’s Advocacy (SAPA). She is the Philippine program coordinator of the Focus on the Global South and the treasurer of Action for Economic Reforms.

Que integração regional?

Jean Pierre Leroy com a colaboração de Marcelo Achkar

I. As integrações em curso

Quais são os significados da Integração regional no contexto atual, rx recipe o de cada país, da região e do mundo? Levando em conta os múltiplos interesses que atravessam o debate e as iniciativas em curso, aparecem várias ambigüidades e contradições que impedem de simplificar a questão.

A integração está sendo imposta no contexto econômico global que leva à abertura indiscriminada das economias locais, com a presença crescente de multinacionais, à privatização das empresas públicas e, ainda em curso, à privatização dos serviços que eram públicos, à liberdade de movimentação do capital financeiro. A integração entendida assim tende a nivelar por baixo direitos trabalhistas, sociais e ambientais dos países envolvidos e a criar um ambiente político e econômico que permite às firmas transnacionais se mover na região exclusivamente em função dos seus interesses.

Essa integração regional busca um re-ordenamento das economias locais e um tipo de integração que oscila entre a busca de um melhor posicionamento na economia global e, do outro lado, secundariamente, a formação um mercado regional. Aparecem então os interesses das principais economias da região (Brasil, Argentina) que ganham no comércio regional ao mesmo tempo em que o Mercosul lhes dá maior poder de barganha frente à economia mundial.

Ao mesmo tempo em que os Estados-nações mais sólidos economicamente buscam se fortalecer através da integração econômica, contraditoriamente, mas coerentemente, são levados, eles e os outros países da região, a abrir mão de parte da sua soberania em nome de regras e instâncias supra-nacionais, estabelecidas dentro do bloco e fora dele. Isso é coerente com o que já acontece no plano de cada país, quando os Estados cumprem o papel de facilitadores de uma economia sempre mais aberta e que dita, através dos quadros dirigentes das grandes corporações e dos seus aparelhos, os rumos do crescimento, em nome do dogma que é esta economia que vai gerar riqueza, empregos e melhorias sociais.

A integração, nesse sentido, atua em mão dupla, embora os fluxos, do “norte” para o “sul” e do sul para o norte, sejam incomparavelmente desiguais. De um lado, ela facilita o domínio das grandes corporações produtivas, comerciais e financeiras e das economias dos Estados mais fortes da região, ao permitir aos segmentos exportadores regionais ter mais força para penetrar no mercado mundial, fazendo uso das suas vantagens comparativas, e aos setores produtivos da região importar na expectativa de participar do crescimento esperado. De outro lado, ao abrir o comércio regional, colocando-o sob as regras do livre-mercado, prepara o terreno e o ambiente para a liberalização completa das economias nacionais.

Essa estratégia, bem ou mal, significa o início de uma política regional concertada, que construa uma integração não só econômica, mas também política. A integração é o embrião de um futuro poder supra-nacional que garante ao mercado as condições para a sua plena realização. A Comunidade andina de Nações – CAN (1) e o Mercosul (2) podem ser vistos nessa perspectiva. Numa cartilha que apresenta os processos em curso de integração regional (3), Fátima Mello, citando a professora Sônia Camargo (4), destaca que as políticas econômicas do Mercosul “passaram a se voltar, prioritariamente, para uma melhor adequação às exigências de competitividade impostas pelos processos de liberalização dos mercados e de sua integração global”; e comenta que, “frente à aceleração dos processos de indiscriminada liberalização e desregulamentação comercial e financeira, foi levado a converte a dinâmica sub-regional em um modelo de regionalismo aberto, visando a inserção competitiva no mercado globalizado”(5).

Várias iniciativas dos governos da região exemplificam essa relação tencionada e contraditória entre a lógica do mercado e vontades – ou veleidades – políticas. Se a resistência à proposta norte-americana de formação da Alca prevaleceu, sob a liderança do Brasil e o forte movimento popular sul-americano, o projeto dos EUA de colocar de maneira duradoura a região sob a sua dependência pela via econômica está sendo posto em ação pelo caminho de acordos bi-laterais. Os EUA esperam assim criar com os países que aceitarem esses acordos laços que tornem impossíveis uma integração regional com uma real autonomia. O Mercosul e a CAN, nesse caso, não desapareceriam, mas não ultrapassariam o estatuto de acordos comerciais entre vizinhos, dentro do marco mais geral hoje sinalizado pela OMC, mas também ditado pelos interesses norte-americanos, via o conjunto de acordos bilaterais com diferentes países e o poder das suas multinacionais presentes na região. O Chile, que se retirou inclusive em 1975, durante a ditadura de Pinochet, da CAN, é o precursor e o paradigma em matéria de acordos bi-laterais. O Peru e a Colômbia assinaram acordos bi-laterais com os EUA e o Equador estava, antes das últimas eleições, se preparando. A decisão da Colômbia provocou a saída da Venezuela da CAN. Por sua vez, o Paraguai e o Uruguai, primos pobres do Mercosul, manifestam o seu interesse em assinar acordos bilaterais.
A Iniciativa para a Integração da infla-estrutura sul-americana – IIRSA – expressa bem a tendência predominante, à “transnacionalização dos espaços, de abertura das fronteiras nacionais para garantir as determinações das corporações e empresas com capacidade suficiente para manter fluxos no espaço mundializado… Na prática, o discurso da integração regional se reduz ao acondicionamento físico dos territórios para a livre circulação das mercadorias (todos os elementos que possam ter um valor de mercado) e os aspectos parciais administrativos (levantando as restrições burocráticas dos Estados-Territórios)”(6).

Na IIRSA, os Andes, a Floresta Amazônica, rios, pantanais, e, em geral, ecossistemas ainda preservados (e suas populações) são apreendidos como obstáculos à integração efetiva da região na “busca pela competividade”, conforme diziam o então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, banco de fomento brasileiro, e o presidente da CAF, Sr Henrique Garcia em seminário realizado em 2003. (7) Se a IIRSA é iniciativa dos governos da região, ela “está fundamentalmente voltada para o atendimento das demandas dos segmentos com forte atuação no mercado internacional” (8).

Na mesma linha, vale lembrar a proposta de Anillo Energético Sudamericano, surgida no final dos anos 90, que interligaria os gasodutos da região, disponibilizando em particular o gás de Camisea, na Amazônia peruana, para o Chile. A idéia não se viabilizou, já que o gás de Camisea não poderia suprir ao mesmo tempo as necessidades do mercado interno peruano e dos seus clientes do Golfe do México e, do outro lado, o atendimento à região. Sara Larrain vê esse projeto, em coerência com a IIRSA, como “conexão de infra-estrutura sob a iniciativa privada” (9).

A chegada ao poder de governos “progressistas moderados” no Brasil, na Argentina e no Uruguai, de um lado, e, do outro, de “progressistas radicais” na Venezuela e na Bolívia, tende a modificar o quadro traçado acima. Dois projetos de integração estão se desenhando. Simplificando, podemos dizer que o governo do Presidente Lula é bem representativo do primeiro projeto. Segundo explicação do Dr. Guido Mantega, então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o atual governo brasileiro reconhece que a globalização da economia é irreversível, e pretende participar desse processo como protagonista e não como coadjuvante. Para isso, o governo brasileiro empreendeu uma vigorosa política externa com vistas a estabelecer uma nova correlação de forças através da diminuição da dependência dos países emergentes, do aumento da autonomia dos países, da união de interesses comuns, e da ampliação do diálogo Sul-Sul (10). O Brasil quer convencer os seus vizinhos que todos sairão ganhando ao se integrar coletivamente, com mais força, sem servilismo, na economia mundial. Podemos arriscar defini-lo, do ponto de vista política, como anti-imperialista e anti-hegemônico.
As mudanças no Mercosul, com a entrada no bloco da Venezuela, a criação do Parlamento do Mercosul e a aprovação do Fundo de Convergência Estrutural, destinado em particular a enfrentar as assimetrias sociais, econômicas e estruturais entre os países do bloco, apontam nessa direção. No entanto, o Mercosul está mergulhado em crises e impasses sucessivos no plano econômico (economias da Argentina e do Brasil esmagando os seus pequenos vizinhos; barreiras persistentes a produtos vindo de outros países do bloco e abertura indiscriminada para produtos de fora do bloco) e político (crise das papelereiras entre Argentina e Uruguai; acordos militares entre o Paraguai e os EUA).

Frente aos limites dos processos de articulação em curso, os governos da região criam a Comunidade Sul Americana de Nações – CASA, que une os países do Mercosul e da Comunidade Andina, Chile, Guiana e Suriname, “como opção para aprofundar a integração da economia regional, elevando o poder de barganha nas áreas hemisférica e internacional” (11). Mas a opção progressista da maioria dos governos faz com que não queiram reduzir a CASA a um mero instrumento de mercado. A Cúpula de Cochabamba, de dezembro 2006, manifesta a intenção dos governantes da região em ultrapassar uma união econômica. Na sua Declaração, eles afirmam que
“la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones busca el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura. Esta integración sudamericana no es sólo necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han transformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz” (12).

E eles inscrevem no seu programa, além da pauta econômica, outros pontos: Agenda social sul-americana; Meio ambiente; Cidadania sul-americana; Identidade cultural e Participação cidadã no processo de integração.

Mesmo participando dessas iniciativas, Hugo Chavez e Evo Morales, talvez possam representar um outro modelo emergente que pretende se construir em oposição ao mercado dominante. Mercosul, CAN e Casa pretendem atuar conforme as regras do mercado liberal. Já, a Alternativa Bolivariana para as Américas – Alba, oficializada em 2004 pelos presidentes de Cuba e Venezuela, e que junta em várias iniciativas Venezuela, Cuba e, mais recentemente a Bolívia, segundo o Professor Emir Sader,

“ainda em estado embrionário, e sem prejulgar seu sucesso… é uma tentativa ambiciosa de integração regional que escapa às lógicas de mercado… “A Alba pretende ser o contraponto da ALCA. Pretende integrar economias dissimiles desde baixo, envolvendo a todos os atores econômicos e sociais – como cooperativas, pequenas empresas, empresas públicas, empresas privadas grandes, médias e pequenas -, priorizando o atendimento de problemas essenciais para a massa da população, como alimentação, moradia, indústria e meio ambiente. Enquanto que a ALCA não diferencia entre países grandes e pequenos, entre países com grandes recursos naturais, financeiros, energéticos e os outros, acentuando mecanismos em que ganham os mais fortes – neste caso, os EUA. Além disso, a ALCA pretende impor aos países critérios de segurança jurídica que favorecem as grandes corporações multinacionais, não se dispondo a atender aos países mais fracos (13).

Cooperação, complementaridade e solidariedade são palavras chave. É assim que a Venezuela, no seu Acordo com Cuba, por exemplo, troca petróleo por médicos e oftalmologistas. No entanto, essa oposição não significa ruptura com o modelo de desenvolvimento dominante nem com o seu mercado, já que o seu principal expoente, Hugo Chavez, assenta a sua proposta sobre a economia do petróleo. Tanto ele quanto Evo Morales querem que a renda propiciada pelos hidrocarbonetos sirva em prioridade para reorientar o desenvolvimento dos seus países para a população pobre, mas, além disso, Chavez aproveita dessa renda para alavancar o seu projeto de integração bolivariana. Esse modelo se apresenta com uma face venezuelana a tendências populistas e patriarcais e com uma face boliviana mais popular. Pois, se o governo venezuelano carece de movimentos sociais organizados para sustentar internamente seu projeto, não é o caso da Bolívia, cujo presidente, levado ao poder por um forte movimento social e étnico, é compelido a apresentar e defender um projeto de nação e de integração cuja centralidade esteja no resgate da autonomia do seu país e da dignidade e inclusão dos seus povos.
Talvez a questão da nacionalização das jazidas e das empresas de produção, transformação e comercialização de hidrocarbonetos possa ser vista como o começo de uma experiência de uma outra integração. Pois, países vizinhos, em particular o Brasil, afirmaram o direito do povo boliviano e do seu governo a exercer a sua soberania.
Gasodutos, sim, mas sob regras que beneficiam à população boliviana. Falta dizer e fazer com que esse gás seja distribuído para o bem real dos países e das populações dos países que o recebem.
Assim, a criação da Comunidade sul-americana de nações bem como a entrada da Venezuela no Mercosul e a intenção manifestada por Evo Morales de seguir o mesmo caminho, colocam novos ingredientes, não só para uma integração econômica no marco do mercado global, desejada e procurada dentro de um marco anti-hegemônico, não mais por países que aceitem sem contestar a sua subordinação e sua dependência, mas para uma integração orientada para a região. Têm como um de seus pilares um novo discurso político, de unificação dos nossos destinos, de reconhecimento das assimetrias, de solidariedade e de apoio mútuo.

Algumas questões que esses processos levantam.

1/ Fragmentação do território

Os Estados-nações eram também Estados-territórios. As nações se definiam pela extensão do seu território e a cidadania pelo pertencimento a esse território. A construção dos Estados da região pode ser interpretada como uma história de tensão permanente entre a busca de unificação do território e dos seus habitantes pelo poder econômico e político e as múltiplas resistências exercidas por populações inseridas em territórios extremamente diversificados, biológica e humanamente. Mesmo que certos setores tenham imposto certas formas de exploração do território nacional que marcaram a economia do país, tais como mineração, pecuária, culturas da cana ou do café, etc., cada país manteve uma fisionomia própria diversificada: países das pampas, dos chacos, dos cerrados, das serras e dos altiplanos, dos bosques boreais e das florestas tropicais, dos desertos e das caatingas, dos pantanais e dos humedales. Cada ecossistema com seus povos.

Subordinados ao mercado global, “os espaços de integração regional oficialmente definidos apontam para a padronização da diversidade, a uniformização espacial e a intenção de hegemonia cultural” (14). Por exemplo, a produção de soja ou de eucalipto e pinheiro uniformiza o espaço ao mesmo tempo em que exclui as populações locais das suas atividades tradicionais. Os espaços se tornam mero suporte para a atividade produtiva, sem a relação duradoura entre a atividade econômica e o ecossistema, que permite que uma realimente a outra; sem envolvimento da população local, que se torna obstáculo. E, quando não servem ao capital, são desprezados e abandonados. Essa integração, que desconsidera a diversidade dos ecossistemas, a fortiori ignora as populações locais na sua diversidade, étnica, de gênero, produtiva, cultural. Assim, “matrizes uniformizantes sobre territórios biodiversos consolidam a fragmentação dos espaços… Os Estados-Territorios procuravam a formulação de normativa de aplicação universal no interior do espaço da Nação, os processos de integração geram fragmentações orientadas pelos fluxos e reservatórios dos fatores de produção” (15). O desafio consiste em promover uma integração que barre a definitiva fragmentação, substituindo-a pela diversidade de projetos promovidos por atores e grupos sociais que se reconheçam plurais, mas solidários.

2/ Nacionalismos e Nações autônomas

Uma verdadeira integração exige Estados nacionais autônomos para que a integração não se comute em sub-imperialismo disfarçado ou não seja uma entregue total ao mercado global, como mencionado acima. Estado nacional autônomo não significam nacionalismo. O nacionalismo associa-se à defesa das fronteiras e da integridade do território nacional, tendo por isso mesmo um forte componente militar. Para prosperar, ele precisa do conflito, aberto ou velado, real ou artificial. O nacionalismo precisa de inimigo a quem se opor. Ele é facilmente acionado quando um governo precisa fortalecer a sua imagem ou justificar certas das suas ações, quando é preciso desviar a atenção de certos problemas, re-unificando a nação, quando ajuda a mascarar processos anti-nacionais. A ditadura militar brasileira cunhou assim a respeito da Amazônia brasileira o slogan Integrar para não entregar. A imprensa brasileira e certos setores políticos responderam à decisão da Bolívia de nacionalizar as jazidas e as indústrias de hidrocarbonetos com um apelo nacionalista rasteiro, lembrando que “as nações não têm amigos, só interesses”. Sob o discurso nacionalista, se esconde frequentemente interesses econômicos que pouco têm a ver com os verdadeiras interesses os povos. Mudam os interesses e muda o discurso, como o mostra a reivindicação de autonomia de alguns departamentos bolivianos. Como um filme em negativo, ela mostra como a noção de nação pode ficar subordinada a interesses econômicos.

Apesar de que os países reconheçam em tese a assimetria existente entre eles e queiram reduzi-la, o que tem ocorrido é que, ao mesmo tempo em que buscam construir uma política comum, defendem com unhas e dentes seus interesses. Quando o BNDES empresta dinheiro para obras em países vizinhos, o faz para financiar a produção de bens e serviços para essas obras no Brasil e para financiar as empresas brasileiras que vão executá-las. Atualmente, busca-se abrir o BNDES para que fomente atividades econômicas nos países vizinhos Mas, si é difícil falar de sub-hegemonia, é inegável que o Brasil se posiciona de modo a que sua liderança no processo de integração esteja garantida (16). Frente ao “rolo compressor” da Argentina e do Brasil, a tentação é grande para o Paraguai e o Uruguai aceitar e mesmo promover uma integração a qualquer custo.

Não se precisa de nacionalismos, mas de nações autônomas e de Estados soberanos fortes. E, para isso, precisa-se que cada povo tenha sua existência reconhecida dentro de cada nação, e que se reconhecem como povos que participam de um projeto de nação, não fundado sobre a oposição a outros povos e nações, mas sobre um projeto próprio que os integre num projeto regional.

3/ O modelo de desenvolvimento

Ao mirar os processos de integração em curso, o modelo de desenvolvimento pretendido pelos governos da região, para além das retóricas, não aparece ser outro, com algumas nuances, do que o que está em curso. Tratar-se-ia de aprofundar um modelo primário-exportador, com algumas poucas áreas de excelência industrial ou agrícola, sugando e destruindo os recursos naturais e, cada vez mais excludente do ponto de vista social.

O mais preocupante é que, admitindo que caminhemos para uma alternativa política, na nossa perspectiva, essa alternativa encontrará seus limites cedo. O modelo de desenvolvimento, proposto inclusive pelos que buscam uma outra integração, é fundado sobre o mesmo padrão de produção e consumo. Esse padrão chegou a tal grau de sofisticação e de integração de mercado que dificilmente pode permitir, no curto e no médio prazo, bifurcar e tomar outro rumo. Ele enreda os governos em redes tecnológicas, comerciais e financeiras tais que somente profundas crises e intenso apoio popular permitiriam iniciar as rupturas necessárias para construir uma alternativa real.
O segundo limite é devido ao fato que a maioria dos setores progressistas no poder ou que gravitam ao seu redor acreditam que somente o crescimento no quadro desse modelo permitirá fornecer empregos e reduzir assim a pobreza. Crença ou medo de enfrentar a construção dolorosa e pouco gratificante no quadro da política tradicional de um outro desenvolvimento? O certo é que essa opção faz com que os dirigentes políticos progressistas estejam mais próximos dos que manejam há décadas, e mesmo séculos, o modelo dominante do que dos que os levaram ao poder.

O terceiro limite está na crise estrutural provocada pelo modelo adotado. Crise de empregos, pois, mesmo que haja ainda lugar em nossos países para um crescimento real dos empregos, sempre mais pessoas são dispensáveis, tanto como produtoras quanto como consumidoras. Crise de cidadania, pois o mercado constituído sobre esse padrão de produção e consumo substitui a democracia substantiva por um faz-de-conta no qual os rituais eleitorais mal disfarçam a descartabilidade de parte da população. Crise ambiental, pois, se há maior sensibilidade para com as grandes crises ambientais que estão se gestando – água, energia, clima, solo e biodiversidade – essa sensibilidade não afeta, senão marginalmente, a máquina embalada do crescimento a qualquer custo.

II. A integração que construímos

A construção de uma integração só pode ser um processo histórico. Países e impérios se construíram e adquiriram identidade tanto em oposição a outros países e/o povos quanto por processos internos de afirmação e de pertencimento (construção da ocupação do território, do sistema jurídico, de valores, da função e dos aparelhos do Estado, as formas do desenvolvimento…). As guerras e os conflitos resultantes do fim de impérios e do colonialismo e da decadência de certos Estados, de um lado, e, do outro, do processo de transnacionalização do território sob a hegemonia neo-liberal, bem como a transformação do mundo em “aldeia global”, graças aos meios de comunicação, colocam limites aos Estados-nação/Estados-território. Não estamos aqui negando a soberania dos países da região sobre seus territórios, mas, frente à entrega dos nossos territórios à sanha do grande capital, já vemos que se quer reduzir os nossos Estados a guardiões da nova ordem econômica internacional, com seus aparatos ideológicos e repressivos voltados para a manutenção da ordem social e suas fronteiras se tornando barreiras de contenção às migrações. Enquanto isso, sempre mais pessoas se vêm excluídas de uma cidadania ativa. “A soberania nacionalista, construída sobre a idéia da existência de um Estado Nação em um território; e uma sociedade que se comporta como um grupo social, compartilhando interesses e objetivos” (17) está sendo destruída pelas mesmas classes dominantes que a defendem nos seus discursos, pois a sua manutenção serve a seus interesses escusos. Continua Achkar:
“Frente a estos procesos contradictorios: integración – fragmentación, las sociedades desde sus distintos niveles de organización, confrontan otras alternativas de integración de los territorios. Partiendo de la lógica de ocupación territorial, el territorio es aquella porción del espacio ocupado organizado y gestionado por una comunidad, como categoría densa que contiene la historia que lo contiene.

Desde esta interpretación el concepto de soberanía territorial se diferencia sustancialmente de la soberanía nacionalista: La soberanía territorial se asocia a la capacidad de una grupo social de construir la historia que contiene y esta contenida en un territorio concreto. La integración aparece entonces como la consolidación de diversidad de territorios soberanos, con instancias de gestión participativa de los bienes de la naturaleza que integran el espacio. La complementariedad entre esta diversidad de territorios constituye la matriz de esta integración territorial. Esta complementariedad es un proceso de creación diversa según los objetivos diferentes de cada grupo social que estructura su espacio”.

Esse processo de criação exige a participação diferenciada dos homens e das mulheres, para que não se reproduzam os esquemas de dominação de gênero e que a diversidade dos projetos seja realmente posta a prova. Portanto, resulta pouco provável a definição de uma matriz homogênea, de aplicação universal para a complementaridade territorial a nível regional.

Esta integração territorial não se opõe forçosamente à soberania nacional. Os Estados-nação, na medida em que se consegue inverter a sua identificação com as forças do mercado neo-liberal e com as classes dominantes, voltando a ser a expressão dos povos e das populações inseridas no seu território, são o ponto de partida da integração que buscamos. Partindo da afirmação das nossas soberanias nacionais assim entendidas e das expressões das nossas soberanias territoriais, a integração territorial parece tender a ser um processo que se deve construir a partir das experiências de cada grupo social. É isso que estamos ainda iniciando.

Reconhecemos que começamos um processo de integração por oposição ao modelo e às iniciativas já existentes. Antes de ser um projeto articulado de uma outra integração, é uma ação coletiva de resistência. Não poderia ser de outra forma já que não detemos os recursos e o poder de realizar e de influenciar decisivamente um projeto público de interação regional. Nosso “contra” não é de protesto por princípio ou por uma vaga utopia, mas de esperança numa transformação tanto possível quanto necessária:

1/quando juntos travamos lutas contra a Alca, a OMC, o FMI, a dívida externa, o expansionismo norte-americano, a militarização do sub-continente, a concepção de integração da IIRSA;
2/ e, mais próximo, por exemplo, contra a hidrovia Paraguai-Paraná, contra a hidrovia e represas do rio Madeira, contra o gasoduto norte-sul, contra os impactos sociais e ambientais das empresas de hidrocarbonetos, de produção de papel, celulose e carvão vegetal, contra uma siderurgia no Pantanal, contra a monocultura da soja e os transgênicos e, mais amplamente, contra uma agricultura baseada sobre um pacote tecnológico que concentra o poder nas mãos da agroindústria e tende a reconcentrar a terra, excluindo boa parte do campesinato; contra a transnacionalização de uma zona de glaciares entre o Chile e a Argentina para a mineração, etc.
3/ Quando apoiamos lutas em países vizinhos, por exemplo contra represas que afetam os Mapuches; uma usina nuclear na Patagônia, a repressão na Colômbia, a Petrobrás no Equador;

Essas lutas podem aparecer como ações meramente reativas, mas, ou porque é um projeto nosso em construção que nos faz reagir ou porque na própria reação e negação é que formulamos nossas alternativas, é nestas lutas de resistência que se esboça uma outra integração. Mas também esta se afirma positivamente:

1/ Quando dizemos que “Uma outra América Latina é possível” e fazemos do FSM e dos nossos encontros internacionais espaços de construção de integração, e, mais concretamente,
2/ quando defendemos uma agricultura camponesa, dentro dos marcos da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Note-se que nosso projeto não é de integração das agriculturas da região, senão quando são claras as complementaridades, devido a tradições, climas, disponibilidade de espaço. A integração está na formulação de alternativas (o que pode significar integrar/descentralizar centros de pesquisa e tecnologia, certos elementos de agroindústria, por exemplo), na sua defesa e na sua implementação, cada um no seu país. A integração está na criação de movimentos como a Via Campesina e da CLOC e no debate travado por essas organizações e seus aliados, em particular sobre a soberania alimentar. Queremos dar prioridade á produção e aos mercados locais.
3/ quando propomos uma plataforma energética para a região que tenha como ponto de partida a soberania energética. A partir do questionamento dos usos da energia: quantidade e destino. Para indústrias eletro-intensivas e agricultura voltadas para exportação ou para indústrias locais e que agregam valores e para diminuir a igualdade social (cesta energética)? Para sustentar o transporte individual e o transporte rodoviário ou para promover o transporte público urbano, as ferrovias e a cabotagem e reduzir as necessidades de transporte de mercadoria, aproximando a produção do consumo? Com mais construções de hidroelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, gasodutos e oleodutos (que não recusamos em bloco numa perspectiva de transição) ou dando ênfase às energias renováveis, à economia e à conservação de energia? Com energias renováveis entregues ao mercado ou energias sustentáveis, com controle social?
4/ quando nos juntamos na resistência à privatização da água e defendemos uma gestão pública e participativa dos usos da água;
5/ quando propomos que as regiões vistas por IIRSA como obstáculos à integração – ecossistemas ainda preservados, Altiplano andino, Chaco, Pantanal, Floresta Amazônica – sejam consideradas como regiões onde populações na sua maioria tradicionais (povos indígenas e/ou negros ou mestiço instalados há tempo nessas regiões nas quais desenvolveram formas de viver e de se reproduzir adaptadas ao ecossistema) possam assegurar a sua soberania territorial e, ao mesmo tempo, reforçar coletivamente, de maneira transfronteiriça, suas formas de produzir e de viver.
6/ quando, frente à IIRSA, propomos que as vias e comunicação priorizem as ligações entre territórios onde povos e setores da população constroem seus projetos diversificados de vida e de reprodução sustentáveis; entre as cidades e seu entorno, valorizando a produção camponesa e as suas estratégias de diversificação da agricultura e suas formas de gestão do território rural que garantem, por exemplo, o fornecimento de água de qualidade às cidades;
7/quando propomos que, frente ao modelo automotivo, sejam privilegiados os transportes coletivos;
8/ quando, frente ao mercado neoliberal, afirmamos o potencial da economia solidária;
9/ quando propomos que as atividades de empresas na região e os empreendimentos públicos tenham como referência o padrão de leis ambientais, sociais e trabalhistas mais alto dentro da região (18), sugerindo assim um caminho para uma regulação pública regional.
III. Os desafios
1/ Os setores sociais que valorizam a ascensão ao poder em vários países de presidentes de esquerda, sobretudo com Chaves e Evo Morales, se empolgam com as perspectivas de redução da dependência em relação à globalização neoliberal e de construção da integração regional. Mas será que significa mudanças profundas na maneira de fazer política e de conduzir o Estado? A maioria não se mantém distante dos movimentos sociais que os levaram ao poder?
Quanto a sua visão de desenvolvimento, não continua sendo uma visão tradicional? É o padrão de produção e de consumo atuais dominantes que continuam sendo a sua referência. Se preocupam com o trabalho, mas continuam pensando que o crescimento da economia vai resolver o problema. O meio ambiente é uma preocupação periférica. Continuam pensando que o meio ambiente não pode atrapalhar o desenvolvimento.

2/ Se os governos de esquerda pensam assim, é em parte por convicção e em parte por avaliar que a conjuntura, mundial e, freqüentemente, a nacional não lhes permitem se afastar dos cânones e das classes dominantes; mas também porque a maioria dos movimentos sociais tem a mesma concepção do desenvolvimento do que eles. O desafio é, portanto, convencer movimentos e organizações populares, sindicais e políticas e lideranças que não será possível qualquer integração na base do modelo atual. O marco desse diálogo é o questionamento da concepção de desenvolvimento corrente aceita de forma pragmática e, positivamente, avançar numa concepção de sociedade sustentável que oriente as opções políticas para a construção de uma integração sobre outros bases do que a meramente econômica.

3/ A credibilidade das nossas idéias é também ligada à aceitação de uma transição do modelo atual de desenvolvimento e do seu padrão de produção e consumo para formas diferenciadas de sociedades sustentáveis e à formulação de propostas dirigidas à economia e à política dominantes para, progressivamente, mudar seu padrão de atuação. Como, por exemplo, dialogar com uma empresa como a Petrobrás, misto de multinacional e de empresa pública? Mas devemos dialogar, por exemplo, com os produtores de soja e as empresas da cadeia? A “responsabilidade social” empresarial faz parte do nosso ofício?

Estamos assistindo – e até participando – a uma inflexão inquietante na atuação das ONGs e mesmo de movimentos sociais. Frente às pressões que sofrem da parte dos consumidores do “norte” e de governos, por causa em particular de compromissos assumidos com a assinatura de tratados internacionais, grandes corporações e certos setores da economia tentam melhorar a sua imagem ambiental. Para isso, buscam legitimidade no aval da sociedade civil. Em lugar de promover a soberania territorial e a integração na diversidade, insidiosamente, estaríamos legitimando a transnacionalização do território.

4/ No plano dos valores, há ainda um enorme caminho a percorrer para nos aproximar de uma idéia de integração que não seja meramente a busca de supremacia comercial. Por ocasião das medidas do presidente Evo Morales de nacionalização dos recursos de hidrocarbonetos e das empresas petrolíferas, as reações no Brasil da imprensa e de representantes das classes dominantes foram unânimes em dizer que os interesses do país devem passar antes de quaisquer considerações. Como disse um embaixador aposentado, citando um presidente norte-americano do passado: “um país não tem amigos, só tem interesses”. Repetiram em relação à Bolívia a mesma atitude de desprezo que têm em relação aos pobres no Brasil.

5/ É preciso um debate amplo sobre o Nacionalismo. Assistimos à emergência ou ao ressurgimento de nacionalismos que reeditem concepções que pouco ou nada têm a ver com a solidariedade na qual esperamos que uma integração seja fundada. Se identificamos melhor o nacionalismo que se esconde sob certos interesses econômicos e políticos transnacionalizados, vemos que o nacionalismo “patriótico”, assumido em particular pelas forças armadas, defensoras das fronteiras, é usado não somente pelos que querem uma integração estritamente de mercado quanto por setores políticos de esquerda. Para nós, a reflexão sobre a soberania territorial que iniciamos aqui indica um caminho para esse debate.

6/ Frente à fragmentação produzida pela integração promovida pelo grande capital, um importante desafio, para nós o mais fundamental, está em promover a diversidade. Nossa utopia, nosso projeto de construção de uma outra sociedade, não é de substituir um modelo único de produção e consumo e de mercado por outro, também único. Frente ao totalitarismo do mercado e das suas realizações no território, que não toleram a co-existência com a diversidade social e ambiental, estimamos que o futuro está na co-existência de projetos diferenciados de comunidades, de povos e de sociedades sustentáveis.

IV Algumas pistas

A guisa de conclusão, colocamos aqui uma reflexão elaborada sobre o Brasil, mas que, ao que nos parece, pode ajudar a pensar caminhos para a nossa integração (19). Para que esta utopia saia do estagio das experimentações e se generalize, é indispensável que se reduzam as relações de dependência. Isso passa pela recusa que a América do Sul continue sendo uma economia primário-exportadora. Não pregamos o isolamento dos nossos países e da região do resto do mundo, mas reafirmamos a necessidade desta região, com os recursos e a população que tem e com a sua abismal desigualdade, se voltar para um desenvolvimento mais endógeno. Necessitamos de novas e autênticas políticas de desenvolvimento que dêem prioridade aos mercados internos.

A produção industrial deve ser orientada neste sentido através de claras e permanentes políticas de estímulos ou desestímulos à produção, conforme o caso. Impostos, créditos e outros instrumentos que envolvam recursos públicos devem servir a este fim. Deve ser eliminado todo e qualquer subsídio ou outra forma de incentivo à produção de bens que não gere quantidade significativa de empregos, requeira o consumo intensivo de recursos naturais, seja de natureza altamente poluidora ou ameace a saúde dos trabalhadores envolvidos. Por outro lado, segmentos produtivos que atendam positivamente a estes requisitos deverão ser estimulados. Caso contrário, eles poderão ser fortemente taxados pelos danos causados à população e ao meio ambiente.

Tecnologias industriais de risco comprovado e de alto conteúdo energético devem ser objeto de restrições progressivas ou abandono. A introdução de novas técnicas e padrões de produção não pode permanecer subordinada à lógica do mercado e da rentabilidade financeira de curto prazo. A legislação e os recursos públicos podem viabilizar o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltadas para este objetivo. A reutilização e reciclagem de sucatas e materiais, resíduos e subprodutos do próprio processo, bem como a redução do consumo de energia, água, matérias-primas e outros insumos em processos industriais devem ser objeto de estímulos específicos e as empresas responsabilizadas quando for o caso. Contra a sua obsolescência programada, deve ser visado o prolongamento da vida útil dos bens se consumo.

A retomada, o aprofundamento ou o início de verdadeiras Reformas Agrárias numa visão de sustentabilidade, continuam sendo um imperativo social e de desenvolvimento para a região. Agricultura familiar e reforma agrária têm que ser vistas também hoje, para além da função produtiva, como promotores da descompressão urbana, como fatores importantes da segurança alimentar e nutricional, por garantir potencialmente a diversidade fitogenética, a diversidade e qualidade alimentar, como prestadores de serviços públicos ambientais, pela produção e manutenção das águas, da biodiversidade, etc..

Precisa urgentemente adquirir, do poder público à sociedade, uma visão que pensa o território e as forças sociais atuantes nele, para que as políticas e as ações possam ser decididas numa perspectiva mais totalizante e pactuada. Contra a lógica desterritorializante da globalização, queremos a sustentabilidade dos lugares, que exige respeito a diversidade cultural e ecológica, regulação social sobre o uso dos lugares e pactos territoriais. Quanto às políticas industriais, especial atenção deve ser dada aos padrões de localização da indústria. Por um lado, deve ser incentivada a desconcentração geográfica da produção, de modo a estimular atividades compatíveis com cada uma das regiões e cada localidade, aproximar a produção do consumo, economizando assim energia e produzindo empregos mais descentralizados. Mas, do outro, deve ser combatida a de localização predatória, orientada pelo menor custo trabalhista, social e ambiental.
Contra o cerceamento do meio ambiente em áreas circunscritas a Unidades de Conservação, deixando o resto do território livre para a exploração e depredação, queremos uma política que percebe o meio ambiente como inserido na trama do território, nos espaços de produção, de residência, de deslocamento, de serviços. A gestão do meio ambiente não pode estar, de um lado, restrita a um Ministério e, do outro, entregue, como no caso da produção de grãos no Cerrado e na Amazônia e da Água, a interesses econômicos. Em particular, a gestão da água não se resolverá por acordos entre “usuários” em instâncias em que os interesses difusos da sociedade e do país não estejam ativamente representados. A necessidade vital de dispor da energia suficiente para um desenvolvimento endógeno e a supressão das enormes desigualdades existentes exige também uma visão de território e o debate societário o mais amplo e esclarecido possível. O desenvolvimento do transporte público de massas, do transporte de cargas por via marítima e ferroviária deve ocupar boa parte do espaço hoje ocupado por automóveis e caminhões.

As cidades não podem ser vistas como plataformas que viabilizam nossa “globalização”, subordinando todas as questões urbanas a essa estratégia. Ë precisa resgatar o sentido da cidade como lugar da vida, individual e societária, à qual o desenvolvimento deve estar subordinado, e lugar de vivência de uma cidadania mais igualitária. Precisa de políticas nacionais que agem sobre a construção do urbano no conjunto do território e que promovem as necessárias mudanças de estrutura de poder e de gestão nas metrópoles.
As proposições formuladas aqui supõem mudanças profundas na cultura política. Em particular, sublinhamos aqui a necessidade de enraizar a prática do controle público e da sociedade sobre as instâncias que travam discussões e tomam decisões que afetam nosso futuro.

No que diz respeito aos processos de privatização dos serviços públicos, que envolvem setores como os de energia elétrica, telecomunicações, petróleo, construção e manutenção de rodovias, portos e aeroportos, saneamento básico, abastecimento de água, transporte urbano e suburbano, entre outros, além de exigir que sejam estancados e revertidos, impõe-se a necessidade de assegurar o controle público sobre esses serviços. Pois os serviços públicos serem rotulados de “públicos” não garante uma gestão ao serviço da população. Isso supõe uma redefinição dos órgãos de gestão e controle dos serviços públicos, no sentido da sua capacitação para assumir as atividades de regulação e fiscalização destas atividades; a criação ou o fortalecimento de conselhos, comissões, etc., com quadros da função pública preparados para isso e recursos próprios e a participação de setores da sociedade civil que tenham legitimidade para representar os interesses difusos da sociedade. As representações do setor privado, da área científica, das ONGs e das organizações sindicais e populares deveriam passar por órgãos colegiados cuja representatividade fosse reconhecida ou, quando não houver, por consultas tão amplas quanto possível.

Embora os Estados estejam se desfazendo da produção direta de bens, as instâncias regionais públicas em construção não podem renunciar a seu papel orientador de políticas de desenvolvimento econômico e social nos termos definidos acima. Mas não cabe mais que tais políticas, que colocam em jogo o futuro do conjunto da sociedade, de um lado, sejam totalmente subordinadas à política financeira e cambial e, do outro, sejam discutidas unicamente pela tecnoburocracia supostamente especializada e pela parte do setor privado que mais se afina com a abertura econômico regional. Cabe reforçar os órgãos públicos especializados voltados para isso, mas também submetê-los – e as políticas e propostas de desenvolvimento – à discussão pública.

Notas

(1) A Comunidade andina de Nações – CAN – criada em 1996, é constituída por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru.
(2) O Mercosul foi criado em 1991 por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, e formalizado em 1994. A venezuela passou a integrá-lo em 2006.
(3) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Integração na América Latina. Subsídios para debater a integração dos povos. Cadernos de formação 3. ASC, Campanha, Rebrip, São Paulo, Rio de Janeiro, 2006.
(4) Camargo, Sônia. União Européia e Mercosul: Convergências e Divergências, IRI Textos, Nº 22, setembro de 1999, IRI-PUC/RJ
(5) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Op.cit:10.
(6) Ver Achkar, Marcel. Una visión territorial de la integración. Cono Sur Sustentable/Rede Amigos de la Tierra Uruguay. Manuscrito. 2006.
(7) Carvalho, Guilherme. A integração Sul-americana e o Brasil: O protagonismo brasileiro na implementação do IIRSA. Fase, Belém, 200: 21.
(8) Idem: 71.
(9) De Ovando, Lino Solis y Larrain Sara. Anillo energético sudamericano. Desafíos para la integración energética del Conosur. Chile sustentable, Santiago, 2005.
(10) Seminario IIRSA, BNDES, 23 de noviembre de 2005.
(11) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Op.cit: 26.
(12) II cumbre de jefes de estado de la comunidad sudamericana de naciones. Declaración de Cochabamba – Colocando la piedra fundamental para una unión sudamericana. 8 y 9 de diciembre de 2006.
(13) Sader, Emir. Alternativas latino-americanas. Le Monde Diplomatique, Edições mensais, fevereiro 2006.
(14) Achkar, id.
(15) Ibidem.
(16) Ver Carvalho, Guilherme. A Integração Sul-Americana e o Brasil: O protagonismo brasileiro na implementação da IIRSA. Fase, Belém/PA, 2004.
(17) Achkar. Id.
(18) ver o artigo de Julianna Malerba e Maria Elena Rodriguez. Extraterritorialidad y derechos humanos: el doble estándar de la Petrobrás em Yasuní (Ecuador). In Leroy Jean Pierre y Malerba, Julianna. Petrobrás: ¿integración o explotación”, Fase, Rio de Janeiro, 2005.
(19) Este capítulo foi elaborado a partir do conjunto de estudos do Projeto Brasil Sustentável e Democrático.

ALBA: Justice in deeds

Teresa Arreaza

The ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), as its Spanish initials indicate, and is a proposed alternative to the U.S.-sponsored Free Trade Area of the Americas (FTAA, ALCA in its Spanish initials), differing from the latter in that it advocates a socially-oriented trade block rather than one strictly based on the logic of deregulated profit maximization. ALBA appeals to the egalitarian principles of justice and equality that are innate in human beings, the well-being of the most dispossessed sectors of society, and a reinvigorated sense of solidarity toward the underdeveloped countries of the western hemisphere, so that with the required assistance, they can enter into trade negotiations on more favorable terms than has been the case under the dictates of developed countries.

By employing more effective mechanisms to eradicate poverty, ALBA—as proposed by the Venezuelan government—provides a counterweight to the policies and goals of the FTAA. This alternative model also identifies the most crucial impediments to achieve a genuine regional integration that transcends the prerogatives of the transnational corporations. One of the obstacles to confront is the deep disparity that exists in development between the countries of the hemisphere, whereby poor countries such as Haiti or Bolivia are compelled to compete with the world’s leading economic power. In order to help overcome trade disadvantages, ALBA pushes for solidarity with the economically weakest countries, with the aim of achieving a free trade area in which all of its members benefit (a win-win alliance).
Venezuela has voiced the need for identifying the economies with the greatest deficiencies and their principle requirements, arguing for a transfer of resources to the most underdeveloped countries so that these may develop the economic infrastructure they require to compete on more favorable terms with more developed economies. In order to do this, the corner stone in the design of the ALBA is the proposal for a “Compensatory Fund for Structural Convergence,” which would manage and distribute financial aid to the most economically vulnerable countries.

The ALBA favors endogenous development and rejects the type of employment that the sweatshop (maquiladora) industry generates because it does not contribute to the upsurge of the agricultural and industrial sectors of the poor countries and does not contribute to the elimination of poverty.

While not operating as a mere export-oriented activity under ALBA statutes, agriculture instead would prioritize the food self-sufficiency of every country before focusing on profit-making processes. The agricultural sector cannot be deliberately subjected to market liberalization, while developed countries maintain policies based on multi-million dollar subsidies and high import tariffs to protect their own internal production, thus flagrantly contravening the principles of free trade. However, ALBA considers that even if these countries eliminate their protectionist policies, the agricultural output from the developing countries still would not be able to compete because farmers and the indigenous populations of agricultural areas would still be displaced from their sources of productive work, thereby increasing the pattern of social exclusion in countries with few resources.
The ALBA is also opposed to the intellectual property rights regimes on the grounds that they only protect the areas of scientific and technological knowledge that developed countries control, while at the same time leaving unprotected those areas in which the developing countries have considerable advantage: the genetic biodiversity of their territories and the traditional knowledge of peasant and aborigine peoples. This fact also contributes to deepening the asymmetries that exist between countries. ALBA is particularly concerned with the case of medicines, since patent protection eliminates the possibility of distributing generic medicines at reasonable prices to sectors of society that have few resources in developing countries. Also, it ends the possibility of setting up businesses that produce generic medication, which generate badly needed employment opportunities.

The Venezuelan government has vehemently denounced the processes of liberalization, deregulation, and privatization, which limit the ability of the state to design and execute policies in the defense of a people’s right to have access to essential and high quality services at fair prices. In contrast, the FTAA advocates the liberalization and privatization of public services, thus implying that millions of people in the continent would be deprived of basic services that are needed for human survival.

For the Venezuelan government the management of public services must be oriented toward fulfilling the people’s needs and not the interests of businesses and private profit. As such, public services are indispensable for correcting social inequality. As a result, Venezuela deems unacceptable any trade accord that implies the renunciation of the use of public policy instruments, such as the regulation of public utilities and the provision of subsidies to regulate domestic prices and to guarantee access to essential public services for the overwhelming majority of the population who cannot afford market-priced services.

The labels of “Most Favored Nation” and “National Treatment” proposed by the FTAA seriously threaten the sovereignty of those countries determined to pursue policies better adapted to their national interests. The first provision compels a country not to give a less favorable treatment to a foreign company than any of the other foreign companies operating in it; and the second provision demands that transnational corporations be given the same preferences that are provided to national businesses, including those which are provided to small businesses and cooperatives.

www.venezuelanalyisis.com

Teresa Arreaza
The ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), physician as its Spanish initials indicate, is a proposed alternative to the U.S.-sponsored Free Trade Area of the Americas (FTAA, ALCA in its Spanish initials), differing from the latter in that it advocates a socially-oriented trade block rather than one strictly based on the logic of deregulated profit maximization. ALBA appeals to the egalitarian principles of justice and equality that are innate in human beings, the well-being of the most dispossessed sectors of society, and a reinvigorated sense of solidarity toward the underdeveloped countries of the western hemisphere, so that with the required assistance, they can enter into trade negotiations on more favorable terms than has been the case under the dictates of developed countries.
By employing more effective mechanisms to eradicate poverty, ALBA—as proposed by the Venezuelan government—provides a counterweight to the policies and goals of the FTAA. This alternative model also identifies the most crucial impediments to achieve a genuine regional integration that transcends the prerogatives of the transnational corporations. One of the obstacles to confront is the deep disparity that exists in development between the countries of the hemisphere, whereby poor countries such as Haiti or Bolivia are compelled to compete with the world’s leading economic power. In order to help overcome trade disadvantages, ALBA pushes for solidarity with the economically weakest countries, with the aim of achieving a free trade area in which all of its members benefit (a win-win alliance).
Venezuela has voiced the need for identifying the economies with the greatest deficiencies and their principle requirements, arguing for a transfer of resources to the most underdeveloped countries so that these may develop the economic infrastructure they require to compete on more favorable terms with more developed economies. In order to do this, the corner stone in the design of the ALBA is the proposal for a “Compensatory Fund for Structural Convergence,” which would manage and distribute financial aid to the most economically vulnerable countries.
The ALBA favors endogenous development and rejects the type of employment that the sweatshop (maquiladora) industry generates because it does not contribute to the upsurge of the agricultural and industrial sectors of the poor countries and does not contribute to the elimination of poverty.
While not operating as a mere export-oriented activity under ALBA statutes, agriculture instead would prioritize the food self-sufficiency of every country before focusing on profit-making processes. The agricultural sector cannot be deliberately subjected to market liberalization, while developed countries maintain policies based on multi-million dollar subsidies and high import tariffs to protect their own internal production, thus flagrantly contravening the principles of free trade. However, ALBA considers that even if these countries eliminate their protectionist policies, the agricultural output from the developing countries still would not be able to compete because farmers and the indigenous populations of agricultural areas would still be displaced from their sources of productive work, thereby increasing the pattern of social exclusion in countries with few resources.
The ALBA is also opposed to the intellectual property rights regimes on the grounds that they only protect the areas of scientific and technological knowledge that developed countries control, while at the same time leaving unprotected those areas in which the developing countries have considerable advantage: the genetic biodiversity of their territories and the traditional knowledge of peasant and aborigine peoples. This fact also contributes to deepening the asymmetries that exist between countries. ALBA is particularly concerned with the case of medicines, since patent protection eliminates the possibility of distributing generic medicines at reasonable prices to sectors of society that have few resources in developing countries. Also, it ends the possibility of setting up businesses that produce generic medication, which generate badly needed employment opportunities.
The Venezuelan government has vehemently denounced the processes of liberalization, deregulation, and privatization, which limit the ability of the state to design and execute policies in the defense of a people’s right to have access to essential and high quality services at fair prices. In contrast, the FTAA advocates the liberalization and privatization of public services, thus implying that millions of people in the continent would be deprived of basic services that are needed for human survival.
For the Venezuelan government the management of public services must be oriented toward fulfilling the people’s needs and not the interests of businesses and private profit. As such, public services are indispensable for correcting social inequality. As a result, Venezuela deems unacceptable any trade accord that implies the renunciation of the use of public policy instruments, such as the regulation of public utilities and the provision of subsidies to regulate domestic prices and to guarantee access to essential public services for the overwhelming majority of the population who cannot afford market-priced services.
The labels of “Most Favored Nation” and “National Treatment” proposed by the FTAA seriously threaten the sovereignty of those countries determined to pursue policies better adapted to their national interests. The first provision compels a country not to give a less favorable treatment to a foreign company than any of the other foreign companies operating in it; and the second provision demands that transnational corporations be given the same preferences that are provided to national businesses, including those which are provided to small businesses and cooperatives.
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Mariela Perez Valenzuela

The Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) welcomed Nicaragua as its fourth full member as the FSLN returned to power in that country, rx while in Ecuador, prescription President Rafael Correa adds new support to the movement for Latin America integration.

Granma (Cuba) | 19 January, cure 2007

The Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) welcomed Nicaragua as its fourth full member as the FSLN returned to power in that country, while in Ecuador, President Rafael Correa adds new support to the movement for Latin America integration.

As predicted, it appears that many Latin American leaders elected or reelected in 2006 will continue with the process of change mainly through policies of unity and solidarity.

The changes described by the Ecuadorian president at his inauguration on January 15 as the beginning of a new era, have the ALBA as a key source of growth, since the revolutionary approach begun by Venezuelan President Hugo Chavez and immediately supported by Cuba is showing concrete and encouraging results.

Inspired by the ideas of 19th century South American liberator Simon Bolivar the ALBA was born on December 14, 2004 when the presidents of Cuba and Venezuela signed the agreement on the tenth anniversary of Chavez’ first visit to Havana.

Bolivia was the third country to join the ALBA in April, 2006, during a meeting in Cuba with Presidents Fidel Castro, Hugo Chavez and Evo Morales.

ALBA ADVANCES

On October 28, 2005, Venezuela surprised the world when it acknowledged having taught 1,519,555 people to read and write, including 76,369 indigenous peoples, using the Cuban Yo Si Puedo (Yes I can) teaching method. The effort involved thousands of Venezuelan literacy workers.

And that wasn’t the only accomplishment from the integration effort that countered Washington’s attempt to impose its neocolonial plan, the Free Trade Area of the Americas (FTAA).

Roberto Rivas, who heads the Latin America and Caribbean office of the Ministry of Foreign Investment and Economic Collaboration (MINVEC), told Granma that with help from Cuba, thousands of Venezuelans have graduated from different levels of education.

Likewise, Cuban medical assistance has reached the most remote Venezuelan localities. This drastically changed the healthcare situation for more than 17 million people who received free medical care at the Barrio Adentro community health clinics where thousands of Cubans doctors are working.

Cuban and Venezuelan professionals are working together in 270 of the 600 comprehensive diagnostic and rehabilitation centers and in 11 of the 35 high-tech diagnostic centers already operating while the others are being built. Cuba also continues to treat Venezuelan patients with different pathologies on the island.

Promoting sports is also an active part of the ALBA. Cuban trainers speak highly of the results of Venezuelan athletes at regional and international competitions and the improved quality of life of the population in general.

COMPLEMENTATION NOT COMPETITION

Rivas explained that joint businesses were created like the ALBA construction company to build both economic and social infrastructure in Venezuela and later in Cuba and other countries.

Other firms are Transalva (sea transport), Astimarca (tanker repair in the Lake of Maracaibo), PDV-CUPET S.A. (to reactivate the Cienfuegos, Cuba oil refinery) and Telesur, a satellite television station belonging to several Latin American countries that seeks to spread the reality of the peoples of the Third World.

The banking sector was also favored. The Cuban Export Bank was created in Venezuela, as a subsidiary of the Banco Exterior of Venezuela and the Banco Industrial Venezolano opened a branch office in Cuba.

Cuba benefits from the purchase of Venezuelan oil under an energy agreement with Caracas, whose principles were later applied in the forming of PetroCaribe to supply the Caribbean nations with preferential prices and payment conditions.

Another project underway is the applying in Venezuela of Fidel Castro’s ideas for energy saving and generation. Rivas said the installation of batteries of small generators and the replacement of 52 million incandescent light bulbs with energy efficient ones turns savings into added resources.

Two development projects are underway on the island with financial and technical assistance from Venezuela. One, in the Pinar del Rio Province communities of Marti, Bolivar and Sandino, is geared to reactivate local economies and provide social advancement. The other, to train Venezuelans in different agronomy specialties, is in the Havana Province municipality of San Jose de las Lajas.

The official noted that during the joint Cuba-Venezuela commission meeting held in Caracas in 2005, a budget of $834 million USD was approved for 209 joint economic and social development projects.

Meanwhile, in Bolivia, where ALBA returned hope for a better life to millions of the poor, Cuban doctors have treated some 3 million patients in a year, 30 percent of the total population.

The Andean nation already has 20 reconditioned hospitals as part of the Cuban cooperation and 23 more are scheduled to open during the current year. Currently 5,000 Bolivians are studying in Cuba, most to be doctors.

The literacy campaign taking place in Bolivia since March 2006, hopes to teach 1.2 million to read and write in 30 months.

Thanks to this integration project, Bolivia has preferential trade with Cuba and Venezuela, which offered 5,000 scholarships for Bolivian youths in the petrochemical sector and delivered a fund of $100 million USD for development projects in Bolivia.

THE ALBA MIRACLE

One of the most humanistic programs of ALBA is the Operation Miracle eye-surgery program, already underway in several countries. The goal is to restore or improve vision for six million mainly low-income Latin American and Caribbean people in a decade.

By mid-December, 305,930 Venezuelans and had been operated on, 130,481 of those in the South American country, where 13 ophthalmology centers are operating, and the rest in Cuba.

Operation Miracle is also underway in Bolivia, one of the poorest countries of the Americas. There, more than 51,000 have had their sight restored since November 2005, most having suffered cataracts, at 11 ophthalmology centers. As a demonstration of the growing integration on the continent, 3,277 Argentineans and 1,938 Peruvians traveled to Bolivia to leave blindness behind.

In Ecuador, more than 10,000 people have been operated on. In all, a half million people of the region have benefited from Operation Miracle including 24,416 from the Caribbean.

ALBA FOR THE AMERICAS

In the spirit of ALBA, other governments in Latin America and the Caribbean, each according to their needs and characteristics, are benefiting from different programs in health, education and energy.

At the Latin American School of Medicine in Havana, inaugurated by Fidel Castro in November, 1999, more than 3,000 young doctors have graduated and another 10,000 from 28 countries are currently studying there.

Eradicating illiteracy is a priority of Latin America and the Caribbean. Towards that aim, in 15 countries the proven Yo Si Puedo method is being used.

One of the important plans of the ALBA is to guarantee energy for the region. To alleviate the energy crisis in Nicaragua, with serious consequences for the economy and society, the first sets of generators obtained from Venezuela under the ALBA agreements have arrived to the Central American nation.

The creation of regional oil companies such as PetroAndina, PetroCaribe and PetroSur, with preferential payment terms, and the project for a continent-stretching gas pipeline involving Venezuela, Argentina, Brazil and Bolivia, are all part of the integration efforts sweeping the continent.

The times are changing on the continent with the correlation of forces in Latin America tipping in favor of more progressive ideas. The unity conceived in the ALBA acts as a guarantee to achieve the political and social and economic independence that Simon Bolivar, Jose Marti and many others once fought for.

ANSA: The Search for Sustainable Human Development in Southern Africa

VII Social Summit for Latin American and Caribbean Unity
By Noam Chomsky


During the past decade, Latin America has become the most exciting region of the world. The dynamic has very largely flowed from right where you are meeting, cheap in Caracas, with the election of a leftist president dedicated to using Venezuela’s rich resources for the benefit of the population rather than for wealth and privilege at home and abroad, and to promote the regional integration that is so desperately needed as a prerequisite for independence, for democracy, and for meaningful development. The initiatives taken in Venezuela have had a significant impact throughout the subcontinent, what has now come to be called “the pink tide.” The impact is revealed within the individual countries, most recently Paraguay, and in the regional institutions that are in the process of formation. Among these are the Banco del Sur, an initiative that was endorsed here in Caracas a year ago by Nobel laureate in economics Joseph Stiglitz; and the ALBA, the Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean, which might prove to be a true dawn if its initial promise can be realized.

The ALBA is often described as an alternative to the US-sponsored “Free Trade Area of the Americas,” though the terms are misleading. It should be understood to be an independent development, not an alternative. And, furthermore, the so-called “free trade agreements” have only a limited relation to free trade, or even to trade in any serious sense of that term; and they are certainly not agreements, at least if people are part of their countries. A more accurate term would be “investor-rights arrangements,” designed by multinational corporations and banks and the powerful states that cater to their interests, established mostly in secret, without public participation or awareness. That is why the US executive regularly calls for “fast-track authority” for these agreements – essentially, Kremlin-style authority.

Another regional organization that is beginning to take shape is UNASUR, the Union of South American Nations. This continental bloc, modeled on the European Union, aims to establish a South American parliament in Cochabamba, a fitting site for the UNASUR parliament. Cochabamba was not well known internationally before the water wars of 2000. But in that year events in Cochabamba became an inspiration for people throughout the world who are concerned with freedom and justice, as a result of the courageous and successful struggle against privatization of water, which awakened international solidarity and was a fine and encouraging demonstration of what can be achieved by committed activism.

The aftermath has been even more remarkable. Inspired in part by developments in Venezuela, Bolivia has forged an impressive path to true democratization in the hemisphere, with large-scale popular initiatives and meaningful participation of the organized majority of the population in establishing a government and shaping its programs on issues of great importance and popular concern, an ideal that is rarely approached elsewhere, surely not in the Colossus of the North, despite much inflated rhetoric by doctrinal managers.

Much the same had been true 15 years earlier in Haiti, the only country in the hemisphere that surpasses Bolivia in poverty – and like Bolivia, was the source of much of the wealth of Europe, later the United States. In 1990, Haiti’s first free election took place. It was taken for granted in the West that the US candidate, a former World Bank official who monopolized resources, would easily win. No one was paying attention to the extensive grass-roots organizing in the slums and hills, which swept into power the populist priest Jean-Bertrand Aristide. Washington turned at once to undermining the feared and hated democratic government. It took only a few months for a US-backed military coup to reverse this stunning victory for democracy, and to place in power a regime that terrorized the population with the direct support of the US government, first under president Bush I, then Clinton. Washington finally permitted the elected president to return, but only on the condition that he adhere to harsh neoliberal rules that were guaranteed to crush what remained of the economy, as they did. And in 2004, the traditional torturers of Haiti, France and the US, joined to remove the elected president from office once again, launching a new regime of terror, though the people remain unvanquished, and the popular struggle continues despite extreme adversity.

All of this is familiar in Latin America, not least in Bolivia, the scene of today’s most intense and dangerous confrontation between popular democracy and traditional US-backed elites. Archaeologists are now discovering that before the European conquest, Bolivia had a wealthy, sophisticated and complex society – to quote their words, “one of the largest, strangest, and most ecologically rich artificial environments on the face of the planet, with causeways and canals, spacious and formal towns and considerable wealth,” creating a landscape that was “one of humankind’s greatest works of art, a masterpiece.” And of course Bolivia’s vast mineral wealth enriched Spain and indirectly northern Europe, contributing massively to its economic and cultural development, including the industrial and scientific revolutions.  Then followed a bitter history of imperial savagery with the crucial connivance of rapacious domestic elites, factors that are very much alive today.

Sixty years ago, US planners regarded Bolivia and Guatemala as the greatest threats to its domination of the hemisphere. In both cases, Washington succeeded in overthrowing the popular governments, but in different ways. In Guatemala, Washington resorted to the standard technique of violence, installing one of the world’s most brutal and vicious regimes, which extended its criminality to virtual genocide in the highlands during Reagan’s murderous terrorist wars of the 1980s – and we might bear in mind that these horrendous atrocities were carried out under the guise of a “war on terror,” a war that was re-declared by George Bush in September 2001, not declared, a revealing distinction when we recall the implementation of Reagan’s “war on terror” and its grim human consequences.

In Guatemala, the Eisenhower administration overcame the threat of democracy and independent development by violence.   In Bolivia, it achieved much the same results by exploiting Bolivia’s economic dependence on the US, particularly for processing Bolivia’s tin exports. Latin America scholar Stephen Zunes points out that “At a critical point in the nation’s effort to become more self-sufficient [in the early 1950s], the U.S. government forced Bolivia to use its scarce capital not for its own development, but to compensate the former mine owners and repay its foreign debts.”

The economic policies forced on Bolivia in those years were a precursor of the structural adjustment programs imposed on the continent thirty years later, under the terms of the neoliberal “Washington consensus,” which has generally had disastrous effects wherever its strictures have been observed. By now, the victims of neoliberal market fundamentalism are coming to include the rich countries, where the curse of financial liberalization is bringing about the worst financial crisis since the Great Depression of the 1930s and leading to massive state intervention in a desperate effort to rescue collapsing financial institutions.

We should note that this is a regular feature of contemporary state capitalism, though the scale today is unprecedented. A study by two well-known international economists 15 years ago found that at least twenty companies in the top Fortune 100 would not have survived if they had not been saved by their respective governments, and that many of the rest gained substantially by demanding that governments “socialise their losses.” Such government intervention “has been the rule rather than the exception over the past two centuries,” they conclude from a detailed analysis. [Ruigrok and von Tulder]

We might also take note of the striking similarity between the structural adjustment programs imposed on the weak by the International Monetary Fund, and the huge financial bailout that is on the front pages today in the North. The US executive-director of the IMF, adopt  ing an image from the Mafia, described the institution as “the credit community’s enforcer.”  Under the rules of the Western-run international economy, investors make loans to third world tyrannies, and since the loans carry considerable risk, make enormous profits.   Suppose the borrower defaults. In a capitalist economy, the lenders would incur the loss. But really existing capitalism functions quite differently. If the borrowers cannot pay the debts, then the IMF steps in to guarantee that lenders and investors are protected. The debt is transferred to the poor population of the debtor country, who never borrowed the money in the first place and gained little if anything from it. That is called “structural adjustment.” And taxpayers in the rich country, who also gained nothing from the loans, sustain the IMF through their taxes. These doctrines do not derive from economic theory; they merely reflect the distribution of decision-making power.

The designers of the international economy sternly demand that the poor accept market discipline, but they ensure that they themselves are protected from its ravages, a useful arrangement that goes back to the origins of modern industrial capitalism, and played a large role in dividing the world into rich and poor societies, the first and third worlds.

This wonderful anti-market system designed by self-proclaimed market enthusiasts is now being implemented in the United States, to deal with the very ominous crisis of financial markets. In general, markets have well-known inefficiencies. One is that transactions do not take into account the effect on others who are not party to the transaction. These so-called “externalities” can be huge. That is particularly so in the case of financial institutions. Their task is to take risks, and if well-managed, to ensure that potential losses to themselves will be covered. To themselves. Under capitalist rules, it is not their business to consider the cost to others if their practices lead to financial crisis, as they regularly do. In economists’ terms, risk is underpriced, because systemic risk is not priced into decisions. That leads to repeated crisis, naturally. At that point, we turn to the IMF solution. The costs are transferred to the public, which had nothing to do with the risky choices but is now compelled to pay the costs – in the US, perhaps mounting to about $1 trillion right now.   And of course the public has no voice in determining these outcomes, any more than poor peasants have a voice in being subjected to cruel structural adjustment programs.

A basic principle of modern state capitalism is that cost and risk are socialized, while profit is privatized. That principle extends far beyond financial institutions. Much the same is true for the entire advanced economy, which relies extensively on the dynamic state sector for innovation, for basic research and development, for procurement when purchasers are unavailable, for direct bail-outs, and in numerous other ways. These mechanisms are the domestic counterpart of imperial and neocolonial hegemony, formalized in World Trade Organization rules and the misleadingly named “free trade agreements.”

Financial liberalization has effects well beyond the economy. It has long been understood that it is a powerful weapon against democracy Free capital movement creates what some international economists have called a “virtual parliament” of investors and lenders, who can closely monitor government programs and “vote” against them if they are considered irrational: for the benefit of people, rather than concentrated private power. They can “vote” by capital flight, attacks on currencies, and other devices offered by financial liberalization. That is one reason why the Bretton Woods system established by the US and UK after World War II instituted capital controls and regulated currencies. The Great Depression and the war had aroused powerful radical democratic currents, taking many forms, from the anti-fascist resistance to working class organization. These pressures made it necessary to permit social democratic policies. The Bretton Woods system was designed in part to create a space for government action responding to public will – for some measure of democracy, that is. John Maynard Keynes, the British negotiator, considered the most important achievement of Bretton Woods to be establishment of the right of governments to restrict capital movement. In dramatic contrast, in the neoliberal phase after the breakdown of the Bretton Woods system, the US Treasury now regards free capital mobility as a “fundamental right,” unlike such alleged “rights” as those guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights: health, education, decent employment, security, and other rights that the Reagan and Bush administrations have dismissed as “letters to Santa Claus,” “preposterous,” mere “myths.”

In earlier years the public had not been much of a problem. The reasons are reviewed by Barry Eichengreen in his standard scholarly history of the international monetary system.   He explains that in the 19th century, governments had not yet been “politicized by universal male suffrage and the rise of trade unionism and parliamentary labor parties.” Therefore the severe costs imposed by the virtual parliament could be transferred to the general population. But with the radicalization of the general public during the Great Depression and the anti-fascist war, that luxury was no longer available to private power and wealth. Hence in the Bretton Woods system, “limits on capital mobility substituted for limits on democracy as a source of insulation from market pressures.” It is only necessary to add the obvious corollary: with the dismantling of the system from the 1970s, functioning democracy is restricted. It has therefore become necessary to control and marginalize the public in some fashion, processes that are particularly evident in the more business-run societies like the United States. The management of electoral extravaganzas by the Public Relations industry is one illustration.

The primary victims of military terror and economic strangulation are the poor and weak, within the rich countries themselves and far more brutally in the South. But times are changing. In Venezuela, in Bolivia, and elsewhere there are promising efforts to bring about desperately needed structural and institutional changes. And not surprisingly, these efforts to promote democracy, social justice, and cultural rights are facing harsh challenges from the traditional rulers, at home and internationally.

For the first time in half a millennium, South America is beginning to take its fate into its own hands. There have been attempts before, but they have been crushed by outside force, as in the cases I just mentioned and other hideous ones too numerous and too familiar to review. But there are now significant departures from a long and shameful history. The departures are symbolized by the UNASUR crisis summit in Santiago just a few days ago. At the summit, the presidents of the South American countries issued a strong statement of support for the elected Morales government, which as you know is under attack by the traditional rulers: privileged Europeanized elites who bitterly oppose Bolivian democracy and social justice and, routinely, enjoy the firm backing of the master of the hemisphere. The South American leaders gathering at the UNASUR summit in Santiago declared “their full and firm support for the constitutional government of President Evo Morales, whose mandate was ratified by a big majority” — referring, of course, to his overwhelming victory in the recent referendum. Morales thanked UNASUR for its support, observing that “For the first time in South America’s history, the countries of our region are deciding how to resolve our problems, without the presence of the United States.”

A matter of no slight significance.

The significance of the UNASUR support for democracy in Bolivia is underscored by the fact that the leading media in the US refused to report it, though editors and correspondents surely knew all about it. Ample information was available to them on wire services.

That has been a familiar pattern. To cite just one of many examples, the Cochabamba declaration of South American leaders in December 2006, calling for moves towards integration on the model of the European Union, was barred from the Free Press in the traditional ruler of the hemisphere. There are many other cases, all illustrating the same fear among the political class and economic centers in the US that the hemisphere is slipping from their control.

Current developments in South America are of historic significance for the continent and its people. It is well understood in Washington that these developments threaten not only its domination of the hemisphere, but also its global dominance. Control of Latin America was the earliest goal of US foreign policy, tracing back to the earliest days of the Republic. The United States is, I suppose, the only country that was founded as a “nascent empire,” in George Washington’s words. The most libertarian of the Founding Fathers, Thomas Jefferson, predicted that the newly liberated colonies would drive the indigenous population “with the beasts of the forests into the Stony Mountains,” and the country will ultimately be “free of blot or mixture,” red or black (with the return of slaves to Africa after eventual ending of slavery). And furthermore, it “will be the nest, from which all America, North and South, is to be peopled,” displacing not only the red men but the Latin population of the South.

These aspirations were not achieved, but control of Latin America remains a central policy goal, partly for resources and markets, but also for broader ideological and geostrategic reasons. If the US cannot control Latin America, it cannot expect “to achieve a successful order elsewhere in the world,” Nixon’s National Security Council concluded in 1971 while considering the paramount importance of destroying Chilean democracy.   Historian David Schmitz observes that Allende “threatened American global interests by challenging the whole ideological basis of American Cold War policy.  It was the threat of a successful socialist state in Chile that could provide a model for other nations that caused concern and led to American opposition,” in fact direct participation in establishing and maintaining the terrorist dictatorship. Henry Kissinger warned that success for democratic socialism in Chile might have reverberations as far as southern Europe – not because Chilean hordes would descend on Madrid and Rome, but because success might inspire popular movements to achieve their goals by means of parliamentary democracy, which is upheld as an abstract value in the West, but with crucial reservations.

Even mainstream scholarship recognizes that Washington has supported democracy if and only if it contributes to strategic and economic interests, a policy that continues without change through all administrations, to the present.

These pervasive concerns are the rational form of the domino theory, sometimes more accurately called “the threat of a good example.” For such reasons, even the tiniest departure from strict obedience is regarded as an existential threat that calls for a harsh response: peasant organizing in remote communities of northern Laos, fishing cooperatives in Grenada, and so on throughout the world. It is necessary to ensure that the “virus” of successful independent development does not “spread contagion” elsewhere, in the terminology of the highest level planners.

Such concerns have motivated US military intervention, terrorism, and economic warfare throughout the post-World War II era, in Latin America and throughout much of the world. These are leading features of the Cold War. The superpower confrontation regularly provided pretexts, mostly fraudulent, much as the junior partner in world control appealed to the threat of the West when it crushed popular uprisings in its much narrower Eastern European domains.

But times are changing. In Latin America, the source is primarily in moves towards integration, which has several dimensions. One dimension of integration is regional: moves to strengthen ties among the South American countries of the kind I mentioned. These are now just beginning to reach to Central America, which was so utterly devastated by Reagan’s terror wars that it had mostly stayed on the sidelines since, but is now beginning to move. Of particular significance are recent developments in Honduras, the classic “banana republic” and Washington’s major base for its terrorist wars in the region in the 1980s. Washington’s Ambassador to Honduras, John Negroponte, was one of the leading terrorist commanders of the period, and accordingly was appointed head of counter-terrorist operations by the Bush administration, a choice eliciting no comment. But here too times are changing. President Zelaya declared that US aid does not “make us vassals” or give Washington the right to humiliate the nation, and has improved ties with Venezuela, joining Petrocaribe, and in July, joining the Alba as well.

Regional integration of the kind that has been slowly proceeding for several years is a crucial prerequisite for independence, making it more difficult for the master of the hemisphere to pick off countries one by one. For that reason it is causing considerable distress in Washington, and is either ignored or regularly distorted in the media and other elite commentary.

A second form of integration is global: the establishment of South-South relations, and the diversification of markets and investment, with China a growing and particularly significant participant in hemispheric affairs. Again, these developments undercut Washington’s ability to control what Secretary of War Henry Stimson called “our little region over here” at the end of World War II, when he was explaining that other regional systems must be dismantled, while our own must be strengthened.


The third and in many ways most vital form of integration is internal. Latin America is notorious for its extreme concentration of wealth and power, and the lack of responsibility of privileged elites for the welfare of the nation. It is instructive to compare Latin America with East Asia. Half a century ago, South Korea was at the level of a poor African country. Today it is an industrial powerhouse. And much the same is true throughout East Asia. The contrast to Latin America is dramatic, particularly so because Latin America has far superior natural advantages. The reasons for the dramatic contrast are not hard to identify. For 30 years Latin America has rigorously observed the rules of the Washington consensus, while East Asia has largely ignored them.  Latin American elites separated themselves from the fate of their countries, while their East Asian counterparts were compelled to assume responsibilities. One measure is capital flight: in Latin America, it is on the scale of the crushing debt, while in South Korea it was so carefully controlled that it could bring the death penalty. More generally, East Asia adopted the modes of development that had enabled the wealthy countries to reach their current state, while Latin America adhered to the market principles that were imposed on the colonies and largely created the third world, blocking development.

Furthermore, needless to say, development of the East Asian style is hardly a model to which Latin America, or any other region, should aspire. The serious problems of developing truly democratic societies, based on popular control of all social, economic, political and cultural institutions, and overturning structures of hierarchy and domination in all aspects of life, are barely even on the horizon, posing formidable and essential tasks for the future.

These are huge problems within Latin America. They are beginning to be addressed, though haltingly, with many internal difficulties.   And they are, of course, arousing bitter antagonism on the part of traditional sectors of power and privilege, again backed by the traditional master of “our little region over here.” The struggle is particularly intense and significant right now in Bolivia, but in fact is constant in one or another form throughout the hemisphere.

The problems of Latin America and the Caribbean have global roots, and have to be addressed by regional and global solidarity along with internal struggle. The growth of the social forums, first in South America, now elsewhere, has been one of the most encouraging steps forward in recent years. These developments may bear the seeds of the first authentic international, heralding an era of true globalization – international integration in the interests of people, not investors and other concentrations of power. You are right at the heart of these dramatic developments, an exciting opportunity, a difficult challenge, a responsibility of historic proportions.

“ The tragedy is that, diagnosis in Southern Africa, there is no reason for a single person to go without food, hospital water or any basic necessity, and yet millions do. The region has enormous natural resources and the populations are relatively small compared, for example, to countries in Asia or Latin America. The tragedy is that these resources are utilised by foreign corporations and export-oriented domestic corporations in a system of global production and trade that impoverishes the people of Southern Africa.
The good news is that, despite what protagonists of neo-liberal globalisation want us to believe, this is NOT part of the ‘natural’ order of things, a ‘fact of life’. There is an alternative. Africa has liberated itself from direct colonialism and apartheid. Our next battle is against the forces of globalisation that seek to keep Africa in permanent bondage and to determine our own future in pursuit of development as defined and shaped by ourselves…..”


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