Conclusiones del Seminario Mecanismos de participación de la sociedad civil en UNASUR


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

Teoria y practica de la integracion regional: apuntes para un analisis comparado de los procesos europeo y latinoamericano desde un enfoque regulacionista

Brid Brennan and Cecilia Olivet
A profound process of de-legitimation of the structures and key institutions of the current neoliberal model of economic globalization has marked the last years of the 20th century and the beginning of the new millennium. Parallel with this, pilule we have also witnessed the intense search for alternatives, information pills highlighted in the World Social Forum process and concretized in the actual emerging alternatives, at the local, national and global level. It is in this context that the most promising alternative regionalisms are emerging, with social movements and civil society organizations (CSOs) as key protagonists.
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Andres Musacchio

Las teorías económicas tradicionales proponen un modelo de interpretación de los procesos de integración que permite analizarlos con un conjunto de herramientas standard, mediante las cuales se los reduce a un conjunto de elementos comunes a todos ellos. De allí que las diferencias entre las diversas experiencias quedan reducidas a una cuestión de grado, que alude a la profundidad que cada una de ellas ha alcanzado. Sin embargo, este tipo de análisis oculta las profundas diferencias en las estructuras económicas y sociales que los motivan.

A partir de una comparación sintética de los principales rasgos de los procesos de integración de América Latina y Europa, nuestro trabajo intenta perfilar algunos elementos básicos para el análisis de la problemática, que recuperen las nociones de tiempo y espacio y la analicen a la luz las estructuras económicas y sociales concretas. Se intenta mostrar que los aludidos procesos tienen una raíz diferente, no por tener un grado de profundidad distinto, sino por una inserción diferenciada en el recorte espacial de los procesos de acumulación, de los modos de regulación y de los vínculos trabados con las regiones que no forman parte directa del proceso.
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Regionalisms Futures: The Challenges for Civil Society

Shaun Breslina and Richard Higgottb
This paper places the contemporary study of regionalism in historical context. It argues that the study of regionalism has occurred in two waves. The first gathered pace as a sub-field of International Relations from the late 1950s and the second emerged in the context of the globalisation of the late 1980s and the 1990s.
Paper
Luk Van Langenhove
This paper explores how regional integration can be seen through the lens of the individualism/collectivism dichotomy. Two main worldviews dominate the world since the 18-century: individualism and collectivism. These worldviews not only shape the behaviour of individuals but also that of institutional actors such as states. At the level of states, sale these two worldviews have been reflected in states pursuing their national interests and in states seeking to cooperate with other states. Also, within single states, these two worldviews find their expression in conceptions about how social order and public life are organised: the welfare state versus a market oriented society. As such, regional integration is a process that has a double relation to the individualism/collectivism dichotomy. First, the level of regional integration that states will pursue is linked to (individual) national interests. Secondly, regional integration as a move towards unity is function of the existing degree of homogeneity in social welfare systems. Today, a major challenge for the world is the dual evolution of growing individualism on the one hand (with limits to solidarity) and of a growing area of problems that have to be tackled at a collective level (cf. globalisation). This paper will argue that regional integration can be a valuable answer to overcome the individualism/collectivism dichotomy at the level of states. But for this to happen, civil society needs to become much more involved in regional integration processes.

Brid Brennan and Cecilia Olivet

A profound process of de-legitimation of the structures and key institutions of the current neoliberal model of economic globalization has marked the last years of the 20th century and the beginning of the new millennium. Parallel with this, we have also witnessed the intense search for alternatives, sales highlighted in the World Social Forum process and concretized in the actual emerging alternatives, at the local, national and global level. It is in this context that the most promising alternative regionalisms are emerging, with social movements and civil society organizations (CSOs) as key protagonists.
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Published by Global Social Policy

Alternative Regionalisms: Why and How?

International Metalworkers’ Federation
Development of an alternative economic program has been a major priority for the IMF and its affiliates under the 2001-2005 Action Program. The topic has been discussed thoroughly at many IMF meetings at the world, regional and sectoral level with the aim of clarifying and defining exactly what an alternative economic program should look like.
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Dot Keet
The new alternative regionalisms being promoted by social movements are ‘alternative’ to the increasingly neoliberal directions being taken, and the regional trade and investment liberalization programmes being adopted or reinforced in the existing regional groupings of countries of the South. Social movement strategies for alternative regionalisms are also designed to counter the so-called ‘regional support’ plans containing contradictory conditionalities set by foreign governments, particularly the USA and the EU; by international institutions, particularly the International Monetary Fund (IMF), World Bank (WB) and the World Trade Organization (WTO); and by transnational corporate interests.
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Alternative Regional Strategies in Africa

Dot Keet
African social movements have long been accustomed to hearing constant references by their governments to the importance of African unity and cooperation. The African Union is the most recent practical expression of this. However, in contrast to the earlier regional development modalities, shop as expressed in the Lagos Plan of Action (1980) and the Treaty of Abuja (1991), current plans for regional integration within the half dozen African Regional Economic Communities – as the ‘building blocks’ for the eventual (re)integration of the whole of Africa – are increasingly driven by neoliberal theories
and programmes.
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Llamado a los poderes públicos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela

 

We, order the working women and men of the Americas and the

Caribbean, here united as brothers and sisters in the Inter-American

Regional Workers’ Organization (ORIT), about it the Andean Labour

Consultative Council (CCLA), the Caribbean Congress of Labour

(CCL), the Central America and Caribbean Union Coordination

(CCSCAC), the Southern Cone Union Coordination (CCSCS) and

the national labour centrals of Canada, the United States and

Mexico, are speaking with one voice on behalf of ourselves and our

sons and daughters, to demand an urgent change of course.

 

We declare:

 

Globalization has exacted a very high toll from our

peoples, not only those living in marginalized regions,

but also in countries where globalization is perceived to

have been a success. Since the free-market model was

introduced in the Americas, every indicator of social

well-being and working conditions has deteriorated

significantly: employment, job stability, the quality of life, social mobility

rates and levels of equality. The predatory attitude of capital toward

our hemisphere’s abundant and unprotected natural resources and

toward stewardship of the environment, the insistent cheapening of the

cost of labour and its increasing precariousness, growing inequalities

regarding gender, class, race and ethnic origin all considered

incentives to attract investment place in serious jeopardy the survival

of important regions of the Americas. The scarcity of decent jobs has

frayed the social safety net, reducing labour rights to mere

declarations, annulling the potential of social dialogue between

government, business and labour, and undermining companies’

commitment to their social responsibility.

 

Our experience with the Washington Consensus and the neo-liberal

economic policies stemming from it has shown the fundamentalist

notion of “free trade” to be bankrupt.

We, the millions of working women and men forced into

unemployment, pushed into poverty, battered by precarious working

conditions and labour flexibility, obliged to leave our farms and our

homes, urge the governments of the Americas to abandon the

policies inspired by free-market fundamentalism. The hemisphere is

in urgent need of an approach to sustainable development which

places decent jobs and social justice at its heart, and the creation of

mechanisms for the state to ensure no citizen is left behind. We need

new policies designed from a gender perspective, which seek

primarily to strengthen democracy, broaden opportunities for citizens

to participate in decision-making at national and regional levels,

reduce inequality, create decent work with dignified working

conditions and full employment for all men and women in the

Americas (1). Ongoing processes of sub-regional integration must

be strengthened as an alternative to neo-liberal free trade agreements which have only deepened the gulf between rich and poor, both between countries and within them. We know that there are different

approaches to regional integration, and therefore we understand that they can bring positive benefits, as long as they do not disguise efforts by certain countries to dominate others, as has occurred with some neo-liberal free trade and investment agreements. For these reasons, we propose this Labour Platform for the Americas as a point of departure for a new way forward for all of our peoples and our nations, with potential relevance for men and women across the world.

 

1. A New Democratic Consensus with Popular Sovereignty and a Gender Perspective

Without fully embracing democracy, a gender perspective and human rights, there will be no new

way forward for the Americas. The peoples and nations of the Americas urgently seek a new consensus based on the following objectives:

 

Strengthening democracy and achieving full

respect for human rights;

 

Broadening the channels for citizen participation in national

and international decision-making;

 

Achieving social justice;

 

Integrating a gender perspective into all policies;

 

Eliminating all forms of discrimination on the basis of class,

race, ethnicity, religion or sexual orientation;

 

Establishing full employment as the basis for sustainable

development;

 

Ensuring no man, woman or child is excluded from our

societies; and

 

Rebuilding the capacity of governments to take pro-active

measures.

 

We support and defend the self- determination of peoples and states,

convinced that a multilateral hemispheric system in the Americas

based on institutions open to real participation by the citizenry will

constitute a sound basis for achieving freedom and social justice.

Building a democratic society requires the permanent integration of

gender perspectives into all public policies, because all aspects of

production, reproduction and caring are relevant to addressing the

inequalities between men and women.

 

All institutions and programs, all policies, laws, agreements and

decisions, be they national, sub-regional or regional, must contain

mechanisms which allow for bringing a gender perspective to bear

and which guarantee women’s active participation and respect

their rights as workers. In addition, public policy

must prevent violence against women, guarantee sexual and reproductive rights and,

take into account women’s unpaid labour in the home.

Adopting a gender perspective implies not only delivering programs for women, but creating

programs that transform the system of gender relations, encouraging men and women to make

positive changes that place women and men in a position of equality. Women’s condition will only

be effectively transformed if such changes are encouraged through innovative social policies which modify not only economic structures but also the structures of power and authority so that

women’s rightful role as active agents of social change is fully acknowledged.

Decision-making in the Inter-American (2) system must be improved, so that it becomes more effective and representative of the real needs and desires of our peoples, and therefore capable of

implementing the proposals we put forth in Labour’s Platform for the Americas.

 

The following are the measures which we consider necessary:

 

a. Create decision-making procedures for tripartite and multipartite labour consultations

under the auspices of the ILO.

 

b. Link the Inter-American system to sub regional integration processes while respecting their autonomy.

 

c. Establish affirmative action measures which guarantee that at least one third of all representative and consultative posts will be filled by women.

 

d. Strengthen the Inter-American Conference of Labour Ministers.

 

e. Submit fundamental international decisions to citizen ratification and organize a system for democratic citizen appeal of the same.

 

f. Incorporate a gender perspective into the design of policies and budgets

 

g. Guarantee financing for the Inter-American Human Rights Commission and Court so that they can implement and follow up on their decisions and sentences.

 

h. Endorse the Social Charter of the Americas (3), linking it to the current hemispheric system for human, civil and political, economic, social and cultural rights and the system’s protective

mechanisms and institutions.

 

2. Economic Objectives which Pursue Sustainable

Development and Focus on Decent Jobs and Full Employment

 

In order to address the real problems faced by the peoples of the

Americas, we need a new approach to the economy, one that

encourages sustainable development and places decent jobs and

full employment at its heart, acknowledging the active role of the

state. The labour movement of the Americas calls on governments

to abandon policies which seek only to regulate the demand for

labour, and instead adopt policies intended to generate decent

productive jobs.

Our workers’ organizations in the Americas maintain that relevant

policies oriented toward the goal of full employment should meet

the following conditions:

 

Foreign Debt: Indebtedness must not undermine the fight

against poverty or restrict the path to sustainable development. For

the majority of our countries, the foreign debt constitutes one of the

primary obstacles to eradicating poverty and generating

sustainable development. Our union organizations have spoken

out repeatedly on the illegitimate nature of much of that debt

(“odious debt”) and on the barriers which prevent our peoples from

learning where the money came from and where it ended up.

Creditors share responsibility for that debt and it should not be

repaid. Debts owed by the lesser developed countries of the

Americas to the most developed ones should be canceled.

Governments must instead give priority to the fight against poverty

and to the development of countries and regions.

The member states of the Inter-American Development Bank

(IADB), as shareholders, have the obligation to reform that

institution so that approval by national legislatures of recipient

countries is required before loan projects can be considered by the

IADB Board of Directors. National legislatures ought as well to have

the authority to convene hearings on proposed IADB projects and

policies, including the power to subpoena Bank officials. The IADB

must also adopt a safeguard policy in accordance with labour

standards of the International Labour Organization (ILO),

applicable to all projects and policies, including follow-up, and

applicable as well to Bank personnel. The active participation of

national unions in all phases of loan negotiation and project

financing is essential to monitor the social and labour impact of

programs implemented and to ensure transparency and

participation in the entire process.

 

Policy Coherence : Achieving full employment will require

that all relevant policies be oriented toward the goal of creating

decent jobs. This includes macro-economic policies as well as

policies on investment, technological innovation, infrastructure, rational use

of natural resources and the environment, trade, production,

migration, education, social responsibility for domestic and

reproductive work, social services and social security. Governments should

spurn social policies oriented exclusively toward adjusting the

demand for labour, which consider unemployment to be a temporary problem

due to difficulties of “employability.”

 

Investment and Economic Priorities : National

economic policy ought to prioritize productive investment and

universal public social services to address existing inequalities,

rather than structural and monetary adjustment measures.

Governments must insist that foreign investors respect labour rights,

obey national laws and submit to the authority of national judicial

systems. Governments must also seek the reinvestment of profits

so as to guarantee genuine economic development, penalizing

“social dumping” and capital flight.

 

Fiscal Policy and Progressive Taxation : New fiscal

policies and progressive taxation are urgently needed to achieve

improved income distribution, to strengthen the industrial sector, to

provide incentives for technological and scientific innovation and its

application, and to reinforce small and micro enterprises and family

farming. The pursuit of fiscal responsibility and monetary stability is

useful only to the degree that it serves these social goals.

 

Complementary Production : Where there exists

strengths and advantages in production capacity in a particular area

or sector that can contribute in a complementary way to integrated

chains of production, these sectors should be encouraged to

consolidate their advantages by concentrating in zones of

development.

 

Promotion of Local Development : The sustainable

development of local regions should be pursued through projects that link

economic actors emphasizing economies of solidarity which focus on

human beings, fair distribution of wealth, democratic decision-making, and a

commitment to the local reality in which they reside.

 

Infrastructure Integration : Governments must make a

hemispheric commitment to integrate the hemisphere’s

infrastructure in order to promote sustainable development, full

employment and enhanced communication among peoples, and

should do so by completing existing infrastructure projects and

undertaking new ones.

 

Sectoral Policies : Sectoral policies constitute an essential

component of a regional plan for sustainable development and

complementary production. Priority objectives should include

achieving each sector’s systemic competitiveness at the national,

sub-regional and hemispheric levels, drawing up inter-sectoral plans

for industry, trade, infrastructure and finance, and creating special

programs to strengthen micro-enterprises and small and medium-

sized businesses.

 

Family Farming : In ways appropriate to each national

circumstance, governments must support the development of family

farming via policies to guarantee domestic food supply and food

sovereignty. Governments must support an approach to agriculture

which protects the environment, guarantees food to all the

hemisphere’s people and respects the relationship between

communities and their natural environments.

 

Income Distribution : Due to the severe inequalities that

characterize societies in the Americas, a sustained strategy for

redistributing income toward labour should be adopted immediately.

It should be based on full employment, universal unemployment

insurance coverage, living wage policies, tax reform, the provision of

public services and reduction of the workweek.

 

Hemispheric Funds : Structural Funds to assist less

favoured regions and to raise the competitiveness of countries ought

to be created, based on complementary production and built around

the goals of promoting decent employment and achieving economic

reform. Developed countries have an obligation to help eradicate the

asymmetries between our nations. Sub-regional blocs ought to

create Investment Funds for production projects and social

infrastructure. Universal Social Funds also ought to be created in

order to eradicate hunger and poverty, as should Training Funds to

guarantee every working man and woman of the Americas access to

the necessary skills to obtain a decent job and to update those skills as

needed, and Public Health Funds to eradicate HIV/AIDS and other

pandemic diseases. These Funds should be financed through

progressive and sustainable hemispheric-wide taxation.

 

Strengthening Government Capacity : Indebtedness and

financial liberalization have restricted the capacity of government to

stimulate our economies. In addition, speculation and capital flight

have repeatedly disrupted our economies, impoverishing both

citizens and government. Our governments need to regain control

over the market and rebuild their capacity to generate revenue to meet

social needs. To those ends, governments must take collective action

to discourage tax evasion and punish evasion via tax havens. The

Organization of American States (OAS) should take the lead in this

area.

 

Privatizations : Inter-American organizations should ask

member states to review the privatizations they have undertaken.

Governments should evaluate the economic and social impact of

privatizations and their contribution to the formation of oligopolies and

private monopolies, as well as uncover any corruption that may have

occurred, and then take the corrective measures deemed necessary.

Governments must instruct the IADB and other multilateral financial

organisms to conduct a meticulous analysis of the social impact of the

privatization projects in which they have been involved, and not to

consider investments in productive infrastructure as spending when

calculating current accounts.

 

Access to Knowledge : In the Americas, access to scientific and

technological knowledge must be guaranteed in all areas that affect living

organisms, bio-diversity and the traditional knowledge of our peoples. Technology

transfer to lesser developed countries must be facilitated. Wealthy countries ought to

provide adequate compensation for socio- economic losses caused by the migration of

highly trained professionals via the so-called ‘brain-drain’.

 

Large Companies and Multinational Corporations :

Companies must fulfill their social responsibility and their commitment to social development by adhering strictly and obligatorily to the Organization for Economic Co-Operation and

Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises, the United Nations Global Compact, the Tripartite ILO Declaration on Multinational Enterprises and the International Framework

Agreements in force. They must take an active role in tripartite and multipartite stakeholder dialogues at national and international levels, organize their labour relations on the basis of national and

international collective bargaining, and ensure that branch plants and subcontractors also fulfill their social responsibility.

 

Small and Micro-Enterprises : These businesses form the nucleus of most

labour-intensive employment. National governments and sub-regional institutions

must take steps to support the sustainable development of small and micro-enterprises,

reducing their tax burden and facilitating financing. With the same approach and according to particular national conditions, governments must meet the needs of family farming and promote its development.

 

Jobs for Women : Specific programs for women must be created to improve their access to the labour

market and to promote equality of opportunity and treatment, especially regarding wages,

working conditions, labour rights, family responsibilities and public childcare policy.

 

Jobs for Youth : Policies to support youth employment are needed to guarantee all rights for

young women and men, with particular attention to ILO Convention 138 on Minimum Working Age and 182 on the Worst Forms of Child Labour. These policies must achieve the eradication of rotating

minimum-wage jobs and precarious working conditions. New jobs should be created for young

workers instead of youth displacing adult workers who also need employment. The new generation should be educated about their human, civil, social and labour rights. This will help them join the

working world and will guarantee them opportunities to gain social and professional skills and community participation.

 

Elimination of Child Labour : Government policies coordinated at the Inter-American level to eliminate

all forms of child exploitation must be implemented. This must be undertaken through an integrated

approach which guarantees boys and girls free public education from pre-school age while ensuring

employment for adults in the family.

 

Education and Professional Training : Governments must guarantee access to free, quality public

education and ensure continuation through graduation, so that citizens can fully exercise

their rights. Programs which provide general education, childcare from birth and

professional training must be broadened to integrate a gender perspective, and must

provide life-long support so workers can acquire the necessary skills to join and remain in the workforce.

 

3. Promoting and Fulfilling Social and Labour Rights

 

Formal Employment : There is an urgent need to substantially increase

the number of decent jobs. To that end, governments must enact an aggressive

enforcement policy to ensure compliance with and full respect for

national labour legislation as well as improvements in said laws.

 

Labour Inspectors : Governments must strengthen all

inspection and enforcement mechanisms so that employers comply

effectively with labour laws. In the short term, the Inter-American

system must require all member states to adopt the basic

conventions of the ILO and to monitor companies’ compliance.

 

Labour Tribunals : In many countries, labour courts are

slow to resolve disputes and thus violate the individual and collective

rights of working men and women. Labour tribunals become

politicized and often unfairly take the side of employers. The

governments of the Americas must ensure that the courts dealing

with labour disputes respect and apply the principle that justice

delayed is justice denied, and fulfill their obligation to defend the

rights of working men and women.

 

Universal Access and Pay-As- You-Go Social Safety Nets :

Providing social services is a critical responsibility of government because

social security is a human right. There is an extremely serious predicament in the

Americas because of the exclusion of tens of millions of workers from the health

and social security systems and related and growing financial

troubles those systems are experiencing. It is urgent to strengthen

these systems by restoring the principle of universal access to

benefits, especially for children and the elderly, by making progress

toward the indivisibility of services and by achieving sustainable

financing with social justice, while at the same time doing away with

approaches based on private profit.

 

Unionization and Collective Bargaining :

To achieve a real improvement in the living conditions of the working men

and women of the Americas, as well as a deepening of democracy, labour

rights must be promoted and mechanisms for collective bargaining

established at all levels. The organizations of working women and

men must be protagonists in the design and implementation of such

mechanisms.

 

Balancing Work and Family : The countries of the Americas must undertake a

serious effort to balance the needs of family and those of the workplace, so that work is

compatible with family life and caring for children, the sick, the disabled and the

elderly. To this end, governments and regional and sub-regional institutions

must actively pay attention to this issue in three principal areas:

 

a) Within companies, considering a reduced workweek without

loss of pay, so that the right of working men and women to

attend to their families’ needs becomes part of companies’

social responsibility.

 

b) Within society, strengthening public systems, accessible to all

men and women, which support caring for children, the sick,

the disabled and the elderly.

 

c) Within male-dominated cultures, bestowing social value on

reproductive work and distributing it equitably between men

and women.

 

Discrimination : To guarantee equality of opportunity and

treatment in the workplace, public anti-discrimination policies should

be promoted and strictly enforced by new tripartite sub-regional

boards, which should pay particular attention to discrimination by

gender, race, sexual orientation, national origin and culture. The

rights and labour of sex workers must be respected. Policies

regarding equality of opportunity and treatment must be coordinated,

must include affirmative action and should set indicators to allow for

periodic accounting of progress or lack thereof. The governments in

the Americas must take specific steps to protect and preserve

cultures and indigenous rights.

 

Workers’ Freedom of Movement : One of the principles of

the labour movement of the Americas is the eventual elimination of

restrictions that impede the free movement of persons. In the

Americas, tens of millions of working men and women and

their families are obliged to migrate, pushed out by poverty

and the enormous gulf between rich and poor. For this reason,

we consider it a primary obligation of government to

develop the necessary policies to guarantee our workers’

freedom not to emigrate. For those workers who have emigrated and their families,

no matter their migratory status, the authorities must recognize the floor of rights

guaranteed by the International Convention on the Protection of All

Rights of Migrant Workers and their Families, as well as ILO

Conventions 97 and 143 on Migrant Workers. Governments should

also acknowledge the principle that no one should be sent back to

where their rights have been violated. In addition, ways must be

found in the Americas to link pension systems so that the upheaval

caused by migration is not aggravated by the loss of benefits.

Similarly, a system for validating professional credentials and

degrees must be established so that human resources are not

under-utilized and workers’ professional and other skills obtained in

their countries of origin are respected. The governments of the

Americas must jointly undertake to eradicate abuses in the transfer

of remittances by migrant workers. Similarly, governments must

recognize the principle of non-refoulement contemplated in the

International Convention on the Protection of All the Rights of

Migrant Workers and their Families for the victims of terrorism,

smuggling and trafficking, sexual and labour exploitation, workplace

accidents and repression for union activity.

 

4. A Guarantee That No One Will Be Excluded

There are enormous challenges to overcome in the Americas if

we are to adopt a new approach to economic, social and labour

policy. The social security system must be reformed, given that

it was designed to address only those with formal employment

and thus excludes the majority of the population. It is

practically impossible to imagine a sustainable system of social

security without improving employment levels and increasing

formal employment and family incomes. But it would also be

ethically unsustainable and politically dangerous to democracy

to await job creation via economic recovery before putting new

social policies into effect. As long as the economy is not

generating enough formal jobs, governments must guarantee

social benefits to all working women and men, whether they are

formally or informally employed or unemployed.

To fight poverty effectively, universal access to social services

must be coordinated with job-creation, labour and income

policies, so as not to split society into those who have jobs and

those who receive assistance.

 

5. Making Labour’s Platform for the Americas a Reality

To make Labour’s Platform for the Americas a reality, year by year,

regional and sub-regional follow-up mechanisms will be established,

based on social dialogue and the active participation of civil society.

These mechanisms must be based on short, medium and long-term

goals for government policy, placing full employment and decent jobs

at the heart of the hemisphere’s sustainable development.

To help achieve this objective, the following regional and sub-regional

indicators with national specifications designed from a gender

perspective should be agreed on:

 

Inequality

Poverty

Unemployment

Informal Employment

Gender Equality

Child Labour

Gender Development Index (UNDP)

 

Each year, forums created to monitor follow-up on Labour’s Platform

for the Americas should meet and report back to our peoples and

nations on the status of efforts to achieve these proposed goals and

on the measures necessary to implement them.

 

(1 ) An International Labour Organization’s (ILO) definition:

“Decent work means productive work in which rights are protected, which generates

an adequate income, with adequate social protection. It also means sufficient work,

in the sense that all should have full access to income-earning opportunities. It

marks the high road to economic and social development, a road in which

employment, income and social protection can be achieved without compromising

workers’ rights and social standards.”Source: “Report of the Director-General: Decent Work”, International Labour Office,Geneva, June 1999. www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc87/rep-i.htm

 

(2 ) The Inter-American system refers to all of the intergovernmental institutions in the hemisphere {Organization of American States (OAS), the Labour Ministers’ Conference (IACML), the Inter-American Human Rights Court and Commission, etc.}

 

(3 ) Proposed by the Government of Venezuela, the Social Charter of the Americas consists of 129 articles that address social and human rights related to health, work, education, basic rights, cultural identity, environmental protection and indigenous peoples. It was submitted for debate to the OAS in August, 2005

 


Nosotras y Nosotros, mind las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.


Decimos:


La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.


El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.


Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.


Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.


Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.


  1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género


Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.


Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

    • Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

    • Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

    • Justicia Social

    • Perspectiva de género,

    • No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.

    • Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible

    • Sociedades sin excluidos/as

    • Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.


Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.


La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.


Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.


Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.


Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:


  1. Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.

  2. Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.

  3. Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.

  4. Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

  5. Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.

  6. Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.

  7. Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.

  8. Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.


  1. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.


Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.


Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:


  • Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.


Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.


  • Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.


  • Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

  • Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

  • Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

  • La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

  • Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

  • Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

  • Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

  • Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

  • Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

  • Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

  • Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

  • Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

  • Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

  • Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.

  • Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

  • Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

  • Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

  • Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.


3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

  • Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.

  • Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

  • Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

  • Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

  • Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.

  • Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

  1. en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.

  2. en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos

  3. en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

  • Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.


  • Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.


4. Garantizar una sociedad sin excluidos.


Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.


Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.


    1. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas


Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.


Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

  • Desigualdad

  • Pobreza

  • Desocupación

  • Empleo informal

  • Igualdad de género

  • Trabajo Infantil

  • Índice de desarrollo de género (PNUD)


Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.


1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

Nosotras y Nosotros, pills las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.

 

Decimos:

 

La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.

 

El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.

 

Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.

 

Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.

 

Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.

 

  1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género

 

Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.

 

Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

    • Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

    • Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

    • Justicia Social

    • Perspectiva de género,

    • No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.

    • Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible

    • Sociedades sin excluidos/as

    • Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.

 

Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.

 

La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

 

Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.

 

Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.

 

Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:

 

  1. Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.

  2. Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.

  3. Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.

  4. Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

  5. Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.

  6. Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.

  7. Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.

  8. Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.

 

  1. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.

 

Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.

 

Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:

 

  • Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.

 

Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.

 

  • Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.

 

  • Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

  • Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

  • Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

  • La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

  • Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

  • Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

  • Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

  • Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

  • Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

  • Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

  • Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

  • Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

  • Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

  • Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.

  • Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

  • Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

  • Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

  • Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.

 

3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

  • Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.

  • Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

  • Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

  • Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

  • Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.

  • Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

  1. en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.

  2. en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos

  3. en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

  • Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.

 

  • Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.

 

4. Garantizar una sociedad sin excluidos.

 

Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.

 

Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.

 

    1. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas

 

Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.

 

Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

  • Desigualdad

  • Pobreza

  • Desocupación

  • Empleo informal

  • Igualdad de género

  • Trabajo Infantil

  • Índice de desarrollo de género (PNUD)

 

Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.


1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, pharmacy el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.

Decimos:

La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.

El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.

Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.

Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.

Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.

1.

Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género

Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.

Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

Justicia Social

Perspectiva de género,

No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.

Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible

Sociedades sin excluidos/as

Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.

Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.

La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.

Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.

Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:

1.

Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.
2.

Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.
3.

Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.
4.

Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.
5.

Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.
6.

Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.
7.

Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.
8.

Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.

1.

Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.

Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.

Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:

Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.

Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.

Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.

Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.

Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.

3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.

Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.

Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

1.

en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.
2.

en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos
3.

en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.

Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.

4. Garantizar una sociedad sin excluidos.

Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.

Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.

1.

Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas

Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.

Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

Desigualdad

Pobreza

Desocupación

Empleo informal

Igualdad de género

Trabajo Infantil

Índice de desarrollo de género (PNUD)

Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.


1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

Nosotras y Nosotros, las trabajadoras y los trabajadores de las Américas y el Caribe, view unidos como hermanos y hermanas en la ORIT, el Consejo Consultivo Laboral Andino, el Congreso Laboral Caribeño, la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur, la Coordinadora Sindical de América Central y el Caribe, y las Centrales sindicales de Canadá, México y Estados Unidos, en nuestro nombre y en el de nuestros hijos e hijas, hacemos oír nuestras voces para reclamar un urgente cambio de rumbo.


Decimos:


La globalización ha tenido costos muy altos para nuestros pueblos. No solo en las regiones marginadas sino también en los países en los que la globalización es percibida como un proceso exitoso. En las Américas, desde el advenimiento del modelo neoliberal, todos los indicadores sociolaborales muestran un deterioro muy significativo: desocupación, precariedad laboral, deterioro de la calidad de vida, persistencia de la pobreza, crecimiento de la desigualdad social. La actitud depredadora del capital sobre los abundantes y desprotegidos recursos naturales, sobre el cuidado del medio ambiente, el insistente abaratamiento y precarización de la mano de obra, las desigualdades de género, clase, raza y etnias considerados como alicientes en la radicación de inversiones cuestionan seriamente la viabilidad sostenible de importantes regiones de las Américas. El grave déficit de trabajo decente está destruyendo los sistemas de seguridad social, volviendo meramente declarativos los derechos del trabajo, anulando toda posibilidad de diálogo social, y haciendo insuficiente el compromiso social de las empresas.


El Consenso de Washington y las políticas económicas neoliberales han demostrado el fracaso de la idea fundamentalista del “libre comercio”.


Nosotros, los millones de trabajadoras y trabajadores forzados a la desocupación, empujados a la pobreza, hundidos en la precariedad y la flexibilidad, obligados a dejar nuestras tierras, exigimos abandonar las actuales políticas económicas neoliberales inspiradas en el fundamentalismo del “libre comercio”. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sostenible que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Necesitamos nuevas políticas diseñadas desde una perspectiva de género, que tengan como objetivos principales fortalecer la democracia, ampliar los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y regionales, reducir la desigualdad, generar empleo decente y trabajo digno1 y adoptar políticas de desarrollo sostenible.


Es imprescindible fortalecer los procesos de integración subregional como respuesta a los Tratados de Libre Comercio que solo profundizan la brecha entre y dentro de los países empobrecidos y países ricos. Sabemos que los procesos de integración regional no se expresan de la misma forma en todo el continente. Entendemos que estos pueden ser instrumentos importantes en la medida que no encubran formas de dominación de unos países sobre otros, tal como acontece con los Tratados de Libre Comercio y de Inversiones.


Por ello proponemos esta Plataforma Laboral de las Américas como punto de partida para iniciar un nuevo rumbo histórico para todos nuestros pueblos y naciones, capaz de proyectarse a todos los hombres y mujeres del mundo.


  1. Por un nuevo consenso Democrático con Soberanía popular y Perspectiva de Género


Sin democracia, perspectiva de género y derechos humanos en todas partes, no será posible abrir un nuevo rumbo en las Américas.


Los pueblos y las naciones de las Américas necesitamos con urgencia un nuevo consenso fundado en los siguientes presupuestos:

    • Fortalecimiento de la democracia y vigencia plena de todos los derechos humanos,

    • Ampliación de los canales de participación de la sociedad en la toma de decisiones nacionales y supranacionales

    • Justicia Social

    • Perspectiva de género,

    • No discriminación de clase, raza, etnia, religión y orientación sexual.

    • Pleno Empleo como eje del desarrollo sostenible

    • Sociedades sin excluidos/as

    • Reconstrucción de la capacidad de los Estados para tomar medidas proactivas.


Reivindicamos y defendemos la autodeterminación de los pueblos y de los Estados, convencidos que un sistema multilateral en las Américas con instituciones abiertas a la participación real de la sociedad constituye el punto de partida para lograr la libertad y la justicia social.


La construcción de una sociedad de trabajo democrática debe incluir la perspectiva de género de forma permanente y transversal al conjunto de las políticas públicas. Esto significa entender que, tanto los aspectos de la producción como los de la reproducción y el cuidado de la vida, deben ser considerados en el proceso de superación de las desigualdades entre hombres y mujeres. Todas las instituciones y proyectos, todas las políticas, todas las leyes, tratados y decisiones, nacionales, subregionales y regionales, deben contener mecanismos que permitan incluir la perspectiva de género, garantizar la participación activa de las mujeres, respetar sus derechos como trabajadoras, considerar alguna forma especial de medición del trabajo no remunerado en el hogar, prevenir la violencia contra la mujer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos.


Adoptar una perspectiva de género no debe significar meramente orientar programas hacia las mujeres, sino elaborar programas que incidan en las relaciones de género, impulsando a hombres y mujeres a producir cambios positivos en las estructuras para lograr posiciones equitativas entre mujeres y hombres. La condición de las mujeres solo podrá transformarse efectivamente si se impulsan los cambios a través de nuevas políticas sociales que modifiquen no sólo las estructuras económicas sino las estructuras de poder y autoridad para que a las mujeres se les reconozca su rol de agentes activos de los procesos sociales.


Es necesario reformar el sistema interamericano de toma de decisiones para que resulte más eficaz y representativo de las necesidades reales y deseos de nuestros pueblos y para que pueda llevar adelante las propuestas que expresamos en esta Plataforma Laboral de las Américas.


Entre las medidas que consideramos necesarias, proponemos:


  1. Crear mecanismos y procedimientos de decisión y consulta tripartitos y multipartitos de carácter sociolaboral articulados con la OIT.

  2. Articulación del sistema interamericano con los procesos de integración subregionales sin afectar su autonomía.

  3. Establecer medidas de acción positiva que garanticen que al menos un tercio de los cargos representativos y consultivos sea desempeñado por mujeres.

  4. Fortalecimiento de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo.

  5. Someter las decisiones supranacionales fundamentales a mecanismos de convalidación ciudadana y organizar un sistema de reclamos democráticos al que puedan apelar los ciudadanos.

  6. Inclusión de la perspectiva de género en el diseño de las políticas y presupuestos.

  7. Asegurar el financiamiento para la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de garantizar su funcionamiento y la ejecución y seguimiento de sus decisiones y sentencias.

  8. Sancionar la Carta Social de las Américas articulándola con el sistema interamericano de derechos humanos, civiles y políticos, económicos, sociales y culturales vigente y sus mecanismos e instancias de protección.


  1. Por una economía que impulse un desarrollo sostenible y ponga en el centro al empleo decente y al trabajo digno.


Para resolver los problemas reales de los pueblos de las Américas hay que poner en marcha una economía de nuevo enfoque que impulse un desarrollo sostenible y coloque en el centro al pleno empleo y trabajo digno, reconociendo un rol activo del Estado. El movimiento sindical de las Américas insta a los gobiernos a abandonar las políticas que sólo pretenden adecuar la demanda de trabajo, y adoptar una batería de políticas socioeconómicas coordinadas en dirección a la generación de empleo productivo y trabajo digno.


Las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras de las Américas sostenemos que una política activa para la generación de pleno empleo debe abordar simultáneamente las siguientes dimensiones:


  • Deuda externa: La deuda no debe impedir la lucha contra la pobreza y debe simultáneamente favorecer el desarrollo sostenible. La Deuda Externa es, para la mayoría de nuestros países, uno de los obstáculos principales para eliminar la pobreza y generar un desarrollo sostenible. Hemos expuesto reiteradamente la ilegitimidad de gran parte de la deuda (“deuda odiosa”) y los obstáculos que impiden que los pueblos conozcan los orígenes y destinos de los préstamos. Esa deuda no debe ser pagada, porque también existe corresponsabilidad de los acreedores. Las deudas de los países más pobres con los más desarrollados y con las instituciones multilaterales de crédito deben ser anuladas. Los gobiernos deben priorizar la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los países y las regiones.


Los Estados, como miembros accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, tienen la obligación de reformar dicha institución, requiriendo la aprobación de las legislaturas nacionales de los proyectos de esta institución crediticia en forma previa a ser considerados por el Consejo Directivo del BID. Los poderes legislativos nacionales deben también, tener facultades vinculantes para convocar audiencias sobre los proyectos propuestos y las políticas del BID, con capacidad de interpelar a los funcionarios de este organismo. El BID debe adoptar una política de salvaguardia conforme a los estándares laborales de la OIT, aplicable a todos los proyectos y políticas, incluyendo acciones de seguimiento, los cuales también deben alcanzar al personal del propio Banco. Resulta imprescindible la intervención de los sindicatos nacionales en todas las fases de los proyectos de préstamos y financiamiento de tal forma de observar el impacto sociolaboral de los programas ejecutados, asegurando transparencia y participación en todo el proceso.


  • Conjunción de políticas. Para que una política activa de generación de pleno empleo sea eficaz es necesaria la conjunción de políticas macroeconómicas, de inversión, de innovación tecnológica, de infraestructura, de uso racional de los recursos naturales y medio ambiente, comercial, productiva, migratoria, educativa, de responsabilidad social con las tareas domésticas y reproductivas, de seguridad y previsión social, con el fin de orientarlas a la generación de trabajo digno. Los gobiernos deben desestimar las políticas orientadas exclusivamente a adecuar la demanda de trabajo y que consideran al desempleo como un problema temporal debido a dificultades de “empleabilidad”.


  • Inversión y prioridades de la economía. Las políticas económicas nacionales deben priorizar las inversiones productivas y las políticas públicas sociales universales que busquen eliminar las desigualdades existentes, desestimando la aplicación de medidas de ajuste estructural y monetario. Es necesario exigir a los inversionistas extranjeros el cumplimiento de los derechos laborales y someterse a la legislación y tribunales nacionales. Los Estados deben bregar por la reinversión de utilidades que garanticen el desarrollo genuino de la economía, penalizando el dumping social y la fuga de capitales.

  • Política fiscal y tributaria progresiva. Es urgente diseñar nuevas políticas fiscales y tributarias progresivas volcadas hacia la mejora de la distribución de la renta, el fortalecimiento del sector industrial, el incentivo a la innovación tecnológica y científica y su aplicación en los procesos productivos, el reforzamiento de la pequeña y micro empresa y de la agricultura familiar. Las políticas de responsabilidad fiscal, de estabilidad financiera y monetaria deben estar subordinadas a las metas sociales.

  • Complementación productiva. La integración de las cadenas productivas debe impulsar el desarrollo de los aglomerados sectoriales existentes bajo el concepto de “complementación productiva” e inducir a aquellos sectores que estén en condiciones de consolidar polos de desarrollo por sus ventajas derivadas.

  • La promoción del desarrollo local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria, que tenga como centro al ser humano, una justa distribución de la riqueza, la democracia en la toma de decisiones y compromiso con el espacio territorial donde se desenvuelve.

  • Integración de infraestructuras. Los Estados deberán asumir el compromiso continental de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente, destinada a promover el desarrollo sostenible, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos proyectos.

  • Políticas sectoriales. Las políticas sectoriales constituyen un componente esencial para la construcción de un plan regional de desarrollo sostenible y complementación productiva. Deben ser objetivos prioritarios las acciones destinadas a la competitividad sistémica de los sectores tanto a escala nacional, subregional y continental, la elaboración de planes intersectoriales de industria, comercio, infraestructura y finanzas, y regímenes especiales para el fortalecimiento de microempresas y PyMES.

  • Agricultura familiar. Los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deberán atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar con políticas orientadas a garantizar el abastecimiento interno y la soberanía alimentaria. Los gobiernos deben apoyar una política agrícola que no degrade el ecosistema, garantice la alimentación de toda la población del continente y respete la interrelación de las comunidades con su medio ambiente.

  • Redistribución de la renta. Debido a la alta desigualdad social generada en las Américas se debe implantar ya y sostener en el tiempo una estrategia de redistribución de la renta a favor del Trabajo mediante políticas de pleno empleo y protección universal de los/las desocupados/as, de salario mínimo y crecimiento salarial, y reforma tributaria, de servicios públicos y de reducción de la jornada laboral.

  • Fondos Continentales. Se deben crear Fondos Estructurales, destinados a las regiones menos favorecidas y elevar la competitividad de los Estados en base a la complementación productiva, teniendo como eje rector la promoción del trabajo digno y la reconversión económica. Los países desarrollados tienen una responsabilidad ineludible en lo que refiere a la eliminación de las asimetrías entre nuestras naciones. Los bloques subregionales deben crear Fondos de Inversión en proyectos productivos y programas sociales. Se deben crear Fondos Sociales universales, destinados a erradicar el hambre y la pobreza; Fondos de Capacitación, orientados a garantizar a cada trabajador y trabajadora de las Américas el ejercicio de sus potencialidades y sus habilidades necesarias para acceder a un empleo digno y mantenerlas actualizadas y Fondos de Salud Pública, para erradicar el VIH/SIDA y otras endemias continentales. Los Fondos serán financiados por impuestos en el ámbito de las Américas de carácter progresivo y naturaleza sostenible.

  • Rol activo del Estado. En el área de políticas macroeconómicas, el endeudamiento y la liberalización financiera han generado como consecuencia la limitación en la capacidad gubernamental para conducir nuestras economías. Los capitales especulativos y la fuga de capitales han impactado negativamente en el desarrollo económico, empobreciendo a nuestra población y a los propios Estados. Concluimos que nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado. En general, deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales. Esto significa, entre otras cosas, tomar medidas activas colectivas para evitar prácticas fiscales que lleven a la evasión impositiva y que castigue las prácticas de elusión a través de los denominados paraísos fiscales. La OEA tiene un papel predominante en esta área.

  • Privatizaciones. Los organismos interamericanos deben solicitar a los Estados miembros la revisión de las privatizaciones. Los gobiernos evaluarán el impacto económico y social, la conformación de oligopolios y monopolios privados y eventuales actos de corrupción con el fin de tomar las medidas correctivas que resulten necesarias. Los Estados deben instruir al BID y otros organismos financieros multilaterales para que conduzcan un análisis meticuloso del impacto social de los proyectos de privatización en los que están involucrados y consideren que las inversiones productivas en infraestructura no sean computadas como gastos corrientes para fines de cálculo del superávit primario.

  • Acceso al conocimiento. En las Américas se debe garantizar el acceso al conocimiento desarrollado en la ciencia y la tecnología en todas las áreas que afecten a la vida, la biodiversidad y los conocimientos tradicionales de nuestros pueblos. En esta materia se debe facilitar los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países menos desarrollados. Los países más ricos debieran compensar adecuadamente las pérdidas socioeconómicas que implican el empleo de migrantes de alta capacitación en los llamados procesos de “fuga de cerebros”.

  • Grandes empresas y empresas multinacionales. Las empresas deben asumir su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo integral de la sociedad, ajustando obligatoriamente su actuación a las Directrices sobre Empresas Multinacionales de la OCDE, el Global Compact de las Naciones Unidas, la Declaración Tripartita la OIT sobre Empresas Multinacionales, y los Acuerdos Marco Internacionales en vigencia, recurriendo activamente al diálogo social tripartito y multipartito a nivel nacional e internacional, y organizando sus relaciones laborales sobre la base de la negociación colectiva, nacional y supranacional y garantizando la responsabilidad social de sus empresas satélites y contratistas.

  • Pequeñas y Micro Empresas. Estas empresas son el núcleo del empleo intensivo de mano de obra. Los Estados Nacionales y los órganos subregionales con capacidad decisoria deben tomar medidas de apoyo al desarrollo y durabilidad de las pequeñas y micro empresas, reduciendo la carga fiscal y facilitando el financiamiento. Con la misma orientación los Estados, de acuerdo a las particularidades nacionales, deben atender las necesidades y el desarrollo de la agricultura familiar.

  • Empleo para Mujeres. Deben ponerse en marcha programas específicos para las mujeres buscando un mejor acceso al mercado de trabajo y medidas para promover la igualdad de oportunidades y trato, en especial en lo que se refiere a salarios, condiciones y derechos laborales, responsabilidades familiares y políticas públicas de cuidado infantil.

  • Empleo para Jóvenes. Deben ponerse en marcha programas de Empleo Juvenil que garanticen y contemplen todos los derechos para las y los jóvenes, con particular atención a los Convenios de OIT 138 de Edad Mínima para el Empleo y 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil. Estas políticas deben asegurar la eliminación de prácticas de rotación laboral juvenil, precarización de las relaciones laborales y/o sustitución de adultos por jóvenes en los puestos de trabajo existentes. Estas medidas específicas deben propender a la inserción en el mundo de trabajo de las nuevas generaciones, asegurar las oportunidades de calificación social y profesional de los y las jóvenes, y la participación social para el ejercicio de los derechos humanos, políticos, sociales y sindicales.

  • Eliminación del trabajo infantil. Implementar políticas de Estado en el ámbito interamericano para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños y las niñas al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar, garantizando el pleno empleo para los adultos del núcleo familiar.

  • Educación y Formación Profesional. Los Estados deben garantizar el acceso y permanencia de la educación pública, gratuita, de calidad para el ejercicio pleno de la ciudadanía. Ampliar los programas de educación y de formación profesional, diseñados desde una perspectiva de género e inclusión de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y contínua y la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.


3. Promoción y cumplimiento los derechos sociolaborales

  • Empleo formal. Es urgente producir un aumento sustancial de la formalidad laboral. Para ello los gobiernos deben impulsar una política activa de fiscalización, el pleno respeto y mejoramiento a las legislaciones laborales nacionales.

  • Inspección del trabajo. Los Estados deben fortalecer todos los mecanismos de Inspección y sanción laboral para que los empleadores cumplan efectivamente las leyes laborales. A corto plazo todos los Estados en las Américas deben comprometerse a adoptar y vigilar el cumplimiento por parte de las empresas de las normas básicas del trabajo de la OIT.

  • Justicia Laboral: En muchos países, los tribunales laborales retardan la aplicación de la justicia para resolver sobre los conflictos laborales violando los derechos individuales y colectivos de los y las trabajadores/as. Las instancias de justicia laboral se politizan y actúan sin objetividad favoreciendo los intereses de los empleadores. Los Estados de las Américas deben garantizar que las instancias que deben resolver asuntos laborales respeten y apliquen el principio de justicia pronta y cumplida en beneficio de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

  • Universalidad y Solidaridad de la seguridad social. La seguridad social, como Derecho Humano, es responsabilidad ineludible del Estado. Las Américas enfrentan una situación de extrema gravedad debido a la exclusión de decenas de millones de trabajadores de todo el sistema de salud y seguridad social, y consecuentemente su creciente desfinanciamiento. Es urgente fortalecerlos, recuperando los principios de universalidad y solidaridad de las prestaciones, en especial en la niñez y la vejez, la progresión hacia la integralidad de las mismas y un financiamiento sustentable con justicia social, desterrando los modelos de seguridad social fundados en el lucro privado.

  • Sindicalización y negociación colectiva. Para que esta propuesta de un paradigma productivo con justicia social para las Américas signifique una mejora real de las condiciones de vida de los trabajadores y trabajadoras y una profundización de la democracia, es indispensable que se promuevan los derechos sindicales y se instalen los mecanismos de negociación colectiva en todos los niveles. Las organizaciones de trabajadoras y trabajadores deben ser protagonistas en el diseño e implementación de estos mecanismos.

  • Equilibrar familia y trabajo. Los países de las Américas deben realizar un serio esfuerzo para equilibrar las necesidades familiares y laborales de los trabajadores y trabajadoras, para que el trabajo sea compatible con las familias y el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos. Para ello, los gobiernos e instituciones regionales y subregionales deben promover activamente la atención del problema en tres ámbitos principales:

  1. en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salario para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadoras /es de atender a sus familias.

  2. en la sociedad fortaleciendo los sistemas públicos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de los niños, enfermos, discapacitados y ancianos

  3. en la cultura de los varones, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y distribuirlo entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

  • Discriminación. Para garantizar la igualdad de oportunidades y trato en el trabajo deben crearse ámbitos tripartitos subregionales que tengan como misión promover las políticas públicas antidiscriminatorias y realizar un estricto seguimiento de las mismas, en especial la situación de la discriminación por género, raza, orientación sexual, origen nacional y cultural. Se deben proteger los derechos de los/as trabajadores/as sexuales e impedir su trato discriminatorio. Las políticas de igualdad de oportunidades y de trato deben ser coordinadas, contemplar medidas de acción positiva y establecer indicadores que permitan rendir cuenta periódicamente de los avances o retrocesos en las brechas por discriminación. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos indígenas.


  • Libertad de circulación de los trabajadores. Uno de los principios del movimiento sindical de las Américas es la eliminación de las restricciones que impiden la libre de circulación de las personas. En las Américas decenas de millones de trabajadores y trabajadoras y sus familiares, se ven obligados a migrar empujados por la pobreza y las enormes asimetrías socio-económicas del Continente. Por eso consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Para los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria, es necesario garantizar en todo el Continente, el piso de derechos que garantizan la Convención Internacional Sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y los Convenios 97 y 143 de la OIT sobre Trabajadores Migrantes y reconocer el principio de no repatriación cuando se hayan violado sus derechos. Finalmente las Américas deben articular los sistemas de pensiones de tal forma que al desarraigo que genera la migración no sea agravado con la pérdida de sus aportes, establecer un sistema de validación de las certificaciones profesionales y títulos de educación formal que impida la subutilización de recursos humanos, respetando la calificación profesional y laboral alcanzada en su país de origen. Las Américas deben crear mecanismos continentales para eliminar los abusos de la intermediación financiera con las remesas de los y las trabajadoras/es migrantes. Asimismo, se debe reconocer el principio de no repatriación contemplado en Convención Internacional sobre la Protección de Todos los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares para las víctimas de terrorismo, trafico y trata (smuggling & traffiking), explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad sindical.


4. Garantizar una sociedad sin excluidos.


Las Américas se encuentran en la actualidad frente a enormes desafíos para encarar una nueva orientación de las políticas económicas y sociolaborales. Sin lugar a dudas, deberán implementar una reforma de su sistema de protección social, que al haber sido diseñado en función del sector formal del empleo, excluye de sus beneficios a la mayor parte de la población. Es prácticamente imposible imaginar una política social sustentable, sin mejorar las tasas de empleo, de formalidad, y los niveles de ingresos de las familias. Pero también es éticamente insostenible y políticamente peligroso para el fortalecimiento del sistema democrático, esperar a la creación de los nuevos puestos de trabajo sobre la variable de la recuperación de la economía, para poner en marcha esas medidas. Mientras la economía no genere trabajos genuinos, los Estados nacionales deberán asegurar la protección social a todas y todos las y los trabajadoras/es, sean éstos formales, informales o desocupados.


Es fundamental la articulación de políticas de protección social universal con políticas de generación de empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos, como forma de combate efectivo contra la pobreza.


    1. Haciendo realidad la Plataforma Laboral de las Américas


Para que esta Plataforma Laboral de las Américas se haga realidad año a año se establecerán mecanismos e instancias de seguimiento regional y subregional, fundado en el diálogo social y la activa participación de la sociedad civil. Estos mecanismos e instancias se orientaran con metas de corto, mediano y largo plazo, que construyan políticas de Estado que ponga al pleno empleo y trabajo digno en el centro del desarrollo sostenible del continente.


Para ayudar a estos objetivos se elaborarán indicadores regionales y subregionales básicos, con especificaciones nacionales y perspectiva de género:

  • Desigualdad

  • Pobreza

  • Desocupación

  • Empleo informal

  • Igualdad de género

  • Trabajo Infantil

  • Índice de desarrollo de género (PNUD)


Cada año las instancias creadas para el seguimiento de la Plataforma Laboral de las Américas deberán reunirse e informar a nuestros pueblos y naciones la situación de las metas propuestas cumplidas y las medidas necesarias para implementarlas.


1 La referencia a empleo decente y trabajo digno en toda la plataforma refiere a la existencia concreta de pleno empleo para todos y todas, hombres y mujeres de las Américas.

1. Creemos que el futuro de la Comunidad Sudamericana de Naciones adquiere una nueva perspectiva a raíz del fracaso del proyecto del ALCA y de la generalizada convicción en el continente sobre otra integración posible. Un bloque sudamericano puede ser un paso importante y favorable si permite hablar a nuestros pueblos con voz propia, try
independientes de las imposiciones y condicionamientos de los Estados Unidos, Europa y los organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio o el BID. Reafirmar y ejercer la soberanía de la región es el primer paso para cualquier proyecto de verdadera integración.
2. A diferencia del ALCA, los TLCs y los tratados de inversión cuya orientación es favorecer a las empresas transnacionales y a mercantilizar todos los aspectos de la vida, la Comunidad Sudamericana de Naciones debe basarse en la redistribución de la riqueza que hoy está concentrada en pocas manos, donde los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos sociales, culturales, económicos de los pueblos, superando las discriminaciones de género, raza y generacionales y respetando la identidad y los derechos de los pueblos indígenas. La vida, los derechos humanos y ambientales, el bienestar y la solidaridad entre los pueblos deben ser el centro del proceso de integración.
3. Entendemos que la educación es un derecho fundamental de los pueblos, por eso debe ser uno de los pilares de cualquier proyecto de integración para la región. Es imprescindible que se establezca el compromiso de la erradicación del analfabetismo –así como de la miseria y el hambre. Para ello debemos desarrollar mecanismos que permitan la cooperación técnica y científica entre los países con el fin de superar las desigualdades existentes. Asimismo, todos los países de la Comunidad deberían asumir compromisos en la perspectiva de una reforma educacional que garantice la educación pública universal, gratuita y de calidad para toda la población con el objetivo de promover la interculturalidad y el reconocimiento de la diversidad cultural, se debe incorporar con seriedad los idiomas nativos en el sistema.
En la lucha por la erradicación de la pobreza es necesario también establecer un Plan Sudamericano para garantizar la universalidad de la Salud Pública.
4. La integración física de América del Sur es fundamental para ampliar las posibilidades de contactos entre nuestros pueblos y países. Por eso, la infraestructura no puede ser diseñada como parte de la geoestrategia mundial de lucha por el control, dominio, posesión y usufructo de recursos naturales estratégicos, ni implementada a través de la destrucción de las zonas más ricas en recursos naturales y la explotación de mano de obra barata. Así, proyectos como el IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), concebidos por las IFIs y el gran capital como complementos del ALCA, deben ser rechazados para adoptar propuestas de Integración Infraestructural que surjan de las necesidades de los pueblos y prioricen nuestra articulación en el marco de polos de desarrollo integral, a lo largo de su trazado, en armonía con el medio ambiente y las normativas y principios que se han logrado para su protección y cuidado, el respeto a nuestras comunidades y derechos humanos y que no generen un endeudamiento ilegítimo u odioso. Para lograrlo, los proyectos deben ser sometidos al debate y deliberación democrática con las comunidades que serán afectadas por su implementación y su sostén financiero.
5. La integración financiera de la cual se habla en la Comunidad Sudamericana debe partir del reconocimiento de que somos los acreedores de una inmensa deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera cuya restauración junto con parar y revertir los mecanismos actuales de fuga de capitales, capacidad humana y bienes naturales, establecería una potencialidad de financiamiento genuino y soberano más que suficiente para nuestras necesidades. Es obligación de los estados de la región poner fin a los mecanismos de endeudamiento y condicionamiento externo que han servido para imponernos el Consenso de Washington, violando sistemáticamente los derechos humanos y ambientales.
En ese sentido, los estados deben revisar y revertir los tratados de protección y promoción de las inversiones, las prórrogas de jurisdicción y la aceptación de instancias extra-judiciales como el CIADI, los sistemas tributarias regresivos, y otros mecanismos de desfinanciamiento estatal, incluyendo la privatización de importantes bienes y servicios públicos cuya explotación privada es luego subvencionada por el estado, estableciendo controles de cambio y de transacciones financieras para fortalecer la base de financiamiento autónomo e eliminar la falsa necesidad de capitales externos.
Se precisa además crear mecanismos propios que permitan incentivar la solidaridad entre pueblos hermanos y superar la vulnerabilidad y la dependencia de América del Sur en relación a los mecanismos financieros tradicionales de la globalización (FMI, Banco Mundial, BID), a través de la autonomización de la región con la constitución de mecanismos como un Fondo de Reserva y un Banco Solidario del Sur y con la substitución del uso del dólar en las transacciones intra-regionales. Debe ser también revisado el rol de otras instituciones de financiamiento como la CAF, el FONPLATA, los bancos nacionales de desarrollo y otros mecanismos para ajustarlos a las exigencias de un financiamiento para los derechos y la integración de los pueblos y no de los grandes capitales.
Un nuevo sistema financiero requiere de nuevos mecanismos de control y fiscalización que empiecen por enjuiciar a quienes endeudaron inescrupulosamente a nuestras naciones y asegurar la participación social en la determinación de las prioridades presupuestarias. Alertamos especialmente ante el peligro de que nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre los países de la Comunidad, sean aprovechados para mantener viejas relaciones de dominación y control como, por ejemplo, la creación y venta de bonos y otros mecanismos de nueva deuda, entre países de la región, para sostener el cumplimiento de viejos reclamos de deuda claramente reconocidos como ilegítimos e ilegales. En ese mismo sentido no debe admitirse reestructuraciones ni canjes de deuda que solo sirven para blanquear deudas cuestionables e imponer intereses ajenos.
Para impedir que nuestros pueblos continúen víctimas de deudas ilegítimas y odiosas que siguen siendo fuentes de desfinanciamiento permanentes, exigimos la realización de una auditoría sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio público en la región y el impulso desde la Comunidad Sudamericana de Naciones de la realización de auditorias externas a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas y prácticas crediticias.
6. La integración energética sudamericana debe ser desarrollada a partir del fortalecimiento de nuestras empresas estatales de hidrocarburos, de la nacionalización de estos recursos estratégicos y revirtiendo la renta así conseguida para un desarrollo sustentable, con políticas de redistribución del ingreso y utilizando los excedentes para financiar nuevas matrices de energía renovable. Es necesario compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.
El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades, el ahorro energético y el combate al consumo excesivo de energía. Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.
Hay que cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.
Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también sociales y ambientales. Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros.
7. No habrá verdadera integración si no se resuelven las asimetrías entre los distintos países. Por años este tema no ha pasado de ser un discurso en la CAN y el MERCOSUR. Defendemos la creación de un fondo de compensación para los países de menor desarrollo cuyos recursos sean destinados al desarrollo de los sectores de la economía popular y solidaria y a proyectos acordes con las decisiones de los pueblos de esos países – y no los definidos bajo presión del gran capital nacional o transnacional. Esos fondos podrían ser constituidos a partir de imponer un impuesto a las transacciones financieras de las transnacionales que operan en Sudamérica y utilizando parte de los recursos de las reservas monetarias internacionales de nuestros países hoy depositados en los Estados Unidos. En ese mismo espíritu, debería revisarse y corregir los mecanismos que perpetúan las relaciones de asimetría, estableciendo como ejemplo la necesidad de que Brasil y Argentina anulen las deudas binacionales reclamadas a Paraguay como saldo injusto de la construcción de las represas Yacyretá e Itaipú.
8. Tenemos que cambiar el modelo de desarrollo de Sudamérica que ha sido diseñado en función de las exportaciones antes que en el desarrollo interno para beneficio de la gente. Sudamérica no puede seguir siendo una región principalmente exportadora de materias primas (hidrocarburos y minerales) y de algunos productos del agronegocio. La integración sudamericana debe promover la complementación de nuestras economías para generar empleos y promover un desarrollo productivo integral, fortaleciendo el comercio interregional y sustituyendo las importaciones de bienes que se producen en la región.
9. La Comunidad Sudamericana de Naciones está amenazada por los TLCs que han suscrito Chile, Colombia y Perú. Es fundamental revertir esos acuerdos y promover en su reemplazo acuerdos comerciales que no comprometan la soberanía, los medicamentos, la salud, el agua, la educación, la cultura, la biodiversidad, la soberanía alimentaria, las compras estatales, los recursos naturales y la posibilidad de implementar políticas industriales activas. La experiencia de los últimos 20 años muestra que es necesario pensar otra estructura para el comercio en la región, que parta del reconocimiento de que éste pude ser una herramienta importante para el desarrollo sólo si se lo regula, para evitar que perpetúe las asimetrías entre empresas y entre países, profundizando la dependencia y la subordinación de países y pueblos a las grandes potencias.
El comercio no es un fin en sí mismo, debe ser pensado como una forma de crear los vínculos de las importantes cadenas productivas en la región, para impulsar el desarrollo, aprovechando al máximo las complementariedades existentes entre las diversas economías nacionales, e integrando un poderoso mercado regional de consumo que debe ser prioritario ante otras propuestas que aspiran primordialmente a exportar hacia otros mercados.
Al interior de la Comunidad Sudamericana de Naciones deben primar los acuerdos de Comercio justo y cooperación, y no reproducir experiencias que sólo han reafirmado un enfoque neoliberal de la integración. Advertimos aquí que lejos de significar una avance, la llamada “convergencia” CAN-Mercosur tal como está propuesta, puede significar el reforzamiento y no la eliminación del enfoque neoliberal de la integración.
10. Pero además la integración sudamericana debe trascender lo comercial y avanzar en la resolución de otras problemáticas que hacen a nuestros pueblos y realidad sudamericana. Una de ellas es el tema del armamentismo y militarización de que son objeto nuestros territorios, con la instalación de bases militares, planes de control militarizado como el Plan Colombia, realización de maniobras militares conjuntas bajo la dirección del Comando Sur del Pentágono, a partir de unas hipótesis de conflicto y una doctrina militar que no se corresponden con los intereses de nuestros pueblos. Consideramos que en este proceso de integración los países sudamericanos deben elaborar una doctrina propia de seguridad y defensa nacional en correspondencia con las aspiraciones de paz, soberanía y autodeterminación de todos y cada uno de nuestros pueblos.
Vemos con profunda inquietud la presencia de tropas de nuestros países en Haití y entendemos que debe iniciarse con urgencia el retiro de esos efectivos militares. También nos alerta el ingreso de tropas estadounidenses al Paraguay. La CSN debe encarar esta discusión y plantearse consecuentemente la erradicación de todos aquellos actos que vulneran la soberanía, generan conflictos y afectan los derechos civiles y la democracia.
Al mismo tiempo, las naciones sudamericanas deberían plantearse un trabajo conjunto de lucha contra la impunidad y la violencia estatal, fortaleciendo la democracia y sentando precedentes importantes para saldar la deuda histórica con los pueblos que luchan por la dignidad y la justicia.
11. El proceso de la CSN debe considerar que es imposible concebir la integración regional sin el protagonismo, los derechos y en suma la existencia de las nacionalidades y pueblos indígenas que trascienden las fronteras republicanas. Los pueblos y comunidades indígenas, son los directos y principales afectados por la acción de las transnacionales, cuya explotación indiscriminada de los recursos naturales generan pobreza, migración, contaminación y marginalidad. Los pueblos indígenas deben ser reconocidos como protagonistas de los procesos de integración y fundamentalmente de las políticas de la CSN para preservar los territorios, los recursos ambientales y la vida.
12. La despenalización de la hoja de coca en Sudamérica y el impulso a su industrialización con fines benéficos es un paso fundamental para lograr que en el 2.008 las Naciones Unidas retiren a la hoja de coca de las sustancias penalizadas.
13. Vemos imperativo el reconocimiento de la comunicación como un factor articulador clave para el reencuentro y fraternidad de las nacionalidades involucradas y para apoyar las urgentes tareas que demanda generar el bienestar de nuestros pueblos. Así pues, uno de sus fundamentos constitutivos debe ser el Derecho a la Comunicación democrática, estableciendo a la par el compromiso de las partes para adoptar políticas públicas en la materia. En esta línea, urge acordar una estrategia de cooperación específica para los ámbitos de la información, comunicación, cultura y conocimiento; definir acuerdos para potenciar las redes regionales de comunicación pública, con un sentido de equidad respecto a los medios de comunicación; priorizar la interconexión intrarregional de las redes de telecomunicaciones (disminuyendo la dependencia externa), junto con políticas de capacitación y para aumentar la accesibilidad en cada país.
14. Hacemos una llamada a los estados de la Comunidad Sudamericana de Naciones a constituir un proceso hacia una Convención del Agua que esté orientada a garantizar el agua como un derecho humano, a cuidar nuestras fuentes y recursos de agua y que éstas sean protegidas de la privatización y la mercantilización por un acuerdo internacional que se apoye en los avances logrados hasta ahora en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Y también llamamos a los Estados a construir el Foro mundial del Agua sobre los principios de plena participación e inclusión y en el reconocimiento del agua como derecho humano.
La CSN debe ser un instrumento que comprometa a los países a:
– Revertir los procesos de desmantelamiento de los servicios estatales y fortalecer los sistemas públicos de agua y saneamiento básico para desarrollar gestiones eficientes, con transparencia y control social, asegurando mecanismos de cooperación e intercambio con este fin.
– Promover la efectiva participación de las comunidades en la toma de decisiones sobre los proyectos de desarrollo que involucren el agua en cada territorio, recuperando sus visiones, usos y costumbres en la planificación y gestión sustentable de los recursos naturales.
15. La CSN, y en particular los países afectados, deben salir del modelo actual de investigación, gestión y elaboración de políticas oficiales con respecto al Acuífero Guaraní, tuteladas en su mayoría por el Banco Mundial a través del GEF, que atentan contra la soberanía de los pueblos y no satisfacen los principios de participación y transparencia informativa que promovemos las organizaciones constituyentes del movimiento social del agua. Proponemos la creación de espacios institucionales nacionales de información y discusión respecto a los usos de los territorios y el subsuelo que conforman el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), con participación de los movimientos y organizaciones sociales de los países que comparten el SAG, que se vinculará a las instancias públicas con la tarea principal de vigilancia del agua, su defensa como bien público compartido y la denuncia de todo procedimiento de investigación y gestión del conocimiento que no sean transparentes.
Antes de la finalización del Proyecto SAG del BM/GEF/OEA en 2008 es necesario producir un pre-proyecto alternativo de investigación y marco de gestión con objetivos de defensa de la soberanía y con vocación integradora para buscar financiamiento genuino, que no genere condicionantes a los gobiernos y organizaciones sociales que terminan atentando contra los intereses fundantes; que de continuidad a lo que se pueda salvar y modificar la asimetría a favor de los países y no del organismo multilateral. Demandamos la entrega de los documentos del referido proyecto a los movimientos, parlamentos y gobiernos de los países de SAG.
16. Es urgente adoptar políticas de desarrollo sustentable que pongan en el centro al empleo de calidad con justicia social y construir mecanismos de intervención que permitan incluir a todos los habitantes. Aspiramos a una integración regional basada en otro modelo socio-económico que en lo laboral se oriente a: aumentar la formalidad laboral, asegurar la aplicación de los derechos laborales; universalizar la seguridad social pública; a fortalecer el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva; que adopte medidas contra las discriminaciones en el mercado de trabajo y que busque superar la actual división sexual del trabajo que penaliza a las mujeres y poner en marcha programas de Empleo Juvenil, que detenga los mecanismos que empujan a nuestras poblaciones a la emigración, al mismo tiempo que reconozca para los trabajadores y trabajadoras emigrantes el piso de derechos que garantizan las convenciones internacionales.
17. Debemos encarar como países integrados una reforma agraria que garantice a todos el derecho de trabajar en la tierra y democratice su propiedad, priorizando las formas familiares, sociales y cooperativas. La CSN debe ser el espacio natural para consolidar la soberanía alimentaria, es decir, el derecho que tienen todos los pueblos de producir sus propios alimentos de forma independiente, saludable y con calidad para abastecer a toda la sociedad. Las semillas son un patrimonio de la humanidad y no pueden estar sujetas a la privatización y a patentes de las multinacionales.
18. Como consecuencia de las políticas neoliberales y de ajuste aplicadas en la región, millones de personas se ven a diario obligadas a emigrar en la búsqueda de alternativas para sus vidas.
Consideramos que la primera obligación de los gobiernos es desarrollar las políticas necesarias para garantizar efectivamente la libertad de no emigrar de nuestros trabajadores y trabajadoras. Frente a la situación de los trabajadores que han migrado y sus familiares, cualquiera sea su situación migratoria. Al contrario de una visión reduccionista de las y los emigrantes como simple fuerza de trabajo, afirmamos que son personas y no mercancías y, por tanto, deben tener garantía de todos los derechos que les permitan desarrollarse y ejercer plenamente su ciudadanía en el goce de derechos laborales, sociales, culturales, económicos, civiles y políticos.
No se puede continuar con políticas orientadas a criminalizar al inmigrante y tratar a la migración como un asunto de seguridad. La CSN debe desarrollar políticas que garanticen ciudadanía a los emigrantes y acciones compartidas para luchar contra la pobreza y la marginalidad asegurando a los habitantes de cada país las condiciones para desarrollarse plenamente y con bienestar.
19. Exigimos la urgente creación de mecanismos de Participación Social en la construcción de la Comunidad a niveles locales, regionales, sub-regionales y nacionales. Los Estados deben asegurar la transparencia del proceso de negociación de la iniciativa de la CSN, reconociendo que los mecanismos oficiales preparatorios de esta Cumbre, como las anteriores, no han facilitado el acceso a la información ni la publicidad de los avances ni los contenidos que se discuten. La alegada “informalidad” del Grupo de Reflexión no debe ser un amparo formal para impedir la divulgación de las conversaciones de los 12 países. Los presidentes reunidos en Cochabamba deben crear un mecanismo formal de participación y consulta a los pueblos.
20. Nosotros, los movimientos sociales que desde la resistencia reivindicamos la búsqueda de Alternativas que hagan realidad que “otro mundo es posible”, “otra América posible”, venimos a reafirmar nuestro compromiso con la construcción de una Comunidad Sudamericana basada en el ejercicio universal de los Derechos Humanos, en la Soberanía popular y la Democracia participativa. Por esto, asumimos la realización de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos en Cochabamba como un espacio donde se exprese el acumulado histórico de nuestras luchas y la profundización democrática en la construcción de Alternativas políticas, sociales y económicas, entendiendo que la integración desde los pueblos fortalece nuestra Identidad: la diversidad cultural. Es desde allí que asumimos el desafío de compartir la construcción de la integración de los pueblos sudamericanos desde sus cimientos constituyendo los Foros Sociales en todo el continente donde se expresen, sin exclusiones ni discriminaciones, todos los sujetos.
Alianza Social Continental
Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos – Contra el TLC y el ALCA


Iximche, Guatemala, 30 de marzo de 2007


Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias del continente, autoconvocados y reunidos en la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala realizado en Iximche’, Guatemala, los días oxlajuj Aq’abal, trece fuerzas del espíritu del amanecer, 26 al kají kej, cuatro fuerzas del espíritu del Venado:

Reafirmamos la Declaración de Teotihuacán (México, 2000) y la Declaración de Kito (Ecuador, 2004); ratificamos nuestros principios milenarios, complementariedad, reciprocidad y dualidad, y nuestra lucha por el derecho al territorio, la Madre Naturaleza, la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; y anunciamos el resurgimiento continental del Pachacutik (retorno), al cierre del Oxlajuj Baq’tun, cuenta larga de 5,200 años, acercándonos a las puertas del nuevo Baq’tun encaminándonos para hacer del Abya Yala una “tierra llena de vida”.

Vivimos siglos de colonización, y hoy la imposición de políticas neoliberales, llamadas de globalización, que continúan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios, apoderándose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indígenas, causando la degradación de la Madre Naturaleza, la pobreza y migración, por la sistemática intervención en la soberanía de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos.

Nos prepararnos para recibir y afrontar los desafíos que nos demanda los nuevos tiempos, por tanto declaramos:

Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas neoliberales y todas las formas de opresión.

Responsabilizar a los gobiernos por el permanente despojo de los territorios y la extinción de los pueblos indígenas del continente, a partir de prácticas impunes de genocidio de las transnacionales, así como por la poca voluntad de las Naciones Unidas en viabilizar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por no garantizar el respeto pleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ratificar nuestro derecho ancestral e histórico al territorio y a los bienes comunes de la Madre Naturaleza, y reafirmamos su carácter inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, aún a costa de nuestras vidas.

Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los Estados – nación y la construcción de los Estados plurinacionales y sociedades interculturales a través de las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, aún sin el reconocimiento legal de los Estados – nación.

Ratificar el rechazo a los tratados de libre comercio (TLCs) que vulneran la soberanía de los pueblos y mantener la vigilancia ante los intentos por implementar nuevos tratados comerciales.

Reafirmar nuestra decisión de defender la soberanía alimentaría y la lucha contra los transgenicos, convocando a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta causa para garantizar nuestro futuro.

Ratificar la lucha por la democratización de la comunicación y la implementación de políticas públicas que contemplen disposiciones especificas para los pueblos indígenas e impulso de la interculturalidad.

Alertar a los pueblos indígenas sobre las políticas del BID, Banco Mundial y entidades afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legitimas.

Para el vivir bien de los pueblos indígenas, acordamos:

Exigir a las instituciones financieras internacionales y los gobiernos la cancelación de sus políticas de promoción de las concesiones (mineras, petroleras, forestales, gasiferas y de agua) de territorio indígenas para las industrias extractivas.

Condenar las políticas del presidente Bush y del gobierno de Estados Unidos expresadas en la exclusión demostrada con la construcción del muro en la frontera con México mientras por otro lado trata de apropiarse de los bienes comunes de la Madre Naturaleza de todos los pueblos del Abya Yala, implementando planes y acciones expansionistas y guerreristas.

Condenar la actitud intolerante de los gobiernos de los Estados – nación que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular a los que no han ratificado ni garantizan la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Condenar las democracias impostoras y terroristas implementadas por los gobiernos neoliberales, que se traducen en la militarización de los territorios indígenas, la criminalización de las luchas indígenas y movimientos sociales en todo el Abya Yala.

Para hacer caminar la palabra y realizar los sueños, de la resistencia al poder:

Nos constituimos en la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Abya Yala, como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y todo el patrimonio natural para vivir bien.

En este proceso delineamos las siguientes acciones:

Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas con la participación de las mujeres, niños y jóvenes.

Convocar a la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala y a la Cumbre Continental de la Niñez, Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades del Abya Yala.

Convocar a la marcha continental de los pueblos indígenas para salvar a la Madre Naturaleza de los desastres que está provocando el capitalismo, y que se manifiesta en el calentamiento global, a realizarse el 12 de octubre del 2007.

Impulsar la misión diplomática de los pueblos indígenas para defender y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Respaldar la candidatura a Premio Nobel de la Paz de nuestro hermano Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia.

Exigir la despenalización de la hoja de coca.

“Soñamos nuestro pasado y recordamos nuestro futuro”



Isla Margarita – Venezuela, rx 16 de abril de 2007


Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.


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Iximche, here Guatemala, diagnosis 30 de marzo de 2007


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Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias

del continente, autoconvocados y reunidos en la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala realizado en Iximche’, Guatemala, los días

oxlajuj Aq’abal, trece fuerzas del espíritu del amanecer, 26 al kají kej, cuatro

fuerzas del espíritu del Venado:


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Reafirmamos la Declaración de Teotihuacán (México, 2000) y la Declaración de Kito (Ecuador, 2004); ratificamos nuestros principios milenarios, complementariedad, reciprocidad y dualidad, y nuestra lucha por el derecho al territorio, la Madre Naturaleza, la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; y anunciamos el resurgimiento continental del Pachacutik (retorno), al cierre del Oxlajuj Baq’tun, cuenta larga de 5,200 años, acercándonos a las puertas del nuevo Baq’tun encaminándonos para hacer del Abya Yala una “tierra llena de vida”.

Vivimos siglos de colonización, y hoy la imposición de políticas neoliberales, llamadas de globalización, que continúan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios, apoderándose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indígenas, causando la degradación de la Madre Naturaleza, la pobreza y migración, por la sistemática intervención en la soberanía de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos.

Nos prepararnos para recibir y afrontar los desafíos que nos demanda los nuevos tiempos, por tanto declaramos:

Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas neoliberales y todas las formas de opresión.

Responsabilizar a los gobiernos por el permanente despojo de los territorios y la extinción de los pueblos indígenas del continente, a partir de prácticas impunes de genocidio de las transnacionales, así como por la poca voluntad de las Naciones Unidas en viabilizar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por no garantizar el respeto pleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ratificar nuestro derecho ancestral e histórico al territorio y a los bienes comunes de la Madre Naturaleza, y reafirmamos su carácter inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, aún a costa de nuestras vidas.

Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los Estados – nación y la construcción de los Estados plurinacionales y sociedades interculturales a través de las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, aún sin el reconocimiento legal de los Estados – nación.

Ratificar el rechazo a los tratados de libre comercio (TLCs) que vulneran la soberanía de los pueblos y mantener la vigilancia ante los intentos por implementar nuevos tratados comerciales.

Reafirmar nuestra decisión de defender la soberanía alimentaría y la lucha contra los transgenicos, convocando a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta causa para garantizar nuestro futuro.

Ratificar la lucha por la democratización de la comunicación y la implementación de políticas públicas que contemplen disposiciones especificas para los pueblos indígenas e impulso de la interculturalidad.

Alertar a los pueblos indígenas sobre las políticas del BID, Banco Mundial y entidades afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legitimas.

Para el vivir bien de los pueblos indígenas, acordamos:

Exigir a las instituciones financieras internacionales y los gobiernos la cancelación de sus políticas de promoción de las concesiones (mineras, petroleras, forestales, gasiferas y de agua) de territorio indígenas para las industrias extractivas.

Condenar las políticas del presidente Bush y del gobierno de Estados Unidos expresadas en la exclusión demostrada con la construcción del muro en la frontera con México mientras por otro lado trata de apropiarse de los bienes comunes de la Madre Naturaleza de todos los pueblos del Abya Yala, implementando planes y acciones expansionistas y guerreristas.

Condenar la actitud intolerante de los gobiernos de los Estados – nación que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular a los que no han ratificado ni garantizan la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Condenar las democracias impostoras y terroristas implementadas por los gobiernos neoliberales, que se traducen en la militarización de los territorios indígenas, la criminalización de las luchas indígenas y movimientos sociales en todo el Abya Yala.

Para hacer caminar la palabra y realizar los sueños, de la resistencia al poder:

Nos constituimos en la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Abya Yala, como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y todo el patrimonio natural para vivir bien.

En este proceso delineamos las siguientes acciones:

Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas con la participación de las mujeres, niños y jóvenes.

Convocar a la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala y a la Cumbre Continental de la Niñez, Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades del Abya Yala.

Convocar a la marcha continental de los pueblos indígenas para salvar a la Madre Naturaleza de los desastres que está provocando el capitalismo, y que se manifiesta en el calentamiento global, a realizarse el 12 de octubre del 2007.

Impulsar la misión diplomática de los pueblos indígenas para defender y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Respaldar la candidatura a Premio Nobel de la Paz de nuestro hermano Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia.

Exigir la despenalización de la hoja de coca.

Soñamos nuestro pasado y recordamos nuestro futuro”


 


Iximche, look Guatemala, physician 30 de marzo de 2007


Nosotros y nosotras, search hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias

del continente, autoconvocados y reunidos en la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala realizado en Iximche’, Guatemala, los días

oxlajuj Aq’abal, trece fuerzas del espíritu del amanecer, 26 al kají kej, cuatro

fuerzas del espíritu del Venado:

Reafirmamos la Declaración de Teotihuacán (México, 2000) y la Declaración de Kito (Ecuador, 2004); ratificamos nuestros principios milenarios, complementariedad, reciprocidad y dualidad, y nuestra lucha por el derecho al territorio, la Madre Naturaleza, la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; y anunciamos el resurgimiento continental del Pachacutik (retorno), al cierre del Oxlajuj Baq’tun, cuenta larga de 5,200 años, acercándonos a las puertas del nuevo Baq’tun encaminándonos para hacer del Abya Yala una “tierra llena de vida”.

Vivimos siglos de colonización, y hoy la imposición de políticas neoliberales, llamadas de globalización, que continúan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios, apoderándose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indígenas, causando la degradación de la Madre Naturaleza, la pobreza y migración, por la sistemática intervención en la soberanía de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos.

Nos prepararnos para recibir y afrontar los desafíos que nos demanda los nuevos tiempos, por tanto declaramos:

Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas neoliberales y todas las formas de opresión.

Responsabilizar a los gobiernos por el permanente despojo de los territorios y la extinción de los pueblos indígenas del continente, a partir de prácticas impunes de genocidio de las transnacionales, así como por la poca voluntad de las Naciones Unidas en viabilizar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por no garantizar el respeto pleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ratificar nuestro derecho ancestral e histórico al territorio y a los bienes comunes de la Madre Naturaleza, y reafirmamos su carácter inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, aún a costa de nuestras vidas.

Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los Estados – nación y la construcción de los Estados plurinacionales y sociedades interculturales a través de las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, aún sin el reconocimiento legal de los Estados – nación.

Ratificar el rechazo a los tratados de libre comercio (TLCs) que vulneran la soberanía de los pueblos y mantener la vigilancia ante los intentos por implementar nuevos tratados comerciales.

Reafirmar nuestra decisión de defender la soberanía alimentaría y la lucha contra los transgenicos, convocando a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta causa para garantizar nuestro futuro.

Ratificar la lucha por la democratización de la comunicación y la implementación de políticas públicas que contemplen disposiciones especificas para los pueblos indígenas e impulso de la interculturalidad.

Alertar a los pueblos indígenas sobre las políticas del BID, Banco Mundial y entidades afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legitimas.

Para el vivir bien de los pueblos indígenas, acordamos:

Exigir a las instituciones financieras internacionales y los gobiernos la cancelación de sus políticas de promoción de las concesiones (mineras, petroleras, forestales, gasiferas y de agua) de territorio indígenas para las industrias extractivas.

Condenar las políticas del presidente Bush y del gobierno de Estados Unidos expresadas en la exclusión demostrada con la construcción del muro en la frontera con México mientras por otro lado trata de apropiarse de los bienes comunes de la Madre Naturaleza de todos los pueblos del Abya Yala, implementando planes y acciones expansionistas y guerreristas.

Condenar la actitud intolerante de los gobiernos de los Estados – nación que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular a los que no han ratificado ni garantizan la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Condenar las democracias impostoras y terroristas implementadas por los gobiernos neoliberales, que se traducen en la militarización de los territorios indígenas, la criminalización de las luchas indígenas y movimientos sociales en todo el Abya Yala.

Para hacer caminar la palabra y realizar los sueños, de la resistencia al poder:

Nos constituimos en la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Abya Yala, como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y todo el patrimonio natural para vivir bien.

En este proceso delineamos las siguientes acciones:

Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas con la participación de las mujeres, niños y jóvenes.

Convocar a la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala y a la Cumbre Continental de la Niñez, Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades del Abya Yala.

Convocar a la marcha continental de los pueblos indígenas para salvar a la Madre Naturaleza de los desastres que está provocando el capitalismo, y que se manifiesta en el calentamiento global, a realizarse el 12 de octubre del 2007.

Impulsar la misión diplomática de los pueblos indígenas para defender y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Respaldar la candidatura a Premio Nobel de la Paz de nuestro hermano Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia.

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“Soñamos nuestro pasado y recordamos nuestro futuro”



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Iximche, mind Guatemala, for sale 30 de marzo de 2007


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Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias

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fuerzas del espíritu del Venado:


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Reafirmamos la Declaración de Teotihuacán (México, 2000) y la Declaración de Kito (Ecuador, 2004); ratificamos nuestros principios milenarios, complementariedad, reciprocidad y dualidad, y nuestra lucha por el derecho al territorio, la Madre Naturaleza, la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; y anunciamos el resurgimiento continental del Pachacutik (retorno), al cierre del Oxlajuj Baq’tun, cuenta larga de 5,200 años, acercándonos a las puertas del nuevo Baq’tun encaminándonos para hacer del Abya Yala una “tierra llena de vida”.

Vivimos siglos de colonización, y hoy la imposición de políticas neoliberales, llamadas de globalización, que continúan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios, apoderándose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indígenas, causando la degradación de la Madre Naturaleza, la pobreza y migración, por la sistemática intervención en la soberanía de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos.

Nos prepararnos para recibir y afrontar los desafíos que nos demanda los nuevos tiempos, por tanto declaramos:

Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas neoliberales y todas las formas de opresión.

Responsabilizar a los gobiernos por el permanente despojo de los territorios y la extinción de los pueblos indígenas del continente, a partir de prácticas impunes de genocidio de las transnacionales, así como por la poca voluntad de las Naciones Unidas en viabilizar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por no garantizar el respeto pleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ratificar nuestro derecho ancestral e histórico al territorio y a los bienes comunes de la Madre Naturaleza, y reafirmamos su carácter inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, aún a costa de nuestras vidas.

Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los Estados – nación y la construcción de los Estados plurinacionales y sociedades interculturales a través de las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, aún sin el reconocimiento legal de los Estados – nación.

Ratificar el rechazo a los tratados de libre comercio (TLCs) que vulneran la soberanía de los pueblos y mantener la vigilancia ante los intentos por implementar nuevos tratados comerciales.

Reafirmar nuestra decisión de defender la soberanía alimentaría y la lucha contra los transgenicos, convocando a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta causa para garantizar nuestro futuro.

Ratificar la lucha por la democratización de la comunicación y la implementación de políticas públicas que contemplen disposiciones especificas para los pueblos indígenas e impulso de la interculturalidad.

Alertar a los pueblos indígenas sobre las políticas del BID, Banco Mundial y entidades afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legitimas.

Para el vivir bien de los pueblos indígenas, acordamos:

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Condenar las políticas del presidente Bush y del gobierno de Estados Unidos expresadas en la exclusión demostrada con la construcción del muro en la frontera con México mientras por otro lado trata de apropiarse de los bienes comunes de la Madre Naturaleza de todos los pueblos del Abya Yala, implementando planes y acciones expansionistas y guerreristas.

Condenar la actitud intolerante de los gobiernos de los Estados – nación que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular a los que no han ratificado ni garantizan la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Condenar las democracias impostoras y terroristas implementadas por los gobiernos neoliberales, que se traducen en la militarización de los territorios indígenas, la criminalización de las luchas indígenas y movimientos sociales en todo el Abya Yala.

Para hacer caminar la palabra y realizar los sueños, de la resistencia al poder:

Nos constituimos en la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Abya Yala, como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y todo el patrimonio natural para vivir bien.

En este proceso delineamos las siguientes acciones:

Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas con la participación de las mujeres, niños y jóvenes.

Convocar a la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala y a la Cumbre Continental de la Niñez, Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades del Abya Yala.

Convocar a la marcha continental de los pueblos indígenas para salvar a la Madre Naturaleza de los desastres que está provocando el capitalismo, y que se manifiesta en el calentamiento global, a realizarse el 12 de octubre del 2007.

Impulsar la misión diplomática de los pueblos indígenas para defender y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Respaldar la candidatura a Premio Nobel de la Paz de nuestro hermano Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia.

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Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originariasdel continente, autoconvocados y reunidos en la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala realizado en Iximche’, Guatemala, los días

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Vivimos siglos de colonización, y hoy la imposición de políticas neoliberales, llamadas de globalización, que continúan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios, apoderándose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indígenas, causando la degradación de la Madre Naturaleza, la pobreza y migración, por la sistemática intervención en la soberanía de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos.

Nos prepararnos para recibir y afrontar los desafíos que nos demanda los nuevos tiempos, por tanto declaramos:

Afianzar el proceso de alianzas entre los pueblos indígenas, de pueblos indígenas y los movimientos sociales del continente y del mundo que permitan enfrentar las políticas neoliberales y todas las formas de opresión.

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Ratificar nuestro derecho ancestral e histórico al territorio y a los bienes comunes de la Madre Naturaleza, y reafirmamos su carácter inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable, aún a costa de nuestras vidas.

Consolidar los procesos impulsados para fortalecer la refundación de los Estados – nación y la construcción de los Estados plurinacionales y sociedades interculturales a través de las Asambleas Constituyentes con representación directa de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Avanzar en el ejercicio del derecho a la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas, aún sin el reconocimiento legal de los Estados – nación.

Ratificar el rechazo a los tratados de libre comercio (TLCs) que vulneran la soberanía de los pueblos y mantener la vigilancia ante los intentos por implementar nuevos tratados comerciales.

Reafirmar nuestra decisión de defender la soberanía alimentaría y la lucha contra los transgenicos, convocando a todos los pueblos del mundo a sumarse a esta causa para garantizar nuestro futuro.

Ratificar la lucha por la democratización de la comunicación y la implementación de políticas públicas que contemplen disposiciones especificas para los pueblos indígenas e impulso de la interculturalidad.

Alertar a los pueblos indígenas sobre las políticas del BID, Banco Mundial y entidades afines para penetrar en las comunidades con acciones asistencialistas y de cooptación que apuntan a la desarticulación de las organizaciones autónomas y legitimas.

Para el vivir bien de los pueblos indígenas, acordamos:

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Condenar las políticas del presidente Bush y del gobierno de Estados Unidos expresadas en la exclusión demostrada con la construcción del muro en la frontera con México mientras por otro lado trata de apropiarse de los bienes comunes de la Madre Naturaleza de todos los pueblos del Abya Yala, implementando planes y acciones expansionistas y guerreristas.

Condenar la actitud intolerante de los gobiernos de los Estados – nación que no reconocen los derechos de los pueblos indígenas, en particular a los que no han ratificado ni garantizan la aplicación del Convenio 169 de la OIT.

Condenar las democracias impostoras y terroristas implementadas por los gobiernos neoliberales, que se traducen en la militarización de los territorios indígenas, la criminalización de las luchas indígenas y movimientos sociales en todo el Abya Yala.

Para hacer caminar la palabra y realizar los sueños, de la resistencia al poder:

Nos constituimos en la Coordinadora Continental de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Abya Yala, como espacio permanente de enlace e intercambio, donde converjan experiencias y propuestas, para que juntos enfrentemos las políticas de globalización neoliberal y luchar por la liberación definitiva de nuestros pueblos hermanos, de la madre tierra, del territorio, del agua y todo el patrimonio natural para vivir bien.

En este proceso delineamos las siguientes acciones:

Fortalecer el proceso organizativo y de lucha de los pueblos indígenas con la participación de las mujeres, niños y jóvenes.

Convocar a la Cumbre Continental de Mujeres Indígenas del Abya Yala y a la Cumbre Continental de la Niñez, Adolescencia y Juventud de las Nacionalidades del Abya Yala.

Convocar a la marcha continental de los pueblos indígenas para salvar a la Madre Naturaleza de los desastres que está provocando el capitalismo, y que se manifiesta en el calentamiento global, a realizarse el 12 de octubre del 2007.

Impulsar la misión diplomática de los pueblos indígenas para defender y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Respaldar la candidatura a Premio Nobel de la Paz de nuestro hermano Evo Morales Ayma, Presidente de Bolivia.

Exigir la despenalización de la hoja de coca.

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Iximche, pilule Guatemala, 30 de marzo de 2007


Nosotros y nosotras, hijos e hijas de los pueblos y nacionalidades indígenas originarias

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fuerzas del espíritu del Venado:

Reafirmamos la Declaración de Teotihuacán (México, 2000) y la Declaración de Kito (Ecuador, 2004); ratificamos nuestros principios milenarios, complementariedad, reciprocidad y dualidad, y nuestra lucha por el derecho al territorio, la Madre Naturaleza, la autonomía y libre determinación de los pueblos indígenas; y anunciamos el resurgimiento continental del Pachacutik (retorno), al cierre del Oxlajuj Baq’tun, cuenta larga de 5,200 años, acercándonos a las puertas del nuevo Baq’tun encaminándonos para hacer del Abya Yala una “tierra llena de vida”.

Vivimos siglos de colonización, y hoy la imposición de políticas neoliberales, llamadas de globalización, que continúan llevando al despojo y saqueo de nuestros territorios, apoderándose de todos los espacios y medios de vida de los pueblos indígenas, causando la degradación de la Madre Naturaleza, la pobreza y migración, por la sistemática intervención en la soberanía de los pueblos por empresas transnacionales en complicidad con los gobiernos.

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Responsabilizar a los gobiernos por el permanente despojo de los territorios y la extinción de los pueblos indígenas del continente, a partir de prácticas impunes de genocidio de las transnacionales, así como por la poca voluntad de las Naciones Unidas en viabilizar la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y por no garantizar el respeto pleno de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

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En este proceso delineamos las siguientes acciones:

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“Soñamos nuestro pasado y recordamos nuestro futuro”



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Isla Margarita – Venezuela, recipe 16 de abril de 2007

 


 

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Isla Margarita – Venezuela, generic 16 de abril de 2007

 

Nosotros, movimientos, organizaciones y redes sociales y sindicales de América del Sur, siguiendo el proceso de interlocución con el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones que comenzáramos en el marco de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, en Cochabamba en diciembre último, queremos hacer llegar a los Presidentes ésta vez de forma específica, y en razón de la realización de la 1era Cumbre Energética Sudamericana, nuestras ideas y propuestas sobre el modelo energético que anhelamos para nuestra región.

1- El proceso de integración energética en curso debe ser desarrollado a partir de la recuperación de la soberanía sobre los recursos energéticos de la región. Este proceso debe basarse en el fortalecimiento de las empresas estatales de energía, la nacionalización de los recursos estratégicos y la utilización de la renta así conseguida en la construcción de un desarrollo sustentable con políticas de redistribución del ingreso y la construcción de nuevas matrices a partir de fuentes renovables de energía.

2- Es necesario poder compartir nuestros recursos para beneficio de los pueblos respetando los derechos económicos, sociales culturales y ambientales para nuestro bienestar y el de las generaciones futuras y no en beneficio de las transnacionales o las oligarquías locales.

3- El desarrollo energético sustentable supone el respeto al derecho de las comunidades en la toma de decisión sobre la apropiación de los recursos naturales y la garantía de un acceso digno a los recursos energéticos

4- Se debe cambiar el modelo energético actual que implica una alta dependencia de los combustibles fósiles y genera fuertes impactos sobre las poblaciones locales y pueblos originarios. Las empresas multinacionales, pero también las estatales provocan daños irreparables en el medio ambiente y en las comunidades, propios de ese tipo de explotación.

5- Las fuentes de energía deben ser renovables, limpias y de bajo impacto, garantizando su acceso equitativo y democrático. Los países de la CSN deben garantizar el acceso pleno de todos los habitantes del continente a los bienes energéticos, buscando superar la realidad actual en la que países con altos potenciales energéticos aún no han logrado un abastecimiento digno de sus habitantes.

6- Los proyectos de energía deben ser viables en términos de costos no sólo económicos sino también ambientales.

7- Solicitamos información sobre los impactos sociales, ecológicos y socioeconómicos, para evaluar si los megaproyectos de energía justifican la inversión de tanto capital, cuando existen otras alternativas descentralizadas para las inversiones, incluso para la generación de energía renovable. Rechazamos la idea de financiar éste tipo de obras con prestamos del Banco Mundial o del BID, porque esto llevaría otra vez a hipotecar el futuro de Sudamérica a los acreedores extranjeros. Asimismo rechazamos la posibilidad de que otras fuentes de endeudamiento público, como la CAF o el Banco del Sur, sean utilizadas para la realización de obras que no cuentan con el consentimiento ni llevan al beneficio de las poblaciones afectadas, generando de esa manera una mayor deuda ecológica, social y financiera con los pueblos de la región.

8- Es en este sentido que las entidades abajo firmantes planteamos:

–         La discusión acerca de la integración energética debe ser realizada en el marco integral del proceso de integración regional, discutiendo al mismo tiempo quienes serán los beneficiarios reales de la integración energética, para quien será destinada la energía y para que.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el continuismo de políticas energéticas liberales fundamentalmente en cuanto  a mecanismos de integración pensados para garantizar energía segura y barata para EL MERCADO EXTERNO, sectores agroindustriales y extractivos y no en la necesidad de abastecer de energía a los habitantes del continente de manera garantizar una vida digna, su desarrollo armónico, con justicia y equidad en pos de la paz social.
–         Planteamos también nuestra solidaridad con las luchas de resistencias a los proyectos energéticos (mega represas, hidrocarburos, etc) y por los derechos de los pueblos a la autodeterminación sobre sus territorios y exigimos mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisión de las nuevas obras.
–         Manifestamos nuestra preocupación por la falta de transparencia, casos de corrupción e injerencia de empresas transnacionales y hasta gobiernos en las políticas energéticas tanto nacionales como regionales.
–         Creemos que el marco de la integración debe reafirmar a la energía como un bien común y no como una mercancía. La inclusión de la energía como un derecho humano parte del conjunto de derechos ampliados.
–         Planteamos también la necesidad de ampliar y universalizar los derechos de los trabajadores del sector energía de todo el continente.
–         Manifestamos nuestra preocupación por el avance de proyectos asociados a lo que nosotros denominamos la agro-energía, cuya expansión se da a través de la extensión de monocultivos que tienden a concentrar aún más la propiedad de la tierra en nuestra región, reproduciendo relaciones laborales basadas en la violencia y en la extrema explotación de las y los trabajadores, aumentando la presión sobre los territorios y sus poblaciones, y la incompatibilidad con el desarrollo de la soberanía alimentaria en la región.
–         Hacemos llegar nuestra preocupación por la falta de análisis de los impactos de la estructura de producción y consumo de energía sobre el ambiente, la biodiversidad y los ecosistemas. La visualización de la problemática del cambio climático como uno de los aspectos fundamentales que afecta a la región.
–         Consideramos que no sólo necesitamos repensar los formatos productivos sin también las formas de consumo, ya que la presión para aumentar la producción de energía debe ir acompañada de estrategias para reducir su consumo.
–         Creemos que es necesario dar prioridad a la investigación e implementación de la producción de energías alternativas tales como la solar y la eólica, entre otras.
–         Creemos necesario priorizar la diversidad étnica y cultural del continente ante cualquier definición estratégica sobre los recursos naturales garantizando el derecho a la consulta obligatoria cada vez que se pretenda adoptar medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas y originarios
–         Manifestamos nuestra solidaridad con el camino emprendido por los pueblos del continente en la recuperación de sus recursos como ejemplo de recuperación de soberanía que hoy enfrentan los ataques de las transnacionales y las oligarquía locales

Finalmente, nos preocupa que el camino iniciado en Cochabamba no se cierra e insistimos en la necesidad de ampliar la discusión sobre éste y otros temas claves de la integración hacia todos los actores sociales involucrados en la producción y uso de energía así como aquellos afectados estos procesos.

Exhortamos a los gobiernos a que las directrices a ser adoptadas en esta 1era Cumbre Energética Sudamericana sean objeto de debate en nuestras sociedades, involucrando a los movimientos sociales y sindicales, a los sectores académicos y a los pueblos en su conjunto, para lo cual ofrecemos nuestra capacidad y experiencia en la interlocución y el diálogo político.

 

Movimientos y organizaciones sociales de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela pertenecientes a la Alianza Social Continental hacemos público nuestro llamado a los gobiernos de nuestros países para que maximicen sus esfuerzos para la plena integración de Venezuela al MERCOSUR, en el marco de los procedimientos legales exigidos por las leyes de los respectivos países.

Consideramos que este paso es vital para fortalecer la integración entre nuestros pueblos, sabiendo que este camino es la garantía de y para los pueblos del Sur. En el caso de la incorporación o inclusión de Venezuela al MERCOSUR, es necesario destacar el carácter estratégico de esta integración, que consolida la relación de los pueblos amazónicos de Brasil y Venezuela. El MERCOSUR aúna una perspectiva caribeña al amplio litoral atlántico, lo que significa importantes impactos políticos, sociales y económicos para nuestros pueblos.

Al mismo tiempo, alertamos contra las maniobras de las fuerzas opuestas a la integración, que quieren perjudicar o menoscabar el MERCOSUR y cualquier otra estrategia de integración soberana para Latinoamérica. Dichas fuerzas son las que insisten en resucitar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), y son las mismas que defienden la estrategia de integración subordinada a la potencia estadounidense.

En esta ocasión, reafirmamos que el MERCOSUR tiene un potencial clave dentro del conjunto de iniciativas que apuntan hacia la integración de nuestros pueblos, una integración que actualmente excede la idea de libre comercio que impulsó originalmente este proceso regional.

Como afirmamos, hace algunos días atrás en la Cumbre Social de los Pueblos del Sur, realizada en Asunción del Paraguay, exigimos la aceleración del proceso de inclusión de Venezuela al MERCOSUR, porque creemos que la integración latinoamericana representa la definitiva independencia recuperación de la soberanía de nuestros pueblos.

Elementos para uma integração geradora de igualdade

The project for Integration of South American Regional Infrastructure (IIRSA, by its initials in Spanish), is swiftly but silently moving forward. IIRSA is the most ambitious and encompassing plan to integrate the region for international trade. If completed in full, the project would connect zones containing natural resources (natural gas, water, oil, biodiversity) with metropolitan areas, and both of these with the world’s largest markets.

From August 31-September 1, during the 2000 South American Presidential Summit in Brasilia initiated by President Fernando Henrique Cardoso, the InterAmerican Development Bank (IADB) presented its “Plan of Action for the Integration of South American Infrastructure.” In essence, it formed the foundation for what would become IIRSA, an ambitious plan to facilitate regional and global trade by carrying out physical projects and effecting changes in legislation, statute, and national regulations.

IIRSA is a multi-sectoral project that aims to develop and integrate transportation, energy, and telecommunications infrastructure over the next 10 years. The goal is to reorganize the continent’s landscape based on the development of a physical infrastructure of land, aerial, and river transport; oil and gas pipelines; waterways; maritime and river ports; and power lines and fiber optic cables, to name a few. These projects are organized in 12 integration and development axes—corridors where investments can be concentrated to increase trade and create chains of production connected to global markets.

To carry out this megaproject a number of physical, statutory, and social “barriers” must first be overcome. This requires harmonizing national legislation in the 12 affected countries, and occupying the key territories that tend to have low populations but are major reserves of raw materials and biodiversity.

An Ambitious Project

The December 2000 IADB study “A New Push for Regional Infrastructure Development in South America” suggests that the main obstacles to accomplishing physical integration, and therefore, to improving the flow of merchandise, are the “formidable natural barriers like the Andes Mountains, the Amazon Rainforest, and the Orinoco river basin.”1 Carlos Lessa, former president of the Brazilian Development Bank (BNDES, by its initials in Portuguese) agrees, pointing out, “The Andes mountain range is certainly beautiful, but it’s a terrible engineering problem.”2 This kind of logic that regards nature as a “barrier” in some places and a “resource” in others pervades all aspects of the plan.

During the September 2003 Sub-regional Seminar, IIRSA’s Technical Coordination Committee defined three goals:

•  Support the integration of markets to improve intra-regional trade.

•  Promote new chains of production to become competitive in major global markets.

•  Reduce the “South American cost” by creating a solid logistical platform that is well-inserted into the global economy.

According to studies, another objective of this integration project is to conquer South America’s natural resources and put them at the disposal of North American and European markets.

These objectives can be easily observed on maps of the development and integration axes, each of which encompasses several countries.3 The ten axes already defined (two are still under development) are:

•  Andean Axis (Venezuela-Colombia-Ecuador-Peru-Bolivia)

•  Amazon Axis (Colombia-Ecuador-Peru-Brazil)

•  Central Inter-oceanic Axis (Peru-Chile-Bolivia-Paraguay-Brazil)

•  Capricorn Inter-oceanic Axis (Antofagasta/Chile-Jujuy/Argentina-Asunción/Paraguay-Porto Alegre/Brazil)

•  Guyana Shield Axis (Venezuela-Brazil-Suriname-Guyana)

•  Mercosur-Chile Axis(Brazil-Uruguay-Argentina-Chile)

•  Southern Axis (Talcahuano-Concepción/Chile-Neuquén-Bahía Blanca/Argentina)

•  Southern Amazon Axis ( Peru-Brasil-Bolivia)

•  Atlantic and Pacific Maritime Axis (all countries)

The two axes still under development are the Parana-Paraguay waterway and a megaproject to unite the Orinoco, Amazon, and Rio de la Plata river basins through a connection of 17 rivers to permit river transportation from the Caribbean to Rio de la Plata.

Each axis involves a variety of infrastructure projects. For example, the Amazon Axis, which unites the Pacific Ocean with the Atlantic and crosses three large ecosystems (coastal, Andean mountain, and rainforest), must tie the Amazon River and its tributaries to the ports of Tumaco (Colombia), Esmeraldas (Ecuador), and Paita (Peru). This will require major improvements to existing roads and construction of others. Since the axis aims to create a dense network of river transportation systems, several rivers will be dredged and straightened, while in other places river ports will have to be completely overhauled. These infrastructure projects and the spike in transportation flows they generate will result in massive environmental impacts on the Amazon ecosystem.

In areas covered by the axis, there is major hydroelectric power potential as well as large oil reserves already under development, in addition to soybean crops, wood extraction, fishing, and fish farms. The axis will connect with three others (Andean, Central Inter-oceanic, and Guyana Shield) and reduce transportation costs for Pacific countries to Europe, and Brazil to Japan, thus encouraging more trade. The construction of two gas pipelines is being considered for areas deep in the Brazilian Amazon, one extending from Coari to Manaos and the other from Urucu to Port Velho, at a total cost of $750 million. This would allow natural gas to be exported from key points in the Amazon and Southern Amazon Axes. The first contains the important port of Manaos, and the second Port Velho, Brazil, which would be united with the Peruvian ports on the Pacific. This would also allow transportation of the area’s grain production—where soy, corn, and wheat production are the fastest growing—in addition to Camisea’s natural gas from Peru.

The majority of the axes are interconnected. Of the 10, four cover the Amazon and five unite the Pacific with the Atlantic. Under this plan, the continent’s natural resources will be made available to international markets.

The IIRSA project has defined seven processes of sectoral integration to address institutional and statutory obstacles. They are: regional energy markets; functional systems of aerial, maritime, and multimodal transport; promotion of information and telecommunication technologies; the facilitation of border crossings; and finance modalities.

Total investment is expected to be on the order of $37 billion. The project will be financed by the IADB, the Andean Promotional Corporation (CAF, by the Spanish), and the Financial Fund for the Development of the Rio de la Plata Basin (FONPLATA, by the Spanish), in addition to the important contributions of the Brazilian Development Bank (see boxes below).

InterAmerican Development Bank (IADB)

Regional financial institution created in 1959 to encourage the economic and social development of Latin America and the Caribbean. It has 46 members: 26 from Latin America and the Caribbean, the United States, Canada, and 18 additional member countries from out of the region. Its highest authority is the Assembly of Governors, made up of the Secretaries of Treasury from each country.

The right to vote is determined by the number of shares: Latin America and the Caribbean have 50%, the United States 30%, Japan 5%, Canada 4%, and the rest 11%. Brazil, Argentina, and Mexico taken together have the same number of shares as the United States.

From 1961-2002, the IADB approved loans totaling $18.82 billion: 51% for energy projects, 46% for ground transportation, and 3% for telecommunications, maritime, river, and aerial transport. Brazil received 33% of the resources.

Andean Promotional Corporation (CAF)

Multilateral financial institution created in 1970. By 1981, it had approved $618 million in operations, but from 1995-1999, it underwent a huge expansion, approving $12.33 billion in operations

It is the largest financial agent for infrastructure projects in Latin America. Made up of 16 member countries, it is the number one financier for countries belonging to the Andean Community of Nations. It is a major financier of the Atrato-Truando or Atrato-Cacarica-San Miguel canal, which will allow the connection between IIRSA and Puebla-Panama Plan.

Financial Fund for the Development of the Rio de la Plata Basin (FONPLATA)

Created in 1971 to finance integration projects for the river basin. Brazil and Argentina each hold 33.3%, Bolivia, Paraguay, and Uruguay 11.1%. It finances multi-million dollar projects for transportation, agriculture and livestock, industry, exports, and health.

Brazilian Development Bank (BNDES)

Brazilian public bank created in 1952. Under the Lula government, it has been directed to finance large infrastructure projects in South America. It has extensive resources—greater than any other financial institution in the region—and it is implementing important energy and hydroelectric projects in Venezuela and Ecuador, among others. It has projects that exceed a billion dollars with Venezuela and Argentina.

In reality, these projects are already underway, though not in direct connection with IIRSA. According to CAF’s 2002 Annual Report, some 300 physical integration projects have been identified in South America, 140 of which were ready to begin at any moment. Sixty IIRSA-related projects were already underway: 40 for transportation, 10 for energy, and 10 for telecommunications.

Territories and Markets

Overcoming the physical, legal, and social barriers to implementing IIRSA will require profound changes in geography, legislation, and social relations. The South American continent is sometimes considered a collection of five separate “islands” that should be united: the Caribbean Plate, the Andean Mountains, the Atlantic Plate, and the Central and Southern Amazon Enclaves. The integration and development axes unify these “islands” by breaking down what is called in technocratic language, natural “barriers.”

From a geographical perspective, this unification would demand major undertakings in infrastructure to “correct” the obstacles imposed by nature, speed up the flow of transportation and trade, and greatly reduce costs. The Peru-Brazil-Bolivia Axis, for example, seeks to create an access path from Brazil’s agricultural industry, in the Southern Amazon Enclave, to Pacific ports without having to first travel north through the Amazon river basin. To accomplish this, efficient highways crossing the Andes must be built, in addition to the infrastructure projects necessary for river transport. The path paved by nature will be modified, through huge investments, so that South American merchandise can more rapidly reach the global market.

As Andres Barreda points out, “Starting in the 1980s, the flow of commercial traffic from the Pacific began to displace flow on the Atlantic side. In the 1990s, port traffic on the Pacific was outpacing the Atlantic’s; and in the year 2000, the United States’ Pacific port traffic saw double the volume of its Atlantic ports. There is a problem when the global economy shifts from the Atlantic to the Pacific.”4 This shift caused the Panama Canal to lose its significance and in its place corridors connecting the two oceans are beginning to appear. According to Barreda, South America has a “strategic bottleneck” in Bolivia, where five of the 12 corridors cross.

South America is one of the few regions on earth that contains all four strategic natural resources: hydrocarbons, minerals, biodiversity, and water. The profound changes to the landscape do not follow a model for integrating the continent as a whole, but rather, for inserting it into the global market . IIRSA, it could be said, centers on an “outward-facing” or exogenous type of integration, rather than an “inward-facing” one. In addition, the axes or corridors must have certain characteristics: “To make real-time connections, the Internet is fundamental. To make just-in-time connections, intermodality is fundamental.”5 As such, the corridors must combine a modern-day telecommunications system with the necessary infrastructure for intermodal transportation.

Intermodality is based on the “container revolution.” The system must be exactly the same for ground, aerial, and river transportation, and merchandise must be able to transfer from one system to another seamlessly. This requires a system of highways and semi trucks, airports and airplanes, and rivers and barges capable of transporting freight containers, which are now replacing the old system of storage or deposit that the merchandise sector has traditionally utilized. This transformation is linked to the emergence of “global factories” that operate under the just-in-time premise. A sort of “global automaton” has been created by large businesses that employ remote-control operation techniques and cover the planet in the form of a network. But this global automaton, “industrially and productively integrated, now operates with new center-periphery hierarchical relations of an industrial character,” as evidenced by the maquiladora.6 IIRSA is the South American link to integrate the continent into this process, but in a subordinate manner.

To overcome the various legal and statutory barriers, IIRSA has adopted the neoliberal strategy of deregulation and weakening the state. Adapting national legislation to the needs of global trade requires homogenization of the rules. This would inevitably lead to each country or region losing its distinguishing characteristics, and states would lose their autonomy to multinationals and the governments of developed countries.

Finally, the “social barriers” must also be overcome. Just one example of this among dozens is the 260-mile Coari-Manaos gas pipeline that passes through the Amazon River as well as one of the best-preserved areas of the rainforest. The two companies primarily interested in the project are Brazil’s Petrobras and the United States’ El Paso (world leader in natural gas and one of the world’s largest in the energy sector). In 1998, Petrobras built the first part of the gas pipeline (174 miles), which united the Urucu reserves with the city of Coari. The project caused enormous social and environmental impacts: “It reduced fishing levels, affecting river populations that depend on fish to survive; it affected areas where Brazil nut is extracted, crucial to the surrounding areas; the Coari population grew considerably, as the city houses the workers that arrive from different areas; and there has been a dramatic increase in prostitution, violent crime, and cases of malaria.”7 The Urucu-Port Velho gas pipeline will affect 13 indigenous communities and five municipalities where 90% or more of the population is indigenous.

The benefits gained by a small handful of multinationals will create irreversible social and environmental damages, and further weaken the autonomy of marginalized states , giving them even less recourse to deal with their problems.

Two Cases: Brazil and Bolivia

IIRSA affects each country in the region differently, but in general, we can define “winners” and “losers” in terms of the benefits and damages the implementation of IIRSA will generate. One of the problems with the project is that it will deepen the gaps between countries, regions, and the rich and poor social sectors of society, since different regions will be integrated into the global market on an unequal footing based on current “comparative advantages.” Brazil, one of the most industrialized countries in the world, and Bolivia, South America’s poorest country, illustrate this point well.

In Bolivia, the only thing poor is the indigenous majority. The country boasts important hydrocarbon reserves, the second largest on the continent behind Venezuela. It also occupies a key geographical position: five of the integration and development axes connecting the Pacific with the Atlantic must pass through its territory. It is also rich in biodiversity. Consequently, in its plan “Change for All,” the international bank called for Bolivia to become a thoroughfare for the subcontinent and central distributor of gas and other sources of energy.”8 As a country providing passage, corridors for exporting goods and services will form part of important binational projects for hydro- and thermoelectric energy generation and distribution.

According to plans defined by IIRSA, Bolivia must construct a new Fundamental Network of Highways that will leave entire zones isolated but connect hydrocarbon reserves to global markets. The Central Inter-oceanic Axis that seeks to unite the Brazilian port Santos with the Chilean ports Arica and Iquique, crosses through the middle of Bolivia and is critical to countries like Brazil and Chile, which are especially interested in establishing bi-oceanic trade. The Peru-Brazil-Bolivia Axis would unite the Brazilian state Rondonia with the Pacific and gain access to its large-scale soy production, thereby “taking advantage of one of the regions where crossing the Andes presents the least difficulty.”9 Bolivia is about to become the object of huge investments for the construction of the five corridors that will fracture its national territory.

Brazil finds itself in the opposite situation. Exogenous integration will permit it to “advance its goal of dominating Latin America, a result of its 1980s strategy to reach a position of regional leadership by gaining influence over its closest neighbors: Argentina, Uruguay, Paraguay, first, then Bolivia and Chile, and finally, the rest of the Andean community and all of South America, the ultimate goal being to strengthen its economy in the face of the FTAA.”10

Brazil will be in a position similar to that of the world’s industrialized nations the moment it begins to benefit from IIRSA. In reality, Brazil’s relationship with the rest of South America—Argentina being the exception—is similar to that which most center countries have with peripheral countries. In the first place, Brazil has a major interest in channeling its industrial and agribusiness production through the Pacific. Second, several of the businesses set to develop infrastructure are Brazilian, like Petrobras or Norberto Odebrecht Construction, which has investments all over the region.11 Third, the Brazilian Development Bank (BNDES) is one of the principal financiers of IIRSA.

The Madeira River Complex, which is a nucleus of the Peru-Brazil-Bolivia Axis, is perhaps the best example. Carlos Lessa, ex-president of the BNDES, maintains that under this project “Brazil can promote its vision of conquering the West, a jungle zone with neighboring Peru and Bolivia. Its megaproject illustrates the dream of Latin American integration, an area that is ripe for development.”12 The Madeira River Complex project includes two hydroelectric dams in Brazil; floodgates for making the river navigable, which will require the elimination of a zone of waterfalls that “interrupt” navigation; a hydroelectric dam on the Beni River in Bolivia; and ports for the Madeira-Gupore-Beni-Madre de Dios waterway in Brazil, Bolivia, and Peru. The project will allow “significant supply of low-cost energy and consolidate the agribusiness Development Pole in the western region of Brazil and the Bolivian Amazon.” This would permit a reduction in the cost of transportation for grains, and other commodities.13

The project will have an enormous impact on the environment and will benefit only Brazil. “Brazilian businesses will be the only buyers of the energy produced, allowing them to impose conditions on buying, contracts, and prices.” The project will involve a $6 billion investment, benefiting Brazilian-owned businesses Odebrecht, Furnas Centrais Electricas, and the Tedesco Maggi group (largest soy producer in Brazil). The latter has invested $100 million into making the Madeira River navigable, “where it has the largest fleet of barges and tugboats, with a river transportation capacity of 210,000 tons per month.”14

Taken in perspective, projects like the Rio Madeira Complex make up part of Brazil’s geopolitical expansion west to occupy “empty” territories and control strategic resources like Bolivia’s hydrocarbons. They confirm the idea that “Brazil’s leaders believe that increasing their competitiveness in the international market depends, in large part, on South American integration.”15 It is, however, a kind of subordinate integration on two levels: Brazil over the rest of South America, and global markets and business over the region as a whole.

IIRSA in the World

IIRSA is closely linked to the FTAA, to the point where they can be seen as two sides of the same coin. “The FTAA deals very concretely with judicial and administrative issues, while IIRSA deals with infrastructure.”16 Both form part of a much larger project that includes the Puebla-Panama Plan. IIRS A is, however, unique in at least one way: it is a type of integration that has been conceived of by the South, engineered in large part by the continent’s elite, and will primarily benefit those sectors best inserted into the global market. The demand for infrastructure projects has grown out of the need for global markets to access a stable and increasing flow of raw materials and natural resource exports. Accessing these resources has to be done as “competitively” (which is to say, as cheaply) as possible. It’s clear that this type of development will only generate more poverty and greater inequalities, further concentrate wealth on a local and global scale, and create profound environmental impacts. Among other negative consequences, the external debt of South American countries will continue to rise. The current practice of overexploiting resources could create a situation where a few decades down the road, countries that today depend on oil and natural gas to generate income will exhaust their reserves without ever having truly benefited from them.

One of the most worrisome aspects of IIRSA is the way in which it is being implemented: silently. While the continent furiously debates the FTAA and other free trade agreements, IIRSA projects are taking place without the participation of civil society or social movements and without the release of information by governments. This method of implementation clearly seeks to avoid debate altogether. At the same time, projects are starting up in separate areas to be linked at a later date—a technique that prevents vigilance, weakens the control of affected communities, and facilitates sidestepping environmental regulations. Formally, IIRSA began in the year 2000, but a good part of its projects have their roots in the previous decade.

The most disturbing prospect of IIRSA’s large network of infrastructure projects is that they may well accomplish the same goals as the FTAA, only without that name, with no debate, and imposed from the top down by global markets and national elites. If this is the case, a few decades from now South America will have quietly completed a gigantic, continent-wide remodeling project that affects every one of its inhabitants. The elite know—as recent experience has shown them—that openly debating their plans will only condemn them to failure.

Translated for the Americas Program by Nick Henry.

Raúl Zibechi, a member of the editorial board of the weekly Brecha de Montevideo, is a professor and researcher on social movements at the Multiversidad Franciscana de América Latina and adviser to several grassroots organizations. He is a monthly contributor to the IRC Americas Program (www.americaspolicy.org).

To reprint this article, please contact americas@ciponline.org. The opinions expressed here are the author’s and do not necessarily represent the views of the CIP Americas Program or the Center for International Policy.


Sources

  1. IADB Document, cited in Elisangela Soldati, ob. cit. p. 4.
  2. Cited in Guilherme Carvalho, ob. cit. p. 36.
  3. The maps can be found at www.fobomade.org.bo. Click on the green button “Geopolítica e Integración” and then on “IIRSA-ALCA”. When the page loads, click on “Galería de Mapas”.
  4. Andrés Barreda, ob. cit.
  5. Ibid.
  6. Ibid.
  7. Elisangela Soldatelli, ob. cit.
  8. Fobomade, “El rol de Bolivia en la integración sudamericana”, p. 3.
  9. Ibid. p. 7.
  10. Ibid. p. 6.
  11. See the report, “Brazil and the Difficult Path to Multilateralism” at americas.irc-online.org/am/3144.
  12. Patricia Molina, ob. cit
  13. Ibid.
  14. Ibid.
  15. Guilherme Carvalho, ob. cit. p. 64.
  16. Marcel Achkar and Ana Domínguez, ob. cit. p. 18.

James Petras, cure online Dissidentvoice.org
Introduction
           
Under the leadership of President Chavez, and with the backing of the great majority of the Venezuelan people, a process of social transformation is underway which challenges the old neoliberal, imperial-centered, political-economic order. Equally important, President Chavez has proposed a new project for Latin America integration, ALBA, which challenges the imperial project ALCA, designed to consolidate neocolonial empire. This paper will begin by analyzing two dimensions of ALBA, its critical diagnosis of Latin American problems and its current status, prospects and obstacles. We will follow with an analysis of the “social debt” in Latin America in the context of the imperial-centered model of capitalist accumulation (what is called “neoliberalism”).
           
In part two, proposals for a new social, economic, cultural and ecological order, we will examine the basic principles, institutions and proposals for achieving the new order. Here we will consider the inter-relationship between popular representation, administrative changes, as well as key changes in social relations of production and the development of the forces of production.
           
In the concluding sections we will focus on the necessary security measures and cultural transformations to ensure that the social transformations are sustainable and irreversible.
 
ALBA: A Contemporary Perspective
           
ALBA provides several clearly stated objectives:
 
1. It is a critical diagnosis of the human condition in Latin America based on President Chavez’ analysis of the socio-economic problems in Latin America.
 
2. It focuses on the role of US and European imperialism as the principle determinants of the economic stagnation and social regression in the region.
 
3. It provides a critique of ALCA, the principle US project to consolidate an imperial-centered model of domination and exploitation.
 
4. ALBA offers an alternative to the current fragmentation and dispersion of contemporary counter-hegemonic struggles based on national strategies.
 
5. ALBA is an alternative Latin American model of integration which promotes several basic principles favorable to its member states: (a) economic complementarity — a division of production based on reciprocal benefits, (b) the extension and deepening of domestic markets under relatively equality of competitive positions, (c) increase in consumption and production of products of mass consumption leading to rising living standards, (d) a collective defense against US impositions and adverse conditions on Latin American trading partners, (e) a powerful collective bargaining bloc to reduce, renegotiate, repudiate or investigate foreign debts to creditor banks, (f) ALBA creates the initial framework toward a future United States of Latin America; the realization of the original Bolivarian vision and (g) it creates a regional bloc capable of negotiating on a more equal basis with other regional blocs like the European Union, NAFTA and ASEAN. The advantages of ALBA are obvious and numerous — from a rational political and economic calculus, especially for the great majority of the people of Latin America and its local small and medium size producers. However the realization of the ALBA vision faces serious opposition from US and EU imperialism, as well as from within Latin America among the ruling classes and political elites with long-standing links to foreign capital, overseas banks and the imperial state.
 
The Status of ALBA Today
           
Despite the political obstacles, both external and internal, to the advance of ALBA, several positive steps are evident today.  ALBA is an alternative conception to ALCA backed by a powerful state sponsor.  It destroys the propaganda promoted by imperial ideologues and Latin American collaborators that there is no “realistic” or “practical” alternative to imperial-centered models of integration.  ALBA takes an idea imagined by intellectuals and makes it common currency among the masses or at least militants throughout Latin America.  Moreover ALBA provides a concrete critique and alternative program to ALCA which erodes the uni-polar imagery projected by the mass media.
           
ALBA is a process not a single dramatic event. As such, several first steps toward regional integration have already taken place which demonstrates the positive virtues of ALBA style integration. The implementation of Petro-Caribe and the Cuban-Venezuelan trade, investment and aid agreements are ‘models’ for deepening Latin American integration. Proposals to link public-energy enterprises also move in the same direction. Most important of all, ALBA has played an important role in raising Latin American consciousness, both in unifying and strengthening mass anti-imperialist consciousness and creating the basis for affirming a common set of regional agendas. Today regional or Latin American consciousness has challenged US hegemony among the masses, and in large part has replaced it.
           
ALBA has been an important aspect of the rise of Latin American consciousness, which co-exists with national and class consciousness in a synergetic relationship, each reinforcing the other. 
           
An important institutional advance (in line with ALBA) in creating Latin American consciousness is the emergence of TELESUR as a counter-hegemonic mass media outlet.  Along with the emergence of hundreds of Bolivarian and other anti-imperialist organizations in Latin America, the social bases for ALBA are growing throughout the region.
 
Social Debt: The Role of Imperialism
           
The term “social debt” refers to the large-scale, long-term social regression suffered by the vast majority of the Latin American people.  “Social debt” implies that “some one” owes compensation to those who have lost out in the process of global capitalist expansion.  It is the language of the international, United Nations bureaucracy like CEPAL.  As such it provides useful data on a series of social problems in Latin America but fails to provide a situational link between the international power configurations and their policies, and the regressive social consequences.  Statistical surveys, demonstrate the social regression of most Latin Americans over the past quarter of a century.
           
Let it be noted also that the indices and measures, for example, used by CEPAL and the World Bank are inadequate and profoundly underestimate poverty levels, standards of living, inequalities and other dimensions of social conditions.
           
Mass poverty has greatly increased throughout Latin America; substantial increases are evident from Mexico to Argentina, especially in Nicaragua, Haiti and Colombia which have seen a major US military and paramilitary presence.
           
Standards of living for the great majority (including health and educational services) have declined as a result of privatizations, foreign debt payments and free trade policies. Declining living standards and mass poverty are a cause and consequence of the concentration and centralization of wealth and capital in a small number of national and foreign banks. Inequalities have reached unprecedented levels as foreign capital and goods dominate local economies and markets and as political economic decisions are concentrated in the hands of client political regimes. Health and educational budget cuts and the spread of elite private clinics and schools have reinforced the inequalities while opening new “service sectors” for foreign investment. The “specialization” in raw materials and agro-mineral export sectors serving the imperial countries has increased the number of under and unemployed and polarized the class structure in extreme.
           
The cause of social regression (which is never mentioned by CEPAL or the World Bank in any of their writing about poverty or “extreme poverty”) is imperialism and the neo-liberal policies advocated by the international agencies.
           
Imperialism plays a major role in creating, extending, deepening and reproducing social regression via several mechanisms and policies. The most important mechanism of imperialist exploitation and the cause of social regression is the takeover of strategic political positions and economic sectors. Imperial-trained Latin American collaborators, linked to the World Bank, the International Monetary Fund and Wall Street, formulate “macro-economic”, monetary and income policies via their positions in the Finance and Economy Ministries and the Central Banks.  Their policies facilitate the take-over by US and European Union multinational banks of the principal banks and financial institutions, telecommunications, agro-mineral sectors, gas and petrol industries, commerce and services. Through their political and economic control of the strategic sectors they facilitate the massive outflow of billions of dollars in interest (and principle) payments, royalty and profit remittances which de-capitalize the economy.  These pro-imperial power elites sign “conditionality” agreements with the IMF and World Bank which deepen privatizations and private monopolies. The result is economic stagnation, growing unemployment, declining living standards, and an increase in poverty — in a word, the “social debt” is a result of deep structural relations which are reproduced by the contemporary regimes whether they are called “center-left” or “center-right”. More important, while these structural relations exist it is difficult to imagine any government to government agreements to further ALBA.
           
This is particularly the case where Latin American regimes support the US occupation of Haiti and the military bases in their countries (Ecuador, Colombia, Peru, Paraguay, Bolivia, Brazil, El Salvador and Dominican Republic). If the “social debt” is the product of imperial political penetration and economic takeovers, and the local Latin American regimes collaborate in defending this power bloc, then it is difficult for ALBA to advance via government to government agreements. ALBA must rely on the mass movements changing the existing ruling blocs in Latin America. If imperialism is the strategic enemy and major determinant of social regression, the immediate obstacle to reversing the social debt are the local ruling classes who apply neo-liberal policies.
 
President Chavez’ 21st Century Socialism: Proposals for Advancing and Consolidating the New Order
           
When we write of a “new” social, economic, cultural and ecological order we do not mean reforms grafted on to an old order of capitalist banking and latifundio property ownership. The new order does not mean simply additional social spending for the poor without changing the concentration of income and property. The new order means inverting the social pyramid — where the majority receives most of the wealth and controls the major means of production, finance and trade, while the elite receives the least and owns minority shares of property. Fundamental to inverting the social pyramid is property redistribution from big property holding to national public enterprises, co-operative and worker-engineer self-management within a national plan. It means the highest budgetary priority is social spending and public investment, not tax exonerations and subsidies for private capital. It means eliminating sales and regressive taxes in favor of increased direct taxes on wealth, especially foreign owned banks and energy firms as well as big property interests, including media monopolies.
           
The new order can only advance if it is accompanied by the creation of a new political power bloc.  New representative institutions cannot operate effectively if they are superimposed on existing corrupt bodies. Four socio-political proposals form the core of a systemic transformation:
 
New institutions for popular representation 
This means replacing oligarchic parties with popular assemblies, which directly select the candidates for legislative office. Direct election of the working majorities is based on proportional representation of industrial workers, the under-employed as well as the unemployed, salaried workers, construction workers and professionals. Legislative priorities are based on majoritarian social needs: a) production of goods for popular consumption, b) housing, c) salaries, d) pensions, e) social infrastructure (water, electricity, sewage and clean air), f) positive legislation for women, Afro-Venezuelans and Indians.
 
Replace Administrative Apparatus 
Representative assemblies and positive legislation require an efficient, politically capable administration. To implement new policies the administrative sectors needs to be restructured and reformed:  a) reduce layers of bureaucracy via early retirements; rationalization and restructuring of administrative structures to make them compatible with new social priorities, b) introduce performance criteria in order to evaluate administrative and management efficiency and provide a rational basis for promotions, demotions and pay raises, c) create independent auditing commission to ensure financial accountability — against corruption, misallocation of funds and transparent records, d) create new administrative bodies parallel to old corrupt, inefficient and politically hostile agencies, increase budget of the new and reduce the budget of the old.
 
Introduce new social relations of production 

This is accomplished by facilitating worker control to democratize the workplace and increase production and accountability and in order to advance toward worker-engineer management based on workers’ councils elected at general assemblies with management oversight.
 
Develop the Forces of Production 
This is accomplished through the following measures: a) maximize the integration of under-employed and unemployed workers into more productive value added employment, b) accelerate the state takeover of closed factories, bankrupt or highly indebted firms in consultation with trade unions and community based organizations, c) intervene in problematic factories with high levels of underutilized capacity, d) expropriate unused or under developed urban and rural landholdings, organize production councils in the countryside and cities, e) large-scale, long-term public investments in intensive infrastructure projects — ports, highways, subways and railroads utilizing the vast army of underemployed.
 
These proposals are eminently practical, feasible and within the financial resources of the government — given the high earnings from petroleum exports.  They are essential to consolidating and deepening the social base of the Bolivarian revolution, diversifying production and increasing domestic consumption.  To finance these ambitious programs will require re-allocation of resources from overseas programs to domestic priorities.
 
Restructuring Macro-Economic Policy: Domestic Growth and National Security
           
National security priorities coincide very well with the accomplishment of socio-economic goals.  Several priorities are evident in a time of rising conflict and possible rupture in relations with US imperialism:
 
1. Move all reserves out of US banks; sell all holding in US physical facilities (CITGO, refineries etc.) to avoid confiscation and freezing of assets. The freed funding can be reallocated to developing domestic production, refineries and the internal market.
 
2. Decrease excessive reserves (“dead money”) and increase investments in priority projects especially in higher value-added petroleum related industries, like petrochemicals, fertilizers, plastics, etc. This increases national income over the mere selling of crude petroleum, diversifies markets, increases self-sufficiency and decreases vulnerability to imperial blockages or embargos.
 
3.  Invest in domestic armament industries — including heavy armaments, helicopters and missile defense systems; reinforce the frontiers (especially coastal and areas adjacent to Colombia); expand and strengthen counter-intelligence agencies to respond rapidly to continued incursions of Colombian military and paramilitary forces; introduce new revolutionary curriculum and instructors for military and police training.
 
4. Emphasize local content in military procurement of uniforms, transport etc — stimulating national producers.
           
There can be no serious discussions of socio-economic changes, and national independence without a comprehensive national security policy. Above all, it is necessary for the national security forces to be politically compatible with the socio-economic transformations. International solidarity and independent foreign relations are directly dependent on strong domestic socio-economic and security foundations. Strong national foundations are built on objective (material) and subjective (consciousness) advances.
 
Cultural Revolution Within the Revolution
           
There are two essential interrelated subjective developments necessary to sustain a revolution against external aggression and internal subversion: the deepening and extension, simultaneously, of national and class consciousness. In pursuit of these goals there is a multiplicity of sites at which integral national-class consciousness can take place. Constructing an anti-imperialist consciousness takes place via a multiplicity of activities which cumulatively converge and create the “New Patriot.” State intervention is crucial in constructing and facilitating the national culture:
 
1. Setting a quota for mass media presentations based on 75% local productions, using local performers, music, stories etc.
 
2. Encouraging and financing a national, regional and local complex of arts, sports, humanities, literature, libraries accessible especially to the social base of the revolution,
 
3. Expanding the mass media: publishing newspapers, weekly and monthly magazines and books with special audiences — women, teenagers, sports enthusiasts, health and so on. Combine entertainment and education in public television.
 
4. Finance a national cinema with a focus on critical realism, documentaries, children’s stories with social content as well as personal and universal themes.
 
5. Finance international scientific and cultural exchanges, create science parks, promote science studies at all levels of education, encourage rational scientific explanations of the universe.
 
6. Expand financing of historical and social science research to broaden understanding of popular struggles, social problems, imperialist threats and international alliances.
 
7. Continue to promote solidarity activities — organizing international forums and encourage Bolivarian solidarity groups throughout the world especially with mass organizations. Put a definitive stop to extraditing revolutionaries to paramilitary states — like Colombia.
 
8. Promote cultural diversity in the mass media, especially in advertising, encourage the presence of Afro-Venezuelan and Indio-Venezuelans in social spheres in science, education and the economy (and not only in song and dance).
 
9. Revolutionize education: Sponsor curriculum reform, teacher training, which increases practice based knowledge and theoretical understanding of the historical and contemporary history of imperialism and anti-imperialism, false and class consciousness. Encourage “red” and “expert” — competent professionals with revolutionary consciousness.  Studies of revolutionary traditions, both national and international should be critically studied and compared.
           
Cultural revolutions are necessary, especially in a revolutionary process to avoid stagnation, regression, corruption and bureaucratization. A revolution must be constantly renewed to avoid reproducing a new elite class structure.  Creating a vibrant cultural transformation is both a cause and consequence of national integration: cultural advances depend on a strong nation-state independent of imperialist hegemony; a strong national culture contributes to greater national cohesion.
 
National Integration

Throughout past and recent history, imperialist powers have followed “divide and conquer” tactics to take control of countries, as the European colonial powers demonstrated in India (Muslims against Hindus), the French in Africa and the US today in Iraq (Shia against Sunni) and in Iran (Persians against Arabs and Kurds). In Venezuela today, Washington pursues the same tactic, fomenting a separatist movement in the state of Zulia on the basis of a specious set of pseudo-regional identity. The prime condition for the effective survival and development of a modern national state is a strong territorial unity, complementary economic sectors and a powerful internal market. To achieve national integration, most nation states have taken the following steps.
 
1. Firm and decisive action, early on, to eliminate the secessionist elites acting as surrogates of imperial strategies.
 
2. Integration of all its people — leaving no room for elites to manipulate and use the grievances of “marginal” or minorities as a weapon for undermining the integrity of a nation. This requires the inclusion of Afro-Venezuelans, women, Indio-Venezuelans among others as active participants in all spheres of public life at all levels. It is especially important to offer full citizenship to the millions of Colombian farm laborers, domestic workers and construction laborers resident in Venezuela for many years.
 
3. To compensate for elite educational advantages, affirmative action involving compensatory training and university and technical training serves to maximize the massive entry of children of the poor and working class in institutions of higher learning. This is important politically because this is the strongest social base of the Bolivarian Revolution.
 
4. Among many existing trade unions and many neighborhood groups, there is little actual participation of the membership because they are controlled by “progressive oligarchs.” Integration requires the democratization of civil society organizations, opening them to debate and free, secret votes on policy positions. Civil society organizations and trade unions are only as strong as their power of convocation. “Paper membership” among numerous organizations without active membership, does not create a strong basis for supporting and defending the advance of the revolutionary process. We have the case of the former USSR with 20 million members of the Communist Party which could not turn out 100,000 people to prevent a Yeltsin-led coup by a few thousand people in Moscow.
           
Above all national integration involves public control of the strategic economic sectors of the economy: banking to provide credit, trade to optimize the allocation of foreign exchange and energy, mining and petroleum to create new industries. National integration has been the fundamental premise for a strong unitary state which in turn has been the historical foundation for dynamic development in the US, Germany and Japan in the 19th century and China in the 20th century.
 
International Integration
           
The fundamental basis of international integration has been political compatibility, economic complementarity and mutual benefits. It is impossible for neo-liberal, nationalist or socialist regimes to “integrate” their economies as their trade, investment and income policies are diametrically opposed. This is the case today in Latin America, where extra-regional trade and investment policies supersede “regional agreements.”
           
What can take place is greater integration between Cuba and Venezuela on the basis of political compatibility between nationalism and socialism, complementary economies (energy for social services) and reciprocal benefits.
           
International integration is more a goal for the future which can, perhaps, be approached via piecemeal changes: an association and interchange between public enterprises, commodity producer agreements, a debtors union, the development of a common anti-imperialist or non-intervention front based on a rejection of US military bases and doctrines. International integration as a goal and as the basis for creating international popular solidarity and anti-imperialist consciousness is much more feasible and important in the present conjuncture than attempting to spend large amount of financial resources in “buying” (temporary) friendships with alien neo-liberal regimes.
 
The New Economic Order
           
Nationalist, collectivist and neo-liberal regimes have in greater or less extent been guilty of pillaging the economy in the name of rapid growth of the GDP. Fortunately in recent years a powerful new ecological consciousness has emerged which impacts on everyday existence. Contaminated air, water and food reduce standards of living. Ecological deterioration converts natural disasters in human catastrophes. Quantitative indicators of economic growth are being rejected in favor of qualitative indicators of the quality of life. Ecologically progressive policies cannot be simply deduced from socially or economically equitable policies. As we have seen from past experiences, regimes which provide universal free health care can also produce high pollutant economic policies which increase respiratory diseases — as in the former USSR.
           
Progressive ecological programs need to focus on three interrelated levels of policies: state, enterprise and individual practices.
           
State policy proposals focused on sustainable development have several dimensions:
 
a)  Long-term strategies of conservation of natural resources over and above maximizing current returns.
 
b) Developing current or short-term policies compatible with strategic goals.  This means that reduction of contamination begins now.
 
c)  Making environmental evaluation an integral part of any proposal for new investment especially in extractive industries (petroleum, gas, bauxite and so on)
 
d)  Developing large-scale, long-term policies designed to provide clean air, clean water, adequate sewage treatment and garbage disposal projects both in neighborhoods and workplaces.
 
e) Including ecological experts and commissions in all major decision making bodies affecting the environment.
 
f)  Expanding public transport based on low use or alternatives to fossil fuels instead of private transport based on fossil fuels.
 
g) Enacting legislation and regulating agencies to enforce environmental standards in factories and developing alternative technologies.
 
h) Providing state subsidies for conversion to ecologically sound technologies
 
i)  Re-orient financial resources form environmentally damaging oil and gas pipelines in the Amazon toward expanding maritime transport and conservation.
 
j) Tighten state regulation over the timber industry, contraband, drug procession and other predatory practices which destroy natural resources.
 
k) Expanding urban green areas, constructing parks, zoos, aquariums through strict land use legislation.
 
l)  Lower the level of public litter through obligatory national recycling campaigns, public education and severe penalties for illegal dumping.
 
m) Obligatory education on ecological issues in public and private education beginning in primary schools and continuing throughout the educational process.
 
n)  Nationalize all ocean front property to make it accessible to public with adequate garbage disposal containers and sewage treatment facilities.
 
Local Ecological Proposals
 
1. Introduce voluntary weekly neighborhood clean-up campaigns
 
2. Impose tougher regulation on street vendors, market stall owners on disposal of their trash
 
3. Regularize garbage collection.
 
4. Relocate highly polluting incinerators away from population centers
 
5. Organize public demands for state action on ecologically damaging public or private enterprise polluters.
 
Individual Level
 
1. Organize neighborhood environment committees to educate households on sound environment practices (no dumping of garbage out the window).
 
2. Combine health with ecological education at the level of primary medical clinics.
 
3. Establish voluntary neighborhood patrols to protect the environment.
 
4. Outlaw high pollutant workshops in neighborhoods.
 
5. Encourage the use of low polluting natural gas burners for cooking.
 
6. Combine ecological materials to literacy campaigns.
 
7. Introduce legal penalties for repeated offenders who prejudice neighbors.
 
8. Promote local radio programming, public forums and publicity against littering and for recycling.
 
Conclusion: Making the New Order Irreversible
           
A revolutionary process is as solid and sustainable as the active mass base which supports it. This requires expanding the avenues for popular participation and closing the channels for imperialist financed agents of subversion.
           
Several proposals can strengthen the relative irreversibility of the revolution:
 
The Politics of Irreversibility
 
1. Multiply the sites for popular assemblies — neighborhoods, workplace, cultural activities and so on.
 
2. Multiply the powers accruing to popular assemblies to resolve substantive problems and propose positive legislation. Attendance and popular participation will decline to the degree that people lack the power to deal with important problems.
 
3. Multiply elections and debates of public policies in workplaces and neighborhoods.
 
4. Prosecute agents and collaborators, posing as NGOs (non-governmental organizations) who are financed by imperial governments; outlaw foreign financing of political activity. Speed up judicial inquiries and prosecution of those involved in coup activities, economic sabotage and espionage as well as political assassinations.
 
5. Increase obligatory anti-imperialist education via all levels of public and private education, through the mass media, cultural activities and in the workplace and neighborhoods.
 
6. Sponsor and promote documentaries on the everyday experiences of people victimized imperialist wars, interventions and transitions to capitalism.
 
7. Equalize income and social services and increase the material stakes which the people have in defending the revolutionary process.
 
8. Reduce salaries and privileges of Congress people and functionaries to discourage opportunists, capitalist roaders and opponents from taking control of the political parties and state.  Election in assemblies — popular democracy can neutralize the rise of a new “revolutionary” oligarchy of the “new” rich attempting to corrupt the revolution from within.
 
9. Expand and massify the popular militias, to counter any internal coup or external military intervention. 
 
10.  Expropriate all mass media associated in any way with inciting a military coup or foreign invasion.
 
There are many negative and positive lessons to be learned from previous revolutionary processes, where revolutions were reversed and in cases where revolutions were consolidated.  We can cite as examples of revolutionary reversals, the USSR, Nicaragua and Chile. 
 
Chile  
In the case of Chile, the principal reason for the reversal was the government’s total neglect of security, namely the failure to move from regime change toward a transformation of the state to make it compatible with the socio-economic transformation.  The failure to appreciate the level of penetration of the CIA and Pentagon of civil society was fatal.  The lesson is clear: The need to close all channels for imperialist penetration of civil society; the need to co-coordinate socio-economic changes with transformations of the security apparatus.
 
Nicaragua
The Sandinistas’ strategic mistake was allowing an internal counter-revolution to function in close coordination with imperialist backed and armed contra-paramilitary forces. The lesson is clear: Elections cannot take place in the midst of a war, which destroys the economy and impoverishes the country. Domestic collaborators with imperialist armed aggression should be subject to preventative detention till the war is finished, as was the case with the allies during the Second World War.
 
USSR   
State property and central planning are not sufficient conditions for sustaining a revolution if a bureaucratic elite seizes the state and marginalizes mass popular participation. The dangers to a revolution are as much internal as external: namely the rise to power of a new educated class with dollar signs in their eyes and privileged backgrounds and ambitions. The important lesson is that democratizing the social relations of production, direct participation in policy and the subordination of leaders to popular assemblies reduces inequalities and activates the masses to defend the revolution against the “new class.”
 
Cuba: The Positive Lesson
 
Cuba’s revolution which has so far been irreversible provides several positive lessons for sustaining a revolution.  No single feature of the Cuban revolution is sufficient to explain its sustainability. Rather a series of inter-related factors are essential. Public ownership eliminated potential counter-revolutionary financing, economic sabotage and imperialist collaboration. An efficient military and security system backed by a one-million person militia and neighborhood watch committees has eliminated imperial-backed terrorists, assassins and saboteurs. A highly professional, disciplined, battle-hardened veteran army serves as an important deterrent to an armed US invasion. Equally important, a vast socio-economic reform program especially in health, education and employment has created a popular stake in the revolution. Popular assemblies in the workplace and communities provide some channels for legislative debates, proposals, criticism and _expression of voter preferences. Mass popular mobilization, extensive cultural and educational programs have created a powerful anti-imperialist consciousness. 
 
Emerging contradictions nevertheless have appeared and deepened in Cuba during in the past two decades. Inequalities, tourism, family remittances, the formerly dollarized economy, theft of public property has created a new rich class which threatens the revolution from within. Recognizing the danger, Fidel Castro and Felipe Perez Roque have called for a “revolution within the revolution.”  Culture Minister Abel Prieto has encouraged the ‘battle of ideas’ to counter the objective and subjective basis of the counter-revolution. From above and below, combining important large-scale investments in social reforms and comprehensive cultural and educational programs the revolution continues despite the emerging contradictions. The process continues to be irreversible under the current correlation of forces. The adaptation of the lessons of Cuba to the conditions of Venezuela points to the transformation of the state, economic diversification, deepening and extending class/national consciousness and, above all, the organization of a revolutionary party. These measures would make the revolutionary process in Venezuela irreversible.
 


James Petras, a former Professor of Sociology at Binghamton University, New York, owns a 50-year membership in the class struggle, is an adviser to the landless and jobless in Brazil and Argentina, and is co-author of Globalization Unmasked (Zed). His book with Henry Veltmeyer, Social Movements and State Power: Brazil, Ecuador, Bolivia and Argentina, was published in October 2005. He can be reached at: jpetras@binghamton.edu.

Nalu Faria

Adotar uma perspectiva de construção da igualdade pressupõe compreender que a sociedade é composta por homens e mulheres envolvidos numa relação social específica. Ou seja, uma sociedade sexuada, medicine estruturada transversalmente pelas relações de gênero. Disso, rx decorrem práticas sociais distintas; e também, uma relação desigual e hierárquica entre homens e mulheres. Tal relação tem por base material a divisão sexual do trabalho, que atravessa todo o campo social. Portanto, não há como se questionar o modelo se não se questiona essa desigualdade (Daniele Kergoat, 1996).

O debate sobre economia feminista buscou, em primeiro lugar, visibilizar as mulheres como atoras econômicas, e assim, enfocar o grande volume de trabalho doméstico e de cuidados realizado pelas mulheres, considerados parte do mundo dos afetos, e não reconhecido como trabalho. Dessa forma, desconsidera-se a contribuição das mulheres para a economia. Como categoria de análise, utiliza-se o conceito de divisão sexual do trabalho, que permite abordar a relação entre produção e reprodução, mas também, a exploração diferenciada das mulheres no mundo produtivo e no trabalho assalariado.

Mas é importante compreender as particularidades dessa chamada nova ordem da globalização neoliberal, que estendeu de forma profunda o que chamamos de sociedade de mercado. Nesse modelo, o livre mercado se impôs, organizando a forma de viver da população.

O impacto da divisão sexual do trabalho

A presença das mulheres no trabalho considerado produtivo está marcada pela divisão sexual do trabalho, que separa o trabalho das mulheres do trabalho dos homens, e também os hierarquiza, valorizando mais o trabalho masculino. Além do mais, a presença das mulheres no trabalho assalariado ou no campo não altera em nada a questão da responsabilização das mulheres pelo trabalho doméstico e de cuidados. Mesmo depois das lutas feministas em vários países, isso mudou muito pouco, inclusive na realidade européia.

A privatização dos serviços básicos impede a garantia de direito a água, eletricidade, saúde e educação. Com isso, sobrecarregam-se as mulheres com o trabalho de cuidado, pois essa responsabilidade não é dividida adequadamente nem com os homens, nem com o Estado. Ainda que seja crescente o negócio de tecnologias domésticas e produtos que possam facilitar a realização desse trabalho, seu acesso está condicionado pelos recursos necessários para adquirir tais produtos. Com mais ou menos tecnologia doméstica ao alcance, a responsabilidade das mulheres nas tarefas de reprodução segue sendo central, e determina o uso do nosso tempo, opções e construção da subjetividade
.
O segundo aspecto é que, sob este modelo de globalização neoliberal, a atual divisão internacional do trabalho é estruturada pela divisão sexual do trabalho. As mulheres estão concentradas em setores da produção internacionalizada, como em determinados ramos do agronegócio como a produção de frutas no Chile, aspargos no Peru, castanhas na Bolívia, flores na Colômbia, beneficiamento de pescados em outros. Na indústria, estão nas maquilas do México, da América Central ou Ásia.

Como característica da divisão internacional do trabalho, esse modelo utiliza a precarização do trabalho feminino. Nos países do Norte, isso se dá por meio da modalidade de trabalho em tempo parcial, enquanto nos países do Sul, via trabalho informal e precário.
Há que mencionar, como parte desse processo, o turismo sexual no Sul, e a migração e o tráfico para o Norte, que incrementa, por um lado, a prostituição e a indústria do entretenimento, e de outro, o emprego doméstico no Norte, o que Cristina Carrasco chama de “globalização do trabalho de cuidar das pessoas”.

Por outro lado, há o fato tão mencionado de que, sob essa globalização, aumentou o trabalho assalariado das mulheres. Porém, o desemprego segue mais alto para as elas, e no campo, o balanço em relação ao acesso a trabalho e a renda para as mulheres é negativo. Ocorre, inclusive, uma diminuição da população no campo e maior migração das mulheres. Sabe-se que isso tem a ver com a ocupação de nossos territórios pelas transnacionais e, portanto, da concentração da terra em poucas mãos.

Nas palavras de Julia Di Giovanni (Folha Feminista, 2004): “Na globalização neoliberal, nas novas e velhas formas de imperialismo, vivemos sob uma combinação perversa entre mercado e patriarcado. A mesma força do patriarcado que nos mantém caladas como objetos do poder masculino, permite ao movimento da ‘mão invisível’ do mercado que negocia nossas vidas e direitos, é a mesma força do punho militarista que também se move impune por detrás das liberdades do capital”.

Autonomia sobre seus corpos e suas vidas

Essa realidade também significa um retrocesso em várias conquistas feministas dos anos 70 e 80. Como parte desse processo, o mercado se apropriou do modelo de feminilidade tradicional e isso pode ser constatado em múltiplas dimensões, mas tem como ponto central a idéia de que as mulheres devem viver para agradar o outro.

Foi dentro dessa lógica de mercantilização de todos os aspectos da vida que voltou a ser imposto um padrão de beleza estrito, vinculado a uma indústria que coloca a possibilidade da compra de tal beleza no mercado. Para isso, há toda uma parafernália que inclui regimes para emagrecimento baseados na medicalização, cosméticos, academias de ginástica, botox, lipoaspiração, cirurgias plásticas, etc.

Segue também a idéia de que uma mulher só é completa com a maternidade. Nesse caso, há uma apropriação perversa da luta das mulheres por emancipação e, hoje, a mulher é cada vez mais a única responsável pela família, em particular, nos setores mais pobres. Ao mesmo tempo, dentro dessa apropriação perversa, as mulheres são visibilizadas dentro do modelo como as pobres. Ou seja, o mercado se apropriou também do reconhecimento das mulheres como atoras econômicas. São vistas como aquelas que vão gerir a pobreza, gerenciando as políticas focais de alívio da pobreza. Ao mesmo tempo, esse modelo criou uma falsa dicotomia entre o econômico e o social. Magdalena León (2005) colocou o tema da seguinte forma: “… essa velha problemática da economia feminista, com a globalização, transformou-se em outra, que é voltar a lutar pelo status econômico que tem a ver não só com a reprodução, mas com uma parte da produção feita pelas mulheres. Um problema central é que está traçada uma linha divisória entre o que é econômico e o que é social, em termos de temas, problemas, fenômenos, mas também de competências (….) O principal nesse campo são as finanças públicas, as taxas de juros (…) as questões relacionadas ao mundo monetário e financeiro. Foi-se separando cada vez mais alguns temas como sociais, por exemplo, o trabalho. Então, em geral, para toda a população, o trabalho, a pobreza e, claro, a saúde, a educação, etc, são vistos e tratados como temas sociais”.

É fundamental ir além da avaliação dos impactos diferenciados das políticas econômicas sobre as mulheres, ou seja: atuar para explicitar a centralidade das relações de gênero no modelo econômico. Cabe, portanto, ver as magnitudes e significados das nossas contribuições nas relações que fazem possível sustentar a vida, a produção e a reprodução dentro de um modelo ineficiente e depredador.

Por uma integração geradora de igualdade

A integração do continente tem o desafio de mudar as relações de produção estabelecidas ao longo do colonialismo e do capitalismo neocolonial, que tornaram nossos povos dependentes e subordinados. Além disso, uma integração com igualdade deve atuar para desmantelar os mecanismos de opressão, que conjugam classe, gênero, raça e etnia. Nesse sentido, há que se atuar para desconstruir as diversas formas de discriminação de mulheres, negros, indígenas, homossexuais e todos os setores oprimidos. Para isso, as reivindicações de tais setores terão que ser assumidas efetivamente, e o conjunto dos movimentos deve incorporar essas plataformas como parte de um projeto de integração. Por exemplo, a luta contra a violência que as mulheres sofrem pelo direito a soberania sobre o corpo e a sexualidade, etc.
A partir dessas considerações, entendemos que uma proposta de integração geradora de igualdade deve (1):

  • Colocar o tema do equilíbrio entre produção e reprodução e atuar para que a sustentabilidade da vida humana seja o eixo central para a construção de um novo modelo. Ou seja, a satisfação das necessidades humanas e o bem estar. Isso remete ao debate da relação entre produção e reprodução. Evidentemente, uma das questões básicas nesse debate tem a ver com a visão de desenvolvimento e de crescimento que muito já foi questionada pelo feminismo. O debate é sobre o quê e como produzir, e como distribuir. Hoje, o mercado impõe um padrão de consumo alimentar baseado na indústria e comércio da alimentação sob controle das grandes transnacionais, contexto no qual a distribuição está concentrada nos grandes supermercados. Muitas vezes, esse padrão é adotado pelas famílias em função de diminuir o trabalho doméstico, uma vez que isso está sob a responsabilidade individual das mulheres. Isso se remete não só à forma como se organiza o consumo cotidiano, mas ao modelo energético, à relação com a natureza, ao padrão de consumo, à produção industrial e camponesa, à organização dos serviços públicos, etc. Assim, deve-se agregar a importância de visibilizar as dimensões de gênero em tais decisões.
  • Um projeto emancipador só existirá se for garantida a soberania das mulheres sobre suas vidas. A autonomia sobre nossos corpos, o direito a viver sem violência, a optar se queremos ou não nos reproduzir, a interromper uma gravidez indesejada. Que essa soberania seja garantida pelo Estado e que o conjunto da sociedade construa e reconheça modelos abertos de sexualidade e de família, que não fiquem atados àqueles impostos pelo patriarcado, o capitalismo, a igreja e a norma heterossexual.
  • É estratégico ter a Soberania Alimentar como uma das propostas estruturais de um projeto de integração dos povos. Em primeiro lugar, ela propõe a defesa do conhecimento das mulheres e recusa qualquer mecanismo de privatização da vida. Além disso, é possível visibilizar a relação campo-cidade e a importância de considerar a inter-relação entre o consumo alimentar na cidade com a produção e distribuição de alimentos. A integração alternativa é indispensável para, finalmente, romper a matriz colonial que se mantém em nossas economias, pois nos atribuiu e nos atribui o que devemos produzir, e em que condições, fato que, na fase neoliberal chegou a afetar a estrutura básica de produção alimentar que haviam construído as economias indígena e rural.
  • É fundamental recolocar o papel do trabalho com centralidade. Seja no sentido de recuperar que o trabalho humano é o principal construtor das riquezas existentes, seja no sentido de atuar para a desalienação do trabalho e a reorganização do mesmo. Nisso se insere não só o debate dos direitos e das condições de trabalho, mas também, a construção de uma crítica e uma alternativa a fenômenos ainda considerados um pouco fora da agenda dos movimentos. Por exemplo, o tema da migração, turismo sexual, tráfico sexual e prostituição. Não se trata apenas de reivindicar os direitos dos/das migrantes nos países para onde foram. Trata-se de questionar a extensão, o significado desses fenômenos, principalmente desmascarando tanto o papel das máfias envolvidas, como a hipocrisia de muitos governos que vêem nesses processos possibilidades de aumentar a entrada de dólares no país. O neoliberalismo fez com que nossa produção fosse destinada ao exterior, o que impõe um modelo de desigualdade ao interior dos países. Garantir trabalho digno para todos e todas, emprego com direitos, erradicação da pobreza, a oportunidade de não ter que migrar e possuir condições para viver onde queiram, são questões que se vinculam diretamente com decisões soberanas sobre o modelo e a política econômica.
  • Recuperar o sentido público do Estado. Na maioria dos nossos países, o Estado não é mais reconhecido pela população como provedor de direitos, e o neoliberalismo tem atuado sobre isso. É necessário recuperar o papel do Estado como o que garante esses direitos, que esteja a serviço da sociedade e do povo, que exerça seu poder e execute a gestão de forma democrática, transparente, com participação popular. Portanto, o conjunto dos governos deve romper com a visão monetarista de acordo com a qual atuam, baseada no ajuste, sem colocar a questão da garantia de direitos como a sua principal função. Um Estado comprometido com a autodeterminação dos povos, que respeite a diversidade e que esteja comprometido com a construção de uma sociedade igualitária. Isso significa que os governos devem enfrentar os privilégios com as elites que impedem que nossos povos tenham seus direitos garantidos.
  • Uma ampla e urgente democratização dos meios de comunicação que rompa com intermediação dos meios transnacionais e empresariais que impõem suas próprias agendas de comunicação, invisibilizam as mulheres em sua ação pública e criminalizam a ação social. Precisamos nos apropriar da comunicação no sentido da cidadania, a fim de estabelecer diálogos entre países e povos que propiciem o conhecimento e entendimento mútuo.

Perspectiva feminista para enfrentar o mercado

Por outro lado, ainda há um conjunto de temas vinculados à questão de alternativas que devem ser construídas a partir de uma visão feminista. Os temas da energia, de investimento, da crítica à empresa como a suposta unidade econômica, e alguns ramos da tecnologia, em geral, refletem espaços nos quais as mulheres permanecem excluídas. Não é por acaso que em temas como a defesa da biodiversidade e a crítica às patentes, as mulheres têm sido protagonistas, pois sua experiência cotidiana, ainda que marcada pela divisão sexual e seu lugar na família, permitiram acumular conhecimentos e construir posições críticas às tentativas de dominação por parte do mercado e, ao mesmo tempo, apresentar alternativas.
A visão de integração que queremos construir é baseada na ética e em valores de humanidade, não apenas no mercado. Propõem-se mudanças no modelo econômico, pelas quais noções como crescimento, mercado, modernização e desenvolvimento são questionadas. No debate atual, há enunciados gerais que coincidem com princípios-chave da economia feminista: solidariedade, cooperação, reciprocidade e justiça. O desafio é que passem de um discurso retórico a práticas e políticas concretas.

A reapropriação coletiva de nossos recursos, a adoção de formas variadas de organizar a produção, a prioridade para o cuidado e bem estar humanos, o fortalecimento das diversidades e autonomia plena das mulheres são imperativos para Outra Integração.

É no processo de luta e organização que se dá a construção das bases desse sujeito coletivo histórico, que luta por uma sociedade sem exploração, sem desigualdade em relação às mulheres, sem racismo, com respeito à liberdade de orientação sexual e a garantia da soberania dos povos unidos em sua diversidade.

Notas:
(1) Algumas propostas contidas nesse texto estão baseadas no panfleto Mulheres construindo alternativas para outra Integração, elaborado para Cumbre Social de los Pueblos, Cochabamba, dezembro de 2006.


Nalu Faria e coordenadora da SOF-Sempreviva Organizacao Feminista

Bank of the South: Toward Financial Autonomy

Raúl Zibechi



The launch of the Bank of the South is an ambitious and strategic gambit in regional integration, check one that could result in a truly regional development bank. Despite Brazilian concerns, this new institution is ready to be launched.

“Positive,” Joseph Stiglitz, Nobel Laureate in Economics, concluded in a recent speech to the Argentine business association in Buenos Aires. He noted that the new Bank of the South (BoS) would allow South American nations to assist each others’ economies, adding that a major obstacle for emerging markets is a lack of long-term financing, and development banks have been successful in the past at filling this void.

On May 22 in Asunción Paraguay, the six founding states—Argentina, Brazil, Bolivia, Paraguay, Ecuador, and Venezuela—reached an agreement on the Bank of the South after two months of negotiations. The BoS will begin operations in 2008. It was to be formally presented to the public in the next presidential summit in Venezuela on June 26, although the date has been delayed. Unlike the International Monetary Fund (IMF) and World Bank, the BoS assigns a single vote to each member country, independent of the size of its financial contribution.


The First Steps

Venezuelan president Hugo Chávez initially proposed the idea of the Bank of the South. Argentine president Nestor Kirchner soon followed suit.

The first step was to throw down the gauntlet. Chávez and Kirchner did this on Feb. 21 in Puerto Ordaz, Venezuela, during the inauguration of the first active oil well in a joint venture between their two state energy companies, Energia Argentina S.A. (Enarsa) and Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA).

The two presidents proposed creation of an institution to quickly and effectively finance regional development projects in a more independent manner. Currently there are two regional banks. The River Plate Basin Financial Fund (FONPLATA), consisting of Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, and Uruguay, has a mere US$410 million at its disposal. The Andean Promotional Corporation (CAF) manages US$10.5 billion, available for investment in infrastructure. Both banks are related to the World Bank and the IMF, and are structured along the same lines.

During the annual governing meeting of the Inter-American Development Bank (IADB), held in March 2007 in Guatemala, the Argentine and Venezuelan finance ministers made some progress on technical matters and solidified objectives for the proposed institution. In early May, representatives of the six countries reached a consensus known as “The Quito Declaration” that proposed the creation of the Bank in the first quarter of 2007. They also agreed to a stabilization fund designed to aid countries suffering international speculative attacks, and to develop a regional currency. The critical challenge was bringing Brazil on board.


Difficulties and Obstacles

There are two countries professing left-wing progressive governments that are notably absent from the bank’s founding members—Chile and Uruguay. The former has a bilateral trade agreement with the United States and applies neoliberal economic policies. The latter, although a full member of the South American Common Market (Mercosur), has serious political issues with its neighbors, Brazil and Argentina. Uruguay has collided repeatedly with Brazil on trade issues and resents the fact that its powerful neighbor announced its refusal to accept Uruguay’s intention of signing a unilateral trade agreement with the United States. In Argentina’s case the main issue is a dispute over a new paper pulp mill built on the Uruguayan bank of the river that forms Uruguay’s western border with Argentina.

Another difficulty relates to the situation in Brazil. Brazil already has its own development bank, the National Bank of Social and Economic Development (BNDES), and does not need to create a new regional financial entity. It may also be that Brazil would be required to supply more funds than it might expect to receive.

The BNDES currently handles more funds than all other regional development organizations put together, including the IADB. For this reason Brazil is leaning toward the reactivation of currently existent banking entities.

Despite frictions on economic issues, the main problems confronting the Bank of the South are political. In May two positions evolved: the first was that of the Venezuelan and Argentinean finance ministers, the second, that of Ecuador. Each group drafted documents reflecting their views. According to the Ecuadorian documents, the joint Argentine/Venezuelan position lacked environmental protection, cultural, and educational policies. Furthermore it took the position that each nation’s vote should be allotted according to the funds provided. In general their criticism was that much of the proposed ordinances were carbon copies of those of the World Bank, the IMF, and the IADB.

The document presented by Ecuador proposed three pillars: a regional monitory fund, the BoS, and a regional currency. It bases these on the guiding principle that “the implementation of economic instruments should bring about the guarantee of fundamental human rights.” This perspective implies that the bank’s clients should not be large corporations; rather it should give loans “to the public sector, to small producers, to local communities, to municipalities, and to states or provinces.”

Finally the document asserts that BoS should not be a behemoth like the World Bank with its 13,000 employees, and it should account for operations and activities on an annual basis. It required an annual public debate for the bank to explain its activities to the citizenry whose taxes it used.

The two concepts of the BoS are clearly contradictory and it does not seem possible to arrive at a consensus. To date all parties have agreed to some of the Ecuadorian proposals, such as equal voting rights. What remains to be decided is whether the bank has responsibility for intervening in financial crises (à la IMF) or whether it be viewed as a partner in economic development.

Brazil and Argentina are working toward a regional currency for Mercosur countries within the next four years. This year the two countries will launch a bilateral exchange of currencies. Whatever happens, it seems clear that the foundation and consolidation of the BoS shall depend on the ongoing volition of regional governments. Also necessary is that the majority of the countries involved maintain their current political orientation, which is not a sure thing, especially in the case of the all-important Brazil.


A New Financial Architecture

The founding documents of the BoS propose the creation of a financial architecture that will bring greater autonomy to the region, buffering it from international capital markets. “To break the vicious circle of financing in the region, where our reserves are placed in northern banks at interest rates below what we are charged when they lend to us,” the document states. In short, the new bank offers the dual benefits of escaping the financial controls exercised by developed countries and capital markets. The six member countries currently have US$164 billion deposited in northern developed countries.

In some ways, the Bank of the South forms part of the process of distancing their economies from neoliberal economic policy that has characterized many of the countries in the region to one degree or another. In 2006 both Brazil and Argentina paid off their IMF loans ahead of schedule and began to withdraw in practice from that institution. Last March, the eleven countries of the Union of South American Nations (formerly the CSN) proposed the creation of a regional stabilizing fund of US$5 billion to prevent speculative attacks on national currencies. According to the member countries, this was a means to avoid dependence on the IMF in crisis situations, thereby creating a complementary mechanism to that proposed in the Bank of the South.

Nevertheless, in order to comply with its charter the BoS should not simply play a regional financial role but should counteract the effects of decades of deregulation and reduced economic protection. Neoliberalism is not just an economic creed but a determining factor in all facets of society. For that very reason the BoS cannot limit itself to competing with the IADB, the World Bank, and the CAF in financing development projects, but should instead question the core definition of the term “development” as understood by these organizations.

To begin with, the new bank should confront the process of converting the planet into an object of international finance, which is a key precept of neoliberal policy. Also, it should provide an impetus for development based on sovereignty of the peoples and integration that is not founded on free market precepts but on egalitarian and fraternal relations between peoples, regions, and nations.

As such, the financing of large infrastructure projects—one of the main themes for all regional banks—should give priority to internal development. Until recently, the common interpretation of the term infrastructure was that of finding the best way to link regional countries with markets in the developed world to export their raw materials to serve multinationals and northern markets.

Argentine economist Aldo Ferrer writes, “The Bank of the South should not be considered as an alternative to the IMF purely in the sense of its financial operations, instead it should be viewed as a bank for investment in technological and social change.” Energy will be one of the first priorities of the new bank and one of its first projects will be to finance the proposed South American Gas Pipeline, which will link Venezuela with Argentina, passing through Brazil. This will be a real regional integration project because the gas transport is oriented toward regional economic development as opposed to exporting it to markets in the developed world.

Finally the Bank of the South can play a decisive role in reuniting a region divided by decades of neoliberalism. To implement the neoliberal model, its main beneficiaries—the financial institutions and monopolistic corporations—have weakened or dismantled the power of the nation state. It may be that one of the primary tasks of the BoS could be rebuilding state control and regulations.

These types of questions are at the center of the Latin American regional agenda. The Bank of the South should not be considered an end in itself but rather a tool to further the changes currently underway. This is its main potential. It is coming into being to accomplish this, and all other tasks should be considered secondary.

It will be, above all, a different kind of bank: its members shouldn’t see it as a way of advancing their personal careers, its funds should not be destined to accumulate maximum earnings but dedicated to fulfilling the needs of the peoples and those who have historically been excluded.


End Notes

  1. The Quito Declaration can be found at: http://www.cadtm.org/
  2. Brazil’s BNDES has US$120 billion for use strictly within Brazil and the IADB has US$100 billion for the whole region.
  3. See Eric Toussaint’s article, co-editor of the Ecuadorian document.
  4. Ibid.
  5. Ibid.
  6. Argentine newspaper La Nación, March 25, 2007.
  7. Argentine newspaper Página 12, March 17, 2007.
  8. See: Pablo Dávalos, ob. cit.
  9. Mercosur press agency, May 26, 2007.
  10. Ibid.


Translated for the Americas Program by Tony Phillips.


Raúl Zibechi is a member of the Editorial Council of the weekly Brecha in Montevideo, Uruguay, a teacher and researcher focused on social movements at the Multiversidad Franciscana de América Latina, and adviser to social groups. He is a monthly collaborator of the Americas Program (www.americaspolicy.org).


Labour and Development: What can be Learned from the Nordic Model?

Asbjørn Wahl
This article examines the welfare state as it developed over the last half century, ed particularly in Scandinavian countries. The author argues that, rather than being part of a general road to development, it was the result of a very specific historic development in the twentieth century which cannot be replicated. The welfare state, in the form of regulated capitalism, was not labour’s original objective in countries of the North, but was the result of a social pact between capital and labour. Today, capital has more or less withdrawn from this pact and has started to attack and undermine achievements won during the years of the welfare state, causing an increase in poverty and a widening gap between rich and poor. A depoliticized and deradicalized trade union movement has been pushed onto the defensive. The author concludes the main objective of the labour movement today, in the North as well as in the South, must therefore be to limit the power of capital and to subject the economy to democratic control. This will not occur through social dialogue and tri-partite cooperation, but through class struggle and social confrontation.
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