La integración sudamericana y los conflictos socio-ambientales

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

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Marcelo Saguier

ALAI AMLATINA, 27/07/2012.- Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.

– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO

Fuente: http://alainet.org/active/56815

Ten years of a contrasted union: The African Union at the crossroads or business as usual?

Author: Ilene Grabel
Working Paper, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, malady
June 2012

Abstract:

The current crisis is proving to be productive of institutional experimentation in the realm of financial architecture(s) in the developing world. The drive toward experimentation arose out of the East Asian financial crisis of 1997?98, which provoked some developing countries to take steps to insulate themselves from future turbulence, IMF sanctions, and intrusions into policy space. I argue that there are diverse, unambiguous indications that the global financial architecture is now evolving in ways that contribute to a new institutional heterogeneity. In some policy and institutional innovations we see the emergence of financial architecture that is far less US- and IMF?centric than has been the norm over the past several decades. Moreover, the growing economic might, self? confidence and assertiveness on the part of policymakers in some developing countries (and, at the same time, the attendant uncertainties surrounding the economies of the USA and Europe) is disrupting the traditional modes of financial governance and dispersing power across the global financial system.

In making these arguments it is important not to overstate the case. It is far too early to be certain that lasting, radical changes in the global financial architecture are afoot, or that the developments now underway are secure. Nor am I arguing that all regions of the developing world either enjoy the opportunity and/or have the means to participate in the process of reshaping the global financial architecture. Rather, my goal is more modest. I show here that today there are numerous opportunities for policy and institutional experimentation, and there are clear signs that these opportunities are being exploited in a variety of distinct ways. As compared to any other moment over the last several decades, we see clear signs of fissures, realignments and institutional changes in the structures of financial governance across the global South. I have elsewhere characterized this current state of affairs as one of “productive incoherence.” I use this term to capture the proliferation of institutional innovations and policy responses that have been given impetus by the crisis, and the ways in which the current crisis has started to erode the stifling neo?liberal consensus that has secured and deepened neo?liberalism across the developing world over the past several decades.

The productive incoherence of the current crisis is apparent in the emergence of a denser, multi-layered and more heterogeneous Southern financial architecture. The current crisis has induced a broadening of the mission and reach of some existing regional, sub?regional, bilateral, and national financial institutions and arrangements, and has stimulated discussions of entirely new arrangements. In some limited cases these institutions and arrangements substitute for the Bretton Woods institutions. This substitution is most pronounced in cases when the Bretton Woods institutions have failed or have been slow to respond to calls for support, or when they have responded to such requests with conditionality that has been overly constraining of national policy space. But in most cases, the institutions and arrangements that I discuss here complement the global financial architecture. I will argue in what follows that recent changes in the Southern financial landscape increase its potential to promote financial stability and resilience, support the development of long-run productive capacities, advance aims consistent with human development, and expand national policy space. Moreover, the emergence of a vibrant Southern financial architecture is not simply additive. Rather it may prove transformative, insofar as the Bretton Woods institutions are pushed to respond to long?standing concerns regarding their legitimacy, governance, and conditionalities.

 

 

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By Tjiurimo Hengari

 

The 19th summit of the African Union (AU) from 9-16 July in Addis Ababa will in all likelihood not be ordinary, purchase as it will mark a decade since the transformation of the Organisation for African Unity (OAU) into the AU in 2002 in Durban, online South Africa. Crucially, ten years on, the July summit theme ‘Boosting Intra-African Trade’ captures a new agenda and the importance of economic growth and trade integration as essential aspects in the continent’s integration in the global economy.

While the OAU manifestly fulfilled its role and historical mandate of decolonisation, the vision and mandate of the AU is largely premised on development, including economic and political integration of the African continent. In light of this developmental premise and emphasis in its Constitutive Act, which entered into force on May 26, 2002, the AU represents a major shift from the legal, political and institutional framework of its predecessor.

With the summit looming, it is fitting to debate and reflect how this organization has fared a decade on, both in light of its promise of new principles, new thinking, including new approaches to African challenges and governance. These principles and approaches seek to capture on a wide continuum, the nexus between democracy, good governance on the one hand, and on the other Africa’s economic development and integration in the global economy.

Looking back: Ten years since the foundation of the AU

Over the past decade, international relations have gone through profound change. The rise of emerging powers, including China and Brazil have led to a momentous shift, creating new opportunities and threats in Africa’s engagement in international affairs. The global economic contraction in Europe, which started with the global financial crisis in late 2007, has altered the traditional relationship Africa had with key western powers. It has opened Africa’s commodity economies to possible shocks, thus forcing African leaders to accelerate trade integration on the continent, while seeking new partnerships in the developing world.    

On governance, it should be mentioned that the majority of Africa’s 54 states are to varying degrees democratic. There have been slow but steady developments with regard to forms and shapes of democratic governance.

The African Union, for instance, has taken an explicit decision not to recognise countries in which civilian governments have been overthrown by a coup d’état. Also, the African Peer Review Mechanism (APRM), flowing out of the New Economic Partnership for Development (NEPAD) has as its explicit rationale the strengthening of democracies and the accountability mechanisms within it. In Côte d’Ivoire, a democratically elected president finally assumed office in 2011 after a decade of political deadlock and civil strive. In one of Africa’s more or less stable democracies, Senegal, a head of state seeking a de facto third term lost an election early this year and accepted defeat graciously.

Significant progress has been made in creating the institutional infrastructure and processes that are necessary for a more efficient African Union. In addition to these, the African Union has been undertaking crucial peacekeeping missions in various parts of Africa, including Burundi, Sudan and Somalia. The modest successes of these missions can be attributed to good foreign policy collaboration and momentum between Africa’s driver countries, including Senegal, South Africa, Nigeria and Algeria.

However, as the years wore on, this momentum, also visible in the conceptualisation of Nepad and the APRM seems to have been lost. Moreover, the absence of a coherent state-led, but widely accepted AU approach with regard to conflict resolution and management has created a vacuum in what the AU can do as an institution.  

From an institutional viewpoint, relationships and coordinating mechanisms across diverse issue-areas have been built with various international organisations, including the United Nations and the European Union. Moreover, through the African Union, various attempts had been made with regard to streamlining the activities of regional organisations and economic communities in line with the objectives of the African Union.

Even if modest in their successes, interventions and the legitimisation of the AU’s cross-cutting agenda have allowed Africa to focus on the key challenges of governance, education and economic growth. These have without doubt legitimised the AU as the principal interlocutor in African affairs, worth strengthening.

It deserves mention, however, that the AU is still a work in progress and the past decade of its existence did not mask contradictions between what the AU ambitiously purports to be on the one hand, and the structural and institutional impasse in which it finds itself when it comes to achieving Africa’s developmental aims on the other. A continental institution is a sum of its composite parts. Therefore, it can only be efficient if the constituting membership allows it to function in line with its charter – thereby assuming and building its own institutional dynamism and organisational efficiency.

In light of these challenges, the roadmap that emerges out of the upcoming summit in Addis ought to be transformational and should crucially define the aspirations of the African Union for the next ten years. It will be a missed opportunity if it turns out to be just another summit.

Three Areas for Attention

Three aspects ought to enjoy specific attention. First, in line with its theme the summit should put explicit emphasis on the translation of modest democratic governance into concrete developmental deliverables in African countries. Even if economic growth has been positive over the past decade in many countries, this has not put a dent on widespread poverty and underdevelopment. This does suggest new bridges to be built between African driver countries as a means to bring renewed impetus to Africa’s developmental agenda and coordinated engagement with international actors on economic, environmental and social developmental issues.

Second, more attention should be placed than what has been otherwise the case thus far on the strengthening of regional economic communities as essential anchors in matters of peace, security and development. The past ten years have shown that regional organisations are the best platforms to promote peace, security and development.

As a case in point, under difficult circumstances, the Economic Community of West African States (ECOWAS) had undertaken commendable work in the promotion of peace in that troubled region. The AU should reinforce such successes by playing a facilitator role based on clearly defined values, norms and objectives. For this to happen, the institutional capacity of the African Union should be strengthened, with more powers devolved to the Commission. A strengthened Commission would allow the institution to develop a coercive soft-power role, while giving it a much more active character in the diffusion of agreed continental norms and objectives.

Third, with the anomaly of two candidates, one from a small country, Jean Ping of Gabon and Nkosazana Dlamini-Zuma from a big country, South Africa contesting the chairmanship of the AU commission, the summit should provide clear guidelines and principles around leadership of the Commission.

Conclusion

In conclusion, vague and ambitious declarations are less likely to create a more solid African Union as a pivot in Africa’s integration in the global economy. Much of what emerges out of Addis depends on how pragmatic and programmatic the vision of the AU is going forward. African leaders should leave the summit with clearly defined, but manageable outcomes, creating a new dynamic that would address Africa’s chronic challenges.

Tjiurimo HENGARI is the Head of the South African Foreign Poliy and African Drivers Programme at the South African Institute of International Affairs, based at the University of Witwatersrand, Johannesburg.

 

Source: SAIIA