Declaración del VII Encuentro Hemisférico de Lucha contra los TLCs y por la Integración de los Pueblos

Cuba
A todos los movimientos y organizaciones sociales y civiles de América:
Nuestro continente vive una nueva etapa crucial de su historia, ailment con agudas contradicciones entre los progresos y la reafirmación de la soberanía de varios países, y el aumento de las tendencias intervencionistas y agresivas de Estados Unidos. Entre los avances en las luchas de los movimientos sociales y la represión y criminalización de la protesta social.
El ALCA representó el intento de apuntalar y volver irreversible la política neoliberal por medio de un tratado internacional, política que se venía implementando en el continente desde la década del 80. A dos años de su derrota se evidencia que su contenido fundamental se sigue implementando en muchas partes del Continente, a través de los Tratados de Libre Comercio y otras políticas como las reformas internas, la privatización, la desregulación estatal, la liberalización comercial, la financiarización, la flexibilización laboral, la militarización, entre otras. A escala mundial las multinacionales siguen promoviendo su agenda y existe el grave peligro de que la OMC, en su cumbre ministerial, profundice la liberalización económica mundial.
En muchos países del continente se mantiene la imposición de este modelo basado en el libre comercio exterior y en la inversión extranjera con todas las garantías y beneficios, afectando el medio ambiente, la soberanía alimentaria, el desarrollo propio y las prioridades sociales y productivas de los países. En particular, se expresa en la profundización de la extracción de recursos naturales para la exportación, y en los agronegocios -especialmente los agrocombustibles- los cuales han sido una importante causa del aumento de los precios y de la escasez de alimentos en el mundo y de la deforestación de la selva amazónica. Otros mecanismos en los que se sustenta son la sobre explotación de la mano de obra y la construcción de infraestructura dirigida exclusivamente al comercio internacional.
De igual forma, Estados Unidos pretende trasladar su crisis económica hacia los demás países de América ocasionando múltiples efectos negativos. En este contexto, la pobreza se profundiza, estimulando procesos migratorios que son tratados por Estados Unidos y otros países desarrollados como una amenaza a su seguridad nacional y, por lo tanto, las y los migrantes son reprimidos como si fueran terroristas.
Pero lo más alarmante en estos momentos es que esta “lógica” de neoliberalismo y libre comercio va acompañada ahora de una creciente militarización, subordinada a las políticas de seguridad de Estados Unidos, como está plasmado claramente en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte – ASPAN. Con el pretexto del combate al terrorismo y el narcotráfico se promueve el recorte de las garantías ciudadanas, por medio de reformas a las leyes penales; se criminaliza la protesta social y se da un nuevo impulso a instrumentos como el Plan Colombia, ahora claramente conectados a la campaña de la derecha internacional para provocar una situación de conflicto en la región, que le permita a Estados Unidos y sus aliados, las oligarquías privilegiadas de siempre, recuperar por la vía de la violencia el espacio que les ha sido arrebatado en el terreno político y de las luchas sociales.
El neoliberalismo y la persecución amenazan particularmente a los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes, quienes sufren los efectos de las disputas sobre sus tierras y riquezas naturales, por parte de las multinacionales con la complicidad de los gobiernos locales. En el mismo sentido, se aplica una tendencia regresiva en derechos sexuales y reproductivos que las mujeres conquistaron con esfuerzos años atrás y la persistencia en el aprovechamiento de la división sexual del trabajo en desmedro de los derechos y la calidad de vida de las mujeres y fortaleciendo el patriarcalismo neoliberal.
Estados Unidos no se resigna a perder el control del continente y a permitir que países soberanos desafíen su hegemonía y entorpezcan su saqueo, y está peligrosamente intentando revertir los avances habidos en el sur del continente, por medio de desestabilizar la región -como es su campaña contra Venezuela y el “populismo”, con la ayuda de la derecha internacional-, alentar los conflictos internos y la reacción de las oligarquías -como está haciendo al auspiciar el separatismo oligárquico en Bolivia- e incluso promover provocaciones armadas para incendiar la región y facilitar su intervención -como ha sucedido recientemente con el ataque del gobierno colombiano en territorio de Ecuador. Denunciamos que como parte de la agresividad imperial cinco patriotas cubanos permanecen encarcelados ya por diez años en las prisiones de Estados Unidos por el crimen que ha cometido Cuba de ser ejemplo de autodeterminación y justicia social para el resto de América Latina y exigimos su inmediata e incondicional liberación.
Al mismo tiempo alertamos sobre la ofensiva de la Unión Europea que presiona la suscripción de nuevos tratados de libre comercio en Centroamérica, la región andina, y a reanudar las negociaciones hace años paralizadas con MERCOSUR, e incorporar a todo el Caribe a su agenda neoliberal. La Cumbre Social Birregional Enlazando Alternativas 3, ha realizarse del 13 al 16 de mayo de 2008 en Lima, en forma simultánea a la Cumbre presidencial Unión Europea – América Latina y el Caribe, debe ser una ocasión para denunciar estos propósitos, develar el papel de las multinacionales europeas y avanzar en la construcción de procesos de resistencia social.
Aquellos países en los cuales han asumido gobiernos progresistas, los pueblos enfrentan conflictos relativos al alcance de las transformaciones del modelo y las oportunidades y limitaciones para garantizar caminos alternativos en búsqueda de la integración de los pueblos. En este escenario, las alternativas de integración como el Tratado de Comercio de los Pueblos – TCP y el ALBA sufren los embates del imperialismo que intenta desactivar su potencial renovador. Incluso la UNASUR está siendo boicoteada para que no se materialice. Procesos innovadores en el terreno financiero, como la auditoría de la deuda adelantada por el gobierno ecuatoriano, deben ser apoyados. Estaremos vigilantes para que la propuesta del Banco del Sur garantice la financiación de un desarrollo alternativo distinto al neoliberal.
El movimiento social continental debe, en estas circunstancias, reforzar sus vínculos, estimular la solidaridad y cooperación entre sus diferentes sectores, reforzar su capacidad de lucha, integrar activamente a los nuevos protagonistas sociales y a los sectores más dinámicos de la lucha social, y resistir los intentos de reversar las conquistas realizadas. Pero también debe mantener la capacidad crítica y movilizadora ante la permanencia a nivel continental de numerosas políticas que quieren apuntalar un modelo que ha demostrado su incapacidad de solucionar los problemas del pueblo.
Frente a todo lo señalado, desde este Encuentro hacemos un llamamiento a:
1. Renovar el pacto de unidad de los movimientos sociales y revitalizar la coordinación de nuestras luchas a escala continental, a lo que contribuye el Plan de Acción que acompaña a este llamamiento.
2. Fortalecer la resistencia contra los tratados de libre comercio ahí donde ya existen, impedir el paso de estos tratados en donde está pendiente su definición y prevenir su firma en aquellos países donde se están negociando actualmente, incluyendo aquellos con la Unión Europea y Canadá.
3. Multiplicar y fortalecer nuestras luchas en defensa de las conquistas alcanzadas por nuestros pueblos, que buscan proteger los derechos sociales, los recursos estratégicos y la soberanía, contra la globalización neoliberal.
4. Oponernos y condenar las acciones de militarización del continente que provocan conflictos en la región, a la anulación de las libertades democráticas y a las políticas reaccionarias contra los derechos integrales de las mujeres.
5. Consolidar los procesos de integración alternativa e influir en ellos para que verdaderamente representen la superación de la política neoliberal y un camino de desarrollo sustentable para los pueblos.
6. Estar alerta frente a la estrategia de separatismo oligárquico alimentado por Estados Unidos contra el proceso de recuperación de soberanía, democracia y dignidad del pueblo boliviano. Estar listos para movilizarnos a defender el derecho del pueblo boliviano de conducir su destino sin la amenaza y la violencia de las oligarquías que buscan preservar sus ilegítimos privilegios.
7. Debatir y rechazar el Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte – ASPAN, que pretende llevar a un nuevo nivel el Nafta, incorporándole los temas energéticos y el agua como parte la agenda de seguridad estadounidense, convirtiéndose en el referente para aplicar en todo el Continente.
8. Desarrollar acciones de solidaridad con los cincos patriotas cubanos presos en Estados Unidos.
9. Mantenernos vigilantes sobre la amenaza de fraude electoral en Paraguay, ante la posibilidad del triunfo de un candidato progresista.
10. Exigir la retirada de las tropas extranjeras de Haití, el cierre de la Base de Manta y la desmilitarización del continente.
“Los 200 millones de pobres, 53 millones de hambrientos y 43 millones de analfabetos de América necesitan alimentos, trabajo, educación y salud, no libre comercio ni nuevas recetas neoliberales, y mucho menos la militarización y la violencia”

Da Resistência frente à ALCA às Alternativas Populares: a Hora da Integração Regional

(PL y agencias).- La V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) es hoy la historia de la consecución de un modelo integracionista inédito en la historia de la región latinoamericana y caribeña. El presidente de Venezuela, doctor Hugo Chávez, case resumió la esencia de dos sesiones de trabajo de la cita de mandatarios y altos representantes al decir que “la historia de los pueblos se ha puesto de nuevo en marcha”.

Chávez clausuró la V Cumbre del ALBA, cuyo último segmento fue la reunión de los presidentes con los representantes de los movimientos sociales de la región. El presidente venezolano pidió a su colega boliviano, Evo Morales, que a manera de epílogo pronunciara en lengua aymara la frase dicha al morir por el héroe de la resistencia indígena Tupac Katari: “Hoy muero, pero volveré hecho millones”.

Con el simbolismo de esa expresión de unos de los precursores de la independencia americana concluyó el evento que durante el fin de semana sesionó a 350 kilómetros al oeste de Caracas.

Los presidentes Chávez y Morales, en unión del vicepresidente cubano Carlos Lage y el jefe de estado de Nicaragua, Daniel Ortega, firmaron los ocho instrumentos jurídicos emanados de la cita por la integración y la solidaridad entre las cuatro naciones que forman la alianza, más Haití.

La declaración política de la V Cumbre estableció entre otros aspectos el organigrama organizativo del ALBA, que incluye los Consejos de Presidentes, de Ministros y de Movimientos Sociales. La estructura está encabezada por el Consejo de presidentes y seguido por sendos Consejos de Ministros y de Movimientos Sociales y una Secretaría Permanente. En la parte inferior del esquema aparecen diversas comisiones dedicadas a los asuntos políticos, económicos, sociales, energéticos, medio ambiente y otros.

También el documento final recogió una condena a la liberación en estados Unidos del terrorista internacional Luis Posada Carriles y de apoyo al gobierno de Venezuela en su decisión soberana de no renovar la licencia al canal Radio Caracas Televisión.

Los países miembros denunciaron la Convención del Consejo Internacional de Arbitraje e Inversiones y anunciaron su retirada del organismo, con la excepción de Cuba, que nunca perteneció.

La Cumbre acordó los llamados Proyectos ALBA en las áreas de educación, cultura, comercio justo, finanzas, salud, alimentación, telecomunicaciones, turismo, minería, industria y energía. Chávez adelantó la posibilidad de realizar una reunión trilateral con Morales y Lage para firmar una serie de acuerdos que están en proceso.

Anteriormente el ministro de Industrias Básicas y Minería de Venezuela, José Khan, informó la posibilidad de establecer varias alianzas estratégicas con los países participantes en la cumbre para conformar empresas mixtas. Adelantó que uno de ellos dará lugar a una empresa mixta con Cuba, instalada en Venezuela, capaz de producir 500 millones de toneladas de acero inoxidable anualmente.

También se proyecta crear una empresa cubano-venezolana de ferroníquel en la isla con capacidad para 68 mil toneladas al año. Con Nicaragua se realizan estudios para crear en esa nación una empresa de aluminio con cinco líneas, orientada al mercado interno de Nicaragua y Latinoamérica. También con Bolivia se acordó trabajar para la extracción de sus grandes reservas de mineral de hierro, instalar una acería y dos fábricas de cemento.

El resto de los instrumentos jurídicos de la cumbre estuvieron enmarcados en el sector energético con acuerdos con Venezuela de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Haití. Uno de los documentos rubricados por los jefes de estado está orientado a cambiar la matriz energética de las naciones integrantes de la alianza, las cuales implementarán mecanismos para elevar el consumo del gas en sustitución de otros combustibles más caros y contaminadores.

El presidente Chávez abogó porque para la próxima Cumbre los movimientos sociales de la región se incorporen a todos los proyectos del ALBA.

Chávez Frías indicó que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) debe marchar en el futuro hacia una especie de Confederación de Repúblicas. El líder venezolano instó a incorporarse al ALBA a los países que se encuentran invitados en esta cumbre. “Desde aquí le envío la invitación a que consideren su incorporación al ALBA, de forma tal que podamos trabajar mucho más a fondo, creando nuevas estructuras bilaterales o multilaterales para apuntalar los procesos productivos”.

Asimismo, llamó a la consolidación de los gobiernos, “es una tarea de todos nosotros, ayudar a que cada gobierno del ALBA y nuestros amigos aliados se consoliden”.

Chávez señaló que el ALBA no está orientado -desde el punto de vista ideológico- por el socialismo como modelo único, “sin embargo buena parte de los gobiernos del ALBA hemos asumido el socialismo, y más allá del ALBA, el socialismo crece como perspectiva, como idea, como bandera. Hemos visto al presidente Correa levantar desde el Ecuador las banderas del socialismo alfarista y bolivariano”.

www.boliviasoberana.org

V Cumbre del ALBA

Tintorero – Estado Lara, 29 de abril de 2007
En ocasión de celebrarse la V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y el primer aniversario del Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Evo Morales Ayma; Presidente de la República de Bolivia, Carlos Lage Dávila, Vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba; Daniel Ortega Saavedra, Presidente de la República de Nicaragua; todos representantes de los países miembros del ALBA; y contando con la presencia de René Preval, Presidente de la República de Haití; Maria Fernanda Espinosa, Canciller de la República de Ecuador; Reginald Austrie, Ministro de Energía y Obras Públicas de la Mancomunidad de Dominica; Assim Martin, Ministro de Obras Públicas, Transporte, Correos y Energía de la Federación de San Crist& oacute;bal y Nieves; Julian Francis, Ministro de la Vivienda, Asentamientos Humanos Informales, Planificación Física y Tierra de San Vicente y las Granadinas y Eduardo Bonomi, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental del Uruguay, en calidad de invitados especiales y observadores de esta Cumbre, efectuada los días 28 y 29 de abril de 2007, realizaron una completa evaluación del desarrollo de los programas y proyectos aprobados en el Primer Plan Estratégico del ALBA, así como de las acciones de cooperación e integración desplegadas durante el año 2006 en la República de Bolivia y la República de Nicaragua y los hermanos países del Caribe.

En el curso del debate sostenido en un clima de fraternidad y hermandad, ratificamos la idea de que el principio rector de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, es la solidaridad más amplia entre los pueblos de América Latina y el Caribe, sin nacionalismos egoístas ni políticas nacionales restrictivas que puedan negar el objetivo de construir la Patria Grande que soñaron los próceres y héroes de nuestras luchas emancipadoras.

La integración y unión de América Latina y el Caribe a partir de un modelo de desarrollo independiente que priorice la complementariedad económica regional, haga realidad la voluntad de promover el desarrollo de todos y fortalezca una cooperación genuina basada en el respeto mutuo y solidaridad, ya no es una simple quimera, sino una realidad tangible que se ha manifestado en estos años en los programas de alfabetización y salud, que han permitido a miles de latinoamericanos avanzar en el camino de la superación real de la pobreza; en la cooperación dada en materia energética y financiera a los países del Caribe, que está contribuyendo decisivamente al progreso de estos pueblos hermanos; en el incremento sostenido del comercio compensado y justo entre Cuba y Venezuela, y en el conjunto de empresas mixtas conformadas entre ambos en diversas ramas productivas; en el importante apoyo de financiamiento directo brindado a Bolivia para el cumplimiento de diversos programas sociales, en el conjunto de proyectos identificados para la constitución de empresas mixtas binacionales; en todo el proceso de impulso que estamos brindando al Gobierno Sandinista de Nicaragua que en tan solo escasos meses está produciendo efectos altamente positivos en las áreas de generación eléctrica, producción agrícola, suministros de insumos para la industrias, entre otras áreas.

La Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que se sustenta en los principios de solidaridad, cooperación genuina y complementariedad entre nuestros países, en el aprovechamiento racional y en función del bienestar de nuestros pueblos de sus recursos naturales – incluido su potencial energético-, en la formación integral e intensiva del capital humano que requiere nuestro desarrollo y en la atención a las necesidades y aspiraciones de nuestros hombres y mujeres, ha demostrado su fuerza y viabilidad como una alternativa de justicia frente al neoliberalismo y la inequidad.

El ALBA está demostrando con estadísticas concretas que el libre comercio no es capaz de generar los cambios sociales requeridos, y que puede más la voluntad política como sustento de la definición conciente de programas de acción encaminados hacia la erradicación de los dramas sociales de millones de seres humanos en nuestro continente.

En virtud de los antes expresado los Jefes de Estado de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, en representación de sus respectivos pueblos, reafirmaron su determinación de seguir avanzando y profundizando la construcción del ALBA, en el entendido de que esta alternativa constituye una alianza política estratégica, cuyo propósito fundamental en el mediano plazo es producir transformaciones estructurales en las formaciones económico-sociales de las naciones que la integran, para hacer posible un desarrollo compartido, capaz de garantizar la inserción exitosa y sostenible en los procesos de producción e intercambio del mundo actual, para colocar la política y la economía al servicio de los seres humanos.

En el contexto en que toma cuerpo, el ALBA constituye el primer esfuerzo histórico de construcción de un proyecto global latinoamericano desde una posición política favorable. Desde la Revolución Cubana, las fuerzas progresistas del continente, bien desde la oposición o desde el poder, lo que habían hecho era acumular fuerzas para resistir la ofensiva del imperio (Cuba es la excepción porque no solo logró sobrevivir, sino que edificó una sociedad cualitativamente superior, desplegando al mismo tiempo una trascendente labor de apoyo internacionalista a los países más pobres, en medio de un espantoso bloqueo por parte del imperialismo norteamericano); es con el nacimiento del ALBA que las fuerzas revolucionarias hemos podido pasar a una nueva situación que bien pudiéramos def inir como de acumulación de la fuerza política necesaria para la consolidación del cambio que se ha producido en la correlación de fuerzas políticas de nuestro continente.

Ante nosotros se abren nuevas perspectivas de integración y fusión que forman parte del salto cualitativo que están promoviendo los profundos vínculos de cooperación que hemos establecido en estos años. Por tal razón estamos comprometidos a llevar adelante la construcción de espacios económicos y productivos de nuevo tipo, que produzcan mayores beneficios a nuestros pueblos, mediante la utilización racional de los recursos y activos de nuestros países, para lo cual se requiere avanzar en la conformación de empresas Grannacionales, estableciendo y consolidando los acuerdos normativos e institucionales necesarios para la cooperación; instrumentando estrategias y programas Grannacionales conjuntos de todos nuestros países en materias como: educación, salud, energí ;a, comunicación, transporte, vivienda, vialidad, alimentación, entre otros; promoviendo de manera conciente y organizada la ampliación del Tratado de Comercio de los Pueblos con intercambios justos y equilibrados; llevando adelante programas para el uso racional de los recursos energéticos renovables y no renovables, construyendo una estrategia de seguridad alimentaria común a todas nuestras naciones; ampliando la cooperación en materia de formación de recursos humanos; y fundando nuevas estructuras para el fortalecimiento de nuestra capacidad de financiamiento de los grandes proyectos Grannacionales.

Reiteraron su convicción de que solo un proceso de integración entre los pueblos de Nuestra América, que tenga en cuenta el nivel de desarrollo de cada país y garantice que todas las naciones se beneficien de este proceso, permitirá superar la espiral degradante del subdesarrollo impuesto a nuestra región.

En esta V Cumbre hemos visto con mucho regocijo el contenido de la Declaración Política firmada el 17 de febrero en San Vicente y las Granadinas por los Primeros Ministros Roosevelt Skerrit, de la Mancomunidad de Dominica; Ralph Gonsálves, de San Vicente y las Granadinas, Winston Baldwin Spencer, de Antigua y Barbuda y Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, en la cual manifiestan su voluntad de propiciar la más profunda cooperación y unidad entre la Comunidad del Caribe (CARICOM) y los Estados signatarios de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América y el Tratado de Comercio de los Pueblos, de manera que sus beneficios sociales y las posibilidades de un desarrollo económico sustentable con independencia y soberanía sea igual para todos, to do lo cual comienza a materializarse con la presencia en esta V Cumbre de nuestros hermanos del Caribe.

Los Jefes de Estado y de Gobierno de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, acordaron suscribir la presente Declaración en la convicción de que la misma abre el camino hacia una nueva fase de consolidación estratégica y avance político de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en la perspectiva histórica de poder realizar los sueños de nuestros Libertadores de construcción de la Patria Grande Latinoamericana y Caribeña.

Hecho en la ciudad de Barquisimeto, República Bolivariana de Venezuela, a los 29 días del mes abril de 2007.

Por la República Bolivariana de Venezuela Hugo Chávez Frías, Presidente de la República

Por el Gobierno de la República de Bolivia, Evo Morales, Presidente de la República

Por la República de Cuba, Carlos Lage, Vicepresidente de la República

Por el Gobierno de la República de Nicaragua, Daniel Ortega, Presidente de la República

(PL y agencias).- La V Cumbre de la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) es hoy la historia de la consecución de un modelo integracionista inédito en la historia de la región latinoamericana y caribeña. El presidente de Venezuela, prescription Hugo Chávez, resumió la esencia de dos sesiones de trabajo de la cita de mandatarios y altos representantes al decir que “la historia de los pueblos se ha puesto de nuevo en marcha”.
 
Chávez clausuró la V Cumbre del ALBA, cuyo último segmento fue la reunión de los presidentes con los representantes de los movimientos sociales de la región. El presidente venezolano pidió a su colega boliviano, Evo Morales, que a manera de epílogo pronunciara en lengua aymara la frase dicha al morir por el héroe de la resistencia indígena Tupac Katari: “Hoy muero, pero volveré hecho millones”.
 
Con el simbolismo de esa expresión de unos de los precursores de la independencia americana concluyó el evento que durante el fin de semana sesionó a 350 kilómetros al oeste de Caracas.
 
Los presidentes Chávez y Morales, en unión del vicepresidente cubano Carlos Lage y el jefe de estado de Nicaragua, Daniel Ortega, firmaron los ocho instrumentos jurídicos emanados de la cita por la integración y la solidaridad entre las cuatro naciones que forman la alianza, más Haití.
 
La declaración política de la V Cumbre estableció entre otros aspectos el organigrama organizativo del ALBA, que incluye los Consejos de Presidentes, de Ministros y de Movimientos Sociales. La estructura está encabezada por el Consejo de presidentes y seguido por sendos Consejos de Ministros y de Movimientos Sociales y una Secretaría Permanente. En la parte inferior del esquema aparecen diversas comisiones dedicadas a los asuntos políticos, económicos, sociales, energéticos, medio ambiente y otros.
 
También el documento final recogió una condena a la liberación en estados Unidos del terrorista internacional Luis Posada Carriles y de apoyo al gobierno de Venezuela en su decisión soberana de no renovar la licencia al canal Radio Caracas Televisión.
 
Los países miembros denunciaron la Convención del Consejo Internacional de Arbitraje e Inversiones y anunciaron su retirada del organismo, con la excepción de Cuba, que nunca perteneció.
 
La Cumbre acordó los llamados Proyectos ALBA en las áreas de educación, cultura, comercio justo, finanzas, salud, alimentación, telecomunicaciones, turismo, minería, industria y energía. Chávez adelantó la posibilidad de realizar una reunión trilateral con Morales y Lage para firmar una serie de acuerdos que están en proceso.
 
Anteriormente el ministro de Industrias Básicas y Minería de Venezuela, José Khan, informó la posibilidad de establecer varias alianzas estratégicas con los países participantes en la cumbre para conformar empresas mixtas. Adelantó que uno de ellos dará lugar a una empresa mixta con Cuba, instalada en Venezuela, capaz de producir 500 millones de toneladas de acero inoxidable anualmente.
 
También se proyecta crear una empresa cubano-venezolana de ferroníquel en la isla con capacidad para 68 mil toneladas al año. Con Nicaragua se realizan estudios para crear en esa nación una empresa de aluminio con cinco líneas, orientada al mercado interno de Nicaragua y Latinoamérica. También con Bolivia se acordó trabajar para la extracción de sus grandes reservas de mineral de hierro, instalar una acería y dos fábricas de cemento.
 
El resto de los instrumentos jurídicos de la cumbre estuvieron enmarcados en el sector energético con acuerdos con Venezuela de Bolivia, Nicaragua, Cuba y Haití. Uno de los documentos rubricados por los jefes de estado está orientado a cambiar la matriz energética de las naciones integrantes de la alianza, las cuales implementarán mecanismos para elevar el consumo del gas en sustitución de otros combustibles más caros y contaminadores.
 
El presidente Chávez abogó porque para la próxima Cumbre los movimientos sociales de la región se incorporen a todos los proyectos del ALBA.
 
Chávez Frías indicó que la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) debe marchar en el futuro hacia una especie de Confederación de Repúblicas. El líder venezolano instó a incorporarse al ALBA a los países que se encuentran invitados en esta cumbre. “Desde aquí le envío la invitación a que consideren su incorporación al ALBA, de forma tal que podamos trabajar mucho más a fondo, creando nuevas estructuras bilaterales o multilaterales para apuntalar los procesos productivos”.
 
Asimismo, llamó a la consolidación de los gobiernos, “es una tarea de todos nosotros, ayudar a que cada gobierno del ALBA y nuestros amigos aliados se consoliden”.
 
Chávez señaló que el ALBA no está orientado -desde el punto de vista ideológico- por el socialismo como modelo único, “sin embargo buena parte de los gobiernos del ALBA hemos asumido el socialismo, y más allá del ALBA, el socialismo crece como perspectiva, como idea, como bandera. Hemos visto al presidente Correa levantar desde el Ecuador las banderas del socialismo alfarista y bolivariano”.
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Luis Suárez Salazar

In his best-known work, treatment Cuban independence hero José Martí called for no less than a “second independence of our América” in the face of American imperialism, or as he termed it, “la Roma Americana” (the American Rome). For Cuba’s revolutionary government, this required—and still requires—the deployment of an active, multifaceted foreign policy to recalibrate the overwhelming asymmetry of power between Cuba and the United States.

On September 2, 1960, in response to the already recurrent aggressions of the U.S. government against the young Revolution and to a resolution approved at the Organization of American States (OAS) just days before, Cuba’s National General Assembly ratified the “First Declaration of Havana.” Still a cornerstone of Cuban foreign policy, the Declaration announced Cuba’s “friendship with the peoples of the world,” and it asserted the country’s right to establish official relations with all governments that sought them—including the Soviet Union, China and others in the then-called “socialist camp.” In its second article, the Declaration condemned “the open and criminal intervention exercised by North American imperialism for more than a century over all the countries of Latin America.”1

Since then, I would argue, Cuban foreign policy has retained a clearly consistent trajectory—from its foundational ideas and its choices of regional and international bodies in which to participate, to the strengthening of its diverse international alliances. For example, in opposition to U.S.-dominated “Pan-Americanism,” the Revolution has always posited the doctrine of latinoamericanismo, adopted in the Cuban Constitution of 1976, which seeks the “integration of Latin American and Caribbean nations that have been liberated of external domination and internal oppression into a community of brotherly nations committed to national and social progress joined by a common history and struggle against colonialism, neocolonialism and imperialism.”2 But as these conditions remain unfulfilled, Cuban authorities have generally maintained a critical stance toward existing regional inter-governmental organizations—be they political coalitions, cooperation agreements or economic integration efforts.

It is no surprise, then, that Cuba has only fully incorporated itself into regional international organizations that do not question its political system, and those in which the United States either does not participate or does not wield veto power: the Pan American Health Organization (PAHO), the Latin American Energy Organization (OLADE), the Latin American Economic System (SELA), the Ibero-American conferences, the Association of Caribbean States (ACS-AES) and others. And given the Cuban economy’s socialist base, the country does not participate in regional integration schemes that function within the neoliberal capitalist matrix: the Central American Economic Integration System (SIECA), the Caribbean Community (Caricom), the Andean Community (CAN) and the Southern Common Market (Mercosur). These integration efforts surged or regained momentum at the height of the so-called “Washington Consensus,” which prescribed a diminished role for the state in social and economic affairs, privatization, deregulation, labor flexibilization and other drastic policies.

Yet amid the formation of these blocs, Cuba has maneuvered its way by signing mutually acceptable, yet limited, cooperation agreements—as with Caricom in 2002, allowing for mutual market access as well as cooperation in trade, tourism and other areas, and the creation of a school to train eastern Caribbean health professionals in treating HIV/AIDS.3 In the case of the Latin American Association for Integration (ALADI), established in 1980 and which Cuba joined in 1996, the government has reached several “partial scope” (involving fewer than the 12 member countries) economic complementation agreements. And in light of the positive political changes in Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay since 2002, Cuba has sought a “4+1” agreement—allowing trade but short of full membership—with Mercosur, which is slated to induct Venezuela as a full member.

In contrast to such openings, the Cuban state has consistently rejected the prevailing U.S.-dominated Inter-American system, including the OAS, the Inter-American Defense Board and, in the last decade, the Summit of the Americas process—particularly its negotiations over a Free Trade Area of the Americas (FTAA). Cuba has expressed some of its harshest criticisms over recent moves by these institutions to pave the way for “collective democratic interventions” in the internal affairs of nations, as embodied in the OAS’s “Inter-American Democratic Charter.” In a similar vein, the OAS-ratified “Inter-American Convention Against Terrorism” requires its signatories to ascribe to the insidious notions of “hemispheric security” defined by the current U.S. administration and its allies.

For these reasons, reentry into the OAS (from which Cuba was illegally suspended in 1962) and participation in the Summit of the Americas process (to which Cuba was never invited) do not form part of Cuba’s foreign policy objectives. Cuba has categorically opposed a long list of foreign interventions (whether direct or indirect, individual or “collective”) in Cuban affairs and those of its neighbors that were led by the U.S. government—with the consent or tacit support of the OAS.

Besides withstanding relentless attack by ten u.s. presidential administrations, the Revolution has also managed to express its internationalist solidarity with a multitude of struggles for democracy and movements for national and social liberation in the Americas and beyond. It has done so regardless of the social position or political affiliation of their protagonists; of their forms of struggle (armed or unarmed); or of their level of identification with socialist ideals. The varied episodes of internationalist assistance offered by Cuba are well known and need only brief mention: Guyana’s People’s Progressive Party (PPP) government in the 1960s; Salvador Allende’s Popular Unity (UP) in Chile; the military nationalist reformers in Ecuador, Panama and Peru; the positive changes that marked the 1970s in both Jamaica and Guyana; the popular revolutions in Grenada and Nicaragua; and, more recently, the “Bolivarian Revolution” underway in Venezuela. The type of assistance depended on, among other factors, the willingness of the political actors involved, official Cuban opinion on their reliability and the international alignment of forces (including the island’s ties with each respective government of the region).

Yet Cuba’s solidarity with popular, democratic and anti-imperialist struggles has not prevented it—for the most part—from establishing and maintaining relations of mutual respect with the region’s governments that do not interfere in the island’s internal and external affairs. Tense relations and even diplomatic crises, of course, do flare up occasionally, as sometimes happens when Latin American governments support the anti-Cuba resolutions hatched by the White House at the UN Commission on Human Rights. But recent diplomatic rows between Cuba and Latin American states—Mexico, Panama and Uruguay—have been overcome and relatively cordial relations have been restored.4 Cuba now maintains diplomatic relations with 30 of the 32 states of Latin America and the Caribbean, excluding only El Salvador, which does not maintain official relations with the island, and Costa Rica, with which bilateral relations have not gone beyond the consular level since 1959.

As a testament of its goodwill, and independent of its diplomatic or commercial relations on a governmental level, the Cuban state has always offered humanitarian aid to countries afflicted by the social catastrophes that stem from the region’s frequent natural phenomena—hurricanes, earthquakes and volcanic eruptions. In some cases, as with Cuba’s offer to send doctors and supplies to the victims of Hurricane Katrina in the United States, this aid has been rejected. But the island’s medical expertise has helped combat regional pandemics like the mosquito-transmitted dengue hemorrhagic fever. To carry through these projects Cuba lends the services of doctors and healthcare workers through inter-governmental agreements with each nation. For the sustainability of this and similar programs, in 1999 the government inaugurated the Latin American School of Medical Sciences in Havana. The school currently has 8,922 students from 27 countries of the Western Hemisphere, including 71 from the United States. When these students graduate, they will join the 43,000 other students from 120 countries with medium and higher education diplomas provided by scholarships from the Cuban government; more than 20% of these graduates are Latin American and Caribbean.5

As part of the Comprehensive Cooperation Agreement signed with Venezuela in October 2000, Cuba agreed to send 20,000 doctors and healthcare workers to assist Venezuela’s Barrio Adentro (Into the Barrio) healthcare programs, which have provided free medical attention to 17 million poor Venezuelans. At a speech last April at the Karl Marx Theater in Havana, President Hugo Chávez of Venezuela told the audience that so far 90,000 Venezuelans had received medical attention in Cuba, of which some 20,000 had recovered their sight through an effort dubbed “Operation Miracle.” And with Cuba’s assistance, Chávez expects his government’s Misión Robinson education programs in the barrios will teach more than 1.4 million Venezuelans how to read and write.6 As a result of these efforts, Venezuela announced in October that it was an “illiteracy-free territory,” a claim certified by UNESCO.

Despite the White House’s efforts to portray Cuba as a threat to regional stability and security, the island’s economic and commercial relations with the countries of the Western Hemisphere (including Canada) have improved drastically in the last 15 years. This trend will continue in light of Cuba’s deepening political and economic relationship with Venezuela.

Today, cuba’s early engagement within latin america and the Caribbean finds continuity in the nascent Bolivarian Alternative of the Americas (ALBA). Spurred since 2001 by Venezuelan President Hugo Chávez, the ALBA stands in stark contrast to the designs of the new Pan-American order envisioned by the U.S. government. Although the project is still in its infancy, it represents nothing less than a bold new paradigm for the multinational integration of Latin America and the Caribbean.

In December 2004, the two governments signed a joint declaration that defined 12 articles forming “the principles and cardinal bases guiding the ALBA.” Taking radical anti-imperialist positions—unlike their counterparts in Argentina, Brazil and Uruguay—Chávez and Castro characterized the U.S.-sponsored FTAA as “the most hollow expression of [U.S.] appetites for domination over the region.” They also recognized that integration processes underway in the region, “far from responding to the objectives of independent development and economic complementarity, have served as one more mechanism that deepens external dependency and domination.”7

The ALBA—which Chávez calls “the dawn of a new era”—contains provisions that seek to address the varied levels of development of each member state by providing for special and differential agreements so that each “nation is guaranteed a share in the benefits of the integration process.” The declaration also calls for the ALBA members to privilege “economic cooperation and complementarity over competition between countries and products.”

Another important aspect of the ALBA involves attempts to wean Latin America and the Caribbean away from their overdependence on foreign, extra-regional investors. To this end, the two presidents announced the creation of a Latin American Investment Fund, a Development Bank of the South and what resembles an international Latin American credit union. According to the document, such projects are based on the supposition that “commerce and investment are not ends in themselves, but instruments that make possible a just and sustainable development process. True integration cannot be left to the market nor be conceived as a simple strategy to expand foreign markets and stimulate commerce. Integration instead requires the effective involvement of the state as a regulator and coordinator of economic activity.”

On the diplomatic front, the ALBA calls for coordinated positions in the multilateral sphere and in negotiations with non-member states and other regional blocs. On this point, the declaration explicitly includes efforts to promote greater democracy and transparency in international organizations, particularly citing the UN and its branches.

The December 14, 2004, accords concretized the goals and application of the ALBA, deepening and broadening Venezuela and Cuba’s bilateral Comprehensive Cooperation Agreement of 2000. The agreement is nothing short of a milestone in the outward projection of the Cuban Revolution, because for the first time in its history, it has ratified an agreement leading to the multifaceted integration of Cuba with another Latin American country. The two governments confirmed this by signing a strategic implementation plan in April 2005, and again six months later by ratifying 192 joint projects with an earmarked budget of more than $800 million funded by Cuba and Venezuela.8

Among these projects, Cuba’s medical support will help Venezuela’s construction of 600 comprehensive health clinics, 600 rehabilitation and physical therapy centers and 35 centers fully equipped with top medical technology—all offered to Venezuelans free of charge by trained professionals. As a testament of its solidarity, and notwithstanding the strong strains it causes in Cubans’ own medical coverage, Havana has begun sending up to 30,000 of its healthcare workers and doctors to Venezuela to staff these medical centers and to support the Barrio Adentro program. A portion of these professionals will also train a new cadre of 40,000 doctors and 5,000 healthcare workers. Meanwhile, back in Cuba, 10,000 aspiring Venezuelan doctors and nurses will receive training, and an estimated 100,000 Venezuelans will receive medical attention for ophthalmologic diseases. Cuba will also maintain its commitment to supporting education through the sixth grade, and strengthening education programs for high school, skilled labor and higher education.

For its part, the Venezuelan government plans to reciprocate with a supply of approximately 90,000 barrels of oil a day as well as other industrial products, technology transfers and scholarships for Cubans to enroll in specialized energy-sector degree programs. Venezuela also agreed to issue credit and will undertake joint investments with the Cuban state in sectors of strategic importance to both countries: nickel, steel, port facility development, shipping, information communications technologies, electricity production, and oil storage and refining.9

Venezuelan assistance will spur Cuba’s fledgling energy sector—which has recently partnered with foreign firms in exploratory drilling projects—with the added benefit of helping Venezuela’s state-run company, PDVSA, cut its costs in supplying oil to Cuba and, from there, to other Caribbean nations. This forms part of Chávez’s strategic vision of building a state-run regional energy conglomerate called PetroAmérica.

In September 2005, Venezuela, Cuba, the Dominican Republic and 11 member-states of Caricom ratified the final text of an Energy Cooperation Accord at the Second Caribbean Energy Summit held in Jamaica.10 The agreement establishes PetroCaribe as a regional body charged with coordinating the energy policies of its member-states. Venezuela will directly supply the signatories with oil and petroleum-based products under preferential terms. Signatories will receive oil under long-term financing agreements (17 to 25 years) with one percent interest. In cases of deferred payments, “Venezuela shall be able to determine the portion that shall be paid with goods and services for which it shall offer preferential rates,” says the agreement.11 One observer considers the oil deal “an example of the special and differential treatment of less developed nations” that guides the ALBA.12

What’s more, the agreement establishes the “ALBA-Caribbean Fund.” With a startup investment of $50 million from Venezuela, the fund seeks to foment employment, productive activities and services as well as to contribute to cultural, education, sports and public health programs. According to the document, “funds will also be contributed from financial and non-financial instruments. Such contributions may, upon agreement, be drawn from the financed portion of oil invoicing and the savings from direct trade.”

These agreements are indeed historic, but they must now confront the practical difficulties posed by the varying political will of each signatory government. They are also dependent on the evolution of Venezuela’s political and economic situation, so by implication are subject to the excesses and hostilities of powerful U.S. interests. And as the recent Summit of the Americas in Mar del Plata, Argentina showed, despite the public showing of anti-U.S. sentiment, the leadership of most Latin American and Caribbean countries are still willing to fall in line behind the United States in pursuing FTAA negotiations.

As agreements between Cuba and Venezuela progress, the content of the ALBA will continue to be defined. Already, mechanisms are being designed to facilitate the participation of municipal, provincial or state governments in securing the genuine integration of the region from within and from below.

Despite the differing points of view that exist between Venezuela and Cuba and the majority of Latin American and Caribbean countries, if the energy sector agreements between Venezuela and Argentina, Bolivia, Brazil, Chile and Uruguay as well as PetroCaribe are any indication, it would seem that promising opportunities are emerging for broadening these agreements with existing and future governments of the region.

If such a wave of resistance materializes forcefully, it could tip the scales in cooperation projects, economic integration efforts and political alliances toward new paradigms of self-sustained, long-term development and a genuine integration of Latin America and the Caribbean. In these efforts, countries must not only make a radical break with the “structural adjustment programs” promoted by the Washington Consensus, but they must also specifically reformulate the UN’s Economic Commission on Latin America and the Caribbean’s (ECLAC) outward-oriented development strategies of “open regionalism” and “productive transformation with equity”—conventional market-based proposals of the past decade’s neoliberal reforms.13 The rise of inequality in what is already the most unequal region of the world should make the failure of this approach readily apparent. Furthermore, the forecasted productive transformation has not materialized, and any “progress” has come at considerable social and environmental cost.

“Open regionalism” has decidedly failed to deliver the deep multinational integration the region demands. The majority of projects have been oriented toward what Gustavo Magariños, the former Secretary General of ALADI, calls “coercive integration” with the United States and “integration at arm’s length” with the European Union.14 Until recently, the centrifugal forces of U.S.-dependent integration like NAFTA, and the piecemeal liberalization of the hemisphere, have trounced centripetal forces that, in theory, should be driving processes of multinational integration. In fact, it could be said there is always more “opening” and less “regionalism.”15

The ALBA declaration reasons that the rise of massive economic blocs in the global economy have made the integration of Latin America and Caribbean an indispensable requisite for regional development, but adds that such a process must be driven by concerted efforts for cooperation, solidarity and common will—the only way for “the hopes and necessities of Latin American and Caribbean countries [to] be satisfied and their independence, sovereignty and identity preserved.” It is for these reasons, among others, that the departure point for a paradigm shift in regional integration efforts must be a practical and theoretical critique of neoliberal capitalism. As the Cuban Revolution has proclaimed since 1959, only in this way will the dream of those who have fought for Latin America’s first independence—and the coming one—be realized.

Notes

1. Primera Declaración de La Habana, en Cinco Documentos (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1971).
2. Constitución de la República de Cuba, Departamento Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
3. Norman Girvan, “Cuba, CARICOM Cement Ties,” Dec. 9, 2002. See ACS Web site: http://www.acs-aec.org/column/index63.htm.
4. In the case of Mexico, bilateral relations have chilled during the government of Vicente Fox (2000-2006). Uruguay under President Jorge Batlle (2001-2005) broke off relations with Cuba. Relations with Panama were severed in 2004 over then-President Mireya Moscoso’s pardon of five Cuban terrorists engaged in plots against Cuba and a plan to assassinate President Fidel Castro during his trip to the Tenth Ibero-American conference held in Panama in 2000. Relations were restored in 2005 with the new Panamanian and Uruguayan administrations.
5. Departamento de Cooperación Internacional, Globalizando la solidaridad (La Habana: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2005), pp. 3 and 12.
6. Hugo Chávez, ALBA: Amanecer de una nueva era (La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2005).
7. “Declaración conjunta del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de la República de Cuba, Fidel Castro, y del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez,” Granma, December 15, 2004.
8. Ventura De Jesús and Jorge Baños, “Cuba y Venezuela consolidan y amplían la cooperación,” Granma, October 6, 2005, p. 1.
9. Inter Press Service, “Integración: Un proyecto de largo aliento,” Economic Press Service, No. 9, May 2005.
10. The only Caricom states that did not sign on to the deal are Barbados, Haiti and Trinidad and Tobago. The last has expressed fears of a dip in its oil profits with competition from PetroCaribe, while Haiti is under military occupation.
11.For text of this agreement, see: http://www.petroleumworld.com/storytt05071002.htm.
12. Osvaldo Martínez, “ALBA y ALCA: El dilema de la integración o la anexión,” Cubarte: Portal de la cultura cubana, La Habana, August 29, 2005.
13. CEPAL, “El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: La integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad,” Santiago de Chile, 1994.
14. Gustavo Magariños, Integración multinacional: Teoría y sistemas (Montevideo: ALADI/ORT, 2000).
15. Jaime Estay, “La globalización y sus significados,” en José Luis Calva (ed.), Globalización y bloques económicos: Realidades y mitos (Mexico, D.F.: Juan Pablo Editor S.A., 1995).


About the Author
Dr. Luis Suárez Salazar is a professor of history and political science at the Universidad de La Habana and the Instituto Superior de Relaciones Internacionales. His most recent book is El siglo XXI: Posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana. Translated from the Spanish by NACLA.

Published in NACLA Report on the Americas, Vol. 39, No. 4 January/February 2006

Luis Suárez Salazar
In his best-known work, Cuban independence hero José Martí called for no less than a “second independence of our América” in the face of American imperialism, or as he termed it, “la Roma Americana” (the American Rome). For Cuba’s revolutionary government, this required—and still requires—the deployment of an active, multifaceted foreign policy to recalibrate the overwhelming asymmetry of power between Cuba and the United States.
On September 2, 1960, in response to the already recurrent aggressions of the U.S. government against the young Revolution and to a resolution approved at the Organization of American States (OAS) just days before, Cuba’s National General Assembly ratified the “First Declaration of Havana.” Still a cornerstone of Cuban foreign policy, the Declaration announced Cuba’s “friendship with the peoples of the world,” and it asserted the country’s right to establish official relations with all governments that sought them—including the Soviet Union, China and others in the then-called “socialist camp.” In its second article, the Declaration condemned “the open and criminal intervention exercised by North American imperialism for more than a century over all the countries of Latin America.”1
Since then, I would argue, Cuban foreign policy has retained a clearly consistent trajectory—from its foundational ideas and its choices of regional and international bodies in which to participate, to the strengthening of its diverse international alliances. For example, in opposition to U.S.-dominated “Pan-Americanism,” the Revolution has always posited the doctrine of latinoamericanismo, adopted in the Cuban Constitution of 1976, which seeks the “integration of Latin American and Caribbean nations that have been liberated of external domination and internal oppression into a community of brotherly nations committed to national and social progress joined by a common history and struggle against colonialism, neocolonialism and imperialism.”2 But as these conditions remain unfulfilled, Cuban authorities have generally maintained a critical stance toward existing regional inter-governmental organizations—be they political coalitions, cooperation agreements or economic integration efforts.
It is no surprise, then, that Cuba has only fully incorporated itself into regional international organizations that do not question its political system, and those in which the United States either does not participate or does not wield veto power: the Pan American Health Organization (PAHO), the Latin American Energy Organization (OLADE), the Latin American Economic System (SELA), the Ibero-American conferences, the Association of Caribbean States (ACS-AES) and others. And given the Cuban economy’s socialist base, the country does not participate in regional integration schemes that function within the neoliberal capitalist matrix: the Central American Economic Integration System (SIECA), the Caribbean Community (Caricom), the Andean Community (CAN) and the Southern Common Market (Mercosur). These integration efforts surged or regained momentum at the height of the so-called “Washington Consensus,” which prescribed a diminished role for the state in social and economic affairs, privatization, deregulation, labor flexibilization and other drastic policies.
Yet amid the formation of these blocs, Cuba has maneuvered its way by signing mutually acceptable, yet limited, cooperation agreements—as with Caricom in 2002, allowing for mutual market access as well as cooperation in trade, tourism and other areas, and the creation of a school to train eastern Caribbean health professionals in treating HIV/AIDS.3 In the case of the Latin American Association for Integration (ALADI), established in 1980 and which Cuba joined in 1996, the government has reached several “partial scope” (involving fewer than the 12 member countries) economic complementation agreements. And in light of the positive political changes in Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay since 2002, Cuba has sought a “4+1” agreement—allowing trade but short of full membership—with Mercosur, which is slated to induct Venezuela as a full member.
In contrast to such openings, the Cuban state has consistently rejected the prevailing U.S.-dominated Inter-American system, including the OAS, the Inter-American Defense Board and, in the last decade, the Summit of the Americas process—particularly its negotiations over a Free Trade Area of the Americas (FTAA). Cuba has expressed some of its harshest criticisms over recent moves by these institutions to pave the way for “collective democratic interventions” in the internal affairs of nations, as embodied in the OAS’s “Inter-American Democratic Charter.” In a similar vein, the OAS-ratified “Inter-American Convention Against Terrorism” requires its signatories to ascribe to the insidious notions of “hemispheric security” defined by the current U.S. administration and its allies.
For these reasons, reentry into the OAS (from which Cuba was illegally suspended in 1962) and participation in the Summit of the Americas process (to which Cuba was never invited) do not form part of Cuba’s foreign policy objectives. Cuba has categorically opposed a long list of foreign interventions (whether direct or indirect, individual or “collective”) in Cuban affairs and those of its neighbors that were led by the U.S. government—with the consent or tacit support of the OAS.
Besides withstanding relentless attack by ten u.s. presidential administrations, the Revolution has also managed to express its internationalist solidarity with a multitude of struggles for democracy and movements for national and social liberation in the Americas and beyond. It has done so regardless of the social position or political affiliation of their protagonists; of their forms of struggle (armed or unarmed); or of their level of identification with socialist ideals. The varied episodes of internationalist assistance offered by Cuba are well known and need only brief mention: Guyana’s People’s Progressive Party (PPP) government in the 1960s; Salvador Allende’s Popular Unity (UP) in Chile; the military nationalist reformers in Ecuador, Panama and Peru; the positive changes that marked the 1970s in both Jamaica and Guyana; the popular revolutions in Grenada and Nicaragua; and, more recently, the “Bolivarian Revolution” underway in Venezuela. The type of assistance depended on, among other factors, the willingness of the political actors involved, official Cuban opinion on their reliability and the international alignment of forces (including the island’s ties with each respective government of the region).
Yet Cuba’s solidarity with popular, democratic and anti-imperialist struggles has not prevented it—for the most part—from establishing and maintaining relations of mutual respect with the region’s governments that do not interfere in the island’s internal and external affairs. Tense relations and even diplomatic crises, of course, do flare up occasionally, as sometimes happens when Latin American governments support the anti-Cuba resolutions hatched by the White House at the UN Commission on Human Rights. But recent diplomatic rows between Cuba and Latin American states—Mexico, Panama and Uruguay—have been overcome and relatively cordial relations have been restored.4 Cuba now maintains diplomatic relations with 30 of the 32 states of Latin America and the Caribbean, excluding only El Salvador, which does not maintain official relations with the island, and Costa Rica, with which bilateral relations have not gone beyond the consular level since 1959.
As a testament of its goodwill, and independent of its diplomatic or commercial relations on a governmental level, the Cuban state has always offered humanitarian aid to countries afflicted by the social catastrophes that stem from the region’s frequent natural phenomena—hurricanes, earthquakes and volcanic eruptions. In some cases, as with Cuba’s offer to send doctors and supplies to the victims of Hurricane Katrina in the United States, this aid has been rejected. But the island’s medical expertise has helped combat regional pandemics like the mosquito-transmitted dengue hemorrhagic fever. To carry through these projects Cuba lends the services of doctors and healthcare workers through inter-governmental agreements with each nation. For the sustainability of this and similar programs, in 1999 the government inaugurated the Latin American School of Medical Sciences in Havana. The school currently has 8,922 students from 27 countries of the Western Hemisphere, including 71 from the United States. When these students graduate, they will join the 43,000 other students from 120 countries with medium and higher education diplomas provided by scholarships from the Cuban government; more than 20% of these graduates are Latin American and Caribbean.5
As part of the Comprehensive Cooperation Agreement signed with Venezuela in October 2000, Cuba agreed to send 20,000 doctors and healthcare workers to assist Venezuela’s Barrio Adentro (Into the Barrio) healthcare programs, which have provided free medical attention to 17 million poor Venezuelans. At a speech last April at the Karl Marx Theater in Havana, President Hugo Chávez of Venezuela told the audience that so far 90,000 Venezuelans had received medical attention in Cuba, of which some 20,000 had recovered their sight through an effort dubbed “Operation Miracle.” And with Cuba’s assistance, Chávez expects his government’s Misión Robinson education programs in the barrios will teach more than 1.4 million Venezuelans how to read and write.6 As a result of these efforts, Venezuela announced in October that it was an “illiteracy-free territory,” a claim certified by UNESCO.
Despite the White House’s efforts to portray Cuba as a threat to regional stability and security, the island’s economic and commercial relations with the countries of the Western Hemisphere (including Canada) have improved drastically in the last 15 years. This trend will continue in light of Cuba’s deepening political and economic relationship with Venezuela.
Today, cuba’s early engagement within latin america and the Caribbean finds continuity in the nascent Bolivarian Alternative of the Americas (ALBA). Spurred since 2001 by Venezuelan President Hugo Chávez, the ALBA stands in stark contrast to the designs of the new Pan-American order envisioned by the U.S. government. Although the project is still in its infancy, it represents nothing less than a bold new paradigm for the multinational integration of Latin America and the Caribbean.
In December 2004, the two governments signed a joint declaration that defined 12 articles forming “the principles and cardinal bases guiding the ALBA.” Taking radical anti-imperialist positions—unlike their counterparts in Argentina, Brazil and Uruguay—Chávez and Castro characterized the U.S.-sponsored FTAA as “the most hollow expression of [U.S.] appetites for domination over the region.” They also recognized that integration processes underway in the region, “far from responding to the objectives of independent development and economic complementarity, have served as one more mechanism that deepens external dependency and domination.”7
The ALBA—which Chávez calls “the dawn of a new era”—contains provisions that seek to address the varied levels of development of each member state by providing for special and differential agreements so that each “nation is guaranteed a share in the benefits of the integration process.” The declaration also calls for the ALBA members to privilege “economic cooperation and complementarity over competition between countries and products.”
Another important aspect of the ALBA involves attempts to wean Latin America and the Caribbean away from their overdependence on foreign, extra-regional investors. To this end, the two presidents announced the creation of a Latin American Investment Fund, a Development Bank of the South and what resembles an international Latin American credit union. According to the document, such projects are based on the supposition that “commerce and investment are not ends in themselves, but instruments that make possible a just and sustainable development process. True integration cannot be left to the market nor be conceived as a simple strategy to expand foreign markets and stimulate commerce. Integration instead requires the effective involvement of the state as a regulator and coordinator of economic activity.”
On the diplomatic front, the ALBA calls for coordinated positions in the multilateral sphere and in negotiations with non-member states and other regional blocs. On this point, the declaration explicitly includes efforts to promote greater democracy and transparency in international organizations, particularly citing the UN and its branches.
The December 14, 2004, accords concretized the goals and application of the ALBA, deepening and broadening Venezuela and Cuba’s bilateral Comprehensive Cooperation Agreement of 2000. The agreement is nothing short of a milestone in the outward projection of the Cuban Revolution, because for the first time in its history, it has ratified an agreement leading to the multifaceted integration of Cuba with another Latin American country. The two governments confirmed this by signing a strategic implementation plan in April 2005, and again six months later by ratifying 192 joint projects with an earmarked budget of more than $800 million funded by Cuba and Venezuela.8
Among these projects, Cuba’s medical support will help Venezuela’s construction of 600 comprehensive health clinics, 600 rehabilitation and physical therapy centers and 35 centers fully equipped with top medical technology—all offered to Venezuelans free of charge by trained professionals. As a testament of its solidarity, and notwithstanding the strong strains it causes in Cubans’ own medical coverage, Havana has begun sending up to 30,000 of its healthcare workers and doctors to Venezuela to staff these medical centers and to support the Barrio Adentro program. A portion of these professionals will also train a new cadre of 40,000 doctors and 5,000 healthcare workers. Meanwhile, back in Cuba, 10,000 aspiring Venezuelan doctors and nurses will receive training, and an estimated 100,000 Venezuelans will receive medical attention for ophthalmologic diseases. Cuba will also maintain its commitment to supporting education through the sixth grade, and strengthening education programs for high school, skilled labor and higher education.
For its part, the Venezuelan government plans to reciprocate with a supply of approximately 90,000 barrels of oil a day as well as other industrial products, technology transfers and scholarships for Cubans to enroll in specialized energy-sector degree programs. Venezuela also agreed to issue credit and will undertake joint investments with the Cuban state in sectors of strategic importance to both countries: nickel, steel, port facility development, shipping, information communications technologies, electricity production, and oil storage and refining.9
Venezuelan assistance will spur Cuba’s fledgling energy sector—which has recently partnered with foreign firms in exploratory drilling projects—with the added benefit of helping Venezuela’s state-run company, PDVSA, cut its costs in supplying oil to Cuba and, from there, to other Caribbean nations. This forms part of Chávez’s strategic vision of building a state-run regional energy conglomerate called PetroAmérica.
In September 2005, Venezuela, Cuba, the Dominican Republic and 11 member-states of Caricom ratified the final text of an Energy Cooperation Accord at the Second Caribbean Energy Summit held in Jamaica.10 The agreement establishes PetroCaribe as a regional body charged with coordinating the energy policies of its member-states. Venezuela will directly supply the signatories with oil and petroleum-based products under preferential terms. Signatories will receive oil under long-term financing agreements (17 to 25 years) with one percent interest. In cases of deferred payments, “Venezuela shall be able to determine the portion that shall be paid with goods and services for which it shall offer preferential rates,” says the agreement.11 One observer considers the oil deal “an example of the special and differential treatment of less developed nations” that guides the ALBA.12
What’s more, the agreement establishes the “ALBA-Caribbean Fund.” With a startup investment of $50 million from Venezuela, the fund seeks to foment employment, productive activities and services as well as to contribute to cultural, education, sports and public health programs. According to the document, “funds will also be contributed from financial and non-financial instruments. Such contributions may, upon agreement, be drawn from the financed portion of oil invoicing and the savings from direct trade.”
These agreements are indeed historic, but they must now confront the practical difficulties posed by the varying political will of each signatory government. They are also dependent on the evolution of Venezuela’s political and economic situation, so by implication are subject to the excesses and hostilities of powerful U.S. interests. And as the recent Summit of the Americas in Mar del Plata, Argentina showed, despite the public showing of anti-U.S. sentiment, the leadership of most Latin American and Caribbean countries are still willing to fall in line behind the United States in pursuing FTAA negotiations.
As agreements between Cuba and Venezuela progress, the content of the ALBA will continue to be defined. Already, mechanisms are being designed to facilitate the participation of municipal, provincial or state governments in securing the genuine integration of the region from within and from below.
Despite the differing points of view that exist between Venezuela and Cuba and the majority of Latin American and Caribbean countries, if the energy sector agreements between Venezuela and Argentina, Bolivia, Brazil, Chile and Uruguay as well as PetroCaribe are any indication, it would seem that promising opportunities are emerging for broadening these agreements with existing and future governments of the region.
If such a wave of resistance materializes forcefully, it could tip the scales in cooperation projects, economic integration efforts and political alliances toward new paradigms of self-sustained, long-term development and a genuine integration of Latin America and the Caribbean. In these efforts, countries must not only make a radical break with the “structural adjustment programs” promoted by the Washington Consensus, but they must also specifically reformulate the UN’s Economic Commission on Latin America and the Caribbean’s (ECLAC) outward-oriented development strategies of “open regionalism” and “productive transformation with equity”—conventional market-based proposals of the past decade’s neoliberal reforms.13 The rise of inequality in what is already the most unequal region of the world should make the failure of this approach readily apparent. Furthermore, the forecasted productive transformation has not materialized, and any “progress” has come at considerable social and environmental cost.
“Open regionalism” has decidedly failed to deliver the deep multinational integration the region demands. The majority of projects have been oriented toward what Gustavo Magariños, the former Secretary General of ALADI, calls “coercive integration” with the United States and “integration at arm’s length” with the European Union.14 Until recently, the centrifugal forces of U.S.-dependent integration like NAFTA, and the piecemeal liberalization of the hemisphere, have trounced centripetal forces that, in theory, should be driving processes of multinational integration. In fact, it could be said there is always more “opening” and less “regionalism.”15
The ALBA declaration reasons that the rise of massive economic blocs in the global economy have made the integration of Latin America and Caribbean an indispensable requisite for regional development, but adds that such a process must be driven by concerted efforts for cooperation, solidarity and common will—the only way for “the hopes and necessities of Latin American and Caribbean countries [to] be satisfied and their independence, sovereignty and identity preserved.” It is for these reasons, among others, that the departure point for a paradigm shift in regional integration efforts must be a practical and theoretical critique of neoliberal capitalism. As the Cuban Revolution has proclaimed since 1959, only in this way will the dream of those who have fought for Latin America’s first independence—and the coming one—be realized.
Notes
1. Primera Declaración de La Habana, en Cinco Documentos (La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1971).
2. Constitución de la República de Cuba, Departamento Orientación Revolucionaria del CC del PCC, La Habana, 1976.
3. Norman Girvan, “Cuba, CARICOM Cement Ties,” Dec. 9, 2002. See ACS Web site: http://www.acs-aec.org/column/index63.htm.
4. In the case of Mexico, bilateral relations have chilled during the government of Vicente Fox (2000-2006). Uruguay under President Jorge Batlle (2001-2005) broke off relations with Cuba. Relations with Panama were severed in 2004 over then-President Mireya Moscoso’s pardon of five Cuban terrorists engaged in plots against Cuba and a plan to assassinate President Fidel Castro during his trip to the Tenth Ibero-American conference held in Panama in 2000. Relations were restored in 2005 with the new Panamanian and Uruguayan administrations.
5. Departamento de Cooperación Internacional, Globalizando la solidaridad (La Habana: Ministerio de Relaciones Exteriores, 2005), pp. 3 and 12.
6. Hugo Chávez, ALBA: Amanecer de una nueva era (La Habana: Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado, 2005).
7. “Declaración conjunta del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministro de la República de Cuba, Fidel Castro, y del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez,” Granma, December 15, 2004.
8. Ventura De Jesús and Jorge Baños, “Cuba y Venezuela consolidan y amplían la cooperación,” Granma, October 6, 2005, p. 1.
9. Inter Press Service, “Integración: Un proyecto de largo aliento,” Economic Press Service, No. 9, May 2005.
10. The only Caricom states that did not sign on to the deal are Barbados, Haiti and Trinidad and Tobago. The last has expressed fears of a dip in its oil profits with competition from PetroCaribe, while Haiti is under military occupation.
11.For text of this agreement, see: http://www.petroleumworld.com/storytt05071002.htm.
12. Osvaldo Martínez, “ALBA y ALCA: El dilema de la integración o la anexión,” Cubarte: Portal de la cultura cubana, La Habana, August 29, 2005.
13. CEPAL, “El regionalismo abierto en América Latina y el Caribe: La integración económica al servicio de la transformación productiva con equidad,” Santiago de Chile, 1994.
14. Gustavo Magariños, Integración multinacional: Teoría y sistemas (Montevideo: ALADI/ORT, 2000).
15. Jaime Estay, “La globalización y sus significados,” en José Luis Calva (ed.), Globalización y bloques económicos: Realidades y mitos (Mexico, D.F.: Juan Pablo Editor S.A., 1995).


About the Author
Dr. Luis Suárez Salazar is a professor of history and political science at the Universidad de La Habana and the Instituto Superior de Relaciones Internacionales. His most recent book is El siglo XXI: Posibilidades y desafíos para la Revolución Cubana. Translated from the Spanish by NACLA.
Published in NACLA Report on the Americas, Vol. 39, No. 4 January/February 2006

Gustavo Codas

Apresentação

O tema da integração regional entre países latino-americanos ressurgiu com força na nova conjuntura marcada pelo ascensão desde 2002, buy nos mais diversos países, da oposição popular aos TLCs que os Estados Unidos tentavam impor (e foram derrotados como no caso da ALCA) ou estão impondo aos países da região (exemplo, o CAFTA-DR).

Da resistência aos TLCs à construção de alternativas, os movimentos sociais de todo o continente têm enfrentado novos desafios. Mas essa construção da sociedade civil não se dá – nem poderia se dar – sobre um terreno virgem ou vazio: há heranças de processos de integração anteriores e há novas iniciativas de governos latino-americanos.

O presente texto analisa os desafios que estão colocados aos movimentos sociais a partir de uma leitura do texto “Integração e Territórios: Alternativas pra uma Integração dos Povos”, elaborado pelo programa Cone Sul Sustentável (que recolhe parte importante das contribuições dos movimentos e campanhas da região) e de outros documentos elaborados por movimentos sociais da América Latina no período recente. Obviamente, não se trata de um estudo exaustivo, para o qual precisaríamos de mais tempo e mais pessoas trabalhando no tema. Aqui apenas aspiramos apresentar alguns aspectos que deveriam ser discutidos para termos na construção de uma alternativa regional o mesmo êxito que tivemos em parar a ALCA.

O que mudou na conjuntura regional?

Em abril de 2001, quando foi realizada a Cúpula de Presidentes em Quebec, Canadá, apenas um governo – o do presidente Hugo Chávez da Venezuela – apresentou tímidas ressalvas aos termos em que vinha sendo negociada a ALCA. Nada fazia pressagiar a reviravolta que sofreria a conjuntura regional pouco depois ou pôr em dúvida os prazos acordados entre os negociadores.

Do lado de fora, a Cúpula dos Povos, organizada pela Aliança Social Continental em oposição ao evento oficial em Quebec, avançava em duas decisões fundamentais. Por um lado, todos seus participantes coincidiram em um “Não à ALCA” superando a fase anterior onde ainda existiam discussões sobre a possibilidade de reformar esse projeto; pelo outro, foi lançada a campanha pela consulta continental para que os povos da região decidissem se queriam ou não tal acordo. Quebec nos legou uma unidade na linha política e um claro formato de campanha continental. Isso foi retomado e trabalhado na reunião do Conselho Hemisférico da ASC (setembro, 2001, Florianópolis/SC, Brasil) e na primeira reunião do que viria a ser a Campanha Continental de Luta contra a ALCA em Porto Alegre/RS, Brasil, em janeiro de 2002. O II Encontro Hemisférico de Luta contra a ALCA, realizado em Havana, Cuba, na seqüência (noviembre, 2002) viria a constituir o espaço anual de convergência geral e de definições estratégicas da Campanha e da ASC.

A vitória de Hugo Chávez na eleição presidencial de finais de 1998 na Venezuela foi um fato isolado numa América Latina ainda dominada por opções eleitorais neoliberais. Mas tal dominação não resistiria à desmoralização de um programa que lançou a região em um processo de instabilidade que teve seus momentos mais dramáticos com a crise do real no Brasil, em janeiro de 1999 e a falência da principal experiência neoliberal, na Argentina, em dezembro de 2001. A partir daí assistimos em vários países vitórias de forças políticas que se apresentavam como alternativas às até então dominantes. As eleições de Lula em Brasil (2002) e Kirchner na Argentina (2003) mudaram o cenário regional; seguiriam os triunfos eleitorais de Tabaré Vazquez (Uruguai, 2004), Evo Morales (Bolívia, 2005), Daniel Ortega (Nicarágua, 2006) e Rafael Correa (Equador, 2007). Cuba, saindo do “Período Especial”, completa o quadro da nova conjuntura regional – ainda que suas raízes estejam em outro ciclo histórico.

É interessante notar que em vários desses países houve fortes mobilizações sociais que abriram espaços para as vitórias eleitorais – ainda que em nenhum caso se possa afirmar que ambos sujeitos, os sociais e os eleitorais, fossem idênticos.

Mas foi nessa nova configuração política regional de países com crescentes mobilizações sociais anti-neoliberais e com vitórias eleitorais que expressavam vontade de mudanças políticas, que as negociações da ALCA chegaram a um impasse em 2003-4 e tiveram, na Cúpula de Presidentes de Mar del Plata, em novembro de 2005, seu capítulo final, quando o governo dos Estados Unidos e seus aliados não conseguiram aprovar sua retomada. Nesse cenário, o governo Bush começou a negociar acordos bilaterais com os países que ofereciam menor resistência ou que contavam com governos favoráveis a essa agenda. Todavia, essa estratégia era também uma confissão de derrota.

No mesmo marco em que as negociações da ALCA entraram em crise, re-emergem as discussões sobre integração regional – mas agora podendo ter um novo significado – tanto entre os governos progressistas como entre os movimentos sociais que se opuseram à ALCA. É nesse período que algumas coalizões nacionais de movimentos sociais e ONGs alteram suas denominações para incluir a defesa da integração regional ao lado do rechaço aos TLCs.

A nova discussão sobre a integração regional

A discussão sobre a “integração regional” não é nova. E também não se trata de um conceito unívoco, com apenas um significado. Ao longo dos duzentos anos de história independente dos países latino-americanos vamos a encontrar diversas abordagens sobre o tema. – e mais recentemente, no contexto da globalização neoliberal, a questão vai aparecer como parte do debate sobre o regionalismo. Para exemplificar com uma afirmação extrema: ainda em 2005 um membro do Itamaraty – conhecido publicamente pelas suas críticas à ALCA – afirmou em uma palestra que “também a ALCA é um projeto de integração regional”. Se é assim, temos que qualificar do que estamos falando aqui e agora.

Há importantes antecedentes ainda no século XIX, como o Congresso Anfictiónico realizado em Panamá em 1826 a partir de uma convocação feita por Simon Bolívar dois anos antes. Mas foi nos anos 1920 que ocorreu um primeiro debate estratégico que teve como seus mais fortes expoentes os peruanos Victor Haya de la Torre (1895-1979) e José Carlos Mariátegui (1894-1930). Dentre os vários aspectos por eles abordados há dois que nos interessam particularmente no presente texto: uma visão de Haya de que para enfrentar o imperialismo norte-americano era preciso unir nossos países, e a referência de Mariátegui às necessárias bases econômicas de um projeto indo-americano. No entanto, nem Haya sustentou sua postura antiimperialista posteriormente, nem Mariátegui viveu o suficiente para continuar sua elaboração. Trata-se pois de um elo perdido no debate das esquerdas latino-americanas.

Quando a questão da integração regional voltou pelas mãos da CEPAL – como parte das políticas para superar os obstáculos ao desenvolvimento – já viria sem vocação antiimperialista, mas também sem entusiasmo político. As duas décadas (1960-1970) repletas de ditaduras militares afinadas com os sucessivos governos dos Estados Unidos e com freqüentes conflitos entre si não eram propícias para esse tipo de iniciativas. Os processos de democratização ao longo dos anos 1980 recolocaram a questão, mas as negociações moveram-se rapidamente da agenda desenvolvimentista, herdada da fase anterior, para outra marcadamente neoliberal, própria dos anos 1990. É assim que os processos de integração regional entre países latino-americanos pareciam cumprir a idéia de que tais projetos vingavam como forma de organizar a influência na região de uma potência hegemônica, tal como tinha sido o caso da Comunidade Econômica Européia no pós-II Guerra Mundial – em ambos casos, ainda que em momentos históricos diferentes, sob a tutela do imperialismo norte-americano.

No entanto, a mudança de cenário político acima referida alterou profundamente o jogo. Se fosse necessário um exemplo, veja o papel chave que cumpriu o Mercosul – com três dos seus quatro governos sob direção progressista – para brecar as negociações da ALCA em 2004-5.

O tema da integração regional não é novo, como já foi dito anteriormente. Mas o caráter inédito da atual discussão latino-americana sobre integração regional é que se trata de esboçar, a partir de iniciativas de um conjunto de governos progressistas, um projeto capaz de se contrapor de fato à hegemonia norte-americana na região. Desde que os Estados Unidos proclamaram a Doutrina Monroe, em 1823 – onde sacramentaram que América Latina era seu quintal dos fundos geopolítico – nunca sequer tinha se chegado perto de semelhante ameaça à sua dominação.

Novo contexto, nova agenda

A agenda dos movimentos sociais foi gradualmente incorporando a dimensão da integração regional ao lado da resistência aos TLCs até chegar em 2005 – no V Encontro Hemisférico de Havana (abril) e na III Cúpula dos Povos em Mar del Plata (novembro) – a formulações afirmativas sobre a necessidade de uma integração dos povos. Antes disso, apenas setores do movimento sindical que participavam de instâncias consultivas do Mercosul e da CAN tinham propostas defensivas em relação a esse tema. E a ASC tinha elaborado o documento “Alternativa para as Américas” como uma contraposição ponto-a-ponto com a agenda da ALCA de finais dos anos 1990. Mas eram formulações que não conseguiriam responder à nova situação: partiam de um critério básico de resistência frente às iniciativas governamentais (neoliberais), não da possibilidade de se ter uma verdadeira interlocução e diálogo com políticas governamentais (progressistas).

Porem, que governos são esses cuja existência marca uma nova conjuntura regional? Estamos falando de situações, trajetórias e histórias nacionais recentes muito diferenciadas. Contrariamente a alguns analistas de direita ou de esquerda que tentam dicotomizar o quadro – entre governos de esquerda autêntica versus esquerda traidora, populistas autoritários versus democráticos, pós-neoliberais versus pró-neoliberais, atrasados versus modernizadores, etc. – entendemos que suas diferenças emanam de histórias nacionais diferentes e que se unificam ou têm potencial de se unificar em uma perspectiva regional comum, de um regionalismo, de uma integração regional alternativa à dominação imperial. Os processos que se iniciam em 1998 têm em comum o fato de serem resultados de vitórias eleitorais, da busca de maiorias políticas por parte de forças de esquerda. Diferentemente de processos revolucionários onde acontecem dramáticas mudanças estruturais e institucionais em curtos períodos de tempo, esses processos políticos baseados em vitórias eleitorais de forças progressistas prolongam as disputas entre continuidades e rupturas por longas fases, combinam avanços e recuos, embaralham os conceitos, dificultam o entendimento de quem está vencendo a batalha pelos rumos da nação. Essa percepção é importante porque falamos de cenários políticos em movimento e disputa e não de regimes que estão consolidados em um ou outro sentido. Nessa hipótese, as organizações da sociedade civil têm espaços para disputar seus pontos de vista junto aos governos, porque essa disputa existe também dentro dos novos blocos políticos governantes.

Temas que desafiam à sociedade civil

Em diversos setores da sociedade civil há uma dificuldade de identificar que esse debate só é possível porque viemos de uma importante vitória estratégica – contra a principal iniciativa imperialista na região – contra a ALCA. Também não é dito que essa vitória foi possível porque houve explicita ou implicitamente uma aliança entre movimentos sociais, forças políticas e governos progressistas com esse objetivo. E que foi no clarão aberto nessa batalha que recolocou-se, sob nossas condições, a discussão sobre a integração regional que agora valorizamos pelas suas potencialidades contra-hegemônicas frente ao imperialismo e para servir de base à um projeto pós-neoliberal. Vejamos a seguir alguns tópicos que precisariam ser aprofundados para avançar nesse rumo.

Os projetos dos quais são portadores esses governos não têm um sentido unívoco, estão atravessados pelas contradições de seus processos políticos nacionais, de suas formações sócio-econômicas, das alianças de classes que expressam etc. Por isso, nos debates que travamos nesse contexto estamos distantes de uma dicotomia exclusiva e antagônica entre “integração que prioriza os negócios” (que seria a dos governos, progressistas ou conservadores, e a das transnacionais) versus a “integração dos povos” (que seria a proposta pela sociedade civil), como poderia parecer em uma primeira análise. Dissemos antes que os governos progressistas não têm características de ruptura revolucionária – pelo menos não nos prazos e nas formas das revoluções que conhecemos até hoje. É assim que todos eles discutem como incluir em um projeto nacional/regional os interesses dos capitais investidos em cada país. Então não são dois, mas quatro os atores econômicos no cenário regional: as corporações transnacionais globalizadas, as empresas capitalistas com interesses vinculados ao desenvolvimento regional ou nacional, as empresas estatais desses países e os empreendimentos da economia popular (cooperativas, autogestão, campesinato, pequena produção etc.).

Nos nossos documentos frisamos que as estratégias empresariais dos três primeiros, em geral, passam por cima de critérios de sustentabilidade para priorizar o mero crescimento econômico – via de regra, vinculado às exportações. Esse talvez seja um dos questionamentos mais contundentes que temos tanto contra as estratégias dos governos progressistas quanto as daqueles submissos aos ditames do imperialismo norte-americano. Sem descartar nem diminuir a importância desse critério, no entanto, há outros que também deveriam ser analisados. Uma economia nacional dominada por transnacionais cujos centros de decisão estão fora do país e cujos objetivos estão vinculados apenas à satisfação do mercado externo não é o mesmo do que uma economia nacional dominada por empresas estatais: a questão fica evidente quando observamos a extração de minérios no Peru (entregue ao capital multinacional) e a exploração do petróleo e gás na Venezuela (cada vez mais sob controle estatal). As chances, em um e outro caso, de que a população se beneficie dessa atividade econômica ou de que ela seja reorientada para objetivos nacionais ou de integração regional (não do mercado mundial), são completamente diferentes, ainda que a sustentabilidade de ambas hoje seja igualmente questionável. Para a luta dos movimentos sociais não é indiferente que o centro de decisão sobre uma atividade econômica esteja dentro ou fora do país, ou que seja prerrogativa de uma empresa privada ou de uma empresa estatal.

Foi o aumento persistente no mercado mundial nos últimos anos de preços de alguns produtos primários (minerais e agrícolas) existentes em nossa região e a voracidade das transnacionais por seu controle e exploração que deram a base material para a retomada de um saudável nacionalismo nos nossos países. Para que as populações locais se beneficiassem da renda excedente somente com controle estatal sobre tais recursos. O tema do Estado voltou ao centro do debate estratégico, uma vez mais como o velho “Estado desenvolvimentista”, bom, para enfrentar a estratégia imperialista; insuficiente, para lançar um novo modelo de desenvolvimento. Porém, nos documentos da sociedade civil há poucas propostas sobre que fazer.

Na atual conjuntura se combinam tanto sinergias econômicas que vêm da integração regional, como aquelas impulsionadas pelos preços internacionais de certos produtos e recursos abundantes em alguns países de nossa região. Como todo processo de desenvolvimento tem na acumulação de excedentes econômicos (para investi-los em áreas consideradas prioritárias, por exemplo, a industrialização) um dos seus nós, não parece razoável que esses países abram mão dessa possibilidade via fornecimentos a mercados mundiais aquecidos (em particular, a China). A proposta do governo equatoriano do presidente Rafael Correa de uma moratória da exploração de petróleo no Parque Nacional do Yasuni em troca de compensações financeiras da comunidade internacional poderia abrir um novo capítulo no debate. Mas a regra atual é explorar e vender petróleo aproveitando os altos preços internacionais para reverter os ingressos excedentes em políticas sociais dentro do país e em iniciativas para a integração regional – o modelo venezuelano. Alem disso, por se tratar nesse caso de produção de energia – um bem escasso em torno ao qual haverá intensa disputa com o imperialismo no século XXI – estamos aqui também em um tema central na definição de um projeto contra-hegemônico. Porém, a insustentabilidade de um tal modelo exportador e a instabilidade dos mercados globais de commodities impõem discutir e negociar uma estratégia de transição para outro modelo.

Dizíamos acima que a raiz eleitoral dos atuais processos nacionais progressistas condiciona fortemente o raio de ação desses governos, pelo menos ao início, já que, obviamente, tais limites sempre podem ser objeto de disputa política na sociedade. Provavelmente é essa limitação que explica – mesmo parcialmente – que em nenhum desses países haja políticas visando mudanças de padrões de consumo. No debate sobre o desenvolvimento anterior à fase de hegemonia neoliberal na América Latina, isto é, o que aconteceu entre os anos 1950 e 1970, era tema freqüente a crítica às tentativas das elites periféricas de copiar padrões de consumo dos países desenvolvidos – já que isso só poderia ser feito via onerosas importações de luxo e às expensas do desenvolvimento socialmente justo do país. As últimas duas décadas do século passado lançaram nossos países no sentido oposto, já que a ideologia neoliberal veio junto com o estímulo à imitação do estilo de vida norte-americano para quem tivesse renda para tanto. Além do argumento anterior, hoje se sabe que não seria sustentável ambientalmente estender esse padrão a todo o planeta. Porém, os setores sociais que na fase neoliberal se conectaram a esse circuito de consumo são hoje um obstáculo político à mudança. Por sua vez, as organizações da sociedade civil têm um acúmulo sobre esses temas, mas não têm desenvolvido campanhas e ações políticas em um volume capaz de questionar esse modelo ou de colocar seus beneficiários na defensiva.

O auge do neoliberalismo significou um aprofundamento e generalização das diversas formas de precarização do mundo do trabalho que já estavam presentes na fase anterior. O novo debate sobre a integração regional só muito timidamente está sendo utilizado pelo movimento sindical da região para colocar em pauta uma visão de desenvolvimento com direitos sociais e trabalhistas, com valorização do trabalho. E em diversos documentos da sociedade civil global – sobretudo quando não há participação de algum ator sindical – essa dimensão sequer é abordada. Trata-se de um imenso déficit para uma perspectiva de fazer da integração regional base para um projeto pós-neoliberal.

Aquela discussão sobre qual Estado é necessário não deve se restringir a sua dimensão econômica. Em um projeto de integração regional contra-hegemônico e anti-imperialista os temas de segurança e defesa são igualmente estratégicos. Ao longo da campanha contra a ALCA ganhou força a luta contra o militarismo norte-americano na região. As lutas e campanhas contra as bases militares americanas, contra a “Escola das Américas”, contra as manobras e exercícios conjuntos, contra o Plano Colômbia, etc. são capítulos importantes da resistência popular. Porém, um projeto que vise questionar a dominação da única superpotência em sua área de hegemonia exclusiva – isto é, um projeto de integração regional na América Latina – deveria ter capacidade de dissuasão frente à tentação imperialista de intervir militarmente. A longa história de intervenções norte-americanas contra governos que significavam muito menos riscos para sua dominação que alguns dos processos atuais, deveria servir de alerta. A implementação de outra política de defesa e segurança será uma necessidade imperiosa se formos vitoriosos na integração regional contra-hegemônica ao imperialismo.

Em busca de novas sínteses

Se essas são questões em que se sente falta de aprofundamento e de elaboração dos movimentos sociais e ONGs, no entanto, os documentos produzidos ao longo da campanha contra a ALCA, os TLCs e a OMC – vários resenhados no referido texto do Cone Sul Sustentável – e os debates acontecidos na Cúpula Social pela Integração dos Povos em Cochabamba, Bolívia, em dezembro de 2006, mostram uma riqueza de formulações alternativas em áreas estratégicas para a integração regional e para avançar rumo ao pós-neoliberalismo. Falta talvez trabalhá-las dentro de um corpo único e articulado e de uma estratégia política.

Porém, apenas em Cochabamba tivemos uma primeira experiência de amplo diálogo entre as mais diversas organizações da sociedade civil e vários governos da Comunidade Sul-Americana de Nações (atual UNASUL) dispostos a construir pontes entre suas estratégias e as propostas dos movimentos sociais. Em grande medida isso foi possível pelas características do anfitrião, o governo Evo Morales, que se define como um governo dos movimentos sociais. Houve na seqüência outras duas experiências: uma, na Cúpula Social do Mercosul (Brasília, dezembro de 2006) e outra, na constituição do Conselho de Movimentos Sociais da ALBA (Tintorero, Venezuela, abril de 2007). Cada uma teve características e dimensões diferentes, mas as três foram apenas embriões de processos mais amplos de participação social.

É difícil imaginar que apenas com uma estratégia de meras alianças entre organizações da sociedade civil e de mobilização social se possa alterar a conjuntura no sentido desejado. A mesma convergência que aconteceu entre a resistência social e as posições de alguns governos para bloquear a ALCA, se faz agora necessária para a integração regional. Porém, o desafio é maior porque a unidade na resistência é mais simples do que na construção de plataformas alternativas.

Precisamos de novas sínteses e os elementos para chegar a elas estão dispersos entre formulações da sociedade civil, dos governos progressistas e de outros atores chave de um processo como este, como são os partidos políticos, as universidades, os grupos religiosos, os movimentos culturais etc. Corremos contra o tempo porque a alternativa da integração tem que mostrar resultados concretos para se afirmar em oposição à globalização neoliberal comandada pelas grandes corporações transnacionais e imposta pela política dos países desenvolvidos. Os desafios que hoje enfrentamos decorrem de vitórias obtidas nas lutas recentes, mas elas não são suficientes para superar a condição de subdesenvolvimento, dependência, depredação ambiental e injustiças sociais a que a atual ordem mundial quer nos submeter. As sementes foram plantadas na fase anterior, cabe agora colher nesta nova fase aberta em Cochabamba.

Siglas

ALBA – Alternativa Bolivariana para as Américas
ALCA – Área de Livre Comércio das Américas
ASC – Aliança Social Continental
CAFTA-DR – Acordo de Livre Comércio com América Central e República Dominicana
CAN – Comunidade Andina de Nações
CEPAL – Comissão Econômica para América Latina, órgão das Nações Unidas
CUT – Central Única dos Trabalhadores
MERCOSUL – Mercado Comum do Sul
NAFTA / TLCAN – Tratado de Livre Comércio da América do Norte
OMC – Organização Mundial do Comércio
TLC – Tratado de Livre Comércio
UNASUL – União de Nações de América do Sul, atual denominação da Comunidade Sul-Americana de Nações

Referências:

* A versão completa de “Integración y Territórios: Alternativas para uma Integración de los Pueblos” está em: www.taller.org.ar/Megaproyectos/Iirsa/Libro _Integracion.pdf

* Para o debate dos anos 1920, ver:
Haya de la Torre, Victor Raúl. El antimperialismo y el APRA. In: Haya de la Torre, Victor Raúl. Obras Escogicas. Tomo II. Lima: Comisión del Centenário, 1995.
Mariátegu, José Carlos. Temas de Nuestra América. In: Mariátegui, José Carlos. Obras. Tomo 2. Havana: Ed. Casa de las Américas, 18=982.

* Sobre a caracterização dos governos progressistas e de esquerda ver:
Elias, Antonio (compilador). Los gobiernos pregresistas em debate. Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. Montevideo: Instituto Cuesta Duarte, 2006.
Guimarães, Juarez. Leituras da crise. Diálogos sobre o PT, a democracia brasileira e o socialismo. (Entrevistas a Marilena Chauí, Leonardo Boff, João Pedro Stédile e Wanderley Guilherme dos Santos). São Paulo: Ed. Fund. Perseu Abramo, 2006.
Lucas, Kintto. Rafael Correa. Um extraño em Carondelet. Quito: Ed. Planeta, 2007.
Regalado, Roberto. América Latina entre Siglos. Dominación, Crisis, Lucha Social y Alternativas Políticas de la Izquierda. Havana: Ocean Press, 2006.
Stefanoni, Pablo e Hervé Do Alto. Evo Morales. De la coca al palácio. La Paz: Ed. Malatesta, 2006.
Vários Autores. Bolívia: ¿el fin del enredo? Revista Nueva Sociedad. Mai-Jun, No 209. Buenos Aires, 2007. Também disponível em www.nuso.org/
Vários Autores. La Izquierda en el Gobierno. Revista Nueva Sociedad. Mai-Jun, No 197. Caracas, 2005. Também disponível em www.nuso.org/
Villanueva, Omar Everleny Pérez (compilador). Reflexiones sobre economia cubana. Havana, Ed. Ciências Sociales, 2006.
* Sobre a proposta equatoriana de moratória de exploração de petróleo no Parque Nacional Yasuni: www.lainsignia.org/2007/agosto/econ_006.htm
* Para análises e documentos oficiais sobre a evolução recente na integração regional, ver:
Ayerbe, Luis Fernando. Integração Latino Americana e Caribenha. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007.
Benitez, Pável Alemán. ALBA, Venezuela y los retos para la Integración Latinoamericana. Em: www.inprecor.org.br/inprecor/index.php?option=content&task=view&id=650
Buono, R. A. Dello (editor). Diálogo Sudamericano: Outra integración es posible. Lima: Ed. La Tierra, 2006.
Fiori, José Luis. Artigos “A Nova Geopolítica das Nações”, “O Sistema Mundial e América Latina: Mudanças e Perspectivas”, “O discurso e a História” Em: www.inprecor.org.br
Reunião de Chefes de Estado da CSN. 1ª Reunião de Chefes de Estado da Comunidades Sul-Americana de Nações. Brasília: Fund. Alexandre Gusmão, 2005.
Stuart, Ana Maria. “Integração regional e construção da democracia na América do Sul”. In: Frati, Mila (organizadora). Curso de formação em política internacional. São Paulo: Ed. Fund. Perseu Abramo, 2007.


Gustavo Codas es Economista e jornalista é assessor da Secretaria de Relações Internacionais da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Escreve aqui a título pessoal.

Banco del Sur: 90 días de silencio

What is the Initiative People’s Agenda for Alternative Regionalisms?

The initiative People’s Agenda for Alternative Regionalisms, here involves regional alliances such as Hemispheric Social Alliance (Latin America), Southern African People’s Solidarity Network- SAPSN (Southern Africa), Solidarity for Asian People’s Advocacy – SAPA (South East Asia), People’s SAARC (South Asia) as well as organisations and networks in Europe, including Transnational Institute (TNI), that struggle for “Another Europe”. These networks and the organisations part of them, share a strong commitment on the need to RECLAIM the regions, RECREATE the processes of regional integration and ADVANCE people-centered regional alternatives.

The People’s Agenda for Alternative Regionalisms is an effort to promote cross-fertilisation of experiences on regional alternatives among social movements and civil society organisations from Asia, Africa, Latin America and Europe and contribute to the understanding of alternative regional integration as a key strategy to struggle against neoliberal globalisation to broaden the base among key social actors for political debate and action around regional integration.

Specifically, it aims to build trans-regional processes to develop the concept of “people’s integration”, articulate the development of new analyses and insights on key regional issues, expose the problems of neoliberal regional integration and the limits of the export-led integration model, share and develop joint tactics and strategies for critical engagement with regional integration processes as well as the development of people’s alternatives.

Por Gabriel Strautman

En el acto de fundación del Banco del Sur, sales realizado en la ciudad de Buenos Aires el día 9 de diciembre de 2007, los presidentes de los países miembros del banco fijaron un plazo de 60 días para que la estructura y las directrices de la nueva institución financiera multilateral sudamericana fueran definidas. En la práctica, se buscaba establecer un límite para que las divergencias entre los miembros sobre el rol del banco fueran eliminadas. Sin embargo, el sábado 9 de febrero el plazo se agotó sin que ningún avance se haya alcanzado. Desde la fundación del banco pasaron más de 90 días. Ningún gobierno se ha pronunciado al respecto y los medios de prensa conservadores que siempre han tratado el tema con prejuicio, buscando asociarlo automáticamente a un movimiento de expansión del proyecto bolivariano por América del Sur, sin siquiera evaluarlo, no lo han cuestionado. Precisamente en este contexto es que se hace necesario prestar atención a las informaciones contenidas en todo este silencio, pues el boicot al debate consolida algunas posiciones en este conflicto.

Desde el primer momento, la iniciativa de creación de una institución financiera multilateral en América del Sur estuvo asociada a la idea de construcción de una nueva arquitectura financiera regional y a la búsqueda de alternativas a las instituciones financieras multilaterales (IFM) controladas por los países del norte, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este debate solo ha sido posible gracias a la concentración de elevados niveles de reservas internacionales en las economías de la región, lo que ha motivado la discusión sobre como impedir la salida de estos recursos e inyectarlos en la esfera productiva de sus economías. La idea era la creación de un banco de fomento sudamericano, capaz de centralizar los ahorros de estos países y convertirlos en inversiones productivas, reduciendo la vulnerabilidad de la región con relación a los ciclos de la economía internacional. Estaríamos, pues, estableciendo las bases de un verdadero sistema financiero autónomo, que contribuiría a la reducción de las asimetrías de poder entre los países de la región, y anularía la dependencia de los mismos con relación a los flujos internacionales del capital financiero.

Sin embargo, jamás existió consenso entre los países socios del Banco del Sur respecto al rol de la nueva institución. Los debates han estado marcados por disputas entre aquellos que apuestan en la idea de ruptura con relación al sistema financiero internacional y aquellos que creen en el respeto a las reglas impuestas por la dictadura de las finanzas globalizadas y que, por el tanto, ven en la institución multilateral regional apenas una nueva fuente de recursos para antiguos proyectos. Después de meses de negociación, los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela firmaron el acta de fundación del Banco del Sur, en lo que fue el último acto oficial del argentino Néstor Kirchner como presidente de su país. En el documento, además del plazo de 60 días para la elaboración del convenio constitutivo del banco, los gobernantes acordaron que la nueva institución será un banco de desarrollo, orientado hacia el financiamiento de sectores estratégicos para la economía regional, el desarrollo científico y tecnológico, y proyectos para reducir la pobreza. El documento también prevé la creación de un fondo de emergencia para catástrofes.

Esta aparente convergencia, entretanto, se deshace con el silencio que ha caracterizado a los 90 días que pasaron desde la firma del acta. El mismo silencio que volvió a proyectar una niebla de incertidumbre sobre el futuro del Banco del Sur. Los focos de conflicto están asociados a cuestiones sobre la composición del capital y al sistema de toma de decisiones de la nueva institución, que a su vez serán determinantes para la decisión de los objetivos de financiamiento del banco, talvez el principal motivo de discordia entre los socios.

Sobre la composición del capital, los principales puntos de conflicto están relacionados con el origen de los fondos y los aportes por país – si van a ser iguales o proporcionales al tamaño de cada economía. En lo que respecta a la primera discusión, hay una disputa entre los socios sobre la restricción o no en la formación del capital del banco, es decir, se discute si los fondos serán compuestos solamente por recursos públicos de cada país miembro o si será posible también que sean captados en los mercados de capitales. En la primera hipótesis, la composición de los fondos con recursos públicos – por ejemplo, a partir de la transferencia de parte de las reservas internacionales o desde tributación sobre flujos de capitales – significaría una mayor autonomía para el Banco del Sur con relación a las imposiciones del mercado financiero. Por otro lado, la captación en el mercado obligaría a la institución a seguir los criterios de eficiencia estrictamente económicos y las condicionalidades impuestas por las IFM. Cabe destacar que el acta de fundación del banco ya prevé la posibilidad de captación en los mercados al afirmar que la institución cumplirán sus funciones “haciendo uso del ahorro intra y extra regional”. Entre los defensores de estas directrices, supuestamente técnicas y no políticas, se encuentran Brasil y Argentina, que al asumir tal posición revelan el desprecio por la noción de que el tecnicismo del liberalismo económico está cargado de ideología y que las IFM históricamente defendieron los intereses políticos y económicos de los países del norte.

Por su parte, la cuestión del volumen de los aportes por país al fondo del Banco del Sur, está relacionada con una de las principales razones para la creación de la institución: el financiamiento de la integración de los países de la región y la reducción de las asimetrías entre los mismos. En esta perspectiva, se podría esperar que las principales economías realizaran mayores aportes al capital del banco, sin reivindicar por esto mayor poder en el sistema de toma de decisiones. Para crear un estímulo capaz de desencadenar el proceso de reducción de las asimetrías de poder y, por consecuencia, de las asimetrías económicas, el sistema decisorio del Banco del Sur debería obedecer al criterio de un voto por país y jamás a un voto por dólar aportado. Esta distinción separa a los países con economías más grandes de un lado, y a los que poseen economías menores del otro, lo que constituye el segundo foco de disputas. En ese contexto, han surgido propuestas para que todos los países realicen aportes iguales, lo que obviamente no representa un esfuerzo equivalente a la condición de cada uno y en nada contribuye a la reducción de las asimetrías.

Tanto la discusión sobre la composición del capital del Banco del Sur – a partir de fondos públicos de cada país o en el mercado de capitales – cuanto la discusión sobre su sistema de toma de decisiones – un voto por país o un voto por dólar aportado – son decisivas para la determinación de los objetivos de financiamiento del banco. El acta de fundación prevé el “financiamiento de sectores estratégicos”, por lo que la correlación de fuerzas de la nueva institución será la que determine la respuesta a la siguiente pregunta: ¿estratégicos para quienes?

¿Vamos a tener un Banco del Sur orientado solamente por criterios de eficiencia económica y con un sistema de toma de decisiones que reproduzca las relaciones de poder hoy existentes? En este caso, ¿el nuevo banco financiará grandes proyectos de infraestructura que generan enormes impactos socioambientales y responden a las necesidades de expansión de los principales grupos económicos en disputa en la región o privilegiará el financiamiento de proyectos solidarios, enfocados en la reducción de las asimetrías de las condiciones de vida de, y entre, los diferentes países de América del Sur, a partir de la construcción de una instancia decisoria igualitaria, transparente, y que contemple la existencia de mecanismos de participación de los movimientos sociales?

El boicot del debate sobre la creación del Banco del Sur beneficia la posición de aquellos que tienen “más para perder” con la creación de la nueva institución. En ese sentido, Brasil sería uno de los más interesados en el fracaso de la iniciativa y el más beneficiado por el silencio de las negociaciones. Inicialmente, el gobierno brasileño declaró que no formaría parte del Banco del Sur, con la excusa de que la idea no había sido suficientemente debatida y que, en contrapartida, aumentaría su participación en la Corporación Andina de Fomento (CAF). En realidad, en ese momento las autoridades de este país no apostaban por que la idea inicialmente impulsada por Argentina y Venezuela saldría adelante. Además, el país ya cuenta con los recursos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que solamente en el 2006 desembolsó R$52,3 mil millones (aproximadamente US$30 mil millones de dólares), incluso a empresas brasileñas que actúan en el exterior. Sin embargo, con el avance de las negociaciones, el gobierno brasileño se vio obligado a formar parte del proyecto, con la condición de que el banco siguiera directrices técnicas y no políticas.

Desde una perspectiva internacional, el silencio y paralización del proceso benefician a quienes sostienen que el proyecto es tan solo una idea del presidente venezolano Hugo Chávez, sin mayor consenso o posibilidades de realización. En este marco, se pueden inscribir las posturas de Chile, Perú y hasta de Colombia, aunque en algún momento también manifestó su intención de unirse a la iniciativa. Como actores extraregionales, en última instancia la postergación de la puesta en práctica del banco favorece la posición de las instituciones financieras tradicionales.

Es necesario resistir a las iniciativas que pretenden encuadrar al Banco del Sur en los moldes de un banco tradicional como las IFM, pues lo que tal vez escapa al control desde un punto de vista técnico-científico, responde a la lógica de los procesos de resistencia en marcha en la región actualmente. En este sentido, y considerando el importante rol que podrá desempeñar el banco en la promoción de una integración solidaria entre los países de América del Sur, y en la reducción de las asimetrías de las condiciones de vida de y entre los países, la sociedad debe presionar a los gobiernos de la región para que los mismos adopten posturas transparentes que permitan el control social de las negociaciones.

South Bank: 90 days of silence

Gabriel Strautman*


At the launching event for the Southern Bank, held in Buenos Aires on December 9, 2007, the presidents of Bank member countries set a 60-day deadline to define the structure and guidelines of the new South American multilateral financial institution. In practice, the idea was to set a deadline in order to eliminate the existing divergences among members on the role of the Bank. However, the deadline expired on February 9 without having made any progress. It has been more than 90 days since the foundation of the Bank. No government has made comments in this respect and the conservative media which have always addressed this issue in a prejudiced way, intending to directly link it to an expansion of the Bolivarian project throughout South America, have neither taken it into consideration, nor even questioned it. It is precisely within this context that we need to pay attention to all the information implied by silence, since the debate boycott actually consolidates some positions in this conflict.

From the beginning, the initiative aimed at the creation of a South American multilateral financial institution was associated with the idea of building a new regional financial architecture and searching alternatives to multilateral financial institutions (MFI) controlled by Northern countries, such as the International Monetary Fund and the Inter-American Development Bank. This debate has only been possible thanks to the large hoarding of international reserves by economies in the region, which has motivated the discussion on how to prevent the outflow of resources, thus injecting them into the productive sphere of regional economies. The idea was the creation of a South American development bank, capable of centralizing the savings of these countries, thus turning them into productive investments and reducing the vulnerability of the region to international economic cycles. This would be then laying the foundations for a truly autonomous financial system, which would contribute to the reduction of power asymmetries between countries in the region, and would cut their dependence on international flows of capital.

However, consensus on the role of the new institution was never reached among South Bank member countries. Debate has been marked by disputes between those who aim at the idea of breaking up with the international financial system and those who believe in respecting the rules imposed by the dictatorship of globalized finance and who, therefore, just consider the regional multilateral institution as a new source of finance for old projects. Following months of negotiation, the presidents of Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Paraguay, Uruguay and Venezuela signed the founding chart of the South Bank, in what consisted the last official act of Argentine Néstor Kirchner as president of his country. In the document, besides the 60-day deadline to draw up the Bank’s Articles of Agreement, the presidents agreed on the fact that the new bank shall be a development bank, aimed at financing strategic sectors for the economy of the region, scientific and technological development, and poverty reduction projects. The document also provides for the creation of a disaster relief fund.

Meanwhile, this apparent convergence fades away with the silence that has characterized the 90 days that have passed since the signing of the chart. The same silence that has hung a cloud of uncertainty over the future of the South Bank. The focal points of conflict are related to the composition of capital and the decision-making system of the new institution, which at the same time will be crucial to decide on the Bank’s finance goals – maybe the main reason for disagreement among partners.

With regards to the composition of capital, the main points of conflict are related to the origin of funds and the contribution to be made by each country – if this is going to be the same or proportional to the size of each economy. With respect to the first discussion, there is a dispute among partners on whether to restrict or not the Bank’s composition of funds, that is, whether funds will only comprise public resources from each member country or if it will also be possible to raise funds from the capital market. In the first hypothesis, the composition of funds by means of public resources – for example, by transferring part of international reserves or through the taxation of capital flows – would imply a greater autonomy for the South Bank vis-à-vis the impositions of the financial market. On the other hand, raising funds from the market would force the institution to follow the strictly economic efficiency criteria and conditionalities imposed by MFIs. It is worth highlighting that the Bank’s founding chart already contemplates the possibility of raising funds from the market by stating that the institution shall comply with its functions “making use of intra- and extra-regional savings”. Among the advocates for these supposedly technical and non- policy guidelines, are Brazil and Argentina, which upon taking such position give evidence as to their disdain over the notion that the technicality of economic liberalism is imbued with ideology and that the MFIs have historically defended the political and economic interest of Northern countries.

For its part, the issue of the volume of contributions to be made by each country to the South Bank is related to one of the main reasons for the creation of the institution: financing the integration of countries in the region and reducing the asymmetries among them. From this perspective, the main economies could be expected to make larger capital contributions to the bank, without claiming thereby to have greater power in the decision-making system. In order to encourage a process aimed at reducing power asymmetries, and therefore economic asymmetries, the decision-making system at the South Bank should be based on the “one country, one vote” and never on the “one dollar, one vote” criterion. This distinction separates between countries with larger economies on the one hand and countries with smaller economies on the other, which represents the second focal point of dispute. In this context, proposals have been made for all countries to make equal contributions, which obviously fails to represent an effort equivalent to the situation of each country and does nothing to reduce asymmetries.

Both the discussion on the South Bank’s composition of capital – either with public funds from each country or the capital market – and the discussion on its decision-making system – either the “one country, one vote” or the “one dollar, one vote” criterion – are decisive to determine the bank’s finance goal. The founding chart provides for the “financing of strategic sectors”, so the correlation of forces within the new institution will be fundamental to answer the following question: strategic for whom?

Are we going to have a South Bank solely guided by economic efficiency criteria, having a decision-making system that reproduces currently existing power relations? In this case, will the new bank finance large infrastructure projects which have huge socio-environmental impacts and meet the expansion needs of the main economic groups in dispute in the region, or will it favor the funding of solidary projects aimed at the reduction of asymmetries in the living conditions of and among the different South American countries, based on the construction of an equal and transparent decision-making body, that would contemplate the existence of participation mechanisms within social movements?

The debate boycott on the creation of the South Bank benefits the position of those who have “more to lose” with the launching of the new institution. In this sense, Brazil would be among the most interested in the failure of the initiative and the one to be more benefitted by the silence of negotiations. Initially, the Brazilian government stated that it would not form part of the South Bank, with the excuse that the idea had not been sufficiently debated and that, on the other hand, it would increase its participation in the Andean Development Corporation (CAF, in Spanish). In fact, at that time Brazilian authorities did not believe that the idea originally promoted by Argentina and Venezuela would move forward. Besides, the country already has the resources of the National Bank for Economic and Social Development (BNDES), which only in 2005 disbursed some 30 billion dollars, even to Brazilian companies operating overseas. Nevertheless, given the progress of negotiations, the Brazilian government was forced to participate in the project, on condition that the Bank followed technical non-policy guidelines.

From an international perspective, the silence and stagnation of the process favor those who maintain that the project is just an idea of Venezuelan President Hugo Chávez, without much consensus or feasibility. In this framework, we can include the positions of Chile, Peru and even Colombia, although at some point it also expressed the intention to join the initiative. As extra-regional actors, the delay in the implementation of the bank finally favors the position of traditional financial institutions.

It is necessary to resist the initiatives that intend to frame the South Bank within the paradigm of a traditional bank such as the MFIs, since that which maybe exceeds control from a technical-scientific point of view, responds to the logic of resistance processes currently underway in the region. In this sense, and taking into account the important role to be played by the Bank in the promotion of a solidary integration among South American countries, and in the reduction of asymmetries in the living conditions of and among countries, citizens should put pressure on the governments of the region to make them adopt transparent positions that may contribute to the social monitoring of negotiations.


*Economist at PACS Institute and member of Rede Brazil on Multilateral Financial Institutions and Rede Jubileu Sul. The author thanks María José Romero – of the Third World Institute in Uruguay – for her comments.