Cumbre del ALBA, historia de una integración inédita

(PL y agencias).- La V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) es hoy la historia de la consecución de un modelo integracionista inédito en la historia de la región latinoamericana y caribeña. El presidente de Venezuela, doctor Hugo Chávez, case resumió la esencia de dos sesiones de trabajo de la cita de mandatarios y altos representantes al decir que “la historia de los pueblos se ha puesto de nuevo en marcha”.

Chávez clausuró la V Cumbre del ALBA, cuyo último segmento fue la reunión de los presidentes con los representantes de los movimientos sociales de la región. El presidente venezolano pidió a su colega boliviano, Evo Morales, que a manera de epílogo pronunciara en lengua aymara la frase dicha al morir por el héroe de la resistencia indígena Tupac Katari: “Hoy muero, pero volveré hecho millones”.

Con el simbolismo de esa expresión de unos de los precursores de la independencia americana concluyó el evento que durante el fin de semana sesionó a 350 kilómetros al oeste de Caracas.

Los presidentes Chávez y Morales, en unión del vicepresidente cubano Carlos Lage y el jefe de estado de Nicaragua, Daniel Ortega, firmaron los ocho instrumentos jurídicos emanados de la cita por la integración y la solidaridad entre las cuatro naciones que forman la alianza, más Haití.

La declaración política de la V Cumbre estableció entre otros aspectos el organigrama organizativo del ALBA, que incluye los Consejos de Presidentes, de Ministros y de Movimientos Sociales. La estructura está encabezada por el Consejo de presidentes y seguido por sendos Consejos de Ministros y de Movimientos Sociales y una Secretaría Permanente. En la parte inferior del esquema aparecen diversas comisiones dedicadas a los asuntos políticos, económicos, sociales, energéticos, medio ambiente y otros.

También el documento final recogió una condena a la liberación en estados Unidos del terrorista internacional Luis Posada Carriles y de apoyo al gobierno de Venezuela en su decisión soberana de no renovar la licencia al canal Radio Caracas Televisión.

Los países miembros denunciaron la Convención del Consejo Internacional de Arbitraje e Inversiones y anunciaron su retirada del organismo, con la excepción de Cuba, que nunca perteneció.

La Cumbre acordó los llamados Proyectos ALBA en las áreas de educación, cultura, comercio justo, finanzas, salud, alimentación, telecomunicaciones, turismo, minería, industria y energía. Chávez adelantó la posibilidad de realizar una reunión trilateral con Morales y Lage para firmar una serie de acuerdos que están en proceso.

Anteriormente el ministro de Industrias Básicas y Minería de Venezuela, José Khan, informó la posibilidad de establecer varias alianzas estratégicas con los países participantes en la cumbre para conformar empresas mixtas. Adelantó que uno de ellos dará lugar a una empresa mixta con Cuba, instalada en Venezuela, capaz de producir 500 millones de toneladas de acero inoxidable anualmente.

También se proyecta crear una empresa cubano-venezolana de ferroníquel en la isla con capacidad para 68 mil toneladas al año. Con Nicaragua se realizan estudios para crear en esa nación una empresa de aluminio con cinco líneas, orientada al mercado interno de Nicaragua y Latinoamérica. También con Bolivia se acordó trabajar para la extracción de sus grandes reservas de mineral de hierro, instalar una acería y dos fábricas de cemento.

El resto de los instrumentos jurídicos de la cumbre estuvieron enmarcados en el sector energético con acuerdos con Venezuela de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Haití. Uno de los documentos rubricados por los jefes de estado está orientado a cambiar la matriz energética de las naciones integrantes de la alianza, las cuales implementarán mecanismos para elevar el consumo del gas en sustitución de otros combustibles más caros y contaminadores.

El presidente Chávez abogó porque para la próxima Cumbre los movimientos sociales de la región se incorporen a todos los proyectos del ALBA.

Chávez Frías indicó que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) debe marchar en el futuro hacia una especie de Confederación de Repúblicas. El líder venezolano instó a incorporarse al ALBA a los países que se encuentran invitados en esta cumbre. “Desde aquí le envío la invitación a que consideren su incorporación al ALBA, de forma tal que podamos trabajar mucho más a fondo, creando nuevas estructuras bilaterales o multilaterales para apuntalar los procesos productivos”.

Asimismo, llamó a la consolidación de los gobiernos, “es una tarea de todos nosotros, ayudar a que cada gobierno del ALBA y nuestros amigos aliados se consoliden”.

Chávez señaló que el ALBA no está orientado -desde el punto de vista ideológico- por el socialismo como modelo único, “sin embargo buena parte de los gobiernos del ALBA hemos asumido el socialismo, y más allá del ALBA, el socialismo crece como perspectiva, como idea, como bandera. Hemos visto al presidente Correa levantar desde el Ecuador las banderas del socialismo alfarista y bolivariano”.

www.boliviasoberana.org

Declaración de Tintorero (movimientos sociales del ALBA)

Tintorero – Venezuela
Consideraciones Generales:
• Los Movimientos Sociales y fuerzas políticas Latinoamericanos y del Caribe reunidos por primera vez con los representantes de gobiernos del ALBA, online en la V Cumbre celebrada en la ciudad de Barquisimeto, Edo. Lara en Venezuela, entre el 28 y 29 de abril de 2007, reiteramos nuestro apoyo y compromiso de unión de los Pueblos de la América Latina y del Caribe con el proceso de integración política e ideológica enmarcada en el ALBA, como un hilo que permitirá conectar las diferentes expresiones sociales, quienes han resistido siglos de exclusión en nuestros pueblos (campesinos, obreros, cultores populares) impuesta por el modelo capitalista neoliberal, y reafirmamos nuestro apoyo a los Gobiernos Progresistas de la región para la realización de encuentros encaminados a lograr no sólo el acercamiento gubernamental sino el acercamiento de los pueblos hermanos del continente.
• Creemos en el proceso de construcción del ALBA que debe fundamentarse en el legado histórico de nuestros Libertadores y libertadoras, con un claro contenido ético, de valores y principios que se contrapongan a los neoliberales. Un ALBA que haga suyo el análisis y la perspectiva de genero que contribuya a una nueva cultura entre los géneros en paridad sin opresión y sin discriminación de un sexo sobre otro. Por ello reiteramos los principios fundamentales sobre los cuales se propulsó esta iniciativa, a saber: autodeterminación de los pueblos, complementariedad económica, comercio justo, cooperación entre los países participantes (intra-ALBA), desarrollo económico equilibrado en cada país, lucha contra la pobreza, preservación de la identidad cultural de los pueblos, integración energética, defensa de la cultura latinoamericana y caribeña, de la identidad de los pueblos de la región, fomento de la cultura autóctona e indígena.
• Proponemos incorporar a los anteriores principios: integración tecnológica-productiva, solidaridad entre nuestros pueblos, lucha contra la exclusión social, defensa de los derechos humano, laborales y de las mujeres, defensa del ambiente, integración física, soberanía alimentaria, participación de los pueblos en los asuntos públicos, garantía de comercio justo y sustentable, complementariedad económica, competencia productiva con los países no miembros del ALBA (países extra-ALBA), justicia social, soberanía, corresponsabilidad, pluriculturalidad, diversidad, reconocimiento de la cultura afrodescendiente, y el derecho de la autodeterminación de los pueblos indígenas tal como lo establece los pactos de derechos humanos.
• Mantenemos el ALBA en su espíritu originario como alternativa que se contrapone al ALCA tratado neoliberal, que impone condiciones de pobreza, desigualdad y exclusión en nuestros pueblos, y más allá como un ente que facilita el diálogo de saberes y la unión de los movimientos sociales entre ellos y con los gobiernos nacionales, estadales, regionales, municipales, comunales, departamentales, que suscriben el acuerdo del ALBA.
• Reafirmamos la lucha actual contra los Tratados de Libre de Comercio con los EEUU, como mecanismo auxiliar del ALCA, proponiendo el Tratado de Comercio de los Pueblos, de acuerdo a los principios establecidos en el ALBA, como vía para lograr el crecimiento equitativo de la región, y como instrumentos de liberación y emancipación de los pueblos de América Latina y el Caribe, frente al imperialismo norteamericano.
En relación a cómo organizarnos, proponemos lo siguiente:
• Que la adhesión de los Movimientos Sociales al ALBA se conformen respetando el principio de autonomía y la estructura horizontal de los mismos, donde la integración con los representantes de los gobiernos permita el diseño de planes, programas y proyectos coordinados en base a los interese comunes, con los siguientes criterios: anti-imperialista, humanista, ambientalista, con visión de género.
• Proponemos proyectos nacionales de articulación cuyo objetivo fundamental sea la unidad y la diversidad de los movimientos sociales y político transformando el ALBA en una herramienta inclusiva de las amplias mayorías de nuestros pueblos.
PROPUESTAS
• Creación de la Carta ALBA: esta debe contener su definición, objetivos, principios, valores y estructuras; siendo esta última la que permita la articulación de los entes gubernamentales nacionales, con los movimientos sociales, pueblos indígenas, afrodescendientes, gobiernos locales, grupos de mujeres y feministas, ecológicos, culturales, entre otros.
• Articulación con los Gobiernos Locales: debe constituir un puente entre los gobiernos nacionales y los gobiernos locales de los diferentes países que integran el ALBA a los efectos de acercar las gestiones de gobierno a los pueblos organizados.
1. En los países no integrados al ALBA se debe ampliar y profundizar la incorporación de los gobiernos locales y regionales progresistas y que se adhieran al ALBA. Teniendo como base la primera esfera administrativa del estado más cerca de la población.
2. Los gobiernos y estados del ALBA deberían hacer las reformas legales a sus marcos normativos para facilitar los procesos de cooperación y comercio justos.
3.Dentro de las estrategias de cooperación energética deberá también priorizarse proyectos de generación eléctrica, eólica e hídrica para facilitar capacidades en competencias a las pequeñas unidades productivas y mejorar la renta real de las familias de más bajos recursos y excluidos de la población.
• Multiplicar las Misiones Sociales: los Movimientos Sociales están en disposición de profundizar las experiencias positivas en cada país de la Región, mediante el impulso de las diferentes misiones sociales: en salud, educación, producción; creando las condiciones organizativas, institucionales y financieras que permitan la sociabilización de las mismas. Proponemos además, un Plan Regional de Salud Pública, construido sobre las bases de programas de cooperación como Misión Milagro, que brinde acceso gratuito y universal a toda la población, fortalecer la participación popular a través de redes populares humanitarias misioneras, que se extiendan a los pueblos donde sus gobiernos no se han suscrito al ALBA.
• Plan de Cooperación para Haití: La grave situación económica, política y social que sufre nuestra hermana república, merece un esfuerzo verdadero por nuestra parte para cooperar con su desarrollo social y humano, no en los términos explotadores que ofrece el modelo neoliberal y sus instituciones financieras, sino bajo un verdadero esquema de solidaridad. Exhortamos a los gobiernos del ALBA a cooperar con Haití en áreas como: proyectos de salud y educación, especialmente alfabetización, agricultura, cooperación económica, comercio justo. Por nuestra parte, reiteramos nuestro compromiso de apoyar al pueblo haitiano para fortalecer los procesos de organización, producción y distribución que garanticen la soberanía y seguridad alimentaria del pueblo haitiano.
• Plan Educativo y Cultural Integral: desde la alfabetización hasta el desarrollo universitario, basado en la experiencia del método: Yo Sí Puedo, importantes proyectos con la participación de movimientos sociales como el IALA y la ELAM, y la creación de la Universidad del Sur y de la Escuela Latinoamericana y Caribeña de Políticas Públicas con una lógica nueva, que rompa con la mercantilización del sistema educativo y promueva nuevos valores éticos, humanistas y solidarios, así también la cultura de la emancipación debe ser tomada como un eje transversal en la construcción del poder popular.
• Capacitación de los Movimientos Sociales: debe articularse una estrategia regional que permita fortalecer las capacidades sociales, técnicas y políticas del los diversos Movimientos Sociales, para ello debe aprovecharse las experiencias exitosas emprendidas por los Movimientos Sociales en la Región. Crear un mecanismo que se pueda incluir en el marco del ALBA para solucionar la problemática de los desplazad@s de la migración estimulada por el terrorismo de estado y el neoliberalismo de los gobiernos sometidos a las dictaduras del imperialismo para brindar oportunamente el apoyo requerido a esta población.
• Democratización de las Telecomunicaciones y la Informática como herramientas estratégicas para construir el poder popular liberador nuestroamericano: donde se articule los espacios para consolidar un sistema público de comunicación en manos de las comunidades populares (radio, la televisión y el Internet), dándole cabida a las redes alternativas de información existentes en Nuestra América que ofrecen una perspectiva desde los movimientos populares. Redefinición y expansión de TELESUR, la Editorial ALBA y la creación de una Agencia de Noticias ALBA.
• Democratización Financiera: creación de instituciones financieras con instrumentos modalidades, plazos, tasas y montos que se adapten a las necesidades de financiamiento de los emprendimientos sociales. Por ello solicitamos que en la estructura organizativa del BANCO DEL SUR se incluya un área de atención a la economía social, concretamente un fondo solidario para impulsar la Alternativa Bolivariana de las Mujeres de América con miras a erradicar la feminización de la pobreza.
• Defensa de la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria: se debe articular una estrategia de autosuficiencia en la producción de alimentos a partir del potencial para la producción agroecológica que tiene la Región. Cuyo fundamento se encuentra en la activación social de los movimientos campesinos y de los pequeños productores. Se refuerza el principio de lucha contra los transgénicos y la protección del ambiente. Se propone la Red para la Producción e intercambio de Alimentos sanos. Llamamos a profundizar la lucha que elimine el latifundio, la desigualdad social en el campo y se garantice la soberanía alimentaria de los pueblos, y que nuestros cultivos y nuestra inversión en la agricultura y desarrollo agrícola sea para alimentar nuestros pueblos.
• Derecho a la vivienda y un hábitat digno: asegurar el derecho a la vivienda de todas y todos de los y las habitantes garantizando ciudades y municipios libres de desalojos, apoyar la creación de fondos populares y proyectos autogestionarios y cooperativos y de desarrollo endógeno, acceso al suelo y a la vivienda.
• Contraloría Social del ALBA: debe articularse una instancia de los Movimientos Sociales para la vigilancia y control de los diferentes acuerdos y Proyectos suscritos por los Gobiernos del ALBA, donde se realicen periódicamente encuentros en los cuales los gobiernos del ALBA hagan un balance de los alcances y la implementación del ALBA a los pueblos organizados a través de reportes. Esta estructura es vital y su organización debe partir desde las bases, ya que entendemos que sólo una profunda participación popular es capaz de garantizar la viabilidad del ALBA
• Apoyar la red de Parlamentarios y Parlamentarias por el ALBA: se debe exhortar a los parlamentarios de los diferentes países del ALBA a establecer canales con los demás parlamentarios y parlamentarias de América Latina y el Caribe para difundir la estrategia del ALBA a todos los Poderes Legislativos de la Región con miras a la conformación de un espacio parlamentario ALBA.
• Apoyar la red de mujeres por el ALBA: que articule todos los movimientos de mujeres en América Latina y el Caribe, que impulse la lucha por la desconstrucción de las desigualdades de poder entre las personas y promuevan la unidad en la diversidad, a demás de establecer agendas feministas de lucha de incidencia política.
• Redes Productivas de los Movimientos Sociales: aprovechar toda la experiencia organizativa de los Movimientos Sociales para organizar las cadenas de producción en pro del aprovechamiento de las capacidades endógena que tenemos.
• Propuesta Organizativa: se debe generar una estructura que permita incorporar en la organicidad del ALBA a través de mecanismos que viabilicen la participación de los movimientos sociales, que permita alcanzar una democracia participativa y protagónica de acuerdo a los intereses populares socialmente organizados. Se Propone la creación de un Consejo Consultivo Planificador de los Movimientos Sociales
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• Impulsar la integración energética de Latinoamérica y el Caribe: donde se incluyan las necesidades de los sectores menos favorecidos mediante una alianza estratégica con los Movimientos Sociales.
• Proyecto de integración cultural: donde se cree la Casa del ALBA en cada país y que esté primordialmente orientado a la difusión de la identidad de nuestros pueblos, destacando principalmente las culturas de nuestros pueblos indígenas originarios y afrodescendientes, así como la solidaridad de los pueblos en lucha.
Por último, los movimientos sociales y políticos, junto con representantes de gobiernos locales, reunidos durante la V Cumbre del ALBA-TCP en Tintorero, Venezuela, en aras de impulsar el fortalecimiento del ALBA como alternativa de los Pueblos contra la lógica neoliberal e imperialista confrontar el modelo neoliberal, el imperialismo y la guerra, impulsaremos campañas centrales a lo largo del 2007:
1.Llamado a movilizaciones de solidaridad con la lucha costarricense contra el TLC.
Nos solidarizamos con las luchas del pueblo costarricense contra el Tratado de Libre Comercio y apoyamos su iniciativa para rechazarlo en el referéndum a realizarse en el mes de septiembre. El ALBA debe profundizar su labor de crear alternativas a los TLC bajo los principios del comercio justo y solidario. Asimismo, reiteramos nuestra exigencia de que ningún gobierno se adhiera al TLC sin una consulta popular democrática que sea precedida por un gran debate nacional.
2. Jornada de movilización en rechazo a liberación del terrorista Luis Posada Carriles y a favor de la liberación de los 5 presos antiterroristas cubanos en cárceles de Estados Unidos.
Contra el Terrorismo y la Doble Moral del Imperialismo: ¡Extradición ya!
Demandamos la inmediata extradición del terrorista confeso Luis Posada Carriles a Venezuela, para continuar el proceso judicial en su contra por la explosión de un avión civil cubano que dejó un saldo de 73 muertos en 1976. Rechazamos la continua violación de las leyes internacionales por parte del gobierno estadounidense y su negativa de entregar a Posada Carriles a las autoridades correspondientes. Asimismo, exigimos la libertad inmediata de los cinco luchadores cubanos que siguen encarcelados en los Estados Unidos.
3. Llamado a un Encuentro entre Pueblos y Gobiernos del ALBA.
Los movimientos sociales latinoamericanos, respondiendo al llamado de los Jefes de Estado del ALBA se comprometen a elaborar una propuesta de agenda social previa a la próxima convocatoria de la Cumbre de Jefes de Estado, así como organizar una Cumbre de Movimientos Sociales del ALBA que nos permita avanzar en una interlocución con los gobiernos del ALBA, que contribuya a fortalecer el movimiento social y popular, a organizar y concienciar a nuestros pueblos en torno a los principios y valores del alba, a extender las misiones y logros sociales al resto de los países de América Latina y el Caribe, que coadyuve a la creación de redes de gobiernos locales. Parlamentarios, mujeres, campesinos, sindicatos y otros para construir desde abajo el ALBA de los pueblos
4.Llamado a una movilización en memoria de los 40 años de la caída en combate del Guerrillero Heroico, Comandante Che Guevara.
Al conmemorarse cuarenta años de la siembra de este vivo ejemplo de desprendimiento y entrega por la causa de la liberación y la integración latinoamericana y caribeña, hacemos un llamado a movilizaciones en todos nuestros países para conmemorar su heroica gesta y su legado.
CONSIDERACIONES FINALES
Los Movimientos Sociales de América reunidos en Tintorero, Estado Lara, Venezuela; saludamos y nos solidarizamos con el Aniversario número XXX de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Apoyamos desde todos nuestros países su lucha por la justicia, la paz y en contra de la impunidad.
Nos declaramos en lucha permanente para alcanzar un territorio libre de analfabetismo y transgénicos.
El Encuentro Social del ALBA, expresa su solidaridad con los pueblos de Bolivia y Ecuador en su lucha de liberación y protagonismo de los Movimientos Sociales y Pueblos Originarios; y manifiesta su firme apoyo a los procesos constituyentes emprendidos para transformar las viejas estructuras políticas, económicas y sociales de opresión y explotación.
En el marco de la Cumbre Iberoamericana de Presidentes y Jefes de Estado que se realizará en Santiago de Chile entre el 8 y 10 de noviembre de 2007, expresamos nuestra solidaridad con los Presidentes y Jefes de Estados integrantes del ALBA, y hacemos un llamado a todos los Movimientos Sociales a participar en la Cumbre Alternativa Iberoamericana a realizarse en la misma fecha.
Expresamos nuestro apoyo a los Movimientos Sociales que en EEUU y Canadá luchan por los derechos de sus pueblos y se solidarizan con la construcción del ALBA y la liberación de todos los pueblos del Continente Americano.
Finalmente, saludamos el triunfo del pueblo ecuatoriano que impuso su voluntad soberana de convocar la Asamblea Constituyente.

Declaración política de la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América

Much has been written and theorized about the Bolivarian Alternative for the Americas (ALBA) since President Chavez first proposed the idea at Isla Margarita at the III Summit of the Heads of State and the Government of the Association of Caribbean States in December, discount 2001.
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Raúl Zibechi

ALAI AMLATINA, 30/05/2008, Montevideo.- No es ALBA, ni el MERCOSUR ampliado, ni la integración energética que venía trabajando Venezuela. La UNASUR, impulsada por Brasil, tiene ventajas y desventajas: entre las primeras, potencia la autonomía regional respecto de los Estados Unidos; pero es un tipo de integración a la medida de las grandes empresas brasileñas.

El 23 de mayo, en Brasilia, once presidentes y un vicepresidente en representación de los doce países de América del Sur, firmaron el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). El tiempo dirá, pero todo indica que se trata de un hecho que hará historia en el largo y complejo proceso de integración de los países de la región y, muy en particular, de la afirmación de un proyecto propio que necesariamente toma distancias de Washington.

El proceso en curso presenta dos novedades respecto a los anteriores. Uno, es el neto protagonismo de Brasil que se ha convertido en la locomotora regional, luego de tejer una alianza estratégica con Argentina. El resto de los países pueden elegir entre seguir la corriente del país que representa la mitad del PIB regional y de su población y es, junto a Rusia, China e India, uno de los principales emergentes del mundo. Pero, además, el único en condiciones de liderar un proceso que colocará a la región como uno de los cinco o seis polos de poder global.

El segundo, es que la seguridad regional ha sido sustituida a la energía como disparador de la integración. Luiz Inacio Lula da Silva presentó la propuesta de crear un Consejo de Defensa Suramericano, del que sólo la Colombia de Alvaro Uribe tomó distancias. No obstante, se ha creado un grupo de trabajo que en 90 días presentará un informe técnico con el objetivo de eliminar las divergencias existentes. Lula se mostró confiado en que Uribe aceptará la integración en materia de seguridad, luego de su viaje a Bogotá el próximo 20 de julio.

De este modo, la diplomacia de Itamaraty arrincona las expectativas del Pentágono de abrir un frente militar, luego del ataque al campamento de las FARC en suelo ecuatoriano el pasado 1 de marzo. Esta es apenas la fase final de una estrategia que comenzó con maniobras conjuntas entre Brasil y Argentina, cuyas hipótesis de conflicto consistían en la defensa de los recursos naturales ante una potencia extracontinental. En noviembre de 2006, el coronel Oliva Neto, quien dirige el Núcleo de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil, había hecho la propuesta de crear unas fuerzas armadas regionales como parte del proyecto Brasil en Tres Tiempos, que busca convertir a la nación en un “país desarrollado” para 2022.

Para horror de Washington, y de las derechas vernáculas, la región contará en adelante con cuatro poderosas instancias de integración: la UNASUR, el Consejo de Defensa, y según el anuncio de Lula, “un banco central y una moneda única”. No está claro qué papel jugará el Banco del Sur, aunque es probable que Brasilia opte por otro formato en línea con su poderoso Banco Nacional de Desarrollo, que cuenta con más fondos para invertir en la región que el FMI y el propio Banco Mundial.

Sin duda, esta integración a la medida del “Brasil potencia” no es la que hubiera preferido Hugo Chávez, pero las dificultades por las que atraviesa el proceso bolivariano y los resquemores que levanta en la región, fortalecieron la opción brasileña. Que las grandes empresas de ese país (Petrobras, Embraer, Odebrecht, Camargo Correa, Itaú….) serán las grandes beneficiarias, está fuera de duda. Seguramente, sea el precio a pagar por romper dependencias más onerosas.

Analistas conservadores como el argentino Rosendo Fraga, esperan que “la heterogeneidad de los doce países de la región” (Nueva Mayoría, 20 de mayo) sea la piedra en el zapato del proceso de integración. Washington tiene las mismas expectativas y, además, trabaja con ahínco para ello. Llama la atención, en vista de las escasas perspectivas de futuro que tienen los pequeños países en un mundo globalizado, que el único presidente que faltó a la cita haya sido Tabaré Vázquez.


– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.

Raúl Zibechi
ALAI AMLATINA, stuff 30/05/2008, Montevideo.- No es ALBA, ni el MERCOSUR ampliado, ni la integración energética que venía trabajando Venezuela. La UNASUR, impulsada por Brasil, tiene ventajas y desventajas: entre las primeras, potencia la autonomía regional respecto de los Estados Unidos; pero es un tipo de integración a la medida de las grandes empresas brasileñas.
El 23 de mayo, en Brasilia, once presidentes y un vicepresidente en representación de los doce países de América del Sur, firmaron el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). El tiempo dirá, pero todo indica que se trata de un hecho que hará historia en el largo y complejo proceso de integración de los países de la región y, muy en particular, de la afirmación de un proyecto propio que necesariamente toma distancias de Washington.
El proceso en curso presenta dos novedades respecto a los anteriores. Uno, es el neto protagonismo de Brasil que se ha convertido en la locomotora regional, luego de tejer una alianza estratégica con Argentina. El resto de los países pueden elegir entre seguir la corriente del país que representa la mitad del PIB regional y de su población y es, junto a Rusia, China e India, uno de los principales emergentes del mundo. Pero, además, el único en condiciones de liderar un proceso que colocará a la región como uno de los cinco o seis polos de poder global.
El segundo, es que la seguridad regional ha sido sustituida a la energía como disparador de la integración. Luiz Inacio Lula da Silva presentó la propuesta de crear un Consejo de Defensa Suramericano, del que sólo la Colombia de Alvaro Uribe tomó distancias. No obstante, se ha creado un grupo de trabajo que en 90 días presentará un informe técnico con el objetivo de eliminar las divergencias existentes. Lula se mostró confiado en que Uribe aceptará la integración en materia de seguridad, luego de su viaje a Bogotá el próximo 20 de julio.
De este modo, la diplomacia de Itamaraty arrincona las expectativas del Pentágono de abrir un frente militar, luego del ataque al campamento de las FARC en suelo ecuatoriano el pasado 1 de marzo. Esta es apenas la fase final de una estrategia que comenzó con maniobras conjuntas entre Brasil y Argentina, cuyas hipótesis de conflicto consistían en la defensa de los recursos naturales ante una potencia extracontinental. En noviembre de 2006, el coronel Oliva Neto, quien dirige el Núcleo de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de Brasil, había hecho la propuesta de crear unas fuerzas armadas regionales como parte del proyecto Brasil en Tres Tiempos, que busca convertir a la nación en un “país desarrollado” para 2022.
Para horror de Washington, y de las derechas vernáculas, la región contará en adelante con cuatro poderosas instancias de integración: la UNASUR, el Consejo de Defensa, y según el anuncio de Lula, “un banco central y una moneda única”. No está claro qué papel jugará el Banco del Sur, aunque es probable que Brasilia opte por otro formato en línea con su poderoso Banco Nacional de Desarrollo, que cuenta con más fondos para invertir en la región que el FMI y el propio Banco Mundial.
Sin duda, esta integración a la medida del “Brasil potencia” no es la que hubiera preferido Hugo Chávez, pero las dificultades por las que atraviesa el proceso bolivariano y los resquemores que levanta en la región, fortalecieron la opción brasileña. Que las grandes empresas de ese país (Petrobras, Embraer, Odebrecht, Camargo Correa, Itaú….) serán las grandes beneficiarias, está fuera de duda. Seguramente, sea el precio a pagar por romper dependencias más onerosas.
Analistas conservadores como el argentino Rosendo Fraga, esperan que “la heterogeneidad de los doce países de la región” (Nueva Mayoría, 20 de mayo) sea la piedra en el zapato del proceso de integración. Washington tiene las mismas expectativas y, además, trabaja con ahínco para ello. Llama la atención, en vista de las escasas perspectivas de futuro que tienen los pequeños países en un mundo globalizado, que el único presidente que faltó a la cita haya sido Tabaré Vázquez.


– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios grupos sociales.

V Cumbre del ALBA

Tintorero – Estado Lara, physician online 29 de abril de 2007
En ocasión de celebrarse la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el primer aniversario del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), healing
Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Evo Morales Ayma; Presidente de la República de Bolivia, Carlos Lage Dávila, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba; Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua; todos representantes de los países miembros del ALBA; y contando con la presencia de René Preval, Presidente de la República de Haití; Maria Fernanda Espinosa, Canciller de la República de Ecuador; Reginald Austrie, Ministro de Energía y Obras Públicas de la Mancomunidad de Dominica; Assim Martin, Ministro de Obras Públicas, Transporte, Correos y Energía de la Federación de San Crist& oacute;bal y Nieves; Julian Francis, Ministro de la Vivienda, Asentamientos Humanos Informales, Planificación Física y Tierra de San Vicente y las Granadinas y Eduardo Bonomi, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, en calidad de invitados especiales y observadores de esta Cumbre, efectuada los días 28 y 29 de abril de 2007, realizaron una completa evaluación del desarrollo de los programas y proyectos aprobados en el Primer Plan Estratégico del ALBA, así como de las acciones de cooperación e integración desplegadas durante el año 2006 en la República de Bolivia y la República de Nicaragua y los hermanos países del Caribe.

En el curso del debate sostenido en un clima de fraternidad y hermandad, ratificamos la idea de que el principio rector de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que puedan negar el objetivo de construir la Patria Grande que soñaron los próceres y héroes de nuestras luchas emancipadoras.

La integración y unión de América Latina y el Caribe a partir de un modelo de desarrollo independiente que priorice la complementariedad económica regional, haga realidad la voluntad de promover el desarrollo de todos y fortalezca una cooperación genuina basada en el respeto mutuo y solidaridad, ya no es una simple quimera, sino una realidad tangible que se ha manifestado en estos años en los programas de alfabetización y salud, que han permitido a miles de latinoamericanos avanzar en el camino de la superación real de la pobreza; en la cooperación dada en materia energética y financiera a los países del Caribe, que está contribuyendo decisivamente al progreso de estos pueblos hermanos; en el incremento sostenido del comercio compensado y justo entre Cuba y Venezuela, y en el conjunto de empresas mixtas conformadas entre ambos en diversas ramas productivas; en el importante apoyo de financiamiento directo brindado a Bolivia para el cumplimiento de diversos programas sociales, en el conjunto de proyectos identificados para la constitución de empresas mixtas binacionales; en todo el proceso de impulso que estamos brindando al Gobierno Sandinista de Nicaragua que en tan solo escasos meses está produciendo efectos altamente positivos en las áreas de generación eléctrica, producción agrícola, suministros de insumos para la industrias, entre otras áreas.

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos de sus recursos naturales – incluido su potencial energético-, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres, ha demostrado su fuerza y viabilidad como una alternativa de justicia frente al neoliberalismo y la inequidad.

El ALBA está demostrando con estadísticas concretas que el libre comercio no es capaz de generar los cambios sociales requeridos, y que puede más la voluntad política como sustento de la definición conciente de programas de acción encaminados hacia la erradicación de los dramas sociales de millones de seres humanos en nuestro continente.

En virtud de los antes expresado los Jefes de Estado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en representación de sus respectivos pueblos, reafirmaron su determinación de seguir avanzando y profundizando la construcción del ALBA, en el entendido de que esta alternativa constituye una alianza política estratégica, cuyo propósito fundamental en el mediano plazo es producir transformaciones estructurales en las formaciones económico-sociales de las naciones que la integran, para hacer posible un desarrollo compartido, capaz de garantizar la inserción exitosa y sostenible en los procesos de producción e intercambio del mundo actual, para colocar la política y la economía al servicio de los seres humanos.

En el contexto en que toma cuerpo, el ALBA constituye el primer esfuerzo histórico de construcción de un proyecto global latinoamericano desde una posición política favorable. Desde la Revolución Cubana, las fuerzas progresistas del continente, bien desde la oposición o desde el poder, lo que habían hecho era acumular fuerzas para resistir la ofensiva del imperio (Cuba es la excepción porque no solo logró sobrevivir, sino que edificó una sociedad cualitativamente superior, desplegando al mismo tiempo una trascendente labor de apoyo internacionalista a los países más pobres, en medio de un espantoso bloqueo por parte del imperialismo norteamericano); es con el nacimiento del ALBA que las fuerzas revolucionarias hemos podido pasar a una nueva situación que bien pudiéramos def inir como de acumulación de la fuerza política necesaria para la consolidación del cambio que se ha producido en la correlación de fuerzas políticas de nuestro continente.

Ante nosotros se abren nuevas perspectivas de integración y fusión que forman parte del salto cualitativo que están promoviendo los profundos vínculos de cooperación que hemos establecido en estos años. Por tal razón estamos comprometidos a llevar adelante la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo tipo, que produzcan mayores beneficios a nuestros pueblos, mediante la utilización racional de los recursos y activos de nuestros países, para lo cual se requiere avanzar en la conformación de empresas Grannacionales, estableciendo y consolidando los acuerdos normativos e institucionales necesarios para la cooperación; instrumentando estrategias y programas Grannacionales conjuntos de todos nuestros países en materias como: educación, salud, energí ;a, comunicación, transporte, vivienda, vialidad, alimentación, entre otros; promoviendo de manera conciente y organizada la ampliación del Tratado de Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados; llevando adelante programas para el uso racional de los recursos energéticos renovables y no renovables, construyendo una estrategia de seguridad alimentaria común a todas nuestras naciones; ampliando la cooperación en materia de formación de recursos humanos; y fundando nuevas estructuras para el fortalecimiento de nuestra capacidad de financiamiento de los grandes proyectos Grannacionales.

Reiteraron su convicción de que solo un proceso de integración entre los pueblos de Nuestra América, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de cada país y garantice que todas las naciones se beneficien de este proceso, permitirá superar la espiral degradante del subdesarrollo impuesto a nuestra región.

En esta V Cumbre hemos visto con mucho regocijo el contenido de la Declaración Política firmada el 17 de febrero en San Vicente y las Granadinas por los Primeros Ministros Roosevelt Skerrit, de la Mancomunidad de Dominica; Ralph Gonsálves, de San Vicente y las Granadinas, Winston Baldwin Spencer, de Antigua y Barbuda y Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual manifiestan su voluntad de propiciar la más profunda cooperación y unidad entre la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los Estados signatarios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, de manera que sus beneficios sociales y las posibilidades de un desarrollo económico sustentable con independencia y soberanía sea igual para todos, to do lo cual comienza a materializarse con la presencia en esta V Cumbre de nuestros hermanos del Caribe.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, acordaron suscribir la presente Declaración en la convicción de que la misma abre el camino hacia una nueva fase de consolidación estratégica y avance político de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la perspectiva histórica de poder realizar los sueños de nuestros Libertadores de construcción de la Patria Grande Latinoamericana y Caribeña.

Hecho en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, a los 29 días del mes abril de 2007.

Por la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, Presidente de la República

Por el Gobierno de la República de Bolivia, Evo Morales, Presidente de la República

Por la República de Cuba, Carlos Lage, Vicepresidente de la República


Por el Gobierno de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, Presidente de la República

I Cumbre Energética Suramericana concluyó con la firma de dos importantes declaraciones

Cuba
A todos los movimientos y organizaciones sociales y civiles de América:
Nuestro continente vive una nueva etapa crucial de su historia, ailment con agudas contradicciones entre los progresos y la reafirmación de la soberanía de varios países, y el aumento de las tendencias intervencionistas y agresivas de Estados Unidos. Entre los avances en las luchas de los movimientos sociales y la represión y criminalización de la protesta social.
El ALCA representó el intento de apuntalar y volver irreversible la política neoliberal por medio de un tratado internacional, política que se venía implementando en el continente desde la década del 80. A dos años de su derrota se evidencia que su contenido fundamental se sigue implementando en muchas partes del Continente, a través de los Tratados de Libre Comercio y otras políticas como las reformas internas, la privatización, la desregulación estatal, la liberalización comercial, la financiarización, la flexibilización laboral, la militarización, entre otras. A escala mundial las multinacionales siguen promoviendo su agenda y existe el grave peligro de que la OMC, en su cumbre ministerial, profundice la liberalización económica mundial.
En muchos países del continente se mantiene la imposición de este modelo basado en el libre comercio exterior y en la inversión extranjera con todas las garantías y beneficios, afectando el medio ambiente, la soberanía alimentaria, el desarrollo propio y las prioridades sociales y productivas de los países. En particular, se expresa en la profundización de la extracción de recursos naturales para la exportación, y en los agronegocios -especialmente los agrocombustibles- los cuales han sido una importante causa del aumento de los precios y de la escasez de alimentos en el mundo y de la deforestación de la selva amazónica. Otros mecanismos en los que se sustenta son la sobre explotación de la mano de obra y la construcción de infraestructura dirigida exclusivamente al comercio internacional.
De igual forma, Estados Unidos pretende trasladar su crisis económica hacia los demás países de América ocasionando múltiples efectos negativos. En este contexto, la pobreza se profundiza, estimulando procesos migratorios que son tratados por Estados Unidos y otros países desarrollados como una amenaza a su seguridad nacional y, por lo tanto, las y los migrantes son reprimidos como si fueran terroristas.
Pero lo más alarmante en estos momentos es que esta “lógica” de neoliberalismo y libre comercio va acompañada ahora de una creciente militarización, subordinada a las políticas de seguridad de Estados Unidos, como está plasmado claramente en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte – ASPAN. Con el pretexto del combate al terrorismo y el narcotráfico se promueve el recorte de las garantías ciudadanas, por medio de reformas a las leyes penales; se criminaliza la protesta social y se da un nuevo impulso a instrumentos como el Plan Colombia, ahora claramente conectados a la campaña de la derecha internacional para provocar una situación de conflicto en la región, que le permita a Estados Unidos y sus aliados, las oligarquías privilegiadas de siempre, recuperar por la vía de la violencia el espacio que les ha sido arrebatado en el terreno político y de las luchas sociales.
El neoliberalismo y la persecución amenazan particularmente a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, quienes sufren los efectos de las disputas sobre sus tierras y riquezas naturales, por parte de las multinacionales con la complicidad de los gobiernos locales. En el mismo sentido, se aplica una tendencia regresiva en derechos sexuales y reproductivos que las mujeres conquistaron con esfuerzos años atrás y la persistencia en el aprovechamiento de la división sexual del trabajo en desmedro de los derechos y la calidad de vida de las mujeres y fortaleciendo el patriarcalismo neoliberal.
Estados Unidos no se resigna a perder el control del continente y a permitir que países soberanos desafíen su hegemonía y entorpezcan su saqueo, y está peligrosamente intentando revertir los avances habidos en el sur del continente, por medio de desestabilizar la región -como es su campaña contra Venezuela y el “populismo”, con la ayuda de la derecha internacional-, alentar los conflictos internos y la reacción de las oligarquías -como está haciendo al auspiciar el separatismo oligárquico en Bolivia- e incluso promover provocaciones armadas para incendiar la región y facilitar su intervención -como ha sucedido recientemente con el ataque del gobierno colombiano en territorio de Ecuador. Denunciamos que como parte de la agresividad imperial cinco patriotas cubanos permanecen encarcelados ya por diez años en las prisiones de Estados Unidos por el crimen que ha cometido Cuba de ser ejemplo de autodeterminación y justicia social para el resto de América Latina y exigimos su inmediata e incondicional liberación.
Al mismo tiempo alertamos sobre la ofensiva de la Unión Europea que presiona la suscripción de nuevos tratados de libre comercio en Centroamérica, la región andina, y a reanudar las negociaciones hace años paralizadas con MERCOSUR, e incorporar a todo el Caribe a su agenda neoliberal. La Cumbre Social Birregional Enlazando Alternativas 3, ha realizarse del 13 al 16 de mayo de 2008 en Lima, en forma simultánea a la Cumbre presidencial Unión Europea – América Latina y el Caribe, debe ser una ocasión para denunciar estos propósitos, develar el papel de las multinacionales europeas y avanzar en la construcción de procesos de resistencia social.
Aquellos países en los cuales han asumido gobiernos progresistas, los pueblos enfrentan conflictos relativos al alcance de las transformaciones del modelo y las oportunidades y limitaciones para garantizar caminos alternativos en búsqueda de la integración de los pueblos. En este escenario, las alternativas de integración como el Tratado de Comercio de los Pueblos – TCP y el ALBA sufren los embates del imperialismo que intenta desactivar su potencial renovador. Incluso la UNASUR está siendo boicoteada para que no se materialice. Procesos innovadores en el terreno financiero, como la auditoría de la deuda adelantada por el gobierno ecuatoriano, deben ser apoyados. Estaremos vigilantes para que la propuesta del Banco del Sur garantice la financiación de un desarrollo alternativo distinto al neoliberal.
El movimiento social continental debe, en estas circunstancias, reforzar sus vínculos, estimular la solidaridad y cooperación entre sus diferentes sectores, reforzar su capacidad de lucha, integrar activamente a los nuevos protagonistas sociales y a los sectores más dinámicos de la lucha social, y resistir los intentos de reversar las conquistas realizadas. Pero también debe mantener la capacidad crítica y movilizadora ante la permanencia a nivel continental de numerosas políticas que quieren apuntalar un modelo que ha demostrado su incapacidad de solucionar los problemas del pueblo.
Frente a todo lo señalado, desde este Encuentro hacemos un llamamiento a:
1. Renovar el pacto de unidad de los movimientos sociales y revitalizar la coordinación de nuestras luchas a escala continental, a lo que contribuye el Plan de Acción que acompaña a este llamamiento.
2. Fortalecer la resistencia contra los tratados de libre comercio ahí donde ya existen, impedir el paso de estos tratados en donde está pendiente su definición y prevenir su firma en aquellos países donde se están negociando actualmente, incluyendo aquellos con la Unión Europea y Canadá.
3. Multiplicar y fortalecer nuestras luchas en defensa de las conquistas alcanzadas por nuestros pueblos, que buscan proteger los derechos sociales, los recursos estratégicos y la soberanía, contra la globalización neoliberal.
4. Oponernos y condenar las acciones de militarización del continente que provocan conflictos en la región, a la anulación de las libertades democráticas y a las políticas reaccionarias contra los derechos integrales de las mujeres.
5. Consolidar los procesos de integración alternativa e influir en ellos para que verdaderamente representen la superación de la política neoliberal y un camino de desarrollo sustentable para los pueblos.
6. Estar alerta frente a la estrategia de separatismo oligárquico alimentado por Estados Unidos contra el proceso de recuperación de soberanía, democracia y dignidad del pueblo boliviano. Estar listos para movilizarnos a defender el derecho del pueblo boliviano de conducir su destino sin la amenaza y la violencia de las oligarquías que buscan preservar sus ilegítimos privilegios.
7. Debatir y rechazar el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte – ASPAN, que pretende llevar a un nuevo nivel el Nafta, incorporándole los temas energéticos y el agua como parte la agenda de seguridad estadounidense, convirtiéndose en el referente para aplicar en todo el Continente.
8. Desarrollar acciones de solidaridad con los cincos patriotas cubanos presos en Estados Unidos.
9. Mantenernos vigilantes sobre la amenaza de fraude electoral en Paraguay, ante la posibilidad del triunfo de un candidato progresista.
10. Exigir la retirada de las tropas extranjeras de Haití, el cierre de la Base de Manta y la desmilitarización del continente.
“Los 200 millones de pobres, 53 millones de hambrientos y 43 millones de analfabetos de América necesitan alimentos, trabajo, educación y salud, no libre comercio ni nuevas recetas neoliberales, y mucho menos la militarización y la violencia”
Cuba
A todos los movimientos y organizaciones sociales y civiles de América:
Nuestro continente vive una nueva etapa crucial de su historia, treat con agudas contradicciones entre los progresos y la reafirmación de la soberanía de varios países, illness y el aumento de las tendencias intervencionistas y agresivas de Estados Unidos. Entre los avances en las luchas de los movimientos sociales y la represión y criminalización de la protesta social.
El ALCA representó el intento de apuntalar y volver irreversible la política neoliberal por medio de un tratado internacional, política que se venía implementando en el continente desde la década del 80. A dos años de su derrota se evidencia que su contenido fundamental se sigue implementando en muchas partes del Continente, a través de los Tratados de Libre Comercio y otras políticas como las reformas internas, la privatización, la desregulación estatal, la liberalización comercial, la financiarización, la flexibilización laboral, la militarización, entre otras. A escala mundial las multinacionales siguen promoviendo su agenda y existe el grave peligro de que la OMC, en su cumbre ministerial, profundice la liberalización económica mundial.
En muchos países del continente se mantiene la imposición de este modelo basado en el libre comercio exterior y en la inversión extranjera con todas las garantías y beneficios, afectando el medio ambiente, la soberanía alimentaria, el desarrollo propio y las prioridades sociales y productivas de los países. En particular, se expresa en la profundización de la extracción de recursos naturales para la exportación, y en los agronegocios -especialmente los agrocombustibles- los cuales han sido una importante causa del aumento de los precios y de la escasez de alimentos en el mundo y de la deforestación de la selva amazónica. Otros mecanismos en los que se sustenta son la sobre explotación de la mano de obra y la construcción de infraestructura dirigida exclusivamente al comercio internacional.
De igual forma, Estados Unidos pretende trasladar su crisis económica hacia los demás países de América ocasionando múltiples efectos negativos. En este contexto, la pobreza se profundiza, estimulando procesos migratorios que son tratados por Estados Unidos y otros países desarrollados como una amenaza a su seguridad nacional y, por lo tanto, las y los migrantes son reprimidos como si fueran terroristas.
Pero lo más alarmante en estos momentos es que esta “lógica” de neoliberalismo y libre comercio va acompañada ahora de una creciente militarización, subordinada a las políticas de seguridad de Estados Unidos, como está plasmado claramente en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte – ASPAN. Con el pretexto del combate al terrorismo y el narcotráfico se promueve el recorte de las garantías ciudadanas, por medio de reformas a las leyes penales; se criminaliza la protesta social y se da un nuevo impulso a instrumentos como el Plan Colombia, ahora claramente conectados a la campaña de la derecha internacional para provocar una situación de conflicto en la región, que le permita a Estados Unidos y sus aliados, las oligarquías privilegiadas de siempre, recuperar por la vía de la violencia el espacio que les ha sido arrebatado en el terreno político y de las luchas sociales.
El neoliberalismo y la persecución amenazan particularmente a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, quienes sufren los efectos de las disputas sobre sus tierras y riquezas naturales, por parte de las multinacionales con la complicidad de los gobiernos locales. En el mismo sentido, se aplica una tendencia regresiva en derechos sexuales y reproductivos que las mujeres conquistaron con esfuerzos años atrás y la persistencia en el aprovechamiento de la división sexual del trabajo en desmedro de los derechos y la calidad de vida de las mujeres y fortaleciendo el patriarcalismo neoliberal.
Estados Unidos no se resigna a perder el control del continente y a permitir que países soberanos desafíen su hegemonía y entorpezcan su saqueo, y está peligrosamente intentando revertir los avances habidos en el sur del continente, por medio de desestabilizar la región -como es su campaña contra Venezuela y el “populismo”, con la ayuda de la derecha internacional-, alentar los conflictos internos y la reacción de las oligarquías -como está haciendo al auspiciar el separatismo oligárquico en Bolivia- e incluso promover provocaciones armadas para incendiar la región y facilitar su intervención -como ha sucedido recientemente con el ataque del gobierno colombiano en territorio de Ecuador. Denunciamos que como parte de la agresividad imperial cinco patriotas cubanos permanecen encarcelados ya por diez años en las prisiones de Estados Unidos por el crimen que ha cometido Cuba de ser ejemplo de autodeterminación y justicia social para el resto de América Latina y exigimos su inmediata e incondicional liberación.
Al mismo tiempo alertamos sobre la ofensiva de la Unión Europea que presiona la suscripción de nuevos tratados de libre comercio en Centroamérica, la región andina, y a reanudar las negociaciones hace años paralizadas con MERCOSUR, e incorporar a todo el Caribe a su agenda neoliberal. La Cumbre Social Birregional Enlazando Alternativas 3, ha realizarse del 13 al 16 de mayo de 2008 en Lima, en forma simultánea a la Cumbre presidencial Unión Europea – América Latina y el Caribe, debe ser una ocasión para denunciar estos propósitos, develar el papel de las multinacionales europeas y avanzar en la construcción de procesos de resistencia social.
Aquellos países en los cuales han asumido gobiernos progresistas, los pueblos enfrentan conflictos relativos al alcance de las transformaciones del modelo y las oportunidades y limitaciones para garantizar caminos alternativos en búsqueda de la integración de los pueblos. En este escenario, las alternativas de integración como el Tratado de Comercio de los Pueblos – TCP y el ALBA sufren los embates del imperialismo que intenta desactivar su potencial renovador. Incluso la UNASUR está siendo boicoteada para que no se materialice. Procesos innovadores en el terreno financiero, como la auditoría de la deuda adelantada por el gobierno ecuatoriano, deben ser apoyados. Estaremos vigilantes para que la propuesta del Banco del Sur garantice la financiación de un desarrollo alternativo distinto al neoliberal.
El movimiento social continental debe, en estas circunstancias, reforzar sus vínculos, estimular la solidaridad y cooperación entre sus diferentes sectores, reforzar su capacidad de lucha, integrar activamente a los nuevos protagonistas sociales y a los sectores más dinámicos de la lucha social, y resistir los intentos de reversar las conquistas realizadas. Pero también debe mantener la capacidad crítica y movilizadora ante la permanencia a nivel continental de numerosas políticas que quieren apuntalar un modelo que ha demostrado su incapacidad de solucionar los problemas del pueblo.
Frente a todo lo señalado, desde este Encuentro hacemos un llamamiento a:
1. Renovar el pacto de unidad de los movimientos sociales y revitalizar la coordinación de nuestras luchas a escala continental, a lo que contribuye el Plan de Acción que acompaña a este llamamiento.
2. Fortalecer la resistencia contra los tratados de libre comercio ahí donde ya existen, impedir el paso de estos tratados en donde está pendiente su definición y prevenir su firma en aquellos países donde se están negociando actualmente, incluyendo aquellos con la Unión Europea y Canadá.
3. Multiplicar y fortalecer nuestras luchas en defensa de las conquistas alcanzadas por nuestros pueblos, que buscan proteger los derechos sociales, los recursos estratégicos y la soberanía, contra la globalización neoliberal.
4. Oponernos y condenar las acciones de militarización del continente que provocan conflictos en la región, a la anulación de las libertades democráticas y a las políticas reaccionarias contra los derechos integrales de las mujeres.
5. Consolidar los procesos de integración alternativa e influir en ellos para que verdaderamente representen la superación de la política neoliberal y un camino de desarrollo sustentable para los pueblos.
6. Estar alerta frente a la estrategia de separatismo oligárquico alimentado por Estados Unidos contra el proceso de recuperación de soberanía, democracia y dignidad del pueblo boliviano. Estar listos para movilizarnos a defender el derecho del pueblo boliviano de conducir su destino sin la amenaza y la violencia de las oligarquías que buscan preservar sus ilegítimos privilegios.
7. Debatir y rechazar el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte – ASPAN, que pretende llevar a un nuevo nivel el Nafta, incorporándole los temas energéticos y el agua como parte la agenda de seguridad estadounidense, convirtiéndose en el referente para aplicar en todo el Continente.
8. Desarrollar acciones de solidaridad con los cincos patriotas cubanos presos en Estados Unidos.
9. Mantenernos vigilantes sobre la amenaza de fraude electoral en Paraguay, ante la posibilidad del triunfo de un candidato progresista.
10. Exigir la retirada de las tropas extranjeras de Haití, el cierre de la Base de Manta y la desmilitarización del continente.
“Los 200 millones de pobres, 53 millones de hambrientos y 43 millones de analfabetos de América necesitan alimentos, trabajo, educación y salud, no libre comercio ni nuevas recetas neoliberales, y mucho menos la militarización y la violencia”
DECLARACIÓN DE MARGARITA
CONSTRUYENDO LA INTEGRACIÓN ENERGÉTICA DEL SUR

Nosotros los jefes de Estado y de Gobierno de Argentina, prescription Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela, reunidos en la ciudad de Porlamar, estado Nueva Esparta de la República Bolivariana de Venezuela el 17 de abril de 2007, conforme a las conclusiones y recomendaciones presentadas por nuestros ministros de Energía durante su II Reunión, acordamos:
RATIFICAR los principios rectores de la integración energética regional recogidos en la Declaración de la I Reunión de Ministros de Energía de la Comunidad Suramericana de Naciones, del 26 de septiembre de 2005, en Caracas, Venezuela; y en la Declaración Presidencial sobre Integración Energética Suramericana, suscrita el 9 de diciembre de 2006 en Cochabamba, Bolivia.
SUBRAYAR que la integración energética de la Comunidad Suramericana de Naciones debe ser utilizada como una herramienta importante para promover el desarrollo social, económico y la erradicación de la pobreza. En este sentido, reiteran el compromiso con la universalización del acceso a la energía como un derecho ciudadano.
FORTALECER las relaciones existentes entre los países miembros de la Comunidad Suramericana de Naciones, sobre la base del uso sostenible de sus recursos y potencialidades energéticas, aprovechando así las complementariedades económicas para disminuir las asimetrías existentes en la región y avanzar hacia la unidad suramericana.
RECONOCER que el proceso de integración energética involucra como actores principales al Estado, a la sociedad y a las empresas del sector, de tal manera que se logre un equilibrio entre los intereses de los países, las necesidades de los pueblos y la eficiencia sectorial.
PROMOVER a través de inversiones conjuntas el desarrollo y expansión de la infraestructura de integración energética de la región, con el objetivo primordial de que los recursos de los países productores lleguen a toda la región suramericana y coadyuven a la equidad y justicia social.
TRABAJAR con miras a establecer una sistematización y evaluación del balance energético suramericano con el fin de proyectar una matriz energética regional, identificar opciones de integración energética y fomentar proyectos de integración de la Comunidad Suramericana de Naciones.
IMPULSAR el desarrollo de la infraestructura energética de nuestros países como elemento que garantice la sostenibilidad de la integración suramericana.
IMPULSAR el desarrollo de las energías renovables, ya que cumplen un papel importante en la diversificación de la matriz de energía primaria, la seguridad energética, la promoción del acceso universal a la energía y la preservación del medio ambiente.
EXPRESAR su reconocimiento al potencial de los biocombustibles para diversificar la matriz energética suramericana. En tal sentido, conjugarán esfuerzos para intercambiar experiencias realizadas en la región, con miras a lograr la máxima eficiencia en el empleo de estas fuentes, de forma tal, que promueva el desarrollo social, tecnológico, agrícola y productivo.
DESARROLLAR programas y actividades de cooperación en materia de ahorro y uso eficiente de la energía.
PROMOVER la cooperación entre las Empresas Petroleras Nacionales de los países miembros incluyendo la industrialización de los hidrocarburos, así como las transacciones comerciales de energéticos, contribuyendo al desarrollo y competitividad de la región suramericana, aumentando el bienestar de nuestros pueblos en el marco de criterios de complementariedad, solidaridad y equidad.
EXPRESAR su reconocimiento a las iniciativas tomadas por distintos países para incrementar la cooperación y la coordinación de sus esfuerzos de energía tales como PETROSUR, PETROANDINA, PETROAMÉRICA, Petrolera del Cono Sur y otras iniciativas.
SEÑALAR la importancia de asegurar la compatibilidad entre la producción de todas las fuentes de energía, la producción agrícola, la preservación del medio ambiente y la promoción y defensa de condiciones sociales y laborales dignas, asegurando el papel de Suramérica como región productora eficiente de energía.
EXPRESAR su preocupación por las consecuencias del cambio climático y por sus perspectivas negativas, convocar a todos los países, pero sobre todo a los desarrollados, a promover políticas de consumo energético responsable con las necesidades de todas las regiones, poblaciones y ecosistemas del mundo.
ESTUDIAR los mecanismos que permitan avanzar en la compatibilización de reglamentos, normas y especificaciones técnicas que viabilicen la materialización de interconexiones y el intercambio energético entre los países.
IMPULSAR las iniciativas de cooperación técnica y los programas de formación de recursos humanos de los países de la región, así como el intercambio de información, fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades.
RECONOCER que la innovación científica y tecnológica y la promoción de investigaciones conjuntas en materia energética son un medio apropiado para lograr el desarrollo tecnológico de la región. En este sentido, se recomienda el establecimiento de vínculos entre los centros de investigación de los Países Miembros para asistir en el proceso de toma de decisiones de la Comunidad Suramericana de Naciones.
Los presidentes crean el Consejo Energético de Suramérica, integrado por los Ministros de Energía de cada país, para que, en base a los principios señalados en esta declaración, presenten una propuesta de lineamientos de la Estrategia Energética Suramericana, del Plan de Acción y del Tratado Energético de Suramérica, que será discutida en la III Cumbre Suramericana de Naciones.
Isla de Margarita, 17 de abril de 2007
VOLUNTAD POLÍTICA PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ENERGÉTICAS
DECISIONES DEL DIÁLOGO POLÍTICO ENTRE LOS JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO

Isla de Margarita, 16 de abril de 2007
Habiéndose realizado de manera exitosa el Diálogo Político entre los jefes de Estado y de Gobierno de los países de América del Sur, en la isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en el marco de la 1era. Cumbre Energética Suramericana, como continuación de la reunión realizada en el mes de enero de este año en la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa de Brasil, se abordaron diversos temas de la integración de Suramérica, tomándose las siguientes decisiones por consenso:
1. Nombrar este esfuerzo integrador de Suramérica, como “Unión de Naciones Suramericanas” (Unasur).
2. Designar una Secretaría Permanente, que tendrá como sede la ciudad de Quito, República del Ecuador, en el conocido Monumento a la Mitad del Mundo”.
3. Encomendar a los ministros de Relaciones Exteriores para designar la Secretaría Permanente y transformar la Comisión de Altos Funcionarios en Consejo, la redacción de un proyecto de Acuerdo Constitutivo de Unasur a ser presentado en la III Cumbre, en Colombia.
4. Se acordó que estas decisiones se le comuniquen al presidente de la República del Perú, Alan García y al presidente de la República de Surinam, Ronald Ronaldo Venetiaan, para lo cual se designó al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías y al primer ministro de la República Cooperativa de Guyana, Samuel Hinds.
Firman:
Néstor Kirchner, Presidente de la República Argentina.
Evo Morales, Presidente de la República de Bolivia.
Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente de la República Federativa de Brasil.
Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile.
Álvaro Uribe, Presidente de la República de Colombia.
Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador.
Samuel Hinds, Primer Ministro de la República Cooperativa de Guyana.
Nicanor Duarte, Presidente de la República del Paraguay.
José García Belaúnde, Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú.
Gregory Allan Rusland, Ministro de Recursos Naturales de la República de Surinam.
Rodolfo Nin Novoa, Vicepresidente de la República Oriental del Uruguay.
Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Declaración de movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales a propósito de la 1era Cumbre Energética Sudamericana

 

We, order the working women and men of the Americas and the

Caribbean, here united as brothers and sisters in the Inter-American

Regional Workers’ Organization (ORIT), about it the Andean Labour

Consultative Council (CCLA), the Caribbean Congress of Labour

(CCL), the Central America and Caribbean Union Coordination

(CCSCAC), the Southern Cone Union Coordination (CCSCS) and

the national labour centrals of Canada, the United States and

Mexico, are speaking with one voice on behalf of ourselves and our

sons and daughters, to demand an urgent change of course.

 

We declare:

 

Globalization has exacted a very high toll from our

peoples, not only those living in marginalized regions,

but also in countries where globalization is perceived to

have been a success. Since the free-market model was

introduced in the Americas, every indicator of social

well-being and working conditions has deteriorated

significantly: employment, job stability, the quality of life, social mobility

rates and levels of equality. The predatory attitude of capital toward

our hemisphere’s abundant and unprotected natural resources and

toward stewardship of the environment, the insistent cheapening of the

cost of labour and its increasing precariousness, growing inequalities

regarding gender, class, race and ethnic origin all considered

incentives to attract investment place in serious jeopardy the survival

of important regions of the Americas. The scarcity of decent jobs has

frayed the social safety net, reducing labour rights to mere

declarations, annulling the potential of social dialogue between

government, business and labour, and undermining companies’

commitment to their social responsibility.

 

Our experience with the Washington Consensus and the neo-liberal

economic policies stemming from it has shown the fundamentalist

notion of “free trade” to be bankrupt.

We, the millions of working women and men forced into

unemployment, pushed into poverty, battered by precarious working

conditions and labour flexibility, obliged to leave our farms and our

homes, urge the governments of the Americas to abandon the

policies inspired by free-market fundamentalism. The hemisphere is

in urgent need of an approach to sustainable development which

places decent jobs and social justice at its heart, and the creation of

mechanisms for the state to ensure no citizen is left behind. We need

new policies designed from a gender perspective, which seek

primarily to strengthen democracy, broaden opportunities for citizens

to participate in decision-making at national and regional levels,

reduce inequality, create decent work with dignified working

conditions and full employment for all men and women in the

Americas (1). Ongoing processes of sub-regional integration must

be strengthened as an alternative to neo-liberal free trade agreements which have only deepened the gulf between rich and poor, both between countries and within them. We know that there are different

approaches to regional integration, and therefore we understand that they can bring positive benefits, as long as they do not disguise efforts by certain countries to dominate others, as has occurred with some neo-liberal free trade and investment agreements. For these reasons, we propose this Labour Platform for the Americas as a point of departure for a new way forward for all of our peoples and our nations, with potential relevance for men and women across the world.

 

1. A New Democratic Consensus with Popular Sovereignty and a Gender Perspective

Without fully embracing democracy, a gender perspective and human rights, there will be no new

way forward for the Americas. The peoples and nations of the Americas urgently seek a new consensus based on the following objectives:

 

Strengthening democracy and achieving full

respect for human rights;

 

Broadening the channels for citizen participation in national

and international decision-making;

 

Achieving social justice;

 

Integrating a gender perspective into all policies;

 

Eliminating all forms of discrimination on the basis of class,

race, ethnicity, religion or sexual orientation;

 

Establishing full employment as the basis for sustainable

development;

 

Ensuring no man, woman or child is excluded from our

societies; and

 

Rebuilding the capacity of governments to take pro-active

measures.

 

We support and defend the self- determination of peoples and states,

convinced that a multilateral hemispheric system in the Americas

based on institutions open to real participation by the citizenry will

constitute a sound basis for achieving freedom and social justice.

Building a democratic society requires the permanent integration of

gender perspectives into all public policies, because all aspects of

production, reproduction and caring are relevant to addressing the

inequalities between men and women.

 

All institutions and programs, all policies, laws, agreements and

decisions, be they national, sub-regional or regional, must contain

mechanisms which allow for bringing a gender perspective to bear

and which guarantee women’s active participation and respect

their rights as workers. In addition, public policy

must prevent violence against women, guarantee sexual and reproductive rights and,

take into account women’s unpaid labour in the home.

Adopting a gender perspective implies not only delivering programs for women, but creating

programs that transform the system of gender relations, encouraging men and women to make

positive changes that place women and men in a position of equality. Women’s condition will only

be effectively transformed if such changes are encouraged through innovative social policies which modify not only economic structures but also the structures of power and authority so that

women’s rightful role as active agents of social change is fully acknowledged.

Decision-making in the Inter-American (2) system must be improved, so that it becomes more effective and representative of the real needs and desires of our peoples, and therefore capable of

implementing the proposals we put forth in Labour’s Platform for the Americas.

 

The following are the measures which we consider necessary:

 

a. Create decision-making procedures for tripartite and multipartite labour consultations

under the auspices of the ILO.

 

b. Link the Inter-American system to sub regional integration processes while respecting their autonomy.

 

c. Establish affirmative action measures which guarantee that at least one third of all representative and consultative posts will be filled by women.

 

d. Strengthen the Inter-American Conference of Labour Ministers.

 

e. Submit fundamental international decisions to citizen ratification and organize a system for democratic citizen appeal of the same.

 

f. Incorporate a gender perspective into the design of policies and budgets

 

g. Guarantee financing for the Inter-American Human Rights Commission and Court so that they can implement and follow up on their decisions and sentences.

 

h. Endorse the Social Charter of the Americas (3), linking it to the current hemispheric system for human, civil and political, economic, social and cultural rights and the system’s protective

mechanisms and institutions.

 

2. Economic Objectives which Pursue Sustainable

Development and Focus on Decent Jobs and Full Employment

 

In order to address the real problems faced by the peoples of the

Americas, we need a new approach to the economy, one that

encourages sustainable development and places decent jobs and

full employment at its heart, acknowledging the active role of the

state. The labour movement of the Americas calls on governments

to abandon policies which seek only to regulate the demand for

labour, and instead adopt policies intended to generate decent

productive jobs.

Our workers’ organizations in the Americas maintain that relevant

policies oriented toward the goal of full employment should meet

the following conditions:

 

Foreign Debt: Indebtedness must not undermine the fight

against poverty or restrict the path to sustainable development. For

the majority of our countries, the foreign debt constitutes one of the

primary obstacles to eradicating poverty and generating

sustainable development. Our union organizations have spoken

out repeatedly on the illegitimate nature of much of that debt

(“odious debt”) and on the barriers which prevent our peoples from

learning where the money came from and where it ended up.

Creditors share responsibility for that debt and it should not be

repaid. Debts owed by the lesser developed countries of the

Americas to the most developed ones should be canceled.

Governments must instead give priority to the fight against poverty

and to the development of countries and regions.

The member states of the Inter-American Development Bank

(IADB), as shareholders, have the obligation to reform that

institution so that approval by national legislatures of recipient

countries is required before loan projects can be considered by the

IADB Board of Directors. National legislatures ought as well to have

the authority to convene hearings on proposed IADB projects and

policies, including the power to subpoena Bank officials. The IADB

must also adopt a safeguard policy in accordance with labour

standards of the International Labour Organization (ILO),

applicable to all projects and policies, including follow-up, and

applicable as well to Bank personnel. The active participation of

national unions in all phases of loan negotiation and project

financing is essential to monitor the social and labour impact of

programs implemented and to ensure transparency and

participation in the entire process.

 

Policy Coherence : Achieving full employment will require

that all relevant policies be oriented toward the goal of creating

decent jobs. This includes macro-economic policies as well as

policies on investment, technological innovation, infrastructure, rational use

of natural resources and the environment, trade, production,

migration, education, social responsibility for domestic and

reproductive work, social services and social security. Governments should

spurn social policies oriented exclusively toward adjusting the

demand for labour, which consider unemployment to be a temporary problem

due to difficulties of “employability.”

 

Investment and Economic Priorities : National

economic policy ought to prioritize productive investment and

universal public social services to address existing inequalities,

rather than structural and monetary adjustment measures.

Governments must insist that foreign investors respect labour rights,

obey national laws and submit to the authority of national judicial

systems. Governments must also seek the reinvestment of profits

so as to guarantee genuine economic development, penalizing

“social dumping” and capital flight.

 

Fiscal Policy and Progressive Taxation : New fiscal

policies and progressive taxation are urgently needed to achieve

improved income distribution, to strengthen the industrial sector, to

provide incentives for technological and scientific innovation and its

application, and to reinforce small and micro enterprises and family

farming. The pursuit of fiscal responsibility and monetary stability is

useful only to the degree that it serves these social goals.

 

Complementary Production : Where there exists

strengths and advantages in production capacity in a particular area

or sector that can contribute in a complementary way to integrated

chains of production, these sectors should be encouraged to

consolidate their advantages by concentrating in zones of

development.

 

Promotion of Local Development : The sustainable

development of local regions should be pursued through projects that link

economic actors emphasizing economies of solidarity which focus on

human beings, fair distribution of wealth, democratic decision-making, and a

commitment to the local reality in which they reside.

 

Infrastructure Integration : Governments must make a

hemispheric commitment to integrate the hemisphere’s

infrastructure in order to promote sustainable development, full

employment and enhanced communication among peoples, and

should do so by completing existing infrastructure projects and

undertaking new ones.

 

Sectoral Policies : Sectoral policies constitute an essential

component of a regional plan for sustainable development and

complementary production. Priority objectives should include

achieving each sector’s systemic competitiveness at the national,

sub-regional and hemispheric levels, drawing up inter-sectoral plans

for industry, trade, infrastructure and finance, and creating special

programs to strengthen micro-enterprises and small and medium-

sized businesses.

 

Family Farming : In ways appropriate to each national

circumstance, governments must support the development of family

farming via policies to guarantee domestic food supply and food

sovereignty. Governments must support an approach to agriculture

which protects the environment, guarantees food to all the

hemisphere’s people and respects the relationship between

communities and their natural environments.

 

Income Distribution : Due to the severe inequalities that

characterize societies in the Americas, a sustained strategy for

redistributing income toward labour should be adopted immediately.

It should be based on full employment, universal unemployment

insurance coverage, living wage policies, tax reform, the provision of

public services and reduction of the workweek.

 

Hemispheric Funds : Structural Funds to assist less

favoured regions and to raise the competitiveness of countries ought

to be created, based on complementary production and built around

the goals of promoting decent employment and achieving economic

reform. Developed countries have an obligation to help eradicate the

asymmetries between our nations. Sub-regional blocs ought to

create Investment Funds for production projects and social

infrastructure. Universal Social Funds also ought to be created in

order to eradicate hunger and poverty, as should Training Funds to

guarantee every working man and woman of the Americas access to

the necessary skills to obtain a decent job and to update those skills as

needed, and Public Health Funds to eradicate HIV/AIDS and other

pandemic diseases. These Funds should be financed through

progressive and sustainable hemispheric-wide taxation.

 

Strengthening Government Capacity : Indebtedness and

financial liberalization have restricted the capacity of government to

stimulate our economies. In addition, speculation and capital flight

have repeatedly disrupted our economies, impoverishing both

citizens and government. Our governments need to regain control

over the market and rebuild their capacity to generate revenue to meet

social needs. To those ends, governments must take collective action

to discourage tax evasion and punish evasion via tax havens. The

Organization of American States (OAS) should take the lead in this

area.

 

Privatizations : Inter-American organizations should ask

member states to review the privatizations they have undertaken.

Governments should evaluate the economic and social impact of

privatizations and their contribution to the formation of oligopolies and

private monopolies, as well as uncover any corruption that may have

occurred, and then take the corrective measures deemed necessary.

Governments must instruct the IADB and other multilateral financial

organisms to conduct a meticulous analysis of the social impact of the

privatization projects in which they have been involved, and not to

consider investments in productive infrastructure as spending when

calculating current accounts.

 

Access to Knowledge : In the Americas, access to scientific and

technological knowledge must be guaranteed in all areas that affect living

organisms, bio-diversity and the traditional knowledge of our peoples. Technology

transfer to lesser developed countries must be facilitated. Wealthy countries ought to

provide adequate compensation for socio- economic losses caused by the migration of

highly trained professionals via the so-called ‘brain-drain’.

 

Large Companies and Multinational Corporations :

Companies must fulfill their social responsibility and their commitment to social development by adhering strictly and obligatorily to the Organization for Economic Co-Operation and

Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises, the United Nations Global Compact, the Tripartite ILO Declaration on Multinational Enterprises and the International Framework

Agreements in force. They must take an active role in tripartite and multipartite stakeholder dialogues at national and international levels, organize their labour relations on the basis of national and

international collective bargaining, and ensure that branch plants and subcontractors also fulfill their social responsibility.

 

Small and Micro-Enterprises : These businesses form the nucleus of most

labour-intensive employment. National governments and sub-regional institutions

must take steps to support the sustainable development of small and micro-enterprises,

reducing their tax burden and facilitating financing. With the same approach and according to particular national conditions, governments must meet the needs of family farming and promote its development.

 

Jobs for Women : Specific programs for women must be created to improve their access to the labour

market and to promote equality of opportunity and treatment, especially regarding wages,

working conditions, labour rights, family responsibilities and public childcare policy.

 

Jobs for Youth : Policies to support youth employment are needed to guarantee all rights for

young women and men, with particular attention to ILO Convention 138 on Minimum Working Age and 182 on the Worst Forms of Child Labour. These policies must achieve the eradication of rotating

minimum-wage jobs and precarious working conditions. New jobs should be created for young

workers instead of youth displacing adult workers who also need employment. The new generation should be educated about their human, civil, social and labour rights. This will help them join the

working world and will guarantee them opportunities to gain social and professional skills and community participation.

 

Elimination of Child Labour : Government policies coordinated at the Inter-American level to eliminate

all forms of child exploitation must be implemented. This must be undertaken through an integrated

approach which guarantees boys and girls free public education from pre-school age while ensuring

employment for adults in the family.

 

Education and Professional Training : Governments must guarantee access to free, quality public

education and ensure continuation through graduation, so that citizens can fully exercise

their rights. Programs which provide general education, childcare from birth and

professional training must be broadened to integrate a gender perspective, and must

provide life-long support so workers can acquire the necessary skills to join and remain in the workforce.

 

3. Promoting and Fulfilling Social and Labour Rights

 

Formal Employment : There is an urgent need to substantially increase

the number of decent jobs. To that end, governments must enact an aggressive

enforcement policy to ensure compliance with and full respect for

national labour legislation as well as improvements in said laws.

 

Labour Inspectors : Governments must strengthen all

inspection and enforcement mechanisms so that employers comply

effectively with labour laws. In the short term, the Inter-American

system must require all member states to adopt the basic

conventions of the ILO and to monitor companies’ compliance.

 

Labour Tribunals : In many countries, labour courts are

slow to resolve disputes and thus violate the individual and collective

rights of working men and women. Labour tribunals become

politicized and often unfairly take the side of employers. The

governments of the Americas must ensure that the courts dealing

with labour disputes respect and apply the principle that justice

delayed is justice denied, and fulfill their obligation to defend the

rights of working men and women.

 

Universal Access and Pay-As- You-Go Social Safety Nets :

Providing social services is a critical responsibility of government because

social security is a human right. There is an extremely serious predicament in the

Americas because of the exclusion of tens of millions of workers from the health

and social security systems and related and growing financial

troubles those systems are experiencing. It is urgent to strengthen

these systems by restoring the principle of universal access to

benefits, especially for children and the elderly, by making progress

toward the indivisibility of services and by achieving sustainable

financing with social justice, while at the same time doing away with

approaches based on private profit.

 

Unionization and Collective Bargaining :

To achieve a real improvement in the living conditions of the working men

and women of the Americas, as well as a deepening of democracy, labour

rights must be promoted and mechanisms for collective bargaining

established at all levels. The organizations of working women and

men must be protagonists in the design and implementation of such

mechanisms.

 

Balancing Work and Family : The countries of the Americas must undertake a

serious effort to balance the needs of family and those of the workplace, so that work is

compatible with family life and caring for children, the sick, the disabled and the

elderly. To this end, governments and regional and sub-regional institutions

must actively pay attention to this issue in three principal areas:

 

a) Within companies, considering a reduced workweek without

loss of pay, so that the right of working men and women to

attend to their families’ needs becomes part of companies’

social responsibility.

 

b) Within society, strengthening public systems, accessible to all

men and women, which support caring for children, the sick,

the disabled and the elderly.

 

c) Within male-dominated cultures, bestowing social value on

reproductive work and distributing it equitably between men

and women.

 

Discrimination : To guarantee equality of opportunity and

treatment in the workplace, public anti-discrimination policies should

be promoted and strictly enforced by new tripartite sub-regional

boards, which should pay particular attention to discrimination by

gender, race, sexual orientation, national origin and culture. The

rights and labour of sex workers must be respected. Policies

regarding equality of opportunity and treatment must be coordinated,

must include affirmative action and should set indicators to allow for

periodic accounting of progress or lack thereof. The governments in

the Americas must take specific steps to protect and preserve

cultures and indigenous rights.

 

Workers’ Freedom of Movement : One of the principles of

the labour movement of the Americas is the eventual elimination of

restrictions that impede the free movement of persons. In the

Americas, tens of millions of working men and women and

their families are obliged to migrate, pushed out by poverty

and the enormous gulf between rich and poor. For this reason,

we consider it a primary obligation of government to

develop the necessary policies to guarantee our workers’

freedom not to emigrate. For those workers who have emigrated and their families,

no matter their migratory status, the authorities must recognize the floor of rights

guaranteed by the International Convention on the Protection of All

Rights of Migrant Workers and their Families, as well as ILO

Conventions 97 and 143 on Migrant Workers. Governments should

also acknowledge the principle that no one should be sent back to

where their rights have been violated. In addition, ways must be

found in the Americas to link pension systems so that the upheaval

caused by migration is not aggravated by the loss of benefits.

Similarly, a system for validating professional credentials and

degrees must be established so that human resources are not

under-utilized and workers’ professional and other skills obtained in

their countries of origin are respected. The governments of the

Americas must jointly undertake to eradicate abuses in the transfer

of remittances by migrant workers. Similarly, governments must

recognize the principle of non-refoulement contemplated in the

International Convention on the Protection of All the Rights of

Migrant Workers and their Families for the victims of terrorism,

smuggling and trafficking, sexual and labour exploitation, workplace

accidents and repression for union activity.

 

4. A Guarantee That No One Will Be Excluded

There are enormous challenges to overcome in the Americas if

we are to adopt a new approach to economic, social and labour

policy. The social security system must be reformed, given that

it was designed to address only those with formal employment

and thus excludes the majority of the population. It is

practically impossible to imagine a sustainable system of social

security without improving employment levels and increasing

formal employment and family incomes. But it would also be

ethically unsustainable and politically dangerous to democracy

to await job creation via economic recovery before putting new

social policies into effect. As long as the economy is not

generating enough formal jobs, governments must guarantee

social benefits to all working women and men, whether they are

formally or informally employed or unemployed.

To fight poverty effectively, universal access to social services

must be coordinated with job-creation, labour and income

policies, so as not to split society into those who have jobs and

those who receive assistance.

 

5. Making Labour’s Platform for the Americas a Reality

To make Labour’s Platform for the Americas a reality, year by year,

regional and sub-regional follow-up mechanisms will be established,

based on social dialogue and the active participation of civil society.

These mechanisms must be based on short, medium and long-term

goals for government policy, placing full employment and decent jobs

at the heart of the hemisphere’s sustainable development.

To help achieve this objective, the following regional and sub-regional

indicators with national specifications designed from a gender

perspective should be agreed on:

 

Inequality

Poverty

Unemployment

Informal Employment

Gender Equality

Child Labour

Gender Development Index (UNDP)

 

Each year, forums created to monitor follow-up on Labour’s Platform

for the Americas should meet and report back to our peoples and

nations on the status of efforts to achieve these proposed goals and

on the measures necessary to implement them.

 

(1 ) An International Labour Organization’s (ILO) definition:

“Decent work means productive work in which rights are protected, which generates

an adequate income, with adequate social protection. It also means sufficient work,

in the sense that all should have full access to income-earning opportunities. It

marks the high road to economic and social development, a road in which

employment, income and social protection can be achieved without compromising

workers’ rights and social standards.”Source: “Report of the Director-General: Decent Work”, International Labour Office,Geneva, June 1999. www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm

 

(2 ) The Inter-American system refers to all of the intergovernmental institutions in the hemisphere {Organization of American States (OAS), the Labour Ministers’ Conference (IACML), the Inter-American Human Rights Court and Commission, etc.}

 

(3 ) Proposed by the Government of Venezuela, the Social Charter of the Americas consists of 129 articles that address social and human rights related to health, work, education, basic rights, cultural identity, environmental protection and indigenous peoples. It was submitted for debate to the OAS in August, 2005

 


Nosotras y Nosotros, mind las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.


Decimos:


La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.


El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.


Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.


Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.


Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.


  1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género


Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.


Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

    • Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

    • Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

    • Justicia Social

    • Perspectiva de género,

    • No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.

    • Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible

    • Sociedades sin excluidos/as

    • Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.


Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.


La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.


Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.


Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.


Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:


  1. Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.

  2. Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.

  3. Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.

  4. Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

  5. Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.

  6. Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.

  7. Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.

  8. Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.


  1. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.


Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.


Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:


  • Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.


Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.


  • Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.


  • Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

  • Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

  • Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

  • La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

  • Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

  • Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

  • Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

  • Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

  • Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

  • Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

  • Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

  • Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

  • Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

  • Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.

  • Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

  • Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

  • Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

  • Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.


3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

  • Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.

  • Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

  • Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

  • Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

  • Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.

  • Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

  1. en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.

  2. en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos

  3. en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

  • Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.


  • Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.


4. Garantizar una sociedad sin excluidos.


Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.


Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.


    1. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas


Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.


Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

  • Desigualdad

  • Pobreza

  • Desocupación

  • Empleo informal

  • Igualdad de género

  • Trabajo Infantil

  • Índice de desarrollo de género (PNUD)


Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.


1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

Nosotras y Nosotros, pills las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.

 

Decimos:

 

La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.

 

El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.

 

Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.

 

Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.

 

Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.

 

  1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género

 

Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.

 

Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

    • Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

    • Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

    • Justicia Social

    • Perspectiva de género,

    • No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.

    • Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible

    • Sociedades sin excluidos/as

    • Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.

 

Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.

 

La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

 

Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.

 

Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.

 

Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:

 

  1. Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.

  2. Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.

  3. Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.

  4. Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

  5. Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.

  6. Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.

  7. Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.

  8. Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.

 

  1. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.

 

Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.

 

Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:

 

  • Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.

 

Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.

 

  • Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.

 

  • Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

  • Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

  • Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

  • La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

  • Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

  • Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

  • Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

  • Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

  • Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

  • Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

  • Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

  • Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

  • Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

  • Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.

  • Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

  • Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

  • Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

  • Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.

 

3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

  • Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.

  • Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

  • Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

  • Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

  • Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.

  • Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

  1. en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.

  2. en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos

  3. en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

  • Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.

 

  • Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.

 

4. Garantizar una sociedad sin excluidos.

 

Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.

 

Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.

 

    1. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas

 

Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.

 

Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

  • Desigualdad

  • Pobreza

  • Desocupación

  • Empleo informal

  • Igualdad de género

  • Trabajo Infantil

  • Índice de desarrollo de género (PNUD)

 

Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.


1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, pharmacy el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.

Decimos:

La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.

El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.

Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.

Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.

Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.

1.

Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género

Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.

Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

Justicia Social

Perspectiva de género,

No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.

Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible

Sociedades sin excluidos/as

Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.

Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.

La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.

Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.

Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:

1.

Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.
2.

Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.
3.

Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.
4.

Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.
5.

Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.
6.

Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.
7.

Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.
8.

Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.

1.

Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.

Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.

Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:

Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.

Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.

Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.

Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.

Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.

3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.

Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.

Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

1.

en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.
2.

en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos
3.

en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.

Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.

4. Garantizar una sociedad sin excluidos.

Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.

Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.

1.

Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas

Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.

Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

Desigualdad

Pobreza

Desocupación

Empleo informal

Igualdad de género

Trabajo Infantil

Índice de desarrollo de género (PNUD)

Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.


1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, view unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.


Decimos:


La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.


El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.


Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.


Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.


Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.


  1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género


Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.


Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

    • Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

    • Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

    • Justicia Social

    • Perspectiva de género,

    • No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.

    • Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible

    • Sociedades sin excluidos/as

    • Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.


Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.


La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.


Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.


Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.


Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:


  1. Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.

  2. Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.

  3. Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.

  4. Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

  5. Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.

  6. Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.

  7. Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.

  8. Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.


  1. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.


Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.


Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:


  • Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.


Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.


  • Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.


  • Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

  • Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

  • Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

  • La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

  • Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

  • Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

  • Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

  • Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

  • Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

  • Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

  • Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

  • Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

  • Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

  • Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.

  • Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

  • Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

  • Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

  • Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.


3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

  • Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.

  • Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

  • Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

  • Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

  • Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.

  • Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

  1. en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.

  2. en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos

  3. en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

  • Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.


  • Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.


4. Garantizar una sociedad sin excluidos.


Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.


Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.


    1. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas


Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.


Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

  • Desigualdad

  • Pobreza

  • Desocupación

  • Empleo informal

  • Igualdad de género

  • Trabajo Infantil

  • Índice de desarrollo de género (PNUD)


Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.


1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

1. Creemos que el futuro de la Comunidad Sudamericana de Naciones adquiere una nueva perspectiva a raíz del fracaso del proyecto del ALCA y de la generalizada convicción en el continente sobre otra integración posible. Un bloque sudamericano puede ser un paso importante y favorable si permite hablar a nuestros pueblos con voz propia, try
independientes de las imposiciones y condicionamientos de los Estados Unidos, Europa y los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el BID. Reafirmar y ejercer la soberanía de la región es el primer paso para cualquier proyecto de verdadera integración.
2. A diferencia del ALCA, los TLCs y los tratados de inversión cuya orientación es favorecer a las empresas transnacionales y a mercantilizar todos los aspectos de la vida, la Comunidad Sudamericana de Naciones debe basarse en la redistribución de la riqueza que hoy está concentrada en pocas manos, donde los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos sociales, culturales, económicos de los pueblos, superando las discriminaciones de género, raza y generacionales y respetando la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. La vida, los derechos humanos y ambientales, el bienestar y la solidaridad entre los pueblos deben ser el centro del proceso de integración.
3. Entendemos que la educación es un derecho fundamental de los pueblos, por eso debe ser uno de los pilares de cualquier proyecto de integración para la región. Es imprescindible que se establezca el compromiso de la erradicación del analfabetismo –así como de la miseria y el hambre. Para ello debemos desarrollar mecanismos que permitan la cooperación técnica y científica entre los países con el fin de superar las desigualdades existentes. Asimismo, todos los países de la Comunidad deberían asumir compromisos en la perspectiva de una reforma educacional que garantice la educación pública universal, gratuita y de calidad para toda la población con el objetivo de promover la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, se debe incorporar con seriedad los idiomas nativos en el sistema.
En la lucha por la erradicación de la pobreza es necesario también establecer un Plan Sudamericano para garantizar la universalidad de la Salud Pública.
4. La integración física de América del Sur es fundamental para ampliar las posibilidades de contactos entre nuestros pueblos y países. Por eso, la infraestructura no puede ser diseñada como parte de la geoestrategia mundial de lucha por el control, dominio, posesión y usufructo de recursos naturales estratégicos, ni implementada a través de la destrucción de las zonas más ricas en recursos naturales y la explotación de mano de obra barata. Así, proyectos como el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), concebidos por las IFIs y el gran capital como complementos del ALCA, deben ser rechazados para adoptar propuestas de Integración Infraestructural que surjan de las necesidades de los pueblos y prioricen nuestra articulación en el marco de polos de desarrollo integral, a lo largo de su trazado, en armonía con el medio ambiente y las normativas y principios que se han logrado para su protección y cuidado, el respeto a nuestras comunidades y derechos humanos y que no generen un endeudamiento ilegítimo u odioso. Para lograrlo, los proyectos deben ser sometidos al debate y deliberación democrática con las comunidades que serán afectadas por su implementación y su sostén financiero.
5. La integración financiera de la cual se habla en la Comunidad Sudamericana debe partir del reconocimiento de que somos los acreedores de una inmensa deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera cuya restauración junto con parar y revertir los mecanismos actuales de fuga de capitales, capacidad humana y bienes naturales, establecería una potencialidad de financiamiento genuino y soberano más que suficiente para nuestras necesidades. Es obligación de los estados de la región poner fin a los mecanismos de endeudamiento y condicionamiento externo que han servido para imponernos el Consenso de Washington, violando sistemáticamente los derechos humanos y ambientales.
En ese sentido, los estados deben revisar y revertir los tratados de protección y promoción de las inversiones, las prórrogas de jurisdicción y la aceptación de instancias extra-judiciales como el CIADI, los sistemas tributarias regresivos, y otros mecanismos de desfinanciamiento estatal, incluyendo la privatización de importantes bienes y servicios públicos cuya explotación privada es luego subvencionada por el estado, estableciendo controles de cambio y de transacciones financieras para fortalecer la base de financiamiento autónomo e eliminar la falsa necesidad de capitales externos.
Se precisa además crear mecanismos propios que permitan incentivar la solidaridad entre pueblos hermanos y superar la vulnerabilidad y la dependencia de América del Sur en relación a los mecanismos financieros tradicionales de la globalización (FMI, Banco Mundial, BID), a través de la autonomización de la región con la constitución de mecanismos como un Fondo de Reserva y un Banco Solidario del Sur y con la substitución del uso del dólar en las transacciones intra-regionales. Debe ser también revisado el rol de otras instituciones de financiamiento como la CAF, el FONPLATA, los bancos nacionales de desarrollo y otros mecanismos para ajustarlos a las exigencias de un financiamiento para los derechos y la integración de los pueblos y no de los grandes capitales.
Un nuevo sistema financiero requiere de nuevos mecanismos de control y fiscalización que empiecen por enjuiciar a quienes endeudaron inescrupulosamente a nuestras naciones y asegurar la participación social en la determinación de las prioridades presupuestarias. Alertamos especialmente ante el peligro de que nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre los países de la Comunidad, sean aprovechados para mantener viejas relaciones de dominación y control como, por ejemplo, la creación y venta de bonos y otros mecanismos de nueva deuda, entre países de la región, para sostener el cumplimiento de viejos reclamos de deuda claramente reconocidos como ilegítimos e ilegales. En ese mismo sentido no debe admitirse reestructuraciones ni canjes de deuda que solo sirven para blanquear deudas cuestionables e imponer intereses ajenos.
Para impedir que nuestros pueblos continúen víctimas de deudas ilegítimas y odiosas que siguen siendo fuentes de desfinanciamiento permanentes, exigimos la realización de una auditoría sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio público en la región y el impulso desde la Comunidad Sudamericana de Naciones de la realización de auditorias externas a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas y prácticas crediticias.
6. La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos y revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable. Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.
El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.
Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.
Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también sociales y ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.
7. No habrá verdadera integración si no se resuelven las asimetrías entre los distintos países. Por años este tema no ha pasado de ser un discurso en la CAN y el MERCOSUR. Defendemos la creación de un fondo de compensación para los países de menor desarrollo cuyos recursos sean destinados al desarrollo de los sectores de la economía popular y solidaria y a proyectos acordes con las decisiones de los pueblos de esos países – y no los definidos bajo presión del gran capital nacional o transnacional. Esos fondos podrían ser constituidos a partir de imponer un impuesto a las transacciones financieras de las transnacionales que operan en Sudamérica y utilizando parte de los recursos de las reservas monetarias internacionales de nuestros países hoy depositados en los Estados Unidos. En ese mismo espíritu, debería revisarse y corregir los mecanismos que perpetúan las relaciones de asimetría, estableciendo como ejemplo la necesidad de que Brasil y Argentina anulen las deudas binacionales reclamadas a Paraguay como saldo injusto de la construcción de las represas Yacyretá e Itaipú.
8. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo de Sudamérica que ha sido diseñado en función de las exportaciones antes que en el desarrollo interno para beneficio de la gente. Sudamérica no puede seguir siendo una región principalmente exportadora de materias primas (hidrocarburos y minerales) y de algunos productos del agronegocio. La integración sudamericana debe promover la complementación de nuestras economías para generar empleos y promover un desarrollo productivo integral, fortaleciendo el comercio interregional y sustituyendo las importaciones de bienes que se producen en la región.
9. La Comunidad Sudamericana de Naciones está amenazada por los TLCs que han suscrito Chile, Colombia y Perú. Es fundamental revertir esos acuerdos y promover en su reemplazo acuerdos comerciales que no comprometan la soberanía, los medicamentos, la salud, el agua, la educación, la cultura, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, las compras estatales, los recursos naturales y la posibilidad de implementar políticas industriales activas. La experiencia de los últimos 20 años muestra que es necesario pensar otra estructura para el comercio en la región, que parta del reconocimiento de que éste pude ser una herramienta importante para el desarrollo sólo si se lo regula, para evitar que perpetúe las asimetrías entre empresas y entre países, profundizando la dependencia y la subordinación de países y pueblos a las grandes potencias.
El comercio no es un fin en sí mismo, debe ser pensado como una forma de crear los vínculos de las importantes cadenas productivas en la región, para impulsar el desarrollo, aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas economías nacionales, e integrando un poderoso mercado regional de consumo que debe ser prioritario ante otras propuestas que aspiran primordialmente a exportar hacia otros mercados.
Al interior de la Comunidad Sudamericana de Naciones deben primar los acuerdos de Comercio justo y cooperación, y no reproducir experiencias que sólo han reafirmado un enfoque neoliberal de la integración. Advertimos aquí que lejos de significar una avance, la llamada “convergencia” CAN-Mercosur tal como está propuesta, puede significar el reforzamiento y no la eliminación del enfoque neoliberal de la integración.
10. Pero además la integración sudamericana debe trascender lo comercial y avanzar en la resolución de otras problemáticas que hacen a nuestros pueblos y realidad sudamericana. Una de ellas es el tema del armamentismo y militarización de que son objeto nuestros territorios, con la instalación de bases militares, planes de control militarizado como el Plan Colombia, realización de maniobras militares conjuntas bajo la dirección del Comando Sur del Pentágono, a partir de unas hipótesis de conflicto y una doctrina militar que no se corresponden con los intereses de nuestros pueblos. Consideramos que en este proceso de integración los países sudamericanos deben elaborar una doctrina propia de seguridad y defensa nacional en correspondencia con las aspiraciones de paz, soberanía y autodeterminación de todos y cada uno de nuestros pueblos.
Vemos con profunda inquietud la presencia de tropas de nuestros países en Haití y entendemos que debe iniciarse con urgencia el retiro de esos efectivos militares. También nos alerta el ingreso de tropas estadounidenses al Paraguay. La CSN debe encarar esta discusión y plantearse consecuentemente la erradicación de todos aquellos actos que vulneran la soberanía, generan conflictos y afectan los derechos civiles y la democracia.
Al mismo tiempo, las naciones sudamericanas deberían plantearse un trabajo conjunto de lucha contra la impunidad y la violencia estatal, fortaleciendo la democracia y sentando precedentes importantes para saldar la deuda histórica con los pueblos que luchan por la dignidad y la justicia.
11. El proceso de la CSN debe considerar que es imposible concebir la integración regional sin el protagonismo, los derechos y en suma la existencia de las nacionalidades y pueblos indígenas que trascienden las fronteras republicanas. Los pueblos y comunidades indígenas, son los directos y principales afectados por la acción de las transnacionales, cuya explotación indiscriminada de los recursos naturales generan pobreza, migración, contaminación y marginalidad. Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como protagonistas de los procesos de integración y fundamentalmente de las políticas de la CSN para preservar los territorios, los recursos ambientales y la vida.
12. La despenalización de la hoja de coca en Sudamérica y el impulso a su industrialización con fines benéficos es un paso fundamental para lograr que en el 2.008 las Naciones Unidas retiren a la hoja de coca de las sustancias penalizadas.
13. Vemos imperativo el reconocimiento de la comunicación como un factor articulador clave para el reencuentro y fraternidad de las nacionalidades involucradas y para apoyar las urgentes tareas que demanda generar el bienestar de nuestros pueblos. Así pues, uno de sus fundamentos constitutivos debe ser el Derecho a la Comunicación democrática, estableciendo a la par el compromiso de las partes para adoptar políticas públicas en la materia. En esta línea, urge acordar una estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento; definir acuerdos para potenciar las redes regionales de comunicación pública, con un sentido de equidad respecto a los medios de comunicación; priorizar la interconexión intrarregional de las redes de telecomunicaciones (disminuyendo la dependencia externa), junto con políticas de capacitación y para aumentar la accesibilidad en cada país.
14. Hacemos una llamada a los estados de la Comunidad Sudamericana de Naciones a constituir un proceso hacia una Convención del Agua que esté orientada a garantizar el agua como un derecho humano, a cuidar nuestras fuentes y recursos de agua y que éstas sean protegidas de la privatización y la mercantilización por un acuerdo internacional que se apoye en los avances logrados hasta ahora en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y también llamamos a los Estados a construir el Foro mundial del Agua sobre los principios de plena participación e inclusión y en el reconocimiento del agua como derecho humano.
La CSN debe ser un instrumento que comprometa a los países a:
– Revertir los procesos de desmantelamiento de los servicios estatales y fortalecer los sistemas públicos de agua y saneamiento básico para desarrollar gestiones eficientes, con transparencia y control social, asegurando mecanismos de cooperación e intercambio con este fin.
– Promover la efectiva participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre los proyectos de desarrollo que involucren el agua en cada territorio, recuperando sus visiones, usos y costumbres en la planificación y gestión sustentable de los recursos naturales.
15. La CSN, y en particular los países afectados, deben salir del modelo actual de investigación, gestión y elaboración de políticas oficiales con respecto al Acuífero Guaraní, tuteladas en su mayoría por el Banco Mundial a través del GEF, que atentan contra la soberanía de los pueblos y no satisfacen los principios de participación y transparencia informativa que promovemos las organizaciones constituyentes del movimiento social del agua. Proponemos la creación de espacios institucionales nacionales de información y discusión respecto a los usos de los territorios y el subsuelo que conforman el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), con participación de los movimientos y organizaciones sociales de los países que comparten el SAG, que se vinculará a las instancias públicas con la tarea principal de vigilancia del agua, su defensa como bien público compartido y la denuncia de todo procedimiento de investigación y gestión del conocimiento que no sean transparentes.
Antes de la finalización del Proyecto SAG del BM/GEF/OEA en 2008 es necesario producir un pre-proyecto alternativo de investigación y marco de gestión con objetivos de defensa de la soberanía y con vocación integradora para buscar financiamiento genuino, que no genere condicionantes a los gobiernos y organizaciones sociales que terminan atentando contra los intereses fundantes; que de continuidad a lo que se pueda salvar y modificar la asimetría a favor de los países y no del organismo multilateral. Demandamos la entrega de los documentos del referido proyecto a los movimientos, parlamentos y gobiernos de los países de SAG.
16. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sustentable que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Aspiramos a una integración regional basada en otro modelo socio-económico que en lo laboral se oriente a: aumentar la formalidad laboral, asegurar la aplicación de los derechos laborales; universalizar la seguridad social pública; a fortalecer el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva; que adopte medidas contra las discriminaciones en el mercado de trabajo y que busque superar la actual división sexual del trabajo que penaliza a las mujeres y poner en marcha programas de Empleo Juvenil, que detenga los mecanismos que empujan a nuestras poblaciones a la emigración, al mismo tiempo que reconozca para los trabajadores y trabajadoras emigrantes el piso de derechos que garantizan las convenciones internacionales.
17. Debemos encarar como países integrados una reforma agraria que garantice a todos el derecho de trabajar en la tierra y democratice su propiedad, priorizando las formas familiares, sociales y cooperativas. La CSN debe ser el espacio natural para consolidar la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tienen todos los pueblos de producir sus propios alimentos de forma independiente, saludable y con calidad para abastecer a toda la sociedad. Las semillas son un patrimonio de la humanidad y no pueden estar sujetas a la privatización y a patentes de las multinacionales.
18. Como consecuencia de las políticas neoliberales y de ajuste aplicadas en la región, millones de personas se ven a diario obligadas a emigrar en la búsqueda de alternativas para sus vidas.
Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Frente a la situación de los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria. Al contrario de una visión reduccionista de las y los emigrantes como simple fuerza de trabajo, afirmamos que son personas y no mercancías y, por tanto, deben tener garantía de todos los derechos que les permitan desarrollarse y ejercer plenamente su ciudadanía en el goce de derechos laborales, sociales, culturales, económicos, civiles y políticos.
No se puede continuar con políticas orientadas a criminalizar al inmigrante y tratar a la migración como un asunto de seguridad. La CSN debe desarrollar políticas que garanticen ciudadanía a los emigrantes y acciones compartidas para luchar contra la pobreza y la marginalidad asegurando a los habitantes de cada país las condiciones para desarrollarse plenamente y con bienestar.
19. Exigimos la urgente creación de mecanismos de Participación Social en la construcción de la Comunidad a niveles locales, regionales, sub-regionales y nacionales. Los Estados deben asegurar la transparencia del proceso de negociación de la iniciativa de la CSN, reconociendo que los mecanismos oficiales preparatorios de esta Cumbre, como las anteriores, no han facilitado el acceso a la información ni la publicidad de los avances ni los contenidos que se discuten. La alegada “informalidad” del Grupo de Reflexión no debe ser un amparo formal para impedir la divulgación de las conversaciones de los 12 países. Los presidentes reunidos en Cochabamba deben crear un mecanismo formal de participación y consulta a los pueblos.
20. Nosotros, los movimientos sociales que desde la resistencia reivindicamos la búsqueda de Alternativas que hagan realidad que “otro mundo es posible”, “otra América posible”, venimos a reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Comunidad Sudamericana basada en el ejercicio universal de los Derechos Humanos, en la Soberanía popular y la Democracia participativa. Por esto, asumimos la realización de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos en Cochabamba como un espacio donde se exprese el acumulado histórico de nuestras luchas y la profundización democrática en la construcción de Alternativas políticas, sociales y económicas, entendiendo que la integración desde los pueblos fortalece nuestra Identidad: la diversidad cultural. Es desde allí que asumimos el desafío de compartir la construcción de la integración de los pueblos sudamericanos desde sus cimientos constituyendo los Foros Sociales en todo el continente donde se expresen, sin exclusiones ni discriminaciones, todos los sujetos.
Alianza Social Continental
Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos – Contra el TLC y el ALCA


Iximche, Guatemala, 30 de marzo de 2007


Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias del continente, autoconvocados y reunidos en la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala realizado en Iximche’, Guatemala, los días oxlajuj Aq’abal, trece fuerzas del espíritu del amanecer, 26 al kají kej, cuatro fuerzas del espíritu del Venado:

Reafirmamos la Declaración de Teotihuacán (México, 2000) y la Declaración de Kito (Ecuador, 2004); ratificamos nuestros principios milenarios, complementariedad, reciprocidad y dualidad, y nuestra lucha por el derecho al territorio, la Madre Naturaleza, la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; y anunciamos el resurgimiento continental del Pachacutik (retorno), al cierre del Oxlajuj Baq’tun, cuenta larga de 5,200 años, acercándonos a las puertas del nuevo Baq’tun encaminándonos para hacer del Abya Yala una “tierra llena de vida”.

Vivimos siglos de colonización, y hoy la imposición de políticas neoliberales, llamadas de globalización, que continúan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios, apoderándose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indígenas, causando la degradación de la Madre Naturaleza, la pobreza y migración, por la sistemática intervención en la soberanía de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos.

Nos prepararnos para recibir y afrontar los desafíos que nos demanda los nuevos tiempos, por tanto declaramos:

Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas neoliberales y todas las formas de opresión.

Responsabilizar a los gobiernos por el permanente despojo de los territorios y la extinción de los pueblos indígenas del continente, a partir de prácticas impunes de genocidio de las transnacionales, así como por la poca voluntad de las Naciones Unidas en viabilizar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por no garantizar el respeto pleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ratificar nuestro derecho ancestral e histórico al territorio y a los bienes comunes de la Madre Naturaleza, y reafirmamos su carácter inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, aún a costa de nuestras vidas.

Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los Estados – nación y la construcción de los Estados plurinacionales y sociedades interculturales a través de las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, aún sin el reconocimiento legal de los Estados – nación.

Ratificar el rechazo a los tratados de libre comercio (TLCs) que vulneran la soberanía de los pueblos y mantener la vigilancia ante los intentos por implementar nuevos tratados comerciales.

Reafirmar nuestra decisión de defender la soberanía alimentaría y la lucha contra los transgenicos, convocando a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta causa para garantizar nuestro futuro.

Ratificar la lucha por la democratización de la comunicación y la implementación de políticas públicas que contemplen disposiciones especificas para los pueblos indígenas e impulso de la interculturalidad.

Alertar a los pueblos indígenas sobre las políticas del BID, Banco Mundial y entidades afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legitimas.

Para el vivir bien de los pueblos indígenas, acordamos:

Exigir a las instituciones financieras internacionales y los gobiernos la cancelación de sus políticas de promoción de las concesiones (mineras, petroleras, forestales, gasiferas y de agua) de territorio indígenas para las industrias extractivas.

Condenar las políticas del presidente Bush y del gobierno de Estados Unidos expresadas en la exclusión demostrada con la construcción del muro en la frontera con México mientras por otro lado trata de apropiarse de los bienes comunes de la Madre Naturaleza de todos los pueblos del Abya Yala, implementando planes y acciones expansionistas y guerreristas.

Condenar la actitud intolerante de los gobiernos de los Estados – nación que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular a los que no han ratificado ni garantizan la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Condenar las democracias impostoras y terroristas implementadas por los gobiernos neoliberales, que se traducen en la militarización de los territorios indígenas, la criminalización de las luchas indígenas y movimientos sociales en todo el Abya Yala.

Para hacer caminar la palabra y realizar los sueños, de la resistencia al poder:

Nos constituimos en la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Abya Yala, como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y todo el patrimonio natural para vivir bien.

En este proceso delineamos las siguientes acciones:

Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas con la participación de las mujeres, niños y jóvenes.

Convocar a la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala y a la Cumbre Continental de la Niñez, Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades del Abya Yala.

Convocar a la marcha continental de los pueblos indígenas para salvar a la Madre Naturaleza de los desastres que está provocando el capitalismo, y que se manifiesta en el calentamiento global, a realizarse el 12 de octubre del 2007.

Impulsar la misión diplomática de los pueblos indígenas para defender y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Respaldar la candidatura a Premio Nobel de la Paz de nuestro hermano Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia.

Exigir la despenalización de la hoja de coca.

“Soñamos nuestro pasado y recordamos nuestro futuro”



Isla Margarita – Venezuela, rx 16 de abril de 2007


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.


Para Brasil, el Banco del Sur no es consistente

Éric Toussaint

(cadtm.org).- Dos grandes tendencias opuestas están en acción a escala internacional. La tendencia actualmente dominante, que opera desde hace 25-30 años, sales es la continuación de la ofensiva capitalista neoliberal e imperialista. En los últimos años, esta tendencia se manifiesta en el recurso cada vez más frecuente a la guerra imperialista, el aumento del armamento de las grandes potencias, el refuerzo continuado de la apertura comercial de los países dominados, la generalización de las privatizaciones, el ataque sistemático al salario y a los mecanismos de solidaridad colectiva conquistados por los trabajadores. Todo ello es parte del Consenso de Washington.

 

Una tendencia opuesta se viene desarrollando desde fines de los años 90, manifestándose su forma más avanzada (casi) únicamente en Latinoamérica: la elección de presidentes que propugnan la ruptura con el neoliberalismo -ciclo que comenzó con la elección de Hugo Chávez en 1998- o al menos la contención de éste: suspensión del pago de la deuda pública externa a los acreedores privados por Argentina, de diciembre de 2001 a marzo de 2005; comienzo de la recuperación del control estatal de las grandes empresas públicas (PDVSA) y de los recursos naturales (gas natural en Bolivia); fracaso del ALCA; reducción del aislamiento de Cuba… Esta contratendencia sería impensable sin las poderosas movilizaciones populares contra la ofensiva neoliberal, desarrolladas desde los años 80 (febrero de 1989 en Caracas) en diferentes rincones del planeta y que vienen estallando periódicamente. La resistencia que el imperialismo ha encontrado en Iraq, en Palestina, en Afganistán desempeña así mismo un papel fundamental.

Marco económico internacional en el período 2003-2006

La crisis que azotó a Estados Unidos en los años 2000-2001 se superó con una política anticíclica voluntarista de la Reserva Federal que redujo drásticamente el tipo director llevando la tasa de interés casi al nivel cero. El objetivo buscado: evitar que la quiebra de Enron y de Worldcom se extendiera a otras grandes empresas privadas muy endeudadas. La brusca reducción del tipo de interés permitió a las empresas refinanciar su deuda a un coste menor. También a los hogares estadounidenses, cuyo endeudamiento había alcanzado un nivel histórico (130 % de la renta anual). En conjunto, las deudas pública y privada de Estados Unidos supera los 37.000 millardos de dólares. Estados Unidos pudo superar la crisis y recuperó un nivel de crecimiento apoyado en el consumo interno, alimentado y financiado por el exterior. Su recuperación económica tenía lugar mientras el crecimiento de Europa y Japón era muy débil, y desempeñó entonces el papel de locomotora económica mundial en los años 2002-2003. El consumo interno implicaba un fuerte recurso a las importaciones, en particular de productos chinos. China, arrastrada por la locomotora estadounidense en su estela, pudo mantener así una tasa de crecimiento cercana al 10 %. Las necesidades chinas de combustible y materias primas han estimulado el precio de estos productos en el mercado mundial. Según el Banco de Pagos Internacionales (BIS [1]), en el año 2005 «China representó más del 57 % de la demanda suplementaria de aluminio, 60 % de la de cobre y más del 30 % de la de petróleo» [2]. A partir del año 2003, asistimos a un fuerte aumento del precio real del petróleo, de otras materias primas y de ciertos productos agrícolas. Al mismo tiempo, el precio de los productos manufacturados experimentó un alza modesta. Es por esto por lo que vivimos una coyuntura internacional caracterizada por una mejora de los términos de intercambio a favor de los países en desarrollo exportadores de materias primas, de combustibles y de ciertos productos del agro. Esto puso fin a más de veinte años de degradación de los términos de intercambio [3] en detrimento de los PED. En el caso de Latinoamérica, a partir del año 2003 Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela se benefician de un fuerte alza de los precios de sus exportaciones [4].

Esta mejora de los términos de intercambio ha provocado un aumento enorme de las reservas de divisas de los PED. Más de 130 de ellos (sobre 165) han aumentado sus reservas. Entre el año 2000 y abril del 2006, las reservas del conjunto de los PED (incluidos los países del ex bloque soviético) se multiplicaron casi por 3, pasando de 973 a 2.679 millardos de dólares [5]. Las reservas de los PED exportadores de petróleo se multiplicaron por 4, pasando de 110 a 443 millardos de dólares. Las de China se multiplicaron por más de 5, pasando de 166 a 875 millardos. Latinoamérica, más modestamente, aumentó sus reservas un 40 % en el mismo período.

El total mundial de las reservas de cambio llegaba en diciembre de 2005, según el BIS, al equivalente de 4.174 millardos de dólares (dos tercios en dólares USA, y el otro tercio en euros, yenes, libras esterlinas y francos suizos), de los cuales, sólo 1.292 millardos estaban en poder de los países más industrializados. Japón atesora 829 millardos [6]. Los PED jamás se han visto en tal situación: disponen de una suma equivalente a más del doble de las reservas de cambio de los países más industrializados (60 % en dólares USA, 29 % en euros y el resto en yenes, libras esterlinas y francos suizos).

El FMI, oficialmente encargado desde su fundación, en 1944, de acudir en ayuda de los países con problemas de balanza de pagos, no dispone más que del equivalente de unos 9 millardos de dólares directamente movilizables. El total de las cuotas representa unos 300 millardos de dólares, pero los 184 miembros aún tienen que poner a disposición del FMI esta suma. Su cartera de préstamos sólo llega a 35 millardos. Es como un enano frente a una veintena de PED. Por otra parte, su situación se agrava debido a que su cartera de préstamos ha disminuido (y en consecuencia, sus ingresos) tras el reembolso anticipado de la deuda de varios países asiáticos, de Brasil y de Argentina, a los que se sumarán pronto México y Uruguay.

Tanto en sentido literal como en sentido figurado, los PED son prestamistas netos con respecto a los países más industrializados. Tanto es así que prestan dinero al Tesoro de Estados Unidos y a los países de Europa occidental comprando sus bonos del Tesoro. Los PED tienen en sus cajas bonos del Tesoro estadounidense por valor de varios centenares de millardos de dólares.

Nota: El Banco Mundial también reconoce que los PED son prestamistas netos con respecto a los países más industrializados. En el informe anual del año 2003 del Banco, titulado Global Development Finance, podemos leer: «Los países en desarrollo, tomados en conjunto, son prestamistas netos respecto de los países desarrollados.» [7] En la edición 2005 del Global Development Finance, página 56, el Banco dice: «Los países en desarrollo son ahora exportadores netos de capitales hacia el resto del mundo.» En la edición de 2006, vuelve sobre el tema: «Los países en desarrollo exportan capitales al resto del mundo, en particular a Estados Unidos.» [8].

Nada demuestra mejor la futilidad de la teoría dominante en el tema del desarrollo que este reconocimiento. En efecto, según esta teoría, uno de los principales obstáculos al desarrollo en el Sur [9] es la insuficiencia de capitales. Y para poder desarrollarse, los PED deben buscar en otra parte los capitales suplementarios que necesitan. Tienen que endeudarse para atraer capitales extranjeros.

La política actual en materia de reservas de cambio es, en muchos aspectos, absurda, debido a que se adapta a la ortodoxia de las instituciones financieras internacionales. En lugar de utilizar una parte importante de sus reservas de divisas en gastos de inversión y en gastos corrientes (en los ámbitos de la educación y la salud, por ejemplo), los gobiernos de los PED las emplean para reembolsar su deuda o las prestan al Tesoro estadounidense o a los de los países de Europa occidental. Pero esto no es todo, los gobiernos de los PED usan las reservas de divisas como garantía de pago futuro y contraen nuevas deudas con bancos privados extranjeros o en los mercados financieros. Es absurdo desde el punto de vista del interés general. Otra política igualmente absurda desde el punto de vista de la nación: para prevenir un efecto inflacionista relacionado con el alto nivel de reservas de divisas, el Tesoro público de los PED se endeuda con bancos locales a fin de retirar de circulación el exceso de moneda.

Volvamos a la diferentes acciones antes mencionadas.

2.a. Pago anticipado al FMI A finales del año 2005-principios del 2006, Argentina saldó de forma anticipada su deuda con el FMI, utilizando una parte de sus reservas de cambio. Perfectamente, ajustada a derecho, podría haber cuestionado las sumas adeudadas al FMI, pues éste es responsable de una serie de acciones que perjudicaron a los ciudadanos argentinos y a la economía del país. El FMI apoyó activamente la dictadura argentina de 1976 a 1983, que cometió de forma sistemática crímenes contra la humanidad y que endeudó profundamente al país aplicando un modelo económico contrario a los intereses de la nación. Después, el FMI exigió al régimen constitucional que sucedió a la dictadura militar el pago de la deuda odiosa contraída por la junta militar. A continuación, le dictó al país unas políticas económicas que causaron nuevos perjuicios a la nación, que aún perduran. Argentina tenía todo el derecho de rechazar la continuidad de los pagos de la deuda al FMI. Lo mismo se podría decir del pago anticipado de la deuda al FMI efectuado por Brasil. Utilizando una parte de sus reservas para reembolsar al FMI, Argentina y Brasil han malgastado una parte de sus recursos, que se podrían haber empleado con fines más útiles y más honorables. Una de las razones expuestas por estos gobiernos para el pago anticipado al FMI fue la voluntad de recuperar su libertad de acción. Pero hay que destacar que después del reembolso mantienen una orientación económica que es apoyada por el FMI. Por ejemplo, no restablecieron el control sobre los movimientos de capitales ni el control de cambios.

2.b. Préstamos al gobierno de Estados Unidos vía la compra de bonos del Tesoro La mayor parte de los PED compra bonos del Tesoro estadounidense. No conocemos las suma exactas, pero éstas representan varios centenares de millardos de dólares prestados al gobierno de Estados Unidos. El argumento más común es que estos bonos tienen mucha liquidez, es decir, que se los puede vender fácil y rápidamente. Se agrega, por lo general, que no tienen riesgo, pues es inimaginable que el Tesoro estadounidense caiga en default a corto o a largo término. Lo cierto es que los PED contribuyen así a sostener la potencia del imperio americano. Los PED ponen en manos del amo el garrote que emplea para apalearlos y expoliarlos. En efecto, Estados Unidos tiene una necesidad vital de financiación externa para cubrir sus enormes déficit y mantener su poderío militar, comercial y financiero. Si se vieran privados de una parte significativa de los préstamos de los PED, su predominio se debilitaría. Digamos también que los que apoyan la compra de bonos del Tesoro USA omiten casi siempre reconocer que la cotización del dólar evoluciona a la baja. Los bonos son remunerados con dólares devaluados. Anotemos así mismo que la compra de bonos del Tesoro de los países europeos, si bien constituyen un mal menor, no representa de ninguna manera una alternativa. Es mucho mejor gastar productivamente los excedentes de reserva o bien depositarlos en común en un banco del Sur.

2.c. La continuidad del endeudamiento público El depósito de las reservas como bonos del Tesoro estadounidense (o de cualquier otro Tesoro) generalmente tiene como contrapartida nuevos préstamos. Esto puede parecer paradójico, pero en realidad las cosas son así. Por una parte, las reservas de divisas se colocan en parte como bonos del Tesoro; por otra, los poderes públicos toman préstamos en el mercado interno o en el mercado internacional a fin de reembolsar la deuda pública. En todos los casos, la remuneración de las reservas colocadas en bonos del Tesoro extranjeros es inferior al interés pagado por estos préstamos. O sea, una pérdida para el Tesoro del país en cuestión. ¡Un monto importante de reservas en las cajas del Banco Central a menudo lleva a éste a endeudarse! Explicación: Los capitales extranjeros que ingresan masivamente en forma de divisas se encuentran a menudo en manos de agentes residentes, que los cambiarán en sus bancos por moneda nacional (MN), lo que se traduce así en un aumento acrecentado de la cantidad de MN en circulación, lo cual es una fuente potencial de inflación. Para evitar esto, las autoridades monetarias (el Banco Central, BC) realizan operaciones de esterilización de estas reservas a fin de evitar que el flujo de divisas se convierta en MN. En grandes líneas, hay dos posibilidades: 1. El BC decide aumentar la tasa de reservas obligatoria (reserve assets) del sistema bancario, lo que ocasiona un coste suplementario a los bancos, que por supuesto repercutirán sobre las tasa de interés de sus créditos. Esto encarece el crédito y debería reducir el ritmo de creación de moneda (pues cada vez que hay un crédito, hay creación de moneda, lo mismo que cada vez que hay un reembolso de crédito, hay «destrucción» de moneda). 2. El BC realiza operaciones de open-market, es decir, emite títulos cuya venta deberá permitirle recuperar MN, que de este modo sale de circulación y con ello se limita el riesgo de inflación. El problema de esta esterilización es que el BC tiene por un lado reservas de cambio que coloca en el mercado nacional de capitales (que le reportan un interés t1) y por otro lado paga por los título que emite una remuneración t2, que es mayor que t1, pues la prima de riesgo es mayor en el mercado interno de un PED que en el mercado internacional. Por eso, para controlar la inflación, así como su tipo de cambio (que depende también del régimen de cambio, tipo fijo, currency board o flexible), el BC, y por ende el Estado, se ve obligado a endeudarse para financiar esta diferencia de tasas. Es el resultado combinado de una política monetaria cuyo objetivo principal es la lucha contra la inflación (según una perspectiva liberal bien conocida) y de una política económica general, que limita la intervención del Estado en la actividad productiva y que considera que los gastos sociales son improductivos (y generadores de inflación). Una aplastante mayoría de gobiernos da prioridad a esta política, y se asiste a un aumento de las deudas públicas internas como contrapeso de un nivel alto de las reservas de cambio. [10] Esto es así para China y también para los países de Latinoamérica.

En vez de acumular montañas de reservas de cambio, especialmente para protegerse de los ataques especulativos, los gobiernos de los PED deberían: 1 tomar medidas de control de los movimientos de capitales y de divisas (mucho más eficaces como protección contra un ataque especulativo y para combatir la fuga de capitales); 2 dedicar una parte importante de las reservas a las inversiones productivas en la industria, la agricultura (reforma agraria y desarrollo de la soberanía alimentaria), en las infraestructuras, en la protección ambiental, en la renovación urbana (reforma urbana, construcción/renovación de viviendas), en servicios de salud, y de educación, en cultura, en la seguridad social…; 3 poner en común una parte de las reservas para constituir uno o más organismos financieros internacionales (Banco del Sur, Fondo Monetario del Sur) ; 4 constituir un frente de los países endeudados en favor del no pago; 5 constituir o reforzar carteles de países productores de bienes básicos; 6 desarrollar los acuerdos de intercambio compensado puestos en práctica entre Venezuela, Cuba y Bolivia.

Es lo que vamos a desarrollar en las dos partes siguientes.

Alternativas potenciales

Volvamos a la coyuntura favorable a los PED en el año 2006. Como ya hemos visto, la situación es favorable por varias razones:
– Un número significativo de estos países dispone de un nivel de reservas internacionales nunca alcanzado hasta hoy, mientras Estados Unidos y Europa occidental se encuentran en un nivel históricamente bajo de reservas;
– los términos de intercambio les son favorables;
– la mayor parte de los PED tienen un saldo positivo de cuenta corriente;
– el FMI se encuentra momentáneamente debilitado. Podemos agregar que la tasa de crecimiento medio de los PED ha sido el doble de la tasa de crecimiento medio de los países más industrializados. En cuanto a las primas de riesgo país pagadas por los PED, éstas han alcanzado un nivel históricamente bajo.

En el plano político, en muchos países la izquierda ha progresado: victoria de Evo Morales en las presidenciales del año 2005 en Bolivia, avance importante de la izquierda en las elecciones de la India y de México. En el plano militar, Washington y sus aliados están empantanados en Iraq y en Afganistán, lo que les dificulta una intervención terrestre directa contra otro país. En el plano de los acuerdos multilaterales favorables a las grandes potencias, el ALCA ha sido abandonado en el año 2005 y las negociaciones en el seno de OMC sobre la agenda de Doha están bloqueadas (al menos por el momento).

En tal panorama, potencialmente es posible poner en práctica una estrategia alternativa: Si los gobiernos de los PED quisieran cuestionar el pago de la deuda pública, estarían en la mejor posición para hacerlo, porque tienen con qué afrontar las amenazas de represalias de los acreedores multilaterales, bilaterales o privados. El nivel de sus reservas les asegura un enorme margen de maniobra. Si Argentina pudo hacer frente, ella sola, a los acreedores privados (que reclamaban la continuación del pago de una deuda de unos 100 millardos de euros) entre finales del año 2001 y principios del 2005 y obtener unas concesiones significativas, podemos imaginar fácilmente la fuerza que tendría un frente de varios países. Es el momento de poner en marcha auditorías de la deuda. Un frente de países que digan no al pago de la deuda también podría llevar adelante la exigencia del pago de la deuda histórica y de la deuda ecológica contraídas por los países más industrializados. La opinión pública mundial y los movimientos sociales estarían en gran medida de acuerdo con la adopción de una actitud legítima y digna por los gobiernos del Sur. Así mismo, los gobiernos del Sur podrían tomar la iniciativa de crear un Banco del Sur y un Fondo Monetario del Sur (ver más adelante). Podrían retirarse del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, organismos totalmente dominados por unas pocas grandes potencias muy industrializadas. Podrían poner en marcha una estrategia de estabilización de los precios de las materias primas y de los productos agrícolas básicos fundando carteles de países productores y reforzando la OPEP. Podrían crear o reforzar grupos regionales del Sur y, por qué no, dotarse de una moneda común. Podrían reintroducir un control de los movimientos de capitales y del cambio. Podrían retomar el control de los recursos naturales de cada país. Podrían desarrollar, en el plano de la educación, de la cultura, de la investigación (en especial en materia de salud) unas políticas públicas audaces con medios financieros suficientes. Inspirándose en los acuerdos de intercambio de Venezuela, Cuba y Bolivia, podrían generalizar las nuevas formas de «intercambio compensado» (petróleo a cambio de servicios de salud y de educación, por ejemplo), Una estrategia como ésta implicaría dar la prioridad a una redistribución radical de la riqueza, tanto en el seno de los PED como entre el Norte y el Sur del planeta. El contenido social de una estrategia alternativa es fundamental. Es necesario darle un contenido socialista so pena de caer en una caricatura de alternativa. El contenido socialista no tiene nada que ver con una mera política de reducción de la pobreza, el desarrollo de medidas de asistencia pública y una vaga humanización del capitalismo. El contenido socialista implica reformas estructurales profundas, comenzando por un replanteo de la propiedad privada de los grandes medios de producción, de los recursos naturales y de todos los bienes comunes. Parafraseando al Che [11]: Alternativa socialista o caricatura de alternativa. La alternativa debe tener también una dimensión esencial de emancipación de la mujer por la realización de una verdadera igualdad entre los sexos.

El Banco del Sur y el Fondo Monetario del Sur

Se ha de adoptar una primera opción: crear una institución o dos. Si se crean dos, se tendrá una banco, cuya función será financiar el desarrollo, y un fondo monetario cuya finalidad será esencialmente proteger a los países contra los ataques especulativos y ayudarlos cuando tengan problemas de liquidez para realizar sus intercambios. También se puede poner en manos de una única institución estas grandes funciones.

El Banco del Sur tendrá como objetivos, en particular, romper la dependencia de los países periféricos del mercado financiero internacional, canalizar la capacidad propia de ahorro, detener la fuga de capitales, canalizar los recursos centrales a las prioridades de un desarrollo económico y social independiente, cambiar las prioridades de inversión, etc.

Se trata de un banco público alternativo al BID y al Banco Mundial.

El Banco del Sur podrá otorgar créditos con o sin interés, así como proporcionar ayuda no reintegrable a través de donaciones. Estará financiado principalmente por los aportes de sus países miembros en forma de cuotas y de donaciones. También se puede imaginar ingresos fiscales mediante impuestos regionales/internacionales.

Los destinatarios prioritarios de los créditos y donaciones deben ser entes públicos (Estado, provincia, municipio, empresas públicas de producción o de servicios). Hay que definir con claridad los agentes privados que pueden recibir créditos y donaciones del Banco, a fin de excluir aquellos cuya actividad sirva para reforzar al gran capital. La historia de los últimos dos siglos está llena de bancos públicos y populares que en esencia han servido para apoyar la acumulación capitalista, sin ningún beneficio real para el pueblo.

El Banco del Sur no puede estar disociado del problema de la deuda. Hay que evitar que su actividad sirva para mantener la gestión de la deuda pública en beneficio del capital financiero.

Otro aspecto importante es la necesidad de un control popular y democrático, en línea también con lo reclamado para las auditorías de la deuda. La participación activa de los parlamentos en el control de la actividad del Banco debe ser estimulada.

Las líneas precedentes no constituyen más que algunas pistas, que requieren una elaboración colectiva y rigurosa.

Perspectivas futuras de la economía

Mejorar los términos de intercambio para los países exportadores de productos básicos no es del agrado de los países más industrializados, por razones tanto económicas como políticas, porque esta situación estimula las iniciativas de los países del Sur. Por las mismas razones, el nivel de reservas acumuladas por los países del Sur produce inquietud en las capitales de los países más industrializados, así como en los consejos de administración de las grandes transnacionales. La decisiones tomadas por los gobiernos de los países más industrializados se dirigen a la modificación de la situación a su favor. Por otra parte, el ciclo económico sigue su propia lógica (ver más adelante). La falta de voluntad de los gobiernos de la Periferia hace correr el riesgo de hacerles perder una oportunidad histórica.

Los Bancos Centrales de los tres grandes polos de la economía de los países más industrializados aumentan su tipo director en términos de tasas de interés. Es el caso de la Reserva Federal estadounidense y del Banco Central Europeo desde el año 2004. Es también el caso de Japón desde principios del año 2006. Una parte importante de los capitales flotantes que habían migrado hacia los países del Sur entre los años 2002 y 2006, en búsqueda de rendimientos superiores a los que ofrecían los países del Norte, toma el camino de regreso. La caída de las Bolsas de los países emergentes en mayo del 2006 es posiblemente un signo premonitorio. Para la Reserva Federal es vital atraer más capitales hacia Estados Unidos para intentar cubrir su enorme déficit comercial. Un flujo continuo de capitales es una necesidad de primer orden, por lo cual aumenta el tipo de interés, a fin de ofrecer a los inversores extranjeros un rendimiento satisfactorio. Esto es tanto más necesario cuando la cotización del dólar baja, sobre todo frente al euro y el yen, y los tipos de interés suben en la zona euro, en Ingletera y en Japón. Es posible que el aumento en curso de los tipos de interés alcance un techo y se mantenga en ese valor. En efecto, las autoridades estadounidenses saben muy bien que si aumentan demasiado el tipo de interés corren el riesgo de provocar el estallido de la burbuja de la especulación inmobiliaria y una drástica caída del consumo de las familias, dado que éstas están muy endeudadas. Un aumento excesivo del coste del dinero también tiene el peligro de poner en serias dificultades a las grandes empresas estadounidenses, comenzando por las automotrices y la aviación. De todos modos, aun si los tipos de interés en el Norte no aumentan con tanta fuerza en el último trimestre del año 2006, ya han alcanzado un nivel suficientemente alto para atraer una parte de los capitales que habían emigrado al Sur en el curso de los últimos años.

En cuanto a la evolución de los productos básicos, ésta depende, evidentemente, del nivel de la actividad económica. Hay que ser prudente con las previsiones de crecimiento para los años 2007-2008. No hay que excluir una reducción del crecimiento en Estados Unidos. Si esto ocurre, habrá que prever cómo se comportará el crecimiento en Europa occidental y en Japón. Si también se reduce en estas dos regiones, hay que prever una disminución de las ventas de materias primas y de sus precios, a menos que la actividad de China se mantenga durante un período prolongado, lo que sería asombroso.

Manifiestamente, China pasa por un período de sobreinversión. La tasa de rentabilidad es por lo general bastante baja. Su actividad depende en gran medida de sus exportaciones. El consumo de las familias chinas aumenta, pero sobre todo es una pequeña minoría la que se beneficia. En resumen, el mercado interno difícilmente puede reemplazar al mercado exterior como salida de la producción del país, a menos que las autoridades chinas den un giro radical en cuanto al modelo de desarrollo (aumento de salarios, refuerzo substancial del mercado interno, búsqueda de una verdadera cooperación constructiva con otros países del Sur). Todo esto parece poco probable. Lamentablemente. Las luchas emprendidas por los trabajadores chinos, que quieren mejoras de los salarios, de las condiciones de trabajo y el derecho a la organización colectiva, objetivamente van en la dirección de un cambio radical del modelo de desarrollo, pero no se ve cómo podrían lograrlo a corto plazo.

También existe el riesgo de que la evolución vaya en sentido contrario. Me explico: si la actividad económica disminuye en Estados Unidos, sin ser compensada por un crecimiento suficientemente fuerte de Europa y Japón, la actividad de China con seguridad decaerá. Dado que la tasa de rentabilidad es baja y que el nivel de endeudamiento de las empresas es bastante elevado, es probable que una caída de la actividad provoque reducciones importantes de personal así como la quiebra de empresas. Semejante situación no será por cierto favorable al desarrollo de las luchas de los trabajadores chinos.

Lo que acabo de describir es en gran medida hipotético, y no he precisado el factor tiempo: la evolución se puede extender durante varios años. Las variables que entran en juego son numerosas.

Citemos, por ejemplo: ¿Qué pasará con los precios del gas y del petróleo? ¿Qué hará la OPEP? Mi impresión es que el precio seguirá siendo alto, lo cual está bien.

¿Qué pasará con los otros productos básicos? El precio de algunos de ellos es tal que asistimos a un fenómeno clásico en el plano de la evolución de la economía capitalista: unas minas que ya no eran rentables vuelven a ser explotadas. Algunas al precio de unas inversiones bastante altas. Hay sobreinversión. Esto acarreará un aumento importante de la oferta, que superará la demanda, lo que causará una caída de los precios y quiebras empresariales. ¿Qué es lo que puede impedirlo? 1. Bien la aceleración del crecimiento económico, 2. o bien la organización de un cartel de países productores, que planifique la producción y limite su aumento, de tal manera que se estabilicen los precios en un nivel adecuado. Esto nos lleva a la urgencia de una alternativa. Si los gobiernos de los países del Sur no se ponen en conjunto a la altura del desafío, la situación evolucionará desfavorablemente. Es de temer que esto se produzca.

Esto que acabamos de ver puede ocurrir igualmente con el precio del petróleo y del gas. Si alguna vez se produce una caída, sería un desastre para muchos países del Sur.

Volvamos a la variable «reembolso de la deuda». Desde 2003-2004, la mayor parte de los PED de ingresos medios ya no tienen dificultades para pagar la deuda. Es la consecuencia de diversos factores coyunturales: Aumento de la entrada de divisas gracias al alto precio de los productos básicos que exportan y al ingreso de capitales flotantes en búsqueda de rentabilidad a corto término, especialmente en las Bolsas de los países emergentes; tasas de interés relativamente bajas; primas de riesgo país extremadamente bajas en los años 2004, 2005, 2006. Todo esto puede cambiar en un año o en unos pocos años. Los ingresos de divisas pueden diminuir y el nivel de las reservas puede bajar, los tipos de interés al alza en el Norte pueden aumentar el servicio de la deuda de préstamos contratados a interés variable, el coste de los nuevos préstamos para refinanciar deudas anteriores aumentará pues se aplicará un tipo de interés más alto, las primas de riesgo país pueden volver a subir. Un número significativo de PED corre el riesgo de encontrarse en la situación de la cigarra de la fábula de Lafontaine. Al final del verano, cuando el ambiente económico se deteriore, podrían encontrarse en dificultades de pago y sus reservas de cambio podrían fundirse como la nieve bajo el sol. Es un argumento suplementario para poner en marcha una política alternativa, formando un frente de países endeudados para no pagar la deuda (ver puntos 3 y 4). Antes de llegar a las conclusiones, quiero presentar aún algunas impresiones e informaciones adicionales:

5.1. Desde hace una veintena de años, Estados Unidos ha logrado superar cada vez su crisis aplicando una política muy intervencionista y haciendo pagar a las otras economías una parte del precio de la salida de la crisis. No olvidemos que la clase obrera estadounidense también ha pagado los gastos (por ejemplo, con despidos masivos en los años 2001-2002, con una fuerte precarización laboral y el crecimiento del número de working poors, con la reducción del salario real y de su parte en la renta nacional). De todos modos, la economía de Estados Unidos no está saneada, desde el punto de vista capitalista (tasa de crecimiento relativamente débil, tasa de beneficios relativamente baja…): tendrá que aplicarse una purga más profunda, lo que significará una desvalorización/destrucción del capital (un número importante de quiebras) ¿Cuándo le tocará la purga? Nadie puede predecir razonablemente una fecha, pero será muy difícil evitarla, desde el punto de vista de la propia lógica capitalista. Aclaro que una purga no es sinónimo de derrumbe. Al contrario, es quizás el mejor mecanismo que el capitalismo tiene a su disposición para recuperar una tasa duradera de beneficios elevados y un fuerte crecimiento.

5.2. La deuda pública interna de los PED experimentó un gran aumentó en estos últimos tres años, en cifras absolutas. Este aumento es particularmente fuerte e inquietante en un gran número de países de renta media. Según el Banco Mundial, la deuda pública interna de los PED pasó de 1.300 millardos de dólares en 1997 a 3.500 millardos de dólares en septiembre de 2005. [12]

5.3. Los bancos privados del Norte, después de haber cortado los préstamos a los PED en los años 2001-2002, los reanudaron progresivamente a partir del 2003. En el 2005, los préstamos aumentaron un 74 % con respecto al 2004. Así, se firmaron 1.261 contratos de préstamos, principalmente en el sector del petróleo y el gas.

5.4. En el año 2005, unos cuarenta PED emitieron nuevos títulos de la deuda pública en los mercados financieros internacionales. Los títulos emitidos por diez de ellos (Brasil, China, Hungría, India, Indonesia, México, Polonia, Rusia, Turquía y Venezuela) representan el 69 % del total emitido por los cuarenta. Dicho sea de paso, la emisión de títulos extendidos en euros ha tenido un fuerte aumento en el nivel mundial en estos últimos años. En el año 2000, los títulos emitidos en euros representaban el 29,8 % del stock de títulos, mientras que en el 2005 representaban el 45,4 %. Los títulos en dólares, que en el 2000 representaban el 51,9 %, en el 2005 sólo llegaban al 38,9 %. [13]

5.5. Una gran parte de la inversión directa en el extranjero, en el año 2005 estuvo relacionada con privatizaciones/adquisiciones/fusiones, que no crearon ningún empleo suplementario. Y en ciertos casos hubo destrucción de valor y de empleo.

5.6. En los últimos años, se lanzó al mercado un nuevo tipo de productos derivados. Se trata de los Credit Default Swaps. El comprador de bonos emitidos por empresas o por Estados paga un seguro contra el riesgo de no pago. Este mercado, que literalmente ha eclosionado en estos años a escala mundial, representa un valor nocional o virtual de 7.300 millardos de dólares, de los cuales menos del 5 % concierne a los PED. Según el Banco Mundial y la prensa financiera especializada, es difícil medir la solidez de este tipo de producto derivado. En caso de generalización de las dificultades de pago de la deuda, les resultará difícil a los aseguradores mantener su compromiso sin peligro de quiebra. [14]

5.7. Los inversores institucionales, en particular los fondos de pensiones de los países más industrializados, realizan inversiones financieras por una suma de 46.000 millardos de dólares (o sea, una cantidad muy superior a la suma de todo el producto anual bruto del planeta), de los cuales, 20.700 millardos son controlados por sociedades de Estados Unidos. [15] Basta con que dediquen una fracción ínfima de estas inversiones a la compra de acciones en las Bolsa de los países emergentes o de divisas para hacer aumentar su valor (es lo que pasó en el año 2005). Basta que esta misma fracción ínfima sea retirada para provocar una caída de la Bolsa, en São Paulo o en Mumbai (es lo que pasó en mayo del 2005) o de la moneda de Tailandia o Argentina. Si los gobiernos no toman medidas para controlar las entradas y salidas de capitales, así como los cambios de moneda, se encuentra a merced de ataques especulativos de una amplitud similar a los de la segunda mitad de los años 90.

5.8. Los capitalistas del Sur aumentaron la salida de capitales en el año 2005. Mientras que las salidas representaban 172 millardos de dólares en el año 2004, han trepado a 318 millardos en el 2005. [16]

5.9. En el curso de los últimos años, los flujos Sur-Sur los desarrollaron principalmente firmas capitalistas del Sur. Por ejemplo, los flujos de inversiones extranjeras entre países del Sur pasaron de 14 millardos de dólares en 1995 a 47 millardos en el 2003. En ese año, los flujos de inversiones Sur-Sur representaron el 36,6 % del flujo total de inversiones extranjeras que tomaron rumbo al Sur. Los préstamos de los bancos privados del Sur a otros países y empresas del Sur pasaron de 0,7 millardos de dólares en 1985 a 6,2 millardos en el 2005. Por primera vez en su historia, el Banco Mundial dedicó en 2006 un capítulo entero del informe anual Global Development Finance a los flujos de capitales Sur-Sur. [17] Este punto merecería una contribución específica. Los flujos Sur-Sur (con algunas excepciones relacionadas con iniciativas tomadas por Venezuela) siguen al pie de la letra la lógica de la mundialización capitalista. Unas firmas chinas hacen grandes inversiones en África y en Latinoamérica para asegurarse el control de las fuentes de materia prima. Es también lo que hace Petrobras en Bolivia, en Nigeria y en Angola. Otro tanto las firmas rusas. El Banco Mundial propone a los gobiernos del Sur que reciclen una parte de sus enormes reservas de cambio prestando a inversores privados locales. O sea, el propio Banco Mundial está a la ofensiva en el tema del Banco del Sur dándole un contenido conforme al refuerzo del capitalismo a escala planetaria. En vez de proponer a los poderes públicos del Sur que se doten de instrumentos públicos Sur-Sur para financiar sus necesidades (y las de su pueblo, prioritarias), el Banco Mundial les propone que confíen sus reservas al gran capital privado del Sur. Esto no necesita comentario, pero nos lleva al contenido del proyecto de Banco del Sur tal como se ha desarrollado en la parte 4 de este texto.

Conclusiones

Una nueva ocasión histórica se presenta a los pueblos y a los gobiernos de los llamados países en desarrollo de tomar una iniciativa emancipadora de alcance internacional. La coyuntura económica favorable a unos cambios profundos no se prolongará. La inacción o los errores de estrategia conducirán a una situación desfavorable. Si no se aprovecha la ocasión (y es muy probable que no se haga), la historia proseguirá su curso y los pueblos lucharán en condiciones aún más difíciles que las actuales. El combate continuará y frente a la política cínica de sus gobiernos, tendrán que radicalizarse y ponerse a la cabeza de la emancipación, sin Dios ni Supremo Salvador. Esto se llama revolución.

Notas:

[1] Bank for Internacional Settlements, http://www.bis.org/

[2] BIS, Informe anual 2006, p. 45

[3] Hubo degradación de los términos de intercambio de los países en desarrollo en el curso de los años 50 y 60. Siguió una mejora en los años 70. A partir del contrachoque petrolero de 1981 hasta el 2003, se ha asistido a una nueva degradación de los términos de intercambio.

[4] BIS, 2006, p. 44

[5] 1 millardo = 1.000.000.000

[6] BIS, 2006, p. 88

[7] «Developping countries, in aggregate, were net lenders to developed countries», World Bank, Global Development Finance 2003, p. 13.

[8] World Bank, GDF 2006, p. 139

[9] Para una crítica, ver Eric Toussaint, «Las ideas del Banco en materia de desarrollo», Banco Mundial, el golpe de Estado permanente, cap. 10.

[10] World Bank, Global Development Finance 2006, p. 154

[11] Revolución socialista o caricatura de revolución.

[12] World Bank, Global Development Finance 2006, p. 44.

[13] World Bank, Ibid, p. 59.

[14] World Bank, Ibid, p. 62.

[15] World Bank, Ibid, p. 53.

[16] World Bank, Ibid, p. 151.

[17] World Bank, Ibid, cap. 4, pp. 107-136

Documento preliminar preparado para el seminario de l’Observatorio Internacional de la Deuda, Caracas, 22-24 de septiembre de 2006.


El asesor de asuntos internacionales del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, unhealthy Marco Aurelio García, declaró ayer que la creación del Banco del Sur es una idea “relevante”, pero los proyectos que hasta ahora se han presentado sobre esa instancia financiera carecen de “consistencia técnica”.

El funcionario de Lula reforzó la postura que mantiene Brasil en lo referente al organismo impulsado por Venezuela y la Argentina. “Sobre el Banco del Sur nosotros consideramos que la idea de un sistema financiero es buena, [pero] los proyectos que aparecieron hasta ahora no tienen consistencia técnica”, opinó García en el palacio de gobierno, donde ayer Lula recibió al presidente de Ecuador, Rafael Correa.

“La tesis que Brasil ha defendido es una posición en que más que un Banco del Sur, que es una cosa relevante… es crear un sistema financiero sudamericano, un sistema financiero que también involucre cosas como el acuerdo al que llegamos con Argentina” este año de usar moneda local, evitando pérdidas en el cambio del dólar estadounidense, para su comercio bilateral, dijo García.

A Brasil le “gustaría que ese acuerdo pudiera ser hecho con el conjunto de América del Sur, que [la región] pudiese comerciar en moneda nacional”, agregó el asesor.

Correa, cuyo gobierno se sumó al Banco del Sur, moderó su postura y se acercó a los deseos brasileños: “La idea es hacer un Fondo Monetario Regional que sirva para financiar a los países, para estabilizar los presupuestos y que sea el preámbulo para el futuro Banco Central, para el día en que toda la región tenga una moneda única”, dijo.

“Eso ya existe”

“A Lula le interesa la idea. Es cierto, aunque ha habido cierta confusión de conceptos. En el primer borrador que han trabajado los ministros de Economía de Ecuador, Argentina, Bolivia y Venezuela se quería crear un banco de desarrollo, comercial, pero eso ya existe”, continuó el presidente ecuatoriano.

Los dichos de García se suman a los de otros funcionarios brasileños, que se mostraron críticos con el Banco del Sur, impulsado por el presidente venezolano, Hugo Chávez, y defendido por la Argentina. Brasil, en cambio, prefiere reforzar las instituciones existentes, la Corporación Andina de Fomento [CAF] y el Fonplata [Fondo para el Desarrollo de la Cuenca del Plata. El canciller de Brasil, Celso Amorim, dijo esta semana que su país veía con simpatía el proyecto del banco propuesto por Chávez, pero que había que considerar y discutir los detalles.

Para el gobierno argentino, la posición brasileña fue sellada por el ministro de Hacienda de la principal economía de América del Sur, Guido Mantega, según destacaron en el Ministerio de Economía. El 9 de marzo último, Mantega había aceptado la invitación para formar parte del Banco del Sur. De hecho, su país participa en las reuniones en las que se intenta avanzar con la iniciativa, pero como “observador”.

Comprendiendo el proceso de integración sudamericano en 2007

albabookDurante las últimas dos décadas, drugs los procesos de liberalización e integración comercial en América Latina han perpetuado las relaciones de dependencia ecónomica de los países no industrializados respecto de los países industrializados, en base a una intensificación de la matriz exportadora basada en recursos naturales con escasa tecnologización (commodities); una apertura indiscriminada a la inversión extranjera directa y una progresiva reducción del rol regulador del Estado, configurando economías nacionales altamente desrreguladas y desprotegidas.
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Judith Valencia (ALAI)
Desde el 8 hasta al 9 de diciembre próximos se reunirán en Cochabamba, Bolivia, stuff la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones y unos días antes la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos (6 al 9). La profesora universitaria venezolana Judith Valencia reflexiona sobre los problemas del proceso de integración sudamericano).
Es cierto, que las decisiones que toman los presidentes en cada Cumbre, dependen [están amarradas] de un gran numero de reuniones [e intervenciones] previas y de toda una agenda de actividades.
Pero también, es cierto, que los cambios políticos por protagonismo social que se vienen dando desde el 2002, no dan razón para respetar compromisos ajenos. Ser fieles a la autodeterminación de los pueblos, respetar la pluralidad enunciando las disidencias, debe marcar la ruta a seguir.
La Unión del Sur, no puede partir anclada en las intenciones de los gobiernos que prevalecían en el 2000. Los pueblos habitantes de la América Latina, de Suramérica y el Caribe, resistieron desde siempre y vienen surgiendo, desde el grito de Chiapas en enero de 1994, sin pausa. Cada día ganan terreno en la lucha, afirmando la vigencia de la biodiversidad: cultura, fauna y flora. Confirmando el sentido de una manera de vivir que produce y reproduce con intención las relaciones humanas, como esencia sustantiva de la naturaleza y sentido de la sociedad. Los principios ancestrales, retornan cultivados en la voluntad política de cerrarle el paso a la ofensiva contrarrevolucionaria, que persiste en negociar entre gobiernos los territorios y la vida de sus pobladores.
Desde 1994 venimos acumulando fuerzas expresadas en revueltas, pero también en resultados electorales, que potencian las posibilidades de negar compromisos acordados por gobernantes anteriores. Con este espíritu, veíamos bien, que los Altos representantes de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de integración Suramericano (1) hubiesen acordado en su primera reunión en Montevideo y reafirmado en Buenos Aires (2):
“el documento final, a pesar del alto nivel de convergencia (…) no buscará llegar necesariamente a un texto consensuado. Podrá así, ofrecer a los Presidentes soluciones alternativas sobre una o más cuestiones relativas al futuro de la Comunidad Suramericana de Naciones”. (3)
De entrada, es para todos conocido, que los consensos posibles entre los 12 dejaría por fuera temas sustantivos. La Comisión Estratégica de Reflexión fue una salida a las divergencias expresadas -sobre todo por Venezuela- en la I Reunión de Presidentes en Brasilia/30 septiembre 2005. Hace más de un año. Demasiado pronto, para que sea tiempo suficiente, para olvidar y aparentar consensos. No seria para nada conveniente.
Ya en la Primera Cumbre de Legisladores y Líderes indígenas de Suramérica en el marco de la iniciativa de la Comunidad Suramericana de Naciones, reunida en Quito/11 al 13 de octubre 2005 , resolvieron:
“Rechazar el origen neoliberal de la Comunidad Suramericana de Naciones a través de la cual se pretende una integración en términos del libre mercado (…) Alertar … que el diseño de esta comunidad sudamericana tal como esta planteada, pone en grave riesgo lo derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas como son, la autonomía, el territorio, la biodiversidad y los recursos naturales (…) Instar… que se constituya una instancia participativa, que responda a la solución de las verdaderas necesidades de nuestros pueblos (…) Exhortar a los gobiernos de Sudamérica que se tome en consideración las preocupaciones de los Presidentes de Venezuela y Uruguay expresadas en relación a la conformación de la Comunidad Sudamericana”
Era octubre 2005, 15 días después de Brasilia. Dos meses después, Bolivia eligió a Evo Morales Presidente. Las elecciones de Chile y Perú dieron resultados diferentes, a los procesos electorales anteriores, dando cuenta de nuevas fuerzas. Brasil y Venezuela confirman los liderazgos de Lula y Chávez.
Durante todo el 2006, se perfilaron dos lógicas/ dos posiciones: Alvaro Uribe por Colombia y Evo Morales/Hugo Chávez por Bolivia y Venezuela. Todos dos, junto a otros, con matices.
Así la situación, no podemos aceptar “medias tintas” y dejar que declaren solo sobre los consensos. Debemos exigirles delimitación de posiciones y coincidencias ciertas, sin retóricas.
Así las cosas, quiero referirme a algunos aspectos heredados -y arrastrados como políticas de hechos cumplidos-, desde la Reunión de Presidentes de América del Sur, Brasilia 1 septiembre de 2000, convocada por F.H. Cardoso. Es de destacar aspectos del texto de la Declaración Final:
“satisfacción de la V Reunión del ALCA/Toronto/noviembre 1999… zona de libre comercio entre el MERCOSUR y la CAN… impulso de la integración trasfronteriza… integración y desarrollo de la integración física…el papel motriz de la energía… telecomunicaciones…”
A buen entendedor pocas palabras. Malsana herencia.
No es cierto, que la Declaración Presidencial de Cusco del 8 de diciembre 2004, sea el punto de partida. La intención que trasluce el seguimiento de La Comunidad Suramericana de Naciones, presenta la herencia de resoluciones de tres encuentros anteriores y Brasil/Itamaraty, cumpliendo con la Secretaria Pro-Tempore, no deja pasar oportunidad sin recordarlo.
A mi entender, los pueblos insurgentes deben mostrarse intransigentes ante tres de los aspectos heredados. No podemos/ ni debemos dejar pasar:
– La convergencia CAN/MERCOSUR.
– Las áreas de acción prioritarias [Agenda Prioritaria].
– La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) ( www.iirsa.org)
La Comunidad Suramericana como espacio para la integración de los Pueblos no puede partir de la convergencia CAN/MERCOSUR. Todas dos, son experiencias teñidas, por signos de acoplamiento al proyecto imperial ALCA. Queda en evidencia, solo leyendo, los Acuerdos de Complementación Económica y sabiendo de las intenciones de filtrar las negociaciones de los TLC’S de los andinos con Estados Unidos a través de la normativa andina, y de plantearse converger hacia el MERCOSUR, nos conducen a sostener que:
“la Comunidad Suramericana de Naciones debe trascender MERCOSUR, debe trascender la CAN, y estas dos instituciones deben desaparecer progresivamente en un Plan Estratégico”. (4)
La Agenda Prioritaria, no es tan prioritaria para lo social al colocar en 7º lugar, en lenguaje convencional:
“la promoción de la cohesión social, de la inclusión social y de la justicia social”.
Ya el lenguaje es una burla. La correlación de fuerzas políticas de la región debe exigirles ya a los gobernantes un Plan de Emergencia Social que de una vez por todas permita un cauce para el vivir-bien de los pueblos de estos territorios. Propuestas una y mil veces sostenidas como banderas de lucha.
A estas alturas del proceso de transformación social que vivimos día a día, vergüenza les debe dar a los gobernantes y funcionarios hablar del IIRSA/2000. Leerlo eriza la piel. Negocios que nada tienen que ver con el bien vivir de los pobladores. Basándose en una verdad, la necesidad de comunicarnos, proponen una solución absurda que lejos esta de tener que ver con la unión de los pueblos suramericanos. (5)
Concluyo con palabras claras que delatan y nos alertan sobre la intención IIRSA
“los dos ejes [caso Paraguay]… garantizan un transito expedito para mercancías, personas y por supuesto también tropas. En realidad… se observa claramente una subregionalización de América del Sur que establece nuevas fronteras… este proyecto… propiciaría agrupamientos regionales o espacios de cohesión muy distintos a los de los actuales Estados Latinoamericanos y llamaría al establecimiento de legislaciones supranacionales sobre bases diferentes a las de la defensa de las soberanías nacionales…” (6)
La Unión de los Pueblos del Sur no debe fundarse en una herencia de gobernantes. Es hora de exigir borrón y cuentas nuevas.
Debemos impedir cualquier ruta ‘hacia el ALCA’. El proyecto de Declaración Presidencial ya viene circulando y ojalá algunos gobiernos detengan la intención que recorre casi todo el proyecto. ¿Cuál es? Dejar pasar un año y al final imitar cambiar para que nada cambie. Rebautizar con el nombre Comunidad Suramericana, lo mismo: Convergencia CAN/MERCOSUR, en aspectos medulares:
“Reafirmar la estructura organizativa definida en la Declaración de Brasilia (párrafos 8 a 15)…” [Inaudito]
Dos detalles:
“Las reuniones Ministeriales Sectoriales… examinaran y promoverán proyectos y políticas especificas… salud, educación, cultura, ciencia y tecnología, seguridad, infraestructura de energía… En este sentido estas reuniones se realizaran valiéndose de los mecanismos existentes en el MERCOSUR y en la CAN (prr 11) y “… en el área de infraestructura promoverán… la agenda conversada…” (IIRSA) (prr 12)
Y como si fuera poco proponen que los Presidentes decidan:
“… establecer una Comisión de Convergencia Institucional y Coordinación, a nivel de altos funcionarios y con la participación de los secretariados de la CAN y del MERCOSUR, para asegurar [¿cinismo?] en el plano ejecutivo la implementación de las decisiones…”
Benditos secretariados. Es costumbre otorgarles representación política a los Secretarios Generales quienes terminan gobernando. Debemos tener siempre presente que la CAN y su Sistema Andino de Integración (SAI) acoplaron el Acuerdo de Cartagena a las pautas de reestructuración del Sistema Interamericano (7). Acoplamiento implementado por la acción de los protocolos de Trujillo y Sucre, 1996 y 1997, respectivamente. Y pretenden decidir la participación de las organizaciones sociales/populares, que los pueblos organizados participen, con las “formulas” instituidas por la CAN/MERCOSUR, a saber:
“seminarios y mesas redondas con la participación de segmentos representativos de la sociedad civil…” (prr 8)
Y concluyen diciendo:
“En la interacción con la sociedad civil, será tomada especialmente en consideración la experiencia adquirida con la Cumbre Social de Cochabamba”
Están tan distantes de lo que acontece en la calle, del deseo y sentir de los pueblos y pretenden, con descaro, tentar egos.

Notas:

1) Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Creada en Montevideo, 9 diciembre 2005.
2) I Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Montevideo, 16 junio 2006 – II Reunión de la Comisión Estratégica de Reflexión del Proceso de Integración Suramericano. Buenos Aires, 24 julio 2006.
3) Es de hacer notar que en el documento síntesis que trabajan para el 17 de noviembre este párrafo no está.
4) Hugo Chávez. Discursos Brasilia 30/9/2005. Es de hacer notar que todavía para esa fecha Venezuela era país/CAN. Denuncia 22/4/2006.
5) Principios Orientadores del IIRSA
• Regionalismo Abierto. El espacio suramericano es organizado en torno a franjas multinacionales que concentran franjas de comercio actuales y potenciales. Las Franjas o Ejes de Integración y Desarrollo buscan promover el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala.
• Este ordenamiento facilitará el acceso a zonas de alto potencial productivo. Reorientados para conformar cadenas productivas en sectores de alta competitividad global.
• La tecnología de la información acerca las economías suramericanas a los grandes motores [¿Cómo combustible?] de la economía mundial. Apoya una transformación de la organización y el funcionamiento de la sociedad incluyendo los temas educativos, servicios públicos y gobierno.
• Busca generar “la mayor cantidad posible de impactos locales de desarrollo, evitando que sean solo corredores entre los mercados principales”.
6) “Ana Esther Ceceña-Carlos Ernesto Motto. Paraguay: Eje de la Dominación del Cono Sur. Observatorio Latinoamericano de Geopolítica. 2005
7) En la I Cumbre de las Américas, Dic/Miami 1994, los gobernantes decidieron la Reestructuración del Sistema Interamericano. El ALCA es uno de los proyectos de reestructuración.
Este artículo forma parte de la edición especial de la revista América Latina en Movimiento Latina en Movimiento (Nº 414 – 415) que circulará próximamente referida al tema de la integración
Source: www.argenpress.info
Uziel Nogueira
El acompañamiento y la comprensión del proceso de integración sudamericano se tornó una tarea compleja, thumb pharm particularmente a partir de este año. Para ejemplificar esta afirmación tomemos el caso de la Primera Reunión Energética de Sudamérica a nivel presidencial, llevada a cabo el 17 de abril en la Isla Margarita, Venezuela.
En este encuentro se acordó -entre otras cosas- la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que sustituyó a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) que se creó en el año 2004. Es importante mencionar aquí que la mayoría de los países que participan de la UNASUR también forman parte de otros esquemas de integración subregional, regional y/o hemisférico. Veamos:  la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sus antecedentes históricos en ese proceso subregional están en funcionamiento desde finales de la década de 1960; el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue lanzado a comienzos de la década de 1990 y a través del tiempo incorporó como miembros asociados a países que pertenecen o pertenecieron a la CAN. Juntos, ambos bloques buscan construir un espacio de integración más profundo, que empiece a transitar el camino seguido por la Unión Europea.
Por su parte, Perú y Colombia (países miembros de la CAN, pero asociados al MERCOSUR) están aguardando la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de un Acuerdo de Libre Comercio que sigue el modelo del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte). Sin embargo, en uniones aduaneras como la CAN o el MERCOSUR, las negociaciones comerciales deben ser realizadas en bloque. Por esta razón, Ecuador, Bolivia y Venezuela no participaron de las negociaciones con los Estados Unidos.
A su vez, Chile (país asociado al MERCOSUR) tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de las economías globales y fue recientemente invitado a reincorporarse a la CAN, un bloque que abandonó en la década de 1970.
Venezuela abandonó la CAN en 2005 por decisión de su presidente, Hugo Chávez y en 2006 ingresó al MERCOSUR. No obstante, lanzó su propia iniciativa de integración, denominada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) con la participación de Cuba, Bolivia y, más recientemente, Nicaragua y Haití.
Para completar este cuadro -y como se mencionó al inicio de este artículo- existe la iniciativa de construir la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) impulsada desde 2004 por Brasil que, a partir de este mes, se denomina UNASUL y tiene el propósito de integrar a todos los países de esta parte del continente, incluyendo a Suriname y Guyana. Tal proliferación de bloques e iniciativas de integración despierta, al menos, dos preguntas. (i) ¿Por qué los gobiernos buscan nuevas iniciativas en vez de perfeccionar aquéllas de las que forman parte?; y (ii)  ¿Qué modelo de integración prevalecerá en el futuro inmediato? 
En relación a la primera pregunta, la respuesta probablemente esté relacionada con la insatisfacción de los gobiernos por los resultados -políticos, económicos, sociales, etc.- obtenidos por sus países, por lo que buscan mejores oportunidades a través de otras formas de integración. Esto podría explicar la decisión de Colombia y Perú de permanecer en la CAN, a la vez que negocian un acuerdo comercial con los Estados Unidos.
En relación a la segunda pregunta, visualizo cuatro posibilidades en cuanto al modelo de integración con mejores posibilidades de prevalecer: (i) mantenimiento del status quo; esto es, la coexistencia de las iniciativas de integración arriba mencionadas; (ii) creación de un área de libre comercio sudamericana, utilizando posiblemente a UNASUR como plataforma; (iii) expansión y profundización del MERCOSUR; y (iv) expansión y profundización del ALBA.
En mi opinión, el mantenimiento del status quo  prevalecerá en el futuro inmediato porque ningún país -incluido Brasil- tiene poder y peso político, económico y comercial para imponer su propia visión y/o modelo de integración. Por lo tanto, en los próximos 4 años es de esperarse un cierto equilibrio de fuerzas entre varias iniciativas de integración existentes en este momento. Esta situación podría ser modificada en el caso de algún shock externo como, por ejemplo, una desaceleración del crecimiento global y la caída en el precio de las commodities.
Finalmente, me permito una reflexión de naturaleza más bien académica. Puede decirse que están en juego en América del Sur tres proyectos de integración: (i) el modelo europeo de unión aduanera / mercado común; (ii) el modelo norteamericano de acuerdos de libre comercio; y (iii) el modelo venezolano del ALBA. Solamente el paso del tiempo podrá mostrar cuál de los tres modelos irá a prevalecer.
INTAL Carta Mensual No. 129 – Abril 2007
V Cumbre del ALBA
Tintorero – Estado Lara, see 29 de abril de 2007
En ocasión de celebrarse la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el primer aniversario del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), hospital Hugo Chávez Frías, rx Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Evo Morales Ayma; Presidente de la República de Bolivia, Carlos Lage Dávila, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba; Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua; todos representantes de los países miembros del ALBA; y contando con la presencia de René Preval, Presidente de la República de Haití; Maria Fernanda Espinosa, Canciller de la República de Ecuador; Reginald Austrie, Ministro de Energía y Obras Públicas de la Mancomunidad de Dominica; Assim Martin, Ministro de Obras Públicas, Transporte, Correos y Energía de la Federación de San Crist& oacute;bal y Nieves; Julian Francis, Ministro de la Vivienda, Asentamientos Humanos Informales, Planificación Física y Tierra de San Vicente y las Granadinas y Eduardo Bonomi, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, en calidad de invitados especiales y observadores de esta Cumbre, efectuada los días 28 y 29 de abril de 2007, realizaron una completa evaluación del desarrollo de los programas y proyectos aprobados en el Primer Plan Estratégico del ALBA, así como de las acciones de cooperación e integración desplegadas durante el año 2006 en la República de Bolivia y la República de Nicaragua y los hermanos países del Caribe.
En el curso del debate sostenido en un clima de fraternidad y hermandad, ratificamos la idea de que el principio rector de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que puedan negar el objetivo de construir la Patria Grande que soñaron los próceres y héroes de nuestras luchas emancipadoras.
La integración y unión de América Latina y el Caribe a partir de un modelo de desarrollo independiente que priorice la complementariedad económica regional, haga realidad la voluntad de promover el desarrollo de todos y fortalezca una cooperación genuina basada en el respeto mutuo y solidaridad, ya no es una simple quimera, sino una realidad tangible que se ha manifestado en estos años en los programas de alfabetización y salud, que han permitido a miles de latinoamericanos avanzar en el camino de la superación real de la pobreza; en la cooperación dada en materia energética y financiera a los países del Caribe, que está contribuyendo decisivamente al progreso de estos pueblos hermanos; en el incremento sostenido del comercio compensado y justo entre Cuba y Venezuela, y en el conjunto de empresas mixtas conformadas entre ambos en diversas ramas productivas; en el importante apoyo de financiamiento directo brindado a Bolivia para el cumplimiento de diversos programas sociales, en el conjunto de proyectos identificados para la constitución de empresas mixtas binacionales; en todo el proceso de impulso que estamos brindando al Gobierno Sandinista de Nicaragua que en tan solo escasos meses está produciendo efectos altamente positivos en las áreas de generación eléctrica, producción agrícola, suministros de insumos para la industrias, entre otras áreas.
La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos de sus recursos naturales – incluido su potencial energético-, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres, ha demostrado su fuerza y viabilidad como una alternativa de justicia frente al neoliberalismo y la inequidad.
El ALBA está demostrando con estadísticas concretas que el libre comercio no es capaz de generar los cambios sociales requeridos, y que puede más la voluntad política como sustento de la definición conciente de programas de acción encaminados hacia la erradicación de los dramas sociales de millones de seres humanos en nuestro continente.
En virtud de los antes expresado los Jefes de Estado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en representación de sus respectivos pueblos, reafirmaron su determinación de seguir avanzando y profundizando la construcción del ALBA, en el entendido de que esta alternativa constituye una alianza política estratégica, cuyo propósito fundamental en el mediano plazo es producir transformaciones estructurales en las formaciones económico-sociales de las naciones que la integran, para hacer posible un desarrollo compartido, capaz de garantizar la inserción exitosa y sostenible en los procesos de producción e intercambio del mundo actual, para colocar la política y la economía al servicio de los seres humanos.
En el contexto en que toma cuerpo, el ALBA constituye el primer esfuerzo histórico de construcción de un proyecto global latinoamericano desde una posición política favorable. Desde la Revolución Cubana, las fuerzas progresistas del continente, bien desde la oposición o desde el poder, lo que habían hecho era acumular fuerzas para resistir la ofensiva del imperio (Cuba es la excepción porque no solo logró sobrevivir, sino que edificó una sociedad cualitativamente superior, desplegando al mismo tiempo una trascendente labor de apoyo internacionalista a los países más pobres, en medio de un espantoso bloqueo por parte del imperialismo norteamericano); es con el nacimiento del ALBA que las fuerzas revolucionarias hemos podido pasar a una nueva situación que bien pudiéramos def inir como de acumulación de la fuerza política necesaria para la consolidación del cambio que se ha producido en la correlación de fuerzas políticas de nuestro continente.
Ante nosotros se abren nuevas perspectivas de integración y fusión que forman parte del salto cualitativo que están promoviendo los profundos vínculos de cooperación que hemos establecido en estos años. Por tal razón estamos comprometidos a llevar adelante la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo tipo, que produzcan mayores beneficios a nuestros pueblos, mediante la utilización racional de los recursos y activos de nuestros países, para lo cual se requiere avanzar en la conformación de empresas Grannacionales, estableciendo y consolidando los acuerdos normativos e institucionales necesarios para la cooperación; instrumentando estrategias y programas Grannacionales conjuntos de todos nuestros países en materias como: educación, salud, energí ;a, comunicación, transporte, vivienda, vialidad, alimentación, entre otros; promoviendo de manera conciente y organizada la ampliación del Tratado de Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados; llevando adelante programas para el uso racional de los recursos energéticos renovables y no renovables, construyendo una estrategia de seguridad alimentaria común a todas nuestras naciones; ampliando la cooperación en materia de formación de recursos humanos; y fundando nuevas estructuras para el fortalecimiento de nuestra capacidad de financiamiento de los grandes proyectos Grannacionales.
Reiteraron su convicción de que solo un proceso de integración entre los pueblos de Nuestra América, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de cada país y garantice que todas las naciones se beneficien de este proceso, permitirá superar la espiral degradante del subdesarrollo impuesto a nuestra región.
En esta V Cumbre hemos visto con mucho regocijo el contenido de la Declaración Política firmada el 17 de febrero en San Vicente y las Granadinas por los Primeros Ministros Roosevelt Skerrit, de la Mancomunidad de Dominica; Ralph Gonsálves, de San Vicente y las Granadinas, Winston Baldwin Spencer, de Antigua y Barbuda y Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual manifiestan su voluntad de propiciar la más profunda cooperación y unidad entre la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los Estados signatarios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, de manera que sus beneficios sociales y las posibilidades de un desarrollo económico sustentable con independencia y soberanía sea igual para todos, to do lo cual comienza a materializarse con la presencia en esta V Cumbre de nuestros hermanos del Caribe.
Los Jefes de Estado y de Gobierno de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, acordaron suscribir la presente Declaración en la convicción de que la misma abre el camino hacia una nueva fase de consolidación estratégica y avance político de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la perspectiva histórica de poder realizar los sueños de nuestros Libertadores de construcción de la Patria Grande Latinoamericana y Caribeña.
Hecho en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, a los 29 días del mes abril de 2007.
Por la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, Presidente de la República
Por el Gobierno de la República de Bolivia, Evo Morales, Presidente de la República
Por la República de Cuba, Carlos Lage, Vicepresidente de la República
Por el Gobierno de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, Presidente de la República

Uziel Nogueira

El acompañamiento y la comprensión del proceso de integración sudamericano se tornó una tarea compleja, particularmente a partir de este año. Para ejemplificar esta afirmación tomemos el caso de la Primera Reunión Energética de Sudamérica a nivel presidencial, llevada a cabo el 17 de abril en la Isla Margarita, Venezuela.

En este encuentro se acordó -entre otras cosas- la creación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) que sustituyó a la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) que se creó en el año 2004. Es importante mencionar aquí que la mayoría de los países que participan de la UNASUR también forman parte de otros esquemas de integración subregional, regional y/o hemisférico. Veamos:  la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y sus antecedentes históricos en ese proceso subregional están en funcionamiento desde finales de la década de 1960; el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue lanzado a comienzos de la década de 1990 y a través del tiempo incorporó como miembros asociados a países que pertenecen o pertenecieron a la CAN. Juntos, ambos bloques buscan construir un espacio de integración más profundo, que empiece a transitar el camino seguido por la Unión Europea.

Por su parte, Perú y Colombia (países miembros de la CAN, pero asociados al MERCOSUR) están aguardando la aprobación por parte del Congreso de los Estados Unidos de un Acuerdo de Libre Comercio que sigue el modelo del NAFTA (Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte). Sin embargo, en uniones aduaneras como la CAN o el MERCOSUR, las negociaciones comerciales deben ser realizadas en bloque. Por esta razón, Ecuador, Bolivia y Venezuela no participaron de las negociaciones con los Estados Unidos.

A su vez, Chile (país asociado al MERCOSUR) tiene acuerdos de libre comercio con la mayoría de las economías globales y fue recientemente invitado a reincorporarse a la CAN, un bloque que abandonó en la década de 1970.

Venezuela abandonó la CAN en 2005 por decisión de su presidente, Hugo Chávez y en 2006 ingresó al MERCOSUR. No obstante, lanzó su propia iniciativa de integración, denominada Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) con la participación de Cuba, Bolivia y, más recientemente, Nicaragua y Haití.

Para completar este cuadro -y como se mencionó al inicio de este artículo- existe la iniciativa de construir la Comunidad Sudamericana de Naciones (CASA) impulsada desde 2004 por Brasil que, a partir de este mes, se denomina UNASUL y tiene el propósito de integrar a todos los países de esta parte del continente, incluyendo a Suriname y Guyana. Tal proliferación de bloques e iniciativas de integración despierta, al menos, dos preguntas. (i) ¿Por qué los gobiernos buscan nuevas iniciativas en vez de perfeccionar aquéllas de las que forman parte?; y (ii)  ¿Qué modelo de integración prevalecerá en el futuro inmediato?

En relación a la primera pregunta, la respuesta probablemente esté relacionada con la insatisfacción de los gobiernos por los resultados -políticos, económicos, sociales, etc.- obtenidos por sus países, por lo que buscan mejores oportunidades a través de otras formas de integración. Esto podría explicar la decisión de Colombia y Perú de permanecer en la CAN, a la vez que negocian un acuerdo comercial con los Estados Unidos.

En relación a la segunda pregunta, visualizo cuatro posibilidades en cuanto al modelo de integración con mejores posibilidades de prevalecer: (i) mantenimiento del status quo; esto es, la coexistencia de las iniciativas de integración arriba mencionadas; (ii) creación de un área de libre comercio sudamericana, utilizando posiblemente a UNASUR como plataforma; (iii) expansión y profundización del MERCOSUR; y (iv) expansión y profundización del ALBA.
En mi opinión, el mantenimiento del status quo  prevalecerá en el futuro inmediato porque ningún país -incluido Brasil- tiene poder y peso político, económico y comercial para imponer su propia visión y/o modelo de integración. Por lo tanto, en los próximos 4 años es de esperarse un cierto equilibrio de fuerzas entre varias iniciativas de integración existentes en este momento. Esta situación podría ser modificada en el caso de algún shock externo como, por ejemplo, una desaceleración del crecimiento global y la caída en el precio de las commodities.

Finalmente, me permito una reflexión de naturaleza más bien académica. Puede decirse que están en juego en América del Sur tres proyectos de integración: (i) el modelo europeo de unión aduanera / mercado común; (ii) el modelo norteamericano de acuerdos de libre comercio; y (iii) el modelo venezolano del ALBA. Solamente el paso del tiempo podrá mostrar cuál de los tres modelos irá a prevalecer.

INTAL Carta Mensual No. 129 – Abril 2007

ALBA contra ALCA La Alternativa Bolivariana para las Américas: una nueva vía para la integración regional en Latinoamérica

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Ricardo Ángel Cardona
EL DIARIO, try Bolivia – El Tratado de Comercio de los Pueblos firmado recientemente entre Bolivia, physician Venezuela y Cuba ayudará a Bolivia a desarrollarse más que cualquier otro instrumento de integración que podría complementar esta iniciativa, como la firma de otros TCP con todos y cada uno de los países de América Latina y del Caribe.
Se trata de un tratado que ya funciona entre Venezuela y Cuba con intercambios mayores de ida y vuelta mayores a los 4 mil millones de dólares, pero eso solamente es el inicio de un comercio que se muestra ascendente y lleno de posibilidades adicionales. Nos referimos al campo de la energía, telecomunicaciones, biotecnología, ingeniería genética, biodiversidad, construcciones civiles, construcciones de barcos, seguridad alimentaria, construcción de maquinarias, metalurgia, siderurgia, petroquímica, textiles, producción de quinua, créditos preferenciales para las PYMES, etc.
El Gobierno actual por lo tanto ha abierto a los bolivianos las puertas para la integración, la investigación científica y tecnológica, la colaboración entre pueblos y potencialmente entre científicos también, pero especialmente ha devuelto la dignidad nacional y social y las esperanzas a los bolivianos.
Ni siquiera la integración andina que viene desde 1969 había logrado darle tanta perspectiva a Bolivia, dignidad frente a los dictados del imperio y una agenda abierta a sugerencias provenientes de universidades, tecnológicos, academia de ciencias, fuerzas armadas, sindicatos, constituyentes, juntas vecinales, ONGs y también de las iglesias de origen europeo o nativas.
Venezuela tiene en curso una revolución bolivariana y socialista que puede aportar a Bolivia los créditos e inversiones necesarios para su despegue. Se habla de la compra masiva de quinua, amaranto, maíz, soya, muebles, metales y minerales, textiles, carne vacuna y de llama, lanas, manufacturas y artesanías. Por su parte Cuba pondrá su potencial científico y tecnológico para nivelar a Bolivia y sus institutos de investigación, formación de recursos humanos y en la incubación de empresas pequeñas y medianas.
La lista continua con el funcionamiento de PETROSUR y la construcción del Gasoducto del Sur con los países del MERCOSUR, hecho que elevará el precio de venta del gas boliviano a los países vecinos a un precio mínimo de 8 dólares el MPC, frente a los 3,40 que se paga a Bolivia actualmente.
La razón de esta elevación es el ascenso del precio del petróleo, el uso masivo del gas en América Latina y la necesidad de pagar la inversión de dicho gasoducto desde Venezuela hasta la Argentina que ronda los 25 mil millones de dólares.
Este gasoducto sudamericano no se puede construir si el gas no se vende al menos a 8 dólares el MPC, dado que a nivel internacional está en 12 dólares el MPC. Brasil deberá pagar precios internacionales, pero además tendrá en compensación la ventaja de una provisión segura los próximos 100 años. Brasil y Argentina obligados por las circunstancias deberán comprar también a Bolivia valor agregado como electricidad, diésel, DME, olefinas, metanol, fertilizantes, sal mineralizada y aceros especiales de alto costo y calidad.
Las condiciones que el Gobierno nacional ha puesto para que Bolivia sea parte del gasoducto al Sur son de que sea un acuerdo entre Estados y empresas estatales, de que se industrialice Bolivia con financiamiento de Venezuela y países del MERCOSUR y de que se eleve el precio de compra tanto del gas natural como de sus derivados manufacturados. Esa es la base para que Bolivia se convierta en un país altamente industrializado como ya lo son los países del MERCOSUR, Venezuela y Cuba. El objetivo final es que América Latina supere ampliamente en industrialización, ciencia y tecnología a Europa, EEUU, Canadá y Japón.
Seguramente Bolivia deberá negociar otros TCP con la hermana Perú después del alejamiento del presidente neoliberal Alejandro Toledo, y participar con lo que queda de la CAN para negociar un TLC con la Comunidad Europea, China y la India.
A esta altura la CE se da cuenta que Bolivia ya no es un país para dar limosnas sino para realizar empresas mixtas de base tecnológica y competitiva. Ya no es más Bolivia la vaca lechera de los europeos, acostumbrados a esa forma de actuar con los más de 40 trillones de euros que se llevaron en tres siglos de explotación comercial y humana del Cerro Rico de Potosí.
Bolivia debería exigir la devolución a la CE de al menos un 10% de esa fortuna que sirvió en su momento para capitalizar Europa y en especial a España e Inglaterra vía la piratería.
Inglaterra usó mucho más inteligentemente la plata de Potosí e hizo la primera revolución industrial del mundo occidental en 1745. Por algo Inglaterra tenía una academia de ciencias conducida por Isaac Newton y España no. El Sur de Europa y Roma especialmente condenaban a Copérnico, Giordano Bruno y Galileo. Inglaterra robaba para la ciencia en alguna medida y España para el comercio y el bienestar de la casa real solamente. El pueblo español siempre fue pobre y el libro Novelas Ejemplares de Miguel Cervantes y Saavedra así lo muestra y atestigua.
Finalmente creemos que el Gobierno nacional debe difundir las perspectivas y logros del TCP en sindicatos, comunidades campesinas y juntas vecinales. También entre los empresarios nacionales que pese a todo no conciben un nuevo mundo y una nueva civilización sin los norteamericanos. Es hora de que comprendamos todos los bolivianos y latinoamericanos que ese mundo es necesario y posible.
Los hambrientos y miserables, nuestros hermanos indígenas y no indígenas, obreros y campesinos, estarán agradecidos a esta forma inteligente y digna de encarar el futuro de Bolivia.
rancardonay@yahoo.es
Fuente: El Diario, Bolivia
Edgardo Lander

Integração do que? Para quem?

A consideração dos projetos de integração latino-americanos exige a formulação de algumas questões vitais. Integração para quem? Para os setores privilegiados destas sociedades? Para que os capitais, salve sejam eles nacionais ou transnacionais, possam se mover livremente em todo o continente? Ou, check pelo contrario, para os povos, para as maiorias empobrecidas, excluídas, subordinadas?
Não há nada na idéia de integração que em si mesmo possamos considerar como favorável para o futuro dos povos do continente. Não basta que seja uma integração latino-americana ou sul-americana para que corresponda aos interesses populares. Tudo depende do modelo de integração em questão. Quem está impulsionando? Para que? Para quem? Em função de quais interesses e de quais valores ele se desenha? Dependendo da resposta a essas questões, a integração pode apoiar as relações de dominação atualmente hegemônicas, ou pode contribuir para abrir brechas para mina-las.
Um projeto de integração orientado para abrir ainda mais estas economias para submete-las aos ditames dos donos do capital? Ou uma integração defensiva que tenha como meta conquistar espaços de autonomia e soberania para definir políticas públicas e opções econômicas próprias? Em outras palavras, uma integração que contribua para apagar ainda mais os espaços e territórios do exercício da soberania democrática dos povos, ou uma integração orientada para recuperar o que séculos de colonialismo e políticas imperiais arrebataram e continuam arrebatando os povos do continente?
Uma integração orientada pelos valores do individualismo possessivo, da competição de todos contra todos, na qual se garanta o êxito dos mais fortes sobre a base da exploração e exclusão dos mais fracos, isto é, uma integração que acentue as inaceitáveis desigualdades atuais? Ou uma integração guiada pelos valores da igualdade, da participação, da pluralidade, da solidariedade, da comunidade; uma integração que reconheça, valorize e torne possível o desdobramento da extraordinária variedade de modos de vida dos povos de nosso continente?
Uma integração que sem limite algum explore os recursos naturais, os convertendo em mercadorias exportáveis para gerar os excedentes requeridos para pagar a divida externa? Ou uma integração orientada para a recuperação e a construção de outras formas de os seres humanos serem parte da natureza, que não a considere um inimigo a ser submetido, controlado, explorado e, em conseqüência, destruído?
Uma integração pensada como área de livre comércio, concebida principalmente como a construção de um espaço econômico de livre circulação de mercadorias e capitais? Ou uma integração geopolítica concebida como parte dos processos de resistência à ordem global, que busca impor a política unilateral e imperial do capital transnacional e do governo dos Estados Unidos?
A ALCA
O principal projeto estratégico do governo dos Estados Unidos para o conjunto do continente americano durante os últimos dez anos foi a ALCA, ou Área de Livre Comércio das Américas. Mediante esse acordo de alcance continental, o governo dos Estados Unidos e suas empresas buscam consolidar, aprofundar e tornar irreversíveis as políticas de ajuste estrutural das ultimas décadas, pretendendo estabelecer de uma vez por todas a prioridade absoluta dos direitos do capital sobre o direito dos povos. Mediante a constitucionalização da ordem neoliberal em um pacto supranacional de cumprimento obrigatório, se aspira delimitar drasticamente os âmbitos da soberania, do exercício da democracia e da regulação social, concebidos todos como travas ilegítimas ao pleno e livre desdobramento e movimento do capital.
Há pouco mais de dois anos, as negociações avançavam de forma aparentemente impossível de deter. Governos submissos em todo o continente negociavam textos secretos pelas costas de seus povos, e parecia inevitável que na data prevista, isto é, no final de 2004, se concluiriam a negociação e a revisão do texto de modo que este pudesse ser ratificado em 2005. Porém, a partir de 2002 as coisas começaram a mudar. Os movimentos e organizações sociais da resistência à ALCA, especialmente com sua articulação na Aliança Social Continental, conseguiram tirar o debate do âmbito delimitado de uma negociação entre especialistas em comércio internacional para coloca-lo no terreno do debate e da mobilização pública.
Organizações sindicais, indígenas, ecologistas, camponesas, de mulheres e acadêmicas em todo o continente conseguiram convergir em uma resistência crescentemente organizada e capaz de grandes mobilizações. Cada uma das principais reuniões dos negociadores do acordo passou a ser acompanhada por massivos protestos (Quebec, Buenos Aires, Quito, Miami). As mudanças políticas representadas pela eleição de Chávez, Lula e Kirchner introduziram perspectivas e posturas de negociação não previstas. Na reunião do Comitê de Negociações Comerciais (CNC) realizada em San Salvador em Julho de 2003 foi reconhecido pela primeira vez, na própria mesa de negociações, que estas estão severamente estancadas. Foram realizadas sucessivas tentativas de salvar o acordo mediante um tratado mais diluído (Alca Light) ou pela via de uma ALCA de dois níveis que permitisse aos governos mais comprometidos com o modelo de livre comércio a preservação do conteúdo do projeto original, dando a opção para os outros governos de assumir compromissos menores. Buscando destravar as negociações, os Estados Unidos convocaram sucessivas “reuniões informais” entre diferentes grupos de países. Os desacordos persistiram. Finalmente, ao contrário de todos os prognósticos, o que não parecia possível hoje é um fato. A resistência continental derrotou a ALCA, talvez definitivamente. Desde o início de 2003 não foi realizada nenhuma reunião formal. De fato, ainda que isso não seja admitido publicamente, as negociações foram adiadas de forma indefinida1.
Diversas organizações do continente sugeriram que o 1º de janeiro de 2005, data em que se supunha que o acordo estivesse pronto, seja celebrado como o dia do triunfo dos movimentos populares das Américas contra a ALCA. Nestes tempos neoliberais, não são muitas as vitórias populares: devemos celebra-las!
Os Tratados de Livre Comércio (TLCs)
A ALCA ter saído dos trilhos representa sem dúvida uma vitória para a resistência ao projeto imperial de livre comércio. Porém, a agenda estratégica do governo dos Estados Unidos para o continente não foi derrotada: avança por outras vias. Dado que as dificuldades nas negociações da ALCA eram enfrentadas principalmente com três países – Brasil, Argentina e Venezuela – o governo dos Estados Unidos optou por continuar as negociações via TLCs com praticamente todos os demais paises. Foi negociado e assinado um TLC com o Chile, concluídas as negociações com a América Central, e está no que se supõe que é a fase final das negociações com a Colômbia, Equador e Peru.
Dado o fracionamento da resistência e as posturas mais amigáveis dos governos em questão (tanto em relação ao livre comércio como ao governo dos Estados Unidos) nestes acordos se radicaliza a agenda neoliberal. Não só se vai além dos acordos da Organização Mundial de Comércio (OMC), mas inclusive do que estava previsto nas minutas da ALCA. A extraordinária disparidade entre as partes destas negociações se ilustra no conteúdo, por exemplo, dos capítulos sobre propriedade intelectual e agricultura do TLC andino, acordos que, se aprovados em sua versão atual, teriam impactos catastróficos sobre a saúde e a alimentação dos povos. O governo dos Estados Unidos exigiu o patenteamento de plantas e animais (definidos como invenções!), assim como de procedimentos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos. Reafirmando uma vez mais que considera mais importante os lucros de suas transnacionais farmacêuticas que a saúde pública, além de diversas medidas destinadas a impedir a utilização de medicamentos genéricos, o governo dos EUA exige que deixe de ter efeito a Declaração Relativa ao Acordo sobre ADPIC2 de Doha (2001), que autoriza certa flexibilidade na interpretação dos direitos de propriedade intelectual dos medicamentos e permite aos países membros da OMS “proteger sua saúde pública e, em particular, promover o acesso aos medicamentos para todos”. Nas negociações sobre agricultura o governo dos Estados Unidos exige a eliminação de todos os instrumentos de proteção e fomento agrícola utilizados pelos países andinos (faixas de preços, cotas de importação, etc), ao mesmo tempo em que se nega de forma categórica a sequer discutir seus opulentos subsídios agrícolas. Esta combinação não pode conduzir senão à devastação da agricultura andina, a solapar as condições da segurança alimentar e a expulsão de milhões de pessoas do campo.
Apesar da firme oposição popular e das massivas mobilizações das organizações sociais e políticas centroamericanas e andinas3, não foi possível até o momento frear estas negociações.
O Mercosul e a Comunidade Andina de Nações
Constituem hoje o Mercosul ou a Comunidade Andina de Nações (CAN) alternativas a este modelo de integração e desenvolvimento? A integração não pode ser pensada como algo diferente dos projetos nacionais, diferente das sociedades que se prefiguram no interior de cada Estado nação. Os projetos de integração do continente dependem dos processos políticos, das estruturas produtivas, das correlações de força existentes tanto global e regionalmente como no interior de cada um dos países participantes.
Os atuais projetos e práticas de integração na América Latina se dão com estruturas produtivas e condições políticas e ideológicas muito diferentes das existentes quando se debatia a integração latino-americana nos anos 60 e 70. Como resultado das ditaduras militares e da aplicação sistemática das políticas neoliberais de ajuste estrutural, estas sociedades mudaram profundamente tanto em sua estrutura produtiva como em seu tecido social. Como conseqüência da repressão, da desindustrialização e das reformas trabalhistas, o movimento sindical se encontra extraordinariamente reduzido e debilitado, e a maior parte dos novos empregos criados está no chamado setor informal. O peso dos empresários cuja produção se orientava prioritariamente ao mercado interno igualmente declinou. A propriedade da terra se encontra ainda mais concentrada que há três décadas. Os setores mais dinâmicos das economias do continente – os que têm igualmente hoje maior incidência política, maior capacidade de ter impacto sobre as políticas públicas – são os setores triunfantes destas transformações econômicas. São principalmente os grupos financeiros, dos serviços – como as telecomunicações – e os exportadores de produtos primários: no caso do Cone Sul, principalmente o setor agroindustrial. Estes setores estão controlados ou associados estreitamente com o capital transnacional, seus benefícios dependem da abertura econômica, da desregulamentação, das privatizações e do acesso aos mercados internacionais. Constituem as forças dinâmicas internas por trás das políticas do livre comércio.
O sentido comum do neoliberalismo hoje hegemônico e os interesses destes setores que acabaram beneficiados com as transformações políticas e da estrutura econômica produzidas nas ultimas três décadas, condicionam as orientações básicas dos projetos de integração que hoje são operados e negociados em todo o continente. É possível constatar inclusive que a razão fundamental pela qual os governos do Brasil e da Argentina colocaram uma resistência tão firme à ALCA teve a ver principalmente com o fato de que os benefícios que estes setores esperavam não estavam sendo garantidos suficientemente na negociação. Não se trata de desconhecer que estes governos não têm tido posições únicas e que têm existido tensões entre visões mais orientadas para o livre comércio e visões que reivindicam maior autonomia para impulsionar políticas públicas nacionais. Porém, e para além dos discursos, foi precisamente o fato de que a ALCA não garantia um maior acesso dos produtos da agroindústria do Mercosul ao mercado dos Estados Unidos, e que o governo deste país não estava disposto nem sequer a considerar a redução dos subsídios a sua produção agrícola, a verdadeira razão pela qual se travaram as negociações da ALCA.
O único governo participante nas negociações que formulou questionamentos conceituais, políticos e doutrinários fundamentais a cada uma das dimensões do modelo de integração proposto pelo governo dos Estados Unidos através da ALCA foi o da Venezuela.
São esses mesmos interesses que estão impulsionando as negociações do Mercosul com a União Européia. De acordo com denúncias formuladas pelas principais organizações sociais do Cone Sul4, em troca de um acesso limitado da agroindústria do Mercosul ao mercado da União Européia, os negociadores do Mercosul estão realizando concessões que teriam efeitos nocivos sobre a agricultura familiar, limitariam a capacidade dos Estados para ter políticas industriais autônomas, e converteriam em mercadorias áreas tão críticas como os chamados “serviços culturais” e “serviços ambientais”. Da mesma forma, seriam oferecidas preferências à União Européia para as compras do setor público. Não há razão alguma pela qual se possa supor que as transnacionais baseadas na Europa possam ter efeitos mais benéficos ou sejam menos surrupiadoras que as estadunidenses, nem para assumir que os governos europeus sejam menos agressivos na defesa dos interesses de suas corporações. Qualquer ilusão neste sentido foi desmentida com a recente crise argentina.
A Comunidade Sul-americana de Nações
Os governos da América do Sul celebram o que se denomina um novo momento histórico no continente, a realização do sonho de Bolívar: a criação da Comunidade Sul-americana de Nações. Poderá este acordo se converter efetivamente em um ponto de partida para novos projetos econômicos e geopolíticos alternativos aos modelos hegemônicos?
A retórica da Declaração de Cuzco, assinada pelos presidentes ou chanceleres de 12 países sul-americanos, parece apontar uma nova direção. Nela predomina uma linguagem diferente da prioritária do livre comércio que foi hegemônica durante os últimos anos. Partindo da “história compartilhada e solidária de nossas nações”, se reivindica “uma identidade sul-americana compartilhada e valores comuns, tais como: a democracia, a solidariedade, os direitos humanos, a liberdade, a justiça social, o respeito à integridade territorial, a diversidade, a não discriminação e a afirmação de sua autonomia, a igualdade soberana dos Estados e a solução pacífica de controvérsias”. É reconhecido que não é suficiente o desenvolvimento econômico, e que são requeridas estratégias que junto a “uma consciência ambiental responsável e o reconhecimento de assimetrias no desenvolvimento de seus países, assegurem uma distribuição de renda mais justa e mais eqüitativa, o acesso a educação, a coesão e inclusão social, assim como a preservação do meio ambiente e a promoção do desenvolvimento sustentável”.
É enfatizado um “compromisso essencial com a luta contra a pobreza, a eliminação da fome, a geração de emprego decente e o acesso de todos à saúde e à educação como ferramentas fundamentais para o desenvolvimento dos povos”. No terreno internacional se apela aos “valores da paz e da segurança internacionais, a partir da afirmação da vigência do direito internacional e de um multilateralismo renovado e democrático que integre decididamente e de maneira eficaz o desenvolvimento econômico e social na agenda mundial”.
Desde o ponto de vista institucional, se afirma a Comunidade Sul-americana de Nações como um projeto que transcende uma área de livre comércio, sendo acordado que se vai “desenvolver um espaço sul-americano integrado no político, social, econômico, ambiental e de infra-estrutura que fortaleça a identidade própria da América do Sul e que contribua, a partir de uma perspectiva sub-regional e, em articulação com outras experiências de integração regional, ao fortalecimento da América Latina e do Caribe e que se outorgue uma maior gravitação e representação em fóruns internacionais”.
De acordo com o texto, se trata de um projeto de integração dos povos. É afirmado: “Nossa convicção no sentido que a realização dos valores e interesses compartilhados que nos unem, além de comprometer aos Governos, só encontrará viabilidade na medida que os povos assumam o papel protagonista que corresponde a eles neste processo. A integração sul-americana é e deve ser uma integração dos povos”.
Além dos temas cruciais que estão ausentes no texto, como o da dívida externa e das relações deste projeto com os acordos de livre comércio assinados ou em processo de negociação com os Estados Unidos ou a União Européia, pode se esperar que os atuais governos sul-americanos (os que assinam a Declaração de Cuzco) sejam conseqüentes com estas declarações de intenção? Trata-se de uma linguagem destinada ao público de galeria, ou é a expressão de uma nova vontade política dos governos sul-americanos?
Mais que descartar de antemão a Declaração de Cuzco como pura retórica e a decisão de criar a Comunidade Sul-americana de Nações como uma mera formalidade, é conveniente analisar este processo na potencialidade que poderia oferecer para se converter em um novo terreno de disputa e tensões entre diferentes visões e diferentes forças sociais em torno do futuro da América Latina. Os governos que assinaram a declaração (ou alguns deles) pretendem adequar as orientações de suas políticas públicas aos objetivos declarados da Comunidade Sul-americana de Nações?
O que é evidente é que existem contradições flagrantes entre os objetivos e metas formulados nesta declaração e o rumo principal que hoje as políticas públicas assumem na maioria dos países sul-americanos. Os objetivos formulados na Declaração de Cuzco não são, de modo algum, compatíveis com as políticas públicas e orientações econômicas que, graças à dívida externa, os organismos financeiros internacionais continuam impondo em todo o continente. Podem os movimentos sociais e políticos populares do continente aproveitar estas tensões para formular e impulsionar propostas contra hegemônicas?
Qual o sentido de os governos andinos que hoje negociam um TLC com os EUA, projeto que constitui uma severa ameaça à saúde, educação e meio ambiente de tais países, se comprometerem a garantir a saúde, a educação e a alimentação de seus povos, assim como a preservação do ambiente? Que sentido tem a reivindicação do direito a um emprego decente quando as políticas de abertura, privatização e desregulamentação, a desindustrialização, a flexibilidade do trabalho e as reformas da legislação trabalhista impulsionada por estes mesmos governos continuam deteriorando e precarizando sistematicamente as condições de emprego? Para que proclamar a autonomia e igualdade soberana dos Estados enquanto estão sendo negociados acordos comerciais que limitam cada vez mais o exercício da soberania? Por que falar da distribuição eqüitativa da renda, e da coesão e inclusão social, se a experiência confirma que as atuais políticas de predomínio dogmático do livre comércio não conduzem senão à desintegração social e ao aumento das desigualdades sociais? Que sentido tem destacar a importância da preservação do meio ambiente e da promoção do desenvolvimento sustentável se – como é evidente, por exemplo, no caso do Brasil – as atuais políticas de prioridade das exportações primárias orientadas a gerar um excedente na balança comercial para pagar a dívida externa requerem uma superexploração depredadora e não sustentável dos recursos naturais? Que tipo de infra-estrutura vai acompanhar este processo de integração? A prioridade continuará no investimento em infra-estrutura orientada a facilitar as exportações e consolidar o modelo de crescimento para fora, a economia de portos? Essa infra-estrutura colocará a Amazônia e seus recursos à disposição das empresas transnacionais?6.
Poderá, pelo contrário, ser dada prioridade às exigências de um desenvolvimento endógeno, de ampliação dos mercados internos continentais e da efetiva integração dos povos? Será possível avançar na direção de um modelo alternativo de integração quando está sendo incorporada à Comunidade Sul-americana de Nações, de forma acrítica, a base jurídica e normativa que o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações foram armando durante o último período de hegemonia neoliberal?
A retórica latinoamericanista, a reivindicação da soberania e da democracia, assim como dos direitos dos povos, poderia baixar a guarda dos movimentos sociais e políticos em torno das negociações entre os governos do continente enquanto se mantém uma atitude vigilante frente aos acordos negociados com potencias extracontinentais (ALCA, TLCs, Mercosul-UE). Não há, porém, nada na idéia de integração sul-americana que, em si mesma, por sua própria condição de ser latina ou sul-americana, seja necessariamente mais favorável aos interesses dos povos. Tudo depende, como foi assinalado no começo deste texto, dos modelos de integração em jogo. Com a Comunidade Sul-americana de Nações se abre um novo terreno de luta continental. O destino deste projeto de integração e a resposta à questão básica de poder ou não chegar a ser favorável aos interesses populares, mas que do conteúdo de seus textos constitutivos, dependerá do resultado das lutas sociais e políticas, da capacidade das forças populares para reverter as tendências políticas e econômicas hoje hegemônicas na maior parte do continente.
Será possível transformar a Comunidade Sul-americana de Nações em um novo terreno capaz de articular de forma efetiva as lutas dos povos do continente pela soberania, democracia, igualdade e pluralidade cultural? Poderá este novo projeto integrador jogar um papel na resistência à hegemonia imperial dos Estados Unidos?
São estes os novos objetivos e as novas questões com que se confronta, hoje, a luta popular latino-americana.

Notas

(1) Circulam, porém, rumores de acordo aos quais os co-presidentes da fase final das negociações da ALCA, o embaixador Robert Zoellick dos EUA e o Chanceler do Brasil, Celso Amorim, teriam previsto se reunir em janeiro de 2005 para explorar as possibilidades de um reinício das negociações. Enquanto estão absolutamente suspensas todas as negociações substantivas, continua a disputa entre as cidades candidatas a serem sede permanente do acordo.
(2) Aspectos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio, mais conhecido por suas siglas em inglês: TRIPS.
(3) Ver, por exemplo, a declaração conjunta das quatro centrais de trabalhadoras colombianas: Declaração frente ao tratado de livre comércio com os Estados Unidos e o tema trabalhista, Bogotá, 3 de dezembro de 2004. Na Rede Colombiana de Ação frente ao Livre Comércio (Recalca)
(4) Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”
(5) Declaração de Cuzco sobre a Comunidade Sul-americana de Nações, Cúpula Presidencial Sul-americana, Cuzco, 8 de dezembro de 2004. Os países signatários desta declaração são: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela http://www.comunidadandina.org
(6) Decisões fundamentais para o futuro da América do Sul, com conseqüências a longo prazo para os modelos produtivos e de integração continental (energia, transporte, telecomunicações) estão sendo tomadas, fundamentalmente, a margem do debate público, no contexto do IIRSA, Iniciativa para a Integração da Infra-estrutura Regional Sul-americana, que tem sua origem na Primeira Cúpula dos Presidentes da América do Sul, realizada em Brasília no ano 2000, que agrupa os mesmos 12 países que acordaram a criação da Comunidade Sul-americana de Nações. Está previsto que seus projetos sejam financiados pelos governos, o setor privado e instituições financeiras multilaterais como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a Corporação Andina de Fomento (CAF), o Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Cuenca Del Plata (FONPLATA) e o Banco Mundial. O discurso de Enrique Inglesias nesta cúpula presidencial deve servir como um chamado de alerta com relação ao tipo de projeto de infra-estrutura ao qual estes organismos financeiros dão prioridade. A concepção da integração que defende o BID aparece sintetizada nos seguintes termos: “A integração regional é sempre uma tarefa desafiante, e os primeiros esforços da América Latina e Caribe nos anos do pós-guerra encontraram obstáculos muito importantes. Felizmente, alguns destes obstáculos tradicionais foram substancialmente superados nos últimos anos. O processo de reforma das estruturas econômicas nos países da América Latina e do Caribe, que o Banco vem apoiando ativamente, fez com que nossas economias sejam mais receptivas à integração regional, a partir de condições macroeconômicas mais estáveis, a abertura unilateral de nossas economias, a redução da intervenção direta estatal nos mercados e um ambiente mais favorável à iniciativa privada”.
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=8&pageMs=10180
(Revista Punto Final de Chile).- El proceso de globalización comercial, que tiene sus referentes institucionales en las negociaciones multilaterales que se desarrollan en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y en las bilaterales a través de los múltiples tratados de libre comercio, ha comenzado a expresar sus efectos. No sólo distan de los iniciales y grandilocuentes anuncios de sus impulsores, sino que se acercan a las proyecciones más lúgubres realizadas por sus detractores. El proceso mundial de liberalización comercial, que incluye la apertura de los mercados y de los servicios públicos, aun cuando ha logrado generar más intercambio y riqueza, ha conseguido que aumenten las desigualdades en la distribución de la riqueza a niveles que hoy resultan intolerables e inocultables.
Tanto así, que cuando Pascal Lamy, director general de la OMC, estuvo en Santiago en marzo pasado, admitió que la globalización no ha conducido a los resultados esperados. La ruptura Norte-Sur y la brecha entre ricos y pobres al interior de algunas naciones tendría dimensiones siderales.
Al hablar de aumento de las desigualdades vemos que éstas toman cuerpo tanto al interior de los países como entre los países. En Chile, que ha sido calificado como “el laboratorio del neoliberalismo” por ser uno de los pioneros en abrir sus mercados y en traspasar sus servicios públicos al sector privado transnacionalizado, el proceso de globalización comercial ha logrado generar enormes riquezas, que se han concentrado en un grupo pequeño de actores económicos. Como efecto de este fenómeno, tenemos que la desigualdad en la distribución de los ingresos alcanza un hito histórico en nuestra economía.
La globalización comercial no sólo es apertura de mercados, sino apertura de los servicios, de inversiones y de todas las áreas potencialmente comerciales, como la salud y la educación, los recursos naturales o el conocimiento ancestral de los pueblos. Cuando un país accede a este tipo de tratados, lo que también hace es abrir su economía al gran capital que, bajo la ley del libre mercado, será de una u otra forma operada para la rentabilidad de ese gran capital. Sin regulaciones nacionales de por medio -de hecho, la apertura significa la renuncia a las normativas y reglas nacionales- toda la economía estará guiada por la ley del más fuerte. Los efectos de este trance son, en nuestras latitudes, un modelo de economía basada en la extracción de recursos naturales, los monocultivos, la pérdida de derechos, como a la salud o la educación, y la privatización y mercantilización de prácticamente todas las áreas de la vida pública.
América Latina vive desde hace ya varios años una fuerte presión para abrir sus mercados, especialmente por la vía bilateral por parte de Estados Unidos. Aun cuando el gran proyecto del Imperio por crear el Alca (Acuerdo de Libre Comercio de las Américas) no consiguió avanzar gracias a la oposición de los actuales gobiernos de Venezuela, Argentina y, principalmente, del gigante regional que es Brasil, la insistencia y la gula norteamericana han logrado que numerosos países pequeños -y no tan pequeños- suscribieran, o estén en vías de hacerlo, tratados de libre comercio. Allí tenemos el Cafta, con las pequeñas economías centroamericanas, así como los acuerdos suscritos o en vías de suscribirse con países andinos como Colombia, Perú y Ecuador. Con anterioridad México suscribió el Nafta, con efectos que han sido desastrosos y, ni hace falta recordarlo, también está Chile.
¿Es posible quedar al margen del proceso de globalización? En cierto modo, parece que no es posible quedar aislado y cada vez más debilitado ante el creciente poder que adquieren otros actores, como los grandes bloques económicos y las transnacionales. Pero es posible entrar en un proceso si no de globalización per se, sí de integración entre pares, lo que significa avanzar hacia una integración entre economías similares que apunten hacia la conformación de bloques capaces de negociar con más poder ante otros actores económicos.
Esta es la tensión que vive en estos días Sudamérica. Junto al atropello del gran capital transnacional, aceptado por los países que ya han suscrito un TLC con Estados Unidos, es posible observar otro proceso, que avanza hacia la integración regional de economías a veces similares o a veces complementarias, que apuntan a un desarrollo de los países sobre sus bases productivas. Se trata de un curso que no es nuevo, pero que hoy presenta serias complicaciones. Lo que vemos con la crisis del Mercosur o de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una señal de que la integración es necesaria pero sobre otras bases. La integración apoyada en el acceso a mercados, que es exclusivamente comercial, conduce inevitablemente a conflictos.
El cada vez más serio problema entre Uruguay y Argentina por la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa es un claro ejemplo de cómo los intereses nacionales estimulados por las grandes corporaciones prevalecen sobre otro tipo de intereses, como es el impostergable desarrollo de nuestros pueblos. Y algo parecido ha sucedido en la CAN, que indudablemente perderá sus características de comunidad regional al estar tres de sus miembros obligados a abrir sus economías a un nuevo diseño trazado por las grandes empresas. Bajo estos TLC, basados en el libre mercado que controlan los grandes consorcios mundiales, es imposible pensar en una estrategia de integración regional. Como dijo el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, los TLC con Estados Unidos no integran, sino que desintegran.
El proyecto venezolano de integración, la Alternativa Bolivariana para la América (Alba), que conforman Venezuela y Cuba, cuenta desde el 30 de abril con Bolivia como nuevo miembro. Bolivia, que ya había recibido la “invitación” de Washington para negociar un TLC, replicó con un TCP, o un Tratado de Comercio de los Pueblos, iniciativa de Evo Morales que ha sido un diplomático portazo al convite norteamericano. Lo que Morales ha planteado es la necesidad de integración, pero entre economías similares; un tratado que favorezca la producción y el desarrollo, no un convenio diseñado por las multinacionales. El 1º de mayo, el presidente boliviano dio otro paso de enorme importancia, al firmar el decreto que nacionaliza los hidrocarburos.
Morales ha llevado su propuesta al Alba, que está inspirada por estos mismos principios: un intercambio hecho desde las bases productivas, que promueva el desarrollo y la calidad de vida. Una propuesta basada en las verdaderas necesidades de las naciones sudamericanas, las que comienzan por la reducción de la pobreza y de las escandalosas desigualdades.
El Alba ha puesto los bueyes delante de la carreta, y no a la inversa, como los acuerdos hechos sobre el acceso a mercados. La inspiración de este tratado, aun cuando estimula el comercio, se encamina hacia la satisfacción de nuestras más urgentes necesidades, como son las sociales. Y en este sentido, de cierta manera está inspirado en el proceso de fundación de la Unión Europea, cuyos orígenes no estuvieron en un criterio puramente mercantil, sino también político y cultural. El proceso de integración europea surgió también de la necesidad de poner fin a décadas de violencia e intolerancia. Su eje central fue la búsqueda de un camino que condujera hacia la paz. En nuestro caso, sin grandes conflictos nacionales que resolver, aunque los chilenos y bolivianos sabemos bien cuál es la tarea pendiente, nuestro centro, nuestro eje, es también nuestro dolor: la pobreza y la desigualdad. Una tarea que no se resolverá sólo con más mercados, y menos con las inversiones multinacionales. Es una labor que tendrá que ser impulsada con una voluntad política de integración regional sobre la base de la solidaridad.
a) Un enfoque político general: América Latina en 2006
En enero de 2005 el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) no entró en vigor. Su negociación está suspendida. En noviembre de ese año las presiones del gobierno Bush en la Cumbre de Presidentes de las Américas (menos Cuba) en Mar del Plata no consiguieron arrancar una agenda de retomada de las negociaciones por causa principalmente de la oposición de Venezuela y los países del Mercosur. En julio de 2006, try en Córdoba, Argentina, los presidentes del Mercosur se reunieron con la presencia de un nuevo miembro, Venezuela (1), y los jefes de estado de Chile, Bolivia y Cuba (1).
Mucho se puede especular o discutir sobre que “el ALCA no es un proyecto muerto” (que está en “compás de espera”, está siendo implementado por la “vía de menor resistencia a través de los TLCs sub-regionales”) y de que el Mercosur, la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA), el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas) y los TCPs (Tratados de Comercio de los Pueblos), esto es, los procesos inter-estatales que apuntan a la integración regional, enfrentan serias dificultades de construcción y conflictos entre sus miembros, son limitados en relación a la agenda general, etc. Pero, HOY, la agenda política de AMÉRICA DEL SUR está tomada prioritariamente por el tema de la integración regional.
El gobierno de los Estados Unidos bombardea este escenario presionando por TLCs (ya tiene con Chile, acaba de negociar con Colombia y Perú) pero esas victorias “puntuales” son la confesión de la derrota regional (ya que quedan afuera tanto los países de más peso económico (Argentina, Brasil, Venezuela) como otros que tienen atractivo económico-geopolítico (por su ubicación o por sus recursos naturales: Bolivia, Uruguay, Paraguay, Ecuador…) (2).
Cuando las primeras manifestaciones contra el ALCA ocurrieron en 1997-98 el escenario era muy distinto. (Aún en abril de 2001 en la Cumbre de Presidentes en Québec apenas el gobierno de Venezuela presentaba tímidos y aislados cuestionamientos al proceso impulsado por el gobierno de los Estados Unidos con el apoyo de sus incondicionales en la región). Estábamos aún en un escenario dominado ideológicamente por el “pensamiento único” y de que “no hay alternativas” que había copado a la región (y al mundo!) Con la ofensiva neoliberal iniciada en la década de 1980 y consolidada con las derrotas políticas de los proyectos socialdemócratas en Europa occidental (entre finales de los años 1970 y la década siguiente) y la derrocada del socialismo burocratizado en el Este Europeo (consumada con la disolución de la URSS en 1991). En las esferas regional y mundial lo que estaba sobre la mesa de negociaciones comerciales era la agenda de las corporaciones transnacionales (cuyo paradigma es el NAFTA, pero en el ALCA los negociadores de los Estados Unidos ya pensaban en ir más lejos aún).
Esa agenda es hoy ampliamente contestada en la opinión pública y desde los movimientos sociales de la región. A lo largo de los años hubo, de hecho, una educación política popular masiva en nuestros países sobre los temas involucrados en las negociaciones. Ocurrieron movilizaciones en diversos contextos y naciones contestando puntos importantes de esa agenda. Finalmente, varios gobiernos expresaron que no hay como aceptar el paradigma del NAFTA extendido a la región. Eso explica que el ALCA se haya empantanado.
Estamos ahora en el tiempo de las alternativas concretas y el tema de la integración regional (de América del Sur exclusivamente o ampliada hacia otros países también) tiene un papel central en consolidar ese nuevo escenario.
Ahora bien, esto ocurre en un momento en que la coyuntura mundial registra el auge del “unilateralismo” del gobierno norteamericano y la agresividad de su agenda militar, política e económica. Un proyecto de integración regional contra-hegemónica deberá responder no solamente a la agenda de las negociaciones comerciales internacionales sino también ser orientada por un proyecto que cuestione esa política imperial en los otros campos.
b)“Integración regional”, en coyunturas diferentes
Con una misma denominación, “integración regional”, se han planteado muchas cosas diferentes a lo largo de la historia de nuestro continente y una dilucidación de conceptos y procesos históricos sería, sin duda, necesaria [Aunque, obviamente, se trata de una tarea política e intelectual de largo aliento y que debería involucrar a diversos sectores].
Para el objetivo de este documento basta decir aquí que cuando HOY tratamos de la integración regional debemos actualizar el debate para la coyuntura política regional específica que antes referimos. Es decir, estamos tratando de un proyecto de integración regional CONTRA-HEGEMÓNICA, de oposición a la agenda que el gobierno de los Estados Unidos (y otras potencias) tienen para la región, de afirmación de un proyecto regional que incorpore las aspiraciones populares y nacionales.
Esto es importante porque parte importante del debate en nuestros países sobre integración regional de la segunda parte del siglo XX se dio en el marco de (o, incluso, para reforzar) la hegemonía de los Estados Unidos sobre la región.
c)”Integración regional” y “libre comercio”
Los temas aquí tratados tienen una larga historia. Es así natural que hayan adquirido en nuestros idiomas sentidos diversos dependiendo del momento histórico a que se refiere.
Así, por ejemplo, la historia del concepto de “libre comercio” puede tener como uno de sus puntos importantes las obras de Adam Smith (1723-1790) y David Ricardo (1772-1823). Se trataba de eliminar barreras aduaneras entre países para que el comercio de mercancías se hiciera libremente. Eso favorecería a ambos países, mismo que hubiera grandes disparidades entre ellos. El imperio inglés la tuvo como su bandera de expansión económica en el siglo XIX.
Registremos que el pensamiento crítico latinoamericano cuestionó profundamente las bases teóricas y los resultados históricos de la aplicación de esa receta en nuestra región. Debemos rescatar esa herencia intelectual que los años neoliberales han querido enterrar: los debates de la CEPAL entre 1949 e inicios de los años 1980, la teoría de la dependencia, etc.
Pero, el “libre comercio” que está en la agenda desde los años 1980 no se refiere tan solamente a la “libre circulación de mercancías”. En la OMC, en el ALCA y en los TLCs bi-regionales hay una amplia agenda de temas que buscan definir supranacionalmente limitaciones a los estados nacionales en su “capacidad de hacer política de desarrollo” para fijar lo que sería una “carta de derechos de los capitales transnacionales” (para protegerlos de los pueblos). Su lógica, que viene de la hegemonía ideológica neoliberal de los años 1990, es que si el país que “hace su lección de casa” (cumple las recetas del Consenso de Washington, por ejemplo) los capitales le retribuirán invirtiendo, creando empleo y bienestar social. El destino de esa sociedad y de ese país estará entregado “al mercado” (lo que hoy es decir al gran capital transnacional).
Podrá rastrearse en las propuestas de integración regional – tal como ahora está en pauta – temas que están en la agenda del libre comercio. Al final, se espera que, en el marco de la integración, prospere el comercio entre nuestros países. O que haya reglas para que la inversión de capitales de un país se pueda realizar en el otro. Pero aquí el sentido es totalmente otro. El punto de partida y el trayecto que se espera cumplir son totalmente otros, tal como se verá más adelante.
d)Integración regional, condición para enfrentar a los proyectos hegemónicos del capitalismo global
En la visión que aquí trabajamos la integración regional es un paso y una herramienta para alterar la inserción de nuestros países en el mercado capitalista internacional y en la geopolítica mundial.
Es obvio que ninguno de nuestros países aisladamente tiene condiciones materiales para hacer frente a las presiones de las principales economías capitalistas. La dependencia de nuestros países en relación al capitalismo central existe y funciona. Los gobernantes entreguistas (como Menem en Argentina, FHC en Brasil, Sánchez de Lozada en Bolivia etc.) que aplicaron políticas tomando la dependencia (de nuestros países en relación a Estados Unidos) como dada e inamovible buscaban navegar a favor de esa corriente. Lo que se vio es que ahí no hay proyecto de país ni de sociedad, hay un proyecto de anexación de nuestra región a la economía, política internacional, estrategia militar e industria cultural de los Estados Unidos.
La integración regional permitirá aprovechar una diversidad de recursos (naturales, productivos, financieros, científicos e intelectuales, etc.) que existen de forma diferenciada entre nuestros países fortaleciendo las capacidades regionales, nos daría una mayor identidad y cohesión política en cuánto “bloque regional” y de esa forma nos permitiría otras posibilidades de acción a nivel internacional (en negociaciones comerciales con otros países o bloques, en el sistema internacional etc.).
e)Puntos de partida para un proyecto de integración regional contra-hegemónico
Para construir un proyecto de integración contra-hegemónico no partimos del “cero”.
Tenemos, en primer lugar, los debates realizados por nuestros movimientos EN EL PERÍODO POLÍTICO ANTERIOR y en respuesta a una agenda diferente (colocada por las fuerzas neoliberales).
Se trataba de enfrentar al ALCA: en “Alternativa para las Américas” están sistematizadas una serie de propuestas de los más diversos movimientos en oposición a la agenda del gobierno de los Estados Unidos. En las declaraciones y documentos de los varios Encuentros Hemisféricos de Lucha contra el ALCA (realizados en La Habana) están registradas las críticas al ALCA y las reivindicaciones de los movimientos sociales.
Se trataba de impulsar al Mercosur y a la CAN en un rumbo diferente al que se le impuso en los años 1990: diversos movimientos levantaron propuestas alternativas (sindicatos, mujeres, campesinos etc.). Más recientemente también entró en la discusión los rumbos de la ALADI. Igualmente el IIRSA viene siendo discutido y cuestionado en sus fundamentos por los más diversos movimientos. La Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN o CASA) es un tema aún más reciente y el que será utilizado por nosotros para lanzar un debate más general sobre la integración.
No nos escapa que la DISCUSIÓN ANTERIOR ES LIMITADA por el papel que cumplió – reactivo y defensivo frente a la ofensiva neoliberal en la región.
También reconocemos que diversos gobiernos han abierto sus agendas en los últimos años buscando otras perspectivas en acuerdos comerciales en curso (por ejemplo, los Fondos Estructurales en el Mercosur) o nuevos tipos de acuerdos (ALBA, TCP).
Finalmente hay otros actores que deben ser convocados para ese debate a más de gobiernos y movimientos sociales. Los partidos políticos deberían tener un papel clave en ayudar a formar una voluntad política integracionista y tienen un espacio de convergencias en el Foro de S. Paulo. Las universidades y los centros de investigación deberían entrar fuertemente en el debate como parte de un esfuerzo de pensar nuestra región desde sus raíces y sus necesidades – porque el neoliberalismo colocó a la intelectualidad una perspectiva subordinada al punto de vista de las metrópolis. El diálogo entre las diversas religiones e iglesias que existen en nuestra región podría tener un papel importante en el fortalecimiento de la pluralidad de nuestra identidad como pueblos.
El proceso que los movimientos vamos a realizar hasta diciembre para la Cumbre Social en Santa Cruz de la Sierra, deberemos, por un lado, definir los puntos prioritarios en nuestra agenda para al integración – partiendo de los que los propios movimientos sociales ya han acumulado – y, por el otro, el diálogo con otros actores de ese proceso.
Entendemos que la agenda tiene áreas importantes de concentración temática sobre las cuales debemos debatir:
1)Una integración para la sinergía entre y para la reorientación de nuestras economías.
La herencia colonial de nuestros países ha hecho que nuestras economías sean en muchos casos competidoras entre sí al servicio de los mercados y capitales de lo países del capitalismo central. Una política de integración tiene que apostar a la complementariedad y al desarrollo con equilibrio entre regiones, países y sectores.
Por otro lado, nuestras economías están tomadas por oligopólios en gran parte de capitales internacionales. La integración debe servir para apoyar y expandir la economía solidaria, la economía campesina, a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad y a fortalecer la capacidad de nuestros estados de “hacer políticas de desarrollo” definidas democráticamente por nuestros pueblos.
Hay una matriz productivista depredadora del medio ambiente que debe ser combatida con una perspectiva sustentable siempre que se discuta la ampliación de proyectos de producción y las necesarias reconversiones de sectores productivos nocivos a la renovación del medio ambiente.
El actual modelo económico es sostenido por una división entre producción y reproducción que impone a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidado. Para un proceso de integración generador de igualdad hay que romper con esa lógica, cuestionar la división sexual del trabajo y actuar para el equilibrio entre producción y reproducción.
Las economías de nuestros países vienen de muchos años de aplicación de recetas neoliberales que tuvieron como uno de sus ejes la destrucción de conquistas laborales y sociales de las clases trabajadoras. Un proceso de integración debe estar afianzado sobre un compromiso de recuperar, universalizar y ampliar derechos en el mundo del trabajo. Y hoy día se agrega con mucha fuerza la defensa de derechos de las poblaciones migrantes que han tenido que abandonar sus países de origen por causas económicas o políticas.
2)Una integración cuyo punto de partida debe ser el bienestar social.
La agenda no debe ser (apenas ni sobretodo) económica. Es fundamental desarrollar políticas sociales de atendimiento universal a las necesidades de salud, educación, moradía y acceso a la energía eléctrica y al agua de nuestros pueblos.
Eso significa combatir las pretensiones de las corporaciones transnacionales de transformar esos servicios en negocios privados internacionalizados y desarrollar políticas para la universalización del acceso a esos servicios.
La integración debe venir también con políticas de afirmación de los derechos de las poblaciones que han sido oprimidas por el capitalismo dependiente, el patriarcado, el colonialismo. El derecho a la igualdad para las mujeres, para las poblaciones negras, la libertad de opción sexual, el reconocimiento de los derechos a su cultura, a territorios y autonomías de los pueblos originarios son parte de esta agenda.
3) Los dos puntos anteriores se combinan con la discusión sobre las matrices de nuestras infraestructuras regionales.
Nuevamente la herencia colonial ha hecho que las vías de comunicación de nuestros países solo existan para vincularnos a las metrópolis; no hay vías de transporte barato y masivo de personas y cargas entre nuestros países. La integración regional es también y necesariamente la inter-comunicación de territorios a través de carreteras, ríos y vías férreas. Ahora bien, la infra-estructura para conectar a los pueblos puede ser utilizada también para hacer de nuestra región una plataforma de exportaciones baratas a las metrópolis; este desvío no se resolverá bloqueando el desarrollo de la infraestructura, mas reorientando el desarrollo de neustros países. Pero esta debe ser también una decisión de los territorios y las poblaciones que van a ser inter-conectadas. Es decir, suponer una participación popular en la definición de esos proyectos, que hoy no existe.
La cuestión energética es clave para el futuro de nuestras sociedades. Partimos de la matriz energética heredada del siglo XX y necesariamente en este punto de partida habrá que combinar nuevos desarrollos sobre la misma con nuevas fuentes de energía renovables y más limpias que las actuales. ¿Cuál debe ser el mix entre pasado y futuro en el momento actual?
Por otro lado, es importante notar que buena parte de la agresividad imperialista en este comienzo del siglo XXI tiene que ver con el tema energético, lo que nos debe llevar a considerar esta dimensión a la hora de las propuestas (ya que el imperialismo tiene una agenda muy fuerte en este tema en particular).
4) Desatar todos los nudos de la dependencia
Nuestra región pasó de colonias de alguna metrópoli Europa (en realidad, aún persiste el colonialismo francés en territorio sudamericano en la Guayana, cuya independencia debemos apoyar y reivindicar junto con el movimiento de liberación que allí lucha) para la condición de países dependientes del imperio de turno.
Desatar esos nudos tendrá un punto de apoyo importante en la integración regional como antes diseñada pero pasa por libertar a nuestros países de la subyugación financiera internacional (que se da a través de la deuda externa, de la especulación financiera internacional etc.) No es mera casualidad que en órganos que promueven la dependencia de nuestros países – como el FMI y el Banco Mundial – haya tomado relevancia la discusión sobre la necesaria “coherencia” entre las polacas que nos quieren imponer (es decir, que deben ser “coherentes” las políticas impuestas por el FMI, con las del Banco Mundial y las de la OMC y TLCs…). Desatar los nudos de la dependencia financiera internacional es una pauta prioritaria.
Otro nudo es el de la presencia militar de los Estados Unidos en nuestra región (a través de bases como las que tiene en Colombia y Ecuador, o de tropas como las que están en Paraguay) y su política de intervención en los asuntos internos de nuestros países (actualmente a pretexto del combate al narcotráfico y el terrorismo). Desarrollar una política de seguridad regional autónoma es uno de los grandes desafíos puestos a nuestros pueblos para el próximo período.
PARA FINALIZAR este guión de lanzamiento del debate, queremos enfatizar que se trata de un proceso. Pero, nuestro punto de partida es de conquistas en la fase de la resistencia y en la apertura de un período político donde las posibilidades de construir alternativas son concretas y que ya ha comenzado. Sin embargo, no hay que esperar soluciones mágicas, simples ni rápidas para el conjunto de temas aquí enlazados. No ignoramos que hay muchas contradicciones e incluso conflictos que deberán de ser enfrentados entre los actores de este nuevo escenario que decimos está puesto. Afirmamos que la alternativa deberá ser la convergencia de una pluralidad de propuestas y no un nuevo “pensamiento único”.
Han sido cinco siglos de opresión, dominación y destrucción colonial y neocolonial a los que nuestros pueblos han respondido con muchas luchas, movilizaciones y revoluciones. Enfrentamos hoy la herencia colonial pero enarbolamos también la esperanza construidas en las resistencias. Tenemos una ardiente paciencia histórica pero también la firme convicción de que ha llegado el tiempo de los pueblos en nuestra región.
Notas:
(1) La incorporación de Venezuela como miembro pleno aún tramita en sus aspectos formales, pero ya hay una decisión favorable de todos los actuales miembros del Mercosur.
(2) A nivel continental, sin embargo, el cuadro es algo diferente. La firma del RD-CAFTA refuerza el carácter de área de influencia directa de los Estados Unidos que se mantiene en países de América Central y el Caribe. Ya el caso pionero de TLC, el NAFTA, que incluyó a México desde 1994, depende ahora de cómo evolucione la coyuntura de ese país, muy marcado por movilizaciones populares que tienen como uno de sus ejes el cuestionamiento a ese tratado (como la de “El campo no aguanta más”) y que ahora tienen el foco en la campaña ciudadana contra el fraude electoral promovido por el PAN (P. Acción Nacional, de derechas) para impedir la victoria del candidato del PRD (P. de la Revolución Democrática) crítico del NAFTA.


Propuesta del Presidente Evo Morales

LA PAZ, ask 2 DE OCTUBRE DE 2006

Hermanos Presidentes y Pueblos de Sudamérica

En diciembre del 2.004, illness en Cuzco, los presidentes de Sudamérica asumieron el compromiso de “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura” y afirmaron que “la integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”. En la Declaración de Ayacucho destacaron que los principios de libertad, igualdad, solidaridad, justicia social, tolerancia, respeto al medio ambiente son los pilares fundamentales para que esta Comunidad logre un desarrollo sostenible económico y social “que tome en cuenta las urgentes necesidades de los más pobres, así como los especiales requerimientos de las economías pequeñas y vulnerables de América del Sur.”

En Septiembre del 2.005, durante la Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones realizada en Brasil, se aprobó una Agenda Prioritaria que incluye, entre otros, los temas del diálogo político, las asimetrías, la integración física, el medio ambiente, la integración energética, los mecanismos financieros, la convergencia económico comercial y la promoción de la integración social y la justicia social.

En diciembre de ese mismo año, en una Reunión Extraordinaria realizada en Montevideo, se conformó la Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de Integración Sudamericano para que elabore “propuestas destinadas a impulsar el proceso de integración sudamericano, en todos sus aspectos (político, económico, comercial social, cultural, energía e infraestructura, entre otros).”

Ahora en la II Cumbre de Jefes de Estado debemos profundizar este proceso de integración desde arriba y desde abajo. Con nuestros pueblos, con nuestros movimientos sociales, con nuestros empresarios productivos, con nuestros ministros, técnicos y representantes. Por eso, en la próxima Cumbre de Presidentes a realizarse en diciembre en Bolivia estamos también impulsando una Cumbre Social para dialogar y construir de manera mancomunada una verdadera integración con participación social de nuestros pueblos. Después de años de haber sido víctimas de las políticas del mal llamado “desarrollo” hoy nuestros pueblos deben ser los actores de las soluciones a los graves problemas de salud, educación, empleo, distribución inequitativa de los recursos, discriminación, migración, ejercicio de la democracia, preservación del medio ambiente y respeto a la diversidad cultural.

Estoy convencido que en nuestra próxima cita en Bolivia hay que pasar de las declaraciones a los hechos. Creo que debemos avanzar hacia un tratado que haga de la Comunidad Sudamericana de Naciones un verdadero bloque sudamericano a nivel político, económico, social y cultural. Estoy seguro que nuestros pueblos están más próximos que nuestras diplomacias. Creo, con todo respeto, que nosotros los presidentes debemos dar un sacudón a nuestras Cancillerías para que se desempolven de la rutina y enfrentemos este gran desafío.

Soy consciente de que las naciones en Sudamérica tienen diferentes procesos y ritmos. Por eso propongo un proceso de integración de diferentes velocidades. Que nos tracemos una hoja de ruta ambiciosa pero flexible. Que permita a todos ser parte, posibilitando que cada país vaya asumiendo los compromisos que puede asumir y permitiendo que aquellos que desean acelerar el paso lo hagan hacia la conformación de un verdadero bloque político, económico, social y cultural. Así se han desarrollado otros procesos de integración en el mundo y el camino más adecuado es avanzar en la adopción de instrumentos de supranacionalidad respetando los tiempos y la soberanía de cada país.

Nuestra integración es y debe ser una integración de y para los pueblos. El comercio, la integración energética, la infraestructura, y el financiamiento deben estar en función de resolver los más grandes problemas de la pobreza y la destrucción de la naturaleza en nuestra región. No podemos reducir la Comunidad Sudamericana a una asociación para hacer proyectos de autopistas o créditos que acaban favoreciendo esencialmente a los sectores vinculados al mercado mundial. Nuestra meta debe ser forjar una verdadera integración para “vivir bien”. Decimos “vivir bien” porque no aspiramos a vivir mejor que los otros. Nosotros no creemos en la línea del progreso y el desarrollo ilimitado a costa del otro y la naturaleza. Tenemos que complementarnos y no competir. Debemos compartir y no aprovecharnos del vecino. “Vivir bien” es pensar no sólo en términos de ingreso per-cápita sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra.

Para avanzar por este camino propongo:

A nivel social y cultural

1) Liberemos Sudamérica del analfabetismo, la desnutrición, el paludismo y otros flagelos de la extrema pobreza. Establezcamos metas claras y un mecanismo de seguimiento, apoyo y cumplimiento de estos objetivos que son el piso mínimo para empezar a construir una integración al servicio del ser humano.

2) Construyamos un sistema público y social sudamericano para garantizar el acceso de toda la población a los servicios de educación, salud y agua potable. Uniendo nuestros recursos, capacidades y experiencias estaremos en mejores condiciones de garantizar estos derechos humanos fundamentales.

3) Más empleo en Sudamérica y menos migración. Lo más valioso que tenemos es nuestra gente y la estamos perdiendo por falta de empleo en nuestros países. La flexibilización laboral y el achicamiento del estado no han traído más empleo como prometieron hace dos décadas. Los gobiernos tenemos que intervenir coordinadamente con políticas públicas para generar empleos sostenibles y productivos.

4) Mecanismos para disminuir la desigualdad y la inequidad social. Respetando la soberanía de todos los países tenemos que comprometernos a adoptar medidas y proyectos que reduzcan la brecha entre ricos y pobres. La riqueza tiene y debe ser distribuida de manera más equitativa en la región. Para ello debemos aplicar diversos mecanismos de tipo fiscal, regulatorio y redistributivo.

5) Lucha continental contra la corrupción y las mafias. Uno de los más grandes males que enfrentan nuestras sociedades es la corrupción y el establecimiento de mafias que van perforando el Estado y destruyendo el tejido social de nuestras comunidades. Creemos un mecanismo de transparencia a nivel sudamericano y una Comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad que, sin vulnerar la soberanía jurisdiccional de las naciones, haga un seguimiento a casos graves de corrupción y enriquecimiento ilícito.

6) Coordinación sudamericana con participación social para derrotar al narcotráfico. Desarrollemos un sistema sudamericano con participación de nuestros Estados y nuestras sociedades civiles para apoyarnos, articular y desterrar al narcotráfico de nuestra región. La única forma de vencer a este cáncer es con la participación de nuestros pueblos y con la adopción de medidas transparentes y coordinadas entre nuestros países para enfrentar la distribución de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de precursores, la fabricación y la producción de cultivos que se desvían para estos fines. Este sistema debe certificar el avance en nuestra lucha con narcotráfico superando los exámenes y “recomendaciones” de quienes han fracasado hasta ahora en la lucha contra las drogas.

7) Defensa e impulso a la diversidad cultural. La más grande riqueza de la humanidad es su diversidad cultural. La uniformización y mercantilización con fines de lucro o de dominación es un atentado a la humanidad. A nivel de la educación, la comunicación, la administración de justicia, el ejercicio de la democracia, el ordenamiento territorial y la gestión de los recursos naturales debemos preservar y promocionar esa diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas, mestizos y todas las poblaciones que migraron a nuestro continente. Así mismo debemos respetar y promover la diversidad económica que comprende formas de propiedad privada, pública y social-colectiva.

8) Despenalización de la hoja de coca y su industrialización en Sudamérica. Así como el combate al alcoholismo no nos puede llevar a penalizar la cebada, ni la lucha contra los estupefacientes nos debe conducir a destruir el amazonas en busca de plantas psicotrópicas, tenemos que acabar con la persecución a la hoja de coca que es un componente esencial de la cultura de los pueblos indígenas andinos, y promover su industrialización con fines benéficos.

9) Avancemos hacia una ciudadanía sudamericana. Aceleremos las medidas que facilitan la migración entre nuestros países, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos y laborales y enfrentando a los traficantes de todo tipo, hasta lograr el establecimiento de una ciudadanía sudamericana.

A nivel económico

10) Complementariedad y no competencia desleal entre nuestras economías. Lejos de seguir por el camino de la privatización debemos apoyarnos y complementarnos para desarrollar y potenciar nuestras empresas estatales. Juntos podemos forjar una aerolínea estatal sudamericana, un servicio público de telecomunicaciones, una red estatal de electricidad, una industria sudamericana de medicamentos genéricos, un complejo minero-metalúrgico en síntesis un aparato productivo que sea capaz de satisfacer las necesidades fundamentales de nuestra población y fortalecer nuestra posición en la economía mundial.

11) Comercio justo al servicio de los pueblos de Sudamérica. Al interior de la Comunidad Sudamericana debe primar el comercio justo en beneficio de todos los sectores y en particular de las pequeñas empresas, las comunidades, los artesanos, las organizaciones económicas campesinas y las asociaciones de productores. Tenemos que ir hacia una convergencia de la CAN y el MERCOSUR bajo nuevos principios de solidaridad y complementariedad que superen los preceptos de liberalismo comercial que han beneficiado fundamentalmente a las transnacionales y a algunos sectores exportadores.

12) Medidas efectivas para superar las asimetrías entre países. En Sudamérica tenemos en un extremo países con un Producto Interno Bruto por habitante de 4.000 a 7.000 dólares por año y en el otro extremo países que apenas alcanzan los 1.000 dólares por habitante. Para encarar este grave problema tenemos que cumplir efectivamente todas las disposiciones ya aprobadas en la CAN y el MERCOSUR a favor de los países de menor desarrollo y, asumir un conjunto de nuevas medidas que promuevan procesos de industrialización en estos países, incentiven la exportación con valor agregado y mejoren los términos de intercambio y precios a favor de las economías más pequeñas.

13) Un Banco del Sur para el cambio. Si en la Comunidad Sudamericana creamos un Banco de Desarrollo en base al 10% de las reservas internacionales de los países de Sudamérica estaríamos partiendo de un fondo de 16.000 millones de dólares que nos permitiría efectivamente atender proyectos de desarrollo productivo e integración bajo criterios de recuperación financiera y con contenido social. Así mismo este Banco del Sur se podría fortalecer con un mecanismo de garantía basado en el valor actualizado de las materias primas que tenemos en nuestros países. Nuestro “Banco del Sur” tiene que superar los problemas de otros Bancos de “fomento” que cobran tasas de intereses comerciales, que financian proyectos esencialmente “rentables”, que condicionan el acceso a los créditos a una serie de indicadores macroeconómicos o a la contratación de determinadas empresas proveedoras y ejecutoras.

14) Un fondo de compensación para la deuda social y las asimetrías. Debemos asumir mecanismos innovadores de financiamiento como la creación de impuestos sobre los pasajes de avión, las ventas de tabaco, el comercio de armas, las transacciones financieras de las grandes transnacionales que operan en Sudamérica para crear un fondo de compensación que nos permita resolver los graves problemas de la región.

15) Integración Física para nuestros pueblos y no sólo para exportar. Tenemos que desarrollar la infraestructura vial, las hidrovías, y corredores, no solo ni tanto, para exportar más al mundo, sino sobre todo para comunicarnos entre los pueblos de Sudamérica respetando el medioambiente y reduciendo las asimetrías. En este marco debemos revisar la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), para tomar en cuenta las preocupaciones de la gente que quiere ver carreteras en el marco de polos de desarrollo y no autopistas por las que pasan contenedores para la exportación en medio de corredores de miseria y un incremento del endeudamiento externo.

16) Integración Energética entre consumidores y productores de la región. Conformemos una Comisión Energética de Sudamérica para:
garantizar el abastecimiento a cada uno de los países privilegiando el consumo de los recursos existentes en la región,
asegurar, a través del financiamiento común, el desarrollo de las infraestructuras necesarias para que los recursos energéticos de los países productores lleguen a toda Sudamérica.
definir precios justos que combinen los parámetros de precios internacionales con criterios solidarios hacia la región de Sudamérica y de redistribución a favor de las economías menos desarrolladas.
certificar nuestras reservas y dejar de depender de las manipulaciones de las transnacionales.
fortalecer la integración y complementariedad entre nuestras empresas estatales de gas e hidrocarburos.

A nivel del medio ambiente y la naturaleza

17) Políticas públicas con participación social para preservar el medio ambiente. Somos una de las regiones más privilegiadas en el mundo a nivel del medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Esto nos obliga a ser extremadamente responsables con estos recursos naturales que no pueden ser tratados como una mercancía más olvidándonos que de ella depende la vida y la propia existencia del planeta. Estamos en la obligación de concebir un manejo alternativo y sostenible de los recursos naturales recuperando las prácticas armónicas de convivencia con la naturaleza de nuestros pueblos indígenas y garantizando la participación social de las comunidades.

18) Junta Sudamericana del Medioambiente para elaborar normas estrictas e imponer sanciones a las grandes empresas que no respetan dichas reglas. Los intereses políticos, locales y coyunturales no pueden anteponerse a la necesidad de garantizar el respeto a la naturaleza por eso propongo la creación de una instancia supranacional que tenga la capacidad de dictar y hacer cumplir la normativa ambiental.

19) Convención Sudamericana por el derecho humano y el acceso de todos los seres vivientes al Agua. Como región favorecida con un 27 % del agua dulce en el mundo tenemos que discutir y aprobar una Convención Sudamericana del Agua que garantice el acceso de todo ser viviente a este recurso vital. Debemos preservar al agua, en sus diferentes usos, de los procesos de privatización y de la lógica mercantil que imponen los acuerdos comerciales. Estoy convencido que este tratado sudamericano del Agua será un paso decisivo hacia una Convención Mundial del Agua.

20) Protección de nuestra biodiversidad. No podemos permitir el patentamiento de las plantas, animales y la materia viva. En la Comunidad Sudamericana tenemos que aplicar un sistema de protección que por un lado evite la piratería de nuestra biodiversidad y por otro lado garantice el dominio de nuestros países sobre estos recursos genéticos y los conocimientos colectivos tradicionales.

A nivel político institucional

21) Profundicemos nuestras democracias con mayor participación social. Sólo una mayor apertura, transparencia y participación de nuestros pueblos en la toma de decisiones puede garantizar que nuestra Comunidad Sudamericana de Naciones avance y progrese por el buen camino.

22) Fortalezcamos nuestra soberanía y nuestra voz común. La Comunidad Sudamericana de Naciones puede ser una gran palanca para defender y afirmar nuestra soberanía en un mundo globalizado y unipolar. Individualmente como países aislados algunos pueden ser más fácilmente susceptibles de presiones y condicionamientos externos. Juntos tenemos más posibilidades de desarrollar nuestras propias opciones en diferentes escenarios internacionales.

23) Una Comisión de Convergencia Permanente para elaborar el tratado de la CSN y garantizar la implementación de los acuerdos. Necesitamos una institucionalidad ágil, transparente, no burocrática, con participación social y que tome en cuenta las asimetrías existentes. Para avanzar efectivamente debemos crear una Comisión de Convergencia Permanente compuesta por representantes de los 12 países para que, hasta la III Cumbre de Jefes de Estado, elaboren el proyecto de tratado de la Comunidad Sudamericana de Naciones tomando en cuenta las particularidades y ritmos de las distintas naciones. Así mismo, esta Comisión de Convergencia Permanente, a través de grupos y comisiones, debería coordinar y trabajar conjuntamente con la CAN, el MERCOSUR, la ALADI, OTCA y diferentes iniciativas subregionales para evitar duplicar esfuerzos, y garantizar la aplicación de los compromisos que asumamos.

Esperando que esta carta fortalezca la reflexión y la construcción de propuestas para una efectiva y positiva II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, me despido reiterándoles mi invitación para nuestra cita el 8 y 9 de Diciembre en Cochabamba, Bolivia.

Atentamente.

Evo Morales Ayma
Presidente de la República de Bolivia


Propuesta del Presidente Evo Morales

LA PAZ, treat 2 DE OCTUBRE DE 2006

Hermanos Presidentes y Pueblos de Sudamérica

En diciembre del 2.004, en Cuzco, los presidentes de Sudamérica asumieron el compromiso de “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura” y afirmaron que “la integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”. En la Declaración de Ayacucho destacaron que los principios de libertad, igualdad, solidaridad, justicia social, tolerancia, respeto al medio ambiente son los pilares fundamentales para que esta Comunidad logre un desarrollo sostenible económico y social “que tome en cuenta las urgentes necesidades de los más pobres, así como los especiales requerimientos de las economías pequeñas y vulnerables de América del Sur.”

En Septiembre del 2.005, durante la Primera Reunión de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones realizada en Brasil, se aprobó una Agenda Prioritaria que incluye, entre otros, los temas del diálogo político, las asimetrías, la integración física, el medio ambiente, la integración energética, los mecanismos financieros, la convergencia económico comercial y la promoción de la integración social y la justicia social.

En diciembre de ese mismo año, en una Reunión Extraordinaria realizada en Montevideo, se conformó la Comisión Estratégica de Reflexión sobre el Proceso de Integración Sudamericano para que elabore “propuestas destinadas a impulsar el proceso de integración sudamericano, en todos sus aspectos (político, económico, comercial social, cultural, energía e infraestructura, entre otros).”

Ahora en la II Cumbre de Jefes de Estado debemos profundizar este proceso de integración desde arriba y desde abajo. Con nuestros pueblos, con nuestros movimientos sociales, con nuestros empresarios productivos, con nuestros ministros, técnicos y representantes. Por eso, en la próxima Cumbre de Presidentes a realizarse en diciembre en Bolivia estamos también impulsando una Cumbre Social para dialogar y construir de manera mancomunada una verdadera integración con participación social de nuestros pueblos. Después de años de haber sido víctimas de las políticas del mal llamado “desarrollo” hoy nuestros pueblos deben ser los actores de las soluciones a los graves problemas de salud, educación, empleo, distribución inequitativa de los recursos, discriminación, migración, ejercicio de la democracia, preservación del medio ambiente y respeto a la diversidad cultural.

Estoy convencido que en nuestra próxima cita en Bolivia hay que pasar de las declaraciones a los hechos. Creo que debemos avanzar hacia un tratado que haga de la Comunidad Sudamericana de Naciones un verdadero bloque sudamericano a nivel político, económico, social y cultural. Estoy seguro que nuestros pueblos están más próximos que nuestras diplomacias. Creo, con todo respeto, que nosotros los presidentes debemos dar un sacudón a nuestras Cancillerías para que se desempolven de la rutina y enfrentemos este gran desafío.

Soy consciente de que las naciones en Sudamérica tienen diferentes procesos y ritmos. Por eso propongo un proceso de integración de diferentes velocidades. Que nos tracemos una hoja de ruta ambiciosa pero flexible. Que permita a todos ser parte, posibilitando que cada país vaya asumiendo los compromisos que puede asumir y permitiendo que aquellos que desean acelerar el paso lo hagan hacia la conformación de un verdadero bloque político, económico, social y cultural. Así se han desarrollado otros procesos de integración en el mundo y el camino más adecuado es avanzar en la adopción de instrumentos de supranacionalidad respetando los tiempos y la soberanía de cada país.

Nuestra integración es y debe ser una integración de y para los pueblos. El comercio, la integración energética, la infraestructura, y el financiamiento deben estar en función de resolver los más grandes problemas de la pobreza y la destrucción de la naturaleza en nuestra región. No podemos reducir la Comunidad Sudamericana a una asociación para hacer proyectos de autopistas o créditos que acaban favoreciendo esencialmente a los sectores vinculados al mercado mundial. Nuestra meta debe ser forjar una verdadera integración para “vivir bien”. Decimos “vivir bien” porque no aspiramos a vivir mejor que los otros. Nosotros no creemos en la línea del progreso y el desarrollo ilimitado a costa del otro y la naturaleza. Tenemos que complementarnos y no competir. Debemos compartir y no aprovecharnos del vecino. “Vivir bien” es pensar no sólo en términos de ingreso per-cápita sino de identidad cultural, de comunidad, de armonía entre nosotros y con nuestra madre tierra.

Para avanzar por este camino propongo:

A nivel social y cultural

1) Liberemos Sudamérica del analfabetismo, la desnutrición, el paludismo y otros flagelos de la extrema pobreza. Establezcamos metas claras y un mecanismo de seguimiento, apoyo y cumplimiento de estos objetivos que son el piso mínimo para empezar a construir una integración al servicio del ser humano.

2) Construyamos un sistema público y social sudamericano para garantizar el acceso de toda la población a los servicios de educación, salud y agua potable. Uniendo nuestros recursos, capacidades y experiencias estaremos en mejores condiciones de garantizar estos derechos humanos fundamentales.

3) Más empleo en Sudamérica y menos migración. Lo más valioso que tenemos es nuestra gente y la estamos perdiendo por falta de empleo en nuestros países. La flexibilización laboral y el achicamiento del estado no han traído más empleo como prometieron hace dos décadas. Los gobiernos tenemos que intervenir coordinadamente con políticas públicas para generar empleos sostenibles y productivos.

4) Mecanismos para disminuir la desigualdad y la inequidad social. Respetando la soberanía de todos los países tenemos que comprometernos a adoptar medidas y proyectos que reduzcan la brecha entre ricos y pobres. La riqueza tiene y debe ser distribuida de manera más equitativa en la región. Para ello debemos aplicar diversos mecanismos de tipo fiscal, regulatorio y redistributivo.

5) Lucha continental contra la corrupción y las mafias. Uno de los más grandes males que enfrentan nuestras sociedades es la corrupción y el establecimiento de mafias que van perforando el Estado y destruyendo el tejido social de nuestras comunidades. Creemos un mecanismo de transparencia a nivel sudamericano y una Comisión de lucha contra la corrupción y la impunidad que, sin vulnerar la soberanía jurisdiccional de las naciones, haga un seguimiento a casos graves de corrupción y enriquecimiento ilícito.

6) Coordinación sudamericana con participación social para derrotar al narcotráfico. Desarrollemos un sistema sudamericano con participación de nuestros Estados y nuestras sociedades civiles para apoyarnos, articular y desterrar al narcotráfico de nuestra región. La única forma de vencer a este cáncer es con la participación de nuestros pueblos y con la adopción de medidas transparentes y coordinadas entre nuestros países para enfrentar la distribución de drogas, el lavado de dinero, el tráfico de precursores, la fabricación y la producción de cultivos que se desvían para estos fines. Este sistema debe certificar el avance en nuestra lucha con narcotráfico superando los exámenes y “recomendaciones” de quienes han fracasado hasta ahora en la lucha contra las drogas.

7) Defensa e impulso a la diversidad cultural. La más grande riqueza de la humanidad es su diversidad cultural. La uniformización y mercantilización con fines de lucro o de dominación es un atentado a la humanidad. A nivel de la educación, la comunicación, la administración de justicia, el ejercicio de la democracia, el ordenamiento territorial y la gestión de los recursos naturales debemos preservar y promocionar esa diversidad cultural de nuestros pueblos indígenas, mestizos y todas las poblaciones que migraron a nuestro continente. Así mismo debemos respetar y promover la diversidad económica que comprende formas de propiedad privada, pública y social-colectiva.

8) Despenalización de la hoja de coca y su industrialización en Sudamérica. Así como el combate al alcoholismo no nos puede llevar a penalizar la cebada, ni la lucha contra los estupefacientes nos debe conducir a destruir el amazonas en busca de plantas psicotrópicas, tenemos que acabar con la persecución a la hoja de coca que es un componente esencial de la cultura de los pueblos indígenas andinos, y promover su industrialización con fines benéficos.

9) Avancemos hacia una ciudadanía sudamericana. Aceleremos las medidas que facilitan la migración entre nuestros países, garantizando la plena vigencia de los derechos humanos y laborales y enfrentando a los traficantes de todo tipo, hasta lograr el establecimiento de una ciudadanía sudamericana.

A nivel económico

10) Complementariedad y no competencia desleal entre nuestras economías. Lejos de seguir por el camino de la privatización debemos apoyarnos y complementarnos para desarrollar y potenciar nuestras empresas estatales. Juntos podemos forjar una aerolínea estatal sudamericana, un servicio público de telecomunicaciones, una red estatal de electricidad, una industria sudamericana de medicamentos genéricos, un complejo minero-metalúrgico en síntesis un aparato productivo que sea capaz de satisfacer las necesidades fundamentales de nuestra población y fortalecer nuestra posición en la economía mundial.

11) Comercio justo al servicio de los pueblos de Sudamérica. Al interior de la Comunidad Sudamericana debe primar el comercio justo en beneficio de todos los sectores y en particular de las pequeñas empresas, las comunidades, los artesanos, las organizaciones económicas campesinas y las asociaciones de productores. Tenemos que ir hacia una convergencia de la CAN y el MERCOSUR bajo nuevos principios de solidaridad y complementariedad que superen los preceptos de liberalismo comercial que han beneficiado fundamentalmente a las transnacionales y a algunos sectores exportadores.

12) Medidas efectivas para superar las asimetrías entre países. En Sudamérica tenemos en un extremo países con un Producto Interno Bruto por habitante de 4.000 a 7.000 dólares por año y en el otro extremo países que apenas alcanzan los 1.000 dólares por habitante. Para encarar este grave problema tenemos que cumplir efectivamente todas las disposiciones ya aprobadas en la CAN y el MERCOSUR a favor de los países de menor desarrollo y, asumir un conjunto de nuevas medidas que promuevan procesos de industrialización en estos países, incentiven la exportación con valor agregado y mejoren los términos de intercambio y precios a favor de las economías más pequeñas.

13) Un Banco del Sur para el cambio. Si en la Comunidad Sudamericana creamos un Banco de Desarrollo en base al 10% de las reservas internacionales de los países de Sudamérica estaríamos partiendo de un fondo de 16.000 millones de dólares que nos permitiría efectivamente atender proyectos de desarrollo productivo e integración bajo criterios de recuperación financiera y con contenido social. Así mismo este Banco del Sur se podría fortalecer con un mecanismo de garantía basado en el valor actualizado de las materias primas que tenemos en nuestros países. Nuestro “Banco del Sur” tiene que superar los problemas de otros Bancos de “fomento” que cobran tasas de intereses comerciales, que financian proyectos esencialmente “rentables”, que condicionan el acceso a los créditos a una serie de indicadores macroeconómicos o a la contratación de determinadas empresas proveedoras y ejecutoras.

14) Un fondo de compensación para la deuda social y las asimetrías. Debemos asumir mecanismos innovadores de financiamiento como la creación de impuestos sobre los pasajes de avión, las ventas de tabaco, el comercio de armas, las transacciones financieras de las grandes transnacionales que operan en Sudamérica para crear un fondo de compensación que nos permita resolver los graves problemas de la región.

15) Integración Física para nuestros pueblos y no sólo para exportar. Tenemos que desarrollar la infraestructura vial, las hidrovías, y corredores, no solo ni tanto, para exportar más al mundo, sino sobre todo para comunicarnos entre los pueblos de Sudamérica respetando el medioambiente y reduciendo las asimetrías. En este marco debemos revisar la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), para tomar en cuenta las preocupaciones de la gente que quiere ver carreteras en el marco de polos de desarrollo y no autopistas por las que pasan contenedores para la exportación en medio de corredores de miseria y un incremento del endeudamiento externo.

16) Integración Energética entre consumidores y productores de la región. Conformemos una Comisión Energética de Sudamérica para:
garantizar el abastecimiento a cada uno de los países privilegiando el consumo de los recursos existentes en la región,
asegurar, a través del financiamiento común, el desarrollo de las infraestructuras necesarias para que los recursos energéticos de los países productores lleguen a toda Sudamérica.
definir precios justos que combinen los parámetros de precios internacionales con criterios solidarios hacia la región de Sudamérica y de redistribución a favor de las economías menos desarrolladas.
certificar nuestras reservas y dejar de depender de las manipulaciones de las transnacionales.
fortalecer la integración y complementariedad entre nuestras empresas estatales de gas e hidrocarburos.

A nivel del medio ambiente y la naturaleza

17) Políticas públicas con participación social para preservar el medio ambiente. Somos una de las regiones más privilegiadas en el mundo a nivel del medio ambiente, el agua y la biodiversidad. Esto nos obliga a ser extremadamente responsables con estos recursos naturales que no pueden ser tratados como una mercancía más olvidándonos que de ella depende la vida y la propia existencia del planeta. Estamos en la obligación de concebir un manejo alternativo y sostenible de los recursos naturales recuperando las prácticas armónicas de convivencia con la naturaleza de nuestros pueblos indígenas y garantizando la participación social de las comunidades.

18) Junta Sudamericana del Medioambiente para elaborar normas estrictas e imponer sanciones a las grandes empresas que no respetan dichas reglas. Los intereses políticos, locales y coyunturales no pueden anteponerse a la necesidad de garantizar el respeto a la naturaleza por eso propongo la creación de una instancia supranacional que tenga la capacidad de dictar y hacer cumplir la normativa ambiental.

19) Convención Sudamericana por el derecho humano y el acceso de todos los seres vivientes al Agua. Como región favorecida con un 27 % del agua dulce en el mundo tenemos que discutir y aprobar una Convención Sudamericana del Agua que garantice el acceso de todo ser viviente a este recurso vital. Debemos preservar al agua, en sus diferentes usos, de los procesos de privatización y de la lógica mercantil que imponen los acuerdos comerciales. Estoy convencido que este tratado sudamericano del Agua será un paso decisivo hacia una Convención Mundial del Agua.

20) Protección de nuestra biodiversidad. No podemos permitir el patentamiento de las plantas, animales y la materia viva. En la Comunidad Sudamericana tenemos que aplicar un sistema de protección que por un lado evite la piratería de nuestra biodiversidad y por otro lado garantice el dominio de nuestros países sobre estos recursos genéticos y los conocimientos colectivos tradicionales.

A nivel político institucional

21) Profundicemos nuestras democracias con mayor participación social. Sólo una mayor apertura, transparencia y participación de nuestros pueblos en la toma de decisiones puede garantizar que nuestra Comunidad Sudamericana de Naciones avance y progrese por el buen camino.

22) Fortalezcamos nuestra soberanía y nuestra voz común. La Comunidad Sudamericana de Naciones puede ser una gran palanca para defender y afirmar nuestra soberanía en un mundo globalizado y unipolar. Individualmente como países aislados algunos pueden ser más fácilmente susceptibles de presiones y condicionamientos externos. Juntos tenemos más posibilidades de desarrollar nuestras propias opciones en diferentes escenarios internacionales.

23) Una Comisión de Convergencia Permanente para elaborar el tratado de la CSN y garantizar la implementación de los acuerdos. Necesitamos una institucionalidad ágil, transparente, no burocrática, con participación social y que tome en cuenta las asimetrías existentes. Para avanzar efectivamente debemos crear una Comisión de Convergencia Permanente compuesta por representantes de los 12 países para que, hasta la III Cumbre de Jefes de Estado, elaboren el proyecto de tratado de la Comunidad Sudamericana de Naciones tomando en cuenta las particularidades y ritmos de las distintas naciones. Así mismo, esta Comisión de Convergencia Permanente, a través de grupos y comisiones, debería coordinar y trabajar conjuntamente con la CAN, el MERCOSUR, la ALADI, OTCA y diferentes iniciativas subregionales para evitar duplicar esfuerzos, y garantizar la aplicación de los compromisos que asumamos.

Esperando que esta carta fortalezca la reflexión y la construcción de propuestas para una efectiva y positiva II Cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad Sudamericana de Naciones, me despido reiterándoles mi invitación para nuestra cita el 8 y 9 de Diciembre en Cochabamba, Bolivia.

Atentamente.

Evo Morales Ayma
Presidente de la República de Bolivia


Esperanza Martínez – OILWATCH

Alba que trae la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

América Latina siembra su esperanza con diversos movimientos y procesos ligados a la tierra. El Movimiento Sin Tierra en Brasil, los movimientos indígenas de Ecuador y Bolivia, el movimiento zapatista en México, entre otros.

De igual manera hay fuertes expectativas por la presencia de gobiernos democráticos en varios países que se han propuesto acabar con la hegemonía del imperialismo y plantean nuevos esquemas de integración en contraste al ALCA, el IIRSA y el Plan Puebla Panamá. En este contexto surge el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Ame?ricas).

La integración se convirtió es un futuro inevitable, tanto para quienes aspiran a perpetuar un modelo de conquista como para quienes quieren liberarse de él.

Para los Estados Unidos América Latina deberá jugar un papel de abastecimiento de materias primas y fundamentalmente energía, agua y biodiversidad indispensables para sostener su modelo agroindustrial y de sobre- consumo energético.

Para sus detractores, América deberá buscar caminos para romper con la dependencia y deberá recuperar Estados disminuidos a la mínima expresión como estrategia del neoliberalismo. Dos proclamas totalmente opuestas sugieren caminos para hacer frente a la agresión colonial.

El pueblo unido jamás será vencido (Allende, Chile, 1973)
Un pueblo disperso no puede ser derrotado (Jumandi, Ecuador, 1578)

La primera alude a la necesidad de unificarse para hacer fuerza, la segunda de dispersarse para enfrentar la agresión colonialista. La primera comparte fortalezas y resuelve debilidades en base a la solidaridad, la segunda se fortalece hacia adentro. A la primera le corresponde un momento de construcción, de esperanzas, mientras la segunda hace frente a la agresión colonizadora.

El asunto es que en la actualidad América Latina vive contemporáneamente los dos momentos y por lo tanto corresponde reflexionar sobre la estrategia a seguir sobre todo cuando se habla de integración.

América Latina: exportar energía e importar alimentos

América Latina es un continente extenso, con 20 millones 559.000 Km2 de superficie es bastante más grande que la actual Unión Europea. Por sus características ecológicas posee una gran diversidad tanto agrícola como silvestre, abundante agua dulce, sol todo el año en la mayoría de países, sin condiciones climáticas extremas, con memoria aun presente de haber contribuido a la domesticación de la mayoría de productos agrícolas: papa, cacao, yuca, maíz, fríjol, soya, tomate, frutas… es decir con las mejores condiciones posibles para la agricultura. Pero América Latina también posee importantes yacimientos de gas y petróleo, base de la actual matriz energética de los países industrializados.

Por otra parte Estados Unidos, que desarrolló un modelo agroindustrial intensivo, es gran deficitario de energía, y por ello apuesta al control de los yacimientos de toda Latinoamérica. Las cifras hablan solas, Estados Unidos produjo en el 2005 unos 6 millones 830 mil barriles de petróleo diariamente, mientras consumió 20 millones 655 mil, es decir, más de 3 veces lo que produjo. Mientras que América Latina producía 10 millones 723 mil barriles y consumió 6 millones 754 mil[1]. La diferencia la exporta justamente a Estados Unidos. Lo mismo pasa con el gas, en Estados Unidos de 565,8 billones de metros cúbicos de gas del 2001, bajó a 525,7 en el 2005. Mientras que en América latina se presenta un sostenido incremento de extracción, que va de 102,6 en el 2001 a 135.6 en el 2005.

La estrategia de Estados Unidos es destruir la agricultura de nuestros países para someternos a condiciones de dependencia y convertirnos en compradores de sus productos, y al mismo tiempo succionar energía de todo el sur del continente.

El presidente de los Estados Unidos en el 2001 afirmó “¿Pueden ustedes imaginar un país que no fuera capaz de cultivar alimentos suficientes para alimentar a su población? Sería una nación expuesta a presiones internacionales. Sería una nación vulnerable. Y por eso, cuando hablamos de la agricultura americana, en realidad hablamos de una cuestión de seguridad nacional”[2].

El resultado es una verdadera guerra contra los campos y agricultura en América Latina y el impulso a un modelo que nos fuerza a exportar energía e importar alimentos.

Ese ha sido el modelo e intensificarlo era el objetivo de los acuerdos de libre comercio. Y estos objetivos han configurado ya unos países fuertemente urbanos en América latina y el Caribe.

Las cifras actuales hablan de un 75,2% de población urbana en Sudamérica y un 64,7% en Centro América y el Caribe. La tendencia es que crezca este paulatino abandono del campo, ya sea por la búsqueda de los servicios públicos de las ciudades como por la ocupación cada vez mayor de sus tierras para productos de exportación, que utilizan poca mano de obra y mucha agua y energía. El escaso fomento a programas agrícolas en los diferentes países de la región se ha destinado, no para los que producen alimento a nivel nacional, sino para los grandes exportadores o para aquellos que ejercen el saqueo de materias primas. El desarrollo de la identidad urbana de los países ha cultivado en nosotros un desprecio casi religioso a la tierra.

El ALCA, el IRSA, y el PPP

Los acuerdos de libre comercio diseñados desde el imperio para América, como son el TLCAN, el CAFCA, el ALCA, los TLC Andinos y los bilaterales con EEUU, tienen la intención de sostener el modelo de extracción de recursos o materias primas, primarizando las economías del sur y fortaleciendo un modelo industrial imperial. Para ello requieren de la libre circulación de mercancías (energía, agua y biodiversidad) no así de personas.

Para este modelo las propuestas de integración pasan fundamentalmente por la construcción de una infraestructura energética como son oleoductos y gasoductos, los tendidos de electricidad, además están los corredores de infraestructura y los de recursos naturales, a estos se los denomina corredores multimodales. Y se necesita además levantar un muro para impedir la circulación de personas y lograr que, bajo la ilegalidad, su trabajo sea cada vez más barato.

Para cumplir con estas necesidades de infraestructura se articularon proyectos como el IRSA (Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur) y el PPP (Plan Puebla Panamá), que están totalmente articulados a los acuerdos de libre comercio como son el TLCAN, el CAFTA, el MERCOSUR y en la Región Andina con los tratados bilaterales con Colombia, Ecuador y Perú.

Estos corredores multimodales incluyen tendidos eléctricos, interconexiones y corredores de oleoductos, gasoductos, y mineroductos, que comunican los centros de extracción con los centros de comercialización o de procesamiento. De la misma manera los corredores de agua pueden ser las cuencas naturales, las hidrovías artificiales o toda clase de ductos para el agua dulce de consumo industrial, rural y humano. Los corredores de transporte incluyen vías, autopistas, líneas férreas, puertos. Todos estos corredores hacen posible el acceso y control de los recursos naturales: energéticos, minerales y de biodiversidad y agua.

Un elemento clave de estos esquemas de integración es el rol de las transnacionales. Son ellas las que en la práctica pueden ejecutar y beneficiarse de las integraciones. Empresas como Chevron, resulta clave en el diseño de las estrategias energéticas norteamericanas, y adquieren cada vez más presencia en la región, así como Monsanto lo es en la producción agrícola.

La integración desde el ALBA

En la propuesta del ALBA, impulsada por Hugo Chávez y Fidel Castro, contrariamente a lo que nos tienen acostumbrados los tratados comerciales, se le otorga importancia al fortalecimiento de los Estados y se reconocen los derechos humanos, laborales y de la mujer, del ambiente siempre ignorados en las propuestas económicas. Se plantea además importancia a la agricultura y al riesgo de no protegerla de la inundación de bienes agri?colas importados y a partir de estas críticas se ha promovido el desmantelamiento del ALCA.

Se esperaría bajo esas premisas una reforma a las políticas agrarias para que se coloque a la agricultura como un sector fundamental para el desarrollo económico y social de los países, se necesitaría hablar de la conservación de los ecosistemas y del desarrollo de actividades perdurables, se esperaría cerrar las puertas a las transnacionales….pero al contrario, se fomenta una estructura de países exportadores de materias primas y con un preocupante silencio en relación a las transnacionales.

Los objetivos de la integración sudamericana tienen muchos aspectos positivos, desde el punto de vista de romper con la dependencia regional con Estados Unidos, pero propiciar una integración económica regional justamente en base al petróleo que es la punta de lanza de la estrategia de ese país, puede ser un error fatal. El petróleo –y gas- un recurso sujeto al manejo transnacional y de las elites, que no obedecen a los intereses de los pueblos y conllevan graves impactos ambientales y sociales, tanto locales como nacionales.

Los pasos que se han dado dentro de las propuestas de integración son en la práctica la construcción de gasoductos…con estos se esta, en la práctica, reviviendo e impulsando los proyectos de integración promovidos desde los Estados Unidos.

En el 2005, Uribe declaró: “Estaríamos con el presidente Torrijos para formalizar el ingreso de los países al Plan Puebla-Panamá y que allí se firme un acta para la integración de este gasoducto, la construcción de la línea de interconexión eléctrica y el avance en la construcción de la carretera”.[3]

El 8 de julio de 2006, la tríada (Colombia, Venezuela y Panamá) de presidentes soldaban, en acto solemne, el primer tramo del Gasoducto Transcaribeño que comprenderá 225 kilómetros. El segundo tramo llegaría hasta la ciudad de Colón en Panamá. “Panamá no sólo se surtirá de gas para consumo de su mercado interno, sino que además se convertirá en una plaza reexportadora para las costas atlántica y pacífica”[4].

En el caso del gasoducto del sur, el más publicitado en la región, es una mega proyecto que conectaría varios países en la región, es correspondiente a los planes del Grupo de Trabajo de la Red de Gasoductos del Sur conformado dentro del IRSA, y cuyo objetivo era fomentar el libre comercio.

Este proyecto denominado el Gran Gasoducto del Sur, ha sido catalogado como uno de los más ambiciosos del continente. Para el desarrollo, se prevé que la construcción tendrá una extensión de más de 8.000 kilómetros y abarcará el eje oriental de Caracas a Buenos Aires. Este gasoducto distribuirá unos 150 millones de pies cúbicos de hidrocarburos en siete países sudamericanos. El criterio seguido es que en la medida en que crezca el sector del gas natural la integración evitará que la oferta quede limitada.

Las tuberías en construcción implican por una parte aumentar la extracción actual del gas y si bien se habla de dirigirla para Latinoamérica será para actividades industriales y eventualmente llegará a Estados Unidos para satisfacer sus demandas.

Se trata de tuberías que afectarán las principales fuentes de agua dulce de la región, atravesarán las principales cuencas hidrográficas de la región y harán de toda la región una zona de catástrofes ambientales porque los derrames, goteos, explosiones e incendios son inevitables.

Igualmente, en su paso por la Amazonía, además de las miles de comunidades indígenas que viven en condiciones de alta vulnerabilidad, se pondrán en riesgo los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que también serán afectados.

Para servir a los gasoductos se necesita construir vías. Una vez construidas, se convertirán en venas abiertas y heridas sin remedio, pues serán una puerta abierta para el acceso de madereros, traficantes de tierra, mineros y traficantes de biodiversidad.

Todo esto con la certeza que otorga la experiencia de que las economías basadas en la industria petrolera solo sirven para un incremento desaforado del gasto y un peligroso aumento de la dependencia, políticas apropiadoras, empobrecedoras y excluyentes que tienen en la discrecionalidad, la corrupción y la impunidad a su mejor aliado.

¿Qué pasa en el mundo petrolero?

Mantener al petróleo en el corazón de las propuestas de integración es un error en todas las dimensiones. No es posible garantizar un control soberano de estas actividades, tampoco es factible hablar de redistribución de riquezas y es finalmente una fuente de destrucción de territorios y riquezas naturales.

Independientemente de que aun haya en la región empresas petroleras nacionales, como son PDVSA, PETROECUADOR, ECOPETROL, PEMEX y otras, en todos los países vemos como se ha ido privatizando el negocio petrolero:

– En la prospección: El Estado concede permisos de exploración y no se queda con la información… Halliburton es la principal empresa de exploración y tiene la información de los principales yacimientos. En Colombia por ejemplo, Halliburton es dueña del Banco de Información Petrolera. Cuando el Estado entrega una concesión, toda la población pierde el derecho a ingresar al área concesionada, las empresas privadas colocan estrictos controles y nadie puede ingresar sin autorización de la empresa incluso si se trata de territorios ancestrales indígenas.

– En la extracción: Se entregan concesiones a empresas generalmente transnacionales que les otorgan derechos en general de 20 a 25 años. Cuando son empresas nacionales las operadoras, igualmente entran en juego las empresas tercerizadoras para las diversas necesidades. En la práctica la operación queda en manos privadas, estas son las beneficiarias, son quienes deciden sobre la tecnología y mantienen un esquema por el cual no se responsabilizan por los impactos ocasionados.

Las empresas privadas, a las que por lo general las instancias del gobierno no controlan, suelen extraer el recurso a la mayor velocidad posible porque lo único que les interesa son los ingresos económicos. Las consecuencias de esta sobreexplotación de los yacimientos perjudican económicamente al Estado y al ambiente pues producen mayor cantidad de desechos que normalmente se arrojan a las fuentes de agua, contaminando los ecosistemas lo cual afecta enormemente a las comunidades locales.

– En el transporte: La construcción de tuberías, presentada muchas veces como inversiones, es realmente la manera de tomar control del transporte de crudo y gas. La mayoría de oleoductos y gasoductos ya están en control privado y los nuevos proyectos serán ejecutados por empresas transnacionales. El paso de estos ductos supone la pérdida de derechos territoriales de las comunidades que habitan en sus rutas.

En Ecuador existe un Oleoducto de Crudos Pesados manejado por siete empresas transnacionales que también son explotadoras de crudo. Estas empresas al controlar el transporte son las que manejan y controlan también la producción de crudo pesado en el país.

– En la refinación: La capacidad de refinación está en manos privadas. Las refinerías estatales están en proceso a ser privatizadas. Las comunidades pierden la salud de ellos y de sus ecosistemas, por la contaminación y destrucción de los bosques y por afectar el equilibrio ecológico.

– La distribución: La distribución pertenece a las redes privadas, fue lo primero en privatizarse. Ellas controlan los derivados del petróleo. A nombre de la economía las empresas empujan los precios de los derivados en los mercados locales, siendo en la mayoría de países del tercer mundo, estos más altos que los de Estados Unidos. Las comunidades urbanas pierden control de sus sitios de vivienda, se convierten en zonas de peligro y de contaminación.

– El consumo: desde el punto de vista de la sociedad hay una serie de derechos que tiene la población, sin embargo la privatización de todo convierte a estos derechos en servicios y de allí se pasa a que los ciudadanos sean realmente clientes con mayor o menor capacidad adquisitiva.

– La limpieza: una vez develados los severos impactos de la actividad petrolera, y de que se imponen por decisiones nacionales o por presión comunitaria la limpieza y remediación, empiezan a establecerse procedimientos que privatizan todo trabajo de remediación.

Cuando ocurre un derrame de crudo, a las empresas privadas les interesa limpiar su imagen antes que limpiar el derrame por esto se empieza por militarizar la zona para que nadie tome fotos de la contaminación y como nadie las controla realizan trabajos de limpieza deficientes. Luego se dan el lujo de decir que en sitios de operación no ocurren derrames.

– La gestión ambiental: varios de los controles ambientales son ejercidos hoy por las mismas empresas privadas, ellas son auditoras de sus propias funciones, no hay transparencia y las comunidades y el propio Estado pierden la capacidad de control, veeduría o auditoría.

¿Es posible la soberanía energética?

En el debate por la soberanía hay dos tendencias que se enfrentan entre si. Por una parte las globales que impulsan las privatizaciones como estrategias de control de recursos y mercados y por otra, la defensa de las soberanías nacionales.

Pero la disyuntiva “privatización – soberanía”, va más allá que la confrontación entre la empresa privada y el Estado, entre ellas lo que está en juego es la comunidad. ¿Quién debe tener acceso, control y capacidad de decisión sobre las riquezas naturales? ¿Quien controla finalmente los territorios donde se encuentran estas riquezas?

La soberanía es la agenda más importante contra el imperialismo, sin embargo hay temas centrales que se evaden, uno es el rol de las transnacionales y el otro es el de las comunidades y sus territorios.

Sucede que a pesar de los discursos nacionalistas se hacen acuerdos con las empresas transnacionales quienes ceden -temporalmente- beneficios con tal de enraizarse en la región. Y sucede además que muchas veces a nombre de la soberanía nacional se cometen atropellos contra ella porque el Estado asume la defensa de intereses trasnacionales o de elites nacionales.

Un verdadero debate sobre soberanía debe colocar el tema de las comunidades, sus prioridades, sus necesidades, aspiraciones y el respeto a sus derechos en el nivel más alto de importancia. Debe plantear además un cerco necesario a las transnacionales quienes no invierten, sino que saquean, los recursos y viven de ello.

La soberanía plantea por una parte acceso pero por otra el control. Y plantea sobre todo control sobre todas las fases de la producción-consumo, bajo tres premisas básicas:

· Para garantizar la vida y el futuro es necesario garantizar la sustentabilidad y la salud de la naturaleza.

· Un modelo independiente, autónomo y libertario debe basarse en la soberanía.

· No se puede hablar de bienestar y sustentabilidad si no se habla de justicia y equidad.

La verdadera soberanía es la recuperación del control desde las comunidades sobre sus riquezas y al mismo tiempo es la expresión de independencia del Estado frente a intereses de las transnacionales Es el único camino para satisfacer las necesidades y es una oportunidad para buscar, inteligentemente aquellas formas de satisfacer necesidades sin sacrificar otros recursos.

Es un imperativo cambiar la matriz energética de nuestros países, apostar a fuentes descentralizadas, diversas, de bajo impacto. Construir soberanía y sustentabilidad simultáneamente y pensando en las comunidades y en el Estado contemporáneamente

Necesitamos hablar de una integración desde una nueva civilización, no petrolera, que desarrolle nuevos mecanismos macroeconómicos, financieros, políticos y culturales, que permitan reconstruir la paz y la equidad entre los pueblos, recuperar la salud de todos y restaurar el medio ambiente, renegociar la deuda financiera internacional y compensar el saqueo de los países del sur, asegurar la justicia y la democracia verdadera en todos lados y, sobre todo, que construya soberanía, y para esto lo ideal es actuar bajo un agenda de unidad regional.

Pero desarrollar una estrategia de integración construyendo infraestructura controlada por transnacionales puede significar entregarle justamente al imperio en bandeja de plata todo el continente y sus riquezas. Son los esfuerzos descentralizados, autónomos, diversos aquellos que impedirán que seamos conquistados.

Hay que tener muy claro que en el horizonte se avizora una crisis total de la civilización petrolera, pero la salida de esta crisis no está en marcha. Por el contrario, su salida se retrasa en la medida en que se impulsan oleoductos, gasoductos, refinarías que nos atan al petróleo. Esto a pesar de que los rasgos más decadentes de la crisis, como son las guerras, la militarización, la violencia, las enfermedades, los cambios climáticos, se subrayan de forma cada vez más letal.

No hay oscuridad más profunda que la que precede al alba. Los mitos indígenas que hacen referencia a un nuevo amanecer han sostenido la esperanza durante cientos de años, pero el ALBA si quiere traer la luz, no se puede centrar en la oscuridad petrolera…

[1] BP. Statistical Review of World Energy. June 2006)
[2] George W. Bush, julio de 2001, en informe de Jean Ziegler, relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación
[3] http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=2&t=6731
[4]http://www.minci.gob.ve/noticiasnuev.asp?numn=10530

Ramiro Escobar

Tratados bilaterales de libre comercio afectan construcción de una verdadera integración regional político-económica.

La integración regional corre peligro de no salir de la modorra en que se halla si los países de la región continúan poniendo más atención a la firma de tratados bilaterales de libre comercio con EEUU, la Unión Europea y países asiáticos.

Este tipo de acuerdos no es nuevo en la región. Se viene practicando desde comienzos de los años 90, cuando EEUU, Canadá y México firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigencia en 1994. La novedad reside en su proliferación en los últimos cinco años.

El TLCAN era algo así como la punta de lanza del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), propuesta de integración comercial promovida por EEUU que vive un estancamiento temporal desde que, en Miami, en el 2003, Brasil, Argentina y Venezuela le pusieron freno.

Abocados al libre comercio.
Para muchos analistas políticos y económicos, los recientes tratados de libre comercio (TLC) promovidos por EEUU son el resultado del fracaso del ALCA. Aunque no para todos.

“Esa es una lectura generalizada en América Latina, pero si se observa el proceso global se verá que EEUU viene haciendo acuerdos bilaterales desde antes del fracaso del ALCA.

En realidad, la idea de hacer acuerdos bilaterales con muchas naciones es parte de una estrategia global que nace ante las dificultades norteamericanas para llegar a establecer acuerdos en el marco de la [Organización Mundial del Comercio] OMC”, indica el investigador uruguayo Eduardo Gudynas.

Al mismo tiempo, los países de la región en los últimos años han puesto el énfasis en abrir mercados externos para sus productos, y ya son 10 los países latinoamericanos que han firmado TLC con EEUU.

El Panorama de la inserción internacional de América Latina y El Caribe (2005-2006), elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), observa el fenómeno con más neutralidad.

Según el documento, con estos TLC o sin ellos, en el último quinquenio “los subgrupos de integración y los países de manera individual han apostado por los mercados extrarregionales”.

Según datos de la CEPAL, las exportaciones de América Latina crecieron dos veces y media entre 1990 y el 2004 —de US$130 millardos a $461 millardos—, mientras que entre 1990 y el 2003 la proporción del comercio dentro de la región misma pasó apenas de 13% a 14.6%.

México —que, al igual que Chile, es uno de los países latinoamericanos que más han respaldado la creación del ALCA— es el mayor exportador de América Latina, con una participación de 44% en el 2005. Al mismo tiempo, es el país cuyo comercio está más concentrado: 89% de sus exportaciones se dirige a EEUU.

Contribuye a este mayor comercio extrarregional la debilidad de proyectos de integración como la Comunidad Andina, en la que resalta una tendencia creciente de sus países miembros a exportar a EEUU.

Esta proclividad es alentada por el Acuerdo de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés), mediante el cual un universo de 6,100 partidas arancelarias goza de acceso libre al mercado estadunidense hasta el 31 diciembre del 2006, y cuya renovación es ahora discutida por el Congreso de EEUU.

Amenaza para la integración
Para otros analistas, los TLC constituyen una contracorriente en relación a los procesos de integración.

“Los TLC, en la lógica economicista neoliberal, desfiguran los proyectos de mayor integración”, escribe Bernard Lestienne, S.J., en la revista argentina CIAS, del Centro de Investigación y Acción Social.
“No basta con la multiplicación del trueque de bienes y servicios para ampliar la integración”, añade.

Gudynas sostiene en el artículo titulado “Dos caminos distintos: tratados de libre comercio y procesos de integración”, publicado en el 2004 por FLACSO Ecuador en el libro TLC. Más que un tratado de libre comercio, que los TLC “mantienen y en algunos casos refuerzan la competencia comercial que enfrenta a los países latinoamericanos entre sí, y aumentan la subordinación hemisférica”.

En referencia al TLC suscrito entre Perú y EEUU, el economista peruano Humberto Campodónico dice: “Este TLC desvía comercio hacia EEUU”.

“La lógica que se impone es que se priorizan las exportaciones hacia ese nuevo gran socio, lo que bloquea el crecimiento del comercio intrarregional y, además, debilita la posibilidad de coordinar estrategias productivas”, puntualiza.

De hecho, “con el TLC con EEUU las exportaciones de maíz que Argentina realiza al Perú serán sustituidas por importaciones provenientes de EEUU que entrarán liberadas de impuesto y a precios subsidiados”, escribe la economista peruana Ariela Ruiz Caro en el libro Riesgos del TLC Perú-EEUU, publicado en junio de este año.

Con el TLC que firmó en febrero con EEUU, Colombia abrió su mercado a 900,000 toneladas de soja provenientes del país del norte. Esto afectará a otro país miembro de la CAN, Bolivia, que en la actualidad le vende a Colombia 500,000 toneladas del grano, volumen que constituye el 40% de sus exportaciones de oleaginosas.

Según un estudio realizado por encargo de la Comunidad Andina en el 2004, la vigencia del TLC con EEUU pondría en riesgo 56% del comercio subregional andino, añade Ruiz Caro.

Caminos divergentes
Mientras los procesos de integración buscan la complementariedad productiva entre los países al reducir las competencias internas, los TLC mantienen las asimetrías comerciales y productivas. Y esto no sólo sucede en los casos de acuerdos de libre comercio entre países en vías de desarrollo y países industrializados; también ocurre en acuerdos de este tipo entre países en vías de desarrollo.

Es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), que se ha extendido haciendo pequeños acuerdos de libre comercio con Bolivia, Chile y Perú, además de acuerdos de complementación económica con Colombia y Ecuador.

“El MERCOSUR, especialmente al influjo de la administración [del presidente brasileño Luiz Inácio da Silva] Lula, se ha ampliado haciendo asociaciones comerciales que son más parecidas a los formatos de un TLC que al del vínculo político fuerte que está en la esencia de su proyecto originario”, dice Gudynas.

“Si nos ponemos del lado del agricultor o del ganadero peruano, se verá que tienen las mismas dificultades enfrentando un TLC con EEUU que enfrentando este acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR, porque también lo van a invadir los productos agroalimentarios que lleguen desde el Cono Sur”, explica.

Según este analista, “un proceso de integración tiene una dimensión política”, que no existe en los TLC que actualmente circulan. El continuo ejemplo que pone es de la Unión Europea (UE) que, por la ruta integracionista, ha logrado un arancel común, coordinaciones productivas, una moneda común, el libre tránsito de personas.

En referencia al TLC entre Perú y EEUU, Campodónico advierte: “Puede agudizar la pobreza y la desigualdad” y recuerda el caso de México que, en efecto, hizo crecer su economía, pero a costa de algunos sectores del agro.

Y finalmente, mientras los TLC son indiferentes a estrategias regionales sociales —para combatir la pobreza, mejorar la educación o las condiciones laborales—, los procesos de integración sí consideran espacios para la atención de estos temas.

Noticias Aliada

Thomas Fritz

El paisaje político de la integración latinoamericana está cambiando profundamente. El proyecto de construir una zona de libre comercio panamericana, ALCA, un proyecto neoliberal basado en la competencia y liderado por los Estados Unidos, está estancado. Al mismo tiempo la discusión sobre la integración latinoamericana se está intensificando, empujada por iniciativas concretas de gobiernos de izquierda, que apuestan a relaciones solidarias en vez de competitivas. El alejamiento más evidente del dogma liberal lo están llevando a cabo el ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), iniciado por Venezuela, y el concepto de contratos de comercio alternativos TCP (Tratado de Comercio de los Pueblos), promovido por Bolivia.
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Asamblea Anual del BID y las perspectivas de un nuevo banco

Maria Jose Romero


Today Latin American countries are faced with the option of returning to international and regional financial institutions – IMF, order World Bank and Inter-American Development Bank (IDB) – or rejecting the failed recipes of the 1990s in order to build and reinforce alternatives that allow them to face the current crisis.

The crisis is a global phenomenon that fails to forgive either regions or countries. The Institute of International Finance has forecast a dramatic reduction in private capital flows to emerging markets. While capital flows in 2007 amounted to $929 billion, they predict in 2009 flows will only reach $165 billion. Therefore, we are facing the possibility of a significant contraction of capital flows and investment in emerging economies. The question is how and by whom this contraction can be compensated.

The political argument that Latin American countries used when moving away from the IMF is the same that led them to accumulate international reserves and think of funding alternatives for the region. Now they must decide between participating in the recapitalisation of IFIs and demanding reform that gives them more power in their decision-making, or else advancing the construction of South-South cooperation mechanisms, giving shape to a regional currency and setting the Bank of the South into operation.

On the eve of the G20 meeting, South American presidents travelled to Doha to participate in the second summit of South American-Arab countries (ASPA), to strengthen the South-South axis and join forces to give more weight to their voices at the international level. Since the first meeting of ASPA in Brasilia in 2005, Brazilian exports to the Arab world have increased from $8 billion to $20 billion; while Argentinian exports also rose from $1.8 billion to $4.5 billion. According to Argentinian government officials, this relationship has been based on cooperation rather than on imposition.

The BRIC group of countries made up of Brazil, Russia, India and China, announced in March that they will only provide more money to the IMF if the institution is reformed and the voting power of emerging countries increased (see Update 65). This reform should also include the reduction of loan conditionalities for poor countries, and an increased capacity to discipline the most powerful nations.

However, many people still doubt the real magnitude of the reforms to be implemented at the IFIs. According to Argentinian economist, Benjamín Hopenhayn, a reform of the IMF’s thinking is not credible, since it needs to “change its ideology and that of the 3,000 economists that are part of the IMF.”

On the other hand, economist Anwar Shaik, professor at the New School for Social Research, of New York, has said that “global coordination would be a good idea but the question is what interests it will respond to. I do not trust the IMF or the World Bank to tell us what is right. Their track-record is awful. If coordination goes along these lines, I’d rather not have it.”

Brazilian president, Luiz Inácio Lula da Silva, has also intensified his discourse against neo-liberalism, its policies and institutions, asserting that institutions such as the IMF or World Bank had been “incapable of anticipating and controlling the financial disorder.”

In recent months, China extended currency swap arrangements worth billions of dollars to South Korea, Hong Kong, Indonesia, Malaysia and Belarus, after rejecting the requests of rich countries that it give substantial funding to the IMF in the absence of an institutional reform. This list is now joined by Argentina to which China has offered a $10.2 billion curency swap. According to Mark Weisbrot of US-based think tank Center for Economic and Policy Research this implies a specific alternative for the South American country to escape from IMF influence.

At the IDB’s 50th annual meeting in Medellin, Colombia, in March, the president of the Central Bank of Argentina, Martín Redrado talked about the convergence of macro-economic policy and made reference to the proposal for creating a single regional currency. This builds on the initiative of Venezuela to implement the Sucre as a trading currency between Venezuela, Cuba, Nicaragua and Ecuador.

Finally, the Bank of the South should be launched next May with starting capital of $10 billion from Argentina, Brazil, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay and Uruguay (see Update 62).

Civil society and organisations in the region are demanding that their governments reject the IFIs and turn towards people-centred regional alternatives.


brettonwoodsproject.org


¡Los Pueblos y el Planeta requieren Anulación de la Deuda y Reparaciones YA!

La crisis financiera y económica global tiene consecuencias devastadoras en la vida de millones de personas en todo el mundo, tanto en el Sur como en el Norte, y en nuestro hogar común, el planeta Tierra.

Junto con las crisis alimentaria, climática y energética, la crisis financiera y económica ha conllevado graves impactos: entre otros, pérdidas masivas de puestos de trabajo y salarios; recortes en los fondos para garantizar los derechos humanos básicos de salud, educación, vivienda, agua, electricidad y seguridad social; expulsiones violentas de la tierra y del territorio; un incremento en la concentración del control y la explotación de los recursos naturales por parte del poder empresarial; y un incremento de las actitudes racistas y discriminatorias por género, religión y orientación sexual.

Los costos de esta crisis, ciertamente sistémica, continúan creciendo e incluyen el agravamiento de la crisis social y la intensificación de la militarización, de la guerra y de la criminalización de la protesta, incluso cuando los beneficios de los especuladores y otros buitres empiezan a recuperarse.

Los niveles de endeudamiento en el Sur global están sufriendo también el impacto de estas crisis surgidas del corazón de la economía mundial, como resultado de políticas diseñadas en favor del libre flujo de capitales en un mercado que se había declarado autorregulado. Como resultado, la bomba de la deuda está a punto de explotar nuevamente.

La reducción de ingresos fiscales, la caída de remesas de trabajadores migrantes, y las crecientes demandas sociales, económicas y ambientales, están presionando a muchos gobiernos del Sur a la búsqueda desesperada de prestamistas, borrando cualquier mejoría reciente y convirtiéndose en presas fáciles de aquellos que no ofrecen nada sino más deuda ilegítima.

Sin embargo, la deuda que se está acumulando no es solo financiera. Las falsas soluciones que se promueven ante estas crisis están generando un incremento potencialmente irreversible de las deudas ecológica, climática, social y económica, de las que son acreedores los pueblos y el planeta, especialmente en el Sur.

Entre estas falsas soluciones podríamos citar nuevos préstamos para suplir las necesidades generadas por las crisis; créditos para proyectos de agrocombustibles, megaproyectos energéticos o los llamados mecanismos de desarrollo limpio; el mercado de carbono; el rol central del que se está dotando a instituciones altamente cuestionadas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo de Estabilidad Financiera o la Organización Mundial del Comercio.

También las reducciones de deuda limitadas, condicionadas e impulsadas desde los prestadores, desconociendo los compromisos de reconocer y anular sin condicionamientos, a las deudas financieras ilegítimas. En lugar de reconocer la necesidad de una transformación fundamental de un sistema cuyo fracaso se ha tornado cada vez más evidente, las respuestas de los gobiernos del Norte – en particular el G7-, de las empresas transnacionales y algunos gobiernos en el Sur, van encaminadas a salvar el sistema.

En vez de aprovecharse de las crisis a espaldas de los mismos pueblos, países y planeta que por un largo tiempo han estado pagando los costes de su enriquecimiento, deben ofrecer compensación y reparaciones por su responsabilidad en provocar una crisis criminal y por el uso desmedido de la riqueza y la naturaleza del mundo entero.

¡Ya basta! Nosotros, los pueblos, debemos unirnos local y globalmente para construir alternativas de equidad y de equilibro para todos y todas, sin deudas ni dominación.

Por ello convocamos a los movimientos y organizaciones de todo el mundo, a unir fuerzas en la SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIs, del 12 al 18 de Octubre de 2009. Juntamente con los Pueblos Indígenas que convocan a una MINGA GLOBAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA, del 12 al 16 de octubre, y uniendo las luchas por liberarnos de la dominación de la deuda y del fundamentalismo del mercado, con las luchas por la justicia climática (13 de octubre), de las mujeres rurales y por el repudio de la deuda (15 de octubre), la soberanía alimentaria (16 de octubre) y la erradicación de la pobreza (17 de octubre), nos movilizaremos por soluciones duraderas que harán otro mundo, un mundo justo, posible.

ÚNANSE A LA ACCIÓN Y DEMANDEN:

•Anulación sin condiciones de todas las deudas financieras ilegítimas.

•Restitución y reparaciones de las deudas ecológicas, climáticas, económicas, sociales e históricas, sobre la base de auditorias integrales y participativas.

•Respeto del derecho soberano de los países a tomar medidas unilaterales para poner fin a los pagos de deuda a fin de satisfacer sus obligaciones con los derechos humanos y ambientales

•Respuestas a las crisis económica, climática, energética y alimentaria que no aumenten la carga de deuda sobre los pueblos del Sur ni sobre el planeta y no incrementen la militarización ni la criminalización de la protesta social.

•La creación de nuevas instituciones financieras y una arquitectura financiera global y regional que ponga a las personas y el planeta por delante del lucro y el poder empresarial.

¡Los pueblos del Sur son los acreedores! ¡No deben pagar! ¡Anulación de la Deuda y Reparaciones Ya!

Más info: semanadeuda@gmail.com

jubileosuramericas.org

Tendrán lugar del 12 al 18 de Octubre en todo el mundo. En esta oportunidad las demandas se centrarán sobre el reclamo de anulación de las deudas y la exigencia de reparaciones a los pueblos del sur.



¡Los Pueblos y el Planeta requieren Anulación de la Deuda y Reparaciones YA!

La crisis financiera y económica global tiene consecuencias devastadoras en la vida de millones de personas en todo el mundo, tanto en el Sur como en el Norte, y en nuestro hogar común, el planeta Tierra.

Junto con las crisis alimentaria, climática y energética, la crisis financiera y económica ha conllevado graves impactos: entre otros, pérdidas masivas de puestos de trabajo y salarios; recortes en los fondos para garantizar los derechos humanos básicos de salud, educación, vivienda, agua, electricidad y seguridad social; expulsiones violentas de la tierra y del territorio; un incremento en la concentración del control y la explotación de los recursos naturales por parte del poder empresarial; y un incremento de las actitudes racistas y discriminatorias por género, religión y orientación sexual.

Los costos de esta crisis, ciertamente sistémica, continúan creciendo e incluyen el agravamiento de la crisis social y la intensificación de la militarización, de la guerra y de la criminalización de la protesta, incluso cuando los beneficios de los especuladores y otros buitres empiezan a recuperarse.

Los niveles de endeudamiento en el Sur global están sufriendo también el impacto de estas crisis surgidas del corazón de la economía mundial, como resultado de políticas diseñadas en favor del libre flujo de capitales en un mercado que se había declarado autorregulado. Como resultado, la bomba de la deuda está a punto de explotar nuevamente.

La reducción de ingresos fiscales, la caída de remesas de trabajadores migrantes, y las crecientes demandas sociales, económicas y ambientales, están presionando a muchos gobiernos del Sur a la búsqueda desesperada de prestamistas, borrando cualquier mejoría reciente y convirtiéndose en presas fáciles de aquellos que no ofrecen nada sino más deuda ilegítima.

Sin embargo, la deuda que se está acumulando no es solo financiera. Las falsas soluciones que se promueven ante estas crisis están generando un incremento potencialmente irreversible de las deudas ecológica, climática, social y económica, de las que son acreedores los pueblos y el planeta, especialmente en el Sur.

Entre estas falsas soluciones podríamos citar nuevos préstamos para suplir las necesidades generadas por las crisis; créditos para proyectos de agrocombustibles, megaproyectos energéticos o los llamados mecanismos de desarrollo limpio; el mercado de carbono; el rol central del que se está dotando a instituciones altamente cuestionadas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo de Estabilidad Financiera o la Organización Mundial del Comercio.

También las reducciones de deuda limitadas, condicionadas e impulsadas desde los prestadores, desconociendo los compromisos de reconocer y anular sin condicionamientos, a las deudas financieras ilegítimas. En lugar de reconocer la necesidad de una transformación fundamental de un sistema cuyo fracaso se ha tornado cada vez más evidente, las respuestas de los gobiernos del Norte – en particular el G7-, de las empresas transnacionales y algunos gobiernos en el Sur, van encaminadas a salvar el sistema.

En vez de aprovecharse de las crisis a espaldas de los mismos pueblos, países y planeta que por un largo tiempo han estado pagando los costes de su enriquecimiento, deben ofrecer compensación y reparaciones por su responsabilidad en provocar una crisis criminal y por el uso desmedido de la riqueza y la naturaleza del mundo entero.

¡Ya basta! Nosotros, los pueblos, debemos unirnos local y globalmente para construir alternativas de equidad y de equilibro para todos y todas, sin deudas ni dominación.

Por ello convocamos a los movimientos y organizaciones de todo el mundo, a unir fuerzas en la SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIs, del 12 al 18 de Octubre de 2009. Juntamente con los Pueblos Indígenas que convocan a una MINGA GLOBAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA, del 12 al 16 de octubre, y uniendo las luchas por liberarnos de la dominación de la deuda y del fundamentalismo del mercado, con las luchas por la justicia climática (13 de octubre), de las mujeres rurales y por el repudio de la deuda (15 de octubre), la soberanía alimentaria (16 de octubre) y la erradicación de la pobreza (17 de octubre), nos movilizaremos por soluciones duraderas que harán otro mundo, un mundo justo, posible.

ÚNANSE A LA ACCIÓN Y DEMANDEN:

•Anulación sin condiciones de todas las deudas financieras ilegítimas.

•Restitución y reparaciones de las deudas ecológicas, climáticas, económicas, sociales e históricas, sobre la base de auditorias integrales y participativas.

•Respeto del derecho soberano de los países a tomar medidas unilaterales para poner fin a los pagos de deuda a fin de satisfacer sus obligaciones con los derechos humanos y ambientales

•Respuestas a las crisis económica, climática, energética y alimentaria que no aumenten la carga de deuda sobre los pueblos del Sur ni sobre el planeta y no incrementen la militarización ni la criminalización de la protesta social.

•La creación de nuevas instituciones financieras y una arquitectura financiera global y regional que ponga a las personas y el planeta por delante del lucro y el poder empresarial.

¡Los pueblos del Sur son los acreedores! ¡No deben pagar! ¡Anulación de la Deuda y Reparaciones Ya!

Más info: semanadeuda@gmail.com


jubileosuramericas.org

Tendrán lugar del 12 al 18 de Octubre en todo el mundo. En esta oportunidad las demandas se centrarán sobre el reclamo de anulación de las deudas y la exigencia de reparaciones a los pueblos del sur.



¡Los Pueblos y el Planeta requieren Anulación de la Deuda y Reparaciones YA!

La crisis financiera y económica global tiene consecuencias devastadoras en la vida de millones de personas en todo el mundo, this site
tanto en el Sur como en el Norte, healing y en nuestro hogar común, el planeta Tierra.

Junto con las crisis alimentaria, climática y energética, la crisis financiera y económica ha conllevado graves impactos: entre otros, pérdidas masivas de puestos de trabajo y salarios; recortes en los fondos para garantizar los derechos humanos básicos de salud, educación, vivienda, agua, electricidad y seguridad social; expulsiones violentas de la tierra y del territorio; un incremento en la concentración del control y la explotación de los recursos naturales por parte del poder empresarial; y un incremento de las actitudes racistas y discriminatorias por género, religión y orientación sexual.

Los costos de esta crisis, ciertamente sistémica, continúan creciendo e incluyen el agravamiento de la crisis social y la intensificación de la militarización, de la guerra y de la criminalización de la protesta, incluso cuando los beneficios de los especuladores y otros buitres empiezan a recuperarse.

Los niveles de endeudamiento en el Sur global están sufriendo también el impacto de estas crisis surgidas del corazón de la economía mundial, como resultado de políticas diseñadas en favor del libre flujo de capitales en un mercado que se había declarado autorregulado. Como resultado, la bomba de la deuda está a punto de explotar nuevamente.

La reducción de ingresos fiscales, la caída de remesas de trabajadores migrantes, y las crecientes demandas sociales, económicas y ambientales, están presionando a muchos gobiernos del Sur a la búsqueda desesperada de prestamistas, borrando cualquier mejoría reciente y convirtiéndose en presas fáciles de aquellos que no ofrecen nada sino más deuda ilegítima.

Sin embargo, la deuda que se está acumulando no es solo financiera. Las falsas soluciones que se promueven ante estas crisis están generando un incremento potencialmente irreversible de las deudas ecológica, climática, social y económica, de las que son acreedores los pueblos y el planeta, especialmente en el Sur.

Entre estas falsas soluciones podríamos citar nuevos préstamos para suplir las necesidades generadas por las crisis; créditos para proyectos de agrocombustibles, megaproyectos energéticos o los llamados mecanismos de desarrollo limpio; el mercado de carbono; el rol central del que se está dotando a instituciones altamente cuestionadas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Fondo de Estabilidad Financiera o la Organización Mundial del Comercio.

También las reducciones de deuda limitadas, condicionadas e impulsadas desde los prestadores, desconociendo los compromisos de reconocer y anular sin condicionamientos, a las deudas financieras ilegítimas. En lugar de reconocer la necesidad de una transformación fundamental de un sistema cuyo fracaso se ha tornado cada vez más evidente, las respuestas de los gobiernos del Norte – en particular el G7-, de las empresas transnacionales y algunos gobiernos en el Sur, van encaminadas a salvar el sistema.

En vez de aprovecharse de las crisis a espaldas de los mismos pueblos, países y planeta que por un largo tiempo han estado pagando los costes de su enriquecimiento, deben ofrecer compensación y reparaciones por su responsabilidad en provocar una crisis criminal y por el uso desmedido de la riqueza y la naturaleza del mundo entero.

¡Ya basta! Nosotros, los pueblos, debemos unirnos local y globalmente para construir alternativas de equidad y de equilibro para todos y todas, sin deudas ni dominación.

Por ello convocamos a los movimientos y organizaciones de todo el mundo, a unir fuerzas en la SEMANA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA DEUDA Y LAS IFIs, del 12 al 18 de Octubre de 2009. Juntamente con los Pueblos Indígenas que convocan a una MINGA GLOBAL EN DEFENSA DE LA MADRE TIERRA, del 12 al 16 de octubre, y uniendo las luchas por liberarnos de la dominación de la deuda y del fundamentalismo del mercado, con las luchas por la justicia climática (13 de octubre), de las mujeres rurales y por el repudio de la deuda (15 de octubre), la soberanía alimentaria (16 de octubre) y la erradicación de la pobreza (17 de octubre), nos movilizaremos por soluciones duraderas que harán otro mundo, un mundo justo, posible.

ÚNANSE A LA ACCIÓN Y DEMANDEN:

•Anulación sin condiciones de todas las deudas financieras ilegítimas.

•Restitución y reparaciones de las deudas ecológicas, climáticas, económicas, sociales e históricas, sobre la base de auditorias integrales y participativas.

•Respeto del derecho soberano de los países a tomar medidas unilaterales para poner fin a los pagos de deuda a fin de satisfacer sus obligaciones con los derechos humanos y ambientales

•Respuestas a las crisis económica, climática, energética y alimentaria que no aumenten la carga de deuda sobre los pueblos del Sur ni sobre el planeta y no incrementen la militarización ni la criminalización de la protesta social.

•La creación de nuevas instituciones financieras y una arquitectura financiera global y regional que ponga a las personas y el planeta por delante del lucro y el poder empresarial.

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Por Pablo Dávalos

Hay un desgaste evidente del modelo neoliberal en América Latina que se ha expresado en la adhesión electoral a candidaturas que han sido críticas del neoliberalismo, o que, en todo caso, han construido sus discursos políticos  y electorales desde el rechazo y la crítica a las imposiciones del ajuste y estabilización neoliberal,


como son los casos de Ollanta Humala en el Perú, de López Obrador en México, o los gobiernos de Chávez en Venezuela, Kirchner  en Argentina, Vásquez en Uruguay, Morales en Bolivia, Lula en Brasil, y, más recientemente, Correa en Ecuador y Ortega en Nicaragua. También existe, de parte de algunos gobiernos, una necesidad de establecer  distancias no solo formales sino reales con el FMI, como lo demostraron las decisiones de Argentina y Brasil de cumplir anticipadamente sus compromisos financieros con esta multilateral. Existe, entonces, un contexto en América  Latina en el que ningún gobierno de la región, a diferencia de décadas anteriores, adscribiría de manera pública a las recomendaciones del FMI y haría de los programas de ajuste el sustento de sus políticas públicas.

Empero de ello, la persistencia y presencia del ajuste y reforma estructural es profunda en la región. Las distancias que desde algunos gobiernos se han puesto con el Fondo Monetario Internacional, no significa que éstos empiecen  un proceso de reversión de las políticas neoliberales. La reforma
estructural del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que hicieron un énfasis especial en provocar fuertes cambios institucionales, ha  transformado profundamente el tejido institucional y ha desmantelado las capacidades regulatorias del Estado, al tiempo que ha fortalecido a grupos financieros, monopolios, y ha multiplicado la existencia de redes clientelares y las prácticas asistencialistas. Estas reformas estructuralesde carácter neoliberal han sido tan fuertes que incluso han obstaculizado la creación de alternativas al desarrollo en la región.

La condicionalidad invisible y la persistencia del ajuste neoliberal

Es decir, existe un vacío en el que la crítica al modelo neoliberal corre el riesgo de ser una retórica de legitimación política ante electorados  descontentos del ajuste y la reforma estructural, antes que una propuesta que implique cambios reales en la relación entre el capital, el trabajo, el Estado y el mercado.

Es por ello que el desgaste del FMI en la región, no sea correlativo al  desgaste que pudiesen tener el BID o la Corporación Andina de Fomento, CAF; y que, a la larga, la dinámica del ajuste y la estabilización persista aún  por vía de algo que podríamos denominar como  “condicionalidad invisible” (o  condicionalidad implícita), lo que ha asegurado la presencia del neoliberalismo en la región.

En efecto, la condicionalidad invisible es el recurso mediante el cual el BID, la CAF, o el mismo Banco Mundial, crean líneas de crédito para el  desarrollo, pero sus desembolsos se ven condicionados a que los países cumplan con las metas establecidas previamente por el FMI en cuanto a disciplina fiscal, que se expresa en superávit fiscal, a liberalización  comercial, apertura de la cuenta de capitales, y desregulación económica. De esta manera, el FMI sigue presente en la región, bajo la cobertura del financiamiento al desarrollo hecho por la banca multilateral.

Es por ello que, de las iniciativas recientes que han emergido desde gobiernos críticos al neoliberalismo, una de las más importantes sea aquella de crear el Banco del Sur como banca subregional que vendría a transformar  las relaciones de poder al interior de la banca multilateral de desarrollo, y reproblematizar al desarrollo en un contexto en el que la ideología liberal ha cerrado el campo de posibles humanos, sobre todo a los discursos  y propuestas críticas y alternativas.

En efecto, la creación del Banco del Sur se inscribiría de lleno en el debate sobre la necesidad de una nueva arquitectura financiera mundial y la búsqueda de nuevas modalidades al financiamiento al desarrollo, en un  contexto en el que la economía de casino mundial ha generado poderosos marcos institucionales para someter a sus decisiones, no solo a países determinados sino al conjunto de la economía mundial, como lo demuestra la  primacía macroeconómica que pretenden tener los índices de riesgo país de las bancas de inversión.

De ahí que la creación del Banco del Sur debe ser vista desde una perspectiva política y epistemológica, más que financiera o económica. Debe adoptarse una perspectiva política porque la creación del Banco del Sur implica la disputa en el locus central del sistema mundo en su hora neoliberal: la financiarización y especulación como centros de gravedad de  la economía mundial, que definen nuevas relaciones de poder y cuyas expresiones son las estrategias de dominio, imposición y colonialismo inherentes a la banca multilateral de desarrollo.

El mecanismo de la “no-objeción” y el control colonial de la banca multilateral

En efecto, detrás del financiamiento a proyectos de desarrollo hechos por la banca multilateral, en la ocurrencia el BID, la CAF y el Banco Mundial, existen prácticas colonialistas que utilizan la noción de desarrollo y  crecimiento económico como mascarones de proa para acentuar y profundizar, tanto las condiciones de aquello que en los años setenta la CEPAL denominaba la dependencia, cuanto del control, asimilación o la ruptura de las resistencias sociales al neoliberalismo.

Hay que recordar que la banca multilateral creó un mecanismo de control en todos los proyectos de desarrollo que aplica en la región, y que se denomina como el mecanismo de la “no-objeción”. Este mecanismo permite el control absoluto sobre los recursos, las metodologías, los tiempos, los mecanismos, los técnicos y las respuestas que las sociedades generan ante los proyectos de desarrollo de la banca multilateral.

La “no-objeción” es parte de un ejercicio de poder en función de objetivos  determinados desde la dinámica del sistema mundo y la lucha por la hegemonía mundial, antes que por las características de un determinado modelo de desarrollo. Es por ello que, luego del financiamiento de un proyecto de  desarrollo por parte de esta banca multilateral, la sociedad y el Estado terminan más desarmados, más vulnerables, y el tejido social aparece más fragmentado, y más susceptible a la manipulación clientelar y asistencialista. El verdadero rol de la banca multilateral no es tanto el financiamiento al desarrollo, como el ejercicio de un poder colonial, de ahí que su dinámica releve más de la política que de la economía o las finanzas.

Pero hay otra dinámica tan importante como esos ejercicios de imposición política que nacen desde la “no-objeción”, y hacen referencia a la episteme desde la cual se construye el financiamiento al desarrollo; es en virtud de  ello, que hay que considerar que la banca multilateral ha trabajado de manera profunda para reconceptualizar los marcos teóricos desde los cuales se comprende la realidad y, hasta el momento, ha ganado la batalla  epistemológica; quizá el signo de los tiempos de la derrota del pensamiento crítico sea la adscripción que ha hecho la CEPAL a los contenidos epistémicos del discurso neoclásico.

Banca multilateral y la epistemología del poder

Los institutos de investigación relacionados con la banca multilateral, e incluso los mismos estudios financiados desde esta banca, han posicionado con fuerza conceptos funcionales a las nuevas relaciones de poder. Gracias a  ellos se ha generado un debate en una sola dirección y bajo un solo esquema teórico: el neoliberalismo y su expresión económica en el pensamiento monetarista y neoclásico.

Así por ejemplo, tenemos el trabajo teórico hecho por el Banco Mundial  alrededor de la pobreza, y la disputa epistemológica suscitada sobre este fenómeno, y en el cual el Banco Mundial ha logrado convertir a la pobreza en un fenómeno económico e individual, gracias a su noción del “dólar diario”, fracturando y disolviendo esa rica discusión que veía a la pobreza como fenómeno social y como fenómeno político, y adscribiéndola ahora a las coordenadas del mercado y el homo economicus.

La panoplia conceptual hecha desde la banca multilateral es extensa y ha  cobrado carta de naturalización en las ciencias sociales y en la economía sin que medie siquiera un proceso de reelaboración crítica. Por ejemplo, las nociones de competitividad, aperturismo, etnodesarrollo, pobreza, capital humano, capital social, desarrollo local, descentralización y autonomía, poderes locales, cadenas productivas, participación ciudadana, flexibilización laboral, diálogo social, regionalización y mancomunidades, desarrollo sustentable, gobernabilidad, género y pobreza, ciudadanía, etc.,son parte de la discusión tanto de los denominados policy makers cuanto de las mismas ciencias sociales.

Estos aspectos deben ser considerados como relevantes al momento de discutir la conformación de la Banca del Sur, porque no se trata solamente de la creación de una institución financiera que realice créditos de financiamiento al desarrollo, sino de una estrategia de recuperación de las nociones de soberanía, regulación y una nueva contractualidad social que supere las nociones neoliberales de “economía social de mercado”.

El Banco del Sur: desafíos y oportunidades

Por ello, la creación del Banco del Sur no debe verse desde una visión financiera sino desde una visión geopolítica y epistémica, que implique: la reformulación de los contenidos del financiamiento para el desarrollo; las posibilidades de integración bajo criterios de complementariedad y subsidiariedad, y la generación de un pensamiento propio que se deslinde demanera definitiva de los marcos teóricos del neoliberalismo.

En virtud de ello, haya que pensar que la trampa inherente a la Banca del Sur sería convertirla en un instrumento que financie proyectos de desarrollo y que empiece a competir en esa línea con el BID, el Banco Mundial y la CAF, o que cumpla con las tareas de la privatización del territorio proyectadas en el IIRSA, complementando de esta manera a la banca multilateral.

La idea de pensar, proponer y crear el Banco del Sur debe ser, en realidad, para una reformulación de la arquitectura financiera global en la cual se pueda defender a los países de las apuestas de casino que hacen los especuladores financieros, que pueda desprenderse de las decisiones de arbitraje a la inversión y que se asientan en el riesgo país, y que permita  un intercambio e integración sustentados en nuevas ideas de crecimiento con equidad, interculturalidad y plurinacionalidad.

Es decir, el Banco del Sur, debería ser parte de esas nuevas propuestas que buscan proteger a los países de la globalización financiera y de la intromisión política que implican las condicionalidades del BID, de la CAF, del Banco Mundial y del FMI, sea en su forma implícita, como condicionalidad invisible, sea en su forma explícita de control a través del mecanismo de la no-objeción.

Para ello, el Banco del Sur debe integrarse de manera democrática en el que en su directorio el representante de un país tenga un voto, y que ese voto sea previamente consensuado y transparentado con organizaciones sociales y  sectores productivos, es decir, la agenda del directorio del Banco del Sur, siempre deberá ser abierta, democrática, transparente, plural y consensuada.

En segundo lugar, el Banco del Sur tiene la oportunidad enorme de crear una  unidad de cuenta regional, en la ocurrencia el peso latinoamericano, quepuede indexarse en una pega deslizante al euro. Esta podría ser una salida para los tipos de cambio fijo adheridos al dólar, sobre todo en los casos de Ecuador y El Salvador; y puede permitir una transición del área dólar, en la cual casi todas las monedas de la región están de una u otra manera “pegadas” al dólar, hacia el rescate de la soberanía monetaria de la región.

Los créditos del Banco del Sur se harían en función de esa moneda común, y se emitirán en euros, que es una divisa con poder liberatorio mundial y con capacidad de mantener su función de reserva de valor mundial, al menos hasta que la región pueda establecer una estrategia de integración monetaria y  pueda finalmente consolidarse la moneda común latinoamericana. Pero en ningún momento el Banco del Sur debe pensar en mantener sus unidades de cuenta en dólares, salvo como cámara de compensación.

Un aspecto fundamental del Banco del Sur es su relación con la banca multilateral, una relación que no puede ser ni subordinada ni dependiente. La banca multilateral, en realidad, expresa una situación de colonialismo y  de imposición. Detrás de cada préstamo de la banca multilateral están una serie de condicionamientos que se convierten en instrumentos políticos de dominación, chantaje, e incluso, como en el caso del Banco Mundial, de destrucción de las organizaciones sociales y populares.

El Banco del Sur puede abrir, en ese sentido, varias líneas de crédito en las siguientes direcciones:

1) un fondo de transferencias para cubrir los saldos de los proyectos BID y  Banco Mundial que están pendientes en la región, sobre todo para la construcción de infraestructura local, y que han implicado la adopción de onerosas condicionalidades explícitas o implícitas como, por ejemplo,  establecer fideicomisos para el pago de la deuda multilateral con los recursos de las tarifas de los servicios públicos financiados por esta banca multilateral; o el endeudamiento público con el BID o el Banco Mundial, pero  con la condición de que una vez terminada la obra se la transfiera al sector privado. Este fondo de transferencias permitirá evacuar los proyectos emergentes que han sido o están siendo financiados con recursos BID y Banco  Mundial, para atenuar el peso de la condicionalidad, relativizar el peso político de estas multilaterales, y rescatar la soberanía de los países sobre su propio endeudamiento, sobre todo en las áreas de salud y educación que son temas sensibles y que han sido prioridades de la banca multilateral; esta línea de créditos deben permitir la recuperación de la soberanía sobre el financiamiento al desarrollo;

2) una línea de créditos para la reactivación productiva, sobre todo de  aquellos sectores que más sufrieron los embates de las políticas de estabilización y ajuste macroeconómico, y que conformaban el entramado de producción y servicios de las economías locales; la idea es que a partir del Banco del Sur se vaya rearticulando el ciclo ahorro-inversión local hacia la reconstitución de un sector productivo nacional que pueda establecer alianzas y estrategias de integración comercial en un espacio económico  común;

3) líneas de crédito para I + D, es decir, investigación para el desarrollo, en donde se puede pensar en un banco de proyectos de investigación con las universidades de la región. Esto puede provocar la necesidad de coordinar, armonizar e integrar la producción del saber y la técnica a nivel de la región, en un contexto en el que las redes tecnológicas y la producción del conocimiento científico está controlado desde el norte, estas líneas de  crédito pueden articularse dentro de lo que se denomina inversión de riesgo pero que implica la apertura de nuevos espacios de producción y generación
de valor agregado;

4) una línea emergente para solucionar problemas de liquidez provocados por déficit en cuenta corriente de balanza de pagos, y a fin de no competir con el FLAR se puede pensar en mecanismos de sindicación de créditos entre el Banco del Sur y el FLAR, de tal manera que se pueda mantener una institución importante como el FLAR dentro de las dinámicas de control del ahorro de la región. Estos créditos a la cuenta corriente de balanza de pagos desprenderían de manera definitiva a la región del área de influencia del  FMI.

Esto implica que los colaterales y las garantías sean diferentes para cada una de las líneas de crédito. Sin embargo, aquello que debe separar radicalmente al Banco del Sur de la banca multilateral es la existencia de  la  condicionalidad, que se expresa en el mecanismo de la “no-objeción”. En ese sentido, el Banco del Sur debe generar garantías para cada una de sus líneas de crédito, pero en ningún caso puede establecer condicionalidades de  política económica para los países miembros. Además, el colateral debe ser separado radicalmente de cualquier intento de imposición vía condicionalidades o mecanismos parecidos a la “no-objeción”.

Los recursos que pueden ingresar al Banco del Sur pueden ser: el ahorro  gubernamental expresado en las reservas internacionales, los fondos de pensiones gubernamentales, los excedentes en la exportación provocados por ganancias excepcionales por los precios de los comodities, y las cuotas de pertenencia al Banco que aportan los países que los constituyen.

El Banco del Sur puede también establecer alianzas con otros países de otras regiones para absorber liquidez de corto o mediano plazo generando  instrumentos financieros, como papeles con rentabilidad variable. Para ello podrían establecerse alianzas estratégicas con otros organismos financieros y bancas centrales de países amigos.

El Banco del Sur debería proponer una línea de reflexión sobre la economía  política de la región para recuperar la soberanía epistemológica, que al momento está secuestrada por los discursos tecnocráticos de la banca multilateral. Los conceptos operadores de las nociones de desarrollo, como aquellos de crecimiento, renta, pobreza, equidad, etc., están construidos desde las necesidades de legitimación teórica del centro antes que de la necesidad de comprensión de los problemas de la periferie.

En ese sentido, el Banco del Sur abre posibilidades de disputar al neoliberalismo en territorios antes prohibidos: de una parte el financiamiento al desarrollo con respeto a la soberanía y a la integración de los pueblos, y, de otra, el pensamiento teórico sobre un desarrollo  equitativo, intercultural, democrático, soberano y plurinacional.

Aunque no se trató en la reunión oficial, shop las perspectivas sobre el Banco del Sur dominaron algunas reuniones bilaterales.

Los días 19 y 20 de marzo se llevó a cabo la 48ª Asamblea Anual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guatemala. En su discurso inaugural, su Presidente, Luis Alberto Moreno, destacó entre los principales desafíos de la región la necesidad de “proveer oportunidades para la mayoría de bajos ingresos en Latinoamérica y el Caribe, de manera tal que el reciente período de crecimiento de la región derive en mayores beneficios económicos y sociales”. En este sentido -y en consonancia con el la iniciativa lanzada por el banco el año pasado, “Oportunidades para la mayoría”, que buscó concentrar el trabajo del organismo en aumentar el acceso de los sectores de bajos ingresos a productos y servicios que permitan mejorar sus ingresos y calidad de vida-, el principal tema que intentó apuntar durante la reunión fue la lucha contra la desigualdad y la pobreza. En este contexto se anunció oficialmente la decisión del organismo de aliviar la deuda de Bolivia, Guyana, Haití, Honduras y Nicaragua, sumando en total más de cuatro mil millones de dólares, y una serie de iniciativas orientadas a mejorar la competitividad y reducir la pobreza de América Latina y el Caribe.

Relacionados a este tema, y siguiendo el interés del presidente del organismo en aumentar su vínculo con el sector privado, se llevaron a cabo tres seminarios que durante la Asamblea abordaron las posibilidades de crear un ambiente propicio para: la inversión y la innovación tecnológica por parte del sector público; la inclusión social; y la cooperación con el sector privado para reducir las disparidades económicas y sociales.[ Días antes, en el Foro de Negocios Interamericano, el Presidente Moreno había considerado que “los problemas sociales tienen un impacto adverso en los negocios. Cada vez es más claro que el éxito de los negocios a largo plazo depende de una sociedad exitosa, cohesionada y estable”.

En su discurso de la asamblea anual se refirió también al tema que actualmente está en boga a nivel internacional, el cambio climático. Señaló como desafío la necesidad de reducir el uso de energía fósil y promover las fuentes alternativas de energía que contribuyan a un desarrollo sustentable y a nuevas oportunidades comerciales, reduciendo a la vez los efectos negativos sobre el medio ambiente. Reconoció a Brasil su liderazgo mundial en energías alternativas y lo invitó a colaborar con otros países por medio de la transferencia de tecnología.

Éste había sido uno de los temas de mayor repercusión de la visita a Brasil del Presidente estadounidense, George Bush, a mediados de marzo, ocasión en la que firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en materia de energía alternativa. Pero algunos representantes europeos también se mostraron interesados en estrechar lazos con Brasil en este aspecto. A las expresiones de interés por parte del Presidente alemán, Horst Köhler, en su reciente gira por Sudamérica, se sumaron las del Primer Ministro italiano, Romano Prodi, de visita en Brasil hacia fines de marzo. En el contexto de esta visita, la empresa brasileña, Petrobrás, y la italiana, Eni, firmaron un memorando de entendimiento para el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías para la producción de biocombustibles.

Entre otros temas que abordó la reunión del BID sobresalieron algunas iniciativas recientes que el banco promueve para aumentar la transparencia, reducir la corrupción y apoyar a los países en medidas que contribuyan a estos fines. Entre ellas, el banco firmó un acuerdo con el gobierno de Noruega para el establecimiento del primer Fondo de Actividades Anticorrupción.

En las sesiones plenarias no se trató uno de los temas que protagonizó reuniones bilaterales y “pasillos”: la creación del Banco del Sur, una posibilidad impulsada por la presidencia de Venezuela y que cuenta con el apoyo de algunos países sudamericanos. De las declaraciones del ministro de Hacienda venezolano, Roberto Cabeza, se supo que la intención es crear el banco durante el primer semestre de 2007, aunque esta entidad “no sustituirá a ninguna organización”. Desde la administración venezolana se considera que aunque no se pueda negar “que el banco ha financiado infraestructura y que el alivio de la deuda a los países más pobres de la región han sido importantes”, “el BID es un banco de los norteamericanos”. Frente a la consulta sobre las posibilidades de cambiar la relación de poder en el banco en lugar de crear uno nuevo, el ministro señaló que “el 30% [de poder de voto] que tiene Estados Unidos es insalvable (…) intentar esto en el BID sería una pérdida de tiempo”.

De acuerdo a lo trascendido, el nuevo banco tendría un capital inicial de 7 mil millones de dólares y se nutriría de fondos de los países participantes, aunque en los primeros años las reservas se atesorarían en cada banco central. La idea fue apoyada en primer lugar por Argentina, cuya Ministra de Economía, Felisa Miceli, se ocupó de acentuar que “esto no es contra el BID”. Según el argentino La Nación, los objetivos del banco serían más ambiciosos e incluirían la intención de generar lentamente una plaza regional de capitales. Esto estaría en sintonía con la idea de reemplazar al dólar como moneda de intercambio comercial entre los países, para favorecer las operaciones de empresas medianas y pequeñas, aliviándoles el costo del cambio de moneda. Hacia eso van, hasta el momento, las negociaciones de Argentina y Brasil, que tienen previsto en julio poner en marcha un plan piloto bilateral que permita comerciar en monedas locales, para en un futuro extenderlo a todo el Mercosur. Volviendo al banco, Brasil, aunque se ha incorporado a las reuniones que analizarán su creación, oficialmente ha subrayado que prefiere fortalecer entidades regionales ya existentes, como la Corporación Andina de Fomento.

Según El País, muchos de los gobernadores del BID -en su mayoría ministros o presidentes de bancos centrales de los respectivos países- prefirieron no pronunciarse claramente sobre esta iniciativa. Por su lado, el presidente del BID, en conferencia de prensa, se limitó a decir que la creación del banco se trataba de “una decisión soberana de los países que lo quieran conformar” y que “para Latinoamérica lo importante es tener alternativas y para nosotros lo que significa es ser todos los días más competitivos”. Las críticas que dieron origen a la propuesta alternativa del Banco del Sur se combinaron con un nuevo intento de la gestión norteamericana de mejorar sus relaciones con América Latina, reflejado en la gira de su presidente por algunos países de la región en marzo. En este contexto, un medio de prensa de Guatemala, país anfitrión, percibió una actitud de mayor apertura en el organismo interamericano señalando que “por primera vez en casi 50 años, se escucharon voces que demandan una redefinición del banco regional, en auxilio pronto de los mayoritarios sectores pobres, si es que desea consolidarse como la fuente principal de financiamiento para el desarrollo”. La asamblea del año próximo tendrá lugar en Estados Unidos.

NOTAS

Notas de prensa del BID: “IDB approves diverse portfolio to improve competitiveness and reduce poverty in Latin America and the Caribbean”, 19/03/20007. “IDB Annual Meeting closes with blueprint for expanding opportunities to region’s underserved majority”, 20/03/2007.

Nota de prensa del BID: “Moreno: IDB will be platform for contract of equality of opportunities for Latin America and the Caribbean”, 20/03/2007.

Nota de prensa del BID: “IDB Annual Meeting closes with blueprint for expanding opportunities to region’s underserved majority”, 20/03/2007. Cabe señalar una reciente publicación de investigadores del BID, en la que consideran positivos los resultados de las privatizaciones llevadas a cabo en América Latina, pese a la percepción negativa generalizada. Alberto Chong y Eduardo Lora, “¿Valieron la pena las privatizaciones?”, Nueva Sociedad, Buenos Aires, Enero-Febrero 2007.

Nota de prensa del BID: “IDB President calls on private sector to help closet he economic and social gap in Latin America and the Caribbean”, 17/03/2007.

Nota de prensa del BID: “IDB Annual Meeting opens with call to reduce inequality and extend development benefits to low-income majority”, 19/03/2007. Cabe señalar que los próximos 16 y 17 de abril tendrá lugar la Cumbre Energética de Suramérica en Nueva Esparta, Venezuela.

Horst Köhler visitó Paraguay, Brasil y Colombia a principios de marzo. Ver “Relaciones con Europa e integración en América Latina”, OBREAL/EULARO Newsletter Nº45, 16/03/2007.

Nota de prensa de Petrobrás: “Petrobras e Eni iniciam estudos sobre projetos conjuntos em biocombustíveis”, 27/03/2007.

Nota de prensa del BID: “IDB President Moreno calls civil society ‘major ally’ in providing opportunities to the majority in the region”, 17/03/2007. Cabe señalar el debate que existe sobre los efectos que podría tener el hecho de destinar materias primas alimenticias a la generación de biocombustible. Además de las fuentes que mencionamos en artículos anteriores, señalamos aquí la reciente intervención crítica del presidente cubano, Fidel Castro. “Condenados a muerte prematura por hambre y sed más de 3 mil millones de personas en el mundo”, Granma, La Habana, 28/03/2007.

Que será establecido bajo el Programa para el Desarrollo de Cooperación Técnica del banco (Program for Development of Technical Cooperation). Nota de prensa del BID: “IDB and Norway sign agreement for establishment of innovative anticorruption fund”, 19/03/2007.

Piedad Viñas, “El BID cierra Asamblea en la que planeó la sombra de su competidor en ciernes”, El País, MAdrid, 21/03/2007.

Cabe recordar que el poder de voto corresponde a la participación del país en el fondo de capital ordinario del banco.

En el caso de Argentina, esto intenta evitar la posibilidad de que las reservas sean embargadas por bonistas que han hecho juicios en el exterior contra el país. Javier Blanco, “¿Créditos regionales o castillos de arena?”, La Nación, Buenos Aires, 25/03/2007.

Janes Rocha, “Comércio com Argentina já será despolarizado em julho”, Valor, 26/03/2007. El pasado Consejo de Mercado Común aprobó la decisión Nº38 sobre transacciones comerciales en monedas locales, disponible en: http://www.obreal.unibo.it/VirtualLibrary.aspx?IdVirtual=170&IdNewsletter=48.

Ver las declaraciones del ministro de Economía de Brasil, Guido Mantega, en “Relaciones con Europa e integración en América Latina”, OBREAL/EULARO Newsletter Nº45, 16/03/2007. A fines de marzo hubo variadas reuniones de esta comisión que buscaron dinamizar el proyecto, con la perspectiva de presentar un borrador del proyecto en una reunión del Mercosur prevista para la segunda quincena de abril. Annabella Quiroga, “A Caracas, por el Banco del Sur”, Clarín, 24/03/2007.

En cambio su colega, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, el chileno José Miguel Insulza, le dio la bienvenida al proyecto, considerando que “si va a significar más y mejores crédtiso para los países de América Latina, es bueno”. Piedad Viñas, “El BID cierra Asamblea en la que planeó la sombra de su competidor en ciernes”, El País, 21/03/2007. Otra crítica al proyecto puede verse en Adrián Guissarri, “Una solución ilusoria para países adolescentes”, La Nación, Buenos Aires, 25/03/2007.

“Lo que el BID nos dejó”, El Periódico, Guatemala, 24/03/2007.


Banco del Sur: A reflection of declining IFI relevance in Latin America

Update and analysis of recent announcements about Banco del Sur, focusing on the implications for the ongoing crises of relevance in Latin America confronting the IMF, World Bank and IDB, as well as the challenges for deeper South American integration.

by Vince McElhinny
Bank Information Center

The announcements of the inauguration of the first Latin American office of the planned Bank of the South and the adhesion of three new member countries have come as a direct challenge to the Northern based IFIs struggling to remain relevant to the region.  The advances of Banco del Sur, dosage closely aligned with discussions on regional energy policy and the larger project of building a Union of South American Nations, prescription has also tested the South America rhetoric of integration proclaimed most recently at the Cochabamba Summit last December, 2007.  This note provides a brief update and analysis of these recent announcements about Banco del Sur, focusing on the implications for the ongoing crises of relevance in Latin America confronting the IMF, World Bank and IDB, as well as the challenges for deeper South American integration.

Banco del Sur promises to raise $7 billion in paid-in capital from member countries that now number six (Venezuela, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brazil and Paraguay, with Nicaragua, the Caribbean and possibly some Asian countries conveying interest).  This is $2 billion more than the Latin American contributions to the Inter-American Development Bank, but a still tiny fraction of the IDB’s whopping $100 operating “callable” capital raised largely through non-regional member contributions and frequent bond issues on international markets.  For Banco del Sur to begin to crowd out the lending flows to Latin America, particularly for middle income countries, the new Bank of the South would need to leverage these same international markets.

So far, Venezuela has offered to put in $1.4 billion and Argentina ($350 million (or 10% of its reserves).  Brazil has announced that it will join the initiative, but more in the spirit of South American integration and to steer the process toward Mercosur than to access a new source of finance.  Many pertinent questions top the new Bank of the South’s work agenda.  These include the Bank’s governance structure, lending framework, membership criteria, the type of loan guarantees expected, the appointment of senior managers, and safeguard policies.    Estimates for when the Bank will be operational have ranged from four months to three years. Beyond what has been announced, much will be learned in the coming 90 days – a deadline given to establish some basic internal operational rules.

The Venezuelan Minister of Popular Power of the Treasury, Rodrigo Cabezas, stated that Banco del Sur will set a precedent by creating a multilateral financial institution free of non-regional shareholder veto power over projects and policies.  The bank would provide an alternative to borrowing from the Inter-American Development Bank, the International Monetary Fund and the World Bank, to which Venezuela recently expedited the pay off of $3.3 billion debt it owed when Mr. Chávez was elected in 1998.  Subsequently, Venezuela announced that it would be withdrawing from the World Bank and IMF.  In related moves, Ecuadorian President Rafael Correa expelled World Bank Country Representatives, Eduardo Somensatto, for failing to explain Bank restrictions placed on approved credits to the country.  Venezuela, along with Bolivia and Nicaragua, will pull out of the World Bank’s International Center for Settlement of Investment Disputes, a body that mediates disputes between governments and foreign investors with which Southern governments never seem to win their disputes against transnational companies.

Minister Cabezas took explicit aim at the IDB and the U.S. in his remarks at the most recent IDB Annual meeting questioning the institution’s credibility among a growing number of borrowers.   “No one, by themselves, will be the owner of Banco del Sur,” Cabezas claimed, informing that the government of Venezuela is proposing that in the Bank’s statutes a clause will be incorporated “that prevents any country from possessing a majority stock ownership,” as well as other clauses that prevent the application of adjustment mechanisms employed by the World Bank, IDB and IMF.

Others close to the process of constituting the Banco del Sur have indicated that although the membership and lending rules will take some time to negotiate, a voting structure tied to need rather than financial or political power may become the norm for Banco del Sur.  Under such a system, member countries that have the greatest need for development finance would have the proportionately greater voting power on the Bank’s board.

This explicit criticism of the benevolent despotism of U.S. hegemony on the Boards of U.S. based IFIs has joined the chorus calling for greater scrutiny of the prevailing systems of IFI governance.  With Paul Wolfowitz under siege and growing demands for deeper structural reforms in the governance structure of the World Bank, the U.S. is carefully considering its options. With its dominant 30% vote share on the IDB Board, the tide of criticism toward the U.S. is echoed by other borrowing (and some non-borrowing) Bank members.  President Bush himself raised serious questions about the IDB’s development effectiveness as he criticized Latin America for its inability to lower the region’s seemingly impenetrable 40% poverty rate. At the IDB, the Latin American dissent behind the realignment at the IDB has also reportedly moved the U.S. Treasury to offer its non-objection to the relocation of the IDB headquarters to a Southern country.

Banco del Sur fills a gap created by the stagnant lending flows by the IDB to the region.  Flat overall lending at about $6 billion has resulted in the IDB taking a net $5 billion out of Latin America last year. After facing a sustained public questioning of the IDB’s reaction to Banco del Sur as a measure of its own slipping relevance at the Guatemala Annual Meetings in March, President Moreno rushed to Buenos Aires to sign some $4 billion in new loans and reassure the Bank’s largest client in 2006.

For most of 2006, internal jockeying between large borrowing and non-borrowing countries over the helm of the IDB effectively stalled the pace of the enthusiastically announced reorganization.  Unveiled by incoming President, Luís Alberto Moreno over a year ago, most bank staff have been left in the dark, wondering whether their positions in Washington DC would survive.   Uncertainty has reportedly contributed to an exodus of staff from the Washington headquarters compensated only in part by a rapid increase in consultants contracted in the country offices.  Informally, the appointment of the first of four newly formed Vice-Presidencies to a Mexican, Carlos Hurtado, (relieving a Brazilian) has only intensified the competition by Brazil, Argentina and the U.S. for influence over the appointment of the other three VPs (Countries, Sectors and Knowledge and Private Sector/Non-Sovereign Lending) and the informal recruitment of staff. These appointments are expected by early June.

Others that view Banco del Sur less as a threat, also share the same paternalistic view of the IDB as the U.S. Treasury, arguing that the institution’s reluctant acceptance of modernizing reforms, slow to implement as they may be, would never have happened without the guidance by a firm U.S. hand and representation in some 400 of the Bank’s 2,000 total number of jobs.  IDB officials quietly claim their superiority in terms of accountability, citizen participation and transparency to the CAF and Brazil’s BNDES.  A similar U.S. criticism can be expected for Banco del Sur.

However, IFI directors are clearly responding to the share of the international development finance market lost to relatively newer institutions.  For the five Andean countries, the CAF now lends over 50% of all multilateral development finance.  IDB and World Bank have seen their combined share of $5-$7 billion in MDB lending drop to $25% and 20% respectively.  In 2007, the CAF is on track to eclipse the IDB as the region’s largest MDB lender.



A decisive influence in the future of any alternative Latin American institution will be Brazil.  Under Lula’s Presidency, Brazil’s influence at the IDB and in particular for the last year as chair of the Board of Directors has been relatively unremarkable – offering little evidence that greater Brazilian control would substantially change the direction of IDB policies.  Indeed, the annual lending of nearly $30 billion by the National Bank of Economic and Social Development of Brazil (BNDES) makes the IDB financing somewhat obsolete in Brazil.  As a relatively non-transparent and unaccountable institution, the lending prowess of the BNDES poses a formidable barrier to any alternative institution that seeks to raise standards for development finance in the region.

Roberto Teixeira da Costa, board member of Banco Itau Holding Financeira S/A and Sul America SA recently characterized the view of Banco del Sur held by the Brazilian private sector.  “My initial reaction to the creation of Banco del Sur was negative, and this perception hasn’t changed. I still have the sense that such an institution is going to overlap other channels dedicated to finance the region. Not only the IDB, as indicated, but also the Andean Development Bank (CAF), that is fully committed to finance the region, particularly in the so badly needed projects for infrastructure. Apart from the IDB and CAF, BNDES, and Fondo Plata of Argentina are also in position to finance the region. What the region needs are sound and viable projects to be financed. I think overall there are available resources, not a lack of funding. Thus, I continue to think that Banco del Sur is a project moved mostly by the political aspirations of President Hugo Chavez to have stronger influence in the region based on his petrodollars. Since he is seen as great for the region, I wouldn’t be surprised if it receives support. If the Bank does get off the ground, I don’t think that it will pose a threat to the multilateral lenders. I question the success of financial institutions that are politically managed.”

Upon announcing Brazil’s official support for the Banco del Sur, Brazilian Treasury Minister and former President of BNDES Guido Mantega emphasized Brasil’s preferred adherence to conventional banking standards. “The Banco del Sur has to be a development bank with the norms of the market, that demands guarantees and has very clear principals for the allocation of resources the application of which, in the end, we are all responsible.  The resources belong to the countries …and will be supervised financially just like any other resource of the public treasury.”

Brazil, Argentina and Venezuela reportedly have different objectives for any new regional Bank.  Venezuela and others have suggested that Banco de Sur become the IMF of South America.  Such an institution would presumably play a significant role in regional monetary policy and provide some form of balance of payments finance.  Have less need for protection of its reserves, Brazil is reportedly more interested in steering Banco del Sur toward servicing the infrastructure investment needs of an expanded Mercosur.  Argentina is hedging its alliances with both to ensure that neither gains the upper hand in regional politics.  The smaller countries are most interested in an alternative, less bureaucratic or Washington biased source of development finance.

Energy is the key to deeper South American integration as well as the most likely factor that can divide the three principal leaders behind Banco del Sur.  Prior to April 17-19 energy summit on Venezuela’s Margarita Island, Presidents Chavez and Lula de Siva have sparred over whether the currency of regional diplomacy will be hydrocarbons or biofuels.  While perhaps overstated, tensions between Brazil and Venezuela were defused by the summit, which explored joint energy strategies both to deepen regional energy sovereignty but also open greater access for South American energy exports in U.S. and European markets.

According to Mr. Chávez, Venezuela would remove tariffs and resume imports of between 30,000 and 200,000 barrels of ethanol a day from Brazil.  In return, Lula da Silva was asked to intervene with the US so that Caracas could send ethanol made from sugar cane to its eight refineries in the US run by Citgo, which belongs to Venezuela’s state-owned oil company PDVSA. Brazil is pushing Venezuela to go farther with much higher rates of ethanol/gasoline  mixtures (25% compared to Venezuela’s stated maximum of 10%) and a much more ambitious plan for production.

The IDB has jumped into Latin American biofuels race by announcing a $3 billion multi-year credit line for a variety of ongoing and planned biofuels projects in the region.  The IDB’s Private Sector Department (PRI) is structuring senior debt financing for three Brazilian ethanol production projects that will have a total cost of $570 million. The PRI’s Brazil pipeline also includes loans for five biofuels transactions or projects with biofuels components that will have a total cost of nearly $2 billion. These investments will contribute to Brazil’s goal of tripling annual ethanol production by 2020.  Other IDB investments are planned for biofuels and biodiesel research and development in Colombia and Central America. Venezuela and others have cautioned the IDB that corn-based and some sugar cane-based ethanol is neither an efficient nor green energy technology that plays to the over-consuming interests of the U.S. economy and fails to recognize the negative impact on food security in producing countries.

The IDB biofuels initiative is part of broader $300 million clean energy initiative (defined as solar, wind and small hydro power and climate change preparation), that seeks to exploit Latin America’s comparative advantage in these resources. Historically the IDB has provided very little finance for clean energy, less than 0.5% of its total lending portfolio in energy.  The IDB’s clean energy commitments are even less if certain controversial projects such as Campos Novos ($ 550 million, 880 MW) and Cana Brava ($450 million, 450MW) hydroelectric dams are ruled out on efficiency or renewable grounds.  Despite the added relevance that the IDB could acquire through the provision of clean energy expertise, doing so will be an uphill challenge for the IDB given the steep technological and commercial barriers for developing country adoption of clean energy alternatives and the relatively low in-house technical capacity.

At the energy summit, Mr. Chávez also reiterated his call for a natural gas “alliance” that would construct more regasification plants in Latin America as well as three gas pipelines – one stretching from Venezuela to Argentina, another traversing the Andes, as well as a pipeline between Colombia and Venezuela, which will be inaugurated in August. To the chagrin of many in the environmental sector, the Banco del Sur may be called to fund the expansion of the Amazonian agricultural frontier behind the Brazilian quest for ethanol dominance as well the natural gas mega-pipelines that Venezuela is interested in building across the same Amazon savannah.  Highly dependent on gas imports, the Brazilian government has criticized the creation of any gas-based OPEC by Argentina, Bolivia and Venezuela.

Despite the evident disagreements on the scope of these new South American institutions, there is a strong indication that these institutions are moving forward toward the construction of a Union of South American Nations (UNASUR).  Not only are these new institutions, such as Banco del Sur, proposed as replacements for Northern dominated behemoths, they have created parallel spaces for the rethinking and negotiating alternative models for integration.  To give one example, the Initiative for South American Regional Integration (IIRSA) has been the domain of the region’s transport and planning ministers convened by the IDB and CAF since 2000.  UNASUR offers a parallel convening space for governments without the IFIs that appears to be making greater strides in some of the sectors prioritized by IIRSA (such as energy integration) than IDB and CAF prodding have been able to achieve in seven years.  An IDB official asked to comment on the competition for leadership on the regional integration process raised doubts about whether the IDB would continue to place as high a premium or amount of resources on IIRSA in the coming years.

An open question is whether the emergence of Banco del Sur reflects upon the CAF as part of the solution or part of the problem? Does the CAF, a largely regionally owned and operated Bank fall into the camp of non-responsive, Northerner controlled public banks?  The current governance structure of the CAF is a Presidentialist structure, offering considerable decision making leeway to Enrique García to exercise policy and even approved loans independently.  The current board includes 17 members (all Latin American), plus Spain and 12 commercial banks.



The growing relevance of the CAF as the primary lender to Andean countries is indisputable, shown graphically above.  On average the CAF lends over half of its total portfolio ($3 billion) to Venezuela, Colombia, Peru, Bolivia and Ecuador.  As a group, the CAF represents of 50% of all MDB lending, and in some years (2002) as much as two thirds has come from the CAF.  While Venezuela has virtually ended borrowing from the IDB, World Bank and IMF since 2000, the government of President Chavez has maintained a healthy flow of $650 million annually from the CAF.

The lack of virtually any transparency regarding the most basic of CAF functions leaves final judgment about the probity of this institution to speculation.  Implicit in the remarks of the Finance Ministers of Banco del Sur members is a similar critique of the Corporación Andino de Fomento, which is actually the largest lender to more the five Andean countries.  Oddly, these same countries are some of the CAF’s largest, most unapologetic borrowers.  Some of the Andean borrowing members greatly value the CAF’s proximity to the region as well as the rapid disbursement process for large loans (as low as three months).

Clearly, the announcement of the Banco del Sur reflects the severity of the ongoing crisis of relevance in which the IDB finds itself. The stated goals of this new Bank— access to development finance that is not subject to US influence or non-borrower conditionality—only underscores a trend in Latin America distancing itself from multilaterals perceived as out of touch and often siding with the US against regional interests. This trend will continue with or without the Bank of the South.   Venezuela and its associates in this new venture are both correct and savvy to drive deeper doubts between the Bretton Woods institutions and their Latin American clients.  For the IDB, the run has lasted almost a half century, with the 50th anniversary coming in March 2009 in Cartagena.

However, beyond the politics of calling for new, sovereign Latin American finance institutions, the real work of creating them now underway will have many pitfalls.  The first and most obvious is the influence that the IDB and sister institutions retain in preserving the status quo.  This power ranges from new conditionality on existing and future commitments from Latin American borrowers to the cherished relationships with the gatekeepers of the international markets.  Particularly if the regional or global economy slides into a recession, as is expected by some economists within the next 2-3 years, this dependence on the IDB for budget support will have its cost.  The closest regional allies of Washington in the IDB Board (Mexico, Colombia, Peru, Central America and some of the Caribbean members) will almost certainly close ranks with the U.S. to oppose the Banco del Sur.

A second related pitfall involves the shortcuts that might be taken in the design of the Banco del Sur.  In his remarks to the IDB Board of Governors at the Annual Meeting in March, Ecuador’s Finance Minister Ricardo Patiño Aroca call for structural changes among public lenders showcased the unfulfilled expectations that a growing number of Bank members have had in the IDB after nearly a half century of lending to the region.  “A new financial system and a new international financial code must be structured – one that a) through new and existing multilateral institutions target lending at developing human potential to obtain, individually and collectively, the goods and services that are needed for a decent life; b) limit returns on financial capital so that society’s consumption capacity and productive activity are not throttled; and c) puts in place dispute settlement and arbitration mechanisms based on the criteria here presented.  In a word: a new financial system and financial code that place money in the service of life and not life in the service of debt.”

The extent to which the Banco del Sur comes to represent a true alternative to the flawed IFI policies of the past will depend upon demonstrable commitments to transparency, participation, and accountability.  While the IDB has failed to meet these standards after 50 years, the task for the Banco del Sur will be made even more formidable due to the pressure to begin disbursing and the lack of any similar policies at the CAF, BNDES, FonPlata or other state institutions that could become the new Bank’s principal borrowers.   The design of environmental and safeguard policies should raise the bar (rather than lower it) for competing institutions.  A consultative group on best practices in the design of such safeguard policies might represent an important first step in this direction.

Finally, distinction from the failed IFI policies and projects of the past will also depend on Banco del Sur clearly articulating in its lending framework its definition of effective development.  Implicit in this framework would be a public system to be held accountable to the stated principals and strategic objectives.  Demonstrable evidence of impact rather than lending volume will ultimately distinguish the Banco del Sur from its competitors.  Clear statements will be needed about how such impact will be assessed.

While these proposals to strengthen accountability and other safeguard polices at the Banco del Sur may seem excessive for an institution that is just forming, to avoid addressing these challenges at the outset would have even greater costs.  Among those costs, would be the acceleration of the ongoing race to the bottom in lending standards related to high risk infrastructure projects in Latin America.  By introducing these policies up front, the Banco del Sur has the opportunity to hold other lenders to the higher articulated standards and become the financial force for change the region so desperately needs.


Conclusion:  10 Questions from Civil Society for Banco del Sur

  1. How will the policy framework of the Banco del Sur distinguish the institution from its competitors (IDB, CAF, World Bank)?
  2. Will the Banco del Sur subscribe to the grand integration mega-projects associated with U.S. influence in Latin America (the various manifestations of free trade, Plan Puebla Panamá, and IIRSA)?
  3. Will the Banco del Sur subscribe to the various sustainability protocols?
  4. What will be the criteria for prioritizing future lending (poverty or inequality reducing impact, public sector institution, etc.)?
  5. Will the Banco del Sur offer balance of payments support lending?
  6. What are the plans for a monitoring and evaluation framework to compare the results of Banco del Sur with other institutions?
  7. What are the models for the Bank’s safeguard policies?
  8. What are the Bank’s commitments to transparency, citizen participation and accountability mechanisms, and beginning with the design of the Banco del Sur itself?
  9. What are the principles for the governance structure including the voting power of member governments?
  10. Will Banco del Sur’s membership be limited to Latin America or will it include Asia and Africa?

Chavez wants out of IMF, World Bank  (May 1, 2007) http://money.cnn.com/2007/05/01/news/international/bc.imf.venezuela.reut/?postversion=2007050109

“Nadie tendrá la hegemonía en el Banco del Sur” http://www.mf.gov.ve/

See Bank Information Center Wolfowitz Watch, /

“The fact is that tens of millions of our brothers and sisters to the south have seen little improvement in their daily lives.” Larry Rohter, (March 6, 2007) “Bush to Set Out Shift in Agenda on Latin Trip” New York Times.

See IDB (2005) Annual  Report on Project Management, Results and Execution (ARPRE) report http://www.iadb.org/IDBDocs.cfm?docnum=815185 and IDB 2006 Annual Report.

Argentinean President Néstor Kirchner signed Thursday with the head of the Inter-American Development Bank, Luis Alberto Moreno, and a $3.85 billion credit for infrastructure projects in the north of Argentina. [Agencia Diarios y Noticias (Argentina)/Factiva]

The Dialogue Reporter (April 2007) Inter-American Dialogue, http://www.thedialogue.org

Adriana García, Brasil desea integrar proyecto Banco del Sur, Reuters, April 16, 2007

The US produces 20 billion liters of corn-based ethanol a year, while Brazil produces 17 billion liters a year made from sugar cane.  Together, the U.S. and Brazil account for two thirds of the world’s ethanol production.

IDB targets $3 billion in Private Sector Biofuels Projects, April 2, 2007 http://www.iadb.org/NEWS/articledetail.cfm?Language=En&parid=2&artType=PR&artid=
3779

http://www.iadb.org/secci/index.cfm?language=EN&parid=1

Benedict Mander, “Chávez seeks to defuse Brazil rift on ethanol,” Financial Times, 4.18.07 http://www.ft.com/cms/s/3553a486-ed4a-11db-9520-000b5df10621,dwp_uuid=8fa
2c9cc-2f77-11da-8b51-00000e2511c8.html

IDB Annual Meeting Speeches, http://www.iadb.org/am/2007/speeches.cfm