Building Community The Search for Alternative Regionalism in Southeast Asia

Jenina Joy Chavez

When the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) was formed in 1967, treatment the original members did not have an a priori vision of what they wanted the Association to be. It would take another 30 years before the vision of an ASEAN Community would emerge. ASEAN members are now preparing to flesh this out in an ASEAN Charter.
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Latinoamérica: en pro de una integración regional y una desvinculación parcial del mercado capitalista mundial

Rosalba Icaza – (Institute of Social Studies, The Netherlands)
This contribution seeks to understand how changing patterns of power and governance affect the meanings and practices of citizenship in a globalising world. It does so by looking into local manifestations of regionalization and their dynamic interactions with collective experiences of women resistance to neo-liberal regionalism in Mexico.1 In particular, the paper looks at the poor record on transparency and accountability of North American official regionalism together with women organizing strategies in national and local arenas of governance opposing it.
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Eric Toussaint


La crisis económica y financiera internacional cuyo epicentro se halla en Estados Unidos tendría que ser aprovechada por los países latinoamericanos para construir una integración favorable a los pueblos y al mismo tiempo iniciar una desvinculación parcial.

Se debe aprender las lecciones del siglo XX para aplicarlas en este comienzo de siglo. Durante la década de los 1930 que siguió la crisis que estalló en Wall Street en 1929,
hubo 12 países de Latinoamérica que fueron directamente afectados y que, clinic capsule en consecuencia, suspendieron de manera prolongada el reembolso de sus deudas externas contraídas, principalmente, con banqueros de América del Norte y de Europa occidental. Algunos de ellos, como Brasil y México, impusieron a sus acreedores, diez años más tarde, una reducción de entre el 50 y el 90% de su deuda. México fue el que llevó más lejos las reformas económicas y sociales. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, la industria del petróleo fue completamente nacionalizada sin que por ello los monopolios norteamericanos fueran indemnizados. Además, 16 millones de hectáreas fueron también nacionalizadas y retornadas en su mayor parte a la población indígena bajo la forma de bienes comunales. En el transcurso de los años treinta y hasta mediados de los sesenta, varios gobiernos latinoamericanos llevaron a cabo políticas públicas muy activas con el fin de conseguir un desarrollo parcialmente autocentrado, conocidas más tarde con el nombre de modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI). Por otra parte, a partir de 1959, la revolución cubana intentó dar un contenido socialista al proyecto bolivariano de integración latinoamericana. Este contenido socialista despuntaba ya en la revolución boliviana de 1952. Fue necesaria la brutal intervención estadounidense, apoyada por las clases dominantes y las fuerzas armadas locales, para terminar con el ciclo ascendente de emancipación social de este período. Bloqueo de Cuba desde 1962, junta militar en Brasil desde 1964, intervención estadounidense en Santo Domingo en 1965, dictadura de Banzer en Bolivia en 1971, golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, instalación de las dictaduras en Uruguay y en Argentina. El modelo neoliberal fue puesto en práctica primero en Chile, con Pinochet y la ayuda intelectual de los Chicago boys de Milton Friedman, y luego se impuso en todo el continente, favorecido por la crisis de la deuda que estalló en
1982. A la caída de las dictaduras en los años ochenta, el modelo neoliberal continuó vigente gracias principalmente a la aplicación de los planes de ajuste estructural y del Consenso de Washington. Los gobiernos de Latinoamérica fueron incapaces de formar un frente común, y la mayoría aplicó con docilidad las recetas dictadas por el Banco Mundial y el FMI. Esto acabó produciendo un gran descontento popular y una recomposición de las fuerzas populares que condujo a un nuevo ciclo de elecciones de gobiernos de izquierda o de centro izquierda, comenzando por Chávez en 1998, que se comprometió a instaurar un modelo diferente basado en la justicia social.

En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano de integración de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las lecciones del pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica durante las décadas de 1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de los pueblos combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en favor de las clases trabajadoras. Ahora bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido de clase antagónico. Las clases capitalistas brasileña y argentina (las dos principales economías de América del Sur) son partidarias de una integración favorable a su dominación económica sobre el resto de la región. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así como de las argentinas, son muy importantes en toda la región: petróleo y gas, grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agrobusiness, industrias alimentarias, etc. La construcción europea, basada en un mercado único dominado por el gran capital, es el modelo que quieren seguir. Las clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los trabajadores de los diferentes países de la región compitan entre sí, para conseguir el máximo beneficio y ser competitivos en el mercado mundial. Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error recurrir a una política por etapas: apoyar una integración latinoamericana según el modelo europeo, dominada por el gran capital, con la ilusoria esperanza de darle más tarde un contenido socialmente emancipador. Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses capitalistas. No hay que entrar en el juego de los capitalistas, intentando ser el más astuto y dejando que éstos dicten sus reglas.

El otro proyecto de integración, que se inscribe en el pensamiento bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integración. Esto implica la recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región y sobre los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas sociales de los trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar sustancialmente las vías de comunicación entre los países de la región, respetando rigurosamente el ambiente (por ejemplo, desarrollando el ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes que las autopistas). Hay que apoyar a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanado, comercio, servicios, etc. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto bolivariano del siglo xxi pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista apoyando las formas de propiedad que tienen una función social: pequeña propiedad privada, propiedad pública, propiedad cooperativa, propiedad comunal y colectiva, etc. Así mismo, la integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídica y política común.

Se debe aprovechar la actual coyuntura internacional, favorable a los países en desarrollo exportadores de productos primarios antes de que la situación cambie. Los países de Latinoamérica han acumulado cerca de 400.000 millones de dólares en reservas de cambio. Es una suma no despreciable, que está en manos de los Bancos Centrales latinoamericanos, y que debe ser utilizada en el momento oportuno para favorecer la integración regional y blindar al continente frente a los efectos de la crisis económica y financiera que se desarrolla en América del Norte y Europa, y que amenaza a todo el planeta. Lamentablemente, no hay que hacerse ilusiones: Latinoamérica está en vías de perder un tiempo precioso, mientras los gobiernos prosiguen, más allá de la retórica, una política tradicional: firma de acuerdos bilaterales sobre inversiones, aceptación o continuación de negociaciones sobre ciertos tratados de libre comercio, utilización de las reservas de cambio para comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos (es decir, prestarle capital a la potencia dominante) o credit default swaps cuyo mercado se ha hundido con Lehman Brothers, AIG, etc., pago anticipado al FMI, al Banco Mundial y al Club de París, aceptación del tribunal del Banco Mundial (CIADI) para resolver los diferendos con las transnacionales, continuación de las negociaciones comerciales en el marco de la agenda de Doha, mantenimiento de la ocupación militar de Haití. Después de un ruidoso y prometedor arranque en el 2007, las iniciativas anunciadas en materia de integración latinoamericana parecen haberse frenado en el 2008.

En cuanto al lanzamiento del Banco del Sur, éste lleva mucho retraso. Las discusiones no se profundizan. Hay que salir de la confusión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institución, cuya creación fue decidida en diciembre del 2007 por siete países de América del Sur. El Banco del Sur tiene que ser una institución democrática (un país, un voto) y transparente (auditoría externa). Antes que financiar con dinero público grandes proyectos de infraestructura, pocos respetuosos del ambiente, realizados por empresas privadas, cuyo objetivo es obtener el máximo beneficio, se debe apoyar los esfuerzos de los poderes públicos para promover políticas tales como la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el desarrollo de la investigación en el campo de la salud y la implantación de una industria farmacéutica que produzca medicamentos genéricos de alta calidad; reforzar los medios de transporte colectivo ferroviario; utilizar energías alternativas para limitar el agotamiento de los recursos naturales; proteger el ambiente; desarrollar la integración de los sistemas de enseñanza…

Al contrario de lo que muchos creen, el problema de la deuda pública no se ha resuelto. Es verdad que la deuda pública externa se ha reducido, pero ha sido sustituida por una deuda pública interna que, en ciertos países, ha adquirido proporciones totalmente desmesuradas (Brasil, Colombia, Argentina, Nicaragua, Guatemala), a tal punto que desvía hacia el capital financiero parasitario una parte considerable del presupuesto del Estado. Es muy conveniente seguir el ejemplo de Ecuador, que estableció una comisión de auditoría integral de la deuda pública externa e interna, a fin de determinar la parte ilegítima, ilícita o ilegal de la misma. En un momento en el que, tras una serie de operaciones aventuradas, los grandes bancos y otras instituciones financieras privadas de Estados Unidos y de Europa borran unas deudas dudosas por un monto que supera largamente la deuda pública externa de Latinoamérica con ellos, hay que constituir un frente de países endeudados para obtener la anulación de la deuda.

Se debe auditar y controlar estrictamente a los bancos privados, porque corren el peligro de ser arrastrados por la crisis financiera internacional. Hay que evitar que el Estado sea llevado a nacionalizar las pérdidas de los bancos, como ya ha pasado tantas veces (Chile bajo Pinochet, México en 1995, Ecuador en 1999-2000, etc.). Si hay que nacionalizar unos bancos al borde de la bancarrota, esto debe hacerse sin indemnizaciones y ejerciendo el derecho de reparación (repetición) sobre el patrimonio de sus propietarios.

Por lo demás, han surgido numerosos litigios en estos últimos años entre los Estados de la región y multinacionales, tanto del Norte como del Sur. En lugar de remitirse al Centro Internacional de Resolución de Diferendos en materia de Inversiones (CIADI), que es parte del Banco Mundial, dominado por un puñado de países industrializados, los países de la región tendrían que seguir el ejemplo de Bolivia, que se ha retirado del mismo. Deberían crear un organismo regional para la resolución de litigios en cuestiones de inversiones. En materia jurídica, los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Calvo y negarse a renunciar a su jurisdicción en casos de litigio con otro Estado o con empresas privadas. ¿Cómo se puede seguir firmando contratos de préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio, sólo son competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, del Reino Unido o de otros países del Norte? Se trata de una renuncia inadmisible del ejercicio de la soberanía.

Es conveniente restablecer un control estricto de los movimientos de capitales y del cambio, a fin de evitar la fuga de capitales y los ataques especulativos contra las monedas de la región. Es necesario que los Estados que quieren materializar el proyecto bolivariano de integración latinoamericana para una mayor justicia social avancen hacia una moneda común.

Naturalmente, la integración debe tener una dimensión política: un Parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada uno de los países miembros, dotado de un poder legislativo real. En el marco de la construcción política, hay que evitar la repetición del mal ejemplo europeo, donde la Comisión Europea (o sea, el gobierno europeo) dispone de poderes exagerados con respecto al Parlamento. Hay que caminar hacia un proceso constituyente democrático a fin de adoptar una Constitución política común. En este caso también, se debe evitar reproducir el procedimiento antidemocrático seguido por la Comisión Europea para tratar de imponer un tratado constitucional elaborado sin la participación activa de la ciudadanía y sin someterlo a un referéndum en capa país miembro. Por el contrario, hay que seguir el ejemplo de las asambleas constituyentes de Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2007-2008). Los importantes avances democráticos logrados en el curso de estos tres procesos tendrían que ser integrados en un proceso constituyente bolivariano.

Así mismo, es necesario reforzar las competencias de la Corte Latinoamericana de Justicia, en particular en materia de garantía del respeto de los derechos humanos que son indivisibles.

Hasta este momento, coexisten varios procesos de integración: Comunidad Andina de Naciones, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba… Es importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una definición político-social basada en la justicia social. Este proceso bolivariano debería reunir a todos los países de Latinoamérica (América del Sur, América Central y Caribe) que se adhieran a esta orientación. Es preferible comenzar la construcción común con un núcleo reducido y coherente, que con un conjunto heterogéneo de Estados cuyos gobiernos siguen orientaciones políticas sociales contradictorias, cuando no antagónicas.

La integración bolivariana debe ir acompañada de una desvinculación parcial del mercado capitalista mundial. Se trata de ir suprimiendo progresivamente las fronteras que separan los Estados que participan en el proyecto, reduciendo las asimetrías en los países miembros especialmente gracias a un mecanismo de transferencia de riqueza desde los Estados más «ricos» a los más «pobres». Esto permitirá ampliar considerablemente el mercado interior y favorecerá el desarrollo de los productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Permitirá poner en vigencia el proceso de desarrollo (no sólo la industrialización) por sustitución de importaciones. Por descontado, ello implica el desarrollo, por ejemplo, de una política de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, el conjunto bolivariano constituido por los países miembros se desvinculará parcialmente del mercado capitalista mundial. En particular, esto implicará abrogar tratados bilaterales en materia de inversiones y de comercio. Los países miembros del grupo bolivariano también deberían retirarse de instituciones tales como el Banco Mundial, el FMI y la OMC, promoviendo al mismo tiempo la creación de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos humanos indivisibles.

Como se indicó antes, los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano se dotarán de nuevas instituciones regionales, como el Banco del Sur, que desarrollarán relaciones de colaboración con otras instituciones similares constituidas por Estados de otras regiones del mundo.

Los Estados miembros del nuevo grupo bolivariano actuarán con el máximo número de terceros Estados por una reforma democrática radical del sistema de las Naciones Unidas, con el objetivo de hacer cumplir la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y los numerosos instrumentos internacionales favorables a los derechos humanos, tales como el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales (1966), la carta de los derechos y deberes de los Estados (1974), la declaración sobre el derecho al desarrollo (1986), la resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007). Igualmente, prestarán apoyo a la actividad de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Favorecerán el entendimiento entre los Estados y los pueblos a fin de actuar para que se limite al máximo el cambio climático, ya que esto representa un terrible peligro para la humanidad.

Latin America: In support of regional integration and a partial delinking from the world capitalist market

Alternatives for the Americas is a document of guidelines (summarized here) for making the process of hemispheric economic integration more inclusive, democratic, environmentally and culturally sustainable, and equitable. The document proposes development based on democratic citizen participation, local control over resources, and the reduction of economic and social inequalities.”

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Alternatives for the Americas is a document of guidelines (summarized here) for making the process of hemispheric economic integration more inclusive, democratic, environmentally and culturally sustainable, and equitable. The document proposes development based on democratic citizen participation, local control over resources, and the reduction of economic and social inequalities.”

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By Eric Toussaint, for sale translated by Federico Fuentes

The economic and financial crisis, diagnosis whose epicentre is found in the United States, has to be utilised by Latin American countries to build an integration favourable to the peoples and at the same initiate a partial delinking from the world capitalist market.

We need to learn the lessons of the 20th century in order to apply them at the beginning of this century. During the decade of the 1930s that followed the crisis that exploded on Wall Street in 1929, 12 countries in Latin America suspended for a prolonged time repayment of their foreign debt, prinicipally to North American and western European bankers. Some of them, such as Brazil and Mexico, imposed on their creditors a reduction of between 50% and 90% of their debt some 10 years later.

Mexico was the one that went the furthest with its economic and social reforms. During the government of Lazaro Cardenas, the petroleum industry was completely nationalised without any compensation for the North American monopolies. Moreover, 16 million hectares of land were also nationalised and in large part handed over to the indigenous population.

During the 1930s and up until the middle of the 1960s, various Latin American governments carried out very active public policies with the aim of seeking a partially self-centred development, known later as the model of industrialisation via substitution of imports. On the other hand, beginning in 1959, the Cuban Revolution attempted to give a socialist content to the Bolivarian project of Latin American integration. This socialist content began to appear in the Bolivian revolution of 1952.

Brutal US intervention, backed by the dominant classes and the local armed forces, was necessary to put an end to the ascending cycle of social emancipation during this period. The blockade of Cuba since 1962, the military junta in Brazil from 1964, US intervention in Santo Domingo in 1965, the Banzer dictatorship in Bolivia in 1971, the Pinochet coup in Chile in 1973, and installing dictatorships in Uruguay and Argentina. The neoliberal model was put in practice first in Chile with Pinochet, and with the intellectual guidance of the Chicago Boys of Milton Friedman, and afterwards was imposed on all the continent, aided by the debt crisis that exploded in 1982.

With the fall of the dictatorships in the 1980s, the neoliberal model continued in force, principally through the application of structural adjustments programs and the Washington Consensus. The governments of Latin America were incapable of forming a common front, and the majority applied the recipes dictated by the World Bank and the IMF in a docile manner. This ended up producing a large popular discontent and a recomposition of popular forces that led to a new cycle of elections of left or centre-left governments, beginning with Hugo Chavez in Venezuela in 1998, who committed himself to installing a different model based on social justice.

Two projects of integration

At the beginning of this century, the Bolivarian project of integration of the peoples of the region has gain new momentum. If we want this new ascending cycle to go further it is necessary to learn the lessons of the past. What was particularly missing in Latin America during the decades of the 1940s to the 1970s was an authentic project of integration of economies and peoples, combined with a real redistribution of wealth in favour of the working classes. We need to be conscious of the fact that in Latin America today there is a dispute between two projects of integration, that have an antagonistic class content. The capitalist classes of Brazil and Argentina (the two principal economies of South America) are partisans of an integration based on their economic domination over the rest of the region. The interests of Brazilian companies, above all, as well as Argentine ones, are very important in all the region: oil and gas, large infrastructure works, mining, metallurgy, agrobusiness, food industries, etc.

The European construction, based on a single market dominated by big capital, is the model that they want to follow. The Brazilian and Argentine capitalist classes want the workers of the different countries in the region to compete among themselves in order to obtain maximum benefit and be competitive on the world market.

From the point of view of the left, it would be a tragic error to fall back on a policy of stages: support a model of Latin American integration according to the European model, dominated by big capital, with the illusionary hope of giving it a socially emancipatory content later on. Such support implies putting oneself at the service of capitalist interests. We do not have to involve ourselves in the capitalist’s games, trying to be more astute and letting them dictate the rules.

The other project of integration, that falls within Bolivarian framework, wants a social justice content to integration. This implies public control over natural resources in the region and over large means of production, credit and commercialisation. The levelling from above of the social conquests of the workers and small producers, at the same time as reducing the differences between the economies in the region. The substantial improvement of communication between countries of the region, rigorously respecting the environment (for example, developing railway lines and other means of collective transport before highways). Support for small private producers in numerous activities, agriculture, artisan, trade, services, etc. The process of social emancipation that the Bolivarian project of the 21st century is pursuing aims to liberate society from capitalist domination, supporting forms of property that have a social function: small private property, public property, cooperative property, communal and collective property, etc. At the same time, Latin American integration implies the creation of a common financial, judicial and political architecture.

Losing precious time

The current international conjuncture, favourable for developing countries that export primary products, needs to be utilised before the situation changes. The countries of Latin America have accumulated close to US$400,000 million in reserves. This is no small amount in the hands of Latin American central banks and which needs to be utilised at an opportune moment in order to help regional integration and shield the continent from the effects of the economic and financial crisis that is unfolding in North America and Europe, and that threatens the whole planet.

Unfortunately, we should not create illusions: Latin America is losing precious time, while governments, beyond the rhetoric, pursue a traditional policy of signing of bilateral agreements on investment, acceptance or continuation of negotiations over certain free trade agreements, utilisation of reserves to buy bonds from the US Treasury (that is, lending capital to the dominant power) or credit default swaps whose markets have collapsed with Lehman Brothers, AIG etc., advance payments to the IMF, World Bank and the Paris Club, acceptance of the World Bank tribunal – the International Centre for Settlement of Investment Disputes — as a way to resolve differences with transnational corporations, continuation of trade negotiations within the framework of the agenda of Doha, maintenance of the military occupation of Haiti. Following a loud and promising start in 2007, the initiatives announced in regards to Latin American integration seem to have come to a halt in 2008.

Bank of the South

In regards to the launching of the Bank of the South, this has already been delayed quite a bit. Discussions have not progressed. We have to get rid off any confusion and give a clearly progressive content to this new institution, whose creation was decided upon in December 2007 by seven countries in South America. The Bank of the South has to be a democratic institution (one country, one vote) and transparent (external auditing). Before using public money to finance large infrastructure projects that don’t respect the environment and which are carried out by private companies whose objectives are to obtain maximum benefit, we have to support the efforts of the public powers to promote policies such as food sovereignty, agrarian reform, the development of studies in the field of health, the establishment of a pharmaceutical industry that produces high-quality generic medications, collective rail-based means of transport, alternative energy to limit the impact on depleted natural resources, protection of the environment and the development of integrated education systems.

Cancel the debt

Contrary to what many think, the problem of the public debt has not been resolved. It is true that the external public debt has been reduced, but it has been replaced by an internal public debt that, in certain countries, has acquired totally huge proportions (Brazil, Colombia, Argentina, Nicaragua and Guatemala) to the point that it diverts a considerable part of the state budget towards parasitically financial capital.

It is very worthwhile following the example of Ecuador, which established an auditing commission to study the external and internal public debt, with the aim of determining the illegitimate, illicit and illegal parts of the debt. At a time when, following a series of adventurous operations, the large banks and other private financial institutions of the United States and Europe are wiping out dubious debts with an amount that by far surpasses the external public debt that Latin America owes them, we have to constitute a united front of indebted countries in order to obtain the cancellation of the debt.

Nationalise the banks without compensation

Private banks need to audited and strictly controlled, because they run the risk of being dragged down with the international financial crisis. We have to avoid a situation where the state ends up nationalising the losses of the banks, as has happened many times before (Chile under Pinochet, Mexico in 1995, Ecuador in 1999-2000, etc.). If some banks on the brink of bankruptcy have to be nationalised, this should be done without paying compensation.

Moreover, numerous litigation cases have emerged in the last few years between the states of the region and multinationals, from the North and the South. Rather that taking them to the ICSID, which is part of the World Bank dominated by a handful of industrialised countries, the countries of the region should follow the example of Bolivia, which has pulled out of the organisation. They should create a regional organisation for the resolution of litigation initiated by other countries or private companies. How can we continue to sign loan contracts or trade contracts that state, in the case of litigation, that the only jurisdictions that are valid are those of the US, United Kingdom or other countries of the North? We are dealing here with an inadmissible renouncement of sovereignty.

It is worthwhile establishing strict control over capital movements and exchange rates, with the goal of avoiding capital flight and speculative attacks against currencies in the region. For the states that want to make the Bolivarian project of Latin American integration for greater social justice a reality, it is necessary to advance towards a common currency.

Integration has a political dimension

Naturally, integration has to have a political dimension: a Latin American parliament elected by universal suffrage in each one of the member countries, equipped with a real legislative power. Within the framework of political construction, we have to avoid repeating the bad example of Europe, where the European Commission (that is, the European government) has exaggerated powers in regards to the parliament. We have to move towards a democratic constituent process with the goal of adopting a common political constitution.

We also have to avoid reproducing the anti-democratic procedure followed by the European Commission that attempts to impose a constitutional treaty elaborated without the active participation of citizens and without submitting it to a referendum in each member country. On the contrary, we have to follow the example of the constituent assemblies of Venezuela (1999), Bolivia (2007) and Ecuador (2007-8). The important democratic advances achieved in the course of these three processes will have to be integrated into the Bolivarian constituent process.

Likewise, it is necessary to strengthen the powers of the Latin American Court of Justice, particularly in matters regarding the guaranteeing for the respect of inalienable human rights.

Until now, various processes of integration coexist: the Community of Andean Nations, Mercosur, Unasur, Caricom, Alba. It is important to avoid dispersion and adopt a integration process with a social-political definition based on social justice. This Bolivarian process should bring together all the countries in South America, Central America and the Caribbean that adhere to this orientation. It is preferable to commence this common construction with a reduced and coherent nucleus, rather than with a heterogeneous set of states whose governments follow contradictory, if not antagonistic, social policies.

Partial delinking from the world capitalist market

Bolivarian integration should be accompanied with a partial delinking from the world capitalist market. We are dealing with trying to progressively erase the borders that separate the states that participate in the project, reducing the asymmetries between the member countries, especially thanks to a mechanism of transfer of wealth from the “richer’’ states to the “poorer’’.

This will allow for the considerable expansion of the internal market and will favour the development of local producers under different forms of property. It will allow for the putting into action of a process of development (not only industrialisation) with substitution of imports. Of course, this implies the development, for example, of a policy of food sovereignty. At the same time, the Bolivarian project made up of various member countries will partially delink itself from the world capitalist market. This means, in particular, the repealing of bilateral treaties in areas of investment and trade. The member countries of the Bolivarian group should also pull out of institutions such as the World Bank, the IMF and the World Trade Orgaisation (WTO), at the same time as promoting new democratic global institutions that respect inalienable human rights.

As was mentioned before, the member states of the new Bolivarian group would equip themselves with new regional institutions, such as the Bank of the South, which would develop collaborative relations with other similar institutions created by states from other regions in the world.

The member states of the new Bolivarian group will act with the maximum number of third states in favour of a radical democratic reform of the United Nations, with the objective of ensuring compliance with the United Nations Charter and the numerous international instruments that defend human rights, such as the international pact on economic, social and cultural rights (1996), the charter on the rights and responsibilities of states (1974), the declaration on the right to development (1986), the resolution on the rights of indigenous people (2007). Equally, it would lend support to the activities of the International Criminal Court and the International Court of Justice in The Hague. It would act in favour of reaching understandings between states and peoples with the goal of acting to limit climate change as much as possible, given that this represents a terrible danger for humanity.

[Eric Toussaint is from the Committee for the Abolition of the Third World Debt. Translated from the Spanish version by Federic Fuentes for Links International Journal of Socialist Renewal.]

 


Paper presented in Caracas on October 8, 2008, presented during the international Responses from the South to the World Economic Crisis seminar, held at the Venezuelan School of Planning. The other speakers on the panel were: Hugo Chavez, president of the Bolivarian Republic of Venezuela, Haiman El Troudi, minister of planning (Venezuela), Claudio Katz, Economist of the Left (Argentina) and Pedro Paez, minister of economic coordination (Ecuador). The entire conference was broadcast live by Venezuelan state television.

Simón Bolívar (1783-1830) was one of the first to try and unify the countries of Latin America with the aim of creating a single independent nation. He led the struggle to liberate Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru and Bolivia from Spanish domination. He is considered to be a hero, and his name is well recognised across Latin America.

Endogenous development and a South American Financial Architecture

“What is the Bank of the South?

On December 9th, 2007, pills representatives from Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Paraguay,Uruguay, and Venezuela met in Buenos Aires, Argentina, to launch “el Banco del Sur” or theBank of the South (BoS). With the creation of the Bank, the leaders of Latin America envisageda new development institution to help promote growth and tackle poverty. The BoS wasoriginally proposed in 2006 by Venezuelan president Hugo Chavez. Chavez, along with otherSouth American leaders, wanted a Bank that would allow them to assert their political andfinancial independence from traditional international financial institutions (IFIs), like theInternational Monetary Fund (IMF) and the World Bank, and put an end to decades ofstructural adjustment policies imposed by the IFIs on countries in Latin America.”


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“What is the Bank of the South?

On December 9th, ailment 2007, representatives from Argentina, Bolivia, Brazil, Ecuador, Paraguay,Uruguay, and Venezuela met in Buenos Aires, Argentina, to launch “el Banco del Sur” or theBank of the South (BoS). With the creation of the Bank, the leaders of Latin America envisageda new development institution to help promote growth and tackle poverty. The BoS wasoriginally proposed in 2006 by Venezuelan president Hugo Chavez. Chavez, along with otherSouth American leaders, wanted a Bank that would allow them to assert their political andfinancial independence from traditional international financial institutions (IFIs), like theInternational Monetary Fund (IMF) and the World Bank, and put an end to decades ofstructural adjustment policies imposed by the IFIs on countries in Latin America.”


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Marcos Arruda


Taking into account the current financial earthquake that is shaking the US financial system, Marcos Arruda summarizes some of the main arguments related to the creation of a new financial architecture for South America.

Contents



  1. – Lessons from Ongoing Alternative Experiences: Alba e Unasul

South America has experienced a number of integration processes and their outcome is ambiguous: they present gains and losses. I wrote this paper with no scientific pretension. It is rather an exploration of scenarios, a trip to possible futures. It summarizes what seem to be some of the most relevant lessons to learn from some practices of regional integration in Latin America and Europe. It takes into account the current financial earthquake that is shaking the US financial system, flashing seismic waves throughout the economy of world capital. The paper summarizes some of the main arguments related to the creation of a new financial architecture for the region. It shows that such a task cannot be fulfilled outside the context of a critique of the exogenous, technocratic development paradigm that dominates the region and most of the world. It asserts that a financial architecture always serves a certain development pattern and policy, therefore is not politically ‘neutral’. The main part of the paper is dedicated to outline the vision of an authentically democratic framework for cooperative integration of South America: an endogenous, democratic and sustainable development; and to raise questions related to the current debate about the construction of a South American financial architecture.

1. Note on Methodology

Every alternative vision involves three simultaneous challenges. One, visualize another goal, – in this case another development, qualified as endogenous, sovereign, democratic, cooperative, sustainable – not as an arrival point but rather as a process; if we set this process in motion we are already beginning to fulfill that major goal.

Second, define strategies that take as the starting point the current situation of the world, its political, economic and social actors, their contradictions, complexity, potentials and the ensuing trends; there is no other practical starting point to build the new. Then, we have two starting points: one, ideal, a vision, and the other, practical, the current situation and its potential developments. Strategies are paths, ways of dealing with the institutions, the actors, the socioeconomic and political relations, which lead us in the construction of what we envisage in the longer term.

Third, tactical actions, what we do and must do, here and now, with those actors, institutions and relations, in order to unfold the strategies and make the vision always more feasible.

This is the methodological challenge, in the case of an endogenous development and a new financial architecture consistent with it in the context of South America. It is an extremely complex challenge, because it is trespassed by uncertainty.

2. Premises and Values

I propose seven basic premises for this discussion.


  1. History proves that the capitalist market is unable to regulate itself spontaneously for the common good. The current financial crisis emphatically illustrates this point.
  2. It is a lie to assert that progress and development are translated by unlimited economic growth and accumulation of material wealth.
  3. The democratic praxis in the local, national, regional and global spaces is the only form of organizing power that makes it possible to fulfill the potentials of the Human Being as a conscious, reflexive species. In other words, democracy cannot be a long term project, it has to be practiced because one only learns democracy by practicing democracy. Thus, no authoritarian system serves as a pretext to reach democracy “when the people are ready”.
  4. True democracy connects each person’s freedom with the freedom of social collectives, acknowledging as its subject the social individual.
  5. The democratic State is a space of conflict of class interests and, at the same time, in the current evolutionary stage of Humankind, an indispensable institution to orchestrate social diversity and the harmonize common good. This is the other face of the statement that Society must become the main protagonist of an endogenous development; Society needs an organism serving the social individual as the conductor of its diversity, with the capacity to impart coherence and harmony to the whole.
  6. The objective actions to transform reality must go hand-in-hand with the actions to transform human subjectivity. This includes deep changes in each human person’s and each human community’s mental, psychic and spiritual spheres.
  7. Finally, the true integration of the peoples of South America must go beyond the trade and finance dimensions; it must respect and integrate the continent’s cultural diversity, it must welcome the diversity of peoples and collectives, it must maximize the potential complementarities related to the peoples’ material and immaterial qualities and resources through the exchange of goods, services, knowledge, solidarity and feelings; and it must integrate proportionality in the socioeconomic relations, as a principle to guide integrative economic policies.

Four essential values are suggested:


  1. Autonomy, which implies the empowerment of each country and people for self-management and the possession of productive goods and resources; thus, every integration process, in order to be founded on cooperation and solidarity, must respect the autonomy of each people and nation. This requires an attitude of welcoming human and cultural diversity and the intent to contribute to other peoples’ empowerment, as an end and a means for the enhanced empowerment of the whole regional community. This is very difficult if put in the context of the prevailing competitive rationale, but is the alternative path: to collaborate with the empowerment of others. This answers the question “Should Brazil make concessions to the smaller countries in the integration process, or should it only care for its own interests?” As if Brazil’s own interests were disconnected from those of the other countries of South America!
  2. Solidarity, or the awareness of being solidly interconnected with other humans within the community, with other societies, with Nature and with future generations; and the disposition to act accordingly.
  3. Shared responsibility with respect to other peoples, the ecosystems and the future generations.
  4. Sense of community: integration means building “unity with” other peoples who are different than us, thus going beyond the national community. Then, what would be a community of nations that endeavors to make this integration a true unity with other peoples? There is no community if there is lack of respect for the diverse cultural roots and economic possibilities and resources of each people. Building community means identifying the common problems and the manners to deal with them through concerted action, uniting resources, energy, knowledge and emotion in the endeavor to fulfill the common development project, now regionally conceived.

3. Obstacles and opportunities posed by the globalization of capital

The globalization of capital has imposed the hegemony of the neoliberal project, both in the realm of government policy and in the cultural and moral spheres. Neoliberalism artificially exacerbates individual freedom (consumer, investor, private enterprise, gender, race) while its reduces the power of government to regulate socioeconomic relations. The market is a social relation, but Neoliberalism does not tolerate its regulation. In its name, social and labor conquests resulting from struggles throughout the 20th century were dismantled. The paradigms of ‘progress’ and ‘development’ were put forward as equivalent to modernization, economic growth, and unlimited consumption of natural and energy resources. Technical progress is presented as synonym of progress, regardless of the type of technology and its impact on labor, on the national economy and on the natural environment. This gives place to massive lay-offs and disqualification. As a result, subcontracting has become a norm, while capital monopolizes the productivity increases, feeding its greed for growing income and wealth concentration. Deregulated, the financial system went its own way, detached from productive and social investment, swallowing available moneys in a whirlpool of speculation and making the whole world economy highly unstable.

In contrast, our framework of alternative integration includes several action fronts. The struggle against the neoliberal form of capitalism is the most immediate, but the long term goal is to overcome the system of capital and establish a socioeconomic system based on ethical consumption, self-managed production, the ethics of enough, fair trade, solidarity finance, and on the values of cooperation, reciprocity and solidarity. Other fronts include: the national and international, deregulated and obsolete financial ‘order’; and the monopoly of the dollar as the international trade and reserve currency. It has to be a struggle against all forms of terrorism, including State terrorism. It has to focus not only on a ‘fairer’ share of the product of labor, but on the democratization of the productivity gains. This is why a labor policy for another integration and another development is an essential chapter of the discussion: it is related to the democratization of property and management of the productive means and resources, and of the distribution of the product.

Capitalism announces that the democratization of income is a reality through the stock markets. But economic democracy goes much beyond merely owning stocks of enterprises whose logic is profit maximization; it implies adopting work, knowledge, ethics and creativity as criteria for the possession of productive goods and resources. The problem is the dogma of private property, which excludes and alienates most for the privilege of a few.
Solutions on the regional level must include confronting the dogma of private property and the consequent privatization of the gains of productivity. With endogenous development we must begin to consider the increasing gains of productivity and their democratization as regional, and not only national targets. The solidarity economy movement addresses the problem creatively, although still peripherally. Much more work must be done locally and nationally, so that the issue can become part of the negotiations concerning a cooperative regional integration.

4. Lessons from Ongoing Experiences: Mercosur and the European Union

The Southern Common Market in the South America could be a successful attempt at subregional integration. It was started 17 years ago, when military governments were controlling the Southern Cone and their vision did not go beyond the integration of trade, a customs union (intra-zone free trade and a common trade policy). Some progress has been achieved lately, like the creation by the Mercosur plus Bolivia and Chile of a Free Residence Area with the right of work to all citizens.

Some indicators can help evaluate the enlarged Mercosur (2007): GDP (ppc) = US$ 3,96 trillion; per capita GDP = US$ 9.300,00; IDH = 0,792. Other indicators are missing, though, to illustrate the asymmetries with greater emphasis, like the rate of poverty and extreme poverty, and indicators related to the basic rights of persons and peoples’, among them the right to a healthy and sustainable environment. It is also surprising that the Mercosur lacks a vigorous financial dimension. The only reference in the debate currently led by Brazil is the idea of a Southern Cone currency alternative to the dollar and the national currencies. But this is not enough considering the challenges posed by the current obsolete financial architecture of the sub-region.

In June 2008 the presidents Luiz Inácio Lula da Silva and Argentinean Cristina Kirchner received the proposals to make feasible the bilateral trade between the two countries in pesos or Brazilian reais. The initiative was launched in July 2005 and took almost three years for the elaboration of the system of monetary compensation to be officially applied by the two Central Banks as of Oct. 6, 2008.(1) According to Brazilian government sources, de-dollarized trade between Brazil and Argentina is already happening, albeit the barriers and obstacles raised against it. Alternative monetary arrangements in trade have the advantage of reducing the risk of speculation in foreign exchange markets. Such markets usually nurture highly speculative, casino-type behavior, generating big gains, usually private, and big losses, often public. Foreign exchange swaps, .(2) in Brazil, are among the perverse derivatives created to make speculation easy, despite the high risks involved. It is one of the factors of big losses of private enterprises operating in Brazil in recent weeks. .(3)

In 1991, year of the signature of the Asunción Treaty that created the Mercosur, PACS/PRIES organized a seminar with economists, trade unionists, politicians, journalists and churches to discuss alternatives to the Mercosur. The participants produced a declaration entitled “For an Integration of the Peoples of the Southern Cone”. We acknowledged that the Mercosur was contaminated by the interests and strategies of transnational corporations, who can mobilize their capital with total freedom in and out of a space that should be ours. This happens because the Mercosur is not founded on the perspective of a sovereign, endogenous national-regional development. Its national governments have conformed with the notion that the ‘development’ of their economies depends on foreign capital and knowledge. Therefore, they should keep their interest rates high, continue to pay billions of dollars in interests on the debt, and not promote an audit to identify the illegal, the illegitimate and the odious parts of their total financial debt. This choice has proved fatal for their political and economic sovereignty over their respective development processes.

Today, besides the four founder countries, Venezuela has become a member since 2006, Bolivia, Chile, Peru, Colombia and Ecuador are associates and Mexico is an observer. In the perspective of an alternative integration project, the long term goal is the sovereign, endogenous integration of Latin America and the Caribbean. Strategically, the sub-regional unions are simply steps in that direction.

From the alternative perspective, the EU has strengths and weaknesses. Let us focus on the lessons we can learn from it. In my view, the main lesson is that the EU was built with a strategic horizon along many decades, in a patient process, step by step, with intensive dialogue and mutual understanding. This process included the transfer of savings and resources from the affluent to the peripheral countries of Europe, as a means to build common patterns of production, consumption and public governance, coherent with the agreed EU principles and norms. And this was done democratically, using public referendums to approve or disapprove the proposed legislations, norms and reforms.

However, the UE was unable to solve fundamental problems that an alternative integration would have, such as social disparities, competition instead of cooperation between regions, countries and firms, low wages and fiscal war to attract private capital, the disrespect for ecological norms, the often inadequate labor and environmental standards and legislation which are applied to the whole region.

The situation of migration illustrates these problems emphatically. Formerly, peripheral European countries, due to poverty and lower quality of life, exported labor to the metropolitan countries. With the expansion of the EU, immigration from lower income countries outside the region became prevalent. And the EU decided to put stronger barriers against migrants from outside the region. A mixture of racism and unfair labor practices, since the richer countries have historically tolerated the higher exploitation of immigrant labor and the authorities have systematically pretended to ignore their illegal status.

It is worth noting that international trade in general happens not so much among countries, but mainly among corporations; the governments play the role of ambassadors of private and public financial, industrial and commercial capital. Europe is no exception. The ugly face of the EU includes the attempt to impose neoliberal terms on potential Southern partners of trade agreements; and the transference of monotonous, cheap, unhealthy, polluting work to the Southern hemisphere. The electoral victory of Right wing candidates has led to a social polarization, instead of giving way to improved social and ecological legislation homogeneous in the whole EU.

5. Alternatives

The first strategy for an alternative integration is the denunciation of the lie of ‘development’, the recurrent promise along five centuries that one day the whole world will have the standard of living and the levels of consumption that the highly industrialized enjoy today. This is a fraud, a farce and a lie that we should systematically unmask on behalf of the general public. Two contradictory paths exist to deal with the issue. One says: let us abolish the concept and no longer talk about development; the other, which PACS espouses and promotes, is to deconstruct and reconstruct the concept. The reason is that it signifies dynamic, movement, process, permanent construction, evolution and revolution combined. If the term’s semantics was distorted, other essential terms in today’s political economic vocabulary also were. One example is democracy. Should we abandon the concept because its meaning was distorted? Or should we work to update its meaning and creatively put it into practice in our respective sociocultural contexts?

Ongoing Alternative Experiments: ALBA and UNASUR

What is interesting about these two converging experiments?
ALBA (Bolivarian Alternative for the Americas) articulates four countries – Venezuela, Bolivia, Cuba and Nicaragua. However, in the 5th ALBA Summit in April 2008, 12 Latin American and Caribbean Presidents were present. This is a sign that interest in the experiment is expanding beyond its current members. They signed a series of agreements of cooperation in areas as vital as trade in gas, oil and energy, education and health. Solidarity is ALBA’s main differential with regard to other integration processes in the continent. This is a crucial aspect in the construction of alternative regional integration. The terms adopted by Venezuela to export oil are extremely favorable to the smaller countries of the region. The treaties intentionally adopt the principle of proportionality in international trade, having a bias on behalf of economically weaker countries and social classes. Within ALBA barter in goods and services is common, as well as exchange using prices proportional to the size of the economies involved. Human and social development have been a stronger motivator than the mere search for profit making and economic growth. In ALBA regional interactions based on cooperation and solidarity are happening! Its protagonists are governments and social organizations, and not transnational enterprises, as is the case in other integration processes in South America.

Another decision taken in the 5th ALBA Summit was an agreement among the four member countries to exit the ICSID (International Center for Settlements of Investment Disputes), which is a center for the resolution of conflicts between private firms and governments, and is part of the World Bank group in Washington DC. Bolivia had already left ICSID and the other ALBA countries are now committed to do the same.

UNASUR was created in 2008, with the participation of 12 South American countries, including the Guyana and Surinam which, generally, do not involve themselves with continental initiatives. UNASUR is supposed to serve as “a space of concerted action for integration”; aiming “to build a South American identity and citizenship”; and to maintain “unlimited respect for sovereignty, integrity and territorial inviolability of the States”. Based in Quito, Ecuador, UNASUR will have a Parliament in Cochabamba, Bolivia. Promoted by Brazil, UNASUR tends to reinforce the continent in front of the North American geopolitical power, but also runs the risk of serving the corporate interests of the large corporations based in Brazil. The Brazilian government seems to conceive UNASUR as a space of struggle for continental hegemony. On the contrary, ALBA is conceived on the basis of “one for all, all for one”. While in ALBA the Venezuelan government creates the Oil Fund to finance food and energy sovereign and security projects, the proposal of a South American Security Council seems more important to Lula’s administration, who also suggests the creation of a common Central Bank and a regional currency. Within UNASUR there is a clear confrontation between two positions: Brazil tries to win support for the Security Council as a priority, while others insist that the priorities should be food and energy.

Among the positive goals of UNASUR is “to build a participatory and consensual space for integration and union of its peoples in the cultural, social, economic and political spheres.” The founding document does not refer to commercial integration, it prioritizes political dialogue, social policies, education, energy, infrastructure, finance and the environment, aiming to eradicate socioeconomic inequality, to build social inclusion and citizens’ participation, to strengthen democracy and reduce the asymmetries in the framework of stronger sovereignty and independence of the States. These terms are expressed in Article 2 of the founding document. .(4) However, because UNASUR was put together by Brazil’s initiative, the Lula administration seems to have a project of regional hegemony. Thus, we must acknowledge the political ambiguity of UNASUR. And the nationality of the corporations who may influence the region behind the cover of the States does not really matter: today Brazilian corporations are transnational like those of the Northern countries, competing for the same interests and presenting the same profit-oriented behavior. The advantage of the Brazilian corporations in the region is that they are backed by a huge State development bank, BNDES.

6. Democratic-participatory development planning and management

When we hear reference about alternative development, it is usually related to more State presence in the planning and management of development; modernization, unconditional technological progress, large infrastructural projects, centralization of the means of production and financing; are all in the agenda. It even includes massive foreign capital as an indispensable partner.

Frankly, this is no alternative development. It is capitalist State-led ‘development’, rather than market-led ‘development’. It forgets the multiplicity of the territories and of the subjects involved. Do we want to build in South America the same unequal and asymmetrical economic and social base, subsidiary to the international markets, and subservient to the strategies of global corporations and to the interests of stronger economies and nations, harmful to workers and to the environment? A brief overview of the risks of a global crisis embodied in the dominant development paradigm reinforces this point.

The US mortgage crisis proved to be only the top of the iceberg of a decadent, irrational and unsustainable global financial architecture. The measures being discussed to overcome the crisis are palliative. There is a composite risk that the financial crisis may stir a socioeconomic crisis – related to massive unemployment, food and energy shortages, a sharp reduction of international trade, a global liquidity problem, massive migrations, and the temptation to resort to war as a means of averting a systemic collapse. All this may come at a great human and ecological cost, but it may also give place to an upsurge of consciousness, with the emergence of new actors, new social and environmental relations, which will force an inversion of political economic priorities.

Another factor of risk is global warming. Acceleration of global warming has been exponential and carries a double risk: it can create a disastrous wave of heat in the central regions of the planet, melt the ice caps, which increases the absorption of the sun rays and raises the level of the oceans, largely extinguishing the sea flora and fauna; it tends to reduce access to pure fresh water, damaging forests and soils, changing the life cycles or leading to the desertification of extensive areas. It can also give place to growing cold weather resulting from anthropogenic aerosols, solar spots, possible changes in the Planet’s axis, and inversion of sea currents.

Still another factor is the drying up of fossil energy sources before humankind develops sufficient renewable energy forms to replace them. All this to say that development must be reconceived in the context of these risks.

The point is that we must reject the dominant development paradigm. And the need to establish participatory development planning is a crucial part of it. The only way to do this is to move towards a rupture with the past. Integrate from the past all that is good to humans, to society and to Nature and go beyond: build new social relations and new institutions that give new meaning to the words development, progress, and democracy. In our continent, Venezuela, Bolivia and Ecuador are showing the way.

7. Another Development

What other development? First, to rescue the meaning of development as related to a being’s qualities, attributes, resources and potentials. Thus, no one can develop no one; at the same time, because all being are interconnected and rely on all elements of the surrounding environment, no one develops oneself alone. Second, we must acknowledge the need to make a translation of development towards the local space and territory where people and communities dwell. They are the only true subject of their own development – individual and collective. Therefore, they must rescue their right to self- and co-manage development which has been historically sequestered by Governments and corporations.

The alternative solutions to the global threats are not only global in nature, but both local and global. They will be effective only if they involve other actors with another system of values. The value of relationship must become fundamental to human survival again.

(1) Redefine development as a right of each person, community and people. Explicitly recognize each and every citizen’s right to develop her/himself in the territory where they live and work, in their own country and region, or in the region they choose to settle down. Forced migration due to political, social, military, environmental factors illustrates the failure of ‘development’. Development should go from the local to the national and the global level, and back to the local. Development should be from inside out (endogenous) and again inward. The adjectives sovereign, endogenous, democratic, ethical, solidarity-based, gender-balanced, sustainable do summarize its most relevant attributes. Let us overcome the illusion that development is no longer related to territory because it is now globalized, and that global enterprises are the only legitimate agents to make it happen. This fallacy transfers to self-centered, unpatriotic corporations the power to be predators of the world in the name of progress. The planetary development we yearn for is one that respects the sovereignty of each person, community and people, one that respects Nature and combines them in flows of relationship that unify the whole without sacrificing the diversity, autonomy and singularity of each part. We can apply this reasoning to globalization as well as to regional integration.

(2) Development must be driven towards the reduction of the work necessary for the mere physical survival of the human being. This can happen only if the gains of productivity are shared, not concentrated. The enjoyment of the fruits of surplus work – whether in the form of money or time – is a human and a social need and right. More money allows for more consumption or saving. More time gives place to work aimed at developing the upper potentials of the person, the community or the people.(5) ; that is, time to development immaterial wealth. The democratization of the gains of productivity does not depend only on the good will of entrepreneurs, but also on public policy, legislation and market regulation. It has a radical impact on income and wealth deconcentration. An emancipatory regional integration must affirm that development is the reduction of work connected to the mere physical survival. This will demand a redefinition of the system of exclusive property of productive goods and resources. The democratization of that property will guarantee, beyond mere subsistence, the right of all people to the products of their labor, and to the production and reproduction of life.

New indicators of wealth are needed at the local, national and regional level, to frame development in the perspective discussed above. Indicators that contemplate other forms of wealth besides money and profit. They are being developed in a variety of countries that include Bhutan, Canada, England and France.

(3) The concrete recognition, in the context of an alternative integration, of the right of peasants, workers and native peoples in their social, cultural, ethnic and gender diversity, to be the protagonists of their own development. This is a challenge especially to politicians and governments, but also for the peoples. How to build pluralist development, one that respects and integrates in diversity each group and sector, the national and regional projects in harmony and accord. A complex challenge, but not impossible to confront successfully.

(4) The need for a democratic, participatory planning of development. Here another translation movement is demanded: from planning as a strictly technical corporate exercise, aimed at profit accumulation and its remittance to the countries of origin or the fiscal havens, to a planning process that begins at the community level and gradually involves the territory and the biome, the municipality, the nation, the continent.

(5) Keynes taught us that without the control of its own finances a country (or region) will not have control over its own development. South America faces the challenge of a new financial architecture. It cannot simply be a sum of the financial sectors of the member countries. We should note that there is much talk about a new financial architecture, and the reason is that the existing one is collapsing. But how new the agents who talk about it intend it to be is unclear. A cooperative integration of South America certainly demands a different concept and practice of development and a financial architecture that truly serves both.

8. What Financial Architecture for South America’s Endogenous Development?

I made the point that a new financial architecture is not an end, but only a means for innovative development.

“Integral development (…) understood as a socioeconomic process necessary to guarantee the eradication of poverty, ecological equilibrium, the improvement of the quality of life with social justice, independence, sovereignty and respect for the cultural identities.” (Maria Hernández-Barbarito).

The question is what architecture to build, and how civil society will influence the definition of another architecture. Let us outline three general elements of the new architecture, and five specific ones. The general elements are:

(1) Chronic negative net transfers: There is a net transfer of capital stubbornly unfavorable to Latin America. In 2005 it was worth US$ 123.1 billion. The indebtedness process is at the root of this phenomenon, although it is not the only factor. A movement of translation is necessary: that the continent’s capital and resources stop being massively transferred to the rich classes and nations, but rather stay in the continent and serve to nourish the integral development of its peoples. We have a fivefold policy proposal about the public debt:


  1. It is urgent to orchestrate at the regional level a process of public debt audits in each of the countries of the region, following the example of Ecuador, in order to identify aspects of illegality and illegitimacy, promote collective negotiation on the common aspects and bilateral negotiations about specific aspects. Public overindebtedness crosses all socioeconomic problems of Brazil and of all the other South American countries. Without solving the problem of endless overindebtedness there is no path to endogenous development and no chance of an alternative integration process.
  2. Interruption of the mechanism of conversion of foreign debt into internal debt, and concerted renegotiation of the current internal debt stock.
  3. Definition of a common platform and a concerted strategy of negotiation with the financial creditors, envisaging the cancellation of the external debt of the countries with high poverty incidence and, for example, the partial reimbursement to private and public lending agencies by the IMF, with the reactivation of the Special Drawing Rights as a possible international currency to replace the US dollar.
  4. Recognition by Brazil, Argentina and Uruguay of the historical debt with Paraguay for the imperial Triple Alliance War against Paraguay in the mid-19th century, that destroyed more than half its population, and of the obligation to make reparation; by Brazil and Argentina in relation to unfair prices for the Itaipu hydroelectric energy; by all countries of the continent with respect to the native peoples and the victims of slavery; by Brazil with respect to various countries (Ecuador, among others) which built perverse debts with Brazil, such as those related to the purchase of weapons to clamp down popular dissent; by those who maintain with them unequal and disproportional trade relations.
  5. In the context of peoples’ integration, it is important to work for the creation of an international debt arbitration tribunal, to whom countries would resort with the results of their debt audits in case bilateral negotiations do not have a satisfactory outcome. Such an independent, democratically representative institution would be empowered to try the debt, obliging creditors to take their part of the responsibility for inadequate, unfair, risky and even odious debts.

(2) Creation of a Latin American Arbitrage Tribunal alternative to ICSID (International Center for Settlement of Investment Disputes/World Bank), in order independently to solve disputes between enterprises and governments in Latin America, respecting the sovereignty of nations and peoples.

(3) Construction of a regional juridical framework and a regional legislative system aimed to ensure regional democratic governance. UNASUR is already creating a South American parliament. The continent should develop a body of regional laws and regulations. The UNCITRAL system of the United Nations, which regulates capital flows in the form of the law, including supranational law, should be a reference.

The specific elements of a South American financial architecture are: (1) An endogenous development bank. (2) A South American macroeconomic stabilization fund. (3) A strategy of monetary convergence. (4) Democratic management of regional monetary and fiscal policies. (5) Green mechanisms.


  1. An endogenous development bank.

    The South Bank was created in January 2008 to serve such a purpose. Cooperative integration demands a regional development financing tool, founded on democratic principles, with transparency of operations and an egalitarian structure of decision making. PACS, as a member of the Jubilee South Network, has actively participated in this debate and collaborated in the elaboration of the two letters of social movements to the Presidents of the countries that created the South Bank. The official debate reveals the political complexity of the initiative. The diversity of intentions and interests among the founding countries makes it difficult for member countries to agree on the Bank’s nature and purpose, the system of decision making, and the financing policies. The Brazilian government wants this to be a supplementary bank to the existing multilateral or national banking agencies (among them the Brazilian BNDES); and that the deciding power should be proportional to quotas of capital invested by member countries, arguing that that the power should be proportional to the risk. Other countries, like Ecuador, propose a strong development bank, capable of gaining a protagonist position within continental finance; they question that linear, narrow understanding of risk, insisting that the proportionality of risk should be related to the size of the economy, rather than to the gross amount invested. One billion reais invested by Brazil in the South Bank are not at all equivalent, in terms of risk, to one billion reais invested by Bolivia, for example: taking the size of its economy as the reference, Bolivia runs a much bigger risk!

    Organized civil society endeavors to influence decisions in the construction of the South Bank, hoping it will be technically competent to evaluate the economic feasibility of projects to be financed, but also its social and environmental feasibility; hoping it will choose to invest in socioeconomic endogenous development projects, giving priority to those food and energy sovereignty and security; and hoping to make the South Bank an authentic service to innovative national and regional development and a cooperative regional integration. For the South Bank it is crucial to conceive economic and technological development as means to serve social and human development. Financing is not a random, purely technical operation: it serves a developmental purpose of one kind or another. In our case, endogenous development planning is the framework for adequate financing policy. There is no alternative integration and democratic socioeconomic governance without participatory development planning. That is, development planning is a responsibility that goes beyond government representatives and must actively involve all stakeholders.

    So, taking endogenous development planning as the broad political economic framework, the new financial architecture needs “an endogenous development bank” that make investments feasible to that end. This approach, of course, is currently a matter of contradiction and even antagonism among South Bank member countries.

  2. A macroeconomic stabilization fund

    This fund would be responsible to coordinate regional monetary and financial policy, in response to the guidelines of the regional endogenous development plan. First and foremost this fund should develop regulations that put an end to the current wave of financial speculation that has converted global finance into a high risk casino. The neoliberal reforms of the 80s have spread capital markets around the world; financial speculation is driving investment away from production and from public investment, and is causing regional and global instability and so much harm to the development of economies and peoples. In the 30s, an act – the Glass Steagall Act – was approved in the USA that separated commercial and investment banks, allowed the government to collect part of the bank deposits, and created an Federal Insurance Company to guarantee deposits in the Federal Reserve. During some years banks were forbidden to play with financial speculation. The Peruvian economist Oscar Ugarteche suggests we use this act as a reference to design regulations for the South American financial architecture.

    Gradually the banks found ways to avoid these rules. In the context of today’s crisis, investment banks are merging with commercial banks, and federal governments are acknowledging the need to reestablish State regulations on financial institutions and transactions. The South American financial architecture must start from these lessons and draw away from the blind dogma that the market regulates itself. It must understand that all stakeholders of financial flows must have part in the management of financial resources. It must incorporate the decentralization of finance and money. It must acknowledge the right of communities to create complementary currencies that enhance their purchasing power and their capacity to produce and consume locally.

    The distribution of the stabilization funds should be subject to decision by all countries and not only two or three stronger ones. They should serve the needs of the economically weaker countries first, in an innovative perspective, that of the systemic regional efficiency and productivity, besides the efficiency of each member country’s economy. In this context, stronger economies will often give up privileges on behalf of weaker ones, in the name of efficiency of the region as a whole.

  3. Monetary convergence

    Two aspects about monetary convergence. First, trade using national currencies is being started by Brazil and Argentina. Second, Brazil proposes the use of national currencies in intra-regional trade as a strategy for the creation of a monetary union, both in UNASUR and in ALBA.

    A monetary union means the fusion of currencies into one; the Euro is an example, but it was the result of years of construction, after more than a decade of intermediary instruments. South America should not create a new currency for tomorrow without paying a high price, especially in the political sphere. It would help consolidate the current asymmetries and would give space for the stronger economies to control the currency. The UE taught us that a gradual process of overcoming the asymmetries is a condition for a monetary union that is favorable to all, and not to a few only. Another alternative, proposed by Peru, and by Bolivia and Ecuador five years ago, was a South American peso. The wisest proposal seems to be a monetary unit that contemplate a basket of the currencies of the 10 countries of South America, who are already articulated; the unit should be used flexibly to establish a stable intra-regional trade dynamics, and also to issue bonuses that would allow a flow of resources on behalf of the most needy. (Ugarteche, 2008) This will oblige a definition of a regulated exchange rate band – not a ‘free’ market band – as is currently the Brazilian band. A coordination of exchange rate policies will be necessary, as an important element of the new financial architecture, moving towards as much exchange rate regulation as possible by the various member countries. Political obstacles do exist, however.

  4. There is debate whether, for the purpose of the democratic management of regional monetary and fiscal policies, South America needs a Central Bank or is the macroeconomic Stabilization Fund the institution to fulfill those purposes? A Central Bank will only make sense if it is not autonomous from the governance agencies who are responsible for the elaboration and the orchestration of the endogenous development plan. Certainly it would have an important role to play in this case, but there should be complementarity, not overlap between the Central Bank and the Stabilization Fund. In the long run, as the economies become more cooperative and complementary, the trend is that the need for a ‘stabilization’ fund will be superseded. Meanwhile, the financial governance institutions we are referring to should develop a relatively homogeneous system of interest rates, suppressing usury and rationalizing the financial transfers among members countries, thus avoiding the threats of exchange rate instability and of financial speculation. This may sound absurd to neoliberals, but the Brazilian 1988 Constitution did establish a 12% per year limit to interest rates, with the precise intention of reducing the risk of commoditization of money, which would certainly facilitate the development of a casino economy… as it did, for the Constitutional article was never implemented.
  5. Green mechanisms

    These may be financial or non financial mechanisms. They can play an important role, and are already being implemented in some countries, like Ecuador. The Ecuadorian decision to leave Amazonian oil in the underground and negotiate carbon credits in exchange for unexplored oil implies that the total (financial, social and ecological) cost of exploring that oil would be bigger than the benefits it could generate. Ecuador will use those resources to create a socioeconomic investment fund. Of course that decision may change with time, since the peak of global oil production is now being reached and the third world oil shock is quickly approaching, and, this time, may be irreversible.

Summing up the challenges. First, the ethos of ‘development’ and ‘progress’ is a fetish. However, it has become an unquestionable paradigm for the elites of the region, but also for the leftist sectors. There is a sort of consensus about what development is, equating it with modernization and technical progress at any cost, and having as its core the ‘free’ market – another fetish – and the big corporations, rather than the human being, the domestic and communal consumer and productive units. This concept implies the death of plurality: the same technologies, the same level of consumption, the same products, the same advertising industry, the same unquestionable ‘truths’. Second, it is exogenous, it comes from abroad. If the North has advanced more than we in the South, why not adopt their development pattern and imitate them? Thus, any left party today who reaches State power calls exogenous development “the only available path”. Spain and Ireland are examples in Europe, Brazil, Uruguay and Peru, in South America. Exogenous development proved to be alienating, homogenizing, impoverishing and destructive of Nature. And third, consumerism, unlimited industrialization and exploitation of the scarce natural resources until they vanish. Unfortunately, many trade unions and people’s organizations are also imbued with this ideology.

In the sphere of trade, barriers in the North continue and present a serious obstacle to competitiveness of the Southern countries, economies and blocks. Also, the fact that our economies are more or less dominated by foreign enterprises and follow their global corporate strategies aimed at profit maximization, rather than aimed at sovereign, endogenous development projects of our own. It should be stressed also that there is a conflict between the dominant, exogenous focus on export oriented growth – oil, minerals, grains, biomass – and a sovereign, endogenous development project, with emphasis on food, energy and natural resources sovereignty and security.

This paper is preliminary and must be expanded and deepened. If it serves to motivate colleagues to joint forces with their knowledge, whit and commitment I will feel it was worth the effort of writing it.

Text originally prepared for a Cycle of Debates on the theme, organized by PACS; presented on July 14, 2008, Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, October 2008

Notes

Folha (30 June 2008) and andina.com (9 september 2008

Desempregozero,30 June 2008

Aeinvestimentos, 26 September 2008
Economiaemdia (26 September 2008)

The Declaration on behalf of UNASUR, Brazilian Network for the Integration of the Peoples (REBRIP).

According to Karl Marx, these potential are “….”

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES
Ugarteche, Oscar, 2008, “La Unidad Monetaria Sudamericana (Ums): Una Segunda Aproximación”, Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (Papiit) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, UNAM, México.



Marcos Arruda is economist and educator at PACS (Institute of Alternative Policies for the Southern Cone, Rio de Janeiro); member of the Jubilee South Network and ALOE – Alliance for a Responsible, Plural and Solidarity-based Economy; and fellow of the Transnational Institute (Amsterdam).


La soberanía energética: un concepto del ambientalismo para la acción.

The South Asian Peoples Assembly took place in Colombo, Sri Lanka, medications from 18 – 20 July, 2008, as a part of the process of People’s SAARC, to forge a vision for a People’s Union of South Asia. Over 1000 Sri Lankans and 400 delegates from other South Asian countries including India, Pakistan, Bangladesh, Maldives, Nepal, Bhutan and Afghanistan participated.

 

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Jenina Joy Chavez / Focus on the Global South

 

(Presentation at the Conference on “Regional Integration: an Opportunity Presented by the Crisis”, shop Asuncion, decease Paraguay, July 21-22, 2009.)

 


Jenina Joy Chavez / Focus on the Global South

 

(Presentation at the Conference on “Regional Integration: an Opportunity Presented by the Crisis”, capsule Asuncion, physician Paraguay, July 21-22, 2009.)

 

What I will tackle this evening is an updated version of the notes I used for the Regional Integration: Opportunities to Face the Crisis conference in Asuncion, Paraguay, and the Philippine WS on ASEAN, earlier this year. There is no claim that regional responses are the only viable responses to the global crisis, but hopefully we would be able to determine if it is appropriate to study and consider them as part of the many options on alternates we can try.

 

Before the crisis, it has been projected that in about a decade, the South –that is, the developing countries – would account for more than half of the world income and more than 50% of global trade. It has been trumpeted all over that Asia together with other emerging economies would be the major growth drivers in the world economy, highlighting the relevance of South-South cooperation, particularly regional economic integration in Asia.

 

For Asia, at least, this claim has been put to the test with the onset of the global financial crisis that put into the spotlight the basic development paradigm deployed by what is considered the world over as prosperous Asia.

 

 

In terms of what has happened in the last year and a half, following are some observations on how Asia tried to respond to the crisis:

 

  • First, unlike what characterized how the North (particularly Western Europe and North America) responded to the crisis, Asia’s response does not include massive bailout packages to failing corporations, particularly ailing financial entities.

 

    • This highlights the differential manifestations of the crisis. While financialization is a global phenomenon, sparing no one and certainly not Asia, Asia still hosts one of the most robust productive capacity worldwide – that is, the real economy remains the most significant feature of Asia’s growth and development.

 

  • Second, in most countries, though, the immediate response was to address the liquidity crunch and the crisis of confidence, especially in the banking system. This included moves to increase deposit insurance coverage, and guarantees on deposit-taking institutions. As a result, massive bank runs have been avoided.

 

  • Third, from the initial liquidity crunch, economic slowdown became the norm. Hence, governments moved to address this by increasing liquidity and easing credit and monetary policy, including intervening in foreign exchange markets. Many state enterprises also increased their shareholdings in publicly-traded companies. The result – relative low interest rates.

 

  • Fourth, stimulus packages have at their center fiscal policy and public spending, although social sector spending has not received much attention.

 

    • Asian countries have devoted between less than ½ percent of GDP to their fiscal stimulus package to more than 9%.

    • Among the biggest packages are those of the following:

      • Singapore, $15B (6%)

      • Malaysia, $2B initially to $16B (9% of GDP)

      • China, $600B spread only over 2 years

    • Most of the stimulus packages have a central tax break or tax credit component, as well as capital spending, including re-capitalization of state-run banks, most notably in India.

 

  • Fifth, the Asian response has been centered around resiliency. That is, they are focused on minimizing unemployment and on creating employment opportunities

 

    • With programs like job credits or payouts to employers of up to 12% of salaries (Singapore)

    • Various skills upgrading and retraining programs

    • Welfare support to retrenched workers and returning overseas workers.

    • Such resiliency packages, though, highlighted some tensions inherent in the increasingly connected Asian economies and job markets.

      • For instance, part of Malaysia’s and Singapore’s response is to cut down or crackdown on migrant workers, a classic response to appease worker’s restiveness at home, and a blatant disregard to the ripple such moves might effect.

 

  • Sixth, at least the ASEAN+3 is trying to improve on a regional financial cooperation first introduced in 2000 as a response to the 97/98 Asian financial crisis.

    • The Chiang Mai Initiative is a collaboration to create a network of bilateral swap arrangements to manage short-term liquidity problems.

    • From $20B in 2000, it increased to $80B in 2008, and earlier this year was increased further to $120B.

    • Moreover, the swaps are being multilateralized, a step towards developing from a bilateral into a regional pool.

    • This is about the only such regional initiative in Asia. There is no equivalent for South Asia, or in West and Central Asia.

 

 

From these observations, several key questions emerge:

 

  • 1st: would Asia be able to export its way out of the crisis? Is it even proper to aim only for this?

 

  • 2nd:: would the regional integration vaunted to be necessary to solidify and further the growth in Asia be resorted to, or given life in practice, in the wake of this crisis?

 

  • 3rd: in the design of crisis response, what is Asia aiming for?

    • Is it just to recover previous levels of consumption and economic activity?

    • How much of the response is for immediate relief, extremely necessary at this time?

    • And how much of this response is for the long-term and tries to take advantage of converting the crisis into opportunity?

 

 

At this point, I would like to emphasize three points that interrogate what Asia has managed or not managed to do:

 

  • One, note that the responses now differ qualitatively from the responses Asia had a decade ago.

 

    • There is no IMF, not least because the IMF has gained notoriety and lost a lot of credibility because of how it bungled its job in the late 1990s.

    • Not only is there no IMF, the policy and programmatic responses of Asia have been antithesis to what the IMF formerly prescribed.

      • There was no interest cure that killed business; instead efforts were concentrated on preserving relative low interest rates (including intervention in the forex market).

      • There were many elements of direct transfers, subsidies, and re-capitalization; something the IMF would never do (at least before).

    • In short, the responses are not patently neoliberal.

 

  • Two, these responses have not warranted enough incentive towards a focus on internal demand, on the one hand, and on coordinated expanded demand regionally, on the other.

 

    • More pointedly, it is a concern that Asia should even set as its main objective the recovery and maintenance of consumption levels prior to the crisis.

    • We should not be overly concerned about trying to save what has been clearly a cause of failure. It is high time for Asia to draw from regional resources and invent something that will again set it apart – or, place it in cooperation with other regions trying to imagine things differently.

 

  • Three, there is concern that ASEAN+3 finds it difficult to make good on regional financial cooperation as designed through the Chiang Mai Initiative and related processes.

 

    • Take for instance, when South Korea got hit when the Lehman Brothers collapsed, it negotiated a $30B foreign exchange swap with the US Federal Reserve and not the ASEAN+3. (They came later.)

    • Despite increases in commitments, the CMI is still not functional, and the IMF still plays a role when countries tap the CMI for more than 20% of their requirement, detracting from the importance of financial as well policy autonomy for Asia.

 

 

There are certainly elements of response – some quite innovative or at least properly targeted – in Asia. The question is whether Asia is able to turn the crisis on its head, and be able to emerge with another unique contribution to development discourse as it has been known to have done in the past.

 

Moreover, we as civil society and social movements, in our interrogation of possible alternatives, esp. if we have little or no hold on power – the question of how to get that power either by holding political power ourselves or rallying massive constituencies on our side – is key.

 

The final set of points I wish to make has to do with the areas where regional response would be crucial:

 

  • One, the need to focus on internal demand and a more coordinated rationalization of regional demand.

 

    • There is need to re-imagine trade and production cooperation, where instead of competition, the prevailing principles would be cooperation, complementation and solidarity.

    • Such arrangement must address the issue of excess, and should have as outer limit some climate and ecological threshold.

 

  • Two, there is need to overhaul the financial architecture for Asia

 

    • Away from dependence on Northern currencies, esp. the American $

    • And towards the pooling of alternative sources of development finance

    • As well as appropriate surveillance and monitoring systems (without the IMF) that assist countries and build confidence that every one takes responsibility for regional financial stability

 

  • Three, there is need to strengthen regional stockpiling for food security

 

    • South Asia has better experience on this although technically Southeast Asia pledges bigger reserves

    • Away from trade logic and towards regional self-help and development of crisis response capabilities.

 

  • Four, there is need to re-imagine the public

 

    • It is time to talk about the public not only in the narrow confines of the State or the government, but also support different forms of provisioning that allowed communities to survive at a time that the State was neglecting them.

    • It must be recognized that such strength can be scaled up at the national and the regional level.

 

  • Five, whatever alternative we think of, resonance with the people is important.

 

    • We need to start where there is clear demand, and patent need, to make regional arrangements acceptable to the people

      • Migration

      • Rights and democracy

      • Decent living standards and environment

      • Ability to generate economic activity and distribute its fruits equitably

    • There is need to also work on something that works and shows results in the immediate even as the strategic alternative structures are still being constructed.

Jenina Joy Chavez / Focus on the Global South

 

(Presentation at the Conference on “Regional Integration: an Opportunity Presented by the Crisis”, help Asuncion, Paraguay, there July 21-22, 2009.)

 

There is no claim that regional responses are the only viable responses to the global crisis, but hopefully we would be able to determine if it is appropriate to study and consider them as part of the many options on alternates we can try.

Before the crisis, it has been projected that in about a decade, the South –that is, the developing countries – would account for more than half of the world income and more than 50% of global trade. It has been trumpeted all over that Asia together with other emerging economies would be the major growth drivers in the world economy, highlighting the relevance of South-South cooperation, particularly regional economic integration in Asia.

For Asia, at least, this claim has been put to the test with the onset of the global financial crisis that put into the spotlight the basic development paradigm deployed by what is considered the world over as prosperous Asia.

In terms of what has happened in the last year and a half, following are some observations on how Asia tried to respond to the crisis:

 

First, unlike what characterized how the North (particularly Western Europe and North America) responded to the crisis, Asia’s response does not include massive bailout packages to failing corporations, particularly ailing financial entities.

    • This highlights the differential manifestations of the crisis. While financialization is a global phenomenon, sparing no one and certainly not Asia, Asia still hosts one of the most robust productive capacity worldwide – that is, the real economy remains the most significant feature of Asia’s growth and development.

  • Second, in most countries, though, the immediate response was to address the liquidity crunch and the crisis of confidence, especially in the banking system. This included moves to increase deposit insurance coverage, and guarantees on deposit-taking institutions. As a result, massive bank runs have been avoided.

  • Third, from the initial liquidity crunch, economic slowdown became the norm. Hence, governments moved to address this by increasing liquidity and easing credit and monetary policy, including intervening in foreign exchange markets. Many state enterprises also increased their shareholdings in publicly-traded companies. The result – relative low interest rates.

  • Fourth, stimulus packages have at their center fiscal policy and public spending, although social sector spending has not received much attention.
    • Asian countries have devoted between less than ½ percent of GDP to their fiscal stimulus package to more than 9%.

    • Among the biggest packages are those of the following:
      • Singapore, $15B (6%)
      • Malaysia, $2B initially to $16B (9% of GDP)
      • China, $600B spread only over 2 years
    • Most of the stimulus packages have a central tax break or tax credit component, as well as capital spending, including re-capitalization of state-run banks, most notably in India.

  • Fifth, the Asian response has been centered around resiliency. That is, they are focused on minimizing unemployment and on creating employment opportunities
    • With programs like job credits or payouts to employers of up to 12% of salaries (Singapore)
    • Various skills upgrading and retraining programs
    • Welfare support to retrenched workers and returning overseas workers.
    • Such resiliency packages, though, highlighted some tensions inherent in the increasingly connected Asian economies and job markets.
      • For instance, part of Malaysia’s and Singapore’s response is to cut down or crackdown on migrant workers, a classic response to appease worker’s restiveness at home, and a blatant disregard to the ripple such moves might effect.

  • Sixth, at least the ASEAN+3 is trying to improve on a regional financial cooperation first introduced in 2000 as a response to the 97/98 Asian financial crisis.
    • The Chiang Mai Initiative is a collaboration to create a network of bilateral swap arrangements to manage short-term liquidity problems.
    • From $20B in 2000, it increased to $80B in 2008, and earlier this year was increased further to $120B.

    • Moreover, the swaps are being multilateralized, a step towards developing from a bilateral into a regional pool.

    • This is about the only such regional initiative in Asia. There is no equivalent for South Asia, or in West and Central Asia.

From these observations, several key questions emerge:

  • 1st: would Asia be able to export its way out of the crisis? Is it even proper to aim only for this?
  • 2nd:: would the regional integration vaunted to be necessary to solidify and further the growth in Asia be resorted to, or given life in practice, in the wake of this crisis?
  • 3rd: in the design of crisis response, what is Asia aiming for?
    • Is it just to recover previous levels of consumption and economic activity?
    • How much of the response is for immediate relief, extremely necessary at this time?
    • And how much of this response is for the long-term and tries to take advantage of converting the crisis into opportunity?

At this point, I would like to emphasize three points that interrogate what Asia has managed or not managed to do:

  • One, note that the responses now differ qualitatively from the responses Asia had a decade ago.
    • There is no IMF, not least because the IMF has gained notoriety and lost a lot of credibility because of how it bungled its job in the late 1990s.
    • Not only is there no IMF, the policy and programmatic responses of Asia have been antithesis to what the IMF formerly prescribed.
      • There was no interest cure that killed business; instead efforts were concentrated on preserving relative low interest rates (including intervention in the forex market).
      • There were many elements of direct transfers, subsidies, and re-capitalization; something the IMF would never do (at least before).
    • In short, the responses are not patently neoliberal.
  • Two, these responses have not warranted enough incentive towards a focus on internal demand, on the one hand, and on coordinated expanded demand regionally, on the other.
    • More pointedly, it is a concern that Asia should even set as its main objective the recovery and maintenance of consumption levels prior to the crisis.
    • We should not be overly concerned about trying to save what has been clearly a cause of failure. It is high time for Asia to draw from regional resources and invent something that will again set it apart – or, place it in cooperation with other regions trying to imagine things differently.
  • Three, there is concern that ASEAN+3 finds it difficult to make good on regional financial cooperation as designed through the Chiang Mai Initiative and related processes.
    • Take for instance, when South Korea got hit when the Lehman Brothers collapsed, it negotiated a $30B foreign exchange swap with the US Federal Reserve and not the ASEAN+3. (They came later.)
    • Despite increases in commitments, the CMI is still not functional, and the IMF still plays a role when countries tap the CMI for more than 20% of their requirement, detracting from the importance of financial as well policy autonomy for Asia.

There are certainly elements of response – some quite innovative or at least properly targeted – in Asia. The question is whether Asia is able to turn the crisis on its head, and be able to emerge with another unique contribution to development discourse as it has been known to have done in the past.

Moreover, we as civil society and social movements, in our interrogation of possible alternatives, esp. if we have little or no hold on power – the question of how to get that power either by holding political power ourselves or rallying massive constituencies on our side – is key.

The final set of points I wish to make has to do with the areas where regional response would be crucial:

  • One, the need to focus on internal demand and a more coordinated rationalization of regional demand.
    • There is need to re-imagine trade and production cooperation, where instead of competition, the prevailing principles would be cooperation, complementation and solidarity.
    • Such arrangement must address the issue of excess, and should have as outer limit some climate and ecological threshold.
  • Two, there is need to overhaul the financial architecture for Asia
    • Away from dependence on Northern currencies, esp. the American $
    • And towards the pooling of alternative sources of development finance
    • As well as appropriate surveillance and monitoring systems (without the IMF) that assist countries and build confidence that every one takes responsibility for regional financial stability
  • Three, there is need to strengthen regional stockpiling for food security
    • South Asia has better experience on this although technically Southeast Asia pledges bigger reserves
    • Away from trade logic and towards regional self-help and development of crisis response capabilities.
  • Four, there is need to re-imagine the public
    • It is time to talk about the public not only in the narrow confines of the State or the government, but also support different forms of provisioning that allowed communities to survive at a time that the State was neglecting them.
    • It must be recognized that such strength can be scaled up at the national and the regional level.
  • Five, whatever alternative we think of, resonance with the people is important.
    • We need to start where there is clear demand, and patent need, to make regional arrangements acceptable to the people
      • Migration
      • Rights and democracy
      • Decent living standards and environment
      • Ability to generate economic activity and distribute its fruits equitably
    • There is need to also work on something that works and shows results in the immediate even as the strategic alternative structures are still being constructed.

Jenina Joy Chavez / Focus on the Global South

 

(Presentation at the Conference on “Regional Integration: an Opportunity Presented by the Crisis”, Asuncion, Paraguay, July 21-22, 2009.)

 

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What I will tackle this evening is an updated version of the notes I used for the Regional Integration: Opportunities to Face the Crisis conference in Asuncion, Paraguay, and the Philippine WS on ASEAN, earlier this year. There is no claim that regional responses are the only viable responses to the global crisis, but hopefully we would be able to determine if it is appropriate to study and consider them as part of the many options on alternates we can try.

Before the crisis, it has been projected that in about a decade, the South –that is, the developing countries – would account for more than half of the world income and more than 50% of global trade. It has been trumpeted all over that Asia together with other emerging economies would be the major growth drivers in the world economy, highlighting the relevance of South-South cooperation, particularly regional economic integration in Asia.

For Asia, at least, this claim has been put to the test with the onset of the global financial crisis that put into the spotlight the basic development paradigm deployed by what is considered the world over as prosperous Asia.

In terms of what has happened in the last year and a half, following are some observations on how Asia tried to respond to the crisis:

  • First, unlike what characterized how the North (particularly Western Europe and North America) responded to the crisis, Asia’s response does not include massive bailout packages to failing corporations, particularly ailing financial entities.
    • This highlights the differential manifestations of the crisis. While financialization is a global phenomenon, sparing no one and certainly not Asia, Asia still hosts one of the most robust productive capacity worldwide – that is, the real economy remains the most significant feature of Asia’s growth and development.
  • Second, in most countries, though, the immediate response was to address the liquidity crunch and the crisis of confidence, especially in the banking system. This included moves to increase deposit insurance coverage, and guarantees on deposit-taking institutions. As a result, massive bank runs have been avoided.
  • Third, from the initial liquidity crunch, economic slowdown became the norm. Hence, governments moved to address this by increasing liquidity and easing credit and monetary policy, including intervening in foreign exchange markets. Many state enterprises also increased their shareholdings in publicly-traded companies. The result – relative low interest rates.
  • Fourth, stimulus packages have at their center fiscal policy and public spending, although social sector spending has not received much attention.
    • Asian countries have devoted between less than ½ percent of GDP to their fiscal stimulus package to more than 9%.
    • Among the biggest packages are those of the following:
      • Singapore, $15B (6%)
      • Malaysia, $2B initially to $16B (9% of GDP)
      • China, $600B spread only over 2 years
    • Most of the stimulus packages have a central tax break or tax credit component, as well as capital spending, including re-capitalization of state-run banks, most notably in India.
  • Fifth, the Asian response has been centered around resiliency. That is, they are focused on minimizing unemployment and on creating employment opportunities
    • With programs like job credits or payouts to employers of up to 12% of salaries (Singapore)
    • Various skills upgrading and retraining programs
    • Welfare support to retrenched workers and returning overseas workers.
    • Such resiliency packages, though, highlighted some tensions inherent in the increasingly connected Asian economies and job markets.
      • For instance, part of Malaysia’s and Singapore’s response is to cut down or crackdown on migrant workers, a classic response to appease worker’s restiveness at home, and a blatant disregard to the ripple such moves might effect.
  • Sixth, at least the ASEAN+3 is trying to improve on a regional financial cooperation first introduced in 2000 as a response to the 97/98 Asian financial crisis.
    • The Chiang Mai Initiative is a collaboration to create a network of bilateral swap arrangements to manage short-term liquidity problems.
    • From $20B in 2000, it increased to $80B in 2008, and earlier this year was increased further to $120B.
    • Moreover, the swaps are being multilateralized, a step towards developing from a bilateral into a regional pool.
    • This is about the only such regional initiative in Asia. There is no equivalent for South Asia, or in West and Central Asia.

From these observations, several key questions emerge:

  • 1st: would Asia be able to export its way out of the crisis? Is it even proper to aim only for this?
  • 2nd:: would the regional integration vaunted to be necessary to solidify and further the growth in Asia be resorted to, or given life in practice, in the wake of this crisis?
  • 3rd: in the design of crisis response, what is Asia aiming for?
    • Is it just to recover previous levels of consumption and economic activity?
    • How much of the response is for immediate relief, extremely necessary at this time?
    • And how much of this response is for the long-term and tries to take advantage of converting the crisis into opportunity?

At this point, I would like to emphasize three points that interrogate what Asia has managed or not managed to do:

  • One, note that the responses now differ qualitatively from the responses Asia had a decade ago.
    • There is no IMF, not least because the IMF has gained notoriety and lost a lot of credibility because of how it bungled its job in the late 1990s.
    • Not only is there no IMF, the policy and programmatic responses of Asia have been antithesis to what the IMF formerly prescribed.
      • There was no interest cure that killed business; instead efforts were concentrated on preserving relative low interest rates (including intervention in the forex market).
      • There were many elements of direct transfers, subsidies, and re-capitalization; something the IMF would never do (at least before).
    • In short, the responses are not patently neoliberal.
  • Two, these responses have not warranted enough incentive towards a focus on internal demand, on the one hand, and on coordinated expanded demand regionally, on the other.
    • More pointedly, it is a concern that Asia should even set as its main objective the recovery and maintenance of consumption levels prior to the crisis.
    • We should not be overly concerned about trying to save what has been clearly a cause of failure. It is high time for Asia to draw from regional resources and invent something that will again set it apart – or, place it in cooperation with other regions trying to imagine things differently.
  • Three, there is concern that ASEAN+3 finds it difficult to make good on regional financial cooperation as designed through the Chiang Mai Initiative and related processes.
    • Take for instance, when South Korea got hit when the Lehman Brothers collapsed, it negotiated a $30B foreign exchange swap with the US Federal Reserve and not the ASEAN+3. (They came later.)
    • Despite increases in commitments, the CMI is still not functional, and the IMF still plays a role when countries tap the CMI for more than 20% of their requirement, detracting from the importance of financial as well policy autonomy for Asia.

There are certainly elements of response – some quite innovative or at least properly targeted – in Asia. The question is whether Asia is able to turn the crisis on its head, and be able to emerge with another unique contribution to development discourse as it has been known to have done in the past.

Moreover, we as civil society and social movements, in our interrogation of possible alternatives, esp. if we have little or no hold on power – the question of how to get that power either by holding political power ourselves or rallying massive constituencies on our side – is key.

The final set of points I wish to make has to do with the areas where regional response would be crucial:

  • One, the need to focus on internal demand and a more coordinated rationalization of regional demand.
    • There is need to re-imagine trade and production cooperation, where instead of competition, the prevailing principles would be cooperation, complementation and solidarity.
    • Such arrangement must address the issue of excess, and should have as outer limit some climate and ecological threshold.
  • Two, there is need to overhaul the financial architecture for Asia
    • Away from dependence on Northern currencies, esp. the American $
    • And towards the pooling of alternative sources of development finance
    • As well as appropriate surveillance and monitoring systems (without the IMF) that assist countries and build confidence that every one takes responsibility for regional financial stability
  • Three, there is need to strengthen regional stockpiling for food security
    • South Asia has better experience on this although technically Southeast Asia pledges bigger reserves
    • Away from trade logic and towards regional self-help and development of crisis response capabilities.
  • Four, there is need to re-imagine the public
    • It is time to talk about the public not only in the narrow confines of the State or the government, but also support different forms of provisioning that allowed communities to survive at a time that the State was neglecting them.
    • It must be recognized that such strength can be scaled up at the national and the regional level.
  • Five, whatever alternative we think of, resonance with the people is important.
    • We need to start where there is clear demand, and patent need, to make regional arrangements acceptable to the people
      • Migration
      • Rights and democracy
      • Decent living standards and environment
      • Ability to generate economic activity and distribute its fruits equitably
    • There is need to also work on something that works and shows results in the immediate even as the strategic alternative structures are still being constructed.

Jenina Joy Chavez / Focus on the Global South

 

(Presentation at the Conference on “Regional Integration: an Opportunity Presented by the Crisis”, prostate Asuncion, Paraguay, treatment July 21-22, 2009.)

 

There is no claim that regional responses are the only viable responses to the global crisis, but hopefully we would be able to determine if it is appropriate to study and consider them as part of the many options on alternates we can try.

Before the crisis, it has been projected that in about a decade, the South –that is, the developing countries – would account for more than half of the world income and more than 50% of global trade. It has been trumpeted all over that Asia together with other emerging economies would be the major growth drivers in the world economy, highlighting the relevance of South-South cooperation, particularly regional economic integration in Asia.

For Asia, at least, this claim has been put to the test with the onset of the global financial crisis that put into the spotlight the basic development paradigm deployed by what is considered the world over as prosperous Asia.

In terms of what has happened in the last year and a half, following are some observations on how Asia tried to respond to the crisis:

  • First, unlike what characterized how the North (particularly Western Europe and North America) responded to the crisis, Asia’s response does not include massive bailout packages to failing corporations, particularly ailing financial entities.
    • This highlights the differential manifestations of the crisis. While financialization is a global phenomenon, sparing no one and certainly not Asia, Asia still hosts one of the most robust productive capacity worldwide – that is, the real economy remains the most significant feature of Asia’s growth and development.
  • Second, in most countries, though, the immediate response was to address the liquidity crunch and the crisis of confidence, especially in the banking system. This included moves to increase deposit insurance coverage, and guarantees on deposit-taking institutions. As a result, massive bank runs have been avoided.
  • Third, from the initial liquidity crunch, economic slowdown became the norm. Hence, governments moved to address this by increasing liquidity and easing credit and monetary policy, including intervening in foreign exchange markets. Many state enterprises also increased their shareholdings in publicly-traded companies. The result – relative low interest rates.
  • Fourth, stimulus packages have at their center fiscal policy and public spending, although social sector spending has not received much attention.
    • Asian countries have devoted between less than ½ percent of GDP to their fiscal stimulus package to more than 9%.
    • Among the biggest packages are those of the following:
      • Singapore, $15B (6%)
      • Malaysia, $2B initially to $16B (9% of GDP)
      • China, $600B spread only over 2 years
    • Most of the stimulus packages have a central tax break or tax credit component, as well as capital spending, including re-capitalization of state-run banks, most notably in India.
  • Fifth, the Asian response has been centered around resiliency. That is, they are focused on minimizing unemployment and on creating employment opportunities
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    • Welfare support to retrenched workers and returning overseas workers.
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      • For instance, part of Malaysia’s and Singapore’s response is to cut down or crackdown on migrant workers, a classic response to appease worker’s restiveness at home, and a blatant disregard to the ripple such moves might effect.
  • Sixth, at least the ASEAN+3 is trying to improve on a regional financial cooperation first introduced in 2000 as a response to the 97/98 Asian financial crisis.
    • The Chiang Mai Initiative is a collaboration to create a network of bilateral swap arrangements to manage short-term liquidity problems.
    • From $20B in 2000, it increased to $80B in 2008, and earlier this year was increased further to $120B.
    • Moreover, the swaps are being multilateralized, a step towards developing from a bilateral into a regional pool.
    • This is about the only such regional initiative in Asia. There is no equivalent for South Asia, or in West and Central Asia.

From these observations, several key questions emerge:

  • 1st: would Asia be able to export its way out of the crisis? Is it even proper to aim only for this?
  • 2nd:: would the regional integration vaunted to be necessary to solidify and further the growth in Asia be resorted to, or given life in practice, in the wake of this crisis?
  • 3rd: in the design of crisis response, what is Asia aiming for?
    • Is it just to recover previous levels of consumption and economic activity?
    • How much of the response is for immediate relief, extremely necessary at this time?
    • And how much of this response is for the long-term and tries to take advantage of converting the crisis into opportunity?

At this point, I would like to emphasize three points that interrogate what Asia has managed or not managed to do:

  • One, note that the responses now differ qualitatively from the responses Asia had a decade ago.
    • There is no IMF, not least because the IMF has gained notoriety and lost a lot of credibility because of how it bungled its job in the late 1990s.
    • Not only is there no IMF, the policy and programmatic responses of Asia have been antithesis to what the IMF formerly prescribed.
      • There was no interest cure that killed business; instead efforts were concentrated on preserving relative low interest rates (including intervention in the forex market).
      • There were many elements of direct transfers, subsidies, and re-capitalization; something the IMF would never do (at least before).
    • In short, the responses are not patently neoliberal.
  • Two, these responses have not warranted enough incentive towards a focus on internal demand, on the one hand, and on coordinated expanded demand regionally, on the other.
    • More pointedly, it is a concern that Asia should even set as its main objective the recovery and maintenance of consumption levels prior to the crisis.
    • We should not be overly concerned about trying to save what has been clearly a cause of failure. It is high time for Asia to draw from regional resources and invent something that will again set it apart – or, place it in cooperation with other regions trying to imagine things differently.
  • Three, there is concern that ASEAN+3 finds it difficult to make good on regional financial cooperation as designed through the Chiang Mai Initiative and related processes.
    • Take for instance, when South Korea got hit when the Lehman Brothers collapsed, it negotiated a $30B foreign exchange swap with the US Federal Reserve and not the ASEAN+3. (They came later.)
    • Despite increases in commitments, the CMI is still not functional, and the IMF still plays a role when countries tap the CMI for more than 20% of their requirement, detracting from the importance of financial as well policy autonomy for Asia.

There are certainly elements of response – some quite innovative or at least properly targeted – in Asia. The question is whether Asia is able to turn the crisis on its head, and be able to emerge with another unique contribution to development discourse as it has been known to have done in the past.

Moreover, we as civil society and social movements, in our interrogation of possible alternatives, esp. if we have little or no hold on power – the question of how to get that power either by holding political power ourselves or rallying massive constituencies on our side – is key.

The final set of points I wish to make has to do with the areas where regional response would be crucial:

  • One, the need to focus on internal demand and a more coordinated rationalization of regional demand.
    • There is need to re-imagine trade and production cooperation, where instead of competition, the prevailing principles would be cooperation, complementation and solidarity.
    • Such arrangement must address the issue of excess, and should have as outer limit some climate and ecological threshold.
  • Two, there is need to overhaul the financial architecture for Asia
    • Away from dependence on Northern currencies, esp. the American $
    • And towards the pooling of alternative sources of development finance
    • As well as appropriate surveillance and monitoring systems (without the IMF) that assist countries and build confidence that every one takes responsibility for regional financial stability
  • Three, there is need to strengthen regional stockpiling for food security
    • South Asia has better experience on this although technically Southeast Asia pledges bigger reserves
    • Away from trade logic and towards regional self-help and development of crisis response capabilities.
  • Four, there is need to re-imagine the public
    • It is time to talk about the public not only in the narrow confines of the State or the government, but also support different forms of provisioning that allowed communities to survive at a time that the State was neglecting them.
    • It must be recognized that such strength can be scaled up at the national and the regional level.
  • Five, whatever alternative we think of, resonance with the people is important.
    • We need to start where there is clear demand, and patent need, to make regional arrangements acceptable to the people
      • Migration
      • Rights and democracy
      • Decent living standards and environment
      • Ability to generate economic activity and distribute its fruits equitably
    • There is need to also work on something that works and shows results in the immediate even as the strategic alternative structures are still being constructed.

Jenina Joy Chavez / Focus on the Global South

 

(Presentation at the Conference on “Regional Integration: an Opportunity Presented by the Crisis”, cure Asuncion, treatment Paraguay, search July 21-22, 2009.)

 

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What I will tackle this evening is an updated version of the notes I used for the Regional Integration: Opportunities to Face the Crisis conference in Asuncion, Paraguay, and the Philippine WS on ASEAN, earlier this year. There is no claim that regional responses are the only viable responses to the global crisis, but hopefully we would be able to determine if it is appropriate to study and consider them as part of the many options on alternates we can try.

Before the crisis, it has been projected that in about a decade, the South –that is, the developing countries – would account for more than half of the world income and more than 50% of global trade. It has been trumpeted all over that Asia together with other emerging economies would be the major growth drivers in the world economy, highlighting the relevance of South-South cooperation, particularly regional economic integration in Asia.

For Asia, at least, this claim has been put to the test with the onset of the global financial crisis that put into the spotlight the basic development paradigm deployed by what is considered the world over as prosperous Asia.

In terms of what has happened in the last year and a half, following are some observations on how Asia tried to respond to the crisis:

First, unlike what characterized how the North (particularly Western Europe and North America) responded to the crisis, Asia’s response does not include massive bailout packages to failing corporations, particularly ailing financial entities.

This highlights the differential manifestations of the crisis. While financialization is a global phenomenon, sparing no one and certainly not Asia, Asia still hosts one of the most robust productive capacity worldwide – that is, the real economy remains the most significant feature of Asia’s growth and development.

Second, in most countries, though, the immediate response was to address the liquidity crunch and the crisis of confidence, especially in the banking system. This included moves to increase deposit insurance coverage, and guarantees on deposit-taking institutions. As a result, massive bank runs have been avoided.

Third, from the initial liquidity crunch, economic slowdown became the norm. Hence, governments moved to address this by increasing liquidity and easing credit and monetary policy, including intervening in foreign exchange markets. Many state enterprises also increased their shareholdings in publicly-traded companies. The result – relative low interest rates.

Fourth, stimulus packages have at their center fiscal policy and public spending, although social sector spending has not received much attention.

Asian countries have devoted between less than ½ percent of GDP to their fiscal stimulus package to more than 9%.

Among the biggest packages are those of the following:

      • Singapore, $15B (6%)
      • Malaysia, $2B initially to $16B (9% of GDP)
      • China, $600B spread only over 2 years

Most of the stimulus packages have a central tax break or tax credit component, as well as capital spending, including re-capitalization of state-run banks, most notably in India.

Fifth, the Asian response has been centered around resiliency. That is, they are focused on minimizing unemployment and on creating employment opportunities

With programs like job credits or payouts to employers of up to 12% of salaries (Singapore)

Various skills upgrading and retraining programs

Welfare support to retrenched workers and returning overseas workers.

Such resiliency packages, though, highlighted some tensions inherent in the increasingly connected Asian economies and job markets.

      • For instance, part of Malaysia’s and Singapore’s response is to cut down or crackdown on migrant workers, a classic response to appease worker’s restiveness at home, and a blatant disregard to the ripple such moves might effect.

Sixth, at least the ASEAN+3 is trying to improve on a regional financial cooperation first introduced in 2000 as a response to the 97/98 Asian financial crisis.

The Chiang Mai Initiative is a collaboration to create a network of bilateral swap arrangements to manage short-term liquidity problems.

From $20B in 2000, it increased to $80B in 2008, and earlier this year was increased further to $120B.

Moreover, the swaps are being multilateralized, a step towards developing from a bilateral into a regional pool.

This is about the only such regional initiative in Asia. There is no equivalent for South Asia, or in West and Central Asia.

From these observations, several key questions emerge:

1st: would Asia be able to export its way out of the crisis? Is it even proper to aim only for this?

2nd:: would the regional integration vaunted to be necessary to solidify and further the growth in Asia be resorted to, or given life in practice, in the wake of this crisis?

3rd: in the design of crisis response, what is Asia aiming for?

Is it just to recover previous levels of consumption and economic activity?

How much of the response is for immediate relief, extremely necessary at this time?

And how much of this response is for the long-term and tries to take advantage of converting the crisis into opportunity?

At this point, I would like to emphasize three points that interrogate what Asia has managed or not managed to do:

One, note that the responses now differ qualitatively from the responses Asia had a decade ago.

There is no IMF, not least because the IMF has gained notoriety and lost a lot of credibility because of how it bungled its job in the late 1990s.

Not only is there no IMF, the policy and programmatic responses of Asia have been antithesis to what the IMF formerly prescribed.

      • There was no interest cure that killed business; instead efforts were concentrated on preserving relative low interest rates (including intervention in the forex market).
      • There were many elements of direct transfers, subsidies, and re-capitalization; something the IMF would never do (at least before).

In short, the responses are not patently neoliberal.

Two, these responses have not warranted enough incentive towards a focus on internal demand, on the one hand, and on coordinated expanded demand regionally, on the other.

More pointedly, it is a concern that Asia should even set as its main objective the recovery and maintenance of consumption levels prior to the crisis.

We should not be overly concerned about trying to save what has been clearly a cause of failure. It is high time for Asia to draw from regional resources and invent something that will again set it apart – or, place it in cooperation with other regions trying to imagine things differently.

Three, there is concern that ASEAN+3 finds it difficult to make good on regional financial cooperation as designed through the Chiang Mai Initiative and related processes.

Take for instance, when South Korea got hit when the Lehman Brothers collapsed, it negotiated a $30B foreign exchange swap with the US Federal Reserve and not the ASEAN+3. (They came later.)

Despite increases in commitments, the CMI is still not functional, and the IMF still plays a role when countries tap the CMI for more than 20% of their requirement, detracting from the importance of financial as well policy autonomy for Asia.

There are certainly elements of response – some quite innovative or at least properly targeted – in Asia. The question is whether Asia is able to turn the crisis on its head, and be able to emerge with another unique contribution to development discourse as it has been known to have done in the past.

Moreover, we as civil society and social movements, in our interrogation of possible alternatives, esp. if we have little or no hold on power – the question of how to get that power either by holding political power ourselves or rallying massive constituencies on our side – is key.

The final set of points I wish to make has to do with the areas where regional response would be crucial:

One, the need to focus on internal demand and a more coordinated rationalization of regional demand.

There is need to re-imagine trade and production cooperation, where instead of competition, the prevailing principles would be cooperation, complementation and solidarity.

Such arrangement must address the issue of excess, and should have as outer limit some climate and ecological threshold.

Two, there is need to overhaul the financial architecture for Asia

Away from dependence on Northern currencies, esp. the American $

And towards the pooling of alternative sources of development finance

As well as appropriate surveillance and monitoring systems (without the IMF) that assist countries and build confidence that every one takes responsibility for regional financial stability

Three, there is need to strengthen regional stockpiling for food security

South Asia has better experience on this although technically Southeast Asia pledges bigger reserves

Away from trade logic and towards regional self-help and development of crisis response capabilities.

Four, there is need to re-imagine the public

It is time to talk about the public not only in the narrow confines of the State or the government, but also support different forms of provisioning that allowed communities to survive at a time that the State was neglecting them.

It must be recognized that such strength can be scaled up at the national and the regional level.

Five, whatever alternative we think of, resonance with the people is important.

We need to start where there is clear demand, and patent need, to make regional arrangements acceptable to the people

      • Migration
      • Rights and democracy
      • Decent living standards and environment
      • Ability to generate economic activity and distribute its fruits equitably

There is need to also work on something that works and shows results in the immediate even as the strategic alternative structures are still being constructed.

El 8 de mayo, los cuatro países miembros de Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), junto con los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) Bolivia, Ecuador y Venezuela, se reunieron y convinieron finalmente los detalles de la formación del Banco del Sur (BDS) en la isla Margarita, Venezuela. Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, asistió como invitada. Este elemento clave de una nueva arquitectura financiera en América Latina y el Caribe tiene el potencial de reorientar la estructura de financiación del desarrollo en la región1.

Los ministros de Finanzas acordaron las normas técnicas para el BDS el 8 de mayo. Este acuerdo detallado corre con un poco de retraso. El 9 de diciembre de 2007, los entonces presidentes de estos siete países firmaron el acta fundacional en el Palacio Presidencial de Buenos Aires y el 28 septiembre formaron el convenio constitutivo.

Sin embargo, las negociaciones tomaron 21 meses completos. El anfitrión de Argentina, el ex ministro de Economía Carlos Fernández, puso una cara positiva, elogiando el acuerdo “dado a que [el proceso] se llevó a cabo durante una crisis económica y financiera internacional”.

“Hemos concluido las discusiones a nivel ministerial y lo que queda es la aprobación por los presidentes y congresos nacionales,” dijo Fernández en un comunicado de prensa con su homólogo de Brasil, Guido Mantega. Añadió que no creía que la ratificación por los siete países miembros sería un problema, dado que los negociadores ya han llegado a un acuerdo sobre algunas de las normas de funcionamiento más polémicas del BDS. “El convenio constitutivo trae reglamentaciones que han sido negociadas por comisiones a nivel de ministerios de economía y de hacienda en la que han dilucidado sobre los aportes de capital, el mecanismo de votación, el reclutamiento de personal, la jurisprudencia, las consideraciones tributarias y jurídicas de los funcionarios y se ha aclarado la funcionalidad del banco.”2

Un ejemplo que vale la pena destacar es que la regla de un país, un voto ha sido alterada de hecho. “Cada país tendrá un voto en la entidad”, dijo Fernández, pero agregó que la aprobación de préstamos equivalentes a $ 7.0 millones en dólares exigirá el apoyo de los votos que representen dos tercios de la suscripción de capital. Según el acuerdo, Argentina, Brasil y Venezuela proveerán $2.000 millones cada uno; Uruguay y Ecuador, $400 millones cada uno; y Bolivia y Paraguay $200 millones cada uno. Los importes deberán ser pagados en cinco cuotas durante un plazo de cinco años3.

Sincronización de los esfuerzos regionales

Dadas las actuales dificultades financieras mundiales, algunos podrían cuestionar la lógica de, o al menos qué tan oportuno es, crear una infraestructura financiera regional4 mientras el sistema actual está al borde del colapso. Pero los líderes latinoamericanos actuaron ahora precisamente para evitar el tipo de impacto regional experimentado en la década de 1990, cuando el “efecto tequila” que desatado por la caída precipitosa de la moneda nacional mexicana golpeó duro a las economías de América Latina, siendo un factor en el colapso de la economía argentina en el período 2001-2002.

Estas crisis latinoamericanas, como las que ahora se están experimentando por todo el mundo, tuvieron como resultado un desempleo masivo y niveles de indigencia sin precedentes, causando muertes por inanición en comunidades marginales de países exportadores de alimentos. Tal como en muchas crisis financieras, algunos se beneficiaron, emergiendo como multimillonarios.

Si bien la cooperación mundial es práctica y en definitiva necesaria para resolver cuestiones como la regulación de los bancos transnacionales, el establecimiento de normas de contabilidad, y la vigilancia o eliminación de paraísos tributarios extranjeros, el comercio regional y de finanzas también pueden desempeñar un papel vital en la estabilidad regional.

En tiempos de recesión global, los grupos multilaterales financieros frecuentemente disputan cuestiones de estrategia. Primero el G-8, después el G-20, y ahora el G-192 de las Naciones Unidas,5 en su mayoría un grupo de naciones en vías de desarrollo que plantean un plan ideado por Joseph Stiglitz,6 han presentado propuestas en competencia para amortiguar al planeta contra los efectos de los excesos financieros. Los planes de estímulo y rescates financieros mundiales, regionales y nacionales ya han prometido entre nueve y once billones de dólares en fondos.

Entre las recomendaciones del G-192, basadas en la “Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobrelasreformasdel sistema monetario y financiero internacional ” de Stiglitz, hay varias sugerencias para el papel de los bancos regionales de desarrollo. Por ejemplo, en la sección “Apoyo para las innovaciones financieras para mejorar la reducción del riesgo”, el grupo recomienda lo siguiente:

“Los bancos regionales de desarrollo y otras instituciones oficiales deberían ser alentados a desempeñar un papel activo en la promoción de tales productos financieros. Las instituciones financieras internacionales necesitan explorar innovaciones significativas que mejoren la gestión y distribución del riesgo, y cómo animar a los mercados a mejorar su labor. […] La oferta de préstamos por instituciones financieras internacionales y regionales en divisas locales, en cestas de divisas locales, o en unidades regionales de cuenta, al igual que la cobertura de tasas de intercambio e interés podrían ser pasos importantes en mejorar los mercados internacionales de riesgo”.

Como vecinos cercanos y aliados, las estructuras regionales funcionan con ventajas e inconvenientes específicos. Su proximidad puede facilitar asuntos como la construcción de gasoductos o líneas ferroviarias. Pero los países vecinos también tienen sus rencillas. Un ejemplo de ello surge en la controversia actual entre Brasil y Ecuador relativa al incumplimiento de pagos al Fondo de solidaridad del Banco de Desarrollo de Brasil. Ecuador está rehusando efectuar pagos en un contrato ganado por la gigantesca empresa brasileña Odebrecht7 para construir una represa hidroeléctrica en Ecuador, alegando que fue mal ejecutado y cuestionando los pagos por el paquete de “asistencia extranjera” incluido. Con la celebración frecuente de reuniones políticas en varios foros de América Latina y del Sur, como UNASUR y Mercosur, los gobiernos tienen un fuerte incentivo para resolver estos asuntos. Los presidentes Lula y Correa han conversado sobre el caso aludido, pero Odebrecht ha rechazado las ofertas ecuatorianas para someterse a arbitraje externo.8

En América del Sur, el BDS es visto por los presidentes regionales y algunos de los funcionarios de los ministerios de Economía como un factor clave en la promoción del desarrollo mediante la retención de los flujos de capital en la región. En una entrevista concedida el pasado 28 de abril al diario español El País, el presidente Rafael Correa, un economista de formación, ofrece declaraciones concisas y reveladoras sobre la creación de una nueva arquitectura financiera regional:

“Eso es algo que he venido proponiendo desde hace tiempo y ya se está concretando. En realidad, lo que ha vivido América Latina es un completo absurdo, fruto entre otras cosas del neoliberalismo, porque en la época de los noventa se hicieron todos los bancos centrales autónomos. No existe ninguna razón técnica, teórica, para ello, pero se empeñaron en que con bancos centrales autónomos todo marchaba mejor. Esto fue una gran falsedad. Eran autónomos de nuestras democracias, pero muy dependientes de burócratas internacionales. Esos bancos centrales manejan nuestras reservas monetarias y las invierten en el exterior, en el primer mundo. Y América Latina tiene más de 200.000 millones de dólares para financiar a EE.UU. y Europa. Eso es un absurdo”.

Cuando le preguntaron acerca de sus propuestas alternativas, Correa sugirió:

“Traer esas reservas, hacer un fondo de reservas del Sur que sirva para respaldar las monedas nacionales [de manera que al compartir dichas reservas] se requieren menos reservas por país. […] Así pues, los puntos de la estrategia regional son: el Banco del Sur, el Fondo Regional de Reserva del Sur y la moneda regional, que puede empezar primero como una moneda electrónica, con sistemas de compensación, una especie de unidad de cuenta, como era el ECU.9 Esto es lo que aquí está satanizado. Y eso es lo que ya hemos empezado”.10

El presidente Correa se refirió a las fuerzas conservadoras quecon frecuencia están vinculadas al capital transnacional, las cuales siguen dominando el debate público en América Latina en el ámbito académico y en los medios de comunicación. Estos grupos se oponen firmemente a cualquier cambio en la arquitectura financiera regional de América Latina que disminuya la influencia estadounidense y europea en el sector financiero en general, y concretamente en el sector bancario, al aumentar el control regional de los flujos de capital dentro y fuera de la región, o al reducir los montos de préstamos externos.

El esfuerzo del BDS/UNASUR no carece totalmente de precedentes en el mundo. En otras regiones, las asociaciones comerciales se están ampliando para incluir la cooperación financiera. La Unión Europea y los países asiáticos de la ASEAN junto con Corea, Japón y China han estado promoviendo activamente la reorientación del comercio regional y los pactos de estabilidad financiera con diversos grados de éxito. La Unión Europea y la ASEAN han desarrollado iniciativas regionales específicas para hacer frente a la crisis actual. Estos esfuerzos regionales incluyen la creación de fondos regionales más pequeños para aliviar los efectos adversos de la recesión.

Las ideas del presidente Correa están basadas en el modelo financiero regional de la Unión Europea. La Unidad Monetaria Europea (ECU) fue una precursora del euro. Sus propuestas de banca de desarrollo regional se acatan estrechamente a la experiencia del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo. Cuando Correa se refiere a un banco (aún sin nombre) que pudiera administrar las reservas de América Latina y emitir bonos, el también describe una estructura similar a la del Banco Central Europeo (BCE).

El grupo ASEAN de naciones asiáticas es otro pionero en el establecimiento de una arquitectura financiera regional. Como región, ASEAN comparte una historia reciente de crisis financieras incluyendo la crisis financiera asiática que comenzó en 1997.11 En su detrimento, los países asiáticos, tal como sus homólogos de América Latina, se sometieron al mismo asesoramiento cuestionable del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante las crisis financieras de los noventa. La recuperación más rápida de las naciones, como Malasia y China, que mantuvieron más controles de capital sobre sus finanzas nacionales resultó ser una lección importante para el desarrollo de una autonomía sana de los organismos internacionales. Sin embargo, en gran medida las instituciones financieras internacionales no se han percatado de la lección. Como se lamentaba John Maynard Keynes: “La sabiduría de mucho mundo nos enseña que es mejor para la reputación fracasar convencionalmente que tener éxito de forma no convencional”.12

En Asia, la estructura equivalente al BDS toma la forma del Banco Asiático Desarrollo (BAsD) de la ASEAN.13 El BAsD ahora forma parte de una infraestructura financiera más compleja, recientemente reforzada por cientos de millones de dólares obtenidos en el calor de la crisis financiera mundial. El 3 de mayo, los gobiernos asiáticos respaldaron con su poderío financiero un proyecto regional de estabilización de la ASEAN, conocido como la Iniciativa Chiang Mai (CMI por sus siglas en inglés),14 la cual implica un plan monetario de divisas de $120 mil millones en que están incluidos intercambios y reservas. La Iniciativa Chiang Mai fue ratificada por los países de la ASEAN, más Japón, China y Corea del Sur.15 Tanto China como Japón convinieron proporcionar $38,4 mil millones, con Corea del Sur contribuyendo otros $19,2 mil millones, y el resto de los $100 mil millones prometidos divididos entre los miembros restantes de la ASEAN.

Mantener el capital en la región

Martin Wolf, el analista económico principal del Financial Times, comentó sobre los esfuerzos de la ASEAN en un artículo titulado “Asia necesita su propio fondo monetario” publicado el 18 de mayo de 2004. Wolf señala: “Hoy día los gobiernos asiáticos están exportando cantidades asombrosas de capital, en su inmensa mayoría a Estados Unidos. Esto no es solamente absurdo. También es desestabilizador económicamente.”16 Si bien el capital de Asia ahora busca inversiones en todo el mundo, no deja de apoyar a sus vecinos. Fondos como el nuevo fondo de la ASEAN animarán a que algo de las grandes reservas de capital de la región permanezcan en Asia.

El término “absurdo” es utilizado por Martin Wolf para describir a los países más pobres de Asia poniendo sus reservas en Letras del Tesoro de EE.UU. El Presidente Correa utiliza la misma palabra cuando habla acerca de las reservas latinoamericanas. Ambos esfuerzos regionales intentan racionalizar los flujos de capital, reorientando parte para solventar las necesidades de la región.

Para los países en vías de desarrollo, la segunda conclusión del Dr. Wolf de que la exportación de capital es “desestabilizador económicamente” cobra una urgencia particular.

La estabilidad económica se basa en la buena planificación económica. Si un país tiene el espacio político para desarrollar un plan, entonces también tiene la oportunidad de un desarrollo planificado. En el mejor de los casos, una menor dependencia en los sistemas financieros externos, tales como el FMI y el Tesoro de EE.UU., significa que las naciones más pobres de América Latina pueden utilizar sus propios fondos para fomentar su propio desarrollo. Mantener las reservas del gobierno en el extranjero en bonos denominados en otras monedas frecuentemente rinde menos de 4% al año (y ahora rinde aún menos), mientras que los gobiernos de América Latina a veces pagan más del 10% de interés sobre la deuda externa pública, gran parte de la cual también está denominada en dólares y euros.

Exportar capital financiero es desestabilizador porque un país entonces tiene que pedir prestado para cubrir sus propias necesidades. La deuda exterior elevada fuerza a un país a pasar por grandes apuros en obtener fondos para refinanciar el monto principal de la deuda y pagar los intereses de cada año. Esta planificación a corto plazo causa que sea imposible el desarrollo a largo plazo. Si un proyecto de desarrollo requiere de grandes fondos, esos fondos a menudo sólo están disponibles a través de endeudamiento externo adicional, lo cual implica más deuda, un círculo vicioso que al final es asfixiante para el desarrollo económico nacional. Tal es el caso en muchos gobiernos de América del Sur, con Argentina sirviendo de excelente ejemplo.

El absurdo de mantener reservas en bonos denominados en dólares y euros desafía la lógica, excepto en el mundo del comercio y especulación de divisas en el cual sigue siendo esencial proteger la moneda propia utilizando grandes reservas extranjeras. Este es un juego arriesgado y costoso para el cual los países europeos ya no pagan para jugar.

Del mismo modo, las motivaciones de desarrollo en la formación del BDS reflejan la convicción de que mantener las reservas de América Latina funcionando en la región unos y otros con el fin de construir la tan necesaria infraestructura física y el crecimiento económico es preferible a aceptar préstamos de asistencia y desarrollo con origen fuera de la región. Los planes futuros son para la estabilidad monetaria mencionada anteriormente por el presidente Correa, en que se relacionan tres pedestales claves para el verdadero desarrollo económico, con lo cual hay economías estables basadas en monedas estables, en que estén endeudados sólo unos países con otros de la región (también parte de la experiencia europea).

Notas

  1. Cuando se menciona el desarrollo regional, este artículo usa el término “región” en el sentido de múltiples países, en vez de las regiones dentro de un país. En particular el artículo se basa en la región latinoamericana y las organizaciones comerciales regionales suramericanas Mercosur (Mercado Común del Sur) y ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) en particular. Mercosur es suramericano (Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil), mientras que ALBA incluye a naciones de centro y sur América y el Caribe. El término “región” según se usa aquí se refiere a un bloque de países vecinos que se juntan para cualquier tipo de cooperación social, ya sea comercio, asistencia o desarrollo, o para contribuir a la estabilidad financiera mutua. Ejemplos incluyen ASEAN (siglas en inglés para Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), SACU (siglas en inglés para la Unión Aduanera de África Austral), Mercosur (Mercado Común del Sur), ALBA, la Unión Europea, o incluso agrupaciones de comercio e inversión tales como el TLCNA (Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México).
  2. Para más información sobre lo que pasó entre mayo y septiembre ver: http://alainet.org/active/33345.
  3. http://en.mercopress.com/2009/05/09/bank-of-the-south-takes-off-with-7-billion-usd-initial-capital.
  4. La infraestructura regional financiera posibilita las finanzas y el comercio. Para propósitos de este artículo se define como la totalidad de acuerdos multilaterales financieros entre países específicos a un bloque y cualquier institución creada para apoyarlos. Esta infraestructura incluye las reglas para el comercio de servicios financieros entre los países y las estructuras bancarias y los fondos que manejan para los propósitos en su carta constitutiva, tales como proteger la estabilidad de divisas regionales, y promover el desarrollo en países más pobres.
  5. http://ifis.choike.org/informes/922.html, acceso obtenido el sábado 10 de octubre, 2009.
  6. Stiglitz es el presidente de la Comisión de Expertos del Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las reformas del sistema monetario y financiero internacional. http://www.un.org/ga/president/63/commi ssion/financial_commission.shtml, acceso obtenido el lunes 11 de mayo, 2009.
  7. (diplomacia) http://www.elcomercio.com/solo_texto_search.asp?id_noticia=177440&anio=2009&mes=5&dia=6, acceso obtenido el sábado 10 de octubre, 2009.
    (declaración de la empresa sobre el arbitraje) http://www.odebrecht.com/web/ptb/pag_noticias.php?id=1257, acceso obtenido el 14 de mayo, 2009.
  8. http://www.soitu.es/soitu/2009/05/05/info/1241553779_787643.html.
  9. ECU es la sigla en inglés para la Unidad Monetaria Europea, la precursora del euro.
  10. http://www.elpais.com/articulo/internacional/problema/eje/Venezuela/Bolivia/Ecuador/
    elpepuint/20090428elpepuint_5/Tes#EnlaceComentarios
    , acceso obtenido el 10 de mayo, 2009.
  11. http://www.ifg.org/imf_asia.html.
  12. Cita original en inglés: “Worldly wisdom teaches us that it is better for the reputation to fail conventionally than to succeed unconventionally.” http://www.marxists.org/reference/subject/economics/keynes/general-theory/ch12.htm.
  13. Aunque debe notarse que la influencia de los países principales de ASEAN en el BDA queda pequeña al compararse con la de Japón.
  14. Por la ciudad al norte de Tailandia donde se lanzó la iniciativa.
  15. Menos Indonesia.
  16. http://www.ft.com/cms/s/92d94ba6-24e4-11d8-81c6-08209b00dd01,id=040518008959,print=yes.html.

Tony Phillips es un investigador y periodista sobre el comercio y las finanzas multinacionales con énfasis en las dictaduras y la OMC, y es un traductor y analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org. Mucha de la obra de Tony se encuentra publicada en http://projectallende.org/.

Cochabamba, generic 15 al 17 de 2009
Hacia la fundación del Consejo de Movimientos Sociales del “ALBA – TCP”


Durante muchos años nuestros pueblos y naciones originarias fueron saqueados permanentemente y reducidos a simples colonias por los países más poderosos del mundo, quienes en su afán de acumulación de riqueza invadieron nuestros territorios, ailment se adueñaron de nuestras riquezas, culturas, conciencias, enajenando nuestro trabajo y ofendiendo a nuestra madre tierra (pachamama) depredando los recursos que existe en ella en pos de lucro desmedido.
En los 80 una inmensa deuda externa imposible de pagar nos postró aun más en la pobreza y la miseria, volviendo a generarse la violencia institucional que ya se había vivido con la militarización de nuestros pueblos, la desaparición y la tortura de nuestros familiares y el sometimiento de nuestras naciones indígenas originarias campesinas.
A lo anterior, ya en la etapa neoliberal, se añaden en el marco del capitalismo transnacional y globalizado los inhumanos procesos de desnacionalización y la sumisión absoluta de los gobiernos neoliberales a los dictados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Todo esto ha hecho que la voluntad popular no signifique nada en el esquema del pensamiento de las transnacionales, de la explotación y el crimen, recordándonos permanentemente que la era de colonización de nuestros pueblos aún no ha terminado.
La intromisión del imperialismo yanqui en la historia de nuestros pueblos como ocurrió con países como Colombia, Haití, México, Puerto Rico, Nicaragua, Argentina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, entre otros, con el pretexto de luchar contra el “terrorismo” o el “narcotráfico” ha expoliado nuestros recursos y ha empobrecido a nuestra gente; igual que los colonizadores de la “cruz y la espada” se ha apoderado de nuestras riquezas y ha dañado el medio ambiente.
La desigualdad económica, política y social, al igual que la exclusión y la discriminación son producto del neoliberalismo y el colonialismo de larga data, que debilitaron a los Estados y supeditaron el bienestar de nuestros pueblos a los designios de las organizaciones multinacionales y a los intereses de las empresas trasnacionales. La capacidad destructiva del sistema de dominación imperialista es aterradora, el desempleo aumenta y la esperanza de vida desciende; ellos mismos se encuentran ahora sumidos en una crisis sistémica cuya resolución no puede ser a costa del bienestar de nuestros pueblos.
Los movimientos sociales, expresión de las organizaciones indígenas originarias, afro descendientes, campesinas, organizaciones sindicales, juveniles, gremiales, los maestros, los obreros, los sin tierra, los productores cocaleros, las juntas de vecinos, profesionales progresistas y otros que luchan no solo por reivindicaciones salariales, sino también por la vida y el respeto a la madre tierra, desde antes, y desde siempre fueron los verdaderos artífices de la revolución y de las transformaciones profundas.
No olvidemos que los movimientos sociales hemos jugado un papel central en los últimos años en la perspectiva de una democratización y descolonización profunda de nuestros países, por un cambio sustantivo y genuinamente transformador tanto en lo económico, como en lo superestructural de nuestra Abya Yala.
Recordemos que el 14 de diciembre de 2004, Cuba y Venezuela proponen dar inicio e impulsar el ALBA, como alternativa al ALCA, que permita a nuestros pueblos y naciones avanzar políticamente en la búsqueda de una verdadera y libre integración, basada en la solidaridad, que responda a las necesidades sociales, políticas, educativas, culturales, económicas, reconociendo las luchas históricas de los pueblos latinoamericanos y caribeños por su unidad y soberanía.
En noviembre de 2005, en el marco de la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, se da la simbólica derrota del ALCA que fue organizada por la Alianza Social Continental, como aporte a la integración.
Meses después en enero de 2006, en el marco del capítulo del Foro Social Mundial, el Presidente Chávez se reúne con Movimientos Sociales y plantea la necesidad de la creación del Consejo de Movimientos Sociales del Alba.
El año 2006, en Lima Perú se lleva a cabo la Cumbre Enlazando Alternativas, paralela a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y la Unión Europea, en la que se avanza en la articulación de los Movimientos Sociales en el marco del proceso de integración latinoamericana.
Más tarde en noviembre del 2006, en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, se celebra la Cumbre Social por la integración de los Pueblos, paralela a la Cumbre Presidencial de la Comunidad Suramericana de Naciones (CSN). Fue organizada por la Alianza Social Continental, como aporte a la integración en el marco de una gran movilización de los movimientos sociales, originarios y originarios del país.
En la V Cumbre del ALBA celebrada en abril de 2007 se lanza la declaración de Tintorero donde se aprueba la creación del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA.
Después en noviembre de 2007, en la II Reunión de la Comisión Política del ALBA, el Consejo de Ministros decide que cada país miembro debe crear su capítulo nacional en el marco de la conformación del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, y que los integrantes de dicho capítulo acordaran la forma y metodología para el funcionamiento de dicho Consejo, así como la invitación a otros movimientos sociales de países extra-ALBA a participar en el mismo.
En ese mismo año, se expande la Alternativa Bolivariana a partir de la formación de las casas del ALBA a países no integrados al ALBA con la participación de las organizaciones sociales de esos países, entre ellos en Perú.
Posteriormente en enero del año 2008, en Caracas se celebra la VI Cumbre del ALBA, donde se aprueba la estrategia para el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA, incluyendo sus principios, estructura y funciones, además se acuerda darle continuidad a dos acciones pendientes aprobadas en Tintorero, que son:
– Identificar en el ámbito Latinoamericano y caribeño, organizaciones, redes y campañas sub-regionales y regionales, nacionales y locales, en países extra-ALBA que puedan ser convocadas para formar parte del Consejo de Movimientos Sociales”.
– Realizar reunión constitutiva del Consejo de Movimientos Sociales”.
El complejo proceso de organización de la institucionalidad del ALBA-TCP como mecanismo de integración, las realidades y desafíos que han vivido algunos de los procesos políticos de los países miembros (Bolivia, Venezuela), otras prioridades y esfuerzos dentro del ALBA-TCP y criterios de países miembros han determinado que esta iniciativa esté pospuesta desde esa fecha (Aún en febrero de este año, 2009, la Comisión Política acordó “establecer un plazo a la creación de los capítulos nacionales de movimientos sociales y comunicar a la coordinación permanente del ALBA los detalles al respecto antes de finales de abril de 2009. Ello con el fin de promover la instalación del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA el primero de mayo de 2009”).
Y es en este contexto que en julio de 2008 el MST y las organizaciones de la Vía Campesina Brasil, en diálogo con otras organizaciones del continente, convocan a sendos encuentros en la Escuela Nacional Florestán Fernández (MST) con un grupo sustantivo de líderes y operadores políticos de movimientos y organizaciones sociales, para, con todos estos antecedentes, llamar a un proceso de construcción de una articulación hemisférica de movimientos y organizaciones sociales en torno a los principios del ALBA y sus iniciativas. Resultado de esta reunión es la Carta de los Movimientos Sociales de las Américas que fue lanzada en la Asamblea de Movimientos Sociales, en ocasión del III Foro Social de las Américas (Guatemala, octubre 2008).
En enero de 2009, como parte de las actividades del VIII FSM 2009, celebrado en Belem de Pará, Brasil, se reunieron en la Asamblea de Movimientos Sociales, representantes de centenares de organizaciones y movimientos de todos los países de las Américas, que se identifican con el proceso de construcción del ALBA, para aprobar esta carta en su versión definitiva: Carta de los Movimientos Sociales de las Américas. Construyendo la integración de los pueblos desde abajo. Impulsando el ALBA y la solidaridad de los pueblos, frente al proyecto del imperialismo.
Recientemente en septiembre de este año, en Sao Paulo se realiza una Convocatoria a los Movimientos Sociales de Las Américas con el objetivo de articular el proceso de construcción del ALBA a partir de los Movimientos Sociales.
Con este recuento no solo reflejamos el camino recorrido en este proceso de integración hasta la fecha, sino que los alentamos a reflexionar y construir desde nuestra historia común.
En efecto lo que estamos viviendo en América Latina es parte de un proceso abarcador de reapropiación social de nuestro destino, de nuevas formas de organización política, horizontal, de democracia directa y participativa, de una economía plural que recupere los recursos naturales en beneficio de los pueblos, de una construcción de nuevas relaciones sociales armónicas, solidarias y comunitarias de producción.
Ahora con una fuerza inusitada surge en América y el mundo el grito de libertad, de lucha por la recuperación de nuestro territorio, de nuestras libertades, de nuestra soberanía; miles de hermanos se sumaron a la causa revolucionaria para liberar la patria, miles de ellos ofrendaron sus vidas en este intento, en diferentes épocas y de diferentes maneras, mártires de la revolución fueron los Tupac Katari, Tupac Amaru, Bartolina Sisa, Manuela Saenz, Apiaguayki Tumpa, Juana Azurduy de Padilla, Santos Pariamo, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Inti Peredo, Lempira el héroe de la revolución hondureña, el libertador Simón Bolívar, Augusto Cesar Sandino, José Martí, Ernesto Che Guevara, Salvador Allende. Luis Espinal y actualmente los cinco patriotas cubanos que purgan condenas perpetúas por el solo hecho de luchar contra el terrorismo, contra el imperialismo.
Esta Primera Cumbre del Consejo de Movimientos Sociales en el marco del ALBA-TCP, es una Cumbre histórica que permite la participación directa de los movimientos sociales en los diferentes medios de cooperación y solidaridad, a diferencia de otros mecanismos de integración de países, que nunca han considerado la participación plena de los pueblos y naciones, limitándose a meros intercambios de intereses mercantilistas que van en contra de la integración y reciprocidad de pueblos y naciones de la gran Abya Yala (latinoamericana).
En este contexto la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América y el Caribe, se constituye en un verdadero espacio de construcción de una nueva patria latinoamericana, portando la bandera de la humanidad por su definitiva emancipación. Por eso estamos dispuestos a combatir contra la explotación del hombre por el hombre, considerando que existe la latente necesidad de una “segunda independencia”.
Ésta Cumbre Internacional, es el saludo de los Movimientos Sociales de los países miembros del ALBA-TCP, a la VII Cumbre de Presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, que durante media década lucha por la desaparición de toda forma de dominación y explotación contra los pueblos y la construcción de relaciones de complementariedad y ayuda recíproca en procura de su desarrollo y de lograr el buen vivir.
Aquí, desde el corazón de Sudamérica, desde los pueblos combatientes, las organizaciones indígenas originarios campesinas, obreros, trabajadores, estudiantes, clase media y profesionales comprometidos con su pueblo de Venezuela, Cuba, Bolivia, Antigua y Barbuda, Ecuador, Nicaragua, Honduras, la Mancomunidad de Domínica, San Vicente y las Granadinas, aunados en el Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP, nos comprometemos a defender los principios revolucionarios del ALBA-TCP, que potencian la lucha y la resistencia contra todo tipo de explotación para construir un mundo diferente.
Nuestro objetivo como Consejo de Movimientos Sociales de los países miembros del ALBA-TCP, es la lucha por el pluralismo en nuestros países y en el mundo entero, sustentada en la armonía entre nuestros pueblos y la madre tierra para el buen vivir, en los principios morales, éticos, políticos y económicos de nuestras comunidades y barrios del campo y la ciudad. Pretendemos forjar desde el seno del pueblo una nueva Patria Social Comunitaria, descolonizada y fundada en la multidiversidad, respetuosa de las diferencias y de las particularidades sociales y regionales.
La actuación del Consejo de Movimientos Sociales, estará fundamentada en los siguientes principios:
– Es un espacio inclusivo, abierto, diverso y plural, a partir de la identificación con los objetivos y principios del ALBA-TCP.
– Es un espacio para compartir y desarrollar agendas comunes que beneficien a los pueblos, sin convertirnos en un espacio para dirimir disputas y representaciones políticas.
– Es un espacio para fortalecer posiciones políticas económicas y sociales, sin convertirnos en un foro o asamblea de actuación social, que reconoce los espacios de articulación existentes.
– Significa el compromiso de la plena identificación con los principios generales que definen el ALBA-TCP como proceso de integración.
– Expresa la legitimidad y representación real de los Movimientos Sociales que se integran.
– En países miembros, sostener permanente diálogo e interrelación con sus respectivos gobiernos.
– Cada Coordinación Nacional en los países miembros del ALBA-TCP, definirá sus propias dinámicas de actuación y de relacionamiento con sus gobiernos.
– En países miembros del ALBA-TCP, los vínculos de las organizaciones sociales con el CMS, se desarrollará a través de las Coordinaciones Nacionales.
– Integrar el enfoque de género, reconociendo el legítimo derecho de la participación de la mujer en los movimientos sociales con equidad, igualdad real y justicia social.
Los pueblos de América Latina que pertenecemos a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América Latina y el Caribe – Tratado de Comercio de los Pueblos, organizados en este Consejo, continuaremos luchando contra los constantes intentos del imperialismo norteamericano de privarnos del desarrollo económico pleno; ni los ataques, amedrentamientos, armas, utilización de la violencia podrán callarnos, seguiremos luchando y siendo solidarios ahora particularmente con el pueblo hermano de Honduras.
Estamos convencidos de que sólo con la organización, movilización y la unidad de los pueblos del ALBA-TCP, es posible un auténtico proceso de integración, como también el logro de la transformación económica, social, política y cultural de nuestros países.
Esta Cumbre reafirma la voluntad de Bolivia, Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Nicaragua, Honduras, Ecuador y la Mancomunidad de Dominica por el desarrollo y el fortalecimiento del Consejo de Movimientos Sociales sobre la base de una solidaridad comprometida con los demás pueblos del continente; optamos por la lucha plural, democrática, antifascista y antiimperialista, a través de un trabajo con objetivos políticos que no escondan su naturaleza ni su carácter revolucionario.
La conformación de este Consejo de Movimientos Sociales nos permite salir de las luchas locales y aisladas, de nuestras fronteras nacionales para integrarnos en la dimensión del AbyaYala o patria latinoamericana, permite la complementariedad y participación de los pueblos en los diferentes Consejos y Grupos de Trabajo que son las instancias de unificación que funcionan en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América Latina y el Caribe.
Para lo cual se conforma un comité ad hoc, que coordinara Bolivia, y será integrado por un representante de los tres capítulos nacionales ya creados (Bolivia, Venezuela y Cuba) y otras importantes organizaciones, redes y campañas para impulsar el proceso de constitución del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP en seis meses.
Es dado en la ciudad de Cochabamba, a los 16 días del mes octubre de 2009.
______________________________
PROPUESTA DE ACCION
– Consolidación de los capítulos nacionales con organizaciones representativas de los movimientos sociales.
– Incorporar a los movimientos sociales de los países del ALBA en el Exterior. Así como organizaciones sociales presentes en los países Miembros del ALBA.
– Crear espacios de discusión para evaluar actividades de los movimientos sociales y desarrollar programas comunes.
– Que los movimientos sociales realicen actividades de solidaridad de manera conjunta.
– Saludamos las iniciativas de Vía Campesina, MST y otras organizaciones, propuestas en septiembre de 2009 en Sao Paulo, en la perspectiva de fortalecer la articulación de los movimientos sociales del continente. En específico, nos sumamos a la iniciativa de la realización de una Asamblea Continental de Movimientos Sociales con el ALBA, para el primer semestre del 2010.
– Fortalecer los programas de desarrollo, participación y asistencia a través de los movimientos sociales.
– Asignación presupuestaria a los movimientos sociales
– Privilegiar el proceso de participación de la mujer en la dirección de los movimientos sociales.
– Incorporación de manera progresiva a organizaciones comunitarias pequeñas con igualdad de derecho de participación.
– Luchar por los derechos de los inmigrantes a un trabajo digno y a la salud.
– Impulsar la participación de los movimientos sociales de los países cuyos gobiernos no son integrantes formales del ALBA como forma de globalizar la lucha.
– Los programas de los movimientos sociales deben ser entregados a los Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del ALBA a través de resoluciones para su aprobación.
– Los “10 mandamientos para salvar la vida y el planeta, la humanidad y la vida” propuesto por el Presidente Evo Morales deben ser adoptados como principios fundamentales de los movimientos sociales.
– Cada capítulo nacional debe establecer sus programas que respondan a las necesidades reales de los pueblos.
– Establecer mecanismos de comunicación permanente entre los movimientos sociales y los pueblos y naciones indígenas originarias campesinas, donde se compartan las experiencias del proceso en cada país.
– Desarrollar programas de formación para los voceros de los movimientos sociales.
– Crear una red de medios de comunicación e información propios de los movimientos sociales.
– Luchar y demandar el derecho de los pueblos a la paz y a su autodeterminación.
– Invitar a las Nacionalidades y pueblos indígenas; a las comunidades del campo y de la ciudad; a las organizaciones populares; a los medios y redes de comunicación comunitaria y masiva; a todos y todas los habitantes del mundo, a difundir, denunciar y condenar en sus espacios; las estrategias de intervención de los Estados Unidos, a través de bases militares en Colombia, en la región, y el resto del mundo.
– Impulsar campañas en contra de las empresas transnacionales e impulsar proyectos gran nacionales promovidos por los gobiernos del ALBA A TRAVES DEL TRATADO DE COMERCIO DE LOS PUEBLOS.
– Apoyar la adopción de una moneda internacional, promovidos por los países del ALBA y la UNASUR.
– Estimular las luchas sociales para el re-ascenso del movimiento de masas.
Para lo cual se conforma un comité ad hoc, que coordinara Bolivia, y será integrado por un representante de los tres capítulos nacionales ya creados (Bolivia, Venezuela y Cuba) y otras importantes organizaciones, redes y campañas para impulsar el proceso de constitución del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA-TCP en seis meses

Edgardo Lander

¿Integración de qué? ¿Para quién? La consideración de los proyectos de integración latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales. ¿Integración para quién? ¿Para las los sectores privilegiados de estas sociedades? ¿Para que los capitales, nurse sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, por el contrario, para los pueblos, para las mayorías empobrecidas, excluidas, subordinadas?

 

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.

Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.

Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.

Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.

Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.

El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.

Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.

No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.

Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.

Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.

Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.

Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander

[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo

[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.

[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)

[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela

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Edgardo Lander

¿Integración de qué? ¿Para quién? La consideración de los proyectos de integración latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales. ¿Integración para quién? ¿Para las los sectores privilegiados de estas sociedades? ¿Para que los capitales, sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, por el contrario, para los pueblos, para las mayorías empobrecidas, excluidas, subordinadas?

 

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.

Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.

Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.

Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.

Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.

El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.

Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.

No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.

Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.

Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.

Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.

Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander

[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo

[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.

[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)

[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela


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Edgardo Lander

¿Integración de qué? ¿Para quién? La consideración de los proyectos de integración latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales. ¿Integración para quién? ¿Para las los sectores privilegiados de estas sociedades? ¿Para que los capitales, sovaldi sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, por el contrario, para los pueblos, para las mayorías empobrecidas, excluidas, subordinadas?

 

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.

Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.

Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.

Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.

Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.

El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.

Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.

No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.

Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.

Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.

Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.

Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander

[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo

[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.

[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)

[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela

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Edgardo Lander

¿Integración de qué? ¿Para quién? La consideración de los proyectos de integración latinoamericanos exige formularse algunas interrogantes vitales. ¿Integración para quién? ¿Para las los sectores privilegiados de estas sociedades? ¿Para que los capitales, sean nacionales o transnacionales, puedan moverse libremente en todo el continente? ¿O, por el contrario, para los pueblos, para las mayorías empobrecidas, excluidas, subordinadas?

 

No hay nada en la idea de integración que en sí mismo podamos considerar como favorable para el futuro de los pueblos del continente. No basta con que sea una integración latinoamericana o sudamericana para que corresponda a los intereses populares. Todo depende del modelo de integración en cuestión. ¿Quiénes lo impulsan? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿En función de qué intereses y de que valores se diseña? Dependiendo de la respuesta a estas interrogantes, la integración puede afianzar las relaciones de dominación actualmente hegemónicas, o puede contribuir a abrir rendijas para socavarlas.

¿Un proyecto de integración orientado a abrir aún más estas economías para someterlas a los dictados de los dueños del capital? ¿O una integración defensiva que tenga como meta conquistar espacios de autonomía y soberanía para definir políticas públicas y opciones económicas propias? En otras palabras, ¿una integración que contribuya a desdibujar aún más los espacios y territorios del ejercicio de la soberanía democrática de los pueblos, o una integración orientada a recuperar lo que siglos de colonialismo y políticas imperiales le han arrebatado y continúan arrebatando a los pueblos del continente?

¿Una integración orientada por los valores del individualismo posesivo, de la competencia de todos contra todos, en la cual se garantice el éxito de los más fuertes sobre la base de la explotación y exclusión de los más débiles, esto es, una integración que acentúe las inaceptables desigualdades actuales? ¿O una integración guiada por los valores de la igualdad, de la participación, la pluralidad, la solidaridad, la comunidad, una integración que reconozca, valore y haga posible el despliegue de la extraordinaria variedad de modos de vida de los pueblos de nuestro continente?

¿Una integración que sin límite alguno explote los recursos naturales, convirtiéndolos en mercancías exportables para generar los excedentes requeridos para pagar la deuda externa? ¿O una integración que se oriente a la recuperación y construcción de otras formas de ser los humanos parte de la naturaleza, que no la considere como un enemigo a ser sometido, controlado, explotado y por ende destruido?

¿Una integración pensada como área de libre comercio, concebida principalmente como la construcción de un espacio económico de libre circulación de mercancías y capitales? ¿O una integración geopolítica concebida como parte de los procesos de resistencia al orden global que busca imponer la política unilateral e imperial del capital transnacional y del gobierno de los Estados Unidos? El ALCA

El principal proyecto estratégico del gobierno de Estados Unidos hacia el continente americano en su conjunto durante los últimos diez años ha sido el ALCA o Área de Libre Comercio de las Américas. Mediante este acuerdo de alcance continental, Estados Unidos y sus empresas han buscado consolidar, profundizar y hacer irreversibles las políticas de ajuste estructural de las últimas décadas, pretendiendo establecer de una vez por todas la prioridad absoluta de los derechos del capital sobre los derechos de la gente.

Mediante la constitucionalización del orden neoliberal en un pacto supranacional de obligatorio cumplimento, se aspira a acotar drásticamente los ámbitos de la soberanía y del ejercicio de la democracia y la regulación social, concebidas todas como trabas ilegítimas al pleno y libre despliegue y movimiento del capital.

Hasta hace poco más de dos años, las negociaciones avanzaban en forma aparentemente indetenible. Gobiernos sumisos en todo el continente negociaban textos secretos a espaldas de sus pueblos, y parecía inevitable que para la fecha prevista, esto es, para finales del año 2004, se concluyeran la negociación y revisión del texto de manera que este pudiese ser ratificado en 2005. Sin embargo, a partir del año 2002 las cosas comenzaron a cambiar.

Los movimientos y organizaciones sociales de la resistencia al ALCA, especialmente mediante su articulación en la Alianza Social Continental, lograron sacar el debate del ámbito acotado de una negociación entre expertos en comercio internacional para colocarla en el terreno del debate y la movilización pública.

Organizaciones sindicales, indígenas, ecologistas, campesinas, de mujeres y académicas en todo el continente logran converger en una resistencia crecientemente organizada y capaz de grandes movilizaciones. Cada una de las principales reuniones de los negociadores del acuerdo pasó a estar acompañada de masivas protestas (Québec, Buenos Aires, Quito, Miami). Los cambios políticos representados por la elección de Chávez, Lula y Kirchner introdujeron perspectivas y posturas negociadoras no previstas.

En la reunión del Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) celebrada en San Salvador en julio de 2003 se reconoce por primera vez, en la propia mesa de negociaciones, que estas están severamente estancadas. Se realizaron sucesivos intentos de salvar el acuerdo mediante un tratado más diluido (Alca light) o por la vía de un ALCA de dos niveles que permitiese a los gobiernos más comprometidos con el modelo de libre comercio preservar el contenido del proyecto original, facultando a otros gobiernos el asumir compromisos menores. Buscando destrancar las negociaciones, los Estados Unidos convocaron sucesivas “reuniones informales” entre diferentes grupos de países.

Persistieron los desacuerdos. Finalmente, en contra de todos los pronósticos, lo que no parecía posible es hoy un hecho. La resistencia continental ha derrotado al ALCA, quizás definitivamente. Desde comienzos del año 2003 no se ha llevado a cabo ninguna reunión formal. De hecho, aunque esto no se admita públicamente, las negociaciones han sido pospuestas en forma indefinida [1].

Diversas organizaciones del continente han sugerido que el 1 de enero de 2005, fecha en que se suponía que estuviese listo el acuerdo, sea celebrado como el día del triunfo de los movimientos populares de las Américas contra el ALCA. En estos tiempos neoliberales no son muchas las victorias populares: hay que celebrarlas. Los Tratados de Libre Comercio (TLCs)

El descarrilamiento del ALCA representa sin duda una victoria para la resistencia al proyecto imperial de libre comercio. Sin embargo, la agenda estratégica del gobierno de Estados Unidos hacia el continente no ha sido derrotada: avanza por otras vías. Dado que las dificultades en las negociaciones del ALCA las enfrentaba principalmente con tres países -Brasil, Argentina y Venezuela- el gobierno de Estados Unidos optó por continuar negociaciones vía TLCs con prácticamente todos los demás países. Negoció y firmó un TLC con Chile, concluyó las negociaciones con Centroamérica, y está en lo que se supone que es la fase final de las negociaciones con Colombia, Ecuador y Perú.

Dado el fraccionamiento de la resistencia y las posturas más amigables (tanto al libre comercio como al gobierno de Estados Unidos) de los gobiernos en cuestión, en estos acuerdos se radicaliza la agenda neoliberal. No sólo se va más allá de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sino incluso de lo previsto en los borradores del ALCA. La extraordinaria disparidad entre las partes de estas negociaciones queda ilustrada en el contenido, por ejemplo, de los capítulos sobre propiedad intelectual y agricultura del TLC andino, acuerdos que de aprobarse en su versión actual tendrían impactos catastróficos sobre la salud y la alimentación de los pueblos.

Estados Unidos ha exigido el patentamiento de plantas y animales (¡definidos como inventos!), así como de procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos. Reafirmando una vez más que considera más importante las ganancias de sus transnacionales farmacéuticas que la salud pública, además de diversas medidas destinadas a impedir la utilización de medicamentes genéricos exige que se deje sin efecto la Declaración Relativa al Acuerdo sobre ADPIC [2] de Doha (2001), que autoriza cierta flexibilidad en la interpretación de los derechos de propiedad intelectual de los medicamentos y permite a los países miembros de la OMC “proteger la salud pública y, en particular, promover el acceso a los medicamentos para todos”.

En las negociaciones sobre agricultura Estados Unidos exige la eliminación de todos los instrumentos de protección y fomento agrícola utilizados por los países andinos (bandas de precios, cuotas de importación, etc.), a la vez que se niega en forma categórica a siquiera discutir sus opulentos subsidios agrícolas. Esta combinación no puede conducir sino a la devastación de la agricultura andina, a socavar las condiciones de la seguridad alimentaria y a la expulsión de millones de personas del campo.

A pesar de la firme oposición popular y de las masivas movilizaciones de organizaciones sociales y políticas centroamericanas y andinas [3], no ha sido posible hasta el momento frenar estas negociaciones.

MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones

¿Constituyen hoy el MERCOSUR o la Comunidad Andina de Naciones (CAN) alternativas a este modelo de integración y desarrollo? La integración no puede pensarse como algo diferente a los proyectos nacionales, diferente a las sociedades que se prefiguran al interior de cada Estado-nación. Los proyectos de integración del continente dependen de los procesos políticos, de las estructuras productivas, de las correlaciones de fuerza existentes tanto global y regionalmente como al interior de cada uno de los países participantes.

Los actuales proyectos y prácticas de integración en América Latina se dan con estructuras productivas y condiciones políticas e ideológicas muy diferentes a las existentes cuando se debatía la integración latinoamericana en los ‘60 y ‘70. Como resultado de las dictaduras militares y de la aplicación sistemática de las políticas neoliberales de ajuste estructural, estas sociedades han cambiado profundamente tanto en su estructura productiva como en su tejido social. Como consecuencia de la represión, la desindustrialización y las reformas laborales, el movimiento sindical se encuentra extraordinariamente reducido y debilitado, y la mayor parte de los nuevos empleos se crean en el llamado sector informal.

El peso de empresarios cuya producción se orientaba prioritariamente al mercado interno ha igualmente declinado. La propiedad de la tierra se encuentra aún más concentrada que hace tres décadas. Los sectores más dinámicos de las economías del continente -los que tienen igualmente hoy mayor incidencia política, mayor capacidad de tener impacto sobre las políticas públicas- son los sectores triunfantes de estas transformaciones económicas. Son principalmente los grupos financieros, los de los servicios -como las telecomunicaciones- y los exportadores de productos primarios: en el caso del Cono Sur, principalmente el sector agroindustrial.

Estos sectores están controlados o asociados estrechamente con el capital transnacional, sus beneficios dependen de la apertura económica, de la desregulación, de las privatizaciones y del acceso a los mercados internacionales. Constituyen las fuerzas dinámicas internas detrás de las políticas del libre comercio.

El sentido común neoliberal hoy hegemónico, y los intereses de estos sectores que resultaron beneficiados de las transformaciones políticas y de la estructura económica producidas en las últimas tres décadas, condicionan las orientaciones básicas de los proyectos de integración que hoy operan y se negocian en todo el continente. Es posible constatar incluso que la razón fundamental por la cual los gobiernos de Brasil y Argentina pusieron una resistencia tan firme al ALCA tuvo que ver principalmente con el hecho de que los beneficios que esperaban estos sectores no estaban siendo garantizados suficientemente en la negociación.

No se trata de desconocer que estos gobiernos no han tenido posiciones únicas y que han existido tensiones entre visiones más orientadas hacia el libre comercio y visiones que reivindican mayor autonomía para el impulso de políticas públicas nacionales. Sin embargo, y más allá de los discursos, fue precisamente el hecho de que el ALCA no garantizaba un mayor acceso de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de Estados Unidos, y que el gobierno de dicho país no estaba dispuesto a siquiera considerar la reducción de los subsidios a su producción agrícola, la verdadera razón por la cual se trancaron las negociaciones del ALCA.

El único gobierno participante en las negociaciones que formuló cuestionamientos conceptuales, políticos y doctrinarios fundamentales a cada una de las dimensiones del modelo de integración propuesto por el gobierno de Estados Unidos a través del ALCA fue el de Venezuela.

Esos mismos intereses han estado impulsando las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea. De acuerdo a denuncias formuladas por las principales organizaciones sociales del Cono Sur [4], a cambio de un acceso limitado de los productos de la agroindustria del MERCOSUR al mercado de la Unión Europea, los negociadores del MERCOSUR están realizando concesiones que tendrían efectos nocivos sobre la agricultura familiar, limitarían la capacidad de los Estados para tener políticas industriales autónomas, y convertirían en mercancías áreas tan críticas como los denominados “servicios culturales” y “servicios ambientales”.

Se habrían ofrecido igualmente preferencias a la Unión Europea para las compras del Sector Público. No hay razón alguna por la cual se pueda suponer que las transnacionales basadas en Europa puedan tener efectos más benignos o sean menos rapaces que las estadounidenses, ni para asumir que los gobiernos europeos sean menos agresivos en la defensa de los intereses de sus corporaciones. Cualquier ilusión en este sentido quedó desmentida con la reciente crisis argentina. La Comunidad Sudamericana de Naciones

Los gobiernos de Sudamérica celebran lo que denominan un nuevo momento histórico en el continente, la realización del sueño de Bolívar: la creación de la Comunidad Sudamericana de Naciones. ¿Podrá este acuerdo convertirse efectivamente en un punto de partida para nuevos proyectos económicos y geopolíticos alternativos a los modelos hegemónicos?

La retórica de la Declaración del Cusco, firmada por los presidentes o cancilleres de 12 países sudamericanos [5], parecería efectivamente apuntar en una nueva dirección. Predomina en esta un lenguaje diferente a la prioritaria del libre comercio que ha sido hegemónica durante los últimos lustros.

Partiendo de la “historia compartida y solidaria de nuestras naciones”, se reivindica “una identidad sudamericana compartida y valores comunes, tales como: la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la libertad, la justicia social, el respeto a la integridad territorial, a la diversidad, la no discriminación y la afirmación de su autonomía, la igualdad soberana de los Estados y la solución pacífica de controversias”.

Se reconoce que no es suficiente con el desarrollo económico, y que se requieren estrategias que junto a “una conciencia ambiental responsable y el reconocimiento de asimetrías en el desarrollo de sus países, aseguren una más justa y equitativa distribución del ingreso, el acceso a la educación, la cohesión y la inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible”.

Se enfatiza un “compromiso esencial con la lucha contra la pobreza, la eliminación del hambre, la generación de empleo decente y el acceso de todos a la salud y a la educación como herramientas fundamentales para el desarrollo de los pueblos”. En el terreno internacional se apela a “los valores de la paz y la seguridad internacionales, a partir de la afirmación de la vigencia del derecho internacional y de un multilateralismo renovado y democrático que integre decididamente y de manera eficaz el desarrollo económico y social en la agenda mundial”.

Desde el punto de vista institucional, se afirma a la Comunidad Sudamericana de Naciones como proyecto que trasciende un área de libre comercio, acordándose que se va a “desarrollar un espacio sudamericano integrado en lo político, social, económico, ambiental y de infraestructura, que fortalezca la identidad propia de América del Sur y que contribuya, a partir de una perspectiva subregional y, en articulación con otras experiencias de integración regional, al fortalecimiento de América Latina y el Caribe y le otorgue una mayor gravitación y representación en los foros internacionales”.

De acuerdo al texto, se trata de un proyecto de integración de los pueblos. Se afirma: “Nuestra convicción en el sentido que la realización de los valores e intereses compartidos que nos unen, además de comprometer a los Gobiernos, sólo encontrará viabilidad en la medida que los pueblos asuman el rol protagónico que les corresponde en este proceso. La integración sudamericana es y debe ser una integración de los pueblos”.

Más allá de temas cruciales que están ausentes en el texto, como el de la deuda externa, y el de las relaciones de este proyecto con los acuerdos de libre comercio firmados o en proceso de negociación con Estados Unidos y la Unión Europea, ¿puede esperarse que los actuales gobiernos sudamericanos (los firmantes de la Declaración del Cusco) sean consecuentes con estas declaraciones de intención? ¿Se trata de un lenguaje destinado al público de galería, o es la expresión de una nueva voluntad política de los gobiernos sudamericanos?

Más que descartar de antemano la Declaración del Cusco como pura retórica y a la decisión de crear la Comunidad Sudamericana de Naciones como una mera formalidad, es conveniente analizar este proceso en la potencialidad que podría ofrecer para convertirse en un nuevo terreno de pugnas y tensiones entre diferentes visiones y diferentes fuerzas sociales en torno al futuro de América Latina. ¿Pretenden los gobiernos firmantes de la declaración (o algunos de ellos) adecuar las orientaciones de sus políticas públicas a los objetivos declarados de la Comunidad Sudamericana de Naciones?

Lo que resulta evidente es que hay flagrantes contradicciones entre los objetivos y metas formulados en esta declaración y el rumbo principal que hoy asumen las políticas públicas en la mayoría de los países sudamericanos. Los objetivos formulados en la Declaración del Cusco no son, de modo alguno, compatibles con las políticas públicas y orientaciones económicas que, gracias a la deuda externa, los organismos financieros internacionales continúan imponiendo en todo el continente. ¿Pueden los movimientos sociales y políticos populares del continente aprovechar estas tensiones para formular e impulsar propuestas contrahegemónicas?

¿Qué sentido tiene que los gobiernos andinos que hoy negocian un TLC con Estados Unidos, proyecto que constituye una severa amenaza a la salud, educación, alimentación y el ambiente de dichos países, se comprometan a garantizar la salud, la educación, la alimentación de sus pueblos, así como la preservación del ambiente? ¿Qué sentido tiene la reivindicación del derecho a un empleo decente cuando las políticas de apertura, privatización y desregulación, la desindustrialización, la flexibilidad laboral y las reformas de la legislación laboral impulsadas por estos mismos gobiernos continúan deteriorando y precarizando sistemáticamente las condiciones del empleo? ¿Para qué proclamar la autonomía e igualdad soberana de los Estados mientras se están negociando acuerdos comerciales que limitan cada vez más el ejercicio de la soberanía? ¿Por qué hablar de la equitativa distribución del ingreso, y de la cohesión y la inclusión social, si la experiencia confirma que las actuales políticas de predominio dogmático del libre comercio no conducen sino a la desintegración social y al incremento de las desigualdades sociales? ¿Qué sentido tiene destacar la importancia de la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible si -como es evidente por ejemplo en el caso de Brasil- las actuales políticas de prioridad de las exportaciones primarias orientadas a generar un excedente en la balanza comercial para pagar la deuda externa requieren una sobreexplotación depredadora y no sostenible de los recursos naturales? ¿Qué tipo de infraestructura va a acompañar este proceso de integración? ¿Continuará la prioridad en la inversión en infraestructura orientada a facilitar las exportaciones y consolidar el modelo de crecimiento hacia afuera, la economía de puertos? ¿Pondrá esta infraestructura a la Amazonía y sus recursos a la disposición de las empresas transnacionales?6. ¿Podrá por el contrario dársele prioridad a las exigencias de un desarrollo endógeno, de ampliación de los mercados internos continentales y de la efectiva integración de los pueblos? ¿Será posible avanzar en la dirección de un modelo alternativo de integración cuando se está incorporando a la Comunidad Sudamericana de Naciones, en forma acrítica, la base jurídica y normativa que el MERCOSUR y la Comunidad Andina de Naciones fueron armando durante los lustros recientes de hegemonía neoliberal?

La retórica latinoamericanista, la reivindicación de la soberanía y la democracia, así como de los derechos de los pueblos, podría bajar la guardia de los movimientos sociales y políticos populares en torno a las negociaciones entre los gobiernos del continente mientras mantienen una actitud vigilante ante los acuerdos negociados con potencias extracontinentales (ALCA, TLCs, MERCOSUR-UE). No hay, sin embargo, nada en la idea de integración sudamericana que en sí misma, por su propia condición de ser latina o sudamericana, sea necesariamente más favorable a los intereses de los pueblos. Todo depende, como se señaló al comienzo de este texto, de los modelos de integración en juego.

Se abre con la Comunidad Sudamericana de Naciones un nuevo terreno de lucha continental. El destino de este proyecto de integración y la respuesta a la cuestión básica de si puede o no llegar a ser favorable a los intereses populares, más que del contenido de sus textos fundantes, dependerá del resultado de las luchas sociales y políticas, de la capacidad de las fuerzas populares para revertir las tendencias políticas y económicas hoy hegemónicas en la mayor parte del continente.

¿Será posible convertir a la Comunidad Sudamericana de Naciones en un nuevo terreno capaz de articular en forma efectiva las luchas de los pueblos del continente por la soberanía, la democracia, la igualdad, la pluralidad cultural? ¿Podrá este nuevo proyecto integrador jugar un papel en la resistencia a la hegemonía imperial de Estados Unidos?

Son estos nuevos retos y nuevas interrogantes que confronta hoy la lucha popular latinoamericana.

Edgardo Lander Sociólogo, profesor titular de la UCV Ver los artículos de Edgardo Lander

[1] Han circulado, sin embargo, rumores de acuerdo a los cuales los co-presidentes de la fase final de las negociaciones del ALCA, el Embajador Robert Zoellick de Estados Unidos y el Canciller de Brasil, Celso Amorim, tendrían previsto reunirse en el mes de enero de 2005 para explorar las posibilidades de un reinicio de las negociaciones. Mientras han estado absolutamente suspendidas todas las negociaciones sustantivas, ha continuado la pugna entre las ciudades candidatas a ser sede permanente del acuerdo

[2] Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mejor conocido por sus siglas en inglés: TRIPS.

[3] Ver, por ejemplo, la declaración conjunta de las cuatro centrales de trabajadores colombianas: Declaración frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos y el tema laboral, Bogotá, 3 de diciembre 2004. En Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio (Recalca)

[4] Autoconvocatoria No al ALCA (Argentina), “Acuerdo Unión Europea-MERCOSUR: ganancias para pocos, amenaza para la mayoría”

[5] Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, Cumbre Presidencial Sudamericana, Cusco, 8 de diciembre de 2004. Los países firmantes de esta declaración son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela


source link: Red Voltaire


Printed from http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=2101

Gonzalo Berrón

Investigador del Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais da USP, discount Brasil

 

Más que en ninguna otra región del continente Americano, find y de América Latina en particular, los movimientos y organizaciones sociales que históricamente han enfrentado al libre comercio y la globalización neoliberal en el Cono Sur se encuentran ante el desafío que les impone el complejo escenario de la integración regional. A riesgo de ser esquemático, considero que son el ALBA, el Mercosur y la Unasur los tres procesos que interpelan de forma directa la acción de los actores sociales de esta parte del continente.

 

Esta geografía laberíntica que presenta la superposición – pero no la contradicción – de los procesos genera situaciones inéditas: ninguno de los países del Mercosur forma parte del ALBA, sin embargo el movimiento social que viene impulsando la mayor movilización social a favor de este proceso, el MST, es justamente de Brasil. A su vez, Venezuela, el motor del ALBA, aún aguarda la decisión de los senadores paraguayos y brasileños para tornarse miembro pleno del Mercosur. La UNASUR, una idea que impulsara el presidente conservador Fernando Henrique Cardoso de Brasil, fue luego abrazada como propia por el presidente Lula y su asesor dilecto Marco Aurélio Garcia, y finalmente por el gobierno de Evo Morales, la expresión más cabal del cambio político en la región. Por fin, resulta llamativo que no se identifiquen con el ALBA países como Argentina, que recibiera un salvataje millonario de Venezuela, o Brasil, que comparte con ese país, por ejemplo, el proyecto energético de la refinería Abreu e Lima en el estado de Pernambuco, iniciativas binacionales que perfectamente podrían caer bajo la denominación “ALBA-TCP”. También Paraguay y Uruguay tienen en marcha iniciativas similares con Venezuela, sin embargo, ninguno de los gobiernos del Mercosur habla del ALBA, o ha hecho muestras de querer sumarse al bloque siendo que tal acción no sería de ninguna forma incompatible con la normativa ni del Mercosur ni del ALBA. Los conflictos se producen al interior de los bloques, y no como dinámica competitiva entre los mismos.

 

Este enmarañado cuadro, desde la visión de los movimientos sociales, se completa con el fin de las negociaciones del ALCA, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata (noviembre de 2005), que significó el fin, como todos sabemos, de la lucha contra lo que era identificado como la encarnación de las ansias imperialistas de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Muerto el ALCA, los movimientos sociales de la región se volvieron, en lo que consideraron un viraje lógico, hacia los escenarios y las iniciativas de integración regional. Mientras en otras regiones la resistencia contra el libre comercio continuó de forma muy activa contra los TLCs con los EUA y luego contra los AdAs con Europa, en el Mercosur la amenaza del libre comercio se restringió a una cada vez más lánguida negociación de la Ronda de Doha en la OMC.

 

UNASUR y movimientos

La relación UNASUR movimientos sociales fue estimulada por dos dinámicas. Por una lado, la UNASUR se presentaba como la iniciativa de integración regional más amplia en términos de extensión geográfica y de número de países, así como en relación a la cantidad de “nuevos gobiernos”. Esta extensión favorecía una dinámica también más abarcadora para la articulación de los movimientos sociales, y el hecho de que en el 2006 aún fuera una “cáscara vacía” lo hacía también atractivo, pues se estimaba que junto con el grupo de presidentes próximos al ideario – u origen – de los movimientos existiría una gran chance para proponer y participar. Por otro lado, la asunción de la Secretaría de UNASUR por parte de Bolivia y el impulso que el gobierno de Evo Morales le quiso dar a éste proceso en medio de la crisis de la CAN, llevaron a una aproximación fuerte con quienes otrora fueran sus compañeros de lucha a nivel continental, que se expresó en la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos realizada en Cochabamba, en diciembre de 2006, como actividad simultánea a la cumbre de Presidentes de la UNASUR.

 

Esto generó una relación estrecha entre movimientos y organizaciones sociales y el proceso de la UNASUR. En este contexto, también se discutió originalmente la idea del Banco del Sur que había sido igualmente transformada en objeto de lucha por parte de las organizaciones sociales de la región, así como, por la negativa, la necesidad de interactuar con una instancia que heredaba de la etapa anterior la iniciativa del IIRSA, para denunciar y presionar de forma más eficiente sobre este plan de infraestructura pergeñado de espaldas a los pueblos del América del Sur y con el fin último de proveer energía, caminos y comunicaciones para un modelo de desarrollo que, tal como asistimos en estos días de crisis global, se demuestra impropio para traer justicia social y ambiental a nuestros pueblos.

 

La UNASUR siguió siendo vista como un proceso con potencial de cambio al que los actores sociales acompañaban. La Cumbre Energética en Isla Margarita (17 de abril de 2007) fue motivo para consolidar una posición de las organizaciones en esta materia. La declaración oficial ya dejaba entrever el debate petroleo/etanol y fuentes renovables de energía, así como una velada puja de las estatales venezolana y brasileña. En su texto, sin embargo, mantuvo un espíritu progresista ratificando el papel de las empresas nacionales en el contexto de la entonces aún reciente nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Durante la Secretaría Boliviana de la UNASUR se mantuvo esa impronta, incluso se realizaron consultas con organizaciones sociales a fin de discutir los mecanismos de participación que podría adoptar la institucionalidad a ser creada con el tratado que por entonces estaba en construcción. En mayo de 2008 se firma el tratado que constituye la UNASUR con status de bloque de países a nivel internacional y con un perfil cuyo foco se distancia de lo estrictamente económico para “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.” (Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericana, 6 de mayo de 2008). El ímpetu de la firma del Tratado, sin embargo, fue opacado por la salida de la Secretaría de Bolivia hacia Chile en medio de una disputa áspera que incluyó vetos explícitos de unos países a otros para la designación del Secretario del bloque. Esta sensación sólo sería interrumpida por el excelente papel que jugó la UNASUR en cortar la escalada de sabotajes e intentos golpistas al gobierno Evo Morales, así como en el proceso posterior de investigación de la masacre perpetrada por grupos armados comandados por el prefecto de Pando. Finalmente, en estos días, el Consejo de Defensa Sudamericana (“CDS”, como ya es llamado por los ministros de defensa de la región), que funciona como una instancia de coordinación de los ministros de defensa del bloque, aprobó un plan de acción que “prevê a adoção de uma doutrina política comum, o inventário da atual capacidade militar de todos e o monitoramento dos gastos do setor” y que podría transformarse en una “alianza militar defensiva regional”, lo que dificultaría, o por lo menos ejercería un contrapeso, a la actuación militar estadounidense en la región.

 

Mercosur y movimientos

Una parte significativa de los movimientos sociales del Cono Sur buscaron, a la salida de la lucha contra el ALCA, construir un “sujeto social” regional que orientase su actuación a los problemas más acuciantes a nivel regional y a nivel de cada país en relación a la región o a alguno de sus países miembros. En este sentido se inicia en julio de 2006, en Córdoba, un proceso semestral de Cumbre de los Pueblos del Sur – sólo interrumpiéndose en diciembre de 2006, pues por entonces se realizaba la Cumbre de Cochabamba – que a la fecha cuenta con la realización de cumbres en Córdoba, Asunción, Montevideo, Posadas/Tucumán y Salvador de Bahía.

 

Más allá de la generación de esta dinámica de Cumbres, sin embargo, han existido dificultades para coordinar acciones/campañas conjuntas sobre temas específicos. Estas dificultades devienen del hecho de que las dinámicas nacionales siguen aún siendo muy fuertes, pues el movimiento aún identifica la lucha prioritaria como siendo una que se define en el ámbito nacional, y en ese sentido problemas que tienen una eminente configuración regional (energía, agua, medio ambiente, modelo agropecuario, mecanismos financieros, e incluso comercio), aparecen aún como siendo tratados prioritariamente con estrategias nacionales. El hecho de existir redes y actores sociales fuertes en relación a alguno de estos temas no ha sido suficiente como para desencadenar campañas de carácter regional, o bien las mismas no han superado la instancia de las declaraciones conjuntas y enfrentan dificultades en la implementación concreta. Recién en los últimos tiempos, y después de varias tentativas, se comienza a articular un movimiento que, a partir de las demandas paraguayas sobre Itaipú, propone regionalizar la lucha iniciada por la Coordinación Nacional por la Soberanía y la Integración Energética (CNSIE) desde el Paraguay. Esta experiencia, en caso de que resulte exitosa, podrá abrir la puerta a nuevas acciones que tengan como blanco a los gobiernos de la región, y que se propongan realizar el debate en favor de un destino progresista para el Bloque.

 

Este último punto es clave para entender el debate enunciado al comienzo de estas notas, y con las cuales podemos entrar en la relación de los movimientos sociales de la región del Cono Sur y el ALBA. El Mercosur, por muchos años, fue o ignorado estratégicamente por los movimientos y organizaciones sociales que de forma conjunta se opusieron al libre comercio en la región, o bien caracterizado como una expresión más del proyecto neoliberal a ser combatida. Sólo el movimiento sindical participó del debate público y las instancias formales de interlocución desde los albores de la institucionalización del Mercosur. Ahora, con el fin del ALCA, y en medio a lo que fuera caracterizado como una coyuntura política distinta, este espacio más amplio y heterogéneo de movimientos realiza un viraje hacia el debate de la integración regional. Este viraje, que no fue fácil y que, como expliqué más arriba aún está en construcción en términos de marco político para la acción, encontró en expresiones tales como “integración de los pueblos” o “integración popular” una formulación para expresar esta nueva voluntad política en la coyuntura de cambio y oportunidad que se abría con los nuevos gobiernos conectados por su origen o sus opciones a la lucha popular. Sin embargo, en lo táctico, implicó la opción de unos por impulsar el proceso del ALBA, que funciona como faro de las ideas de cambio en materia de integración popular y cuya promoción tiene por objetivo alterar la correlación de fuerzas tanto en el plano de la hegemonía, como en el de los hechos, para torcer el rumbo de los procesos de integración regional – los demás – hacia un horizonte albeano. La segunda opción táctica recoge la trayectoria del movimiento sindical en relación a su intervención en el debate público sobre Mercosur, así como la experiencia acumulada en el debate técnico y político de la negociación de los acuerdos de libre comercio y decide entablar también el debate con el proceso oficial de la negociación del Mercosur. Desde una perspectiva política muy próxima, que reconoce la importancia del ALBA como la experiencia de lo nuevo, y la necesidad táctica de discutir el sentido de la integración en procesos reales como el Mercosur.

 

ALBA y movimientos de los países extra ALBA

Fundamentalmente en Brasil opera la separación táctica descrita arriba, que permite la discusión programática acerca de la “integración popular” o “integración de los pueblos” en el plano de la construcción contrahegemónica, pero que impide la acción conjunta en el escenario Mercosur. Y que, sin embargo, y a pesar de su carácter extra-regional, convergen en la interlocución hacia el proceso ALBA. El impulso que ha tomado la iniciativa del MST en torno al ALBA sin dudas es un elemento que dinamizará el debate sobre los contenidos concretos de la integración de los pueblos o popular y debe dialogar con el esfuerzo que muchas organizaciones han venido realizando a partir de la Cumbre de Cochabamba en el marco de la Alianza Social Continental.

 

Por otro lado, es necesario afinar el proceso de dialogo oficial de los movimientos sociales con el proceso ALBA. Aquí se ha logrado realizar encuentros y actos públicos en ocasiones esporádicas, que generalmente coinciden con Cumbres de Presidentes o Foros Sociales, y que han sido útiles para estrechar el vínculo pero poco eficientes para tratar los temas en profundidad. Esta es una cuestión que queda pendiente en la perspectiva de ampliación de iniciativas y proyectos del ALBA en una dimensión de la complementariedad no convencional en la que se pueden establecer acuerdos de cooperación entre movimientos sociales de un país con gobiernos de otros.

 

Notas finales

La proliferación de iniciativas comunes entre los gobiernos de la región – salvo aquellos que de forma activa y militante pregonan soluciones neoliberales y conservadoras evidentemente demodés – en un marco de compatibilidad y cierta, hasta podríamos decir, armonía nos alienta a pensar que la profundización de la integración con un sentido progresista por parte de los gobiernos podría ser posible. Sin embargo, las diferencias en estilo de liderazgos y la persistencia de ciertos nacionalismos soberanistas, van a seguir siendo obstáculos para una integración profunda, incluso en este contexto de proliferación de gobiernos distintos de aquellos que hacían del alineamiento incondicional a las políticas de Washington. En este contexto, la convergencia estratégica y la complementariedad táctica de los movimientos y organizaciones sociales en torno a la integración es urgente y está llamada a cumplir un papel central en este debate y en la lucha política hacia la integración de los pueblos del Sur.

Según noticia de Radio Nacional de Venezuela-RNV, del 17 de marzo de 2009, la República Federativa de Brasil espera la visita del presidente Hugo Chávez a la nación sureña el próximo 26 de mayo, para definir proyectos estratégicos en las áreas de petroquímica, salud, educación y turismo. Así lo afirmó el gobernador del estado de Bahía, Jaques Wagner, en el Palacio de Miraflores, tras culminar una reunión con el jefe de Estado venezolano.

Folha de São Paulo, 11 de março de 2009 “Proposto inicialmente como simples fórum de debates, o CDS (Conselho de Defesa Sul-Americano) pode tomar a forma de uma aliança militar defensiva regional. Os 12 ministros da Defesa sul-americanos aprovaram ontem, em Santiago, plano de ação que prevê a adoção de uma doutrina política comum, o inventário da atual capacidade militar de todos e o monitoramento dos gastos do setor, como antecipado pela Folha”.

Para una referencia sobre éste debate puede accederse al sitio de Brasil de Fato, donde se está publicando una serie de “Cartas paraguaias” escritas por Roberto Colman, miembro de la CNSIE www.brasildefato.com.b

“Este proceso de integración de movimientos y organizaciones sociales, impulsa los principios del ALBA, y a su vez quiere promover diversos mecanismos y potencialidades que ofrece el ALBA, para potenciar la integración latinoamericana desde los pueblos.” Carta de los Movimientos Sociales de las Américas, Belém, 30 de Enero de 2009.

El Movimiento de Trabajadores sin Tierra que ha impulsado ésta perspectiva del ALBA co-convoca regularmente junto con la Marcha Mundial de las Mujeres a las reuniones de planificación en las que participan organizaciones como la Red Braileira Pela Integração dos Povos que tiene un papel activo en la dinámica del escenario de debate público con el Mercosur.

Por Alberto Arroyo Picard, hospital Graciela Rodríguez, and Norma Castañeda Bustamante

La Unión Europea (UE) se presenta como un socio y no como un competidor de América Latina (AL). En tiempos recientes, la UE viene afirmando que su interés de fondo en la relación con los países de América Latina con los que negocia Acuerdos de Asociación (AdAs) es apoyar la integración de las distintas regiones.

En este reporte, los autores, analizan el discurso de la UE sobre su objetivo de apoyo a la integración regional en AL y lo contrastan con la realidad de las actuales relaciones de la UE con las regiones con las que busca firmar AdAs: Centroamérica, países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y, auque actualmente las negociaciones están estancadas, también con MERCOSUR.

Los autores exploran así las siguientes interrogantes: ¿cuál es el interés de la UE en la integración regional en AL?; ¿que tipo de integración promueve la UE en América Latina?; ¿cómo se compatibiliza el apoyo a la integración regional de la UE con la búsqueda de Acuerdos de Asociación que persiguen una liberalización amplia del comercio y las inversiones?; ¿qué impactos tienen las negociaciones de AdAs en los diferentes procesos de integración regional?; ¿qué posibles impactos se prevén sobre las propuestas de integración regional alternativa propuesta por los movimientos sociales de la región y algunos gobiernos si los AdAs se firmaran?.

Este reporte cuestiona el discurso de la UE sobre su objetivo de apoyo a la integración regional en AL, argumentando que en realidad su interés yace en preparar el terreno para luego negociar con los bloques regionales y lograr así mercados más amplios de bienes y servicios. También presenta el argumento que las negociaciones comerciales impulsadas por la UE en AL conllevan el riesgo que los proyectos de integración regional en curso, como en el caso de la CAN, acentúen las divisiones internas y a su vez que la firma de Acuerdos de Asociación frustren los afanes y luchas de los pueblos por una integración distinta en AL.


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Gonzalo Berrón

Investigador del Núcleo de Pesquisa de Relações Internacionais da USP, diagnosis Brasil

 

Más que en ninguna otra región del continente Americano, y de América Latina en particular, los movimientos y organizaciones sociales que históricamente han enfrentado al libre comercio y la globalización neoliberal en el Cono Sur se encuentran ante el desafío que les impone el complejo escenario de la integración regional. A riesgo de ser esquemático, considero que son el ALBA, el Mercosur y la Unasur los tres procesos que interpelan de forma directa la acción de los actores sociales de esta parte del continente.

 

Esta geografía laberíntica que presenta la superposición – pero no la contradicción – de los procesos genera situaciones inéditas: ninguno de los países del Mercosur forma parte del ALBA, sin embargo el movimiento social que viene impulsando la mayor movilización social a favor de este proceso, el MST, es justamente de Brasil. A su vez, Venezuela, el motor del ALBA, aún aguarda la decisión de los senadores paraguayos y brasileños para tornarse miembro pleno del Mercosur. La UNASUR, una idea que impulsara el presidente conservador Fernando Henrique Cardoso de Brasil, fue luego abrazada como propia por el presidente Lula y su asesor dilecto Marco Aurélio Garcia, y finalmente por el gobierno de Evo Morales, la expresión más cabal del cambio político en la región. Por fin, resulta llamativo que no se identifiquen con el ALBA países como Argentina, que recibiera un salvataje millonario de Venezuela, o Brasil, que comparte con ese país, por ejemplo, el proyecto energético de la refinería Abreu e Lima en el estado de Pernambuco1, iniciativas binacionales que perfectamente podrían caer bajo la denominación “ALBA-TCP”. También Paraguay y Uruguay tienen en marcha iniciativas similares con Venezuela, sin embargo, ninguno de los gobiernos del Mercosur habla del ALBA, o ha hecho muestras de querer sumarse al bloque siendo que tal acción no sería de ninguna forma incompatible con la normativa ni del Mercosur ni del ALBA. Los conflictos se producen al interior de los bloques, y no como dinámica competitiva entre los mismos.

 

Este enmarañado cuadro, desde la visión de los movimientos sociales, se completa con el fin de las negociaciones del ALCA, en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata (noviembre de 2005), que significó el fin, como todos sabemos, de la lucha contra lo que era identificado como la encarnación de las ansias imperialistas de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe. Muerto el ALCA, los movimientos sociales de la región se volvieron, en lo que consideraron un viraje lógico, hacia los escenarios y las iniciativas de integración regional. Mientras en otras regiones la resistencia contra el libre comercio continuó de forma muy activa contra los TLCs con los EUA y luego contra los AdAs con Europa, en el Mercosur la amenaza del libre comercio se restringió a una cada vez más lánguida negociación de la Ronda de Doha en la OMC.

 

UNASUR y movimientos

La relación UNASUR movimientos sociales fue estimulada por dos dinámicas. Por una lado, la UNASUR se presentaba como la iniciativa de integración regional más amplia en términos de extensión geográfica y de número de países, así como en relación a la cantidad de “nuevos gobiernos”. Esta extensión favorecía una dinámica también más abarcadora para la articulación de los movimientos sociales, y el hecho de que en el 2006 aún fuera una “cáscara vacía” lo hacía también atractivo, pues se estimaba que junto con el grupo de presidentes próximos al ideario – u origen – de los movimientos existiría una gran chance para proponer y participar. Por otro lado, la asunción de la Secretaría de UNASUR por parte de Bolivia y el impulso que el gobierno de Evo Morales le quiso dar a éste proceso en medio de la crisis de la CAN, llevaron a una aproximación fuerte con quienes otrora fueran sus compañeros de lucha a nivel continental, que se expresó en la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos realizada en Cochabamba, en diciembre de 2006, como actividad simultánea a la cumbre de Presidentes de la UNASUR.

 

Esto generó una relación estrecha entre movimientos y organizaciones sociales y el proceso de la UNASUR. En este contexto, también se discutió originalmente la idea del Banco del Sur que había sido igualmente transformada en objeto de lucha por parte de las organizaciones sociales de la región, así como, por la negativa, la necesidad de interactuar con una instancia que heredaba de la etapa anterior la iniciativa del IIRSA, para denunciar y presionar de forma más eficiente sobre este plan de infraestructura pergeñado de espaldas a los pueblos del América del Sur y con el fin último de proveer energía, caminos y comunicaciones para un modelo de desarrollo que, tal como asistimos en estos días de crisis global, se demuestra impropio para traer justicia social y ambiental a nuestros pueblos.

 

La UNASUR siguió siendo vista como un proceso con potencial de cambio al que los actores sociales acompañaban. La Cumbre Energética en Isla Margarita (17 de abril de 2007) fue motivo para consolidar una posición de las organizaciones en esta materia. La declaración oficial ya dejaba entrever el debate petroleo/etanol y fuentes renovables de energía, así como una velada puja de las estatales venezolana y brasileña. En su texto, sin embargo, mantuvo un espíritu progresista ratificando el papel de las empresas nacionales en el contexto de la entonces aún reciente nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Durante la Secretaría Boliviana de la UNASUR se mantuvo esa impronta, incluso se realizaron consultas con organizaciones sociales a fin de discutir los mecanismos de participación que podría adoptar la institucionalidad a ser creada con el tratado que por entonces estaba en construcción. En mayo de 2008 se firma el tratado que constituye la UNASUR con status de bloque de países a nivel internacional y con un perfil cuyo foco se distancia de lo estrictamente económico para “construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados.” (Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Sudamericana, 6 de mayo de 2008). El ímpetu de la firma del Tratado, sin embargo, fue opacado por la salida de la Secretaría de Bolivia hacia Chile en medio de una disputa áspera que incluyó vetos explícitos de unos países a otros para la designación del Secretario del bloque. Esta sensación sólo sería interrumpida por el excelente papel que jugó la UNASUR en cortar la escalada de sabotajes e intentos golpistas al gobierno Evo Morales, así como en el proceso posterior de investigación de la masacre perpetrada por grupos armados comandados por el prefecto de Pando. Finalmente, en estos días, el Consejo de Defensa Sudamericana (“CDS”, como ya es llamado por los ministros de defensa de la región), que funciona como una instancia de coordinación de los ministros de defensa del bloque, aprobó un plan de acción que “prevê a adoção de uma doutrina política comum, o inventário da atual capacidade militar de todos e o monitoramento dos gastos do setor” y que podría transformarse en una “alianza militar defensiva regional”2, lo que dificultaría, o por lo menos ejercería un contrapeso, a la actuación militar estadounidense en la región.

 

Mercosur y movimientos

Una parte significativa de los movimientos sociales del Cono Sur buscaron, a la salida de la lucha contra el ALCA, construir un “sujeto social” regional que orientase su actuación a los problemas más acuciantes a nivel regional y a nivel de cada país en relación a la región o a alguno de sus países miembros. En este sentido se inicia en julio de 2006, en Córdoba, un proceso semestral de Cumbre de los Pueblos del Sur – sólo interrumpiéndose en diciembre de 2006, pues por entonces se realizaba la Cumbre de Cochabamba – que a la fecha cuenta con la realización de cumbres en Córdoba, Asunción, Montevideo, Posadas/Tucumán y Salvador de Bahía.

 

Más allá de la generación de esta dinámica de Cumbres, sin embargo, han existido dificultades para coordinar acciones/campañas conjuntas sobre temas específicos. Estas dificultades devienen del hecho de que las dinámicas nacionales siguen aún siendo muy fuertes, pues el movimiento aún identifica la lucha prioritaria como siendo una que se define en el ámbito nacional, y en ese sentido problemas que tienen una eminente configuración regional (energía, agua, medio ambiente, modelo agropecuario, mecanismos financieros, e incluso comercio), aparecen aún como siendo tratados prioritariamente con estrategias nacionales. El hecho de existir redes y actores sociales fuertes en relación a alguno de estos temas no ha sido suficiente como para desencadenar campañas de carácter regional, o bien las mismas no han superado la instancia de las declaraciones conjuntas y enfrentan dificultades en la implementación concreta. Recién en los últimos tiempos, y después de varias tentativas, se comienza a articular un movimiento que, a partir de las demandas paraguayas sobre Itaipú, propone regionalizar la lucha iniciada por la Coordinación Nacional por la Soberanía y la Integración Energética (CNSIE) desde el Paraguay3. Esta experiencia, en caso de que resulte exitosa, podrá abrir la puerta a nuevas acciones que tengan como blanco a los gobiernos de la región, y que se propongan realizar el debate en favor de un destino progresista para el Bloque.

 

Este último punto es clave para entender el debate enunciado al comienzo de estas notas, y con las cuales podemos entrar en la relación de los movimientos sociales de la región del Cono Sur y el ALBA. El Mercosur, por muchos años, fue o ignorado estratégicamente por los movimientos y organizaciones sociales que de forma conjunta se opusieron al libre comercio en la región, o bien caracterizado como una expresión más del proyecto neoliberal a ser combatida. Sólo el movimiento sindical participó del debate público y las instancias formales de interlocución desde los albores de la institucionalización del Mercosur. Ahora, con el fin del ALCA, y en medio a lo que fuera caracterizado como una coyuntura política distinta, este espacio más amplio y heterogéneo de movimientos realiza un viraje hacia el debate de la integración regional. Este viraje, que no fue fácil y que, como expliqué más arriba aún está en construcción en términos de marco político para la acción, encontró en expresiones tales como “integración de los pueblos” o “integración popular” una formulación para expresar esta nueva voluntad política en la coyuntura de cambio y oportunidad que se abría con los nuevos gobiernos conectados por su origen o sus opciones a la lucha popular. Sin embargo, en lo táctico, implicó la opción de unos por impulsar el proceso del ALBA, que funciona como faro de las ideas de cambio en materia de integración popular4 y cuya promoción tiene por objetivo alterar la correlación de fuerzas tanto en el plano de la hegemonía, como en el de los hechos, para torcer el rumbo de los procesos de integración regional – los demás – hacia un horizonte albeano. La segunda opción táctica recoge la trayectoria del movimiento sindical en relación a su intervención en el debate público sobre Mercosur, así como la experiencia acumulada en el debate técnico y político de la negociación de los acuerdos de libre comercio y decide entablar también el debate con el proceso oficial de la negociación del Mercosur. Desde una perspectiva política muy próxima, que reconoce la importancia del ALBA como la experiencia de lo nuevo, y la necesidad táctica de discutir el sentido de la integración en procesos reales como el Mercosur.

 

ALBA y movimientos de los países extra ALBA

Fundamentalmente en Brasil opera la separación táctica descrita arriba, que permite la discusión programática acerca de la “integración popular” o “integración de los pueblos” en el plano de la construcción contrahegemónica, pero que impide la acción conjunta en el escenario Mercosur. Y que, sin embargo, y a pesar de su carácter extra-regional, convergen en la interlocución hacia el proceso ALBA5. El impulso que ha tomado la iniciativa del MST en torno al ALBA sin dudas es un elemento que dinamizará el debate sobre los contenidos concretos de la integración de los pueblos o popular y debe dialogar con el esfuerzo que muchas organizaciones han venido realizando a partir de la Cumbre de Cochabamba en el marco de la Alianza Social Continental.

 

Por otro lado, es necesario afinar el proceso de dialogo oficial de los movimientos sociales con el proceso ALBA. Aquí se ha logrado realizar encuentros y actos públicos en ocasiones esporádicas, que generalmente coinciden con Cumbres de Presidentes o Foros Sociales, y que han sido útiles para estrechar el vínculo pero poco eficientes para tratar los temas en profundidad. Esta es una cuestión que queda pendiente en la perspectiva de ampliación de iniciativas y proyectos del ALBA en una dimensión de la complementariedad no convencional en la que se pueden establecer acuerdos de cooperación entre movimientos sociales de un país con gobiernos de otros.

 

Notas finales

La proliferación de iniciativas comunes entre los gobiernos de la región – salvo aquellos que de forma activa y militante pregonan soluciones neoliberales y conservadoras evidentemente demodés – en un marco de compatibilidad y cierta, hasta podríamos decir, armonía nos alienta a pensar que la profundización de la integración con un sentido progresista por parte de los gobiernos podría ser posible. Sin embargo, las diferencias en estilo de liderazgos y la persistencia de ciertos nacionalismos soberanistas, van a seguir siendo obstáculos para una integración profunda, incluso en este contexto de proliferación de gobiernos distintos de aquellos que hacían del alineamiento incondicional a las políticas de Washington. En este contexto, la convergencia estratégica y la complementariedad táctica de los movimientos y organizaciones sociales en torno a la integración es urgente y está llamada a cumplir un papel central en este debate y en la lucha política hacia la integración de los pueblos del Sur.

1Según noticia de Radio Nacional de Venezuela-RNV, del 17 de marzo de 2009, la República Federativa de Brasil espera la visita del presidente Hugo Chávez a la nación sureña el próximo 26 de mayo, para definir proyectos estratégicos en las áreas de petroquímica, salud, educación y turismo. Así lo afirmó el gobernador del estado de Bahía, Jaques Wagner, en el Palacio de Miraflores, tras culminar una reunión con el jefe de Estado venezolano.

2 Folha de São Paulo, 11 de março de 2009 “Proposto inicialmente como simples fórum de debates, o CDS (Conselho de Defesa Sul-Americano) pode tomar a forma de uma aliança militar defensiva regional. Os 12 ministros da Defesa sul-americanos aprovaram ontem, em Santiago, plano de ação que prevê a adoção de uma doutrina política comum, o inventário da atual capacidade militar de todos e o monitoramento dos gastos do setor, como antecipado pela Folha”.

3Para una referencia sobre éste debate puede accederse al sitio de Brasil de Fato, donde se está publicando una serie de “Cartas paraguaias” escritas por Roberto Colman, miembro de la CNSIE www.brasildefato.com.b

4 “Este proceso de integración de movimientos y organizaciones sociales, impulsa los principios del ALBA, y a su vez quiere promover diversos mecanismos y potencialidades que ofrece el ALBA, para potenciar la integración latinoamericana desde los pueblos.” Carta de los Movimientos Sociales de las Américas, Belém, 30 de Enero de 2009.

5El Movimiento de Trabajadores sin Tierra que ha impulsado ésta perspectiva del ALBA co-convoca regularmente junto con la Marcha Mundial de las Mujeres a las reuniones de planificación en las que participan organizaciones como la Red Braileira Pela Integração dos Povos que tiene un papel activo en la dinámica del escenario de debate público con el Mercosur.

Hildebrando Veléz G.

CENSAT-Agua Viva

Amigos de la Tierra-Colombia.

 

La idea pues de re-significar la soberanía nos sirve para la construcción de proyectos de vida sustentables, pills para la construcción de proyectos de vida con justicia, and porque las nuevas “soberanías”: la soberanía alimentaria, ed la soberanía  energética, la soberanía ecológica, en manos de los pueblos, permiten decidir el camino de construcción de sustentabilidad para las sociedades de justicia ambiental y de justicia para con la naturaleza; ahí esta la fuerza de este concepto, de esta idea de soberanía.

 

La soberanía energética es también aquella que se construye en defensa de los territorios. Por ejemplo, se construye soberanía energética cuando los habitantes de unas zonas “Paramunas” en los Andes Colombianos defienden sus territorios contra la agresión de empresas que pretenden extraer el carbón que se halla allí, amenazando sus posibilidades de provisión de agua  para la agricultura, sus posibilidades de vida ahora y las posibilidades de vida de las generaciones venideras.

 

Es soberanía energética la lucha que hace el pueblo Uwa en sus territorios para mantener el petroleo bajo tierra. Es soberanía energética la lucha que hacen los indígenas Emberas contra esos monstruos  de represas que se instalan en sus territorios. Estas son luchas de soberanía energética, pero también estos pueblos a su vez hacen esfuerzos por mantener sus tradiciones culturales, por recuperar las formas de uso de la naturaleza.

 

Por ejemplo, la agroecología que practican las comunidades campesinas e indígenas es una forma de producción que contribuye a la soberanía energética; en la medida que no requiere insumos petroleros, en la medida que no requiere insumos químicos, en la medida en que aprovecha la energía solar y el trabajo y la creatividad humanas en su máxima posibilidad.

 

Es soberanía energética, lo que hacen los campesinos en muchas regiones donde utilizan las excretas de los animales para producir bíogas. Es soberanía energética el proceso que tienen los trabajadores de la industria petrolera y energética para devolverles el control sobre los recursos energéticos a sus pueblos, a sus países. Es soberanía energética la lucha del pueblo Boliviano por mantener un dominio sobre los recursos gasiferos que había perdido en manos de las transnacionales.

 

La soberanía energética se está construyendo en el planeta, se está construyendo en estas luchas, se esta construyendo en estas resistencias y se esta construyendo en las propuestas de las organizaciones sociales.

 

La Soberanía de los pueblos se ve menoscavada por acciones por ejemplo de empresas transnacionales que irrumpen en los territorios para instalar grandes monumentos de cemento, como las represas, como los oleoductos, como los sistemas de redes eléctricas que muchas veces no traen ningún beneficio a las gentes y se les desplazan, se les desterritorializa; y sirve esta energía y esta infraestructura  fundamentalmente para los sistemas de acumulación económica, que como sabemos enriquecen a unos pocos en el mundo y empobrecen a las grandes masas de población.

 

Se pierde la soberanía energética y se pierde la soberanía, cuando los estados sometidos no tienen la posibilidad de brindar bienestar a sus pobladores, así pasa en todo el mundo con la energía. Los estados no tienen la posibilidad de proveer energía barata y asequible a sus pobladores y esto por qué, habiendo abundancia de energía!  Uno encuentra países, lugares, en donde la energía abunda; donde las fuentes de energía abundan y sin embargo son miserables en términos energéticos.

 

La energía sirve fundamentalmente para sostener un modelo inicuo en el planeta, para sostener una diferencia y una desigualdad enorme que esta instalada entre los países que concentra los beneficios, entre los grupos de elite que concentran los beneficios, y las grandes masas de pobladores y gentes que viven en la miseria.

 

Se pierde la soberanía energética sin duda, cuando las corporaciones transnacionales concentran  el poder de decisión e impiden que la sociedad tenga la posibilidad de decidir sobre su propia matriz energética Las corporaciones transnacionales, afectan de esta manera la soberanía energética,  y la afectan también cuando reducen a las comunidades a ser simples observadores del saqueo que se  hace consecutivamente de su patrimonio ambiental.

 

Se pierde la soberanía  energética cuando las elites de los países concentran los beneficios de la riqueza energética sin que ella sirva para sembrar esperanza y para sembrar posibilidades de sustentabilidad.

 

La soberanía energética de la que nosotros estamos  hablando tiene varios constituyentes: uno de ellos, fundamental, es la matriz energética; cuando hablamos de una matriz energética, estamos hablando de dejar atrás, la sociedad petroadicta, la sociedad energivora; esta sociedad que se fundamento en el modelo de uso del petroleo como fuente principal de energía.

 

Esta sociedad petroadicta y energivora ha traído el enloquecimiento del clima planetario; la fiebre que vive el planeta es una fiebre que se debe a este modelo de uso desorbitado de la energía petrolera.

 

Pero ante esto nos quieren responder con propuestas como por ejemplo los agrocombustibles, se quiere decir que para transitar a una matriz energética más sostenible debemos desarrollar los agrocombustibles; y lo que constatamos en nuestros países es que el desarrollo de los agrocombustibles es promovido directamente por esta alianza macabra de las organizaciones empresariales petroleras, de las empresas transnacionales de las semillas y alimentos, de las transnacionales de la industria automotriz. Esta alianza que es la que promueve la agroindustria energética, esa alianza trae desgracia para  los pueblos, trae miseria para los pueblos, los precios de los alimentos  están disparados en el planeta. Acá en el país nuestro vemos como desafortunadamente el precio de los alimentos hoy se encarece enormemente debido a que están destinando la producción agrícola para satisfacer la demanda de energía para los vehículos. Nosotros hemos dicho: no podemos seguir llenando los tanques de los vehículos, y vaciando los territorios de las gentes, de sus culturas,  vaciando y destruyendo la vida y la esperanza de las gentes en su territorio.

 

La matriz energética es pues fundamental; transitar hacia una matriz energética sostenible implica necesariamente que contemplemos la posibilidad de emplear la mayor fuente de energía que llega al planeta que es la energía solar; a través de procesos de producción de biomasa, que son fundamentalmente los tipos de procesos que más aprovechan energía.

 

Pero también hablamos de una nueva matriz energética en la medida en que podamos utilizar de la manera más adecuada la creatividad del trabajo humano; el trabajo humano le agrega a la economía gran cantidad de energía; sin embargo, el trabajo humano se dilapida, la creatividad y el trabajo humano se dilapidan. Millones de seres humanos carecen en el planeta de posibilidades para desarrollar su capacidad de trabajo; este es un asunto que sin duda hace parte de nuestro concepto de soberanía energética

 

La soberanía energética tiene entre sus componentes sin duda  el tema de la ética; cuando hablamos de la soberanía energética desde una perspectiva ética de la vida, de la sustentabilidad, estamos hablando de la posibilidad de emplear las fuentes de energía de manera eficiente, de manera tal que no contribuyan al desorden  climático, de manera tal que mantengan la estabilidad social y cultural de las sociedades. Pero a ello se opone una ética de la codicia, a ello se opone una ética del filibusterismo en donde la energía sirve simplemente como  medio de acumulación de capital para unos pocos.

 

También hablamos de la soberanía energética, desde la perspectiva de la democracia; cuando la sociedades locales, cuando las comunidades locales, incluso las organizaciones populares, las articulaciones de organizaciones populares de un país, o internacionalmente, toman la decisión de defender la soberanía; como es el caso de la soberanía alimentaria o la soberanía energética estamos  hablando de procesos democráticos, de procesos donde la gente auto constituye su mandato, se auto gobierna, tiene la posibilidad de decidir sobre el  futuro de su  proyecto de vida. Pero esta posibilidad la conculca, la coarta el tipo de decisiones que se toma de manera centralista por las grandes corporaciones transnacionales en asocio con elites nacionales o con elites transnacionales;  que dejan sin posibilidad de participar en decisiónes sobre la vida que se quiere tener, sobre el modelo de desarrollo que se quiere tener.

 

Hablamos entonces de soberanía energética cuando decimos que los procesos de decisión sobre las fuentes de energía y su uso estén en manos de las gentes y no de manera egoísta, sino de manera solidaria. Porque sabemos que hay unas condiciones de distribución geográfica de las fuentes de energía y probablemente hallan lugares que tengan más posibilidades de proveerse de energía que otros; acá  es cuando hablamos de soberanía energética.

 

Estamos hablando de la solidaridad entre los pueblos; la unidad y la solidaridad entre los pueblos permite la soberanía popular de la que estamos hablando en el campo energético, donde la gente pueda compartir si tiene excedentes energéticos y pueda a su vez cuidar de que la energía se use, en todos los terrenos, para fines benévolos. Por que este es otro problema, la energía se usa de manera desbordante para productos inútiles; necesitamos que la energía se use  para aquello que es esencial, para mantener la vida digna de los seres humanos, para aquello que es esencial para mantener la vida en el planeta;  es  otro asunto clave en la soberanía energética.

 

Hablamos de soberanía energética también cuando nos estamos refiriendo a la manera como  usamos la energía en nuestra vida cotidiana, cómo actuamos también con o sin responsabilidad frente a los demás seres humanos y frente a la naturaleza. En nuestra vida cotidiana hacemos cosas en función del beneficio y bienestar de los seres humanos y de aquellos con quien compartimos el planeta. El consumismo que es el uso desbordado e inútil de la naturaleza es algo que esta en contra de esta posibilidad de la soberanía energética en la vida cotidiana.

 

Pero en la soberanía energética también podría considerarse la ecoeficiencia; procesos y procedimientos tecnológicos que contribuyan a ahorrar y salvar energía podría, contribuir a tener una soberanía energética

 

Hablamos de la ecoeficiencia.. a la vez que hablamos de la ecosuficiencia; son las dos cosas, ecoeficienca que significa procesos técnicos que contribuyan a salvar energía a salvar materiales y  hablamos de ecosuficiencia para referirnos al uso apropiado de la naturaleza y de la energía. No basta que halla procesos técnicos ecoeficientes sino limitamos el consumismo, sino limitamos nuestra propia demanda de energía y materiales.

 

 

 

 

Pero cuando hablamos de los procesos técnicos tenemos necesariamente que referirnos a los derechos de propiedad intelectual sobre la tecnología. Para que haya posibilidades de que la sustentabilidad en el planeta avance se requiere que las tecnologías se compartan desinteresadamente, se requiere que la sabiduría, como lo han hecho los pueblos de nuestros continentes, se comparta, se requiere que se comparta la sabiduría y se requiere entonces,  que no haya derechos de autor intelectual sobre la tecnología; porque estos limitan las posibilidades de democratización de acceso a la tecnología, limitan las posibilidades de uso de las tecnologías y limitan la posibilidad de que el mundo avance en función de la sustentabilidad.

 

Las reglas de comercio internacional que se organizan a través de los tratados de libre comercio o a través de las imposiciones de la organización mundial de libre comercio, tienen la tendencia a imponer privilegios de los países que concentran el desarrollo tecnológico  sobre aquellos países que tienen dependencia tecnológica; estas reglas inicuase, inequitativas no contribuyen a la soberanía energética; por eso la lucha por la soberanía energética es también la lucha contra la imposición de estos tratados de libre comercio y de estas normas que se imponen desde la organización mundial del comercio, con los instrumentos de comercio y financieros internacionales, como los bancos multilaterales, como las instituciones financieras del norte y como las instituciones financieras transnacionales.

 

En el mundo vienen organizándose diferentes fuerzas que defienden la soberanía energética. La vía campesina hoy  habla no solo de soberanía alimentaria, sino también de la soberanía energética.  Amigos de la tierra Internacional, las organizaciones ambientalistas en el planeta, las organizaciones indígenas hoy hablan de la soberanía energética como un propósito, pero también como una guía para  la construcción de sociedades sustentables, democráticas y justas.

 

La soberanía energética es una condición para alcanzar un equilibrio climático en el planeta; sin soberanía energética no será posible restaurar la calma climática del planeta; solo mediante la lucha de los pueblos, como acabamos de presenciarlo en Bali, en la conferencia de partes de cambio climático, solo mediante la coalición y la unidad de los pueblos y de los movimientos sociales, es posible que detengamos la barbarie que se impone en el planeta y que detengamos esta destrucción  de las condiciones de vida y de sustentabilidad, que se nos imponen por el capital y las transnacionales.

 

El movimiento de lucha por la justicia climática que se ha acabado de acordar en Bali, que comienza a tener sus primeros frutos, ha de ser en el futuro aquel movimiento que reivindique las víctimas del cambio climático, que reivindique las víctimas de este modelo pretroadicto y energívoro y que se eriga como una fuerza mundial capaz de re-direccionar las negociaciones en le marco de la conferencia del cambio climático, en el marco de la convención del cambio climático, en el marco del protocolo de Kioto y a partir de allí sin duda será posible que las organizaciones mundiales aprendamos, compartamos y creemos condiciones para construir también localmente nuestra soberanía energética.