Sobre las circunstancias que afectan a la creación del Banco del Sur

Éric Toussaint


Dos tendencias opuestas están presentes en Latinoamérica

Por una parte, recipe los gobiernos de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea consiguen sellar con los países de la región acuerdos bilaterales de libre comercio, shop favorables a las empresas del Norte. Las privatizaciones masivas de los años ochenta y noventa se hicieron en beneficio de éstas, para controlar un gran número de sectores económicos vitales para el desarrollo. Los flujos de capitales van de la región a los países más industrializados, mediante el mecanismo de la deuda, la repatriación de los beneficios de las multinacionales del Norte, la fuga de capitales organizada por los capitalistas latinoamericanos; mientras que la deuda pública interna sigue en fuerte aumento, las condiciones de vida se estancan y los más explotados se empobrecen aún un poco más, aunque algunos programas de asistencia pública limiten los daños (Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador).
Por otra parte, las numerosas movilizaciones populares de los últimos años se reflejan en la elección de gobiernos, algunos de los cuales buscan invertir el curso histórico de los últimos treinta años y afrontar la situación descrita en el párrafo anterior, reinstaurando un control público sobre los recursos naturales del país (Venezuela, Bolivia, Ecuador), sobre otros sectores claves de la economía (Venezuela) y haciendo fracasar algunos proyectos estratégicos de Estados Unidos (fracaso del ALCA en noviembre de 2005 y dificultades para ejecutar el plan Colombia, debido a la oposición de Venezuela, Ecuador, |1| y Bolivia). Algunos gobiernos emprenden reformas sociales y aplican una política redistributiva. Venezuela desde 1999, Bolivia desde 2006 -y dentro de poco Ecuador-, han emprendido una modificación de sus constituciones en un sentido más democrático. La Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) agrupa a Venezuela, Bolivia, Cuba, Haití, Nicaragua y, como observador, Ecuador. Rafael Correa despidió el 26 de abril 2007 al representante del BM en Ecuador. Hugo Chávez anunció el 30 de abril 2007 que Venezuela se retiraba del FMI y del BM. Bolivia indicó que deja de reconocer la autoridad del CIADI, el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos relativos a las Inversiones, que depende del BM. En este panorama, la creación de un Banco del Sur |2| proyectada para fines de 2007 es una pieza importante de esta contra-tendencia.

Los preparativos del Banco del Sur

Desde febrero de 2007, Argentina y Venezuela, a los cuales se ha asociado Bolivia, se pusieron de acuerdo para crear el Banco del Sur. A estos tres países se agregaron rápidamente Ecuador, Paraguay, y desde hace muy poco Brasil (oficialmente desde el 3 de mayo de 2007). El texto que fue sometido a discusión a los ministros -antes de que Ecuador interviniera en la elaboración con una propuesta original- con fecha del 29 de marzo había sido redactado por Argentina y Venezuela. La propuesta ecuatoriana fue elaborada por el ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Ricardo Patiño, y cuatro miembros de su gabinete, a los cuales se unieron tres extranjeros, Jorge Marchini |3|, Oscar Ugarteche |4| y yo mismo |5|. Esta propuesta, elaborada en alrededor de 15 horas, fue sometida el lunes 30 de abril al presidente, Rafael Correa, que ratificó las grandes líneas. El 3 de mayo, en la reunión ministerial, presidida por el presidente de Ecuador, se aprobó la Declaración de Quito. Lo que ahora está programado es una cumbre presidencial, que tendrá lugar antes de fines de junio 2007. En ella se adoptará el texto que definirá qué es el Banco del Sur y proclamará la creación definitiva de esta institución.

¿Qué orientación propugnaba el texto redactado por Argentina y Venezuela?

El texto inicial redactado por Argentina y Venezuela (el 29 marzo 2007) tiene elementos que provocan a la vez sorpresa y rechazo. Este proyecto habría sido el único sometido a discusión de la reunión ministerial de Quito si Ecuador no hubiera decidido elaborar una nueva propuesta.
Primer elemento: el diagnóstico de partida incluye consideraciones perfectamente compatibles con la visión neoliberal -la visión del Banco Mundial, del pensamiento económico dominante, de la clase capitalista- sobre la causa de las debilidades de Latinoamérica. El texto pone en evidencia que el escaso desarrollo de los mercados financieros es la causa principal de los problemas de Latinoamérica. Las consideraciones generales precisan que es necesario promover la constitución de empresas multinacionales de capital regional, sin especificar que sean públicas, privadas o mixtas. Sin salir de las consideraciones generales, dice que se trata de estimular el desarrollo de los mercados de capitales y de los mercados financieros regionales.
Segundo elemento: el proyecto propone la creación de un Banco del Sur, que tendría las funciones de un Banco de Desarrollo y de un Fondo Monetario de Estabilización, al mismo tiempo. Un Fondo de Estabilización consiste en un organismo que ayude a los países de la región cuando, por ejemplo, se vean sometidos a ataques especulativos. Para hacer frente a estos ataques, los países necesitan reservas de cambio importantes para protegerse. El proyecto común de Argentina-Venezuela propone un solo organismo, llamado Banco del Sur, cuyas funciones sean a la vez las de un banco de desarrollo y de un fondo monetario. No hay en esto nada objetable. Por el contrario, lo que puede resultar chocante es que se insista en que su función sea el desarrollo de los mercados de capitales, de la industria, de las infraestructuras, de la energía y del comercio. En este proyecto no se da prioridad, en absoluto, a la protección del ambiente o a las políticas culturales y educativas. Visto el diagnóstico de partida, podemos temer que las políticas macroeconómicas que recomendarán se mantengan en la lógica del ajuste estructural y de las políticas monetaristas ortodoxas. También que el Banco del Sur se endeudará en los mercados financieros.
Tercer elemento importante y discutible: la propuesta de Argentina y Venezuela prevé que los derechos de voto se atribuyan en función del aporte de cada país. Así, si Argentina aporta el triple que Ecuador o Paraguay, tendrá también el triple de derechos de voto. Se aplica, por lo tanto, el mismo sistema de repartición de votos que tienen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Se sigue así un criterio antidemocrático y se haría en esta institución, en cuanto a su funcionamiento, lo que se critica en otro lado. En cuanto a los miembros, la propuesta de Argentina y Venezuela abre la posibilidad de que Estados de Asia y de África participen con un estatus de observadores en el Banco. Esto es positivo, ya que de esta manera aumenta su dimensión como institución del Sur. Pero, a pesar de que no está explícito, podemos pensar que habrá una plaza para las instituciones financieras multilaterales. Sabemos, por otro lado, que en las discusiones que tuvieron lugar en marzo y abril de 2007, algunos miembros de los gabinetes, especialmente de Argentina, pensaban que el BM y el BID podrían ser accionistas del Banco del Sur, sin derecho de voto. Lo más grave está en la última parte, en el capítulo 8, donde se habla de «Inmunidad, Exención y Privilegio», lo que es una reproducción de los estatutos del BM, FMI y BID. También se dice en este proyecto, en el artículo 42, que los archivos son inviolables, lo que quiere decir que sería imposible hacer una auditoría al Banco del Sur. Y en el artículo 45 -allí es simplemente un «cortar y pegar» de los estatutos del BM y del FMI-, leemos que existe inmunidad total con relación a los procedimientos judiciales y administrativos, relativos a los actos ejecutados por sus funcionarios en el marco de sus misiones.
El texto propuesto por Argentina y Venezuela es totalmente coherente con la orientación política del gobierno de Kirchner en Argentina, pero, por el contrario, es totalmente incompatible con las posiciones adoptadas por Venezuela. Una explicación plausible es que los delegados argentinos y venezolanos que redactaron este texto eran técnicos formados en universidades anglosajonas y favorables a la dominante economía neoliberal. Podemos suponer que este texto nunca fue leído, aprobado y asumido por el presidente de Venezuela.

Frente al texto argentino-venezolano ¿qué prevé el proyecto presentado por Ecuador?

Ecuador propone tres instrumentos: un Fondo Monetario Regional, un Banco del Sur y la creación de una unidad monetaria del Sur, una moneda única sudamericana que permitiría los intercambios entre los países de Latinoamérica sin tener que recurrir al dólar, como sucede en general actualmente. Este tercer instrumento fue aceptado por Argentina, Venezuela, Brasil, Paraguay y Bolivia.
El texto propuesto por Ecuador comienza con consideraciones generales importantes. La primera consiste en que los dos organismos, Fondo Monetario del Sur y Banco del Sur, o el organismo único si sólo se crea el Banco del Sur, deben garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos y permitir la aplicación de los acuerdos, criterios y tratados internacionales que se refieren a los derechos económicos, sociales y culturales. Se ve enseguida que el enfoque ecuatoriano no es comercial ni economicista. Es un enfoque en términos de derechos humanos. Se trata de implementar herramientas económicas que deben servir para garantizar la aplicación de los derechos humanos fundamentales. En las consideraciones se tiene en cuenta también que las políticas de tipo neoliberal del BM y FMI -está dicho implícitamente-, llevaron al agravamiento de las condiciones de vida de una gran parte de las poblaciones, a un aumento de las desigualdades en la distribución de los ingresos y de las riquezas, a una pérdida del control de los países de la región de sus recursos naturales, a un aumento de la tendencia migratoria. Frente a esto, es necesario poner en práctica políticas públicas tendientes a reforzar las estructuras que permitan a los países recuperar el control sobre los recursos naturales y su aparato productivo en la región, de los cuales una buena parte ha pasado a manos de las transnacionales del Norte.

¿Cuáles son las otras propuestas originales de Ecuador concernientes al Banco del Sur?

Lo más importante es que estos dos organismos no deben endeudarse en los mercados de capitales, a diferencia del Banco Mundial y del BID. Hay que decir que el BM, que se endeuda en los mercados de capitales, justifica a menudo su política neoliberal con el argumento de que es fundamental mantener la mención AAA como banco de préstamos en el mercado de capitales para a su vez conseguir fondos con el interés más bajo. Si se quiere desarrollar políticas que no buscan la rentabilidad a cualquier precio, no hay que depender de esta notación. Es por ello por lo que el capital del Banco del Sur, que le permita conceder préstamos, debería provenir de cuatro fuentes:
1. Un aporte de capital de los países miembros.
2. Préstamos que los países miembros le harían al Banco, pero que serían contratos que no dependieran de los bonos emitidos en los mercados de capitales regionales o del Norte.
3. Impuestos globales comunes, o sea, diferentes tipos de impuestos globales que serían aplicados por los países miembros y cuya recaudación sería transferida al Banco de Desarrollo, tales como la Tasa Tobin, impuestos sobre las ganancias repatriadas por las transnacionales, de protección al medioambiente, etc.
4. Donaciones.
Si un Fondo Monetario del Sur fuera instaurado, está previsto que el dinero que dispondrá para ayudar a los países que lo necesitaran provendrá de una parte de las reservas que cada Estado pone a disposición del Fondo en caso de necesidad. El Fondo podrá disponer, en caso de necesidad, del 20 % de las reservas de cambio de todos los países miembros. Por ejemplo si Bolivia sufre un ataque especulativo, inmediatamente el Fondo pide a los Bancos Centrales de los países miembros que le hagan una transferencia, en pocas horas, del 20 % de sus reservas para ser utilizadas en la defensa de dicho país. Hay que hacer una precisión importante: esto quiere decir que no se bloquean los fondos en forma permanente, se los reúne sólo en caso de necesidad.
Otro elemento importante dentro de los principios generales de la propuesta ecuatoriana es que los interlocutores del Banco del Sur o del Fondo son los Estados miembros. La idea es conceder préstamos destinados a las empresas públicas, a pequeños productores, al sector cooperativo, a las comunidades indígenas, etc. En principio, el Banco no prestará a las grandes sociedades transnacionales del Sur, como las que existen en Sudamérica: Petrobras, gran sociedad brasileña mixta privada-pública; PDVSA, la empresa petrolera venezolana; Techint, empresa privada argentina… No es a estas empresas a las que el Banco les prestará dinero, sino al sector público, a pequeños productores, a las comunidades locales, a los municipios, a las provincias, etc. Se les prestará el dinero a través de los Estados miembros. La idea es evitar que el Banco del Sur se convierta en un «mastodonte», como ocurre con el BM, que tiene cerca de 13.000 empleados que van por el mundo, en múltiples misiones eludiendo el contacto con los gobiernos centrales de los países del Sur. Estas misiones debilitan deliberadamente a los poderes públicos. Se piensa en una estructura del Banco sin demasiados empleados y cuyos interlocutores sean los Estados. El objetivo es que los Estados, de acuerdo con la orientación del Banco, presten principalmente a quienes lo necesitan, para la aplicación de un modelo alternativo, respetuoso con el medioambiente, que busca promover la justicia social y que ayude a los que no tienen fácil acceso a los capitales. Por lo tanto, por definición, en principio no se prestará a las grandes empresas privadas.

Otras diferencias entre el proyecto presentado por Ecuador y el argentino-venezolano

Según el proyecto ecuatoriano, está previsto que cada Estado miembro debe implementar un mecanismo para que, todos los años, se rinda cuenta del funcionamiento y de la actividad del Banco y del Fondo. Este mecanismo debe incluir una discusión parlamentaria pública.
En lugar de decir que los archivos son inviolables, el principio elegido es que estos forman parte del dominio público. Puede haber algunas excepciones provisorias, algunas decisiones del Fondo pueden ser momentáneamente de carácter confidencial en relación con ataques especulativos.
Los funcionarios del Banco y del Fondo deberán pagar sus impuestos.
No hay inmunidad. Se indica que los funcionarios del Banco o del Fondo son responsables de sus actos ante la justicia. Finalmente, se prevé que el Banco y el Fondo, en tanto que personas morales, pueden ser procesados.

¿Qué balance podemos hacer de la reunión ministerial del 3 de mayo de 2007?

En primer lugar, hay que señalar que Brasil, que hasta ese momento dudaba de su participación en el Banco, afirmó que se adhería a este proyecto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este país, conforme a su política económica y social, y a la política exterior del gobierno de Lula, ve sobre todo a este Banco como un instrumento de política comercial, habla esencialmente de un bloque económico y toma como modelo, sin ninguna crítica, a la Unión Europea (UE). Para el CADTM y para una serie de movimientos sociales -europeos o no- la UE, tal como está constituida, no es en absoluto un modelo. Por supuesto que hay aspectos positivos importantes: el hecho de tener una moneda única, un espacio en el cual las fronteras internas se han suprimido y permiten en gran medida la libre circulación de las personas. Pero es cierto que el modelo actual de la Unión Europea promueve la aplicación de políticas neoliberales, favorece mucho más la circulación de capitales que de personas, ya que está restringido el desplazamiento de los ciudadanos de los nuevos Estados miembros del Este. La UE provoca una competencia muy fuerte entre los trabajadores. En el marco de la Unión, no ha habido nivelación hacia arriba de los códigos de trabajo ni de las obligaciones patronales con los trabajadores. Allí donde todavía existen sistemas de seguridad social favorables se busca su privatización, como en Hungría después de haber entrado en la UE.
Esta visión acrítica de la Unión Europea expresada por Brasil, es, con seguridad, compartida por otros países latinoamericanos, ya sea porque se hacen ilusiones sobre la UE, ya sea -y es lo más probable- porque con pleno conocimiento de causa comparten la idea de que es necesario privilegiar un modelo muy cercano al neoliberalismo. Estos países encuentran que la UE esta muy bien bajo su forma actual.

¿Qué podemos pensar de la adhesión de Brasil al Banco del Sur?

Dado el peso de la economía brasileña en Latinoamérica, la participación de Brasil da un impulso de salida al Banco significativamente muy importante. El problema con Brasil es la orientación del gobierno de Lula y del modelo económico y social que pone en práctica. Está claro que la integración de Brasil en el Banco del Sur lo escora a un esquema mucho más tradicional, no demasiado alejado del neoliberalismo, mientras que si Brasil no participara sería más simple llegar una definición más cercana al modelo alternativo que proponemos. Pero Brasil está en el Banco del Sur porque no puede estar ausente: si las bases del Banco no hubieran sido elaboradas a iniciativa de Venezuela y Argentina, Brasil ni siquiera se habría interesado. Pero para mantener su papel dominante no puede estar ausente del Banco del Sur.
Si nos ponemos en el lugar de Ecuador, Venezuela y Bolivia, comprenderemos el interés que muestran estos países en tener a Brasil en el Banco, puesto que es una potencia económica importante y porque una serie de gobiernos progresistas de la región desean mantener buenas relaciones con este país para evitar que refuerce su acercamiento a Estados Unidos, lo que debilitaría la región frente a la agresividad estadounidense. Existe un verdadero juego diplomático y geoestratégico. Lo ideal sería que el gobierno brasileño adoptara una política realmente de izquierda, alternativa a su alianza con Estados Unidos y a su apoyo prácticamente exclusivo a la industria agroexportadora o industrial exportadora que parte a la conquista de los mercados de la región. Pero estamos lejos de ello.

¿Qué tendencia predomina en el ámbito regional?

El gobierno actual de Paraguay es un gobierno de derecha, y podría ser reemplazado después de las elecciones presidenciales de este año. Un cura de izquierda podría ganar las elecciones. Del lado argentino, hay una retórica anti-FMI y anti-neoliberal, pero el gobierno argentino adopta una orientación de refuerzo al capitalismo en Argentina. Existen dos grandes iniciativas en Latinoamérica en este momento: por una parte este Banco del Sur y por otra, el Mercosur, que se extiende. Al principio comprendía Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela, que busca una alianza regional más fuerte en oposición al ALCA promovida por Estados Unidos, se ha adherido al Mercosur, al igual que Bolivia, y Ecuador está como observador. Tenemos por lo tanto un bloque económico que se define principalmente por las relaciones comerciales y económicas, y que está dominado por el sistema capitalista. Este bloque permite reforzar los intercambios y favorece cierto tipo de integración regional.
Por otra parte, existe otra iniciativa, el ALBA, la Alternativa Bolivariana para las Américas, en la cual participan Venezuela y Bolivia, y se han sumado Cuba, Haití, Nicaragua y Ecuador en calidad de observador. Cinco días antes de la reunión de Quito sobre el Banco del Sur, se realizó una reunión en Venezuela sobre el ALBA, que es una propuesta de integración política cuyo eje central está constituido por Cuba-Venezuela-Bolivia. Los gobiernos de estos tres países afirman explícitamente que su orientación está enfocada a instaurar el «Socialismo del siglo XXI», una orientación anticapitalista y antiimperialista, que tiene como objetivo la solidaridad entre los pueblos.
Por consiguiente, en Latinoamérica y en el Caribe estamos en un escenario muy particular, donde tenemos dos tipos de proyectos, en parte competidores, pero que coexisten, puesto que varios países son miembros de ambos. Venezuela y Bolivia están en el Mercosur y también en el ALBA, ya que ésta tiene una orientación mucho más a la izquierda que el Mercosur y porque Cuba está en ella. Brasil, sin oponerse a Cuba, afirma claramente su amistad al gobierno de Washington.
El Banco del Sur está entre estas dos tendencias, aunque más cerca del Mercosur que del ALBA. No incluye a miembros clave del ALBA, comenzando por Cuba, pero también Haití y Nicaragua. Por supuesto, sería lógico que el Banco del Sur en un futuro se extendiera al Caribe y a Centroamérica -y por qué no a México, si hubiera un cambio de gobierno- y desarrollara relaciones privilegiadas con países en desarrollo de otros continentes, como África y Asia. El Mercosur es un bloque esencialmente económico, muy dominado por Brasil, que ejerce un tipo de «subimperialismo», una potencia económica que domina a sus socios en la región. Que sea Argentina, Venezuela, Ecuador o Paraguay, todos tienen una balanza de pagos negativa con Brasil. Este país les exporta mucho más de lo que de ellos importa. Por otra parte, está dotado de empresas transnacionales, como Petrobras, que controla sectores económicos clave de sus vecinos. Con otras transnacionales esta petrolera se impone en el sector del gas y el petróleo boliviano; otras empresas brasileñas tienen una fuerte presencia en Paraguay. El Mercosur, dominado por Brasil, aliado a Argentina, se parece más a la Unión Europea, dominada por el trío franco-germano-británico, con una orientación claramente capitalista neoliberal, mientras que el ALBA es un proyecto más político que económico, basado sobre todo en los intercambios de tipo trueque o donaciones. Venezuela hace importantes donaciones a Nicaragua, Bolivia y Haití. El ALBA me parece un proyecto realmente interesante. ¿Qué es lo que va ser determinante? Será la orientación política de los gobiernos y la lucha de los movimientos sociales.
Ecuador tiene una orientación radical, favorable a un reparto de ingresos en favor de los más explotados, de los más oprimidos. No renovará el acuerdo para ceder la base militar de Manta a Estados Unidos a partir de 2009. Cuestiona el tipo de explotación petrolera que destruye una parte de su territorio en el Amazonas, por ejemplo. Se observa con claridad que la política de Ecuador, desde ese punto de vista, está más próxima a la de Venezuela y a la de Bolivia que a la de Brasil. En Paraguay se podría producir un cambio, con un presidente izquierdista. Por otra parte, no hay que excluir grandes movilizaciones en Brasil, en particular, por parte del Movimiento de los Sin Tierra (MST), que impulsa la acción por una verdadera reforma agraria, en oposición a la política de Lula. Se podría tener en los meses y años venideros un refuerzo de la dinámica de los pueblos en acción y del proyecto del ALBA. La orientación del Banco del Sur dependerá de los gobiernos que sostengan su creación. Aunque hay que temer que predomine la orientación avanzada por Brasil y Argentina, el juego todavía está abierto. Es ahora cuando hay que dar todo el apoyo posible para que el proyecto del Banco del Sur concrete todas las esperanzas que suscita.


Notas

|1| El presidente ecuatoriano Rafael Correa anunció que no renovará la concesión de la base militar de Manta al gobierno de Estados Unidos, cuando finalice dicha concesión, en el año 2009.

|2| Ver varios materiales sobre el Banco del Sur: http://www.cadtm.org/rubrique.php3?… y http://www.cadtm.org/es.mot.php3?id…

|3| Miembro de Economistas de Izquierda de Argentina (EDI), miembro del Observatorio Internacional de la Deuda (OID) y profesor de Economía en la Universidad de Buenos Aires.

|4| Profesor de Economía en la Universidad de México. Miembro de la Organización Latindadd y del OID.

|5| El presente texto sólo compromete a su autor.

Eric Toussaint : Doctor en Ciencias Políticas, Presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo – Bélgica www.cadtm.org , autor de Banco mundial: el golpe de estado permanente. La agenda oculta del Consenso de Washington, Editorial Viejo Topo (Barcelona), 2007, autor de Banco del Sur, marco internacional y alternativas

Traducción: Griselda Pinero y Raúl Quiroz

The Bank of the South: a review of what is at stake

Éric Toussaint

Two opposite tendencies at play in Latin America

On one hand, the United States government and the EU countries make bilateral free-trade agreements with the countries of the region – an arrangement which benefits their own companies. These companies have taken advantage of the massive privatizations of the 1980s and 1990s to take control of numerous economic sectors that are vital for development. Capital flows go out of the region to the most industrialized countries via debt servicing, medicine repatriation of profits made by the trans-national corporations of the North, treatment and flight of capital organized by Latin-American capitalists. The internal public debt is on the rise, living conditions are stagnating and the people most exploited are further impoverished, despite the mitigating effect of certain public aid programmes (in Brazil, Argentina, Venezuela, Ecuador).

On the other hand, a number of popular mobilizations in the last few years has led to the election of new governments, some of which are trying to reverse the course of the last thirty years and counteract the first tendency described above by re-establishing public control over the country’s natural resources (Venezuela, Bolivia, Ecuador), over other key sectors of the economy (Venezuela) and by foiling certain strategic projects of the United States (failure of the FTAA in November 2005 and difficulty in implementing Plan Colombia due to the opposition of Venezuela, Ecuador |1| and Bolivia). Certain governments undertake social reforms by following a re-distributive policy. Venezuela since 1999, Bolivia since 2006, and shortly afterwards Ecuador, decided to modify their constitution in a democratic direction. The Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean (ALBA) brings together Venezuela, Bolivia, Cuba, Haiti, Nicaragua and, as an observer, Ecuador.

The creation of a Bank of the South scheduled for the end of 2007 is a kingpin of this counter-tendency.

Preparations for the Bank of the South

By February 2007, Argentina and Venezuela, joined by Bolivia, had reached an agreement for creating the Bank of the South. Very soon Ecuador, Paraguay, and more recently, Brazil (since 3 May) officially joined these three countries. The text submitted for ministerial discussion, before Ecuador intervened with an original proposal, was dated 29 March and took the form of a proposal put forward by Argentina and Venezuela. Ricardo Patiño, the Finance Minister of Ecuador, and four members of his cabinet drew up the Ecuadorian proposal. Three non-Ecuadorians, Jorge Marchini |2|, Oscar Ugarteche |3| and myself, were involved in the process. On 30 April, the Finance Minister, accompanied by his cabinet and myself, submitted this proposal (produced over some fifteen hours on 27, 28 and 29 April) to President Correa. President Correa ratified this proposal, which was immediately sent to the representatives of the other countries. The ministerial meeting, held on 3 May in Quito and chaired by the President of Ecuador, lasted some 4 to 5 hours. I was invited to be a part of the Ecuadorian delegation. The other countries were represented by their Finance Minister, and, as a general rule, by a deputy minister or a cabinet member.

The focus is now on a presidential summit, due to take place before the end of June as per the Quito Declaration. This summit will adopt a text defining the Bank of the South and proclaiming the final creation of this institution.

What was the orientation of the text drafted by Argentina and Venezuela?

The initial text drawn up by Argentina and Venezuela is in its way both surprising and shocking since the initial diagnosis includes considerations that are completely in line with the neo-liberal view, the view of the World Bank (WB), the view of dominant economic thinking, and the view of the capitalist class regarding the reasons for Latin America’s deficiencies. The text observes that under-development of the financial markets is the main cause of Latin America’s problems. In its general considerations, it specifies the need to promote the establishment of multinational corporations with regional capital, without mentioning that they must also be public. Knowing Argentina’s leanings, the fact that nothing is said about the corporations being public is as good as saying that they are private, or that they are mixed. The general considerations also make it clear that this means promoting the development of capital markets and regional financial markets.

Second element: the project proposes the creation of a Bank of the South, which would operate both as a Development Bank and a Monetary Stabilization Fund. A Monetary Stabilization Fund means a regional organization that comes to the aid of the countries of the region when they are faced, for example, with hostile takeovers. They need important exchange reserves in order to protect themselves from these speculative attacks. The joint Argentine-Venezuelan project proposed only a single organization called the Bank of the South, which can operate like a Development Bank and a Monetary Fund at the same time. There is nothing shocking about this. What is shocking is that once again the declared purpose is to develop capital markets, to promote industry, and to encourage the development of infrastructure, energy, and trade. Environmental protection or cultural and educational policies are left out of the picture. Considering the initial diagnosis, it is to be feared that the recommended macro-economic policies will remain within the logic of Structural Adjustment and orthodox monetarist policies. It is also said that the Bank will borrow on the financial markets.

The important and shocking third element: the proposal from Argentina and Venezuela envisages voting rights according to each country’s contribution. Thus, if Argentina contributes three times more than Ecuador or Paraguay, Argentina’s voting rights will be three times more. This is precisely the system of voting rights prevailing in the WB, the IMF, and the IABD (Inter-American Bank of Development). An anti-democratic criterion is proposed for this new institution, thus creating, at the operational level, an exact replica of what is severely criticized elsewhere. As regards membership, the Argentine and Venezuelan proposal evokes the possibility of participation in the Bank by African and Asian states, which will enjoy observer status. This is positive because it expands the scope of the South. But, while it has not been explicitly stated, there is a likelihood that a place will also be granted to multilateral financial institutions. It has been learned from other sources that in the discussions of March and April 2007, certain members of the cabinet, particularly from Argentina, envisaged that the WB and the IABD could be shareholders (without voting rights) of the Bank of the South. And to crown it all, the last part, chapter 8, entitiled “Immunity, Exemption and Privilege”, is exactly based on the statutes of the WB, the IMF and the IABD. Article 42 of this project states that records are inviolable, that is to say that audits of the Bank of the South will not be possible. It is also stated that the bank’s personnel, directors, officials and employees are tax-exempt. Article 45 states – and here we have a simple copy-paste of WB and IMF statutes – that there is total immunity regarding the legal and administrative procedures relative to acts committed by civil servants in the context of their mission.

This project came out of the meetings of a technical commission and would have been the only project submitted for discussion had Ecuador not decided to produce a new proposal. The text proposed by Argentina and Venezuela is completely consistent with the prevailing direction and policy of the Kirchner government in Argentina; on the other hand it is completely inconsistent with the positions adopted by Venezuela. A plausible explanation: the Argentinian and Venezuelans sherpas who created this text are technicians trained in Anglo-Saxon universities, and who are favourable to the dominant neo-liberal economy. One can only hope that this text was not really read, approved and adopted by the Venezuelan President.

What does Ecuador’s proposal contain, compared to the Argentinian-Venezuelan text?

Ecuador proposes three instruments: a Regional Monetary Fund, a Bank of the South and the creation of a common currency of the South. Ecuador proposes a shift towards a South American currency, which would allow the countries to trade between themselves in their own currency, whereas today trade between Latin American countries is conducted primarily in dollars. This third instrument was immediately accepted by Argentina, Venezuela, Brazil, Paraguay and Bolivia.

The text proposed by Ecuador starts with some important general considerations. The first consideration states that the two organizations – the Southern Monetary Fund and the Bank of the South, or the single organization if there is only a Bank of the South, must guarantee the effective application of human rights and must allow for the application of international agreements, criteria and treaties which relate to economic, social and cultural rights. It is an approach expressed in terms of human rights. It means setting up economic tools to be used for ensuring the application of fundamental human rights. Another basic consideration is that neo-liberal policies of the WB and the IMF type (and this is said implicitly) have led to a deterioration in the living conditions of large sections of populations, to an increase in inequalities in the distribution of income and resources, to a loss of control by the countries of the region over their natural resources, and to a strengthening of the migratory trend. To counter all this, public policies must be implemented to reinforce public structures, enabling countries to regain control of their natural resources and their regional productive apparatus, a large part of which has passed into the hands of trans-national companies in the North.

What other original proposals have been made by Ecuador regarding the Bank of the South?

It is important that these two organizations should not be indebted to the capital markets, as the World Bank and the IABD are. It should be noted that the WB, which is indebted to the capital markets, very often justifies its neo-liberal policy by explaining that it is fundamental to maintaining its AAA rating as a borrowing bank in the capital market, allowing it to borrow at the lowest rate. If we want to follow policies where profitability is not the first concern, we must not depend on this rating. This is why the capital of the Bank of the South, which enables it to grant loans, must come from four sources:
- 1) from a capital contribution from the member countries;
- 2) from the Bank’s borrowing from member countries (contracts that do not depend upon bonds issued on regional or Northern capital markets);
- 3) from common global taxes, namely various types of global taxes to be applied by the member countries, with receipts being transmitted to the Development Bank, like a Tobin tax, a tax on income repatriated by the trans-national companies, a tax for environmental protection, etc;
- 4) from donations. If a Southern Monetary Fund is set up, it is planned that the money used to aid needy countries would be part of the reserves of each member State which are put at the Fund’s disposal in case of need. When necessary, the Fund can call on 20% of the exchange reserves of all the member countries. For example, if Bolivia is attacked by speculators: immediately the Fund asks the Central Bank of Brazil, Argentina, Venezuela, Paraguay and Ecuador to transfer, in a few hours, 20% of their reserves to defend Bolivia. It is important to note that the funds are not permanently blocked; they are pooled only in the event of need.

Another major element in the general principles of the Ecuadorian proposal is that the interlocutors of the Bank of the South or the Fund should be member States. The idea is to grant loans to public companies, to small producers, to the co-operative sector, to indigenous communities, etc. Theoretically, it should not grant loans to large trans-national companies of the South, such as those that exist in South America: Petrobras, the large private-public Brazilian company; PDVSA, the Venezuelan oil company; Techint, an Argentinian private company … Theoretically, a loan cannot be granted to these companies; it has to be to the public sector, the small producers, the local communities, municipalities, provinces, etc. The money should be lent to them via the member States. The idea is to stop the Bank of the South from becoming a “mastodon”. One must avoid what happens with the WB: it has nearly 13,000 employees, who bypass central government with multiple missions in every corner of the countries in the South. These missions purposely weaken the authorities. The idea is to have a Bank of the South structure, with lean staffing and with the States as the representatives/negotiators. The objective is that the States, in accordance with the Bank’s orientation, lend mainly to those who require it, with a view to finding an alternative model, respectful of the environment, seeking to promote social justice and assisting those who do not have easy access to capital, therefore by definition not primarily to large private companies.

Other differences between Ecuador’s project and the Argentinian-Venezuelan text

The Ecuadorian project envisages that each member State will set up a mechanism so that, each year, it will be accountable for the operation and the activity of the Bank and the Fund. This mechanism must include a public parliamentary discussion.

Instead of stating that records are inviolable, the principle is that these records are part of the public domain. There can be temporary exceptions, certain decisions of the Fund being provisionally classified as confidential when relating to hostile bids.

The officials of the Bank of the South and the Fund are subject to tax.

There is no immunity: it is stated that the officials of the Bank and the Fund will be answerable to law for their actions. The Bank and the Fund are defined as moral identities, and can be prosecuted.

What can be assessed from the ministerial meeting of 3 May?

First of all, the outstanding fact is that Brazil, which up to then had been reluctant to join the Bank, affirmed that it adhered to the idea of a Bank of the South. It should however be noted that Brazil, in accordance with the economic and social policy and the foreign policies of the Lula government, sees this Bank of the South essentially as an instrument of commercial policy, speaks primarily in terms of economic bloc and uncritically accepts the European Union (EU) as its model. For the CADTM and for a series of social movements – European or otherwise – the EU in its present state is absolutely not a model. Of course, there are important positive aspects: the fact of having a common currency, a space where internal borders have been removed and where people can move extensively. But it is certain that the current model of the EU supports the application of neo-liberal policies, and upholds the movement of capital more than the movement of people, since among the new member States, in the east, there are certain restrictions on the movement of citizens. The EU maintains fierce competition among workers. Within the EU framework, working conditions and employers’ obligations to workers have not been standardized upwards. Where favourable systems of social security are still to be found, for example in Hungary, the tendency is to privatize in exchange for participation in the EU.

This uncritical vision of the EU, as expressed by Brazil, is undoubtedly shared by other Latin American governments: either they have illusions about the EU, or, more probably, and in full knowledge of the facts, they find that Europe is doing very well in its current state, and therefore prefer a model which remains well aligned to neo-liberal policies.

What to think of Brazil’s accession to the Bank of the South?

Given the strength of the Brazilian economy in Latin America, Brazil’s participation gives the Bank far greater initial impetus. The problem with Brazil is the orientation of the Lula government and the economic and social model that it practises. It is clear that Brazil’s integration into the Bank of the South will lead the Bank to adopt a much more traditional pattern, not too far removed from neo-liberalism, while if Brazil did not participate, it would be easier to reach a definition closer to the alternative model that we advocate. Brazil has joined the Bank of the South because it cannot be absent from it: if the foundations of the Bank of the South had not been laid on the initiative of Venezuela and Argentina, Brazil would never have given it any thought. But to maintain its regional economic dominance Brazil cannot stay away from the Bank of the South. If we look at it from the viewpoint of Ecuador, Venezuela and Bolivia, it is easy to understand why these governments are interested in having Brazil in the Bank of the South, because it is an important economic power and because a series of progressive governments in the region wish to maintain good relations with Brazil so that it does not strengthen its ties with the United States, which would weaken the region vis-à-vis American aggressivity. A truly diplomatic and geo-strategic game is being played. In a more ideal world, the Brazilian government would adopt a truly leftist policy – an alternative to its alliance with the US and its support for the agro-exporting industry and for an export-based policy which is set on conquering the markets of the region. But that is a far cry from reality.

Which trend will predominate on the regional scale?

The current government of Paraguay is a right-wing one, and this government could be replaced after this year’s presidential elections. A left-wing priest may be the winner in these elections. As for Argentina, there is anti-IMF and anti-neo-liberal rhetoric but the Argentinian government is oriented towards strengthening capitalism in Argentina. In fact, two great initiatives are at work today in Latin America. On the one hand we have the Bank of the South and MERCOSUR which is expanding. It initially included Brazil, Argentina, Paraguay and Uruguay. Venezuela, which wants a stronger regional alliance in opposition to the US proposal of FTAA, has joined MERCOSUR. Bolivia did so too, while Ecuador is there as an observer. This makes an economic bloc defined mainly by commercial and economic relations and dominated by a capitalist model. This bloc facilitates trade and promotes a certain type of regional integration.

Then there is another initiative, ALBA, or the Bolivarian Alternative for Latin America and the Caribbean, in which Venezuela and Bolivia are members. Cuba, Haiti and Nicaragua have also joined, with Ecuador as an observer. A meeting of ALBA was held in Venezuela five days prior to the Quito meeting on the Bank of the South. ALBA is a political group with Cuba-Venezuela-Bolivia as its central axis. The governments of these three countries state explicitly that their objective is a “Socialism of the 21st century” – an anti-capitalist and anti-imperialist orientation, aiming at solidarity among the people.

So here we have a highly specific situation in Latin America and the Caribbean region, with two types of projects, partly competing with each other, but which nevertheless coexist, since several countries are members of both. Venezuela and Bolivia are in MERCOSUR and ALBA; on the other hand Brazil is not in ALBA, because ALBA clearly has a more left-wing orientation than MERCOSUR, and also because Cuba is in it. Brazil, without being opposed to Cuba, clearly affirms its friendship with the Washington government.

The Bank of the South is placed between the two, though it is closer to an extended MERCOSUR than to ALBA. It does not include key members of ALBA, starting with Cuba, but also Haiti and Nicaragua. Of course, it would be logical for the Bank of the South to extend to the Caribbean region and Central America in future, and why not to Mexico if there is a change of government, and to develop privileged relations with the other continents of developing countries, namely Africa and Asia. MERCOSUR is primarily an economic bloc, largely dominated by Brazil. In fact Brazil is a “sub-imperialistic” power, an economic powerhouse in the area, which dominates its economic partners. As for Argentina, Venezuela, Ecuador or Paraguay, these countries have a negative trade balance with Brazil because Brazil exports to them much more than they export to Brazil. Brazil is endowed with trans-national corporations like Petrobras, which dominate the key economic sectors of its neighbours. Petrobras, together with other trans-national companies, dominates Bolivian gas and oil; other Brazilian companies dominate Paraguay. MERCOSUR, dominated by Brazil and Argentina, somewhat resembles the EU dominated by the Franco-German-British trio, with a dominant neo-liberal capitalistic streak, while ALBA is a project that is more political than economic, based more on exchanges such as barters and donations. Venezuela donates handsomely to Nicaragua, Bolivia and Haiti. ALBA seems to me a really interesting project. What will be the determining factors? The answer lies in the policy directions taken by the governments and the struggle of the social movements.

Ecuador has a radical orientation, supporting an income distribution policy that favours the most oppressed. Ecuador will not renew its lease for the US military base in Manta as from 2009. Ecuador questions the type of oil operations that is destroying part of its territory in Amazonia, for example. We can see that Ecuador’s policy, from this point of view, is closer to Venezuela and Bolivia than to Brazil. In Paraguay, there may be a change of president towards the left. We should also not forget the great mobilizations in Brazil, particularly that of the Movement of Landless Peasants (MST), which reinforces action for a true land reform, in contradiction with Lula’s policy. In the coming months and years, we may see even stronger social movement and a reinforcement of the ALBA project. The orientation of the Bank of the South will depend on the governments that support its creation. Even if there is reason to fear that the orientation advanced by Brazil and Argentina will prevail, the field is still open. It is now that we must mobilize all our efforts so that the Bank of the South project fulfils all the hopes we place in it.

More info: www.cadtm.org


Footnotes

|1| Rafael Correa, the Ecuadorian president, has announced that he will not renew the lease on the US military base at Manta in 2009 when the present one runs out.

|2| Member of the Leftist Economists of Argentina (EDI), member of the International Debt Observatory (IDO) and Professor of Economics at the University of Buenos Aires (UBA).

|3| Professor of Economics at the University of Mexico, member of Latindadd and IDO.


Translated by Judith Harris, Suchandra De Sarkar and Sushovan Dhar


BancoSur should be a bank to finance a socialist economy

By Plinio Soares de Arruda


The Bank of the South is already a reality. Enthusiasts say it is another integrationist project under way in Latin America. But others are more sceptical and say that the Bank could just turn into a  “tit” to feed Latin America’s major capital interests.

Last week’s decision in Quito to create the Bank of the South indisputably signifies another step towards Latin American integration. Now, not only the countries that make up ALBA are involved but also countries like Argentina, health Brazil, Ecuador and Paraguay.

But what are the chances that the Bank of the South won’t be a repeat of the International Monetary Fund, the Inter-American Development Bank, or the World Bank? What guarantees are there that the regional Latin American multinationals will not take advantage of capital based on the pensions of the region’s peoples for their own ends?

Many people are concerned about these matters, not just in Latin America, but everywhere in the world that watches with high hopes the multiple integration projects launched by Hugo Chavez and the other members of ALBA.

We spoke about the Bank of the South with Plinio Soares de Arruda, an economist at the State University of Campinas in Brazil, one of various leading economists who gave presentations at an international conference on globalization and integration in Havana last February.

Breaking imperialist domination

D.E. How has the debate gone in Brazil on the Bank of the South from the point of view of the government and the popular movement? What are or have been the expectations of that bank? Can it be a bank to reindustrialize Latin America or will it be one  whose funds local or regional big industrial capital will exploit for their own  advantage?

P.S.dA.  Brazil is a very provincial country. The relations of dependency and domination that characterize the world capitalist system play no part in Brazilian political debate. For that reason discussion of the Bank of the South is meagre, as much in government circles as in the social movement. Until now, discussion has been limited to conservative economists worried about the Chavez diplomatic offensive in Latin America. They fear any initiative that might scratch the Lula government’s excellent relations with the IMF, the World Bank and the Untied States.

Forming a bank to manage Latin America’s dollar surpluses is an excellent idea.  Having a bank able to offer credit in international currency will dramatically reduce the dependence of countries in the region on international bodies and the international financial community. But it is an illusion to think that a bank is able to solve our problems. Financial autonomy  is a precondition for the articulation of economic policies focused on the needs of the overall population.

But it is not a sufficient condition to break imperialism’s hold in the region. To interrupt the process of a return to neocolonialism that affects the region, promoting much deeper changes is fundamental, such as nationalization of the economy, renouncing spurious international agreements that hobble the liberty of our national states, land reform, urban renewal and so on. Without such measures, on the best hypothesis, the Bank of the South will turn into an institution for funding the so-called “national champions” – big companies that operate like multinationals, with great operational autonomy but with practically no national responsibility.

Brazil’s real concern

D.E. El Clarí­n reported on April 17th on the eve of the presidential summit on the island of Margarita, “Marco Aurelio Garcia, Brazilian President Lula da Silva’s adviser on international affairs  yesterday squashed any hope of a supposed disposition by that country to participate as a founding member in the Bank of the South, an initiative proposed by Argentina and Venezuela.” He commented “We are not going to go along with the project, we are not going to eat from a plate prepared by someone else”. What is hiding behind this strong rejection of the Bank of the South project and what has been Lula’s position?

P.S.dA. Lula hasn’t the least problem with “eating from a plate made for someone else”. He has eaten from the hand of the IMF and the international banks since before taking office, in September 2002, when he underwrote the so called “Letter to Brazilians” in which he committed himself  to following the neoliberal menu. The Brazilian government is more worried about sustaining its “credibility” with the international and national financial community than with trying more or less heterodox exits from the neoliberal dead-end. For that reason Lula is very resistant to getting close to the Bolivarian revolution and seriously mistrusts Evo Morales and Rafael Correa.

D.E. In what sense could the Bank of the South really be an alternative to the IMF, the Inter-American Development Bank and the World Bank in the grass-roots sense of integration and social development for the peoples who might be members of that bank? Or will it be, as some have put it, simply a lending institution for infrastructure works?

P.S.dA. The Bank of the South would be an alternative to the international bodies if its resources were used to finance a style of development where “the North is the South”, or in other words, to fund a model incorporating technical progress that categorically prioritizes the overall needs of Latin America’s people – land, employment, housing and national sovereignty. Otherwise, the bank will only be a tool for the region’s big economic groups to drive their international competitiveness. In other words, for the Bank of the South to serve the Latin American peoples, its formation ought to be part of a more general process of breaking away from imperialism. I don’t see the least possibility of a change on that scale without superseding capitalism. Thus, the Bank of the South ought to be a bank to finance a socialist economy.

Political power in the bank for the weaker economies.

D.E. How can it be a bank with equal participation for the member countries based on a proportional representation for the respective economies, as Guido Mantega the Brazilian Treasury minister has put it, so that all the countries can be “on an equal footing”.

P.S.dA. The integration of the peoples of Latin America should be conceived as unity within diversity. Therefore it is fundamental to root out any kind of chauvinist attitude or hegemonist tendency. In order for the stronger economies not to gobble up the weaker ones, for the minority not to be cut to pieces by the majority, Latin American integration demands a federal arrangement with very high levels of political power for the peoples that have the weakest economies. It is in that spirit that I understand that the decisive process of the Bank of the South ought to be conceived.

D.E. According to the Venezuelan ABN news agency, Mantega has also suggested to the government in Brasilia that should this financial institution come about then it ought to be linked to the Southern Common Market (Mercosur). What is your opinion of that position? Why the interest in “tying” it to Mercosur ?

P.S.dA. The Brazilian government has no intention of breaking with the global order. Mantega’s concern is to subordinate the Bank of the South to the dominating logic of the North, since Mercosur is a commercial agreement serving the interests of some multinationals and fits perfectly into the framework of neoliberal globalization. A bank that might break ranks with that order does not figure in the plans of Lula’s government.

D.E. What path has Brazil chosen? What are the links that unite Brazil and Venezuela economically and industrially and in what areas might they grow? Is Brazil really integrated into Latin America?

P.S.dA. Economic links between Brazil and Venezuela are tenuous. Brazil is self-sufficent in oil and the Venezuelan market for Brazilian exports is tiny. Brazil is very interested in Venezuelan gas so as to lessen dependency on Bolivian gas and is interested in opening new markets for its industries in Venezuela.

The two objectives are complicated. The first one only reinforces an outmoded energy model. The second one, if it were implemented in accordance with the ultra-liberal rules of Mercosur, would compromise Venezuela’s industrialization. I think Brazil and Venezuela have many fronts for economic cooperation but they ought to be conceived of within the framework of ALBA.

Mercosur and the other South American countries are important commercial partners for Brazil. But this does not mean that the Brazilian economy is integrated into Latin America. It is the multinational businesses, welcomed in Brazil, who, the worse for us, are profoundly integrated into Latin America’s economic space. An economy at risk of disintegration, like Brazil’s, cannot integrate with another and vice versa.

Lula’s double agenda

D.E. Is Lula playing with two agendas? One with Chavez and another with Bush? How important might an eventual agreement on ethanol between the United States and Brazil be in creating obstacles for Latin American integration?

P.S.dA. Really, Lula only has one agenda : to win the confidence of imperialism as its most favoured partner in South America. Beyond the scene-setting game for internal efect, above all with the popular sectors that sympathise a lot with the Bolivarian revolution, the “friendship” with Chavez helps increase Brazil’s room for manoeuvre with the United States. Should such a deal come about the preference for the ethanol option might really douse the dreams of greater Brazilian participation in an alternative programme of Latin American integration

Ethanol marries agri-business with the auto industry – the new great landowners with old international capital – giving a further push to the pattern of peripheral neoliberal accumulation that condemns Brazil to deepen the process of return to neocolonialism that has been on course now for more than thirty years.

Bank of the South: An alternative for development finance?

By Christopher Swann

Venezuelan President Hugo Chavez is squeezing the International Monetary Fund out of Latin America, diagnosis the region that once accounted for most of its business.

IMF lending in the area has fallen to $50 million, seek or less than 1 percent of its global portfolio, compared with 80 percent in 2005. Meanwhile, Chavez has used his oil wealth to lend $2.5 billion to Argentina, offer $1.5 billion to Bolivia and hold $500 million out to Ecuador.

Chavez, 52, is promoting what he calls a “socialist” alternative to the Washington-based IMF and its biggest shareholder, the U.S. Treasury. The timing couldn’t be worse for the IMF, whose global clout is diminishing as countries from Uruguay to the Philippines pay their debts.

“Chavez is the No. 1 enemy of the IMF in the region,” said Jose Guerra, a former head of economic research at Venezuela’s central bank and now a professor at Universidad Central de Venezuela in Caracas. “He views the IMF as an agent in the service of the U.S.”

The international lender’s worldwide portfolio has shriveled to $11.8 billion from a peak of $81 billion in 2004, and a single nation, Turkey, now accounts for about 75 percent. As its lending wanes, so does the fund’s ability to influence government policies. The IMF and its sister institution, the World Bank, have used aid to promote free trade, unfettered investment flows and limited government.

“We don’t accept the kind of development the World Bank and International Monetary Fund want to push on us to change our hopes, our souls, our pain,” Chavez told a summit of the Non-Aligned Movement in Havana last September.

Avoiding Conditions

Chavez has proposed creating Banco del Sur, or Bank of the South, to supplant international lenders. Such a bank would allow Latin American nations to avoid the policy conditions that generally come with IMF loans.

“Chavez’s effort to undermine the IMF is also an effort to undermine the Washington consensus on privatization and liberal economics,” said Francisco Rodriguez, a professor of Latin American studies at Wesleyan University in Middletown, Connecticut.

Chavez’s presidential press office said he was unavailable for comment. IMF spokesman Bill Murray declined to comment.

Chavez has used the wealth of Latin America’s largest oil exporter to extend his financial influence. Oil exports last year rose 21 percent to $58.4 billion, according to Venezuela’s central bank.

Oil revenue has helped Venezuela amass reserves of more than $34 billion. Chavez also controls an $18 billion pool of cash, known as the Fonden, transferred from the central bank and the state oil company Petroleos de Venezuela SA.

The bounty can’t last, said Ted Truman, a former assistant U.S. Treasury secretary for international affairs.

â€?Grave Risk’

“Chavez is at grave risk of running out of money,” said Truman, who is now a senior fellow at the Peterson Institute for International Economics in Washington.

Venezuela‘s budget deficit soared to 8.2 trillion bolivars ($3.8 billion) in the first 11 months of last year from 447 billion bolivars a year earlier. The bolivar has plunged 16 percent against the dollar on the black market this year, making it the world’s worst-performing currency.

For now, Chavez shows no sign of slowing down.

Venezuela is offering to help Ecuador as its newly elected leader, Rafael Correa, threatens to default on $10 billion of overseas debt. On Feb. 22, Venezuela offered Ecuador as much as $500 million of “financial cooperation.”

Such offers allow Venezuela to take over the IMF’s role as “lender of last resort” to governments, said Mark Weisbrot, an analyst at the Center for Economic and Policy Research in Washington.

Bond Sales

Venezuela is also backing bonds sold jointly with Argentina, Rodriguez said. Venezuela’s Finance Ministry on Feb. 26 said it plans to sell $1.5 billion of the so-called “Bond of the South” this week following a $1 billion sale last November.

Venezuelan purchases of $2.5 billion of Argentine government bonds helped Latin America’s third-largest economy replenish its reserves after it repaid $9.5 billion of debt to the IMF in late 2005. Chavez said he wanted to “help Argentina end its dependence on the IMF.”

Argentine President Nestor Kirchner, elected in May 2003, said IMF policies had “devastated” his country, which defaulted on $95 billion of debt in 2001. “There is life after the IMF, and it’s a good life,” Kirchner said in Munich in April 2005.

IMF Managing Director Rodrigo de Rato defended the fund’s record in Latin America in a speech in New York on Feb. 16, saying that the region’s economy grew 5 percent last year, and “countries that liberalized trade and reformed the role of the state in the private sector have performed particularly well.”

Hard Times

Prosperity in Latin America means hard times for the IMF, which depends on income from loans. The fund projects a loss of $103 million this fiscal year and is considering selling and investing some of its estimated $6.6 billion gold hoard to cover losses.

“They’re having problems, while here in Venezuela we’re opening the Banco del Sur,” Chavez gloated during a news conference in Caracas on Feb. 24.

Fabrina Furtado

Several Latin American governments as well as civil society organizations and movements are looking for alternatives sources for financing development in the region. The proposal of a Bank of the South is an attempt to fulfill this objective. However, generic we must ensure that it be a democratic institution, check as well as an economically, rx socially and environmentally fair one. Above all, the Bank of the South should not reproduce the institutional, economic or political model of current multilateral financial institutions.

In the past few decades, the World Bank, International Monetary Fund (IMF) and Inter-American Development Bank (IDB) have been dictating “rules of good behaviour” to Bank of the South governments, thus violating the sovereignty and right to self-determination of nations. Indeed, such rules have been responsible for a significant economic, cultural, environmental and social destruction in those countries. It was after monitoring those institutions and therefore acknowledging the serious problems related to their performance (power system, political influence, interests and policies prescribed) that civil society organizations and movements – when building alternatives aimed at financing the development of Latin America and other Southern continents – proposed the creation of a public bank controlled by Southern countries. This proposal ripened upon the arrival of popular governments to power in Latin America – mainly of Venezuelan president Hugo Chávez, who jointly with Néstor Kirchner of Argentina launched the proposal. Recently it was also undertaken by Ecuador, Bolivia, Paraguay and Brazil.

This is an unprecedented opportunity to reconquer our sovereignty, to ensure external security and to increase our influence within the system of globalisation, since it could certainly strengthen the process of regional integration. Nevertheless, we must ensure that it be democratic institution, as well as an economically, socially and environmentally fair one. Above all, the Bank of the South should not reproduce the institutional, economic or political model of current multilateral financial institutions that operate as tools for the implementation of US and European colonising interests. This Bank should be built so as to become an instrument for the development of countries and people, by allocating financing to national and regional needs.

The experience in monitoring the World Bank, IMF and IDB in recent decades has shown that in order to ensure another kind of development finance, the Bank of the South should:
• have an transparent and accessible information policy, thus enabling monitoring of its operations by civil society, bearing in mind that it handles public resources;
• guarantee institutional (as well non-institutional) spaces for the effective, broad and diversified participation of civil society in the definition of policies and strategies, in the ellaboration of the Bank’s financing criteria and in the definition of credits;
• allow external auditing of its policies, loans and internal operation;
• demand all country directors to render account of their actions before civil society and their respective parliaments from time to time, ensuring the right of legislators to approve them (or not);
• have an equitable decision-making process to prevent the bank from being dominated by the richest countries in the region. To this effect, voting power should operate on the basis of one-country-one-vote rather than on quotas. Although financial contributions should consider the specific conditions of each country, this should not affect voting power. That is to say, the Bank must not reiterate the “one-dollar-one vote” model of the IMF, World Bank and IDB;
• ban the possibility of having multilateral financial institutions as shareholders – either with or without voting power. This should also apply to Northern countries that have historically acted in a perverse way in our countries, being debtors of huge historical, ecological and social debts;
• have a democratic process to select candidates for the post of president and other key positions at the Bank – involving a broad consultation process within legislative bodies in each country and within civil society;
• take into account the internal matters of each country for the allocation of finance. The Bank should give priority to countries in a situation of greater vulnerability once internal inequalities have been considered, preventing large companies and/or local elites to have control over those resources;
• ban the imposition of conditionalities – either implicit or explicit – that have operated as tools for controlling and violating sovereignty;
• have a code of conduct aimed at ensuring the financial and socioenvironmental responsibility of countries having access to credits and of the Bank itself;
• have an inclusive clause for each allocation of financing to countries, so that the projects submitted take the regional, gender, racial, ethnic and generational dimensions into account.
• have a clause linking credits to the respect and promotion of human rights;
• promote the social and cultural integration of countries, protecting the autonomy of each one of them to decide on their relationship with the Bank;
• ensure that infrastructure projects have their socioenvironmental counterweights;
• define annual as well as pluri-annual goals to address the historical demands of our region, such as for instance:
– goals to provide sanitation to 100 per cent of urban and rural households in South America;
– guarantee free, public and good quality schools for all children in the region;
– allocation of financing to public policies aimed at food and nutritional sovereignty and security for each citizen of this region;
– financing aimed at reconstructing the production capacity of our countries, with a view to addressing all these demands.

Finally, the Bank of the South should not be based on a logic dominated by financial criteria but rather on a logic of complementarity, reciprocity and solidarity built on other development strategies different from neo-liberal and developmental policies. The Bank cannot condition access to credit on the essential profitability of projects, on macroeconomic indicators or the hiring of certain companies to implement the projects. In that case, the Bank should not support projects aimed at financial and trade liberalisation and privatisation (Public-Private Partnerships – PPPs) that have been proposed and supported by International Financial Institutions (IFIs) such as for example, the Initiative for the Integration of Regional Infrastructure in South America (IIRSA). On the contrary, the Bank should act as protection for Southern countries against the negative impacts of the economic and political globalisation, by supporting an autonomous development both at regional and domestic level.

ALBA: From Dream to Reality

Emir Sader

When Fidel Castro and Hugo Chávez launched the Bolivarian Alternative for the Americas (Spanish acronym ALBA [1]) back in December 2004, website such an initiative seemed to be the institutional framework for the agreements Cuba and Venezuela were then developing. It represented a great example of fair trade the World Social Forum had been advocating for several years. Each country supplies what the other lacks: Cuba receives Venezuelan oil — although not at market prices — and in exchange Venezuela receives the only thing Cuba can give: its best personnel in public health, education and sports. Other agreements signed in April 2005 highlighted both countries’ positive attitude toward structural and strategic integration in order to fight capitalism and advance towards 21st-century socialism.

One year later, cheapest Evo Morales was elected in Bolivia and in April 2006 he joined ALBA. In January 2007, it was Nicaragua ‘s turn when Daniel Ortega was sworn in as president. A meeting held last April in two Venezuelan cities — Barquisimeto and Tintorero, in Lara province — included the participation of both the president of Haiti, René Preval — who signed several agreements with governments already within the FTAA — and Ecuador’s Minister of Foreign Affairs, María Fernanda Espinosa. It could be said that these two governments identify with the spirit of ALBA and their joining to it is only a question of time.

Where does ALBA stand and how is it different from other regional integration projects?

The subcontinent’s general dividing line is not between a supposedly “good left” and a “bad left.” This is a right-wing vision intended to split the progressive movement in the continent in order to co-opt more moderate governments. The fundamental dividing line lies between the countries that have already signed free-trade agreements with the US (Mexico and Chile; Colombia and Peru are well-advanced in the process) — thus jeopardizing both their future and any possibility of managing upcoming events under a radically unequal relationship with the world’s largest imperial power — and the countries that favour regional integration.

Among these are ones that, despite this option, maintain the neo-liberal economic model — such as Brazil , Argentina and Uruguay — and the ones that have opted out of it — Venezuela , Cuba , Bolivia and Ecuador . This is a second front — centred on Mercosul [2] — and is also contributing to a multipolar world that is weakening the unipolar US hegemony.

This process is happening in Latin America because the subcontinent has been the privileged laboratory of neo-liberal experiments; and the hangover from these experiments is still throbbing. Neo-liberalism was born here; this was where the most extensive neo-liberal experiments were carried out and where the great neo-liberal crises took place in the most intense form — Mexico in 1994, Brazil in 1999, Argentina in 2002.

Latin America became the weakest link in the imperialist chain due to a combination of several factors:

exhaustion of the neo-liberal model;

failure and isolation of the Bush Administration’s policy on the continent;

the accumulated strength of resistance, especially by social movements fighting neo-liberalism;

the appearance of leaders and political forces able to catalyse those factors to promote breaches with the FTAA and fight imperialism.

Hegemonic power in the world currently revolves around three great monopolies:

the power of weapons;

the power of money;

the power of words.

Regional integration processes are working toward creating a multipolar world thereby creating obstacles to US imperial hegemony. The countries that broke with neo-liberalism are now facing the kingdom of money. The initiatives taken by alternative media — among which Telesur is the best-known example [3] — are working toward the democratisation of the media. No other region in the world currently has such a profile.

After many years of resistance to neo-liberalism by social movements as the main protagonists, and once the neo-liberal model was exhausted, post-neo-liberal governments won the right to initiate a struggle for alternative hegemony. Neo-liberalism still predominates in the subcontinent: suffice to say that the model is currently in force in countries like Mexico , Brazil , Argentina , Colombia , Chile , and Uruguay , among others. Successive breaches with it happened in areas where it was less entrenched, less central in the subcontinent, where neo-liberal capitalism was less consolidated: Venezuela, Bolivia, Ecuador. This model can also be applied to Nicaragua and Haiti, not to mention the country that abandoned capitalism decades ago: Cuba.

A Council of Social Movements integrated with ALBA’s structures was created during the meeting held in Venezuela . ALBA also has a Council of Presidents and a Council of Ministers. At a meeting preliminary to the next presidential meeting, forecast for December either in Bolivia or in Cuba, representatives of social movements from each of the subcontinent’s countries will discuss this and any other subjects they decide to include in the agenda regarding debates and the construction of a post-neo-liberal Latin America , while defining their specific forms of participation.

By bringing together these countries and their social movements, ALBA has become the new historical focus of Latin America and the Caribbean , around which all progressive forces will think about their identity, aims and forms of action. It presents itself as an exemplary model of “fair trade”, solidarity and cooperation. It is an alternative space to free trade and market control, demonstrating its specific nature through exchanges based on needs and possibilities, strengthening itself by ending illiteracy, reinforcing family farming, guaranteeing nutrition and restoring the eyesight of millions of visually-impaired people [4] — in short, by placing people’s needs above market mechanisms and the accumulation of capital.

We live in a period marked by the transition from the capitalist regulator model to the neo-liberal one and from a bipolar to a unipolar world under imperial US hegemony. Latin America is shaping a large part of the world’s future in the new century and ALBA is the most advanced space in that struggle.

Notes by the Translator

[1] ALBA was created to counter the US-backed FTAA (the Free Trade Area of the Americas , or ALCA in its Spanish acronym) and its spelling goes beyond simply substituting a ‘C’ for a ‘B’ as “alba” means “dawn” in Spanish. See:

http://www.alternativabolivariana.org/pdf/alba_mice_en.pdf

[2] Mercosul (in Portuguese) or Mercosur (in Spanish) is the Latin American Southern Common Market. See:

http://en.wikipedia.org/wiki/Mercosur

[3] Telesur is a pan-Latin American television network based in Caracas , Venezuela . It began broadcasting a limited schedule on 24 July 2005 , and began full-time broadcasts on 31 October 2005 . See: http://en.wikipedia.org/wiki/TeleSUR

[4] See “Literature and Operation Miracle”, by Belén Gopegui: http://www.axisoflogic.com/cgi-bin/exec/view.pl?archive=144&num=21924

Emir Sader is Professor of Political Sciences at Sáo Paulo Univ. and Rio de Janeiro Univ.

Source: Cubanow.net

The Bank of the South, between economics and politics

What is the South Bank?  In February of 2007, health Argentina and Venezuela, and soon afterwards Bolivia, Ecuador,and Paraguay, concluded an agreement to create a bank to finance development in andfor the countries of the South: the South Bank. On May 3rd in a meeting between thePresident of Ecuador and the Ministers of Economy and Public Finances of Argentina,Bolivia, Brazil, Paraguay, Venezuela, and Ecuador, Brazil officially confirmed itsincorporation into the process. On June 25th, Uruguay, until then the only country of theSouthern Cone Common Market (MERCOSUR) that was not part of the initiative,decided to actively participate in the creation of the South Bank. Chile and Colombia also showed interest, participating in some meetings as observers….


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María José Romero

The initiative to create the Bank of the South as a “financial alternative for the economic recovery and integration of South American countries”, buy medical was originally fuelled by president Hugo Chávez, salve of Venezuela, and Néstor Kirchner, of Argentina. The presidents of Ecuador, Bolivia, Paraguay and Brazil eventually added their support, although they have different ideas about what should be done by this Bank. Would Latin America have found an alternative to the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Inter-American Development Bank (IDB)?

The expectations brought about by the creation of this new entity, both inside and outside the region, can be summed up in the following question: would Latin America have found an alternative to the International Monetary Fund (IMF), the World Bank and the Inter-American Development Bank (IDB)? Since the Bank of the South’s creation process is still in its first steps, such question cannot be answered yet. However, it is possible to analyse the context in which the proposal was brought forward and its potentialities.

The relationship between Latin America and the IMF-World Bank has changed substantially in recent years. Most presidents currently in power declare themselves – although with considerable differences in terms of tone and style – to be against the policies promoted by both institutions through their conditionalities. And in order to break free from IMF tutelage, Argentina and Brazil, followed later on by Uruguay and more recently by Ecuador, pay-off their debts to this institution ahead of schedule. This was made possible thanks to the economic growth registered by Latin American countries following the rise in export prices at international level and the availability of alternative sources of credit.

In this new setting, the IMF has lost relevance as guiding institution in terms of economics and policies. Since the 1997-1999 financial crisis in Southeast Asia, the IMF’s policy guidelines – the liberalisation of financial systems, among them – are undergoing a deep legitimacy crisis owing to their responsibility in aggravating the Asian crisis and in the Argentine collapse of 2001. Against all evidence, IMF board members have refused to accept any responsibility of the institution whatsoever in both situations.

The proposal of the Bank of the South comes at a moment in which a reform of the global financial architecture is being demanded by different sectors although it still remains unclear whether it will be a development institution like the World Bank or Brazil’s National Economic and Social Development Bank (BNDES in Spanish), or a fund aimed at facing future payment crisis, like the IMF. Latin American economies need both. There is a need to promote investment and there is also a need for a last resort tool in case of financial crises.

Furthermore, the creation of the Bank of the South requires founder members to negotiate its structure, form of governance and authorities, operations (loan framework and criteria for admission) and the relationship of the new institution with already existing regional entities: the Latin American Reserve Fund (FLAR), the Andean Development Corporation (CAF) and the Financial Fund for the Rio de la Plata Basin (Fonplata).

In order to influence the process it is necessary to take part in it and maybe that is the reason why Brazil fully joined it as founder member at the meeting held in Quito on May 3. Brazil already has its own development bank, the National Economic and Social Development Bank (BNDES), so its objectives and needs may be different from those of Argentina and Venezuela. The Lula administration has expressed interest in devoting the Bank of the South to cover the infrastructure investment needs of an expanded Mercosur and seems less interested in protecting its reserves. On the other hand, according to statements made by Chávez and his Finance Minister, Rodrigo Cabezas, the idea of Venezuela is to turn the Southern Bank into the IMF of South America, a project which is backed by Argentina. “We cannot go on placing 200 billion dollars of our reserves in the First World and then be forced to accept their conditions to obtain a few dollars”, said Ecuadorian President, Rafael Correa. And the Argentine Minister Felisa Miceli considers that the Bank of the South should allow “to improve the financial autonomy” of countries taking part in it. However, according to Brazilian Guido Mantega “the contribution of international reserves (by member countries) is not the best way to capitalise the Bank”.

In this sense, the Ecuadorian initiative to create the Southern Fund could represent an alternative to the original project. Thus, a bank as an institution for the promotion of public investment, separated from a fund as an instrument of intervention in case of national economic emergency, appears as a more appealing proposal for Brazil, which rejected the option of a sole institution to serve both purposes.

Nevertheless, not all countries in the region have been seduced by the project. The governments of Chile, Colombia and Peru have expressed their total disagreement with the Bank of the South, by stating that “they are very pleased with the CAF, the IDB and the World Bank, since they are being taken care of”.

Uruguay, the only Mercosur country member that has not yet backed the initiative, maintains a skeptical position. According to Economy Minister, Danilo Astori, the project leaves him “with many doubts”, since “the region has solid financial institutions which have been fulfilling a very good role”.

From Mexico, the former minister of foreign affairs, Luis Ernesto Derbez, states that “it is not possible to talk about integration” with regards to the Bank of the South, since we are dealing with “the political project” of a government leader, in direct allusion to Chávez and his increasingly influential position in the region.

Until now, some advocates for this initiative maintain that the main reason for the Bank of the South is of a financial and economic nature – the total amount of international reserves of the six countries involved stands at 164 billion dollars – while others consider that preeminence should be given to the political nature of the project, thus impliying the reformulation of development finance contents and the search for a feasible alternative that may allow countries in the region to decisively get rid of international financial institutions. Those who are most optimistic believe that in less than two months we will be witnessing the birth of the new entity.

Related Information:

* Bank of the South: A reflection of declining IFIs relevance in Latin America, by Vince McElhinny (Bank Information Center)

* Bank of the South: A road towards a new financial architecture, by Pablo Dávalos (ALAI)

This article was first published at the Uruguayan newspaper La Diaria, May 10th, 2007

Rodrigo Borja, primer secretario ejecutivo de UNASUR

Jean Pierre Leroy com a colaboração de Marcelo Achkar

I. As integrações em curso

Quais são os significados da Integração regional no contexto atual, rx recipe o de cada país, da região e do mundo? Levando em conta os múltiplos interesses que atravessam o debate e as iniciativas em curso, aparecem várias ambigüidades e contradições que impedem de simplificar a questão.

A integração está sendo imposta no contexto econômico global que leva à abertura indiscriminada das economias locais, com a presença crescente de multinacionais, à privatização das empresas públicas e, ainda em curso, à privatização dos serviços que eram públicos, à liberdade de movimentação do capital financeiro. A integração entendida assim tende a nivelar por baixo direitos trabalhistas, sociais e ambientais dos países envolvidos e a criar um ambiente político e econômico que permite às firmas transnacionais se mover na região exclusivamente em função dos seus interesses.

Essa integração regional busca um re-ordenamento das economias locais e um tipo de integração que oscila entre a busca de um melhor posicionamento na economia global e, do outro lado, secundariamente, a formação um mercado regional. Aparecem então os interesses das principais economias da região (Brasil, Argentina) que ganham no comércio regional ao mesmo tempo em que o Mercosul lhes dá maior poder de barganha frente à economia mundial.

Ao mesmo tempo em que os Estados-nações mais sólidos economicamente buscam se fortalecer através da integração econômica, contraditoriamente, mas coerentemente, são levados, eles e os outros países da região, a abrir mão de parte da sua soberania em nome de regras e instâncias supra-nacionais, estabelecidas dentro do bloco e fora dele. Isso é coerente com o que já acontece no plano de cada país, quando os Estados cumprem o papel de facilitadores de uma economia sempre mais aberta e que dita, através dos quadros dirigentes das grandes corporações e dos seus aparelhos, os rumos do crescimento, em nome do dogma que é esta economia que vai gerar riqueza, empregos e melhorias sociais.

A integração, nesse sentido, atua em mão dupla, embora os fluxos, do “norte” para o “sul” e do sul para o norte, sejam incomparavelmente desiguais. De um lado, ela facilita o domínio das grandes corporações produtivas, comerciais e financeiras e das economias dos Estados mais fortes da região, ao permitir aos segmentos exportadores regionais ter mais força para penetrar no mercado mundial, fazendo uso das suas vantagens comparativas, e aos setores produtivos da região importar na expectativa de participar do crescimento esperado. De outro lado, ao abrir o comércio regional, colocando-o sob as regras do livre-mercado, prepara o terreno e o ambiente para a liberalização completa das economias nacionais.

Essa estratégia, bem ou mal, significa o início de uma política regional concertada, que construa uma integração não só econômica, mas também política. A integração é o embrião de um futuro poder supra-nacional que garante ao mercado as condições para a sua plena realização. A Comunidade andina de Nações – CAN (1) e o Mercosul (2) podem ser vistos nessa perspectiva. Numa cartilha que apresenta os processos em curso de integração regional (3), Fátima Mello, citando a professora Sônia Camargo (4), destaca que as políticas econômicas do Mercosul “passaram a se voltar, prioritariamente, para uma melhor adequação às exigências de competitividade impostas pelos processos de liberalização dos mercados e de sua integração global”; e comenta que, “frente à aceleração dos processos de indiscriminada liberalização e desregulamentação comercial e financeira, foi levado a converte a dinâmica sub-regional em um modelo de regionalismo aberto, visando a inserção competitiva no mercado globalizado”(5).

Várias iniciativas dos governos da região exemplificam essa relação tencionada e contraditória entre a lógica do mercado e vontades – ou veleidades – políticas. Se a resistência à proposta norte-americana de formação da Alca prevaleceu, sob a liderança do Brasil e o forte movimento popular sul-americano, o projeto dos EUA de colocar de maneira duradoura a região sob a sua dependência pela via econômica está sendo posto em ação pelo caminho de acordos bi-laterais. Os EUA esperam assim criar com os países que aceitarem esses acordos laços que tornem impossíveis uma integração regional com uma real autonomia. O Mercosul e a CAN, nesse caso, não desapareceriam, mas não ultrapassariam o estatuto de acordos comerciais entre vizinhos, dentro do marco mais geral hoje sinalizado pela OMC, mas também ditado pelos interesses norte-americanos, via o conjunto de acordos bilaterais com diferentes países e o poder das suas multinacionais presentes na região. O Chile, que se retirou inclusive em 1975, durante a ditadura de Pinochet, da CAN, é o precursor e o paradigma em matéria de acordos bi-laterais. O Peru e a Colômbia assinaram acordos bi-laterais com os EUA e o Equador estava, antes das últimas eleições, se preparando. A decisão da Colômbia provocou a saída da Venezuela da CAN. Por sua vez, o Paraguai e o Uruguai, primos pobres do Mercosul, manifestam o seu interesse em assinar acordos bilaterais.
A Iniciativa para a Integração da infla-estrutura sul-americana – IIRSA – expressa bem a tendência predominante, à “transnacionalização dos espaços, de abertura das fronteiras nacionais para garantir as determinações das corporações e empresas com capacidade suficiente para manter fluxos no espaço mundializado… Na prática, o discurso da integração regional se reduz ao acondicionamento físico dos territórios para a livre circulação das mercadorias (todos os elementos que possam ter um valor de mercado) e os aspectos parciais administrativos (levantando as restrições burocráticas dos Estados-Territórios)”(6).

Na IIRSA, os Andes, a Floresta Amazônica, rios, pantanais, e, em geral, ecossistemas ainda preservados (e suas populações) são apreendidos como obstáculos à integração efetiva da região na “busca pela competividade”, conforme diziam o então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, banco de fomento brasileiro, e o presidente da CAF, Sr Henrique Garcia em seminário realizado em 2003. (7) Se a IIRSA é iniciativa dos governos da região, ela “está fundamentalmente voltada para o atendimento das demandas dos segmentos com forte atuação no mercado internacional” (8).

Na mesma linha, vale lembrar a proposta de Anillo Energético Sudamericano, surgida no final dos anos 90, que interligaria os gasodutos da região, disponibilizando em particular o gás de Camisea, na Amazônia peruana, para o Chile. A idéia não se viabilizou, já que o gás de Camisea não poderia suprir ao mesmo tempo as necessidades do mercado interno peruano e dos seus clientes do Golfe do México e, do outro lado, o atendimento à região. Sara Larrain vê esse projeto, em coerência com a IIRSA, como “conexão de infra-estrutura sob a iniciativa privada” (9).

A chegada ao poder de governos “progressistas moderados” no Brasil, na Argentina e no Uruguai, de um lado, e, do outro, de “progressistas radicais” na Venezuela e na Bolívia, tende a modificar o quadro traçado acima. Dois projetos de integração estão se desenhando. Simplificando, podemos dizer que o governo do Presidente Lula é bem representativo do primeiro projeto. Segundo explicação do Dr. Guido Mantega, então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o atual governo brasileiro reconhece que a globalização da economia é irreversível, e pretende participar desse processo como protagonista e não como coadjuvante. Para isso, o governo brasileiro empreendeu uma vigorosa política externa com vistas a estabelecer uma nova correlação de forças através da diminuição da dependência dos países emergentes, do aumento da autonomia dos países, da união de interesses comuns, e da ampliação do diálogo Sul-Sul (10). O Brasil quer convencer os seus vizinhos que todos sairão ganhando ao se integrar coletivamente, com mais força, sem servilismo, na economia mundial. Podemos arriscar defini-lo, do ponto de vista política, como anti-imperialista e anti-hegemônico.
As mudanças no Mercosul, com a entrada no bloco da Venezuela, a criação do Parlamento do Mercosul e a aprovação do Fundo de Convergência Estrutural, destinado em particular a enfrentar as assimetrias sociais, econômicas e estruturais entre os países do bloco, apontam nessa direção. No entanto, o Mercosul está mergulhado em crises e impasses sucessivos no plano econômico (economias da Argentina e do Brasil esmagando os seus pequenos vizinhos; barreiras persistentes a produtos vindo de outros países do bloco e abertura indiscriminada para produtos de fora do bloco) e político (crise das papelereiras entre Argentina e Uruguai; acordos militares entre o Paraguai e os EUA).

Frente aos limites dos processos de articulação em curso, os governos da região criam a Comunidade Sul Americana de Nações – CASA, que une os países do Mercosul e da Comunidade Andina, Chile, Guiana e Suriname, “como opção para aprofundar a integração da economia regional, elevando o poder de barganha nas áreas hemisférica e internacional” (11). Mas a opção progressista da maioria dos governos faz com que não queiram reduzir a CASA a um mero instrumento de mercado. A Cúpula de Cochabamba, de dezembro 2006, manifesta a intenção dos governantes da região em ultrapassar uma união econômica. Na sua Declaração, eles afirmam que
“la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones busca el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura. Esta integración sudamericana no es sólo necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han transformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz” (12).

E eles inscrevem no seu programa, além da pauta econômica, outros pontos: Agenda social sul-americana; Meio ambiente; Cidadania sul-americana; Identidade cultural e Participação cidadã no processo de integração.

Mesmo participando dessas iniciativas, Hugo Chavez e Evo Morales, talvez possam representar um outro modelo emergente que pretende se construir em oposição ao mercado dominante. Mercosul, CAN e Casa pretendem atuar conforme as regras do mercado liberal. Já, a Alternativa Bolivariana para as Américas – Alba, oficializada em 2004 pelos presidentes de Cuba e Venezuela, e que junta em várias iniciativas Venezuela, Cuba e, mais recentemente a Bolívia, segundo o Professor Emir Sader,

“ainda em estado embrionário, e sem prejulgar seu sucesso… é uma tentativa ambiciosa de integração regional que escapa às lógicas de mercado… “A Alba pretende ser o contraponto da ALCA. Pretende integrar economias dissimiles desde baixo, envolvendo a todos os atores econômicos e sociais – como cooperativas, pequenas empresas, empresas públicas, empresas privadas grandes, médias e pequenas -, priorizando o atendimento de problemas essenciais para a massa da população, como alimentação, moradia, indústria e meio ambiente. Enquanto que a ALCA não diferencia entre países grandes e pequenos, entre países com grandes recursos naturais, financeiros, energéticos e os outros, acentuando mecanismos em que ganham os mais fortes – neste caso, os EUA. Além disso, a ALCA pretende impor aos países critérios de segurança jurídica que favorecem as grandes corporações multinacionais, não se dispondo a atender aos países mais fracos (13).

Cooperação, complementaridade e solidariedade são palavras chave. É assim que a Venezuela, no seu Acordo com Cuba, por exemplo, troca petróleo por médicos e oftalmologistas. No entanto, essa oposição não significa ruptura com o modelo de desenvolvimento dominante nem com o seu mercado, já que o seu principal expoente, Hugo Chavez, assenta a sua proposta sobre a economia do petróleo. Tanto ele quanto Evo Morales querem que a renda propiciada pelos hidrocarbonetos sirva em prioridade para reorientar o desenvolvimento dos seus países para a população pobre, mas, além disso, Chavez aproveita dessa renda para alavancar o seu projeto de integração bolivariana. Esse modelo se apresenta com uma face venezuelana a tendências populistas e patriarcais e com uma face boliviana mais popular. Pois, se o governo venezuelano carece de movimentos sociais organizados para sustentar internamente seu projeto, não é o caso da Bolívia, cujo presidente, levado ao poder por um forte movimento social e étnico, é compelido a apresentar e defender um projeto de nação e de integração cuja centralidade esteja no resgate da autonomia do seu país e da dignidade e inclusão dos seus povos.
Talvez a questão da nacionalização das jazidas e das empresas de produção, transformação e comercialização de hidrocarbonetos possa ser vista como o começo de uma experiência de uma outra integração. Pois, países vizinhos, em particular o Brasil, afirmaram o direito do povo boliviano e do seu governo a exercer a sua soberania.
Gasodutos, sim, mas sob regras que beneficiam à população boliviana. Falta dizer e fazer com que esse gás seja distribuído para o bem real dos países e das populações dos países que o recebem.
Assim, a criação da Comunidade sul-americana de nações bem como a entrada da Venezuela no Mercosul e a intenção manifestada por Evo Morales de seguir o mesmo caminho, colocam novos ingredientes, não só para uma integração econômica no marco do mercado global, desejada e procurada dentro de um marco anti-hegemônico, não mais por países que aceitem sem contestar a sua subordinação e sua dependência, mas para uma integração orientada para a região. Têm como um de seus pilares um novo discurso político, de unificação dos nossos destinos, de reconhecimento das assimetrias, de solidariedade e de apoio mútuo.

Algumas questões que esses processos levantam.

1/ Fragmentação do território

Os Estados-nações eram também Estados-territórios. As nações se definiam pela extensão do seu território e a cidadania pelo pertencimento a esse território. A construção dos Estados da região pode ser interpretada como uma história de tensão permanente entre a busca de unificação do território e dos seus habitantes pelo poder econômico e político e as múltiplas resistências exercidas por populações inseridas em territórios extremamente diversificados, biológica e humanamente. Mesmo que certos setores tenham imposto certas formas de exploração do território nacional que marcaram a economia do país, tais como mineração, pecuária, culturas da cana ou do café, etc., cada país manteve uma fisionomia própria diversificada: países das pampas, dos chacos, dos cerrados, das serras e dos altiplanos, dos bosques boreais e das florestas tropicais, dos desertos e das caatingas, dos pantanais e dos humedales. Cada ecossistema com seus povos.

Subordinados ao mercado global, “os espaços de integração regional oficialmente definidos apontam para a padronização da diversidade, a uniformização espacial e a intenção de hegemonia cultural” (14). Por exemplo, a produção de soja ou de eucalipto e pinheiro uniformiza o espaço ao mesmo tempo em que exclui as populações locais das suas atividades tradicionais. Os espaços se tornam mero suporte para a atividade produtiva, sem a relação duradoura entre a atividade econômica e o ecossistema, que permite que uma realimente a outra; sem envolvimento da população local, que se torna obstáculo. E, quando não servem ao capital, são desprezados e abandonados. Essa integração, que desconsidera a diversidade dos ecossistemas, a fortiori ignora as populações locais na sua diversidade, étnica, de gênero, produtiva, cultural. Assim, “matrizes uniformizantes sobre territórios biodiversos consolidam a fragmentação dos espaços… Os Estados-Territorios procuravam a formulação de normativa de aplicação universal no interior do espaço da Nação, os processos de integração geram fragmentações orientadas pelos fluxos e reservatórios dos fatores de produção” (15). O desafio consiste em promover uma integração que barre a definitiva fragmentação, substituindo-a pela diversidade de projetos promovidos por atores e grupos sociais que se reconheçam plurais, mas solidários.

2/ Nacionalismos e Nações autônomas

Uma verdadeira integração exige Estados nacionais autônomos para que a integração não se comute em sub-imperialismo disfarçado ou não seja uma entregue total ao mercado global, como mencionado acima. Estado nacional autônomo não significam nacionalismo. O nacionalismo associa-se à defesa das fronteiras e da integridade do território nacional, tendo por isso mesmo um forte componente militar. Para prosperar, ele precisa do conflito, aberto ou velado, real ou artificial. O nacionalismo precisa de inimigo a quem se opor. Ele é facilmente acionado quando um governo precisa fortalecer a sua imagem ou justificar certas das suas ações, quando é preciso desviar a atenção de certos problemas, re-unificando a nação, quando ajuda a mascarar processos anti-nacionais. A ditadura militar brasileira cunhou assim a respeito da Amazônia brasileira o slogan Integrar para não entregar. A imprensa brasileira e certos setores políticos responderam à decisão da Bolívia de nacionalizar as jazidas e as indústrias de hidrocarbonetos com um apelo nacionalista rasteiro, lembrando que “as nações não têm amigos, só interesses”. Sob o discurso nacionalista, se esconde frequentemente interesses econômicos que pouco têm a ver com os verdadeiras interesses os povos. Mudam os interesses e muda o discurso, como o mostra a reivindicação de autonomia de alguns departamentos bolivianos. Como um filme em negativo, ela mostra como a noção de nação pode ficar subordinada a interesses econômicos.

Apesar de que os países reconheçam em tese a assimetria existente entre eles e queiram reduzi-la, o que tem ocorrido é que, ao mesmo tempo em que buscam construir uma política comum, defendem com unhas e dentes seus interesses. Quando o BNDES empresta dinheiro para obras em países vizinhos, o faz para financiar a produção de bens e serviços para essas obras no Brasil e para financiar as empresas brasileiras que vão executá-las. Atualmente, busca-se abrir o BNDES para que fomente atividades econômicas nos países vizinhos Mas, si é difícil falar de sub-hegemonia, é inegável que o Brasil se posiciona de modo a que sua liderança no processo de integração esteja garantida (16). Frente ao “rolo compressor” da Argentina e do Brasil, a tentação é grande para o Paraguai e o Uruguai aceitar e mesmo promover uma integração a qualquer custo.

Não se precisa de nacionalismos, mas de nações autônomas e de Estados soberanos fortes. E, para isso, precisa-se que cada povo tenha sua existência reconhecida dentro de cada nação, e que se reconhecem como povos que participam de um projeto de nação, não fundado sobre a oposição a outros povos e nações, mas sobre um projeto próprio que os integre num projeto regional.

3/ O modelo de desenvolvimento

Ao mirar os processos de integração em curso, o modelo de desenvolvimento pretendido pelos governos da região, para além das retóricas, não aparece ser outro, com algumas nuances, do que o que está em curso. Tratar-se-ia de aprofundar um modelo primário-exportador, com algumas poucas áreas de excelência industrial ou agrícola, sugando e destruindo os recursos naturais e, cada vez mais excludente do ponto de vista social.

O mais preocupante é que, admitindo que caminhemos para uma alternativa política, na nossa perspectiva, essa alternativa encontrará seus limites cedo. O modelo de desenvolvimento, proposto inclusive pelos que buscam uma outra integração, é fundado sobre o mesmo padrão de produção e consumo. Esse padrão chegou a tal grau de sofisticação e de integração de mercado que dificilmente pode permitir, no curto e no médio prazo, bifurcar e tomar outro rumo. Ele enreda os governos em redes tecnológicas, comerciais e financeiras tais que somente profundas crises e intenso apoio popular permitiriam iniciar as rupturas necessárias para construir uma alternativa real.
O segundo limite é devido ao fato que a maioria dos setores progressistas no poder ou que gravitam ao seu redor acreditam que somente o crescimento no quadro desse modelo permitirá fornecer empregos e reduzir assim a pobreza. Crença ou medo de enfrentar a construção dolorosa e pouco gratificante no quadro da política tradicional de um outro desenvolvimento? O certo é que essa opção faz com que os dirigentes políticos progressistas estejam mais próximos dos que manejam há décadas, e mesmo séculos, o modelo dominante do que dos que os levaram ao poder.

O terceiro limite está na crise estrutural provocada pelo modelo adotado. Crise de empregos, pois, mesmo que haja ainda lugar em nossos países para um crescimento real dos empregos, sempre mais pessoas são dispensáveis, tanto como produtoras quanto como consumidoras. Crise de cidadania, pois o mercado constituído sobre esse padrão de produção e consumo substitui a democracia substantiva por um faz-de-conta no qual os rituais eleitorais mal disfarçam a descartabilidade de parte da população. Crise ambiental, pois, se há maior sensibilidade para com as grandes crises ambientais que estão se gestando – água, energia, clima, solo e biodiversidade – essa sensibilidade não afeta, senão marginalmente, a máquina embalada do crescimento a qualquer custo.

II. A integração que construímos

A construção de uma integração só pode ser um processo histórico. Países e impérios se construíram e adquiriram identidade tanto em oposição a outros países e/o povos quanto por processos internos de afirmação e de pertencimento (construção da ocupação do território, do sistema jurídico, de valores, da função e dos aparelhos do Estado, as formas do desenvolvimento…). As guerras e os conflitos resultantes do fim de impérios e do colonialismo e da decadência de certos Estados, de um lado, e, do outro, do processo de transnacionalização do território sob a hegemonia neo-liberal, bem como a transformação do mundo em “aldeia global”, graças aos meios de comunicação, colocam limites aos Estados-nação/Estados-território. Não estamos aqui negando a soberania dos países da região sobre seus territórios, mas, frente à entrega dos nossos territórios à sanha do grande capital, já vemos que se quer reduzir os nossos Estados a guardiões da nova ordem econômica internacional, com seus aparatos ideológicos e repressivos voltados para a manutenção da ordem social e suas fronteiras se tornando barreiras de contenção às migrações. Enquanto isso, sempre mais pessoas se vêm excluídas de uma cidadania ativa. “A soberania nacionalista, construída sobre a idéia da existência de um Estado Nação em um território; e uma sociedade que se comporta como um grupo social, compartilhando interesses e objetivos” (17) está sendo destruída pelas mesmas classes dominantes que a defendem nos seus discursos, pois a sua manutenção serve a seus interesses escusos. Continua Achkar:
“Frente a estos procesos contradictorios: integración – fragmentación, las sociedades desde sus distintos niveles de organización, confrontan otras alternativas de integración de los territorios. Partiendo de la lógica de ocupación territorial, el territorio es aquella porción del espacio ocupado organizado y gestionado por una comunidad, como categoría densa que contiene la historia que lo contiene.

Desde esta interpretación el concepto de soberanía territorial se diferencia sustancialmente de la soberanía nacionalista: La soberanía territorial se asocia a la capacidad de una grupo social de construir la historia que contiene y esta contenida en un territorio concreto. La integración aparece entonces como la consolidación de diversidad de territorios soberanos, con instancias de gestión participativa de los bienes de la naturaleza que integran el espacio. La complementariedad entre esta diversidad de territorios constituye la matriz de esta integración territorial. Esta complementariedad es un proceso de creación diversa según los objetivos diferentes de cada grupo social que estructura su espacio”.

Esse processo de criação exige a participação diferenciada dos homens e das mulheres, para que não se reproduzam os esquemas de dominação de gênero e que a diversidade dos projetos seja realmente posta a prova. Portanto, resulta pouco provável a definição de uma matriz homogênea, de aplicação universal para a complementaridade territorial a nível regional.

Esta integração territorial não se opõe forçosamente à soberania nacional. Os Estados-nação, na medida em que se consegue inverter a sua identificação com as forças do mercado neo-liberal e com as classes dominantes, voltando a ser a expressão dos povos e das populações inseridas no seu território, são o ponto de partida da integração que buscamos. Partindo da afirmação das nossas soberanias nacionais assim entendidas e das expressões das nossas soberanias territoriais, a integração territorial parece tender a ser um processo que se deve construir a partir das experiências de cada grupo social. É isso que estamos ainda iniciando.

Reconhecemos que começamos um processo de integração por oposição ao modelo e às iniciativas já existentes. Antes de ser um projeto articulado de uma outra integração, é uma ação coletiva de resistência. Não poderia ser de outra forma já que não detemos os recursos e o poder de realizar e de influenciar decisivamente um projeto público de interação regional. Nosso “contra” não é de protesto por princípio ou por uma vaga utopia, mas de esperança numa transformação tanto possível quanto necessária:

1/quando juntos travamos lutas contra a Alca, a OMC, o FMI, a dívida externa, o expansionismo norte-americano, a militarização do sub-continente, a concepção de integração da IIRSA;
2/ e, mais próximo, por exemplo, contra a hidrovia Paraguai-Paraná, contra a hidrovia e represas do rio Madeira, contra o gasoduto norte-sul, contra os impactos sociais e ambientais das empresas de hidrocarbonetos, de produção de papel, celulose e carvão vegetal, contra uma siderurgia no Pantanal, contra a monocultura da soja e os transgênicos e, mais amplamente, contra uma agricultura baseada sobre um pacote tecnológico que concentra o poder nas mãos da agroindústria e tende a reconcentrar a terra, excluindo boa parte do campesinato; contra a transnacionalização de uma zona de glaciares entre o Chile e a Argentina para a mineração, etc.
3/ Quando apoiamos lutas em países vizinhos, por exemplo contra represas que afetam os Mapuches; uma usina nuclear na Patagônia, a repressão na Colômbia, a Petrobrás no Equador;

Essas lutas podem aparecer como ações meramente reativas, mas, ou porque é um projeto nosso em construção que nos faz reagir ou porque na própria reação e negação é que formulamos nossas alternativas, é nestas lutas de resistência que se esboça uma outra integração. Mas também esta se afirma positivamente:

1/ Quando dizemos que “Uma outra América Latina é possível” e fazemos do FSM e dos nossos encontros internacionais espaços de construção de integração, e, mais concretamente,
2/ quando defendemos uma agricultura camponesa, dentro dos marcos da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Note-se que nosso projeto não é de integração das agriculturas da região, senão quando são claras as complementaridades, devido a tradições, climas, disponibilidade de espaço. A integração está na formulação de alternativas (o que pode significar integrar/descentralizar centros de pesquisa e tecnologia, certos elementos de agroindústria, por exemplo), na sua defesa e na sua implementação, cada um no seu país. A integração está na criação de movimentos como a Via Campesina e da CLOC e no debate travado por essas organizações e seus aliados, em particular sobre a soberania alimentar. Queremos dar prioridade á produção e aos mercados locais.
3/ quando propomos uma plataforma energética para a região que tenha como ponto de partida a soberania energética. A partir do questionamento dos usos da energia: quantidade e destino. Para indústrias eletro-intensivas e agricultura voltadas para exportação ou para indústrias locais e que agregam valores e para diminuir a igualdade social (cesta energética)? Para sustentar o transporte individual e o transporte rodoviário ou para promover o transporte público urbano, as ferrovias e a cabotagem e reduzir as necessidades de transporte de mercadoria, aproximando a produção do consumo? Com mais construções de hidroelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, gasodutos e oleodutos (que não recusamos em bloco numa perspectiva de transição) ou dando ênfase às energias renováveis, à economia e à conservação de energia? Com energias renováveis entregues ao mercado ou energias sustentáveis, com controle social?
4/ quando nos juntamos na resistência à privatização da água e defendemos uma gestão pública e participativa dos usos da água;
5/ quando propomos que as regiões vistas por IIRSA como obstáculos à integração – ecossistemas ainda preservados, Altiplano andino, Chaco, Pantanal, Floresta Amazônica – sejam consideradas como regiões onde populações na sua maioria tradicionais (povos indígenas e/ou negros ou mestiço instalados há tempo nessas regiões nas quais desenvolveram formas de viver e de se reproduzir adaptadas ao ecossistema) possam assegurar a sua soberania territorial e, ao mesmo tempo, reforçar coletivamente, de maneira transfronteiriça, suas formas de produzir e de viver.
6/ quando, frente à IIRSA, propomos que as vias e comunicação priorizem as ligações entre territórios onde povos e setores da população constroem seus projetos diversificados de vida e de reprodução sustentáveis; entre as cidades e seu entorno, valorizando a produção camponesa e as suas estratégias de diversificação da agricultura e suas formas de gestão do território rural que garantem, por exemplo, o fornecimento de água de qualidade às cidades;
7/quando propomos que, frente ao modelo automotivo, sejam privilegiados os transportes coletivos;
8/ quando, frente ao mercado neoliberal, afirmamos o potencial da economia solidária;
9/ quando propomos que as atividades de empresas na região e os empreendimentos públicos tenham como referência o padrão de leis ambientais, sociais e trabalhistas mais alto dentro da região (18), sugerindo assim um caminho para uma regulação pública regional.
III. Os desafios
1/ Os setores sociais que valorizam a ascensão ao poder em vários países de presidentes de esquerda, sobretudo com Chaves e Evo Morales, se empolgam com as perspectivas de redução da dependência em relação à globalização neoliberal e de construção da integração regional. Mas será que significa mudanças profundas na maneira de fazer política e de conduzir o Estado? A maioria não se mantém distante dos movimentos sociais que os levaram ao poder?
Quanto a sua visão de desenvolvimento, não continua sendo uma visão tradicional? É o padrão de produção e de consumo atuais dominantes que continuam sendo a sua referência. Se preocupam com o trabalho, mas continuam pensando que o crescimento da economia vai resolver o problema. O meio ambiente é uma preocupação periférica. Continuam pensando que o meio ambiente não pode atrapalhar o desenvolvimento.

2/ Se os governos de esquerda pensam assim, é em parte por convicção e em parte por avaliar que a conjuntura, mundial e, freqüentemente, a nacional não lhes permitem se afastar dos cânones e das classes dominantes; mas também porque a maioria dos movimentos sociais tem a mesma concepção do desenvolvimento do que eles. O desafio é, portanto, convencer movimentos e organizações populares, sindicais e políticas e lideranças que não será possível qualquer integração na base do modelo atual. O marco desse diálogo é o questionamento da concepção de desenvolvimento corrente aceita de forma pragmática e, positivamente, avançar numa concepção de sociedade sustentável que oriente as opções políticas para a construção de uma integração sobre outros bases do que a meramente econômica.

3/ A credibilidade das nossas idéias é também ligada à aceitação de uma transição do modelo atual de desenvolvimento e do seu padrão de produção e consumo para formas diferenciadas de sociedades sustentáveis e à formulação de propostas dirigidas à economia e à política dominantes para, progressivamente, mudar seu padrão de atuação. Como, por exemplo, dialogar com uma empresa como a Petrobrás, misto de multinacional e de empresa pública? Mas devemos dialogar, por exemplo, com os produtores de soja e as empresas da cadeia? A “responsabilidade social” empresarial faz parte do nosso ofício?

Estamos assistindo – e até participando – a uma inflexão inquietante na atuação das ONGs e mesmo de movimentos sociais. Frente às pressões que sofrem da parte dos consumidores do “norte” e de governos, por causa em particular de compromissos assumidos com a assinatura de tratados internacionais, grandes corporações e certos setores da economia tentam melhorar a sua imagem ambiental. Para isso, buscam legitimidade no aval da sociedade civil. Em lugar de promover a soberania territorial e a integração na diversidade, insidiosamente, estaríamos legitimando a transnacionalização do território.

4/ No plano dos valores, há ainda um enorme caminho a percorrer para nos aproximar de uma idéia de integração que não seja meramente a busca de supremacia comercial. Por ocasião das medidas do presidente Evo Morales de nacionalização dos recursos de hidrocarbonetos e das empresas petrolíferas, as reações no Brasil da imprensa e de representantes das classes dominantes foram unânimes em dizer que os interesses do país devem passar antes de quaisquer considerações. Como disse um embaixador aposentado, citando um presidente norte-americano do passado: “um país não tem amigos, só tem interesses”. Repetiram em relação à Bolívia a mesma atitude de desprezo que têm em relação aos pobres no Brasil.

5/ É preciso um debate amplo sobre o Nacionalismo. Assistimos à emergência ou ao ressurgimento de nacionalismos que reeditem concepções que pouco ou nada têm a ver com a solidariedade na qual esperamos que uma integração seja fundada. Se identificamos melhor o nacionalismo que se esconde sob certos interesses econômicos e políticos transnacionalizados, vemos que o nacionalismo “patriótico”, assumido em particular pelas forças armadas, defensoras das fronteiras, é usado não somente pelos que querem uma integração estritamente de mercado quanto por setores políticos de esquerda. Para nós, a reflexão sobre a soberania territorial que iniciamos aqui indica um caminho para esse debate.

6/ Frente à fragmentação produzida pela integração promovida pelo grande capital, um importante desafio, para nós o mais fundamental, está em promover a diversidade. Nossa utopia, nosso projeto de construção de uma outra sociedade, não é de substituir um modelo único de produção e consumo e de mercado por outro, também único. Frente ao totalitarismo do mercado e das suas realizações no território, que não toleram a co-existência com a diversidade social e ambiental, estimamos que o futuro está na co-existência de projetos diferenciados de comunidades, de povos e de sociedades sustentáveis.

IV Algumas pistas

A guisa de conclusão, colocamos aqui uma reflexão elaborada sobre o Brasil, mas que, ao que nos parece, pode ajudar a pensar caminhos para a nossa integração (19). Para que esta utopia saia do estagio das experimentações e se generalize, é indispensável que se reduzam as relações de dependência. Isso passa pela recusa que a América do Sul continue sendo uma economia primário-exportadora. Não pregamos o isolamento dos nossos países e da região do resto do mundo, mas reafirmamos a necessidade desta região, com os recursos e a população que tem e com a sua abismal desigualdade, se voltar para um desenvolvimento mais endógeno. Necessitamos de novas e autênticas políticas de desenvolvimento que dêem prioridade aos mercados internos.

A produção industrial deve ser orientada neste sentido através de claras e permanentes políticas de estímulos ou desestímulos à produção, conforme o caso. Impostos, créditos e outros instrumentos que envolvam recursos públicos devem servir a este fim. Deve ser eliminado todo e qualquer subsídio ou outra forma de incentivo à produção de bens que não gere quantidade significativa de empregos, requeira o consumo intensivo de recursos naturais, seja de natureza altamente poluidora ou ameace a saúde dos trabalhadores envolvidos. Por outro lado, segmentos produtivos que atendam positivamente a estes requisitos deverão ser estimulados. Caso contrário, eles poderão ser fortemente taxados pelos danos causados à população e ao meio ambiente.

Tecnologias industriais de risco comprovado e de alto conteúdo energético devem ser objeto de restrições progressivas ou abandono. A introdução de novas técnicas e padrões de produção não pode permanecer subordinada à lógica do mercado e da rentabilidade financeira de curto prazo. A legislação e os recursos públicos podem viabilizar o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltadas para este objetivo. A reutilização e reciclagem de sucatas e materiais, resíduos e subprodutos do próprio processo, bem como a redução do consumo de energia, água, matérias-primas e outros insumos em processos industriais devem ser objeto de estímulos específicos e as empresas responsabilizadas quando for o caso. Contra a sua obsolescência programada, deve ser visado o prolongamento da vida útil dos bens se consumo.

A retomada, o aprofundamento ou o início de verdadeiras Reformas Agrárias numa visão de sustentabilidade, continuam sendo um imperativo social e de desenvolvimento para a região. Agricultura familiar e reforma agrária têm que ser vistas também hoje, para além da função produtiva, como promotores da descompressão urbana, como fatores importantes da segurança alimentar e nutricional, por garantir potencialmente a diversidade fitogenética, a diversidade e qualidade alimentar, como prestadores de serviços públicos ambientais, pela produção e manutenção das águas, da biodiversidade, etc..

Precisa urgentemente adquirir, do poder público à sociedade, uma visão que pensa o território e as forças sociais atuantes nele, para que as políticas e as ações possam ser decididas numa perspectiva mais totalizante e pactuada. Contra a lógica desterritorializante da globalização, queremos a sustentabilidade dos lugares, que exige respeito a diversidade cultural e ecológica, regulação social sobre o uso dos lugares e pactos territoriais. Quanto às políticas industriais, especial atenção deve ser dada aos padrões de localização da indústria. Por um lado, deve ser incentivada a desconcentração geográfica da produção, de modo a estimular atividades compatíveis com cada uma das regiões e cada localidade, aproximar a produção do consumo, economizando assim energia e produzindo empregos mais descentralizados. Mas, do outro, deve ser combatida a de localização predatória, orientada pelo menor custo trabalhista, social e ambiental.
Contra o cerceamento do meio ambiente em áreas circunscritas a Unidades de Conservação, deixando o resto do território livre para a exploração e depredação, queremos uma política que percebe o meio ambiente como inserido na trama do território, nos espaços de produção, de residência, de deslocamento, de serviços. A gestão do meio ambiente não pode estar, de um lado, restrita a um Ministério e, do outro, entregue, como no caso da produção de grãos no Cerrado e na Amazônia e da Água, a interesses econômicos. Em particular, a gestão da água não se resolverá por acordos entre “usuários” em instâncias em que os interesses difusos da sociedade e do país não estejam ativamente representados. A necessidade vital de dispor da energia suficiente para um desenvolvimento endógeno e a supressão das enormes desigualdades existentes exige também uma visão de território e o debate societário o mais amplo e esclarecido possível. O desenvolvimento do transporte público de massas, do transporte de cargas por via marítima e ferroviária deve ocupar boa parte do espaço hoje ocupado por automóveis e caminhões.

As cidades não podem ser vistas como plataformas que viabilizam nossa “globalização”, subordinando todas as questões urbanas a essa estratégia. Ë precisa resgatar o sentido da cidade como lugar da vida, individual e societária, à qual o desenvolvimento deve estar subordinado, e lugar de vivência de uma cidadania mais igualitária. Precisa de políticas nacionais que agem sobre a construção do urbano no conjunto do território e que promovem as necessárias mudanças de estrutura de poder e de gestão nas metrópoles.
As proposições formuladas aqui supõem mudanças profundas na cultura política. Em particular, sublinhamos aqui a necessidade de enraizar a prática do controle público e da sociedade sobre as instâncias que travam discussões e tomam decisões que afetam nosso futuro.

No que diz respeito aos processos de privatização dos serviços públicos, que envolvem setores como os de energia elétrica, telecomunicações, petróleo, construção e manutenção de rodovias, portos e aeroportos, saneamento básico, abastecimento de água, transporte urbano e suburbano, entre outros, além de exigir que sejam estancados e revertidos, impõe-se a necessidade de assegurar o controle público sobre esses serviços. Pois os serviços públicos serem rotulados de “públicos” não garante uma gestão ao serviço da população. Isso supõe uma redefinição dos órgãos de gestão e controle dos serviços públicos, no sentido da sua capacitação para assumir as atividades de regulação e fiscalização destas atividades; a criação ou o fortalecimento de conselhos, comissões, etc., com quadros da função pública preparados para isso e recursos próprios e a participação de setores da sociedade civil que tenham legitimidade para representar os interesses difusos da sociedade. As representações do setor privado, da área científica, das ONGs e das organizações sindicais e populares deveriam passar por órgãos colegiados cuja representatividade fosse reconhecida ou, quando não houver, por consultas tão amplas quanto possível.

Embora os Estados estejam se desfazendo da produção direta de bens, as instâncias regionais públicas em construção não podem renunciar a seu papel orientador de políticas de desenvolvimento econômico e social nos termos definidos acima. Mas não cabe mais que tais políticas, que colocam em jogo o futuro do conjunto da sociedade, de um lado, sejam totalmente subordinadas à política financeira e cambial e, do outro, sejam discutidas unicamente pela tecnoburocracia supostamente especializada e pela parte do setor privado que mais se afina com a abertura econômico regional. Cabe reforçar os órgãos públicos especializados voltados para isso, mas também submetê-los – e as políticas e propostas de desenvolvimento – à discussão pública.

Notas

(1) A Comunidade andina de Nações – CAN – criada em 1996, é constituída por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru.
(2) O Mercosul foi criado em 1991 por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, e formalizado em 1994. A venezuela passou a integrá-lo em 2006.
(3) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Integração na América Latina. Subsídios para debater a integração dos povos. Cadernos de formação 3. ASC, Campanha, Rebrip, São Paulo, Rio de Janeiro, 2006.
(4) Camargo, Sônia. União Européia e Mercosul: Convergências e Divergências, IRI Textos, Nº 22, setembro de 1999, IRI-PUC/RJ
(5) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Op.cit:10.
(6) Ver Achkar, Marcel. Una visión territorial de la integración. Cono Sur Sustentable/Rede Amigos de la Tierra Uruguay. Manuscrito. 2006.
(7) Carvalho, Guilherme. A integração Sul-americana e o Brasil: O protagonismo brasileiro na implementação do IIRSA. Fase, Belém, 200: 21.
(8) Idem: 71.
(9) De Ovando, Lino Solis y Larrain Sara. Anillo energético sudamericano. Desafíos para la integración energética del Conosur. Chile sustentable, Santiago, 2005.
(10) Seminario IIRSA, BNDES, 23 de noviembre de 2005.
(11) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Op.cit: 26.
(12) II cumbre de jefes de estado de la comunidad sudamericana de naciones. Declaración de Cochabamba – Colocando la piedra fundamental para una unión sudamericana. 8 y 9 de diciembre de 2006.
(13) Sader, Emir. Alternativas latino-americanas. Le Monde Diplomatique, Edições mensais, fevereiro 2006.
(14) Achkar, id.
(15) Ibidem.
(16) Ver Carvalho, Guilherme. A Integração Sul-Americana e o Brasil: O protagonismo brasileiro na implementação da IIRSA. Fase, Belém/PA, 2004.
(17) Achkar. Id.
(18) ver o artigo de Julianna Malerba e Maria Elena Rodriguez. Extraterritorialidad y derechos humanos: el doble estándar de la Petrobrás em Yasuní (Ecuador). In Leroy Jean Pierre y Malerba, Julianna. Petrobrás: ¿integración o explotación”, Fase, Rio de Janeiro, 2005.
(19) Este capítulo foi elaborado a partir do conjunto de estudos do Projeto Brasil Sustentável e Democrático.

Jean Pierre Leroy com a colaboração de Marcelo Achkar
I. As integrações em curso
Quais são os significados da Integração regional no contexto atual, stuff o de cada país, decease da região e do mundo? Levando em conta os múltiplos interesses que atravessam o debate e as iniciativas em curso, aparecem várias ambigüidades e contradições que impedem de simplificar a questão.
A integração está sendo imposta no contexto econômico global que leva à abertura indiscriminada das economias locais, com a presença crescente de multinacionais, à privatização das empresas públicas e, ainda em curso, à privatização dos serviços que eram públicos, à liberdade de movimentação do capital financeiro. A integração entendida assim tende a nivelar por baixo direitos trabalhistas, sociais e ambientais dos países envolvidos e a criar um ambiente político e econômico que permite às firmas transnacionais se mover na região exclusivamente em função dos seus interesses.
Essa integração regional busca um re-ordenamento das economias locais e um tipo de integração que oscila entre a busca de um melhor posicionamento na economia global e, do outro lado, secundariamente, a formação um mercado regional. Aparecem então os interesses das principais economias da região (Brasil, Argentina) que ganham no comércio regional ao mesmo tempo em que o Mercosul lhes dá maior poder de barganha frente à economia mundial.
Ao mesmo tempo em que os Estados-nações mais sólidos economicamente buscam se fortalecer através da integração econômica, contraditoriamente, mas coerentemente, são levados, eles e os outros países da região, a abrir mão de parte da sua soberania em nome de regras e instâncias supra-nacionais, estabelecidas dentro do bloco e fora dele. Isso é coerente com o que já acontece no plano de cada país, quando os Estados cumprem o papel de facilitadores de uma economia sempre mais aberta e que dita, através dos quadros dirigentes das grandes corporações e dos seus aparelhos, os rumos do crescimento, em nome do dogma que é esta economia que vai gerar riqueza, empregos e melhorias sociais.
A integração, nesse sentido, atua em mão dupla, embora os fluxos, do “norte” para o “sul” e do sul para o norte, sejam incomparavelmente desiguais. De um lado, ela facilita o domínio das grandes corporações produtivas, comerciais e financeiras e das economias dos Estados mais fortes da região, ao permitir aos segmentos exportadores regionais ter mais força para penetrar no mercado mundial, fazendo uso das suas vantagens comparativas, e aos setores produtivos da região importar na expectativa de participar do crescimento esperado. De outro lado, ao abrir o comércio regional, colocando-o sob as regras do livre-mercado, prepara o terreno e o ambiente para a liberalização completa das economias nacionais.
Essa estratégia, bem ou mal, significa o início de uma política regional concertada, que construa uma integração não só econômica, mas também política. A integração é o embrião de um futuro poder supra-nacional que garante ao mercado as condições para a sua plena realização. A Comunidade andina de Nações – CAN (1) e o Mercosul (2) podem ser vistos nessa perspectiva. Numa cartilha que apresenta os processos em curso de integração regional (3), Fátima Mello, citando a professora Sônia Camargo (4), destaca que as políticas econômicas do Mercosul “passaram a se voltar, prioritariamente, para uma melhor adequação às exigências de competitividade impostas pelos processos de liberalização dos mercados e de sua integração global”; e comenta que, “frente à aceleração dos processos de indiscriminada liberalização e desregulamentação comercial e financeira, foi levado a converte a dinâmica sub-regional em um modelo de regionalismo aberto, visando a inserção competitiva no mercado globalizado”(5).
Várias iniciativas dos governos da região exemplificam essa relação tencionada e contraditória entre a lógica do mercado e vontades – ou veleidades – políticas. Se a resistência à proposta norte-americana de formação da Alca prevaleceu, sob a liderança do Brasil e o forte movimento popular sul-americano, o projeto dos EUA de colocar de maneira duradoura a região sob a sua dependência pela via econômica está sendo posto em ação pelo caminho de acordos bi-laterais. Os EUA esperam assim criar com os países que aceitarem esses acordos laços que tornem impossíveis uma integração regional com uma real autonomia. O Mercosul e a CAN, nesse caso, não desapareceriam, mas não ultrapassariam o estatuto de acordos comerciais entre vizinhos, dentro do marco mais geral hoje sinalizado pela OMC, mas também ditado pelos interesses norte-americanos, via o conjunto de acordos bilaterais com diferentes países e o poder das suas multinacionais presentes na região. O Chile, que se retirou inclusive em 1975, durante a ditadura de Pinochet, da CAN, é o precursor e o paradigma em matéria de acordos bi-laterais. O Peru e a Colômbia assinaram acordos bi-laterais com os EUA e o Equador estava, antes das últimas eleições, se preparando. A decisão da Colômbia provocou a saída da Venezuela da CAN. Por sua vez, o Paraguai e o Uruguai, primos pobres do Mercosul, manifestam o seu interesse em assinar acordos bilaterais.
A Iniciativa para a Integração da infla-estrutura sul-americana – IIRSA – expressa bem a tendência predominante, à “transnacionalização dos espaços, de abertura das fronteiras nacionais para garantir as determinações das corporações e empresas com capacidade suficiente para manter fluxos no espaço mundializado… Na prática, o discurso da integração regional se reduz ao acondicionamento físico dos territórios para a livre circulação das mercadorias (todos os elementos que possam ter um valor de mercado) e os aspectos parciais administrativos (levantando as restrições burocráticas dos Estados-Territórios)”(6).
Na IIRSA, os Andes, a Floresta Amazônica, rios, pantanais, e, em geral, ecossistemas ainda preservados (e suas populações) são apreendidos como obstáculos à integração efetiva da região na “busca pela competividade”, conforme diziam o então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, banco de fomento brasileiro, e o presidente da CAF, Sr Henrique Garcia em seminário realizado em 2003. (7) Se a IIRSA é iniciativa dos governos da região, ela “está fundamentalmente voltada para o atendimento das demandas dos segmentos com forte atuação no mercado internacional” (8).
Na mesma linha, vale lembrar a proposta de Anillo Energético Sudamericano, surgida no final dos anos 90, que interligaria os gasodutos da região, disponibilizando em particular o gás de Camisea, na Amazônia peruana, para o Chile. A idéia não se viabilizou, já que o gás de Camisea não poderia suprir ao mesmo tempo as necessidades do mercado interno peruano e dos seus clientes do Golfe do México e, do outro lado, o atendimento à região. Sara Larrain vê esse projeto, em coerência com a IIRSA, como “conexão de infra-estrutura sob a iniciativa privada” (9).
A chegada ao poder de governos “progressistas moderados” no Brasil, na Argentina e no Uruguai, de um lado, e, do outro, de “progressistas radicais” na Venezuela e na Bolívia, tende a modificar o quadro traçado acima. Dois projetos de integração estão se desenhando. Simplificando, podemos dizer que o governo do Presidente Lula é bem representativo do primeiro projeto. Segundo explicação do Dr. Guido Mantega, então presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, o atual governo brasileiro reconhece que a globalização da economia é irreversível, e pretende participar desse processo como protagonista e não como coadjuvante. Para isso, o governo brasileiro empreendeu uma vigorosa política externa com vistas a estabelecer uma nova correlação de forças através da diminuição da dependência dos países emergentes, do aumento da autonomia dos países, da união de interesses comuns, e da ampliação do diálogo Sul-Sul (10). O Brasil quer convencer os seus vizinhos que todos sairão ganhando ao se integrar coletivamente, com mais força, sem servilismo, na economia mundial. Podemos arriscar defini-lo, do ponto de vista política, como anti-imperialista e anti-hegemônico.
As mudanças no Mercosul, com a entrada no bloco da Venezuela, a criação do Parlamento do Mercosul e a aprovação do Fundo de Convergência Estrutural, destinado em particular a enfrentar as assimetrias sociais, econômicas e estruturais entre os países do bloco, apontam nessa direção. No entanto, o Mercosul está mergulhado em crises e impasses sucessivos no plano econômico (economias da Argentina e do Brasil esmagando os seus pequenos vizinhos; barreiras persistentes a produtos vindo de outros países do bloco e abertura indiscriminada para produtos de fora do bloco) e político (crise das papelereiras entre Argentina e Uruguai; acordos militares entre o Paraguai e os EUA).
Frente aos limites dos processos de articulação em curso, os governos da região criam a Comunidade Sul Americana de Nações – CASA, que une os países do Mercosul e da Comunidade Andina, Chile, Guiana e Suriname, “como opção para aprofundar a integração da economia regional, elevando o poder de barganha nas áreas hemisférica e internacional” (11). Mas a opção progressista da maioria dos governos faz com que não queiram reduzir a CASA a um mero instrumento de mercado. A Cúpula de Cochabamba, de dezembro 2006, manifesta a intenção dos governantes da região em ultrapassar uma união econômica. Na sua Declaração, eles afirmam que
“la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones busca el desarrollo de un espacio integrado en lo político, social, cultural, económico, financiero, ambiental y en la infraestructura. Esta integración sudamericana no es sólo necesaria para resolver los grandes flagelos que afectan a la región, como son la pobreza, la exclusión y la desigualdad social persistentes, que se han transformado en los últimos años en una preocupación central de todos los gobiernos nacionales, sino que es un paso decisivo para lograr un mundo multipolar, equilibrado, justo y basado en una cultura de paz” (12).
E eles inscrevem no seu programa, além da pauta econômica, outros pontos: Agenda social sul-americana; Meio ambiente; Cidadania sul-americana; Identidade cultural e Participação cidadã no processo de integração.
Mesmo participando dessas iniciativas, Hugo Chavez e Evo Morales, talvez possam representar um outro modelo emergente que pretende se construir em oposição ao mercado dominante. Mercosul, CAN e Casa pretendem atuar conforme as regras do mercado liberal. Já, a Alternativa Bolivariana para as Américas – Alba, oficializada em 2004 pelos presidentes de Cuba e Venezuela, e que junta em várias iniciativas Venezuela, Cuba e, mais recentemente a Bolívia, segundo o Professor Emir Sader,
“ainda em estado embrionário, e sem prejulgar seu sucesso… é uma tentativa ambiciosa de integração regional que escapa às lógicas de mercado… “A Alba pretende ser o contraponto da ALCA. Pretende integrar economias dissimiles desde baixo, envolvendo a todos os atores econômicos e sociais – como cooperativas, pequenas empresas, empresas públicas, empresas privadas grandes, médias e pequenas -, priorizando o atendimento de problemas essenciais para a massa da população, como alimentação, moradia, indústria e meio ambiente. Enquanto que a ALCA não diferencia entre países grandes e pequenos, entre países com grandes recursos naturais, financeiros, energéticos e os outros, acentuando mecanismos em que ganham os mais fortes – neste caso, os EUA. Além disso, a ALCA pretende impor aos países critérios de segurança jurídica que favorecem as grandes corporações multinacionais, não se dispondo a atender aos países mais fracos (13).
Cooperação, complementaridade e solidariedade são palavras chave. É assim que a Venezuela, no seu Acordo com Cuba, por exemplo, troca petróleo por médicos e oftalmologistas. No entanto, essa oposição não significa ruptura com o modelo de desenvolvimento dominante nem com o seu mercado, já que o seu principal expoente, Hugo Chavez, assenta a sua proposta sobre a economia do petróleo. Tanto ele quanto Evo Morales querem que a renda propiciada pelos hidrocarbonetos sirva em prioridade para reorientar o desenvolvimento dos seus países para a população pobre, mas, além disso, Chavez aproveita dessa renda para alavancar o seu projeto de integração bolivariana. Esse modelo se apresenta com uma face venezuelana a tendências populistas e patriarcais e com uma face boliviana mais popular. Pois, se o governo venezuelano carece de movimentos sociais organizados para sustentar internamente seu projeto, não é o caso da Bolívia, cujo presidente, levado ao poder por um forte movimento social e étnico, é compelido a apresentar e defender um projeto de nação e de integração cuja centralidade esteja no resgate da autonomia do seu país e da dignidade e inclusão dos seus povos.
Talvez a questão da nacionalização das jazidas e das empresas de produção, transformação e comercialização de hidrocarbonetos possa ser vista como o começo de uma experiência de uma outra integração. Pois, países vizinhos, em particular o Brasil, afirmaram o direito do povo boliviano e do seu governo a exercer a sua soberania.
Gasodutos, sim, mas sob regras que beneficiam à população boliviana. Falta dizer e fazer com que esse gás seja distribuído para o bem real dos países e das populações dos países que o recebem.
Assim, a criação da Comunidade sul-americana de nações bem como a entrada da Venezuela no Mercosul e a intenção manifestada por Evo Morales de seguir o mesmo caminho, colocam novos ingredientes, não só para uma integração econômica no marco do mercado global, desejada e procurada dentro de um marco anti-hegemônico, não mais por países que aceitem sem contestar a sua subordinação e sua dependência, mas para uma integração orientada para a região. Têm como um de seus pilares um novo discurso político, de unificação dos nossos destinos, de reconhecimento das assimetrias, de solidariedade e de apoio mútuo.
Algumas questões que esses processos levantam.
1/ Fragmentação do território
Os Estados-nações eram também Estados-territórios. As nações se definiam pela extensão do seu território e a cidadania pelo pertencimento a esse território. A construção dos Estados da região pode ser interpretada como uma história de tensão permanente entre a busca de unificação do território e dos seus habitantes pelo poder econômico e político e as múltiplas resistências exercidas por populações inseridas em territórios extremamente diversificados, biológica e humanamente. Mesmo que certos setores tenham imposto certas formas de exploração do território nacional que marcaram a economia do país, tais como mineração, pecuária, culturas da cana ou do café, etc., cada país manteve uma fisionomia própria diversificada: países das pampas, dos chacos, dos cerrados, das serras e dos altiplanos, dos bosques boreais e das florestas tropicais, dos desertos e das caatingas, dos pantanais e dos humedales. Cada ecossistema com seus povos.
Subordinados ao mercado global, “os espaços de integração regional oficialmente definidos apontam para a padronização da diversidade, a uniformização espacial e a intenção de hegemonia cultural” (14). Por exemplo, a produção de soja ou de eucalipto e pinheiro uniformiza o espaço ao mesmo tempo em que exclui as populações locais das suas atividades tradicionais. Os espaços se tornam mero suporte para a atividade produtiva, sem a relação duradoura entre a atividade econômica e o ecossistema, que permite que uma realimente a outra; sem envolvimento da população local, que se torna obstáculo. E, quando não servem ao capital, são desprezados e abandonados. Essa integração, que desconsidera a diversidade dos ecossistemas, a fortiori ignora as populações locais na sua diversidade, étnica, de gênero, produtiva, cultural. Assim, “matrizes uniformizantes sobre territórios biodiversos consolidam a fragmentação dos espaços… Os Estados-Territorios procuravam a formulação de normativa de aplicação universal no interior do espaço da Nação, os processos de integração geram fragmentações orientadas pelos fluxos e reservatórios dos fatores de produção” (15). O desafio consiste em promover uma integração que barre a definitiva fragmentação, substituindo-a pela diversidade de projetos promovidos por atores e grupos sociais que se reconheçam plurais, mas solidários.

2/ Nacionalismos e Nações autônomas

Uma verdadeira integração exige Estados nacionais autônomos para que a integração não se comute em sub-imperialismo disfarçado ou não seja uma entregue total ao mercado global, como mencionado acima. Estado nacional autônomo não significam nacionalismo. O nacionalismo associa-se à defesa das fronteiras e da integridade do território nacional, tendo por isso mesmo um forte componente militar. Para prosperar, ele precisa do conflito, aberto ou velado, real ou artificial. O nacionalismo precisa de inimigo a quem se opor. Ele é facilmente acionado quando um governo precisa fortalecer a sua imagem ou justificar certas das suas ações, quando é preciso desviar a atenção de certos problemas, re-unificando a nação, quando ajuda a mascarar processos anti-nacionais. A ditadura militar brasileira cunhou assim a respeito da Amazônia brasileira o slogan Integrar para não entregar. A imprensa brasileira e certos setores políticos responderam à decisão da Bolívia de nacionalizar as jazidas e as indústrias de hidrocarbonetos com um apelo nacionalista rasteiro, lembrando que “as nações não têm amigos, só interesses”. Sob o discurso nacionalista, se esconde frequentemente interesses econômicos que pouco têm a ver com os verdadeiras interesses os povos. Mudam os interesses e muda o discurso, como o mostra a reivindicação de autonomia de alguns departamentos bolivianos. Como um filme em negativo, ela mostra como a noção de nação pode ficar subordinada a interesses econômicos.
Apesar de que os países reconheçam em tese a assimetria existente entre eles e queiram reduzi-la, o que tem ocorrido é que, ao mesmo tempo em que buscam construir uma política comum, defendem com unhas e dentes seus interesses. Quando o BNDES empresta dinheiro para obras em países vizinhos, o faz para financiar a produção de bens e serviços para essas obras no Brasil e para financiar as empresas brasileiras que vão executá-las. Atualmente, busca-se abrir o BNDES para que fomente atividades econômicas nos países vizinhos Mas, si é difícil falar de sub-hegemonia, é inegável que o Brasil se posiciona de modo a que sua liderança no processo de integração esteja garantida (16). Frente ao “rolo compressor” da Argentina e do Brasil, a tentação é grande para o Paraguai e o Uruguai aceitar e mesmo promover uma integração a qualquer custo.
Não se precisa de nacionalismos, mas de nações autônomas e de Estados soberanos fortes. E, para isso, precisa-se que cada povo tenha sua existência reconhecida dentro de cada nação, e que se reconhecem como povos que participam de um projeto de nação, não fundado sobre a oposição a outros povos e nações, mas sobre um projeto próprio que os integre num projeto regional.
3/ O modelo de desenvolvimento
Ao mirar os processos de integração em curso, o modelo de desenvolvimento pretendido pelos governos da região, para além das retóricas, não aparece ser outro, com algumas nuances, do que o que está em curso. Tratar-se-ia de aprofundar um modelo primário-exportador, com algumas poucas áreas de excelência industrial ou agrícola, sugando e destruindo os recursos naturais e, cada vez mais excludente do ponto de vista social.
O mais preocupante é que, admitindo que caminhemos para uma alternativa política, na nossa perspectiva, essa alternativa encontrará seus limites cedo. O modelo de desenvolvimento, proposto inclusive pelos que buscam uma outra integração, é fundado sobre o mesmo padrão de produção e consumo. Esse padrão chegou a tal grau de sofisticação e de integração de mercado que dificilmente pode permitir, no curto e no médio prazo, bifurcar e tomar outro rumo. Ele enreda os governos em redes tecnológicas, comerciais e financeiras tais que somente profundas crises e intenso apoio popular permitiriam iniciar as rupturas necessárias para construir uma alternativa real.
O segundo limite é devido ao fato que a maioria dos setores progressistas no poder ou que gravitam ao seu redor acreditam que somente o crescimento no quadro desse modelo permitirá fornecer empregos e reduzir assim a pobreza. Crença ou medo de enfrentar a construção dolorosa e pouco gratificante no quadro da política tradicional de um outro desenvolvimento? O certo é que essa opção faz com que os dirigentes políticos progressistas estejam mais próximos dos que manejam há décadas, e mesmo séculos, o modelo dominante do que dos que os levaram ao poder.
O terceiro limite está na crise estrutural provocada pelo modelo adotado. Crise de empregos, pois, mesmo que haja ainda lugar em nossos países para um crescimento real dos empregos, sempre mais pessoas são dispensáveis, tanto como produtoras quanto como consumidoras. Crise de cidadania, pois o mercado constituído sobre esse padrão de produção e consumo substitui a democracia substantiva por um faz-de-conta no qual os rituais eleitorais mal disfarçam a descartabilidade de parte da população. Crise ambiental, pois, se há maior sensibilidade para com as grandes crises ambientais que estão se gestando – água, energia, clima, solo e biodiversidade – essa sensibilidade não afeta, senão marginalmente, a máquina embalada do crescimento a qualquer custo.
II. A integração que construímos
A construção de uma integração só pode ser um processo histórico. Países e impérios se construíram e adquiriram identidade tanto em oposição a outros países e/o povos quanto por processos internos de afirmação e de pertencimento (construção da ocupação do território, do sistema jurídico, de valores, da função e dos aparelhos do Estado, as formas do desenvolvimento…). As guerras e os conflitos resultantes do fim de impérios e do colonialismo e da decadência de certos Estados, de um lado, e, do outro, do processo de transnacionalização do território sob a hegemonia neo-liberal, bem como a transformação do mundo em “aldeia global”, graças aos meios de comunicação, colocam limites aos Estados-nação/Estados-território. Não estamos aqui negando a soberania dos países da região sobre seus territórios, mas, frente à entrega dos nossos territórios à sanha do grande capital, já vemos que se quer reduzir os nossos Estados a guardiões da nova ordem econômica internacional, com seus aparatos ideológicos e repressivos voltados para a manutenção da ordem social e suas fronteiras se tornando barreiras de contenção às migrações. Enquanto isso, sempre mais pessoas se vêm excluídas de uma cidadania ativa. “A soberania nacionalista, construída sobre a idéia da existência de um Estado Nação em um território; e uma sociedade que se comporta como um grupo social, compartilhando interesses e objetivos” (17) está sendo destruída pelas mesmas classes dominantes que a defendem nos seus discursos, pois a sua manutenção serve a seus interesses escusos. Continua Achkar:
“Frente a estos procesos contradictorios: integración – fragmentación, las sociedades desde sus distintos niveles de organización, confrontan otras alternativas de integración de los territorios. Partiendo de la lógica de ocupación territorial, el territorio es aquella porción del espacio ocupado organizado y gestionado por una comunidad, como categoría densa que contiene la historia que lo contiene.
Desde esta interpretación el concepto de soberanía territorial se diferencia sustancialmente de la soberanía nacionalista: La soberanía territorial se asocia a la capacidad de una grupo social de construir la historia que contiene y esta contenida en un territorio concreto. La integración aparece entonces como la consolidación de diversidad de territorios soberanos, con instancias de gestión participativa de los bienes de la naturaleza que integran el espacio. La complementariedad entre esta diversidad de territorios constituye la matriz de esta integración territorial. Esta complementariedad es un proceso de creación diversa según los objetivos diferentes de cada grupo social que estructura su espacio”.
Esse processo de criação exige a participação diferenciada dos homens e das mulheres, para que não se reproduzam os esquemas de dominação de gênero e que a diversidade dos projetos seja realmente posta a prova. Portanto, resulta pouco provável a definição de uma matriz homogênea, de aplicação universal para a complementaridade territorial a nível regional.
Esta integração territorial não se opõe forçosamente à soberania nacional. Os Estados-nação, na medida em que se consegue inverter a sua identificação com as forças do mercado neo-liberal e com as classes dominantes, voltando a ser a expressão dos povos e das populações inseridas no seu território, são o ponto de partida da integração que buscamos. Partindo da afirmação das nossas soberanias nacionais assim entendidas e das expressões das nossas soberanias territoriais, a integração territorial parece tender a ser um processo que se deve construir a partir das experiências de cada grupo social. É isso que estamos ainda iniciando.
Reconhecemos que começamos um processo de integração por oposição ao modelo e às iniciativas já existentes. Antes de ser um projeto articulado de uma outra integração, é uma ação coletiva de resistência. Não poderia ser de outra forma já que não detemos os recursos e o poder de realizar e de influenciar decisivamente um projeto público de interação regional. Nosso “contra” não é de protesto por princípio ou por uma vaga utopia, mas de esperança numa transformação tanto possível quanto necessária:
1/quando juntos travamos lutas contra a Alca, a OMC, o FMI, a dívida externa, o expansionismo norte-americano, a militarização do sub-continente, a concepção de integração da IIRSA;
2/ e, mais próximo, por exemplo, contra a hidrovia Paraguai-Paraná, contra a hidrovia e represas do rio Madeira, contra o gasoduto norte-sul, contra os impactos sociais e ambientais das empresas de hidrocarbonetos, de produção de papel, celulose e carvão vegetal, contra uma siderurgia no Pantanal, contra a monocultura da soja e os transgênicos e, mais amplamente, contra uma agricultura baseada sobre um pacote tecnológico que concentra o poder nas mãos da agroindústria e tende a reconcentrar a terra, excluindo boa parte do campesinato; contra a transnacionalização de uma zona de glaciares entre o Chile e a Argentina para a mineração, etc.
3/ Quando apoiamos lutas em países vizinhos, por exemplo contra represas que afetam os Mapuches; uma usina nuclear na Patagônia, a repressão na Colômbia, a Petrobrás no Equador;
Essas lutas podem aparecer como ações meramente reativas, mas, ou porque é um projeto nosso em construção que nos faz reagir ou porque na própria reação e negação é que formulamos nossas alternativas, é nestas lutas de resistência que se esboça uma outra integração. Mas também esta se afirma positivamente:
1/ Quando dizemos que “Uma outra América Latina é possível” e fazemos do FSM e dos nossos encontros internacionais espaços de construção de integração, e, mais concretamente,
2/ quando defendemos uma agricultura camponesa, dentro dos marcos da soberania e da segurança alimentar e nutricional. Note-se que nosso projeto não é de integração das agriculturas da região, senão quando são claras as complementaridades, devido a tradições, climas, disponibilidade de espaço. A integração está na formulação de alternativas (o que pode significar integrar/descentralizar centros de pesquisa e tecnologia, certos elementos de agroindústria, por exemplo), na sua defesa e na sua implementação, cada um no seu país. A integração está na criação de movimentos como a Via Campesina e da CLOC e no debate travado por essas organizações e seus aliados, em particular sobre a soberania alimentar. Queremos dar prioridade á produção e aos mercados locais.
3/ quando propomos uma plataforma energética para a região que tenha como ponto de partida a soberania energética. A partir do questionamento dos usos da energia: quantidade e destino. Para indústrias eletro-intensivas e agricultura voltadas para exportação ou para indústrias locais e que agregam valores e para diminuir a igualdade social (cesta energética)? Para sustentar o transporte individual e o transporte rodoviário ou para promover o transporte público urbano, as ferrovias e a cabotagem e reduzir as necessidades de transporte de mercadoria, aproximando a produção do consumo? Com mais construções de hidroelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, gasodutos e oleodutos (que não recusamos em bloco numa perspectiva de transição) ou dando ênfase às energias renováveis, à economia e à conservação de energia? Com energias renováveis entregues ao mercado ou energias sustentáveis, com controle social?
4/ quando nos juntamos na resistência à privatização da água e defendemos uma gestão pública e participativa dos usos da água;
5/ quando propomos que as regiões vistas por IIRSA como obstáculos à integração – ecossistemas ainda preservados, Altiplano andino, Chaco, Pantanal, Floresta Amazônica – sejam consideradas como regiões onde populações na sua maioria tradicionais (povos indígenas e/ou negros ou mestiço instalados há tempo nessas regiões nas quais desenvolveram formas de viver e de se reproduzir adaptadas ao ecossistema) possam assegurar a sua soberania territorial e, ao mesmo tempo, reforçar coletivamente, de maneira transfronteiriça, suas formas de produzir e de viver.
6/ quando, frente à IIRSA, propomos que as vias e comunicação priorizem as ligações entre territórios onde povos e setores da população constroem seus projetos diversificados de vida e de reprodução sustentáveis; entre as cidades e seu entorno, valorizando a produção camponesa e as suas estratégias de diversificação da agricultura e suas formas de gestão do território rural que garantem, por exemplo, o fornecimento de água de qualidade às cidades;
7/quando propomos que, frente ao modelo automotivo, sejam privilegiados os transportes coletivos;
8/ quando, frente ao mercado neoliberal, afirmamos o potencial da economia solidária;
9/ quando propomos que as atividades de empresas na região e os empreendimentos públicos tenham como referência o padrão de leis ambientais, sociais e trabalhistas mais alto dentro da região (18), sugerindo assim um caminho para uma regulação pública regional.
III. Os desafios
1/ Os setores sociais que valorizam a ascensão ao poder em vários países de presidentes de esquerda, sobretudo com Chaves e Evo Morales, se empolgam com as perspectivas de redução da dependência em relação à globalização neoliberal e de construção da integração regional. Mas será que significa mudanças profundas na maneira de fazer política e de conduzir o Estado? A maioria não se mantém distante dos movimentos sociais que os levaram ao poder?
Quanto a sua visão de desenvolvimento, não continua sendo uma visão tradicional? É o padrão de produção e de consumo atuais dominantes que continuam sendo a sua referência. Se preocupam com o trabalho, mas continuam pensando que o crescimento da economia vai resolver o problema. O meio ambiente é uma preocupação periférica. Continuam pensando que o meio ambiente não pode atrapalhar o desenvolvimento.
2/ Se os governos de esquerda pensam assim, é em parte por convicção e em parte por avaliar que a conjuntura, mundial e, freqüentemente, a nacional não lhes permitem se afastar dos cânones e das classes dominantes; mas também porque a maioria dos movimentos sociais tem a mesma concepção do desenvolvimento do que eles. O desafio é, portanto, convencer movimentos e organizações populares, sindicais e políticas e lideranças que não será possível qualquer integração na base do modelo atual. O marco desse diálogo é o questionamento da concepção de desenvolvimento corrente aceita de forma pragmática e, positivamente, avançar numa concepção de sociedade sustentável que oriente as opções políticas para a construção de uma integração sobre outros bases do que a meramente econômica.
3/ A credibilidade das nossas idéias é também ligada à aceitação de uma transição do modelo atual de desenvolvimento e do seu padrão de produção e consumo para formas diferenciadas de sociedades sustentáveis e à formulação de propostas dirigidas à economia e à política dominantes para, progressivamente, mudar seu padrão de atuação. Como, por exemplo, dialogar com uma empresa como a Petrobrás, misto de multinacional e de empresa pública? Mas devemos dialogar, por exemplo, com os produtores de soja e as empresas da cadeia? A “responsabilidade social” empresarial faz parte do nosso ofício?
Estamos assistindo – e até participando – a uma inflexão inquietante na atuação das ONGs e mesmo de movimentos sociais. Frente às pressões que sofrem da parte dos consumidores do “norte” e de governos, por causa em particular de compromissos assumidos com a assinatura de tratados internacionais, grandes corporações e certos setores da economia tentam melhorar a sua imagem ambiental. Para isso, buscam legitimidade no aval da sociedade civil. Em lugar de promover a soberania territorial e a integração na diversidade, insidiosamente, estaríamos legitimando a transnacionalização do território.
4/ No plano dos valores, há ainda um enorme caminho a percorrer para nos aproximar de uma idéia de integração que não seja meramente a busca de supremacia comercial. Por ocasião das medidas do presidente Evo Morales de nacionalização dos recursos de hidrocarbonetos e das empresas petrolíferas, as reações no Brasil da imprensa e de representantes das classes dominantes foram unânimes em dizer que os interesses do país devem passar antes de quaisquer considerações. Como disse um embaixador aposentado, citando um presidente norte-americano do passado: “um país não tem amigos, só tem interesses”. Repetiram em relação à Bolívia a mesma atitude de desprezo que têm em relação aos pobres no Brasil.
5/ É preciso um debate amplo sobre o Nacionalismo. Assistimos à emergência ou ao ressurgimento de nacionalismos que reeditem concepções que pouco ou nada têm a ver com a solidariedade na qual esperamos que uma integração seja fundada. Se identificamos melhor o nacionalismo que se esconde sob certos interesses econômicos e políticos transnacionalizados, vemos que o nacionalismo “patriótico”, assumido em particular pelas forças armadas, defensoras das fronteiras, é usado não somente pelos que querem uma integração estritamente de mercado quanto por setores políticos de esquerda. Para nós, a reflexão sobre a soberania territorial que iniciamos aqui indica um caminho para esse debate.
6/ Frente à fragmentação produzida pela integração promovida pelo grande capital, um importante desafio, para nós o mais fundamental, está em promover a diversidade. Nossa utopia, nosso projeto de construção de uma outra sociedade, não é de substituir um modelo único de produção e consumo e de mercado por outro, também único. Frente ao totalitarismo do mercado e das suas realizações no território, que não toleram a co-existência com a diversidade social e ambiental, estimamos que o futuro está na co-existência de projetos diferenciados de comunidades, de povos e de sociedades sustentáveis.
IV Algumas pistas
A guisa de conclusão, colocamos aqui uma reflexão elaborada sobre o Brasil, mas que, ao que nos parece, pode ajudar a pensar caminhos para a nossa integração (19). Para que esta utopia saia do estagio das experimentações e se generalize, é indispensável que se reduzam as relações de dependência. Isso passa pela recusa que a América do Sul continue sendo uma economia primário-exportadora. Não pregamos o isolamento dos nossos países e da região do resto do mundo, mas reafirmamos a necessidade desta região, com os recursos e a população que tem e com a sua abismal desigualdade, se voltar para um desenvolvimento mais endógeno. Necessitamos de novas e autênticas políticas de desenvolvimento que dêem prioridade aos mercados internos.
A produção industrial deve ser orientada neste sentido através de claras e permanentes políticas de estímulos ou desestímulos à produção, conforme o caso. Impostos, créditos e outros instrumentos que envolvam recursos públicos devem servir a este fim. Deve ser eliminado todo e qualquer subsídio ou outra forma de incentivo à produção de bens que não gere quantidade significativa de empregos, requeira o consumo intensivo de recursos naturais, seja de natureza altamente poluidora ou ameace a saúde dos trabalhadores envolvidos. Por outro lado, segmentos produtivos que atendam positivamente a estes requisitos deverão ser estimulados. Caso contrário, eles poderão ser fortemente taxados pelos danos causados à população e ao meio ambiente.
Tecnologias industriais de risco comprovado e de alto conteúdo energético devem ser objeto de restrições progressivas ou abandono. A introdução de novas técnicas e padrões de produção não pode permanecer subordinada à lógica do mercado e da rentabilidade financeira de curto prazo. A legislação e os recursos públicos podem viabilizar o desenvolvimento da ciência e tecnologia voltadas para este objetivo. A reutilização e reciclagem de sucatas e materiais, resíduos e subprodutos do próprio processo, bem como a redução do consumo de energia, água, matérias-primas e outros insumos em processos industriais devem ser objeto de estímulos específicos e as empresas responsabilizadas quando for o caso. Contra a sua obsolescência programada, deve ser visado o prolongamento da vida útil dos bens se consumo.
A retomada, o aprofundamento ou o início de verdadeiras Reformas Agrárias numa visão de sustentabilidade, continuam sendo um imperativo social e de desenvolvimento para a região. Agricultura familiar e reforma agrária têm que ser vistas também hoje, para além da função produtiva, como promotores da descompressão urbana, como fatores importantes da segurança alimentar e nutricional, por garantir potencialmente a diversidade fitogenética, a diversidade e qualidade alimentar, como prestadores de serviços públicos ambientais, pela produção e manutenção das águas, da biodiversidade, etc..
Precisa urgentemente adquirir, do poder público à sociedade, uma visão que pensa o território e as forças sociais atuantes nele, para que as políticas e as ações possam ser decididas numa perspectiva mais totalizante e pactuada. Contra a lógica desterritorializante da globalização, queremos a sustentabilidade dos lugares, que exige respeito a diversidade cultural e ecológica, regulação social sobre o uso dos lugares e pactos territoriais. Quanto às políticas industriais, especial atenção deve ser dada aos padrões de localização da indústria. Por um lado, deve ser incentivada a desconcentração geográfica da produção, de modo a estimular atividades compatíveis com cada uma das regiões e cada localidade, aproximar a produção do consumo, economizando assim energia e produzindo empregos mais descentralizados. Mas, do outro, deve ser combatida a de localização predatória, orientada pelo menor custo trabalhista, social e ambiental.
Contra o cerceamento do meio ambiente em áreas circunscritas a Unidades de Conservação, deixando o resto do território livre para a exploração e depredação, queremos uma política que percebe o meio ambiente como inserido na trama do território, nos espaços de produção, de residência, de deslocamento, de serviços. A gestão do meio ambiente não pode estar, de um lado, restrita a um Ministério e, do outro, entregue, como no caso da produção de grãos no Cerrado e na Amazônia e da Água, a interesses econômicos. Em particular, a gestão da água não se resolverá por acordos entre “usuários” em instâncias em que os interesses difusos da sociedade e do país não estejam ativamente representados. A necessidade vital de dispor da energia suficiente para um desenvolvimento endógeno e a supressão das enormes desigualdades existentes exige também uma visão de território e o debate societário o mais amplo e esclarecido possível. O desenvolvimento do transporte público de massas, do transporte de cargas por via marítima e ferroviária deve ocupar boa parte do espaço hoje ocupado por automóveis e caminhões.
As cidades não podem ser vistas como plataformas que viabilizam nossa “globalização”, subordinando todas as questões urbanas a essa estratégia. Ë precisa resgatar o sentido da cidade como lugar da vida, individual e societária, à qual o desenvolvimento deve estar subordinado, e lugar de vivência de uma cidadania mais igualitária. Precisa de políticas nacionais que agem sobre a construção do urbano no conjunto do território e que promovem as necessárias mudanças de estrutura de poder e de gestão nas metrópoles.
As proposições formuladas aqui supõem mudanças profundas na cultura política. Em particular, sublinhamos aqui a necessidade de enraizar a prática do controle público e da sociedade sobre as instâncias que travam discussões e tomam decisões que afetam nosso futuro.
No que diz respeito aos processos de privatização dos serviços públicos, que envolvem setores como os de energia elétrica, telecomunicações, petróleo, construção e manutenção de rodovias, portos e aeroportos, saneamento básico, abastecimento de água, transporte urbano e suburbano, entre outros, além de exigir que sejam estancados e revertidos, impõe-se a necessidade de assegurar o controle público sobre esses serviços. Pois os serviços públicos serem rotulados de “públicos” não garante uma gestão ao serviço da população. Isso supõe uma redefinição dos órgãos de gestão e controle dos serviços públicos, no sentido da sua capacitação para assumir as atividades de regulação e fiscalização destas atividades; a criação ou o fortalecimento de conselhos, comissões, etc., com quadros da função pública preparados para isso e recursos próprios e a participação de setores da sociedade civil que tenham legitimidade para representar os interesses difusos da sociedade. As representações do setor privado, da área científica, das ONGs e das organizações sindicais e populares deveriam passar por órgãos colegiados cuja representatividade fosse reconhecida ou, quando não houver, por consultas tão amplas quanto possível.
Embora os Estados estejam se desfazendo da produção direta de bens, as instâncias regionais públicas em construção não podem renunciar a seu papel orientador de políticas de desenvolvimento econômico e social nos termos definidos acima. Mas não cabe mais que tais políticas, que colocam em jogo o futuro do conjunto da sociedade, de um lado, sejam totalmente subordinadas à política financeira e cambial e, do outro, sejam discutidas unicamente pela tecnoburocracia supostamente especializada e pela parte do setor privado que mais se afina com a abertura econômico regional. Cabe reforçar os órgãos públicos especializados voltados para isso, mas também submetê-los – e as políticas e propostas de desenvolvimento – à discussão pública.
Notas
(1) A Comunidade andina de Nações – CAN – criada em 1996, é constituída por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru.
(2) O Mercosul foi criado em 1991 por Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, e formalizado em 1994. A venezuela passou a integrá-lo em 2006.
(3) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Integração na América Latina. Subsídios para debater a integração dos povos. Cadernos de formação 3. ASC, Campanha, Rebrip, São Paulo, Rio de Janeiro, 2006.
(4) Camargo, Sônia. União Européia e Mercosul: Convergências e Divergências, IRI Textos, Nº 22, setembro de 1999, IRI-PUC/RJ
(5) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Op.cit:10.
(6) Ver Achkar, Marcel. Una visión territorial de la integración. Cono Sur Sustentable/Rede Amigos de la Tierra Uruguay. Manuscrito. 2006.
(7) Carvalho, Guilherme. A integração Sul-americana e o Brasil: O protagonismo brasileiro na implementação do IIRSA. Fase, Belém, 200: 21.
(8) Idem: 71.
(9) De Ovando, Lino Solis y Larrain Sara. Anillo energético sudamericano. Desafíos para la integración energética del Conosur. Chile sustentable, Santiago, 2005.
(10) Seminario IIRSA, BNDES, 23 de noviembre de 2005.
(11) Aliança Social Continental – ASC, Campanha Brasileira contra ALCA/OMC, Rede brasileira pela Integração dos Povos – Rebrip. Op.cit: 26.
(12) II cumbre de jefes de estado de la comunidad sudamericana de naciones. Declaración de Cochabamba – Colocando la piedra fundamental para una unión sudamericana. 8 y 9 de diciembre de 2006.
(13) Sader, Emir. Alternativas latino-americanas. Le Monde Diplomatique, Edições mensais, fevereiro 2006.
(14) Achkar, id.
(15) Ibidem.
(16) Ver Carvalho, Guilherme. A Integração Sul-Americana e o Brasil: O protagonismo brasileiro na implementação da IIRSA. Fase, Belém/PA, 2004.
(17) Achkar. Id.
(18) ver o artigo de Julianna Malerba e Maria Elena Rodriguez. Extraterritorialidad y derechos humanos: el doble estándar de la Petrobrás em Yasuní (Ecuador). In Leroy Jean Pierre y Malerba, Julianna. Petrobrás: ¿integración o explotación”, Fase, Rio de Janeiro, 2005.
(19) Este capítulo foi elaborado a partir do conjunto de estudos do Projeto Brasil Sustentável e Democrático.

Eduardo Tamayo G. (ALAI).- La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), order “tiene que tener la representación de las bases sociales de nuestros países, cure una ilustrada representación”, find manifestó en Quito el flamante secretario ejecutivo de la entidad, Rodrigo Borja Cevallos.
Rodrigo Borja, de tendencia socialdemócrata y ex Presidente del Ecuador (1988-1992), dio a conocer a la prensa su aceptación a la propuesta que le hicieran 12 presidentes sudamericanos para que asumiera la Secretaría Ejecutiva de UNASUR.

En un contexto de post-guerra fría en el que se han consolidado las potencias vencedoras de la confrontación Este-Oeste y las corporaciones transnacionales se han convertido en grandes imperios globales, que tienden a suplantar a los Estados en el ejercicio de la soberanía y de la potestad política, la “integración se presenta como un instrumento indispensable para el desarrollo de los países pobres de Asia, África y América Latina”, sostuvo Borja.

La idea de conformar la entidad regional surgió el 8 de diciembre de
2004 en la ciudad peruana del Cuzco, donde 8 presidentes acordaron conformar la Comunidad Sudamericana de Naciones. Con el triunfo y consolidación de gobiernos de corte progresista y nacionalista en la región, la integración fue retomada con fuerza, particularmente en la II Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones, que se celebró el 8 y 9 de diciembre de 2006 en Cochabamba, Bolivia. Durante la I Cumbre Energética, realizada en Isla Margarita, Venezuela, el 16 y 17 de abril de este año, los presidentes dieron un paso en firme para consolidar la unidad sudamericana, esta vez bajo un nuevo nombre: UNASUR. En esa reunión, el presidente ecuatoriano Rafael Correa propuso el nombre de Rodrigo Borja, candidatura que ha sido aceptada por los otros mandatarios sudamericanos.

Para Borja, UNASUR, “tiene que ser una entidad pequeña, austera, que no produzca la inflación de muchas entidades regionales, que maneje, además, un lenguaje austero, no la retórica espumosa a lo que estamos acostumbrados, y cuya pequeña burocracia debe tener un carácter transnacional, multinacional”.

La sede de la nueva entidad será la ciudad de Quito y más específicamente la Mitad del Mundo, una población ubicada a 20 kilómetros al norte de la capital por donde pasa la línea equinoccial. .
“Estoy informado de que hay una muy interesante propuesta del célebre arquitecto brasileño Oscar Niemeyer para construir allí la sede de la nueva organización”, indicó Borja. Niemeyer, nacido en 1907, fue el diseñador del edificio de las Naciones Unidas en Nueva York y el gran inspirador y diseñador de la ciudad de Brasilia.

Los lineamientos principales que debe seguir UNASUR, a criterio del flamante secretario ejecutivo, son los siguientes:

-Avanzar hacia la integración económica y política regional, aprovechando los logros y también las frustraciones de los procesos integracionistas subregionales, que han de ser considerados como una primera, fructífera y fundamental etapa de la integración regional.
– Armonizar, articular, priorizar los numerosos proyectos e iniciativas de integración regional creados en diferentes momentos y oportunidades, especialmente en las cumbres presidenciales.
– Impulsar la cooperación Sur-Sur con el fin de encontrar en la unión, la fuerza de los países pobres para defender sus intereses frente a los grandes bloques geopolíticos y neoeconómicos y frente a las corporaciones transnacionales de escala planetaria que se han consolidado en el mundo.
– Corregir las asimetrías e inequidades de la globalización a fin de que ella produzca beneficios globales, es decir, beneficios para todos. La globalización es ineludible, puesto que está impulsada por los grandes países industriales, pero es imprescindible eliminar sus inequidades.
– Contribuir a bajar las tensiones que, por diferentes motivos y causas, se han producido entre varios Estados de la región.
– Impulsar el desarrollo sustentable, es decir el desarrollo compatible con la protección y defensa de la naturaleza.
– Propugnar el avance científico y tecnológico de la región, puesto que en la sociedad del conocimiento el saber y la información son los “insumos” con que funcionan los modernos instrumentos de la producción.
– Promover y priorizar las numerosas obras de integración física proyectadas en los campos de la energía, vialidad, telecomunicaciones, transportes y muchos otros.

“Hay que armonizar la entidad regional que va a crearse con las entidades subregionales de integración que existen ya, en plena operación, en nuestra América, el paso que hay que dar es ir de lo subregional en materia de integración a lo regional”, expresó Borja, quien agregó, que elaborará un estatuto orgánico fundacional de UNASUR que será sometido a consideración de los presidentes sudamericanos. La próxima cumbre presidencial de UNASUR se realizará en Cartagena, Colombia, posiblemente en octubre de este año.

Quito Capital de la solidaridad

Quito, que en días pasados fue designada capital de UNASUR, hoy tiene un nuevo título: “capital de la solidaridad”, sostuvo el alcalde de esta ciudad, Paco Moncayo, en el acto de presentación del V Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba que se llevará a cabo del 26 al 28 de octubre próximo.

El V Encuentro es parte de un movimiento de solidaridad que irrumpe a inicios de la década de los ’90 cuando comienza a estrecharse el cerco contra Cuba, destacó el embajador de ese país en Ecuador, Benigno Pérez.

“Cuando más duro fue el bloqueo, más solidaridad hubo en el mundo con Cuba; cuando más mentiras se dijeron sobre la realidad cubana, más creció el número de Asociaciones de Solidaridad y más se destacó el movimiento en contra del bloqueo”, acotó.
El evento, que por primera vez se realizará fuera de Cuba, espera congregar a más de mil delegados para fortalecer la red de solidaridad y estrechar los lasos de amistad con la isla. El temario contempla:
bloqueo económico y político a Cuba, libertad de los cinco patriotas cubanos presos ilegalmente en Estados Unidos, violación a los Derechos Humanos por parte de los gobiernos de los Estados Unidos a Cuba, Ley Torricelli, y proyectos de cooperación mutua entre los pueblos: en salud, educación, economía solidaria, cultura y deportes.
Este encuentro se propone igualmente impulsar desde la solidaridad la participación de la integración latinoamericana en el ALBA de los pueblos, basada en las ideas de Simón Bolívar y José Martí.

Adios, World Bank!

With the theme “Southern Africa People’s Unity Against Economic Crisis and Oppression”, troche the 5th edition of Southern Africa Social Forum (SASF) will be held in Maseru, Lesotho, from October 6th to 9th,, in the Maseru Club, located downtown. The SASF is a forum where issues of regional interests are discussed hoping to come out with possible alternatives for the development of the SADC (Southern Africa Development Community) region.

The Forum will follow an interactive mode of operation which will comprise a plenary session – opening and closing – that will bring people together on key national and regional issues; autonomous thematic sessions; exhibitions – organizations and social movements’ literature; theatre, arts, music-alternative arts; and a peaceful march/demonstration. This edition aims at six objectives:

1. To create a common social change agenda through the active participation of the social movements, like minded organisations, development partners and the general population in Lesotho.
2. To create a regional solidarity against the neo-liberal policies.
3. To have a vibrant and sustainable, long-living, Lesotho Social Forum that serves as platform for men, women and young people of Lesotho to discuss issues together.
4. To a have a permanent presence of a living space within a “free space ” networking to strengthen solidarity among the peoples of southern Africa.
5. To locally and regionally maintain a wide, collective and enhanced political pressure on politicians and all decision makers on behalf of the citizenry with regard to people-centred policies on social and economic justice policies.
6. To create a framework of alternative political positions emerging from the deliberations and discussions during the SASF for the various participating entities and social movements.

Southern African region is faced by several challenges and among them the following needs urgent attention: socio-economic and political issues; global financial crisis; free trade area; Zimbabwean reconstruction; debt; climate change; land as a human right; the right to education; labour rights, food security, globalization- impact of 2010 Soccer World Cup in the region; gender and women rights; youth and HIV/AIDS; governance; human rights; social service delivery; corruption; regional integration, peacemaking and mediation; and the right to information. These and other themes will be part of the SASF Lesotho program. To see it, click here.

The local organising committee is made up of the following organisations: Media Institute of the Southern Africa, Katleho-Moho Association, Christian Council of Lesotho, Lesotho Justice and Environmental Network, Monna ka Khomo, Unite, Machobane Agricultural Development Foundation. Lesotho Council of Non Governmental, Pelum Lesotho Association, Moritsoana Association. SASF expects to receive people and organasations from the following countries: Angola, Botswana, Swaziland, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, South Africa, Zambia and Zimbabwe.

By Nadia Martinez

As the controversy around Iraq War architect Paul Wolfowitz’s uncertain future as president of the World Bank intensifies, online the financial institution is not only losing supporters. It’s also losing victims. In Latin America, no rx countries are paying off their World Bank loans early, cutting off ties with the Bank, and creating their own financing instruments to replace the world’s oldest multilateral lending agency.

Unfortunately, the latest corruption scandal involving questionable promotions and outrageous salary increases for Wolfowitz’s girlfriend, Shaha Riza, is just the tip of the iceberg when it comes to doubts about the World Bank’s credibility, legitimacy and capacity to fulfill its stated mission of eradicating world poverty.

Poor countries throughout the world should follow Latin America’s lead and desert the planet’s biggest hypocrite.

Breaking the Debt Ties

Since its creation over 60 years ago, the World Bank has provided trillions of dollars in loans to poor countries. In Latin America, in recent years World Bank financing –though diminishing—accounts for about 20 percent of multilateral lending, excluding loans to the private sector as well as political insurance and guarantees extended by its private sector and insurance arms. In addition to providing financial resources, the World Bank—along with the International Monetary Fund (IMF)—took the lead in making policy prescriptions to poor governments, which it ensures are adopted by making them “conditions” for lending. Throughout the developing world, debt seriously hinders countries’ abilities to provide for the basic needs of their citizens, and imposed “conditionality” interferes with governments’ rights to make sovereign decisions.

At the same time, persistent poverty in Latin America has barely budged. A report by the Center for Economic and Policy Research found that poverty and inequality in Latin America increased between 1980 and 2005, when compared with the prior 20-year period. The United Nations’ Economic Commission on Latin America drew similar conclusions. Their figures show that between 1960 and 1980, per capita income in Latin America experienced an 82 percent increase in real terms, whereas between 1980 and 2000 it only grew by 9 percent.

As a result, there has been a clear backlash to the disastrous financial failure of the neo-liberal, “Washington Consensus” economic model, promoted and often imposed by institutions such as the World Bank in the last two decades. In 2006, presidential elections were held in 12 Latin American countries. In six of them, the left-wing candidates won and in another four, left parties made considerable progress. Economic policy was a dominant theme in all of the election campaigns. Candidates who were critical of the conservative, pro-business, free market economic policies of their predecessors fared much better than supporters of the Washington-favored status quo.

For example, countries like Argentina, Brazil, Ecuador and Venezuela have made efforts to break themselves free from the debt chains that tie them to these financial culprits. In April, Venezuela announced that it was paying off all its outstanding debt with the World Bank—totaling $3.3 billion and dating from before President Hugo Chavez took office in (1999)—five years ahead of schedule. Venezuelan Minister of Finance Rodrigo Cabezas said that because of this, “Venezuela is free … and thank God, neither today’s Venezuelans nor children yet to be born will owe one single cent to those organizations.” Later that month, in the wake of the Wolfowitz scandal, President Chavez declared that Venezuela was withdrawing its membership in the World Bank and the International Monetary Fund.

Likewise, Argentina, Brazil and Ecuador have paid off their debts to the World Bank’s sister institution—the IMF—and others have expressed a desire to do the same. Symbolically, Venezuela’s recent decision could help strengthen the efforts of other developing countries seeking reform at the World Bank by demonstrating to the institution that choosing not to be part of it is a real option.

Persona Non Grata

At the same time that Venezuela announced it would pull out of the World Bank and IMF, Ecuador expelled the Bank’s representative in that country, declaring him persona non grata . Ecuador’s new President, Rafael Correa, accused the World Bank of blackmail, announcing that, “because a sovereign country decided to reform a national law—for misbehaving—they withheld the check.” He was referring to a $100 million loan that was cancelled by the World Bank in 2005, when Correa was finance minister. At the time, the matter ended with his resignation.

Ecuador is the second largest oil exporter in Latin America, after Venezuela. Nearly 40 percent of its export earnings and one-third of its income are derived from oil. Yet, more than half of its 13 million inhabitants live in poverty. In an attempt to address this imbalance, in 2005 Correa, then Minister of Finance, urged Ecuador’s congress to modify a fund that was established in 2002 at the behest of the International Monetary Fund (IMF) to collect and distribute part of Ecuador’s oil revenue. The fund was initially structured to allocate 70 percent of its resources to service Ecuador’s foreign debt—debt to international lenders including the World Bank. The remaining 30 percent was destined toward stabilizing oil revenues (20 percent), and to improve health and education (10 percent). The World Bank estimated that from 2003 to 2007, the Fund would be able to generate over $1.5 billion for foreign debt payment.

Congressional reform of the oil revenue fund increased the amount used for health and education to 30 percent and consequently lowered that for debt repayment to 50 percent. The change was hardly a radical shift, as the largest portion of the fund continued to go to Ecuador’s creditors. But that was not acceptable to the World Bank, who responded to Ecuador’s action by canceling the previously approved loan.

The World Bank’s arm-twisting tactics aren’t new, and its motivation was clearly to ensure that Ecuador continued to produce oil to generate resources to pay its debt. Bringing development to the country, and its people out of poverty takes a far second place. The World Bank has shown its true colors not only in Ecuador but also in the rest of the poor, indebted and resource-rich world. This was going on long before Wolfowitz’s misdeeds and is a far more serious problem.

Meanwhile, Ecuador’s Correa has stated that his country reserves the right to bring official charges against the World Bank for damages caused by the cancellation of the $100 million loan. His government plans to look more closely at World Bank loans taken out by previous administrations.

Bank of the South

The increasing frustration with traditional multilateral financing options has led some governments to begin thinking about alternatives to fulfill their financing needs, while at the same time breaking their dependence on capital—and influence—from the United States and Europe. At the same time that the World Bank is suffering its most damaging scandal to date, plans for an alternative regional bank are advancing quickly.

Earlier this year, Venezuela and Argentina launched the new “Banco del Sur” (Bank of the South), pledging more than $ 1 billion to get the institution up and running in the next few months. Although the details are currently being worked out (a 90-day deadline has been established to define some basic operating rules) several other countries have agreed to join: Brazil, Bolivia, Ecuador and Paraguay will also be founding members. Additionally, Nicaragua, several Caribbean countries and even a few Asian nations have expressed interest in participating in the new multilateral institution.

The Bank of the South’s creation underscores the severity of the disenchantment with the traditional U.S.-dominated instruments for development finance. From the World Bank to the Inter-American Development Bank (IDB) (which provides financing exclusively in Latin America and the Caribbean), voting privileges are based on financial contribution, which makes the U.S. Treasury the single largest shareholder, bringing with it the largest share of the vote. In the IDB, the U.S. not only “owns” a whopping 30 percent of the vote, but it also holds veto power—an advantage to which no other member is privy.

In a clear departure from this undemocratic and paternalistic governance structure, Banco del Sur promoters assure, as Cabezas has said, that in the new institution “no one will be the sole owner.” Although not fully defined, there has been indication that voting power will be based on financial need, rather than monetary contribution or political weight. But beyond the critical structural and political delineation, the real challenge will be to create an institution that does not only look different than its predecessors but that it actually thinks and acts differently. This means that member countries will need to think long and hard about how development will be defined and how it will best be achieved.

Beyond the Hypocrisy

Regardless of what happens to Wolfowitz or his girlfriend, the World Bank will continue in its downward spiraling crisis of legitimacy, at least in Latin America. As countries are able to mobilize the necessary resources to free themselves from financial obligations with the institution, they are likely to make this a priority. So too, will they continue to collaborate in finding new ways to solve the region’s poverty and other plights without turning to the World Bank—but rather by devising innovative arrangements such as bartering (i.e. oil for doctors, as in the case of Venezuela and Cuba), and by catalyzing existing resources through the Bank of the South and other regional institutions.


Tompaine.com

VI Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la Integración de los Pueblos


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

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Movimientos y organizaciones sociales de Argentina, pharmacy Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela pertenecientes a la Alianza Social Continental hacemos público nuestro llamado a los gobiernos de nuestros países para que maximicen sus esfuerzos para la plena integración de Venezuela al MERCOSUR, en el marco de los procedimientos legales exigidos por las leyes de los respectivos países.

Consideramos que este paso es vital para fortalecer la integración entre nuestros pueblos, sabiendo que este camino es la garantía de y para los pueblos del Sur. En el caso de la incorporación o inclusión de Venezuela al MERCOSUR, es necesario destacar el carácter estratégico de esta integración, que consolida la relación de los pueblos amazónicos de Brasil y Venezuela. El MERCOSUR aúna una perspectiva caribeña al amplio litoral atlántico, lo que significa importantes impactos políticos, sociales y económicos para nuestros pueblos.

Al mismo tiempo, alertamos contra las maniobras de las fuerzas opuestas a la integración, que quieren perjudicar o menoscabar el MERCOSUR y cualquier otra estrategia de integración soberana para Latinoamérica. Dichas fuerzas son las que insisten en resucitar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y son las mismas que defienden la estrategia de integración subordinada a la potencia estadounidense.

En esta ocasión, reafirmamos que el MERCOSUR tiene un potencial clave dentro del conjunto de iniciativas que apuntan hacia la integración de nuestros pueblos, una integración que actualmente excede la idea de libre comercio que impulsó originalmente este proceso regional.

Como afirmamos, hace algunos días atrás en la Cumbre Social de los Pueblos del Sur, realizada en Asunción del Paraguay, exigimos la aceleración del proceso de inclusión de Venezuela al MERCOSUR, porque creemos que la integración latinoamericana representa la definitiva independencia recuperación de la soberanía de nuestros pueblos.

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Quito – Ecuador, rx 25 de julio de 2007

 


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Quito – Ecuador, 25 de julio de 2007


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

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Quito – Ecuador, 25 de julio de 2007


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

1. Los representantes de los movimientos sociales y populares, sale site illness ONG, pilule try y gobiernos de los cinco países miembros del MERCOSUR, ailment no rx integrantes del programa Somos MERCOSUR, nos reunimos en Brasilia los días 13 y 14 de diciembre de 2006, durante la I Cumbre Social del MERCOSUR, actividad convocada en conjunto por el Foro Consultivo Económico y Social, la Comisión Parlamentaria Conjunta y la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR. Ratificamos en esaoportunidad la Agenda Social surgida del I Encuentro por un MERCOSUR Productivo y Social, evento realizado en julio de 2006, en Córdoba, Argentina, durante la XXX Reunión de Jefes de Estado del MERCOSUR.
2. Nuestras conclusiones expresan el consenso logrado por las delegaciones presentes y apuntan al fortalecimiento de la agenda social y de la participación ciudadana en el MERCOSUR. Los movimientos sociales y populares deben participar e incidir efectivamente en el proceso decisorio del MERCOSUR. Por lo tanto, proponemos la continuidad de esta experiencia, de modo que las Cumbres Sociales sean, de ahora en adelante, apoyadas por las Presidencias Pro Tempore como actividades permanentes del movimiento social, siempre realizadas en el marco de las Reuniones Presidenciales del MERCOSUR. Asimismo, proponemos que los gobiernos apoyen y estimulen la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todos los Sub-grupos de Trabajo y en las Reuniones Especializadas del MERCOSUR, y que sean creados mecanismos para incorporarlas como observadoras en el Grupo Mercado Común (GMC) y en el Consejo Mercado Común (CMC).
3. Coincidimos en que para avanzar hacia un MERCOSUR más efectivo y democrático es fundamental dar énfasis a las dimensiones política, social, laboral, ambiental y cultural da integración regional, complementando las dimensiones comercial y económica, superando el neoliberalismo. Convocamos los gobiernos a que implementen las directrices de la estrategia de desarrollo social integral y productivo surgidas de la XXX Reunión Presidencial del MERCOSUR.
4. Ratificamos, en el marco de la soberanía nacional, del multilateralismo y de la defensa de la paz, la importancia de fortalecer y ampliar el MERCOSUR, en articulación con los diversos procesos de integración que se están desarrollando en la región, particularmente en América del Sur. Destacamos la importancia de la Cumbre Social de los Pueblos, llevada a cabo recientemente en Cochabamba, Bolivia, durante la Cumbre de la Comunidad Sudamericana de Naciones. Destacamos los hechos positivos del MERCOSUR, y apelamos a la intensificación del diálogo y a la profundización de la dimensión política como camino mas adecuado para contribuir a la integración regional.
5. Saludamos la creación del Parlamento del MERCOSUR y asumimos el compromiso de colaborar con esa institución política con los indispensables aportes de los movimientos sociales, en la perspectiva de construcción de un MERCOSUR democrático y participativo. Destacamos la necesidad de que en el Parlamento del MERCOSUR haya una participación igualitaria de hombres y mujeres, y de que su agenda incluya, con el énfasis necesario, los temas de la igualdad de género, la igualdad étnico-racial y los derechos humanos.
6. Hacemos énfasis en que la ampliación de los horizontes de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el destino del MERCOSUR debe guiar la reforma institucional y apuntar al fortalecimiento de las políticas públicas regionales de carácter social, imprescindibles para garantizar la sustentabilidad del desarrollo del bloque y asegurar que los beneficios provenientes de la integración sean distribuidos de forma ecuánime, traduciéndose en mejora de la calidad de vida de nuestras poblaciones.
7. En ese marco, destacamos la importancia del fortalecimiento de las políticas regionales de educación que respeten y valoren la diversidad cultural, racial, étnica y de género y que incorporen como fundamento a los derechos humanos como elemento indisociable de la creación de una ciudadanía regional. Defendemos, especialmente la adopción de políticas de educación para la integración, de inclusión educacional de segmentos vulnerables, de las políticas de financiamiento para la educación y de la valorización, en todos los niveles, de los profesionales de la educación. Saludamos la realización del III Foro Educacional del MERCOSUR, realizado en Belo Horizonte en noviembre de 2006, y apoyamos sus conclusiones. Convocamos los gobiernos para que creen las condiciones para el desarrollo de la enseñanza de las lenguas portuguesa e española, idiomas oficiales del bloque, en todos los países del MERCOSUR. Es igualmente imprescindible garantizar la utilización, preservación y trasmisión de las lenguas maternas de las poblaciones originales de la región, especialmente en las áreas fronterizas.
8. Entendemos que el desarrollo social y económico del MERCOSUR pasa por la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas de juventud que se articulen transversalmente con las políticas de educación, trabajo decente, cultura, salud, seguridad pública, intercambio de jóvenes, turismo, medio ambiente, deporte y ocio. Las políticas públicas de juventud deben ser tenidas como prioridad por todas las generaciones y deben, necesariamente, contemplar el estímulo a la participación de los jóvenes en las esferas de decisión del bloque.
9. Para construir un MERCOSUR verdaderamente democrático y participativo, consideramos fundamental formular una estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento, contemplando acuerdos para potencializar las redes regionales de información y comunicación pública y ciudadanas, con un sentido de equidad y respeto a la libertad de prensa, con la finalidad de aportar a la formación de una ciudadanía y una identidad común sudamericana.
10. Resaltamos la centralidad de la agenda del empleo y del trabajo digno para la estrategia de desarrollo y crecimiento del MERCOSUR. De este modo, abogamos por el cumplimiento de la Declaración Sociolaboral del MERCOSUR y por garantías efectivas de funcionamiento del Observatorio del Mercado de Trabajo, de modo que sean ejecutadas las directrices de la Estrategia MERCOSUR de Crecimiento del Empleo. La articulación de las cadenas productivas, con el objetivo de generar condiciones para la creación de empresas y empleos dignos, y el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, constituyen los parámetros esenciales de esa estrategia. Exhortamos a que los gobiernos agilicen y simplifiquen la reglamentación de la circulación de trabajadores y trabajadoras en el MERCOSUR; creen mecanismos de armonización entre los países que puedan garantizar los derechos de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras; implementen el Plan Regional de Inspección del Trabajo; aceleren la armonización de las Normas sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo y el Plan Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la plena incorporación de personas discapacitadas. Defendemos el derecho a la organización sindical de acuerdo con las normas internacionales del trabajo.
11. Entendemos que la salud es un derecho universal, integral, que promueve igualdad e implica participación, para que se logre el desarrollo con justicia social. Políticas conjuntas de salud constituyen una excepcional herramienta para promover la calidad de vida de nuestros pueblos, pues aseguran su bienestar. Los progresos obtenidos tienen fundamental importancia para complementar políticas de salud. Sin embargo, es necesaria una mayor articulación entre los países involucrados en el proceso, a fin de optimizar resultados, revisar y actualizar temas prioritarios y de interés común. Debemos atendera las alteraciones y a los avances en los aspectos asistenciales, sanitarios, tecnológicos, ambientales y de recursos humanos en los países del MERCOSUR y estimular, junto a la sociedad civil, la gestión participativa y el control social. Consideramos también la importancia de la creación del Observatorio de la Participación Social y Gestión Participativa en el MERCOSUR, integrado a las demás redes de observatorios existentes, promoviendo la articulación con la Comisión Intergubernamental de Sistemas de Información y Comunicación en Salud. (CISICS).
12. La reforma agraria, el combate a la violencia en el campo, el fortalecimiento de la agricultura familiar, de la economía solidaria, de la seguridad alimentaria y del cooperativismo, son acciones indispensables para alcanzar un modelo de desarrollo sustentable. Estas acciones deben convertirse en prioridades de las políticas públicas de los países del bloque. Exhortamos a los Presidentes a que implementen las recomendaciones presentadas por la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) y por la Reunión Especializada sobre Cooperativismo (RECM). Defendemos todavía, la implementación en el MERCOSUR de las recomendaciones de la Declaración Final de la Conferencia Internacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, aprobada en Porto Alegre, en Marzo de 2006.
13. Nos comprometemos con la promoción y la protección de los derechos humanos en el Mercosul y Estados asociados, saludando la creación del Grupo de Trabajo sobre Educación y Cultura en Derechos Humanos y enfatizando la importancia de garantizar el derecho a la verdad y a la memoria, reconocer las vulnerabilidades de los inmigrantes y refugiados en los países del bloque, establecer estrategias de cooperación contra la violencia y discriminación sexual, racial y étnica, la prostitución infantil y el tráfico de seres humanos y de elaborar una declaración de compromiso común para la promoción y la protección de los derechos del niño y del adolescente. Se debe dar especial atención a los derechos de los pueblos originarios, particularmente en las regiones de frontera.
14. Damos prioridad a la formulación de un marco jurídico de defensa de los derechos de los inmigrantes en los países del MERCOSUR y Estados Asociados, reconociendo el derecho humano a migrar como derecho a la libre circulación y fijación de residencia garantizado en convenciones, pactos y declaraciones internacionales, enfatizando la necesidad de garantizar la seguridad humana de todos los inmigrantes independientemente de su status migratorio, denunciando y cohibiendo las violaciones de derechos humanos en las fronteras y de la conducción inhumana de las deportaciones y expulsiones colectivas de extranjeros.
15. Destacamos la necesidad de una estrategia de desarrollo regional urbano, integrado y sustentable para el conjunto de ciudades. Para ello proponemos el reconocimiento, por parte de los gobiernos de los países del MERCOSUR, del derecho a la ciudad como un derecho humano fundamental. Los gobiernos deben garantizar las inversiones necesarias para el desarrollo de políticas urbanas que asuman el problema de la vivienda adecuada, del saneamiento ambiental y del acceso al transporte público de calidad, suministrando, al mismo tiempo, las condiciones para la creación de espacios de participación en la gestión de las ciudades. En esta misma línea, reafirmamos la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación de los gobiernos locales y regionales en el MERCOSUR y reclamamos la instalación inmediata del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos.
16. Convocamos nuestros gobiernos a que ratifiquen la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familias y que promuevan la respectiva normativa del Mercosul con miras a la convergencia de los marcos jurídicos de esos derechos en nuestros países, respetando los derechos humanos de los inmigrantes independientemente de su status migratorio y multiplicando esfuerzos para combatir el tráfico de personas y la explotación sexual. Destacamos que las mujeres y los niños son más vulnerables y están más expuestos a las violaciones de esos derechos.
17. Convocamos a los gobiernos de los países del bloque a que destinen los recursos políticos y económicos necesarios para la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Se debe priorizar asimismo la adopción de políticas públicas de atención a la salud reproductiva y sexual. Subrayamos la necesidad de que los gobiernos, en articulación con movimientos y organizaciones sociales, lleven a cabo los compromisos asumidos en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Convención CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) así como las recomendaciones de la Reunión Especializada de la Mujer (REM).
18. Destacamos que el MERCOSUR debe contemplar el fortalecimiento y la ampliación de las dimensiones productiva y social de la integración. El cooperativismo y la economía solidaria deben ser apoyados por políticas regionales como instrumentos eficaces para la construcción de una sociedad más justa, para la generación de trabajo digno e ingresos, y para la inclusión de las poblaciones excluidas. Apoyamos la elaboración de políticas regionales de promoción a la pequeña y mediana empresa, el incentivo tecnológico y la producción de energías renovables con criterios de sustentabilidad socioambiental. También resaltamos la necesidad de que se establezcan acciones y una legislación común de estímulo al cooperativismo, a la capacitación, a la formación y al intercambio entre esos sectores, estimulando la estructuración de las cadenas productivas.
19. Propugnamos la promoción de inversiones para combatir las asimetrías entre los países y a la interna de los países del MERCOSUR, permitiendo una perspectiva conjunta de desarrollo socioeconómico, cohesión social, complementariedad, sinergias, convergencia estructural y fortalecimiento del proceso de integración. En este sentido destacamos la importancia de consolidar el Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR como un instrumento de apoyo a las economías menores y destino de recursos para superar las asimetrías regionales. Entendemos que los recursos destinados al FOCEM deben ser ampliados y su accionar monitoreado por la sociedad civil. Además, es fundamental articular los mecanismos de financiamiento existentes a través de la construcción de un organismo regional de financiamiento al desarrollo en el MERCOSUR. Destacamos la importancia de armar una infraestructura correspondiente a los objetivos definidos.
20. Observamos que los elementos que definen un proyecto de desarrollo sustentable para la región deben regular la política comercial del MERCOSUR con terceros países, incentivando las cadenas productivas como propulsoras del desarrollo regional y aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas economías nacionales. El desarrollo regional se debe articular en torno a un poderoso mercado regional de consumo responsable, primando sobre otras propuestas de integración comercial que apuntan primordialmente a la exportación a terceros. La garantía de los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales debe prevalecer sobre eventuales tratados de comercio que puedan llegar a ser firmados por el bloque. Las negociaciones para estos tratados con países y regiones extrabloque deben ser subordinadas a los objetivos regionales de desarrollo.
21. Damos énfasis a la necesidad de articulación entre movimientos y organizaciones sociales y populares y gobiernos para garantizar la continuidad, en el MERCOSUR y Estados asociados, de las recomendaciones de la Conferencia Regional de las Americas sobre los avances y desafíos en el Plan de Acción contra el Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia. Se debe estimular el intercambio de experiencias y mejores prácticas para la promoción de la igualdad racial en el bloque. Convocamos a los gobiernos a que implementen el Plan de Acción de Durban y establezcan nuevos mecanismos de evaluación de progresos y desafíos, en el combate al racismo y todas las formas de discriminación en los países del MERCOSUR.
22. Consideramos prioritarias las acciones de integración cultural, con vistas a la construcción de una identidad regional que tenga en cuenta la diversidad de la región y el papel central de la cultura para su desarrollo. Exhortamos a que nuestros gobiernos y parlamentos ratifiquen la Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, destacando el acceso a la cultura como camino hacia la inclusión social y la construcción de la ciudadanía. Defendemos la ampliación de recursos para la cultura y la intensificación del intercambio artístico de los distintos lenguajes: teatro, música, danza, artes circenses, artes visuales, audiovisual, literatura, entre otras, así como la articulación de puntos de cultura y casas de cultura y de las políticas de patrimonio, cultura digital y libro y lectura. Destacamos la necesidad de integrar políticas de cultura, educación, juventud y comunicación, en una plataforma de desarrollo sociocultural del MERCOSUR.
23. Defendemos los recursos naturales y el acceso al agua en toda la región. El agua no es mercancía, y rechazamos cualquier intento de privatización de ese derecho esencial a todas las formas de vida. Con respecto al Acuífero Guaraní, proponemos una regulación regional, no subordinada a las instituciones financieras internacionales, del uso de ese recurso regional, su protección, y garantía de existencia para las generaciones futuras. Existe necesidad de implementar y fortalecer la participación social en la gestión integrada de las cuencas hidrográficas y transfronterizas. Proponemos que se realice una conferencia sobre medio ambiente y recursos naturales en el MERCOSUR. El desarrollo sustentable, la defensa de la biodiversidad, la ratificación de los tratados internacionales son fundamentos para la construcción de un MERCOSUR socioambiental.

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Rio de Janeiro – Brasil


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Las redes, salve organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:

 

El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.

 

A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.

 

Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.

 

La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.

 

Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.

 

Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.

 

Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.

 

Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.

 

La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.

 

A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.

 

Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.

 

Rio de Janeiro – Brasil



El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


Rio de Janeiro – Brasil


Las redes, cheap organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:


El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


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Lima – Peru

 

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Las organizaciones sociales, políticas y populares, de trabajadores y trabajadoras, de migrantes, las comunidades indígenas y campesinas, el movimiento de mujeres, de jóvenes y sindical de América Latina, el Caribe y Europa, reunidos en Lima durante la Cumbre de los Pueblos, Enlazando Alternativas III, declaramos:

 

La cooperación y la integración de nuestros pueblos pasan en primer lugar por la construcción de un sistema en el cual los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de las mayorías sean prioridad y razón de ser de las políticas gubernamentales. Por lo mismo, rechazamos el proyecto de Acuerdos de Asociación propuesto por la Unión Europea y avalado por diversos gobiernos latinoamericanos y caribeños que solo buscan profundizar y perpetuar el actual sistema de dominación que tanto daño a hecho a nuestros pueblos.

 

La estrategia de la Unión Europea “Europa Global : Competir en el mundo”, supone la profundización de las políticas de competitividad y crecimiento económico que buscan implementar la agenda de sus transnacionales y profundizar las políticas neoliberales, incompatibles con el discurso sobre el cambio climático, la reducción de la pobreza y la cohesión social. A pesar de que se pretende velar su naturaleza incorporando temas de cooperación y diálogo político, la esencia de la propuesta es abrir los mercados de capitales, bienes y servicios, proteger la inversión extranjera y reducir la capacidad del Estado de promover el desarrollo económico y social. Esto tiene implicaciones en ambas regiones:

 

Para América Latina y el Caribe, esta estrategia reproduce el esquema de los Tratados de Libre Comercio que han suscrito la mayoría de países de la región con Estados Unidos y van más allá de las políticas de la OMC que rechazamos. Los recursos naturales de estos países están siendo explotados indiscriminadamente, desplazando a comunidades enteras, devastando la biodiversidad, agotando las fuentes hídricas, y pauperizando a la mano de obra, y en ello tienen mucha responsabilidad las multinacionales europeas. América Latina ha sido víctima secular del saqueo de las transnacionales y, ahora, cuando avances democráticos estimulan la búsqueda de caminos propios de desarrollo en diversos países y de formas de integración al servicio de los pueblos, varios gobiernos que siguen las recetas del libre comercio estimulan la fragmentación de la región, los enfrentamientos nacionales y las contradicciones entre ellos. En Europa una de las grandes amenazas para la democracia, la justicia, la paz y el equilibrio ecológico, es el Tratado de Lisboa, que está siendo ratificado por las élites sin consultar a la población y que rechazamos como ya lo hicimos en el pasado. Este tratado refuerza una Europa neoliberal, aumenta la militarización, la exclusión, las desigualdades y la mercantilización, así como endurece las políticas securitarias-represivas. Ello se refleja en un aumento de la precariedad, un ataque generalizado a todos los derechos sociales, en particular a las conquistas laborales. Al mismo tiempo, se acelera la construcción de la “Europa Fortaleza”, lo que implica cerrar las fronteras, violando el derecho de asilo y criminalizando los migrantes y los movimientos sociales, creando muros virtuales o reales, que no se diferencian con los que construyen en la frontera al Norte de América.

 

Los Acuerdos de Asociación que ha firmado la Unión Europea con México y Chile han profundizado las desigualdades y muestran el camino que seguirán quienes firmen estos Acuerdos en Centro América, la Comunidad Andina de Naciones y el MERCOSUR cuyas negociaciones se quiere resucitar. Para los países del Caribe, estos Acuerdos, recientemente firmados, aumentarán la vulnerabilidad y dependencia de sus economías, al mismo tiempo que fracturan la dinámica de integración subregional.

 

En el momento en que en Lima los gobiernos hablan de cohesión social, cambio climático y reducción de la pobreza, conviene recordar que la principal causa de desigualdad, polarización social, degradación ambiental y discriminaciones, es la primacía del mercado por sobre los derechos de las personas y el otorgamiento de todas las garantías a las corporaciones que eliminan la capacidad estatal de definir proyectos nacionales de desarrollo con la complicidad de los gobiernos. Las transnacionales actúan bajo un doble rasero apoyándose en las asimetrías que los Acuerdos de Asociación tienden a reforzar. En consecuencia,  el discurso sobre Cooperación y Diálogo Político es la carnada que esconde el anzuelo de los intereses de esas corporaciones.

 

Frente a la crisis alimentaria que afecta a decenas de países, denunciamos la hipocresía y las políticas de las instituciones multilaterales (OMC, FMI, BM, BID, BEI) que pretenden esconder sus verdaderas causas : direccionamiento de la producción de los países a la exportación, pérdida del papel del Estado en la regulación alimentaria y conversión de los alimentos en fuente de especulación financiera, todo ello como resultado de las políticas de “libre comercio”. Por lo mismo, es inadmisible que se proponga, como salida a la crisis, más liberalización y desprotección. La producción masiva de agrocombustibles agrava las ya difíciles condiciones de vida de millones de habitantes. Rechazamos una vez más esta pretendida salida a la crisis energética y climática.

 

Ante esta situación, las organizaciones que hacemos parte de Enlazando Alternativas, reiteramos que es posible una integración distinta basada en la libre determinación de los pueblos, el respeto al medio ambiente, a los derechos humanos y a los procesos democráticos emprendido por aquellos gobiernos que se alejan del neoliberalismo y buscan para sus pueblos relaciones de igualdad con todos los países del mundo. Esto supone el fortalecimiento de la cooperación en todos los ámbitos entre los pueblos, el reforzamiento de la solidaridad, el fin de toda forma de discriminaciones y la superación de prácticas violatorias de la soberanía de los países. Como ha mostrado la II Sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos, exigimos justicia y la reparación de los agravios, daños y perjuicios, provocados por las empresas europeas, y el replanteamiento de las relaciones con estas empresas, de tal forma que asuman los pasivos sociales y ambientales en que incurren.

 

Saludamos las acciones de nacionalización de empresas estratégicas para el desarrollo nacional y los recursos naturales, que pertenecen a los pueblos, no a las transnacionales, como por ejemplo la de la empresa boliviana de telecomunicaciones ETI/ENTEL.Llamamos a los gobiernos que romuevan políticas progresistas a sumarse al proceso de transformación que impulsamos. Rechazamos las desafiantes intervenciones de EE.UU. y la Unión Europea contra la soberanía de los pueblos. La Unión Europea debe asumir su deuda histórica con los pueblos de América Latina y el Caribe, en particular con los pueblos originarios. Llamamos la atención sobre la dramática situación de Haití, resultado de décadas de expoliación, agravada por la actual ocupación militar. Así mismo denunciamos la política complaciente de la Unión Europea con el gobierno de Colombia.

 

La única salida de los pueblos latinoamericanos, caribeños y europeos es unirse en torno a la defensa de su bienestar y fortalecer la resistencia y movilización contra las políticas neoliberales. Ella debe nutrirse de los aportes de mujeres, pueblos originarios, campesinos y demás fuerza sociales que, con su presencia masiva en la Cumbre Social, han dado ejemplo de combatividad y de elaboración de alternativas en búsqueda de un progreso sustentado en la armonía con la naturaleza, los derechos humanos y la eliminación de todas las formas de discriminación.

 

Exigimos a los gobiernos atender efectivamente las demandas de los pueblos por construir otro tipo de relaciones entre las regiones, basadas en la superación del modelo de mercado. Hacemos un llamado a la población a no dejarse engañar más por gobiernos autoritarios que pretenden criminalizar la justa protesta civil. Instamos a los habitantes de América Latina, el Caribe y Europa a sumarse a la fuerza cada vez mayor de organizaciones que buscan un mundo mejor para todos, y así estar a la altura de los desafíos que hoy enfrenta la humanidad.

 

Invitamos a todas las organizaciones sociales y populares de ambos Continentes a preparar desde ahora la próxima Cumbre Social de los Pueblos, Enlazando Alternativas IV, que tendrá cita en el Estado Español en el año 2010.

Rio de Janeiro – Brasil


Las redes, organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:


El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.


A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.


Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.


La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.


Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.


Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.


Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.


Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.


La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.


A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.


Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.


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Rio de Janeiro – Brasil


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Las redes, organizaciones, movimientos sociales y sindicatos, reunidos en el seminario: “UNASUR: intereses en disputa”, realizado en Río de Janeiro – Brasil, los días 12 e 13 de Marzo, concluimos:

 

El proceso de integración de los países de la región viene siendo impulsado con firmeza desde 2005, en especial después de la Cumbre de Mar del Plata, que enterró el Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, promovida por los Estados Unidos. Esa derrota es fruto de una amplia movilización y de las luchas de resistencia de los pueblos de la región, es a partir de lo acumulado en estas luchas que nos vinculamos a la construcción de alternativas soberanas de integración de los pueblos. Este proceso tuvo su momento de síntesis en Cochabamba, en Diciembre de 2006, cuando realizamos la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos y decidimos fortalecer los mecanismos de acompañamiento, incidencia y debate sobre los rumbos de UNASUR.

 

A pesar de que los pueblos obtuvieron esa victoria, las estrategias comerciales, militares, diplomáticas y financieras y políticas de los Estados Unidos continúan amenazando la integración soberana de la región, la cual sigue tensionada por las negociaciones de Tratados de Libre Comercio bilaterales y acuerdos de inversión con los Estados Unidos y la Unión Europea sumados a los intereses de las corporaciones trasnacionales en la región, minando los esfuerzos de construcción de una complementariedad regional.

 

Después de la derrota del ALCA, la conformación de una comunidad de naciones, expresada en la UNASUR – Unión de Naciones de América del Sur – viene convirtiéndose en una de las estrategias de los gobiernos para la incorporación soberana de la región en los ámbitos globales y puede convertirse en un espacio de defensa de los sectores populares de los países involucrados. Ese proceso, aunque no tiene todavía una clara definición en favor de los intereses de los pueblos, indica la necesidad de disputarnos el rumbo del mismo, buscando alterar la lógica de los proyectos en curso en áreas como infraestructura, energía, transportes, telecomunicaciones e integración financiera, temas principales de la agenda de UNASUR y sobre los cuales se desarrollan hoy importantes luchas sociales de resistencia.

 

La constitución de UNASUR debe fortalecer la democracia y los intereses de los pueblos de la región. Las políticas comerciales y de inversión que se adopten regionalmente deben ser dirigidas por la transformación del modelo productivo primario exportador – que expande los monocultivos, agrava la concentración de la tierra, defiende los intereses del agronegocio y de las trasnacionales a ellos articuladas – en una estrategia de desarrollo al servicio de los pueblos, a partir de la construcción de infraestructura orientada por las necesidades locales, nacionales y regionales, garantizando así el equilibrio socio-ambiental y la intangibilidad de los territorios indígenas, de los afrodescendientes y de los pueblos tradicionales. Sobre energía, ratificamos los principios, políticas y programas que constan en la Declaración de Movimientos, Organizaciones y Redes Sociales y Sindicales emitida con ocasión de la Cumbre Energética Suramericana, realizada en Isla Margarita.

 

Sobre el Banco del Sur, recientemente creado, esperamos que UNASUR incorpore este debate en su agenda como un mecanismo orientado no solamente al financiamiento de un proyecto alternativo de desarrollo en la región sino también con la capacidad de establecer las bases para la superación de las asimetrías existentes entre los países de la región y al interior de los mismos. Para ello es necesario que además de los mecanismos efectivos de participación popular y transparencia, que los países miembros hagan un esfuerzo proporcional al tamaño de sus economías para la composición del capital del banco, a la vez en que establezcan mecanismos ecuánimes para la toma de decisiones. La participación de los países, sin embargo, no debe estar condicionada a la disponibilidad de recursos. En este sentido, cualquier iniciativa de financiamiento al desarrollo necesita romper con la lógica perversa del endeudamiento – sea ella Norte-Sur o Sur-Sur – que hiere la soberanía y auto-determinación de los pueblos. Para garantizar que eso ocurra, hay que implementar una auditoria de las deudas de los países de América del Sur y de las Instituciones Financieras Multilaterales que deben ser responsabilizadas por los graves errores cometidos, por el crecimiento de las deudas financieras y de las deudas ecológicas, históricas y sociales de las cuales el Sur es acreedor, además de rever los tratados de inversión y la participación en instancias como el CIADI.

 

Desde los movimientos y organizaciones sociales reivindicamos que los gobiernos hagan esa construcción no solamente con transparencia y participación de la sociedad civil, sin embargo, más que eso, que reconozcan que los pueblos de la región vienen desarrollando procesos populares de integración que fortalecen la presencia de hombres y mujeres del campo y de la ciudad, campesinos, trabajadores y trabajadoras, pueblos originarios, indígenas, juventud, en suma, toda la diversidad social, racial, étnica y de género de nuestro continente en esta lucha por la ansiada integración latinoamericana y caribeña.

 

Rechazamos de forma vehemente la violación del territorio de Ecuador por el gobierno de Colombia, que en alianza con el gobierno de Estados Unidos hirió vergonzosamente la soberanía ecuatoriana y el Derecho Internacional. Por un lado, la utilización del argumento de la “guerra preventiva” y de tecnologías de uso militar norteamericano durante la invasión denuncian, sin sombra de dudas, la intervención del gobierno de Estados Unidos en este episodio. La desestabilización de la región y en particular de los gobiernos que buscan transformaciones profundas para los pueblos de la región, como también la regionalización del Plano Colombia, son algunos de los principales objetivos de la acción militar colombiana. Por otro lado, el rápido y claro apoyo de todos los gobiernos de la región al gobierno de Ecuador es demostración objetiva del rechazo unánime a la actitud de Álvaro Uribe y de los profundos lazos que tanto la historia común como también el proceso integrador van construyendo entre los países.

 

Creemos que las negociaciones de UNASUR deben avanzar buscando profundizar los lazos históricos y políticos entre los países, lo que incluye la solución de los conflictos por medios pacíficos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y una salida política y de diálogo para la confrontación.

 

La oportunidad histórica para avanzar en la construcción de la verdadera integración soberana de los pueblos no puede ser desperdiciada y para tal la transparencia y la participación social son cruciales. Resaltamos que a las vísperas de la firma del Tratado Constitutivo de UNASUR los pueblos de la región continúan sin conocer su contenido y su Plan de Acción, contrariando la Resolución firmada entre los gobiernos en diciembre de 2006, que afirma: “En la interacción con la sociedad civil será llevada especialmente en consideración la experiencia adquirida en la Cumbre Social de Cochabamba”.

 

A partir de la acumulación propositiva de nuestras luchas de resistencia, nos comprometemos con la urgente construcción de políticas alternativas.

 

Reafirmamos, pues, que la integración regional solidaria, no solamente es necesaria, como también urgente.

 

La Habana – Cuba


A todos los pueblos de Nuestra América


Concluimos este VI Encuentro Hemisférico en momentos en que, para bien de nuestros pueblos, en el continente continúan fortaleciéndose nuevas y mejores condiciones para superar la oscura etapa del neoliberalismo y los planes hegemonistas del imperialismo norteamericano. No obstante estas novedades positivas, aún predomina en la mayoría de nuestros países condiciones que y exigen la profundización de la resistencia. En los distintos escenarios la situación reclama el fortalecimiento de las luchas sociales transformadoras, así como avanzar en el sentido participativo de los movimientos sociales en la consolidación de los procesos de cambio que se vienen operando en la región.


Frente esto nuestros pueblos luchan y refuerzan en muchos frentes las estrategias de resistencia en la región. Ejemplo de ello han sido las numerosas movilizaciones por la reivindicación de sus derechos, siendo significativas las protagonizadas por los movimientos sociales y el pueblo en Costa Rica en contra de la aprobación de los TLC, así como la lucha del pueblo de Oaxaca por la defensa de sus derechos a la cual el gobierno Mexicano respondió de forma brutal con una masiva represión que implicó un alto costo de vidas, heridos y detenidos.


Hoy nuestros objetivos continúan centrados en la lucha contra el imperialismo y sus políticas neoliberales en la región, con énfasis en el enfrentamiento a las prácticas engendradas por el libre comercio bajo el rostro de figuras como los TLCs, los EPAs, ASPAN reconociendo en todos ellos expresiones de una fase mucho más peligrosa de la misma pretensión hegemónica que ha venido amenazando a la región desde siempre. Rechazamos también la profundización de los acuerdos de libre comercio propuestos por la Unión Europea a América Latina y el Caribe – el “ALCA europeo” – y dentro de ellas las negociaciones excluyentes, secretas e ilegítimas que mantiene con la región Andina, el MERCOSUR y América Central.


Contra el modelo económico y político que favorece el poder de los grandes grupos empresariales y del agronegocio a través de sus inversiones masivas en sectores como el agro, la minería, las represas que afectan la vida campesina, indígena y de los sectores afrodescendientes; reiteramos el apoyo al desarrollo y fortalecimiento de las luchas y propuestas para realizar la Reforma Agraria Integral y la Soberanía Alimentaria, basados en la defensa de la tierra y del territorio, entendiendo este como espacio de defensa política de los recursos naturales, la cultura y la organización autónoma de los pueblos.


Mantenemos la firme denuncia de un modelo que se basa en la precarización de las condiciones de trabajo, en la explotación de los/as trabajadores y trabajadoras y en el desconocimiento de los derechos económicos y sociales de la mayoría de la población. Un sistema de exclusión que promueve la migración como sustento para mantener su patrón de vida, pero que persigue a los/as trabajadores/as migrantes convirtiéndolos en criminales dentro de sus fronteras. Destacamos el papel central de las corporaciones multinacionales en el sostenimiento del modelo de expoliación, que destruye los derechos sociales y el medio ambiente.


Rechazamos enérgicamente la criminalización de nuestras luchas por autodeterminación, democracia, justicia y autonomía y el avance de un nuevo “Plan Cóndor” de control y disciplinamiento de las poblaciones del continente y de integración de todos los cuerpos de seguridad y ejércitos de la región bajo los criterios, doctrina y mecanismos de contrainsurgencia instituidos por Estados Unidos, que nos convierten en sospechosos y criminales en nuestra propia tierra.


En este mismo sentido, denunciamos y condenamos la doble moral de la política de los Estados Unidos que por un lado mantiene presos a los cinco cubanos bajo falsas acusaciones de terrorismo, deja en libertad a uno de los mayores terroristas de la región, el criminal Luis Posada Carriles.


Reafirmamos la necesidad de la diversificación de la matriz energética, de la búsqueda de fuentes renovables de energía, haciendo un uso racional de las ya existentes. Sin embargo, alertamos sobre el peligro que significa el uso de agrocombustibles en términos de soberanía alimentaria, así como su impacto medioambiental. En el reconocimiento de la existencia de visiones y opiniones diversas en tal sentido, se expresa la necesidad de ampliar y profundizar en el conocimiento y debate sobre ello.


Seguros de la necesidad de continuar la construcción de alternativas al neoliberalismo, es necesario enfocar nuestros esfuerzos en la generación de consensos en torno a la integración de los pueblos, que se consolide en un programa político que aporte al diálogo con los procesos de integración sensibles a los intereses de los pueblos. Saludamos el avance en el proceso de integración en torno a la propuesta del ALBA y la iniciativa de instituir en ella un ámbito de participación de los movimientos sociales, que debe ser amplia, plural e incluyente de las más diversas expresiones sociales de la región, requisito indispensable para solidificar cualquier proceso de integración sólido. Este avance es al mismo tiempo un punto de apoyo para la crítica y la resistencia a los procesos que como el ASPAN, encarnan la voluntad del imperio y la profundización del modelo neoliberal.


Los procesos de integración no pueden jamás ser realizados sino en base al respeto de sus derechos, su ambiente y territorio. Por esto, condenamos iniciativas como el Plan Puebla Panamá y el IIRSA que lejos de beneficiar a nuestras comunidades o facilitar el diálogo entre ellas, se orienta al lucro de los actores de un modelo productivo que depreda al medio ambiente y aumenta la exclusión social en nuestras regiones.


Producto de las luchas en todo el continente y mundialmente, hoy podemos saludar la decisión del gobierno ecuatoriano de reconocerse como un país acreedor, y de iniciar una Auditoría integral y participativa de las deudas que ilegítimamente les sean exigidas. Saludamos además la determinación de varios gobiernos de retirarse del CIADI y cuestionar su membresía en otras instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, que sólo han significado condicionamientos, saqueo, destrucción y empobrecimiento para nuestros pueblos. Reclamamos a los demás gobiernos de la región que se unen a estas iniciativas, realizando Auditorías de las deudas en cada país y de las Instituciones Financieras Internacionales, repudiando y poniendo fin al pago de las deudas ilegítimas, sancionando a los responsables de los crímenes económicos y ecológicos cometidos y coordinando junto con los pueblos afectados, estrategias de restitución y reparación.


Celebramos también la creación de nuevos instrumentos regionales de financiamiento soberano, como el Banco del Sur y el Fondo de Estabilización del Sur, a la vez que reiteramos nuestra esperanza y demanda de que estas instituciones sirven para apoyar verdaderas alternativas de integración y de desarrollo soberanas y solidarias, que promueven la inclusión, la igualdad y la sustentabilidad de los pueblos y del planeta.


Reafirmamos la necesidad de consolidar la convergencia y articulación continental de los movimientos, redes y organizaciones sociales que han dando la lucha por la autonomía y los derechos de nuestros pueblos. La Campaña de los 500 años, el levantamiento zapatista, la movilización contra la deuda, la Campaña Continental contra el ALCA, la formación de muchas redes sectoriales y temáticas, y la creación de la propia Alianza Social Continental son los principales antecedentes que convergen y reconocemos como la base fundamental de esta gran coalición de actores que luchan contra el neoliberalismo en las Américas y conforman la ASC.


Asumimos el compromiso y la corresponsabilidad con el proceso del Foro Social Mundial de impulsar en el continente una amplia movilización popular como parte de la jornada global que se desarrollará en enero de 2008. Y reiteramos nuestro apoyo a la primera edición del Foro Social de los Estados Unidos comprendiendo que las principales batallas contra el imperio se darán en su propio seno.


Convocamos a todos a volver a La Habana, en 2008 para celebrar nuestro VII Encuentro Hemisférico.


Por la integración de los Pueblos, otra América es posible”

Proyectos. V Cumbre del ALBA

Enrique V. Iglesias, President of the Inter-American Development Bank

The celebration of INTAL’s 35th Anniversary is an opportune time to stop and reflect on where we have been, cure where we are and where we are going in our processes of regional economic integration in Latin America and the Caribbean. Indeed, medications such a review is timely in light of the explosion of regional initiatives over the last ten years. As seen in
the attached table, more than twenty new agreements have been signed since 1990 – ranging from free trade areas to customs unions with wider common market objectives – and many more are in different stages of negotiation. Indeed, now virtually all the Bank’s member countries are embarking on one or more regional integration initiatives.
Regionalism also is a world-wide phenomenon that is paralleling the forces of globalization: today nearly all members of the World Trade Organization (WTO) are members of a regional agreement and those few who are not are in discussions that could lead to one.
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V Cumbre del ALBA   Publicado el 03/05/2007

PROYECTO GRANNACIONAL ALBA – EDUCACIÓN

Necesitamos convertir la educación en la principal fortaleza de las transformaciones que estamos produciendo en nuestras naciones, medications
para robustecer la conciencia histórica acerca de la unión de los pueblos latinoamericanos.
Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área de educación:

PROYECTOS

” Plan Grannacional para el desarrollo de la misión de alfabetización los países miembros del ALBA y en otros de América Latina y el Caribe, con la integración de las experiencias obtenida en Cuba, Venezuela y Bolivia.
” Plan de formación universitaria que priorice las carreras de medicina social, trabajo social, entre otras.
” Programa común de formación social para el trabajo productivo.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Social del ALBA

ALBA – CULTURA

La identidad cultural nos proporciona un sólido piso para la integración y la unión de los pueblos. Es el punto de partida de todo cuanto queremos y podemos hacer. En nuestro caso es una de las mayores ventajas que tenemos frente a un mundo tan diverso y heterogéneo.
Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área cultural:

PROYECTOS

” Fondo Cultural del Alba para: producción y distribución conjunta de cine, coproducción Grannacional de espacios de radio y televisión, edición y distribución latinoamericana de libros y publicaciones, conformación de redes de librerías compartidas.
” Apertura de seis Casas del Alba: en La Habana, La Paz, Quito, Caracas, Managua y Puerto Príncipe.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Social del ALBA

ALBA – COMERCIO JUSTO – TCP

Para el logro de este objetivo resulta fundamental la articulación de todas las iniciativas en el campo productivo en un plan de complementación económica integral.
Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área de comercio justo:

PROYECTOS

” Creación de una empresa Grannacional de suministros industriales del ALBA cuyo objeto será la comercialización de insumos, equipos y maquinarias para la industria.
” Creación de una empresa Grannacional de Importaciones y Exportaciones del ALBA.
” Creación de las Tiendas del ALBA que constituirán una red de almacenamiento y comercialización de bienes terminados de los países miembro del ALBA.
” Creación de la Feria Internacional del ALBA.
” Creación del Centro Grannacional de formación para el diseño y ejecución de proyectos de investigación, innovación tecnológica, asistencia técnica y formación para mejorar la capacidad y la calidad productiva de nuestros países.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Económica del ALBA

ALBA – FINANCIERO

Ciertamente todos los avances en el terreno de la independencia económica, con sus derivaciones en la producción alimentaria, expansión de la producción, crecimiento económico y el comercio justo, están conectados a las fortalezas financieras.
Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área financiera:

PROYECTOS

” Creación del Fondo Económico de Cooperación y de Inversiones productivas del ALBA.
” Venezuela compromete un aporte inicial de 250 millones de dólares
” Emisión de Bono ALBA, hasta un millardo de USD.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión de Inversión y Finanzas del ALBA

ALBA – ALIMENTACIÓN

El ALBA está obligado a garantizar la alimentación de nuestros Pueblos en calidad y cantidad suficientes. El logro de este objetivo constituye la prueba de fuego del conjunto de proyectos estructurantes. Alcanzar el autoabastecimiento compartido en la producción y distribución de alimentos, garantizando la seguridad alimentaria debe estar en el centro de los planes estratégicos de largo plazo.
Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área de alimentación:

PROYECTOS

” Creación del “Banco de Alimentos”, para garantizar el abastecimiento.
” Creación de una empresa Grannacional de producción Agroalimentaria.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión de Inversión y Finanzas del ALBA

ALBA – SALUD

El proyecto ALBA en salud es una de las más poderosas armas de justicia social para demostrar en la práctica la superioridad humana de las nuevas políticas y relaciones generadas desde el ALBA.
Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área de salud:

PROYECTOS

” Plan Grannacional para el desarrollo de la Misión Salud de los países del ALBA que conduzca los planes en sus distintos niveles y optimice la inversión y los recursos para la recuperación e implantación de sistemas públicos de salud de acceso universal en todos nuestros países. Así como el suministro y los instrumentos para la investigación, desarrollo para el aprovechamiento del recurso de biodiversidad de nuestra región.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Social del ALBA

ALBA – TELECOMUNICACIONES

Nuestro proyecto debe apuntar hacia una amplia y extensiva utilización de esta herramienta, sobre todo, para la batalla de ideas, que en el campo de la educación y la formación ideo-política estamos librando.
Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área de telecomunicaciones:

PROYECTO

” Crear una empresa de telecomunicaciones Grannacional.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Económica del ALBA

ALBA – TRANSPORTE

Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área de transporte:

PROYECTOS

” Transporte aéreo:
” Propiciar la creación de una corporación “Grannacional” de las líneas aéreas estatales que asocien rutas y equipos sin perder la autonomía de las mismas. La misma pudiera asumir la denominación de ALSUR (Alas del Sur o ALBA Sur) que establezca las rutas Caracas – Managua – La Paz – Quito – La Habana – Puerto Príncipe.
” Propiciar la creación de una empresa “Grannacional” de mantenimiento y construcción de aeronaves.
” Transporte marítimo:
” Para lograr facilitar los intercambios entre los países del ALBA y sus aliados es necesario transformar TransALBA o crear una nueva empresa naviera “Grannacional” del Sur, para el transporte de carga y de pasajeros, que diseñe rutas y disponga de equipos apropiados para la comunicación marítima entre los mismos.
” Incorporar el resto de los países del ALBA a la iniciativa de las empresas mixtas ya constituidas.
” Diseñar y habilitar las rutas para la comunicación fluvial entre los países del Sur.
” Transporte terrestre:
” Desarrollar un plan de comunicación terrestre para la Región visión ALBA, alternativo al propiciado por los organismos multilaterales.
” Propiciar la creación de una empresa Grannacional para el desarrollo de infraestructura en la Región.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Económica del ALBA

ALBA – TURISMO

Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área de turismo:

PROYECTOS

” Elaboración del Plan Macro de Turismo Social.
” Declaración de la Universidad Turística del ALBA
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Económica del ALBA

ALBA – MINERÍA

Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área de minería:

PROYECTOS

” Creación de una empresa Grannacional de cooperación, investigación y desarrollo en el área geológico minero.
” Creación de una empresa Grannacional para el desarrollo de la industria del aluminio.
” Creación de una empresa Grannacional para el desarrollo de las industrias de cemento para los países del ALBA.
” Creación de una empresa Grannacional para el manejo de bosques, producción y comercialización de productos de industria de la madera.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Económica del ALBA

ALBA – INDUSTRIAL

Se hace necesario realizar una gran alianza entre las industrias pesadas y ligeras, creando Empresas Gran-Nacionales para fortalecer la soberanía industrial en nuestro continente.
Los Presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área industrial:

PROYECTOS

” Creación de Empresa Grannacional de Artículos y Bienes de Acero Inoxidable.
” Desarrollo de Plantas de productos de Línea Blanca para los países del ALBA y de Latinoamérica con la cooperación de países aliado (Beliorusia, Irán, China)
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Económica del ALBA

ALBA – ENERGÍA

Se hace necesario realizar una gran alianza entre las empresas nacionales de energía con el fin de lograr los objetivos del Tratado Energético del ALBA, para ello se creará una empresa Gran Nacional de Energía que abarcará las áreas de petróleo, gas, refinación, petroquímica, desarrollo de infraestructura de transporte, de almacenamiento, de distribución, electricidad, energías alternativas y transporte marítimo.

En base a lo expresado en cuanto la unidad, los presidentes discutieron y aprobaron por consenso los siguientes proyectos Grannacionales del ALBA en el área energética:

PROYECTO BOLIVIA

” Distribución de combustible a través del abanderamiento de quince (15) estaciones de servicio por un monto de USD 4.7 MM
” Construcción de dos (2) plantas de extracción de líquidos de gas natural:
a.- Planta situada en el norte del país en santa cruz con una capacidad de 200 MMPCD y una inversión de USD 70 MM.
b.- Situada al sur del país con una capacidad de 300 MMPCD y una inversión estimada de USD 100 MM.
” Proyecto para la generación térmica (diesel) de potencia eléctrica con una capacidad 40 MW, con un costo estimado de USD 30 MM.
” Proyecto para el mejoramiento de la eficiencia en el uso de la energía eléctrica mediante la sustitución de equipos ineficientes por equipos ahorradores con una inversión estimada de USD 5 MM.
” Planta de producción de asfalto con una capacidad de 10 MBD y con una inversión estimada de USD 150 MM.
” Proyecto para la exploración y explotación en cuatro campos de gas en Bolivia con una inversión estimada para la fase inicial de USD 620 MM.

CUBA

” Remodelación y puesta en funcionamiento de la refinería Cienfuegos con una capacidad de refinación de 65 MBD y con una inversión estimada para la fase inicial de USD 83 MM.
” Construcción de una planta de regasificación de GNL con una capacidad de 100 MPCD y una inversión estimada de USD 8 MM.

NICARAGUA

” Planta de refinación de 150 MBD y con una inversión estimada de USD 3550 MM.
” Proyecto para la generación térmica (diesel) de potencia eléctrica con una capacidad 120 MW (60 MW diesel 60 MW fuel oil), con un costo estimado de USD 89 MM.

HAITÍ

” Construcción de una planta de regasificación de GNL con una capacidad de 50 MPCD y una inversión estimada de USD 4 MM.
” Proyecto para la generación térmica (fuel oil) de potencia eléctrica con una capacidad 60 MW, con un costo estimado de USD 56 MM.
” Proyecto para la visualización, conceptualización y construcción de una refinería de 10 MBD con una inversión estimada de USD 80 MM.
Se acuerda remitir esta aprobación a la Comisión Energética del ALBA
Por la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, Presidente de la República
Por el Gobierno de la República de Bolivia, Evo Morales Presidente
Por el Gobierno de la República de Cuba, Carlos Lage, Vicepresidente de la República
Por el Gobierno de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, Presidente de la República.