The hard road to a South American Mercosur

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

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Marcelo Saguier

ALAI AMLATINA, 27/07/2012.- Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.

– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO

Fuente: http://alainet.org/active/56815

by Kintto Lucas

ALAI AMLAT-en, sildenafil 17/07/2013.- In the past few years, case South America has taken some decisive steps toward regional integration. Aware of the challenges of globalization, which have surfaced in international political and economic crises, as well as in the proliferation of transnational illicit activities that are beyond the capacities of individual states to control, some countries have begun to understand that the advantages of greater cooperation and commercial interchange are not the final goal. Rather it is necessary to coordinate responses not only in economic and fiscal policy, but also in social policy, the control of natural resources, environmental issues, defence and other areas, in order to face the threats that impinge on them. Above all, in the world as it is now developing, it is impossible to walk alone. It is essential to walk together.

To reinforce integration we need to increase levels of economic and commercial interdependence in the region. It is a complex but not impossible course. We need to develop a collective vision and cease to contemplate our own navels. The bigger economies must show greater solidarity with the smaller ones, but it is fundamental that the latter look to their own development, stop being parasites and stop hiding behind the farce of re-selling products brought in from other places without any local value-added, but simply adding labels that proclaim the product to be of national industry.

Little by little South America is moving away from a theory of regional integration that supposes a divorce between economics and politics, and which ended up imposing on many countries the fallacy of a “self-regulating market” as a force for development. Nevertheless, it is worrying to see that after the disastrous experiences with the application of market shock theories — in the words of Naomi Klein – these political measures are still being pushed by some OECD countries, multinational financial organizations, rightwing politicians and some businessmen, as a panacea for the economic protection of our countries.

From the North, we are plied with free trade treaties and liberalization and deregulation of financial structures, along with privatization and flexible labour markets as basic mechanisms for international economic integration. In South America there are people who hear these siren songs and defend the urgent need to create a free trade area along the lines of the FTAA/ALCA. With this they propose to cure the failures of the neoliberal model.

The regional integration of South America must retrieve the role of the State over the market, of society over the State and the market. The integrated South American states should take control of an integrated South American market. And Latin American society should play a fundamental role in participating to control States and integrated markets. This integration should open the way for a development model that allows for the advancement of each country as well as common advancement. The efficacy and the ability for channeling regional synergies depend on the ability to understand that this is a collective project, not an individual one, and to understand that this is an institutional fabric that is created through the process of integration.

To expand and strengthen South American integration, Unasur must be strengthened and extended. It is fundamental to move Mercosur towards a South American Mercosur(1). This depends on the capacity of our States to reconfigure their productive structures.

This will be possible if governments can transcend the limits of mere economic rationality and commit themselves to work towards a Common and Inclusive Economic Policy, which can take advantage of the region’s assets in food and hydraulic resources, raw materials and energy resources, generating a productive integration of a complementary character between countries.

In the new world order, the importance of South America for the international economy is undeniable. It is one of the most dynamic economic poles. At the present time, the GDP of the countries of South America represents 73 per cent of that of Latin America and the Caribbean, which in turn represents 8 per cent of world trade. In spite of its economic weight, the productive and export matrix of our countries continues to be centred on the primary sector and on intensive manufactures in primary resources and natural resources. This phenomenon responds to the high prices of commodities in the international market, but also to the concentration of investment, both national and foreign, in the exploitation of primary resources. In consequence, South American countries face the threat of deindustrialization and of economies centred on the primary sector. These processes lead to the emergence of productive enclaves whose wealth creation does not reach the whole economy, given the few productive networks they generate, as well as capital flight in the form of the repatriation of profits and benefits and the unlimited increase in imports. These enclaves in many cases are part of parasitical foreign investment that does not pay taxes and brings very little to our countries.

The way that Latin American countries have conceived their economic development has given rise to productive structures that are engineered to satisfy extra-regional needs. Because of this, the economic dynamics of the countries of the region contribute little or nothing to the collective economic dynamics of the region. Due to this individualist way of thinking of economic growth and the application of commercial policies based on indiscriminate opening to foreign economies, the greater part of South American economies have undergone processes of productive dismantling or the loss of economic dynamism in industrial sectors. At the same time large segments of our populations have experienced a fall in unemployment but growth in precarious employment. Here, if there is a diminishing amount of poverty, inequality is maintained and is at times even more evident.

It is necessary for South American economic integration to move towards the articulation of national economies, and for productive structures to look to satisfying the needs of the people of the region, in a way that allows us to develop our manufacturing sectors and services. In this sense it is important to establish legal and technical conditions to promote regional productive investment. Finally, it is necessary to set up productive conditions that make it possible for each and every one of the economies of the region to reach high levels of competitiveness in order, at a later moment, to be able to compete in the international markets of manufacturing and service sectors of medium and high added value.

In the difficult path towards a South American Mercosur, Mercosur should become the bridgehead to establish a South American commercial bloc, animated by principles of solidarity, complementarity and the consideration of the asymmetries in the levels of social and economic development of different members, that prioritizes the role of the State, and has as its goal the well-being of the population rather than the profits of big capital, and which can serve as an example of a different regionalist model, in the face of traditional schemes that are based on market fundamentalism.
(Translation: Jordan Bishop, for ALAI)

– Kintto Lucas is the Roaming Ambassador of Uruguay for Unasur, Celac, and Alba. Former vice foreign minister of Ecuador.

(1) Unasur: Union of South American Nations. Mercosur: Southern Common Market.

 

Source: http://www.alainet.org/active/65768

The EU has never been a European solidarity organisation. The European peoples must create their own unity

Lorenzo Fioramonti

Crises, sale like those gripping Europe, tend to expose the process and practice of regional governance as technocratic and elite-driven. But citizens and civil society may well demand more voice and power, in a ‘politicisation’ of regions.

In a globalizing world, where old and new evolutions challenge traditional decision making and (nation) states find it increasingly difficult to govern political processes and economic transactions that are ever more cross-boundary in nature, supranational regional governance has proven a powerful tool to address such growing complexity.

As a meso-level between the state and a hypothetical global government, regional organizations have been purposefully created with a view to providing more effective management structures to deal with phenomena and processes transcending the borders of national communities. Traditionally, trans-frontier natural resources were the first common goods to be placed under the administration of regional organizations. For instance, the oldest existing regional organization in the world is the Central Commission for the Navigation of the Rhine, an authority established in Europe during the 1815 Congress of Vienna. Its purpose was to manage cross-boundary transports along the river Rhine, which cuts across France, Germany, Switzerland and the Netherlands, and – in spite of its limited political clout – it set an important precedent for the future evolutions of European integration. The forerunner of the European Economic Community, which then transformed into the European Union, was the European Coal and Steal Community, a supranational authority created to provide common jurisdiction over the most fundamental natural resources of the continent, whose direct control had historically been the main source of conflict in the region.

Nowadays, there is a virtually endless list of regional organizations operating in divers sectors, entrusted with varying degrees of power and decision-making authority. Although most of them only perform specific functions (e.g. natural resources management, conflict prevention, legal advice, customs control, policing, etc.), there has been an increase in the establishment of ‘general purpose’ regional organizations, of which the EU is the most well-known and developed example. Some of them have evolved out of specific trade agreements (e.g. free trade areas), such as the Common Market of the South (Mercosur), while others have been created with a view to guaranteeing security and development, such as the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the African Union (AU). As famously remarked by P. Katzenstein, the contemporary international arena may very well develop into a ‘world of regions’, where openness and cooperation are reinforced by growth in cross-border exchanges and global transformations in interstate relations.

Regions and crises

According to Karl Deutsch, one of the forefathers of regional studies, the most fundamental example of region-building is constituted by so-called ‘security communities’, groupings of countries that share institutional systems to avoid internal conflicts and address common external threats. In this vein, the existence of certain threats (often in the form of fully-fledged conflicts) has been instrumental to the creation of regional organizations. The European integration project emerged out of the ashes of World War II. The Organization of African Unity (OAU) was created after the end of colonialism while its successor, the AU, was established to guarantee peace and development in a traditionally troubled continent. Similarly, ASEAN was founded to oppose the advancement of communism in South East Asia and strengthen the small countries of the region vis-à-vis their strong and powerful neighbours.

Supranational regionalism and crises have always been intimately connected, both empirically and theoretically. Yet, although most theoretical approaches appear to discuss crises as potential springboards for more and better regional cooperation/integration, the opposite is equally true. For instance, De Gaulle’s critical stance vis-à-vis the process of European integration (which led to a prolonged institutional crisis in the 1960s) prompted Ernst Haas, the founder of the neo-functionalist approach, to conclude that regional integration theory was ‘obsolete’. The current sovereign-debt crisis (often dubbed as the Euro-crisis) is raising a lot of doubts about the capacity of the EU to weather the storm and re-launch integration of the European continent. Public discourse not only in Europe, but also in the rest of the world, hints at the fact that regional cooperation/ integration does not deal well with ‘rainy days’, when member states tend to become more inward looking and seek refuge in short-sighted nationalism.

The word ‘crisis’ derives from the ancient Greek verb krinein, which means to ‘separate, decide and judge’. As such, it therefore describes events or phenomena that produce change and lead to decisions. Looking at most current events, it is not easy to gauge the extent to which these crises may lead to more regional cooperation/integration or, conversely, to gradual/abrupt disintegration. However, there is little doubt that they present fundamental turning points in the evolution of regional cooperation/integration and pose significant challenges to all stakeholders involved. At the same time, they may very well become opportunities to reassess the usefulness of supranational regions and prospectively re-design a world of new regions.

Euro-crisis and the weakening of the European model

Crises are revelatory moments. They break the repetitive continuity of ordinary processes and present us with unexpected threats and opportunities. As disruptive events, they force us to rethink conventional wisdom and become imaginative. In the evolution of political institutions, crises have been fundamental turning points opening up new space for governance innovations or, by contrast, reducing the spectrum of available options. They have ushered in phases of progress and prosperity or plummeted our societies into the darkness of parochialism and backwardness.

The current Euro-crisis may have a significant long-term impact on the ‘acceptability’ of regional integration as an end-goal for regionalism not only in Europe, but also in other regions. If the European project fails to deliver the expected outcomes of stability, well-being and solidarity, then it is likely that other regions will refrain from pushing for full-blown integration, perhaps privileging less demanding forms of cooperation. It also appears as if the EU ‘model’ of integration has been severely eroded by the global financial crisis and the turmoil in the Eurozone. There is indeed growing criticism of Eurocentric approaches to regionalism, not only among scholars, but also among leading policy makers. Especially, emerging powers in Africa, Asia and South America are becoming more assertive about the need to find different ways to promote regional governance in a world in which traditional power distributions are being fundamentally called into question. Moreover, the recent popular revolutions in North Africa and the Middle East are likely to reshape geostrategic equilibria in the Mediterranean and possibly usher in a new phase of regional cooperation within the Arab world and also with Europe.  

Citizens and regional governance

Citizens have been the underdogs of regionalism. From Europe, to Africa, Asia and Latin America, civil society has largely been on the receiving end of region-building processes. More often than not, civil society has been intentionally sidelined, while some sympathetic non-governmental organisations have been given the instrumental task of supporting institutions in their efforts at building a regional ‘identity’. In spite of rhetorical references to the importance of civic participation, regionalism has largely developed ‘without the citizens’.

Yet contemporary crises seem to bring ‘the people’ back into the picture, at least insofar as various attempts at regional cooperation and integration stumble upon the ideas, values and expectations of the citizens. The Euro-crisis is not just a matter of scarce liquidity and overexposure of a few national governments and most private banks. It is first and foremost a legitimacy crisis, which is revealing the fundamental limitations of an elite-driven regionalism model. Not disputing the pivotal role that European political elites played in setting the integration process in motion, there is little doubt that ‘deep integration’ will only be achieved when European citizens will have a say over the type of developmental trajectory that the EU should adopt as well as its ultimate goals. Looking at the astonishing amount of public resources channelled to rescue private banks in comparison to the harsh austerity plans enforced on allegedly profligate Member States, one cannot help but ask the question: what actual interests drive regionalism in the world?

Most observers have been traditionally looking at regionalization processes as politically neutral phenomena in international affairs. Research in this field has been generally restricted to the ‘quantity’ of regionalism, rather than its ‘quality’. Whether it is to explain the gradual devolution of authority from nation states to supranational institutions (as is the case with neo-functionalism) or whether it is to demonstrate the continuous bargaining process involving national governments (as is the case with intergovernmentalism), mainstream approaches to regional cooperation and integration have refrained from looking at the quality of regionalization processes. Will there be more or fewer regions in the world? Will regional institutions replace the nation state? Will regional governance become predominant in the years to come? Granted, these are very important questions and deserve to be examined in depth, especially in academic circles. Yet, the current crises force us to assess the state of regionalism in the world not only in terms of its predominance and diffusion, but also – and more importantly – in terms of how it contributes, if any, towards the well-being of our societies.  

Most ‘models’ and ‘practices’ of regionalism have tended to exclude the diversity of voices and roles in society. They have often served the specific interests of ruling elites (as in Latin America and Africa), the ambitions of hegemonic actors (as in Europe and Asia) or the agendas of industrial and financial powers. Moreover, through their apparently neutral technocratic character, most attempts at regional cooperation and integration have aimed to obscure the fact that there are always winners and losers in regionalism processes. 

This top-down model is being increasingly challenged. Overlapping crises and the redistribution of power at the global level call into question the capacity of regions to deliver on their promises, thus unveiling the unavoidable political character of any model of regionalism. In response to the growing cost of regionalism, citizens want to have more say over future regional trajectories and exercise their democratic powers. As a consequence, regionalism is evolving from a ‘closed’ process, designed and packaged by a small circle of political and economic elites, to an ‘open’ process, in which democratic participation and accountability are playing an ever more important role. Borrowing from the jargon of Internet users, one may say that regions are transitioning from a 1.0 phase dominated by technocrats to a 2.0 stage characterised by horizontal networks, alternative models and citizens’ contestations.

The EU, undoubtedly the most advanced and successful example of regionalism in the world, is now experiencing the direst consequences of such a transition. Amid rising unemployment, social malaise and growing discontent for the lack of accountability of national and regional politics, millions of citizens have been protesting against the Union and its political and economic agenda. Contrary to what eurosceptics would have us believe, these citizens do not call for less Europe: they want a different Europe. They would like regional integration to be more about connecting cultures and individuals and less about supporting capital. They would like their regional institutions to focus on helping the unemployed rather than bailing out bankrupt banks. They would like to see more solidarity across classes and generations, rather than less. They would like cooperation to be about building a different future instead of reshuffling old ideas. The future of regionalism may very well entail a growing ‘politicisation’ of regions, whereby citizens and civil society demand more voice and power in influencing not just general principles and values, but also the long-term political trajectories of their regions.

 

Source: Open Democracy

por Kintto Lucas

ALAI AMLATINA, treat 16/07/2013.- En los últimos años, pharm América del Sur ha dado pasos decisivos en su camino hacia la integración regional. Conscientes de los desafíos que ha generado la globalización y que se han evidenciado en las crisis económicas y políticas internacionales, buy así como en la proliferación de actividades ilícitas transnacionales que traspasan las capacidades individuales de los Estados, algunos países han comenzado a entender que las ventajas de una mayor cooperación e intercambio comercial no son el objetivo final, sino que es necesario coordinar respuestas en políticas económicas y fiscales, pero también sociales, en manejo de recursos naturales, temas ambientales, de defensa y en otros ámbitos, para enfrentar las amenazas. Pero sobre todo, que en el mundo que se va configurando es imposible caminar solos, y es fundamental caminar en colectivo

Para reforzar la integración es necesario incrementar los niveles de interdependencia económica y comercial en la región. Es un camino complejo pero no imposible. Falta todavía profundizar en una mirada colectiva y dejar de mirarse cada uno al ombligo. Es necesario que las economías más grandes sean más solidarias con las economías pequeñas, pero también es fundamental que éstas busquen un desarrollo propio, dejen de ser parasitarias y no se escondan detrás la farsa de revender productos traídos de otros países sin incorporar agregado nacional o solo colocando una etiqueta de industria nacional.

De a poco América del Sur se va alejando de la teoría de integración regional que promueve el divorcio entre Economía y Política, y que terminó por arrastrar a muchos países a la falacia del “mercado auto regulador” como promotor del desarrollo. Sin embargo, es preocupante observar que después de las nefastas experiencias con la aplicación de la terapias de shock de mercado –en palabras de Naomi Klein-, este tipo de medidas políticas se siguen vendiendo desde algunos países de la OCDE, organizaciones financieras multilaterales, sectores políticos de derecha y ciertos empresarios, como la panacea para la proyección económica de nuestros países.

Desde el Norte se promueven los tratados de libre comercio y la liberalización y desregulación financiera, así como la privatización y la flexibilización del mercado de trabajo como los mecanismos fundamentales para la integración a la economía internacional. En América del Sur hay quienes escuchan esos cantos de sirena y defienden la necesidad urgente de crear un área de libre comercio estilo ALCA. Pretenden así reponer los fracasos del modelo neoliberal.

La integración regional de Suramérica debe recuperar el rol del Estado sobre el mercado, y de la sociedad sobre el Estado y el mercado. Los Estados Suramericanos integrados deben controlar el mercado suramericano integrado. Y la sociedad suramericana debe jugar un papel fundamental con su participación para controlar los Estados y los mercados integrados. Esa integración debe generar vías para un modelo de desarrollo que permita la proyección de cada país y la proyección conjunta. La eficacia y el aprovechamiento de las sinergias regionales dependen de la capacidad de entender que es un proyecto colectivo, no individual, y del tejido institucional que se consolide en el proceso de integración.

Fortalecer y profundizar la integración en América del Sur, pasa por fortalecer y profundizar Unasur, y en ese camino es fundamental fortalecer y profundizar el Mercosur caminando hacia un Mercosur Suramericano. Pero eso depende de la capacidad que muestren nuestros Estados para reconfigurar sus estructuras productivas. Esto será posible si los gobiernos van de a poco trascendiendo el ámbito de la mera racionalidad económica y se comprometen en la construcción de una Política Económica Común e Inclusiva, que aproveche las ventajas de la región en recursos alimenticios, hídricos, materias primas industriales y energéticas, generando una integración productiva y la complementariedad entre los países.

En el nuevo orden mundial, la importancia de América del Sur en la economía internacional es innegable. Es uno de los polos económicos más dinámicos. Actualmente, el PIB de los países de la Suramérica representa el 73 por ciento del de América Latina y el Caribe, que a su vez representa el 8 por ciento del comercio mundial. A pesar del peso económico, la matriz productiva y exportadora de nuestros países continúa centrada en el sector primario y en las manufacturas intensivas en materias primas y recursos naturales. Este fenómeno responde a los altos precios de los commodities en el mercado internacional, pero también a la concentración de la inversión, tanto nacional como extranjera, en la explotación de materias primas. Como consecuencia, los países suramericanos enfrentan la amenaza de la desindustrialización y reprimariziación de sus economías. Estos procesos conllevan el aparecimiento de enclaves productivos cuya generación de riqueza no se transmite al total de la economía, dadas las escasas concatenaciones productivas que generan y la fuga de capitales en forma de repatriación de ganancias y beneficios y de incremento desmedido de las importaciones. Esos enclaves, muchas veces son parte de la parasitaria inversión extranjera que no paga impuestos y aporta muy poco a nuestros países.

La forma independiente que los países suramericanos han concebido su desarrollo económico, ha dado origen al establecimiento de estructuras productivas orientadas a satisfacer solamente necesidades extra regionales, llevando a que la dinámica económica de los países de la región contribuya en poco o nada a la dinámica económica colectiva de la región. Debido a este modo individualista de concebir el crecimiento económico y de aplicar políticas comerciales fundamentadas en aperturismos indiscriminados, la mayor parte de las economías suramericanas han experimentado procesos de desmantelamiento productivo o pérdida de dinamismo económico en los sectores industriales. Paralelamente grandes segmentos de nuestras poblaciones ven disminuir el desempleo pero crecer el empleo precario. Y observan que, si bien se nota una clara disminución de la pobreza, la desigualdad se mantiene y a veces es más evidente.

Es necesario que la integración económica suramericana gire en torno a la articulación de las economías nacionales, que las estructuras productivas busquen satisfacer las necesidades de los habitantes de la región, de modo que podamos desarrollar nuestros sectores manufactureros y de servicios. En ese sentido se debe asegurar las condiciones jurídicas y técnicas para promover inversiones productivas regionales. Y finalmente hay que configurar ordenamientos productivos que contribuyan a que todas y cada una de las economías de la región alcancen niveles altos de competitividad para poder, en otra fase, competir en los mercados de servicios y manufacturas de mediano y alto valor agregado internacionales.

En el difícil camino hacia un Mercosur Suramericano, Mercosur debe transformarse en la cabeza de puente para formar un bloque comercial suramericano, que se rija por los principios de solidaridad, complementariedad y consideración de las asimetrías en los niveles de desarrollo económico y social de los diferentes miembros, que priorice el papel del Estado, que tenga como finalidad el bienestar de la población en lugar de las ganancias del gran capital, y que sirva como ejemplo de un modelo de regionalismo diferente, frente a los esquemas tradicionales que se basan en el fundamentalismo de mercado.

– Kintto Lucas es Embajador Itinerante de Uruguay para Unasur, Celac y Alba. Ex Vicecanciller de Ecuador.

Fuente: http://alainet.org/active/65704&lang=es

por Kintto Lucas

ALAI AMLATINA, 16/07/2013.- En los últimos años,
América del Sur ha dado pasos decisivos en su camino hacia la integración regional. Conscientes de los desafíos que ha generado la globalización y que se han evidenciado en las crisis económicas y políticas internacionales, check así como en la proliferación de actividades ilícitas transnacionales que traspasan las capacidades individuales de los Estados, algunos países han comenzado a entender que las ventajas de una mayor cooperación e intercambio comercial no son el objetivo final, sino que es necesario coordinar respuestas en políticas económicas y fiscales, pero también sociales, en manejo de recursos naturales, temas ambientales, de defensa y en otros ámbitos, para enfrentar las amenazas. Pero sobre todo, que en el mundo que se va configurando es imposible caminar solos, y es fundamental caminar en colectivo

Para reforzar la integración es necesario incrementar los niveles de interdependencia económica y comercial en la región. Es un camino complejo pero no imposible. Falta todavía profundizar en una mirada colectiva y dejar de mirarse cada uno al ombligo. Es necesario que las economías más grandes sean más solidarias con las economías pequeñas, pero también es fundamental que éstas busquen un desarrollo propio, dejen de ser parasitarias y no se escondan detrás la farsa de revender productos traídos de otros países sin incorporar agregado nacional o solo colocando una etiqueta de industria nacional.

De a poco América del Sur se va alejando de la teoría de integración regional que promueve el divorcio entre Economía y Política, y que terminó por arrastrar a muchos países a la falacia del “mercado auto regulador” como promotor del desarrollo. Sin embargo, es preocupante observar que después de las nefastas experiencias con la aplicación de la terapias de shock de mercado –en palabras de Naomi Klein-, este tipo de medidas políticas se siguen vendiendo desde algunos países de la OCDE, organizaciones financieras multilaterales, sectores políticos de derecha y ciertos empresarios, como la panacea para la proyección económica de nuestros países.

Desde el Norte se promueven los tratados de libre comercio y la liberalización y desregulación financiera, así como la privatización y la flexibilización del mercado de trabajo como los mecanismos fundamentales para la integración a la economía internacional. En América del Sur hay quienes escuchan esos cantos de sirena y defienden la necesidad urgente de crear un área de libre comercio estilo ALCA. Pretenden así reponer los fracasos del modelo neoliberal.

La integración regional de Suramérica debe recuperar el rol del Estado sobre el mercado, y de la sociedad sobre el Estado y el mercado. Los Estados Suramericanos integrados deben controlar el mercado suramericano integrado. Y la sociedad suramericana debe jugar un papel fundamental con su participación para controlar los Estados y los mercados integrados. Esa integración debe generar vías para un modelo de desarrollo que permita la proyección de cada país y la proyección conjunta. La eficacia y el aprovechamiento de las sinergias regionales dependen de la capacidad de entender que es un proyecto colectivo, no individual, y del tejido institucional que se consolide en el proceso de integración.

Fortalecer y profundizar la integración en América del Sur, pasa por fortalecer y profundizar Unasur, y en ese camino es fundamental fortalecer y profundizar el Mercosur caminando hacia un Mercosur Suramericano. Pero eso depende de la capacidad que muestren nuestros Estados para reconfigurar sus estructuras productivas. Esto será posible si los gobiernos van de a poco trascendiendo el ámbito de la mera racionalidad económica y se comprometen en la construcción de una Política Económica Común e Inclusiva, que aproveche las ventajas de la región en recursos alimenticios, hídricos, materias primas industriales y energéticas, generando una integración productiva y la complementariedad entre los países.

En el nuevo orden mundial, la importancia de América del Sur en la economía internacional es innegable. Es uno de los polos económicos más dinámicos. Actualmente, el PIB de los países de la Suramérica representa el 73 por ciento del de América Latina y el Caribe, que a su vez representa el 8 por ciento del comercio mundial. A pesar del peso económico, la matriz productiva y exportadora de nuestros países continúa centrada en el sector primario y en las manufacturas intensivas en materias primas y recursos naturales. Este fenómeno responde a los altos precios de los commodities en el mercado internacional, pero también a la concentración de la inversión, tanto nacional como extranjera, en la explotación de materias primas. Como consecuencia, los países suramericanos enfrentan la amenaza de la desindustrialización y reprimariziación de sus economías. Estos procesos conllevan el aparecimiento de enclaves productivos cuya generación de riqueza no se transmite al total de la economía, dadas las escasas concatenaciones productivas que generan y la fuga de capitales en forma de repatriación de ganancias y beneficios y de incremento desmedido de las importaciones. Esos enclaves, muchas veces son parte de la parasitaria inversión extranjera que no paga impuestos y aporta muy poco a nuestros países.

La forma independiente que los países suramericanos han concebido su desarrollo económico, ha dado origen al establecimiento de estructuras productivas orientadas a satisfacer solamente necesidades extra regionales, llevando a que la dinámica económica de los países de la región contribuya en poco o nada a la dinámica económica colectiva de la región. Debido a este modo individualista de concebir el crecimiento económico y de aplicar políticas comerciales fundamentadas en aperturismos indiscriminados, la mayor parte de las economías suramericanas han experimentado procesos de desmantelamiento productivo o pérdida de dinamismo económico en los sectores industriales. Paralelamente grandes segmentos de nuestras poblaciones ven disminuir el desempleo pero crecer el empleo precario. Y observan que, si bien se nota una clara disminución de la pobreza, la desigualdad se mantiene y a veces es más evidente.

Es necesario que la integración económica suramericana gire en torno a la articulación de las economías nacionales, que las estructuras productivas busquen satisfacer las necesidades de los habitantes de la región, de modo que podamos desarrollar nuestros sectores manufactureros y de servicios. En ese sentido se debe asegurar las condiciones jurídicas y técnicas para promover inversiones productivas regionales. Y finalmente hay que configurar ordenamientos productivos que contribuyan a que todas y cada una de las economías de la región alcancen niveles altos de competitividad para poder, en otra fase, competir en los mercados de servicios y manufacturas de mediano y alto valor agregado internacionales.

En el difícil camino hacia un Mercosur Suramericano, Mercosur debe transformarse en la cabeza de puente para formar un bloque comercial suramericano, que se rija por los principios de solidaridad, complementariedad y consideración de las asimetrías en los niveles de desarrollo económico y social de los diferentes miembros, que priorice el papel del Estado, que tenga como finalidad el bienestar de la población en lugar de las ganancias del gran capital, y que sirva como ejemplo de un modelo de regionalismo diferente, frente a los esquemas tradicionales que se basan en el fundamentalismo de mercado.

– Kintto Lucas es Embajador Itinerante de Uruguay para Unasur, Celac y Alba. Ex Vicecanciller de Ecuador.

Fuente: http://alainet.org/active/65704&lang=es

16 July by Eric Toussaint

 

Interview by Monique Van Dieren and Claudia Benedetto for Contrastes magazine |1|.

The EU and the Eurozone were created solely to favour capital and apply its principles: total liberty of movement for capital,
free circulation of goods and services, unrestricted commercial competition and the undermining of the very principle of public services, among others.

Capital is given a free rein to maximise its profits, wrongly supposing that if private initiative is favoured all will be well. In following this principle and in reducing state intervention to a minimum in terms of regulations and budgets, we now have a Europe which costs only 1% of its GDP whereas the budgets of the most industrialised countries are at about 40% to 50% of their GDP! This 1% is scrawny and nearly half of it goes to the Common Agricultural Policy. In consequence Europe has not developed the means to reduce the differences between its strongest economies and the others. When these economies are put onto the same playing field their differences are aggravated.

Are there other points of division?

Not only do we have opposition between, on the one hand, countries like Greece, Ireland , Portugal, Spain and the East European countries, and on the other hand, the strongest EU countries, but also inside each of these countries, where income disparities have increased following reforms of the labour markets.
The policies that have been applied by the EU member states have contributed to these inequalities. A prime example is Germany, where counter-reforms, that aim to create a greater variety of employment models, have been put into place. There are currently 7 million full time employees earning less than 400 euros a month!

Tax policy is known to be at the heart of the European problem and of the indebtedness of member states. How can the fact that most European countries are maintaining internal competition be explained?

Europe has refused fiscal harmonisation. The result is that there is enormous disparity between systems of taxation. In Cyprus, corporation tax is 10%. That should change with the present crisis. In Ireland corporation tax is 12.5% and in Belgium, 33.99%. These differences allow companies to declare their revenues where the tax bite is the least. Current European fiscal policy protects tax evasion. Tax havens exist within the European Union – notably the City of London – and the Eurozone, with the Grand Duchy of Luxemburg.

It is quite possible to implement measures of fiscal justice at a national level. The common belief that “being in the Eurozone it is impossible to apply major fiscal measures” is false. We are told there are no alternatives. Those who invoke these arguments are protecting the fraudsters. We can see that solutions previously considered impossible are being imagined in the “case” of Cyprus: bank deposits of over 100,000 euros are to be taxed; controls of capital movements are being put into place. I am against the plan imposed on Cyprus by the Troika because the goals are to impose global antisocial policies; but certain measures show the clear possibility of controlling capital flows and of greatly increasing tax-rates above a given level of wealth.
In spite of EU regulations, it is perfectly possible for countries to refuse the policies of the commission and impose renegotiations at the European level. Europe must be reconstructed democratically. In the meantime the left-wing governments must break ranks. If François Hollande really represented the will of the French people that elected him he would have insisted on renegotiating the European Fiscal Compact with Angela Merkel and if she refused he could have refused to vote it in. This would have prevented its adoption.

The euro crisis is clearly the result of an absence of sound political governance (lack of coherent economic, financial, fiscal and social policies). The lack of real European support for Greece in the face of its debt problems shows the fragility of a union that is not based on solidarity. Does this euro crisis toll the bell for European solidarity? Is the dream of European federalism dead and buried?

The EU as it exists has never hinged on solidarity, unless it be in favour of the big European companies. The European governments have continually applied measures that favour them and the European banks. When it comes to helping the weaker people and the weaker economies, there is no solidarity. One could say that there is one kind of solidarity: a class solidarity, a solidarity between capitalists.
Federalism is possible but it must be constituted by the peoples. Guy Verhofstadt and Daniel Cohn-Bendit advocate a federalism imposed from above. We need a federalism that arises from the will of the people.
Federation is possible and necessary, but that implies that the solution to the European crisis should come from the base. That does not mean a withdrawal behind national frontiers, but solidarity between European peoples and a European constitution decided by the people themselves.

What must be done to make the European institutions more democratic?

The existing non democratic institutions must be taken apart and replaced by new ones, created by a peoples’ constituent assembly! The legislative power (the European Parliament) is extremely weak, too much in the thrall of the Executive.

Awaiting this miracle remedy, do you have a concrete idea of how to reconcile Europe’s citizens with Europe?

Within national frontiers, initiatives must be taken by the social movements and corresponding left-wing organisations towards defining common objectives. At the European level, through the Alter Summit movement, we are trying to create a maximum of convergence between citizens’ movements, social movements and European trade unions |2|. It is not easy, up to now it has been too slow, but a coalition of European social movements must nevertheless be created. Relaunching the “Indignés” movement must be encouraged if it is possible, supporting Blockupy in Frankfurt against the ECB. |3| Also, feminist movements and actions against austerity programmes in Europe must be given all possible support
 |4|. Along with this, other European initiatives must be reinforced, such as the the European and Mediterranean citizens’ audits networks (ICAN) |5|, the European network against the privatisation of health services |6| and the efforts to create a European anti-fascist movement |7|, the ” European peoples against the Troika”, which organised actions in dozens of towns and cities across Europe on 1st June 2013 |8|.

Europe has a purpose because…
Solidarity between the peoples is necessary and undoubtedly possible.

Europe has a purpose on condition that…
The process comes from the people. A constituent assembly of the European peoples must found a completely new Europe!
It is time to abandon the dominant ideology that has reigned for so long. There are several possible ways to resolve the crisis. The austerity measures currently applied can only make it worse. We are facing 10 to 15 years of crisis and very limited growth. Unless, that is, the social movements manage to put structural reforms into place, such as the socialisation of the banks; the consolidation of public services; the reconstruction of a Europe based on a peoples’constituent assembly; a Europe in solidarity with the rest of the World. Illegitimate public debt must also be abolished by developing initiatives of citizens’ audits as is the case in Belgium today |9|. This solution presupposes that the social movements and the radical left are capable of proposing real alternatives, with a coherent programme that goes beyond neo-Keynesianism. I would be disappointed if this capitalist crisis were to achieve no more than slightly better discipline. Regulated green capitalism is not a solution to the fundamental problem of climate change. We must abolish the capitalist system.

Translated by Vickie Briault and Mike Krolikowski

Footnotes

|1| The original version of this interview (in French only) is available on the Equipes populaires website which publishes Contrastes magazine: http://www.equipespopulaires.be/sit…

This version has been especially adapted for the CADTM website www.cadtm.org

|2| See http://www.altersummit.eu/

|3| See (in French only) http://cadtm.org/Francfort-ein-zwei…

|4| See (in French only) http://cadtm.org/Femmes-d-Europe-en… and http://cadtm.org/Une-tres-prometteu…

|5| See http://www.citizen-audit.net/ and http://cadtm.org/Coordinated-effort… and cadtm.org/ICAN

|6| See (in French only) http://reseau-europeen-droit-sante…. and http://www.sante-solidarite.be/acti…

|7| See http://cadtm.org/For-a-European-ant…

|8| See http://cadtm.org/From-the-crisis-ed…

|9| See (in French only) http://cadtm.org/Declaration-pour-l…

 

Source: http://cadtm.org/Eric-Toussaint-The-EU-has-never

Los desafíos de la Alianza del Pacífico: Soberanía regional o periferia de lujo

Lorenzo Fioramonti

Crises, sale like those gripping Europe, tend to expose the process and practice of regional governance as technocratic and elite-driven. But citizens and civil society may well demand more voice and power, in a ‘politicisation’ of regions.

In a globalizing world, where old and new evolutions challenge traditional decision making and (nation) states find it increasingly difficult to govern political processes and economic transactions that are ever more cross-boundary in nature, supranational regional governance has proven a powerful tool to address such growing complexity.

As a meso-level between the state and a hypothetical global government, regional organizations have been purposefully created with a view to providing more effective management structures to deal with phenomena and processes transcending the borders of national communities. Traditionally, trans-frontier natural resources were the first common goods to be placed under the administration of regional organizations. For instance, the oldest existing regional organization in the world is the Central Commission for the Navigation of the Rhine, an authority established in Europe during the 1815 Congress of Vienna. Its purpose was to manage cross-boundary transports along the river Rhine, which cuts across France, Germany, Switzerland and the Netherlands, and – in spite of its limited political clout – it set an important precedent for the future evolutions of European integration. The forerunner of the European Economic Community, which then transformed into the European Union, was the European Coal and Steal Community, a supranational authority created to provide common jurisdiction over the most fundamental natural resources of the continent, whose direct control had historically been the main source of conflict in the region.

Nowadays, there is a virtually endless list of regional organizations operating in divers sectors, entrusted with varying degrees of power and decision-making authority. Although most of them only perform specific functions (e.g. natural resources management, conflict prevention, legal advice, customs control, policing, etc.), there has been an increase in the establishment of ‘general purpose’ regional organizations, of which the EU is the most well-known and developed example. Some of them have evolved out of specific trade agreements (e.g. free trade areas), such as the Common Market of the South (Mercosur), while others have been created with a view to guaranteeing security and development, such as the Association of South East Asian Nations (ASEAN) and the African Union (AU). As famously remarked by P. Katzenstein, the contemporary international arena may very well develop into a ‘world of regions’, where openness and cooperation are reinforced by growth in cross-border exchanges and global transformations in interstate relations.

Regions and crises

According to Karl Deutsch, one of the forefathers of regional studies, the most fundamental example of region-building is constituted by so-called ‘security communities’, groupings of countries that share institutional systems to avoid internal conflicts and address common external threats. In this vein, the existence of certain threats (often in the form of fully-fledged conflicts) has been instrumental to the creation of regional organizations. The European integration project emerged out of the ashes of World War II. The Organization of African Unity (OAU) was created after the end of colonialism while its successor, the AU, was established to guarantee peace and development in a traditionally troubled continent. Similarly, ASEAN was founded to oppose the advancement of communism in South East Asia and strengthen the small countries of the region vis-à-vis their strong and powerful neighbours.

Supranational regionalism and crises have always been intimately connected, both empirically and theoretically. Yet, although most theoretical approaches appear to discuss crises as potential springboards for more and better regional cooperation/integration, the opposite is equally true. For instance, De Gaulle’s critical stance vis-à-vis the process of European integration (which led to a prolonged institutional crisis in the 1960s) prompted Ernst Haas, the founder of the neo-functionalist approach, to conclude that regional integration theory was ‘obsolete’. The current sovereign-debt crisis (often dubbed as the Euro-crisis) is raising a lot of doubts about the capacity of the EU to weather the storm and re-launch integration of the European continent. Public discourse not only in Europe, but also in the rest of the world, hints at the fact that regional cooperation/ integration does not deal well with ‘rainy days’, when member states tend to become more inward looking and seek refuge in short-sighted nationalism.

The word ‘crisis’ derives from the ancient Greek verb krinein, which means to ‘separate, decide and judge’. As such, it therefore describes events or phenomena that produce change and lead to decisions. Looking at most current events, it is not easy to gauge the extent to which these crises may lead to more regional cooperation/integration or, conversely, to gradual/abrupt disintegration. However, there is little doubt that they present fundamental turning points in the evolution of regional cooperation/integration and pose significant challenges to all stakeholders involved. At the same time, they may very well become opportunities to reassess the usefulness of supranational regions and prospectively re-design a world of new regions.

Euro-crisis and the weakening of the European model

Crises are revelatory moments. They break the repetitive continuity of ordinary processes and present us with unexpected threats and opportunities. As disruptive events, they force us to rethink conventional wisdom and become imaginative. In the evolution of political institutions, crises have been fundamental turning points opening up new space for governance innovations or, by contrast, reducing the spectrum of available options. They have ushered in phases of progress and prosperity or plummeted our societies into the darkness of parochialism and backwardness.

The current Euro-crisis may have a significant long-term impact on the ‘acceptability’ of regional integration as an end-goal for regionalism not only in Europe, but also in other regions. If the European project fails to deliver the expected outcomes of stability, well-being and solidarity, then it is likely that other regions will refrain from pushing for full-blown integration, perhaps privileging less demanding forms of cooperation. It also appears as if the EU ‘model’ of integration has been severely eroded by the global financial crisis and the turmoil in the Eurozone. There is indeed growing criticism of Eurocentric approaches to regionalism, not only among scholars, but also among leading policy makers. Especially, emerging powers in Africa, Asia and South America are becoming more assertive about the need to find different ways to promote regional governance in a world in which traditional power distributions are being fundamentally called into question. Moreover, the recent popular revolutions in North Africa and the Middle East are likely to reshape geostrategic equilibria in the Mediterranean and possibly usher in a new phase of regional cooperation within the Arab world and also with Europe.  

Citizens and regional governance

Citizens have been the underdogs of regionalism. From Europe, to Africa, Asia and Latin America, civil society has largely been on the receiving end of region-building processes. More often than not, civil society has been intentionally sidelined, while some sympathetic non-governmental organisations have been given the instrumental task of supporting institutions in their efforts at building a regional ‘identity’. In spite of rhetorical references to the importance of civic participation, regionalism has largely developed ‘without the citizens’.

Yet contemporary crises seem to bring ‘the people’ back into the picture, at least insofar as various attempts at regional cooperation and integration stumble upon the ideas, values and expectations of the citizens. The Euro-crisis is not just a matter of scarce liquidity and overexposure of a few national governments and most private banks. It is first and foremost a legitimacy crisis, which is revealing the fundamental limitations of an elite-driven regionalism model. Not disputing the pivotal role that European political elites played in setting the integration process in motion, there is little doubt that ‘deep integration’ will only be achieved when European citizens will have a say over the type of developmental trajectory that the EU should adopt as well as its ultimate goals. Looking at the astonishing amount of public resources channelled to rescue private banks in comparison to the harsh austerity plans enforced on allegedly profligate Member States, one cannot help but ask the question: what actual interests drive regionalism in the world?

Most observers have been traditionally looking at regionalization processes as politically neutral phenomena in international affairs. Research in this field has been generally restricted to the ‘quantity’ of regionalism, rather than its ‘quality’. Whether it is to explain the gradual devolution of authority from nation states to supranational institutions (as is the case with neo-functionalism) or whether it is to demonstrate the continuous bargaining process involving national governments (as is the case with intergovernmentalism), mainstream approaches to regional cooperation and integration have refrained from looking at the quality of regionalization processes. Will there be more or fewer regions in the world? Will regional institutions replace the nation state? Will regional governance become predominant in the years to come? Granted, these are very important questions and deserve to be examined in depth, especially in academic circles. Yet, the current crises force us to assess the state of regionalism in the world not only in terms of its predominance and diffusion, but also – and more importantly – in terms of how it contributes, if any, towards the well-being of our societies.  

Most ‘models’ and ‘practices’ of regionalism have tended to exclude the diversity of voices and roles in society. They have often served the specific interests of ruling elites (as in Latin America and Africa), the ambitions of hegemonic actors (as in Europe and Asia) or the agendas of industrial and financial powers. Moreover, through their apparently neutral technocratic character, most attempts at regional cooperation and integration have aimed to obscure the fact that there are always winners and losers in regionalism processes. 

This top-down model is being increasingly challenged. Overlapping crises and the redistribution of power at the global level call into question the capacity of regions to deliver on their promises, thus unveiling the unavoidable political character of any model of regionalism. In response to the growing cost of regionalism, citizens want to have more say over future regional trajectories and exercise their democratic powers. As a consequence, regionalism is evolving from a ‘closed’ process, designed and packaged by a small circle of political and economic elites, to an ‘open’ process, in which democratic participation and accountability are playing an ever more important role. Borrowing from the jargon of Internet users, one may say that regions are transitioning from a 1.0 phase dominated by technocrats to a 2.0 stage characterised by horizontal networks, alternative models and citizens’ contestations.

The EU, undoubtedly the most advanced and successful example of regionalism in the world, is now experiencing the direst consequences of such a transition. Amid rising unemployment, social malaise and growing discontent for the lack of accountability of national and regional politics, millions of citizens have been protesting against the Union and its political and economic agenda. Contrary to what eurosceptics would have us believe, these citizens do not call for less Europe: they want a different Europe. They would like regional integration to be more about connecting cultures and individuals and less about supporting capital. They would like their regional institutions to focus on helping the unemployed rather than bailing out bankrupt banks. They would like to see more solidarity across classes and generations, rather than less. They would like cooperation to be about building a different future instead of reshuffling old ideas. The future of regionalism may very well entail a growing ‘politicisation’ of regions, whereby citizens and civil society demand more voice and power in influencing not just general principles and values, but also the long-term political trajectories of their regions.

 

Source: Open Democracy

por Kintto Lucas

ALAI AMLATINA, treat 16/07/2013.- En los últimos años, pharm América del Sur ha dado pasos decisivos en su camino hacia la integración regional. Conscientes de los desafíos que ha generado la globalización y que se han evidenciado en las crisis económicas y políticas internacionales, buy así como en la proliferación de actividades ilícitas transnacionales que traspasan las capacidades individuales de los Estados, algunos países han comenzado a entender que las ventajas de una mayor cooperación e intercambio comercial no son el objetivo final, sino que es necesario coordinar respuestas en políticas económicas y fiscales, pero también sociales, en manejo de recursos naturales, temas ambientales, de defensa y en otros ámbitos, para enfrentar las amenazas. Pero sobre todo, que en el mundo que se va configurando es imposible caminar solos, y es fundamental caminar en colectivo

Para reforzar la integración es necesario incrementar los niveles de interdependencia económica y comercial en la región. Es un camino complejo pero no imposible. Falta todavía profundizar en una mirada colectiva y dejar de mirarse cada uno al ombligo. Es necesario que las economías más grandes sean más solidarias con las economías pequeñas, pero también es fundamental que éstas busquen un desarrollo propio, dejen de ser parasitarias y no se escondan detrás la farsa de revender productos traídos de otros países sin incorporar agregado nacional o solo colocando una etiqueta de industria nacional.

De a poco América del Sur se va alejando de la teoría de integración regional que promueve el divorcio entre Economía y Política, y que terminó por arrastrar a muchos países a la falacia del “mercado auto regulador” como promotor del desarrollo. Sin embargo, es preocupante observar que después de las nefastas experiencias con la aplicación de la terapias de shock de mercado –en palabras de Naomi Klein-, este tipo de medidas políticas se siguen vendiendo desde algunos países de la OCDE, organizaciones financieras multilaterales, sectores políticos de derecha y ciertos empresarios, como la panacea para la proyección económica de nuestros países.

Desde el Norte se promueven los tratados de libre comercio y la liberalización y desregulación financiera, así como la privatización y la flexibilización del mercado de trabajo como los mecanismos fundamentales para la integración a la economía internacional. En América del Sur hay quienes escuchan esos cantos de sirena y defienden la necesidad urgente de crear un área de libre comercio estilo ALCA. Pretenden así reponer los fracasos del modelo neoliberal.

La integración regional de Suramérica debe recuperar el rol del Estado sobre el mercado, y de la sociedad sobre el Estado y el mercado. Los Estados Suramericanos integrados deben controlar el mercado suramericano integrado. Y la sociedad suramericana debe jugar un papel fundamental con su participación para controlar los Estados y los mercados integrados. Esa integración debe generar vías para un modelo de desarrollo que permita la proyección de cada país y la proyección conjunta. La eficacia y el aprovechamiento de las sinergias regionales dependen de la capacidad de entender que es un proyecto colectivo, no individual, y del tejido institucional que se consolide en el proceso de integración.

Fortalecer y profundizar la integración en América del Sur, pasa por fortalecer y profundizar Unasur, y en ese camino es fundamental fortalecer y profundizar el Mercosur caminando hacia un Mercosur Suramericano. Pero eso depende de la capacidad que muestren nuestros Estados para reconfigurar sus estructuras productivas. Esto será posible si los gobiernos van de a poco trascendiendo el ámbito de la mera racionalidad económica y se comprometen en la construcción de una Política Económica Común e Inclusiva, que aproveche las ventajas de la región en recursos alimenticios, hídricos, materias primas industriales y energéticas, generando una integración productiva y la complementariedad entre los países.

En el nuevo orden mundial, la importancia de América del Sur en la economía internacional es innegable. Es uno de los polos económicos más dinámicos. Actualmente, el PIB de los países de la Suramérica representa el 73 por ciento del de América Latina y el Caribe, que a su vez representa el 8 por ciento del comercio mundial. A pesar del peso económico, la matriz productiva y exportadora de nuestros países continúa centrada en el sector primario y en las manufacturas intensivas en materias primas y recursos naturales. Este fenómeno responde a los altos precios de los commodities en el mercado internacional, pero también a la concentración de la inversión, tanto nacional como extranjera, en la explotación de materias primas. Como consecuencia, los países suramericanos enfrentan la amenaza de la desindustrialización y reprimariziación de sus economías. Estos procesos conllevan el aparecimiento de enclaves productivos cuya generación de riqueza no se transmite al total de la economía, dadas las escasas concatenaciones productivas que generan y la fuga de capitales en forma de repatriación de ganancias y beneficios y de incremento desmedido de las importaciones. Esos enclaves, muchas veces son parte de la parasitaria inversión extranjera que no paga impuestos y aporta muy poco a nuestros países.

La forma independiente que los países suramericanos han concebido su desarrollo económico, ha dado origen al establecimiento de estructuras productivas orientadas a satisfacer solamente necesidades extra regionales, llevando a que la dinámica económica de los países de la región contribuya en poco o nada a la dinámica económica colectiva de la región. Debido a este modo individualista de concebir el crecimiento económico y de aplicar políticas comerciales fundamentadas en aperturismos indiscriminados, la mayor parte de las economías suramericanas han experimentado procesos de desmantelamiento productivo o pérdida de dinamismo económico en los sectores industriales. Paralelamente grandes segmentos de nuestras poblaciones ven disminuir el desempleo pero crecer el empleo precario. Y observan que, si bien se nota una clara disminución de la pobreza, la desigualdad se mantiene y a veces es más evidente.

Es necesario que la integración económica suramericana gire en torno a la articulación de las economías nacionales, que las estructuras productivas busquen satisfacer las necesidades de los habitantes de la región, de modo que podamos desarrollar nuestros sectores manufactureros y de servicios. En ese sentido se debe asegurar las condiciones jurídicas y técnicas para promover inversiones productivas regionales. Y finalmente hay que configurar ordenamientos productivos que contribuyan a que todas y cada una de las economías de la región alcancen niveles altos de competitividad para poder, en otra fase, competir en los mercados de servicios y manufacturas de mediano y alto valor agregado internacionales.

En el difícil camino hacia un Mercosur Suramericano, Mercosur debe transformarse en la cabeza de puente para formar un bloque comercial suramericano, que se rija por los principios de solidaridad, complementariedad y consideración de las asimetrías en los niveles de desarrollo económico y social de los diferentes miembros, que priorice el papel del Estado, que tenga como finalidad el bienestar de la población en lugar de las ganancias del gran capital, y que sirva como ejemplo de un modelo de regionalismo diferente, frente a los esquemas tradicionales que se basan en el fundamentalismo de mercado.

– Kintto Lucas es Embajador Itinerante de Uruguay para Unasur, Celac y Alba. Ex Vicecanciller de Ecuador.

Fuente: http://alainet.org/active/65704&lang=es

por Kintto Lucas

ALAI AMLATINA, 16/07/2013.- En los últimos años,
América del Sur ha dado pasos decisivos en su camino hacia la integración regional. Conscientes de los desafíos que ha generado la globalización y que se han evidenciado en las crisis económicas y políticas internacionales, check así como en la proliferación de actividades ilícitas transnacionales que traspasan las capacidades individuales de los Estados, algunos países han comenzado a entender que las ventajas de una mayor cooperación e intercambio comercial no son el objetivo final, sino que es necesario coordinar respuestas en políticas económicas y fiscales, pero también sociales, en manejo de recursos naturales, temas ambientales, de defensa y en otros ámbitos, para enfrentar las amenazas. Pero sobre todo, que en el mundo que se va configurando es imposible caminar solos, y es fundamental caminar en colectivo

Para reforzar la integración es necesario incrementar los niveles de interdependencia económica y comercial en la región. Es un camino complejo pero no imposible. Falta todavía profundizar en una mirada colectiva y dejar de mirarse cada uno al ombligo. Es necesario que las economías más grandes sean más solidarias con las economías pequeñas, pero también es fundamental que éstas busquen un desarrollo propio, dejen de ser parasitarias y no se escondan detrás la farsa de revender productos traídos de otros países sin incorporar agregado nacional o solo colocando una etiqueta de industria nacional.

De a poco América del Sur se va alejando de la teoría de integración regional que promueve el divorcio entre Economía y Política, y que terminó por arrastrar a muchos países a la falacia del “mercado auto regulador” como promotor del desarrollo. Sin embargo, es preocupante observar que después de las nefastas experiencias con la aplicación de la terapias de shock de mercado –en palabras de Naomi Klein-, este tipo de medidas políticas se siguen vendiendo desde algunos países de la OCDE, organizaciones financieras multilaterales, sectores políticos de derecha y ciertos empresarios, como la panacea para la proyección económica de nuestros países.

Desde el Norte se promueven los tratados de libre comercio y la liberalización y desregulación financiera, así como la privatización y la flexibilización del mercado de trabajo como los mecanismos fundamentales para la integración a la economía internacional. En América del Sur hay quienes escuchan esos cantos de sirena y defienden la necesidad urgente de crear un área de libre comercio estilo ALCA. Pretenden así reponer los fracasos del modelo neoliberal.

La integración regional de Suramérica debe recuperar el rol del Estado sobre el mercado, y de la sociedad sobre el Estado y el mercado. Los Estados Suramericanos integrados deben controlar el mercado suramericano integrado. Y la sociedad suramericana debe jugar un papel fundamental con su participación para controlar los Estados y los mercados integrados. Esa integración debe generar vías para un modelo de desarrollo que permita la proyección de cada país y la proyección conjunta. La eficacia y el aprovechamiento de las sinergias regionales dependen de la capacidad de entender que es un proyecto colectivo, no individual, y del tejido institucional que se consolide en el proceso de integración.

Fortalecer y profundizar la integración en América del Sur, pasa por fortalecer y profundizar Unasur, y en ese camino es fundamental fortalecer y profundizar el Mercosur caminando hacia un Mercosur Suramericano. Pero eso depende de la capacidad que muestren nuestros Estados para reconfigurar sus estructuras productivas. Esto será posible si los gobiernos van de a poco trascendiendo el ámbito de la mera racionalidad económica y se comprometen en la construcción de una Política Económica Común e Inclusiva, que aproveche las ventajas de la región en recursos alimenticios, hídricos, materias primas industriales y energéticas, generando una integración productiva y la complementariedad entre los países.

En el nuevo orden mundial, la importancia de América del Sur en la economía internacional es innegable. Es uno de los polos económicos más dinámicos. Actualmente, el PIB de los países de la Suramérica representa el 73 por ciento del de América Latina y el Caribe, que a su vez representa el 8 por ciento del comercio mundial. A pesar del peso económico, la matriz productiva y exportadora de nuestros países continúa centrada en el sector primario y en las manufacturas intensivas en materias primas y recursos naturales. Este fenómeno responde a los altos precios de los commodities en el mercado internacional, pero también a la concentración de la inversión, tanto nacional como extranjera, en la explotación de materias primas. Como consecuencia, los países suramericanos enfrentan la amenaza de la desindustrialización y reprimariziación de sus economías. Estos procesos conllevan el aparecimiento de enclaves productivos cuya generación de riqueza no se transmite al total de la economía, dadas las escasas concatenaciones productivas que generan y la fuga de capitales en forma de repatriación de ganancias y beneficios y de incremento desmedido de las importaciones. Esos enclaves, muchas veces son parte de la parasitaria inversión extranjera que no paga impuestos y aporta muy poco a nuestros países.

La forma independiente que los países suramericanos han concebido su desarrollo económico, ha dado origen al establecimiento de estructuras productivas orientadas a satisfacer solamente necesidades extra regionales, llevando a que la dinámica económica de los países de la región contribuya en poco o nada a la dinámica económica colectiva de la región. Debido a este modo individualista de concebir el crecimiento económico y de aplicar políticas comerciales fundamentadas en aperturismos indiscriminados, la mayor parte de las economías suramericanas han experimentado procesos de desmantelamiento productivo o pérdida de dinamismo económico en los sectores industriales. Paralelamente grandes segmentos de nuestras poblaciones ven disminuir el desempleo pero crecer el empleo precario. Y observan que, si bien se nota una clara disminución de la pobreza, la desigualdad se mantiene y a veces es más evidente.

Es necesario que la integración económica suramericana gire en torno a la articulación de las economías nacionales, que las estructuras productivas busquen satisfacer las necesidades de los habitantes de la región, de modo que podamos desarrollar nuestros sectores manufactureros y de servicios. En ese sentido se debe asegurar las condiciones jurídicas y técnicas para promover inversiones productivas regionales. Y finalmente hay que configurar ordenamientos productivos que contribuyan a que todas y cada una de las economías de la región alcancen niveles altos de competitividad para poder, en otra fase, competir en los mercados de servicios y manufacturas de mediano y alto valor agregado internacionales.

En el difícil camino hacia un Mercosur Suramericano, Mercosur debe transformarse en la cabeza de puente para formar un bloque comercial suramericano, que se rija por los principios de solidaridad, complementariedad y consideración de las asimetrías en los niveles de desarrollo económico y social de los diferentes miembros, que priorice el papel del Estado, que tenga como finalidad el bienestar de la población en lugar de las ganancias del gran capital, y que sirva como ejemplo de un modelo de regionalismo diferente, frente a los esquemas tradicionales que se basan en el fundamentalismo de mercado.

– Kintto Lucas es Embajador Itinerante de Uruguay para Unasur, Celac y Alba. Ex Vicecanciller de Ecuador.

Fuente: http://alainet.org/active/65704&lang=es

16 July by Eric Toussaint

 

Interview by Monique Van Dieren and Claudia Benedetto for Contrastes magazine |1|.

The EU and the Eurozone were created solely to favour capital and apply its principles: total liberty of movement for capital,
free circulation of goods and services, unrestricted commercial competition and the undermining of the very principle of public services, among others.

Capital is given a free rein to maximise its profits, wrongly supposing that if private initiative is favoured all will be well. In following this principle and in reducing state intervention to a minimum in terms of regulations and budgets, we now have a Europe which costs only 1% of its GDP whereas the budgets of the most industrialised countries are at about 40% to 50% of their GDP! This 1% is scrawny and nearly half of it goes to the Common Agricultural Policy. In consequence Europe has not developed the means to reduce the differences between its strongest economies and the others. When these economies are put onto the same playing field their differences are aggravated.

Are there other points of division?

Not only do we have opposition between, on the one hand, countries like Greece, Ireland , Portugal, Spain and the East European countries, and on the other hand, the strongest EU countries, but also inside each of these countries, where income disparities have increased following reforms of the labour markets.
The policies that have been applied by the EU member states have contributed to these inequalities. A prime example is Germany, where counter-reforms, that aim to create a greater variety of employment models, have been put into place. There are currently 7 million full time employees earning less than 400 euros a month!

Tax policy is known to be at the heart of the European problem and of the indebtedness of member states. How can the fact that most European countries are maintaining internal competition be explained?

Europe has refused fiscal harmonisation. The result is that there is enormous disparity between systems of taxation. In Cyprus, corporation tax is 10%. That should change with the present crisis. In Ireland corporation tax is 12.5% and in Belgium, 33.99%. These differences allow companies to declare their revenues where the tax bite is the least. Current European fiscal policy protects tax evasion. Tax havens exist within the European Union – notably the City of London – and the Eurozone, with the Grand Duchy of Luxemburg.

It is quite possible to implement measures of fiscal justice at a national level. The common belief that “being in the Eurozone it is impossible to apply major fiscal measures” is false. We are told there are no alternatives. Those who invoke these arguments are protecting the fraudsters. We can see that solutions previously considered impossible are being imagined in the “case” of Cyprus: bank deposits of over 100,000 euros are to be taxed; controls of capital movements are being put into place. I am against the plan imposed on Cyprus by the Troika because the goals are to impose global antisocial policies; but certain measures show the clear possibility of controlling capital flows and of greatly increasing tax-rates above a given level of wealth.
In spite of EU regulations, it is perfectly possible for countries to refuse the policies of the commission and impose renegotiations at the European level. Europe must be reconstructed democratically. In the meantime the left-wing governments must break ranks. If François Hollande really represented the will of the French people that elected him he would have insisted on renegotiating the European Fiscal Compact with Angela Merkel and if she refused he could have refused to vote it in. This would have prevented its adoption.

The euro crisis is clearly the result of an absence of sound political governance (lack of coherent economic, financial, fiscal and social policies). The lack of real European support for Greece in the face of its debt problems shows the fragility of a union that is not based on solidarity. Does this euro crisis toll the bell for European solidarity? Is the dream of European federalism dead and buried?

The EU as it exists has never hinged on solidarity, unless it be in favour of the big European companies. The European governments have continually applied measures that favour them and the European banks. When it comes to helping the weaker people and the weaker economies, there is no solidarity. One could say that there is one kind of solidarity: a class solidarity, a solidarity between capitalists.
Federalism is possible but it must be constituted by the peoples. Guy Verhofstadt and Daniel Cohn-Bendit advocate a federalism imposed from above. We need a federalism that arises from the will of the people.
Federation is possible and necessary, but that implies that the solution to the European crisis should come from the base. That does not mean a withdrawal behind national frontiers, but solidarity between European peoples and a European constitution decided by the people themselves.

What must be done to make the European institutions more democratic?

The existing non democratic institutions must be taken apart and replaced by new ones, created by a peoples’ constituent assembly! The legislative power (the European Parliament) is extremely weak, too much in the thrall of the Executive.

Awaiting this miracle remedy, do you have a concrete idea of how to reconcile Europe’s citizens with Europe?

Within national frontiers, initiatives must be taken by the social movements and corresponding left-wing organisations towards defining common objectives. At the European level, through the Alter Summit movement, we are trying to create a maximum of convergence between citizens’ movements, social movements and European trade unions |2|. It is not easy, up to now it has been too slow, but a coalition of European social movements must nevertheless be created. Relaunching the “Indignés” movement must be encouraged if it is possible, supporting Blockupy in Frankfurt against the ECB. |3| Also, feminist movements and actions against austerity programmes in Europe must be given all possible support
 |4|. Along with this, other European initiatives must be reinforced, such as the the European and Mediterranean citizens’ audits networks (ICAN) |5|, the European network against the privatisation of health services |6| and the efforts to create a European anti-fascist movement |7|, the ” European peoples against the Troika”, which organised actions in dozens of towns and cities across Europe on 1st June 2013 |8|.

Europe has a purpose because…
Solidarity between the peoples is necessary and undoubtedly possible.

Europe has a purpose on condition that…
The process comes from the people. A constituent assembly of the European peoples must found a completely new Europe!
It is time to abandon the dominant ideology that has reigned for so long. There are several possible ways to resolve the crisis. The austerity measures currently applied can only make it worse. We are facing 10 to 15 years of crisis and very limited growth. Unless, that is, the social movements manage to put structural reforms into place, such as the socialisation of the banks; the consolidation of public services; the reconstruction of a Europe based on a peoples’constituent assembly; a Europe in solidarity with the rest of the World. Illegitimate public debt must also be abolished by developing initiatives of citizens’ audits as is the case in Belgium today |9|. This solution presupposes that the social movements and the radical left are capable of proposing real alternatives, with a coherent programme that goes beyond neo-Keynesianism. I would be disappointed if this capitalist crisis were to achieve no more than slightly better discipline. Regulated green capitalism is not a solution to the fundamental problem of climate change. We must abolish the capitalist system.

Translated by Vickie Briault and Mike Krolikowski

Footnotes

|1| The original version of this interview (in French only) is available on the Equipes populaires website which publishes Contrastes magazine: http://www.equipespopulaires.be/sit…

This version has been especially adapted for the CADTM website www.cadtm.org

|2| See http://www.altersummit.eu/

|3| See (in French only) http://cadtm.org/Francfort-ein-zwei…

|4| See (in French only) http://cadtm.org/Femmes-d-Europe-en… and http://cadtm.org/Une-tres-prometteu…

|5| See http://www.citizen-audit.net/ and http://cadtm.org/Coordinated-effort… and cadtm.org/ICAN

|6| See (in French only) http://reseau-europeen-droit-sante…. and http://www.sante-solidarite.be/acti…

|7| See http://cadtm.org/For-a-European-ant…

|8| See http://cadtm.org/From-the-crisis-ed…

|9| See (in French only) http://cadtm.org/Declaration-pour-l…

 

Source: http://cadtm.org/Eric-Toussaint-The-EU-has-never

16 July by Eric Toussaint

 

Interview by Monique Van Dieren and Claudia Benedetto for Contrastes magazine |1|.

The EU and the Eurozone were created solely to favour capital and apply its principles: total liberty of movement for capital, remedy free circulation of goods and services, salve unrestricted commercial competition and the undermining of the very principle of public services, among others.

Capital is given a free rein to maximise its profits, wrongly supposing that if private initiative is favoured all will be well. In following this principle and in reducing state intervention to a minimum in terms of regulations and budgets, we now have a Europe which costs only 1% of its GDP whereas the budgets of the most industrialised countries are at about 40% to 50% of their GDP! This 1% is scrawny and nearly half of it goes to the Common Agricultural Policy. In consequence Europe has not developed the means to reduce the differences between its strongest economies and the others. When these economies are put onto the same playing field their differences are aggravated.

Are there other points of division?

Not only do we have opposition between, on the one hand, countries like Greece, Ireland , Portugal, Spain and the East European countries, and on the other hand, the strongest EU countries, but also inside each of these countries, where income disparities have increased following reforms of the labour markets.
The policies that have been applied by the EU member states have contributed to these inequalities. A prime example is Germany, where counter-reforms, that aim to create a greater variety of employment models, have been put into place. There are currently 7 million full time employees earning less than 400 euros a month!

Tax policy is known to be at the heart of the European problem and of the indebtedness of member states. How can the fact that most European countries are maintaining internal competition be explained?

Europe has refused fiscal harmonisation. The result is that there is enormous disparity between systems of taxation. In Cyprus, corporation tax is 10%. That should change with the present crisis. In Ireland corporation tax is 12.5% and in Belgium, 33.99%. These differences allow companies to declare their revenues where the tax bite is the least. Current European fiscal policy protects tax evasion. Tax havens exist within the European Union – notably the City of London – and the Eurozone, with the Grand Duchy of Luxemburg.

It is quite possible to implement measures of fiscal justice at a national level. The common belief that “being in the Eurozone it is impossible to apply major fiscal measures” is false. We are told there are no alternatives. Those who invoke these arguments are protecting the fraudsters. We can see that solutions previously considered impossible are being imagined in the “case” of Cyprus: bank deposits of over 100,000 euros are to be taxed; controls of capital movements are being put into place. I am against the plan imposed on Cyprus by the Troika because the goals are to impose global antisocial policies; but certain measures show the clear possibility of controlling capital flows and of greatly increasing tax-rates above a given level of wealth.
In spite of EU regulations, it is perfectly possible for countries to refuse the policies of the commission and impose renegotiations at the European level. Europe must be reconstructed democratically. In the meantime the left-wing governments must break ranks. If François Hollande really represented the will of the French people that elected him he would have insisted on renegotiating the European Fiscal Compact with Angela Merkel and if she refused he could have refused to vote it in. This would have prevented its adoption.

The euro crisis is clearly the result of an absence of sound political governance (lack of coherent economic, financial, fiscal and social policies). The lack of real European support for Greece in the face of its debt problems shows the fragility of a union that is not based on solidarity. Does this euro crisis toll the bell for European solidarity? Is the dream of European federalism dead and buried?

The EU as it exists has never hinged on solidarity, unless it be in favour of the big European companies. The European governments have continually applied measures that favour them and the European banks. When it comes to helping the weaker people and the weaker economies, there is no solidarity. One could say that there is one kind of solidarity: a class solidarity, a solidarity between capitalists.
Federalism is possible but it must be constituted by the peoples. Guy Verhofstadt and Daniel Cohn-Bendit advocate a federalism imposed from above. We need a federalism that arises from the will of the people.
Federation is possible and necessary, but that implies that the solution to the European crisis should come from the base. That does not mean a withdrawal behind national frontiers, but solidarity between European peoples and a European constitution decided by the people themselves.

What must be done to make the European institutions more democratic?

The existing non democratic institutions must be taken apart and replaced by new ones, created by a peoples’ constituent assembly! The legislative power (the European Parliament) is extremely weak, too much in the thrall of the Executive.

Awaiting this miracle remedy, do you have a concrete idea of how to reconcile Europe’s citizens with Europe?

Within national frontiers, initiatives must be taken by the social movements and corresponding left-wing organisations towards defining common objectives. At the European level, through the Alter Summit movement, we are trying to create a maximum of convergence between citizens’ movements, social movements and European trade unions |2|. It is not easy, up to now it has been too slow, but a coalition of European social movements must nevertheless be created. Relaunching the “Indignés” movement must be encouraged if it is possible, supporting Blockupy in Frankfurt against the ECB. |3| Also, feminist movements and actions against austerity programmes in Europe must be given all possible support
 |4|. Along with this, other European initiatives must be reinforced, such as the the European and Mediterranean citizens’ audits networks (ICAN) |5|, the European network against the privatisation of health services |6| and the efforts to create a European anti-fascist movement |7|, the ” European peoples against the Troika”, which organised actions in dozens of towns and cities across Europe on 1st June 2013 |8|.

Europe has a purpose because…
Solidarity between the peoples is necessary and undoubtedly possible.

Europe has a purpose on condition that…
The process comes from the people. A constituent assembly of the European peoples must found a completely new Europe!
It is time to abandon the dominant ideology that has reigned for so long. There are several possible ways to resolve the crisis. The austerity measures currently applied can only make it worse. We are facing 10 to 15 years of crisis and very limited growth. Unless, that is, the social movements manage to put structural reforms into place, such as the socialisation of the banks; the consolidation of public services; the reconstruction of a Europe based on a peoples’constituent assembly; a Europe in solidarity with the rest of the World. Illegitimate public debt must also be abolished by developing initiatives of citizens’ audits as is the case in Belgium today |9|. This solution presupposes that the social movements and the radical left are capable of proposing real alternatives, with a coherent programme that goes beyond neo-Keynesianism. I would be disappointed if this capitalist crisis were to achieve no more than slightly better discipline. Regulated green capitalism is not a solution to the fundamental problem of climate change. We must abolish the capitalist system.

Translated by Vickie Briault and Mike Krolikowski

Footnotes

|1| The original version of this interview (in French only) is available on the Equipes populaires website which publishes Contrastes magazine: http://www.equipespopulaires.be/sit…

This version has been especially adapted for the CADTM website www.cadtm.org

|2| See http://www.altersummit.eu/

|3| See (in French only) http://cadtm.org/Francfort-ein-zwei…

|4| See (in French only) http://cadtm.org/Femmes-d-Europe-en… and http://cadtm.org/Une-tres-prometteu…

|5| See http://www.citizen-audit.net/ and http://cadtm.org/Coordinated-effort… and cadtm.org/ICAN

|6| See (in French only) http://reseau-europeen-droit-sante…. and http://www.sante-solidarite.be/acti…

|7| See http://cadtm.org/For-a-European-ant…

|8| See http://cadtm.org/From-the-crisis-ed…

|9| See (in French only) http://cadtm.org/Declaration-pour-l…

Raúl Zibechi

ALAI AMLATINA, prescription 18/06/2013.- Dos proyectos de asociación regional se enfrentan en América del Sur: la Alianza del Pacífico y la UNASUR. Ambas son incompatibles, responden a intereses geopolíticos opuestos que colocan a cada uno de los países de la región ante una disyuntiva. Ya no quedan espacios ni para ingenuidades ni para distracciones.

“Existe una cierta tendencia en nuestras perspectivas integracionistas a sobrecargar de ideología las lecturas sobre los diferentes proyectos subregionales”, escribió Carlos Chacho Álvarez, secretario general de Aladi (Tiempo Argentino, 2 de junio de 2013). Por esa razón considera que contraponer la Alianza del Pacífico al Mercosur ampliado, “resulta claramente un signo negativo, cuando no un retroceso”. De todos modos, Álvarez apuesta por la Unasur y la Celac “como los dos proyectos más ambiciosos e integrales de la región”, que al excluir a Estados Unidos y Canadá enseñan también su costado ideológico. (1)

“El continente se dividió”, apunta el ex presidente de Brasil Fernando Henrique Cardoso en referencia al nacimiento de la Alianza del Pacífico (Valor, 30 de noviembre de 2012). “De alguna manera perdemos nuestra relevancia política en el continente que era incontestable”, añade. Cardoso cree que la salida para su país es “una negociación a fondo con los Estados Unidos”, a la que “siempre tuvimos miedo”.

Deslizándose por encima de los dos bloques, el presidente peruano Ollanta Humala recibió a principios de junio a Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco del foro “10 Años de la Alianza Estratégica Brasil-Perú 2003-2013”, y señaló que en diez años “se ha avanzado mucho en la integración peruano-brasileña y sobre todo en el entendimiento de que es una alianza natural para poder integrar un bloque bioceánico Atlántico-Pacífico” (La Voz de Rusia, 6 de junio de 2013).

En el mismo acto Lula recordó que una década atrás fue muy criticado en su país por firmar el acuerdo de integración con Perú, pues las elites brasileñas consideran que sólo se alcanzaría el desarrollo en base a relaciones comerciales con Estados Unidos y la Unión Europea: “América del Sur no existía, ni América Latina, no existía África ni los países árabes, yo creía que se podía cambiar la geografía comercial y política del mundo si creíamos en nosotros mismos, pero no era un discurso fácil”, sentenció el ex presidente.

Lula apoyó su discurso en datos irrefutables: el comercio bilateral pasó de 650 millones de dólares en 2003 a 3.700 millones en 2012. Las inversiones privadas brasileñas en Perú ascienden a 6.000 millones de dólares y lanzó el desafío de exportar productos industriales y con elevada composición tecnológica con el objetivo de que ambas economías “puedan complementarse”. Conscientemente abordó el punto clave de cualquier proceso serio de integración.

Los TLC hilvanados

La Alianza del Pacífico nació en abril de 2001 con la “Declaración de Lima”, iniciativa del entonces presidente Alan García, entre cuatro países que tienen Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos: México, Colombia, Perú y Chile. El 6 de junio de 2012 se firmó el “Acuerdo Marco de Antofagasta” por los presidentes Sebastián Piñera, Juan Manuel Santos, Humala y Felipe Calderón. Panamá y Costa Rica fueron los primeros miembros observadores, a los que luego se sumaron España, Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Uruguay, y en las siguientes cumbres se incorporaron Ecuador, El Salvador, Francia, Japón, Honduras, Paraguay, Portugal y República Dominicana.

Los defensores de la Alianza suelen decir que los cuatro países que la integran suman 200 millones de habitantes, representan el 55 por ciento de las exportaciones latinoamericanas y el 40 por ciento del PIB de la región. Dos destacados economistas de la región, el peruano Oscar Ugarteche y el brasileño José Luis Fiori, coinciden en analizar los procesos regionales como si fueran un juego de ajedrez, en el que la movida de una pieza por uno de los jugadores debe ir acompañada de una respuesta del otro contendiente adecuada al desafío recibido. Cuando se produjo el “golpe constitucional” que apartó a Fernando Lugo del gobierno, Paraguay fue separado del Mercosur y se le dio el ingreso a Venezuela. Del mismo modo debe interpretarse la creación de la Alianza del Pacífico: una respuesta a la creación de la Unasur encabezada por Brasil.

Cuando se formó la Alianza, Ugarteche sostuvo: “Los tres gobiernos sudamericanos del grupo (Chile, Colombia y Perú) tienen en común no haber firmado el acta de constitución del Banco del Sur, no tener acuerdos comerciales con el Mercosur vigentes, son observadores, tener TLCs firmados con Estados Unidos que aseguran arancel cero, lo que impide el acuerdo con el Mercosur cuyo piso es 5 por ciento, y carecer de un sector industrial nacional significativo” (Alai, 26 de abril de 2011). Su conclusión era que la Alianza es “un contrapeso a la influencia brasileña en Sudamérica” que “sirve no para competir sino para bloquear”.

Sin embargo, en un reciente artículo el economista sostiene que en los últimos tiempos “quien ha realizado los mejores movimientos ha sido sin duda la Alianza del Pacífico”, no tanto por sus propios méritos como por el notable estancamiento del Mercosur por el atasco en las relaciones entre Buenos Aires y Brasilia (Alai, 24 de abril de 2013). Entre esos avances figura el acercamiento del Paraguay pos Lugo. Así y todo, la Alianza debe sortear numerosas dificultades entre las que destacan la oposición de sectores del empresariado colombiano a un acuerdo que no les genera nuevas oportunidades sino “un detrimento de la balanza comercial y del empleo”.

Las dificultades de la integración

Los datos sobre inversión extranjera directa (IED) pueden tomarse como una radiografía de la región. La IED ha escalado de forma exponencial en América del Sur, pasando de poco más de 30.000 millones de dólares anuales en los primeros años de la década de 2000 a 143.000 millones en 2012. Se multiplicó por más de cinco, según el último informe de la CEPAL. (2)

Vale la pena destacar que los tres países andinos de la Alianza del Pacífico pasaron de recibir una IED de 11.000 millones de dólares al comenzar el siglo a percibir 58.000 millones. El mayor crecimiento de la región. Pero lo que revela el carácter de las economías nacionales es el sector al que se dirigen.

Chile es el segundo país en volumen de IED, con 30.000 millones de dólares en 2012, pero la mitad se invierte en la minería (49 por ciento) y un quinto en el sector financiero. Colombia recibió una IED de 15.800 millones de dólares, pero más de la mitad van a petróleo y minería. En Perú, que recibió 12.200 millones, sólo la minería absorbe bastante más de la mitad de las inversiones (quizá el 70 por ciento, aunque no hay datos).

En Brasil la relación es justamente la inversa: la industria manufacturera absorbe alrededor del 40 por ciento de las inversiones (decayendo del 47 a 38 por ciento en los últimos años) mientras las actividades extractivas concentran apenas el 13 por ciento. Esto quiere decir que el grueso de la inversión extranjera, de 66.000 millones de dólares (la cuarta del mundo luego de Estados Unidos, China y Hong Kong), se dirige a sectores que generan puestos de trabajo calificados y agregan valor a la producción.

Argentina tiene una situación intermedia entre Brasil y los países andinos. Luego de una década de fuerte retracción, la IED hacia Argentina creció un 27 por ciento en 2012 hasta alcanzar 12.500 millones de dólares. A fines de 2011 la composición sectorial de la IED acumulada en Argentina estaba concentrada en un 44 por ciento en la industria y un 30 por ciento en servicios.

Es cierto que toda la región sufre un proceso de desindustrialización como consecuencia de la competencia china. Pero los efectos son dispares: en algunos casos la dependencia de los bienes naturales es apabullante, convirtiendo a esos países en absolutamente dependientes de los precios de las commodities en las bolsas de valores y, muy en particular, de la evolución del mercado chino. Es posible que la mentada pujanza de la Alianza del Pacífico sea poco más que humo y se evapore cuando esos precios caigan.

Chile no es capaz de absorber productivamente los enormes flujos de IDE que recibe, toda vez que el 26% son reinvertidos inmediatamente fuera del país por las subsidiarias chilenas de empresas extranjeras. La CEPAL concluye que el país andino, colocado como modelo a seguir por buena parte de los economistas de la región, es apenas “una puerta de entrada para otros mercados latinoamericanos”.

Según Fiori los tres países sudamericanos de la Alianza del Pacífico “son pequeñas o medianas economías costeras y de exportación, con escasísimo relacionamiento comercial entre sí, o con México”. El único país que tiene clima templado y tierras productivas, Chile, “es casi irrelevante para la economía sudamericana, además de ser uno de los países más aislados del mundo”, dice el economista brasileño.

Cree que la Alianza del Pacífico no tiene un futuro promisorio. Sus exportaciones son mayores que las del Mercosur, pero el comercio intrazona es ínfimo (dos por ciento del total exportado frente al 13 por ciento del Mercosur). En rigor, es una alianza comercial que no busca la integración.

El problema no radica tanto en las virtudes de la Alianza sino en los problemas que atraviesa el Mercosur. Por un lado, los cuatro países que lo crearon (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) exportan los mismos productos (básicamente soja y carne) a los mismos mercados. Con esa estructura de exportaciones no hay integración posible, que sólo puede forjarse sobre la base de la complementación productiva. Como apunta Fiori, desde la crisis de 2008 y a caballo de la expansión china, se han profundizado las características seculares de las economías sudamericanas que obstaculizan cualquier proyecto de integración: “El hecho de ser una sumatoria de economías primario-exportadoras paralelas y orientadas por los mercados externos” (Pontes, febrero 2013).

Por otro, y estrechamente ligado a lo anterior, la permanente disputa entre Brasil y Argentina por sus exportaciones industriales (automotriz y de electrodomésticos) está empantanando la alianza regional. Cada producto argentino que ingresa en Brasil, le hace perder puestos de trabajo, y viceversa. Los acuerdos comerciales existentes y la opción por la integración aún no se tradujeron en la creación de industrias capaces de complementarse.

En su balance de la inversión extranjera en 2012, la Cepal no deja lugar a dudas: “En América del Sur (sin incluir a Brasil), se ha ido profundizando un patrón de distribución de la IED en el cual los sectores basados en recursos naturales son claramente el primer destino”. La minería absorbió el 51 por ciento de las inversiones en la región, servicios el 37 y la industria apenas el 12 por ciento.

Hora de elegir

“Se puede decir con toda certeza que el ´cisma del Pacífico´ tiene más importancia ideológica que económica en América del Sur y sería casi insignificante políticamente si no se tratara de una pequeña franja del proyecto de Obama de crear una Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), pieza central de su política de reafirmación del poder económico y militar en la región del Pacífico”, señala Fiori (Pontes, febrero de 2013).

Este es quizá el nudo de la cuestión. México es ya una pieza inseparable de la economía estadounidense. Luego de la crisis de 2008, que le impone serias restricciones presupuestales, la estrategia de los Estados Unidos consiste en “tercerizar” la administración de su poder global pero con el cuidado de impedir que surjan potencias regionales que amenacen su posición y en particular el predominio aéreo y naval. A través del sistema financiero, razona Fiori, la superpotencia sigue traspasando sus costos y sus crisis a terceros países, como sucedió con su principal aliado, la Unión Europea, manteniendo en tanto el “control monopólico de la innovación tecnológica”.

Ante este panorama, lo decisivo serán las opciones de los demás países, sobre todo el rumbo que adopte Brasil. El profesor Ricardo Sennes, analista internacional de la Universidad de Sao Paulo, sostiene que el crecimiento económico pos 2002 “profundizó las divergencias entre las estrategias económicas de los países, así como se ampliaron las asimetrías entre Brasil y los países de la región” (3).

A esta dificultad estructural se suma que en Brasil prevalece “la preferencia por un patrón de relación regional basado en la proyección de las capacidades políticas brasileñas y no en un patrón de integración regional”. No es lo mismo la densificación de los negocios que una estrategia de integración. En su opinión eso debe a que existe una débil “coalición interna” a favor de la integración y se traduce en un elevado activismo diplomático que contrasta con la baja institucionalidad de la integración. En conclusión, “la regionalización, aumento de las relaciones regionales no derivadas de política y acuerdos entre estados, avanzó más rápida y profundamente que la integración regional”.

Eso se manifiesta en que los miembros del Mercosur han establecido acuerdos más profundos con países de fuera de esta alianza que entre ellos mismos. Sennes concluye que más allá de las declaraciones, “el proyecto regional de Brasil no integra el eje central de su estrategia internacional”. Suena fuerte, pero en modo alguno parece alejado de la realidad. En su apoyo, resume: preferencia por reuniones de cúpula antes que acuerdos institucionales; “integración económica rasa”, o sea focalizada en cuestiones comerciales bilaterales en detrimento de la integración productiva, financiera y logística; privilegiar agencias de crédito domésticas como el BNDES en vez de regionales; y apoyar las iniciativas privadas de inversiones en detrimento de acuerdos regionales de promoción de inversiones.

A partir de este cúmulo de dificultades, Fiori plantea una disyuntiva de hierro. Que Brasil y la región se conviertan en “periferia de lujo” de las grandes potencias, como ya fueron Australia y Canadá, con acuerdos de “socios preferenciales”, en línea con la propuesta de Cardoso y de las elites de cada país, atornillados al papel de exportadores de commodities. O bien emprender un camino alternativo, asentado en la autosuficiencia energética y los recursos naturales estratégicos, combinando “una industria de alto valor agregado como un sector productor de alimentos y commodities de alta productividad”, que no renuncie a la complementariedad y competitividad con Estados Unidos pero que “luche para aumentar su capacidad de decisión estratégica autónoma” (“Brasil e América do Sul: o desafío da inserçâo internacional soberana”, Brasilia, CEPAL/IPEA, 2011).

Las elites han hecho su opción y pelean por ella. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Federación de las Industrias del Estado de San Pablo rechazan cada vez con mayor vigor el Mercosur y ni siquiera toman en cuenta la Unasur. Aecio Neves, candidato por el Partido de la Social Democracia que representa a esos sectores, habla claro: “Tenemos que tener el coraje de repensar y revisar el Mercosur. En este sentido, la Alianza del Pacífico, es un ejemplo ya de movilidad y dinamismo” (La Nación, 9 de junio de 2013).

Esa claridad contrasta con las nebulosas y contradictorias posiciones del progresismo. En el actual panorama global, no hay lugar para la neutralidad. “Los que se consideran neutros son siempre países irrelevantes o que acaban sucumbiendo”, concluye Fiori. Por eso sostiene que la región debería construirse como “un grupo de países aliados capaces de decir no, cuando sea necesario, y capaces de defenderse, cuando sea inevitable”.

Notas

1) Aladi: Asociación Latinoamericana de Integración. Unasur: Unión de Naciones Suramericanas. Celac: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
2) La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2012”, Santiago, 2013.
3) Revista “Tempo do Mundo”, Vol. 3, No. 2, Brasilia, diciembre 2012.

– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, escribe en Brecha y La Jornada y es colaborador de ALAI.

Fuente: http://alainet.org/active/64852&lang=es

De la integración a la independencia

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Marcelo Saguier

ALAI AMLATINA, 27/07/2012.- Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.

– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO

Fuente: http://alainet.org/active/56815

by Kintto Lucas

ALAI AMLAT-en, sildenafil 17/07/2013.- In the past few years, case South America has taken some decisive steps toward regional integration. Aware of the challenges of globalization, which have surfaced in international political and economic crises, as well as in the proliferation of transnational illicit activities that are beyond the capacities of individual states to control, some countries have begun to understand that the advantages of greater cooperation and commercial interchange are not the final goal. Rather it is necessary to coordinate responses not only in economic and fiscal policy, but also in social policy, the control of natural resources, environmental issues, defence and other areas, in order to face the threats that impinge on them. Above all, in the world as it is now developing, it is impossible to walk alone. It is essential to walk together.

To reinforce integration we need to increase levels of economic and commercial interdependence in the region. It is a complex but not impossible course. We need to develop a collective vision and cease to contemplate our own navels. The bigger economies must show greater solidarity with the smaller ones, but it is fundamental that the latter look to their own development, stop being parasites and stop hiding behind the farce of re-selling products brought in from other places without any local value-added, but simply adding labels that proclaim the product to be of national industry.

Little by little South America is moving away from a theory of regional integration that supposes a divorce between economics and politics, and which ended up imposing on many countries the fallacy of a “self-regulating market” as a force for development. Nevertheless, it is worrying to see that after the disastrous experiences with the application of market shock theories — in the words of Naomi Klein – these political measures are still being pushed by some OECD countries, multinational financial organizations, rightwing politicians and some businessmen, as a panacea for the economic protection of our countries.

From the North, we are plied with free trade treaties and liberalization and deregulation of financial structures, along with privatization and flexible labour markets as basic mechanisms for international economic integration. In South America there are people who hear these siren songs and defend the urgent need to create a free trade area along the lines of the FTAA/ALCA. With this they propose to cure the failures of the neoliberal model.

The regional integration of South America must retrieve the role of the State over the market, of society over the State and the market. The integrated South American states should take control of an integrated South American market. And Latin American society should play a fundamental role in participating to control States and integrated markets. This integration should open the way for a development model that allows for the advancement of each country as well as common advancement. The efficacy and the ability for channeling regional synergies depend on the ability to understand that this is a collective project, not an individual one, and to understand that this is an institutional fabric that is created through the process of integration.

To expand and strengthen South American integration, Unasur must be strengthened and extended. It is fundamental to move Mercosur towards a South American Mercosur(1). This depends on the capacity of our States to reconfigure their productive structures.

This will be possible if governments can transcend the limits of mere economic rationality and commit themselves to work towards a Common and Inclusive Economic Policy, which can take advantage of the region’s assets in food and hydraulic resources, raw materials and energy resources, generating a productive integration of a complementary character between countries.

In the new world order, the importance of South America for the international economy is undeniable. It is one of the most dynamic economic poles. At the present time, the GDP of the countries of South America represents 73 per cent of that of Latin America and the Caribbean, which in turn represents 8 per cent of world trade. In spite of its economic weight, the productive and export matrix of our countries continues to be centred on the primary sector and on intensive manufactures in primary resources and natural resources. This phenomenon responds to the high prices of commodities in the international market, but also to the concentration of investment, both national and foreign, in the exploitation of primary resources. In consequence, South American countries face the threat of deindustrialization and of economies centred on the primary sector. These processes lead to the emergence of productive enclaves whose wealth creation does not reach the whole economy, given the few productive networks they generate, as well as capital flight in the form of the repatriation of profits and benefits and the unlimited increase in imports. These enclaves in many cases are part of parasitical foreign investment that does not pay taxes and brings very little to our countries.

The way that Latin American countries have conceived their economic development has given rise to productive structures that are engineered to satisfy extra-regional needs. Because of this, the economic dynamics of the countries of the region contribute little or nothing to the collective economic dynamics of the region. Due to this individualist way of thinking of economic growth and the application of commercial policies based on indiscriminate opening to foreign economies, the greater part of South American economies have undergone processes of productive dismantling or the loss of economic dynamism in industrial sectors. At the same time large segments of our populations have experienced a fall in unemployment but growth in precarious employment. Here, if there is a diminishing amount of poverty, inequality is maintained and is at times even more evident.

It is necessary for South American economic integration to move towards the articulation of national economies, and for productive structures to look to satisfying the needs of the people of the region, in a way that allows us to develop our manufacturing sectors and services. In this sense it is important to establish legal and technical conditions to promote regional productive investment. Finally, it is necessary to set up productive conditions that make it possible for each and every one of the economies of the region to reach high levels of competitiveness in order, at a later moment, to be able to compete in the international markets of manufacturing and service sectors of medium and high added value.

In the difficult path towards a South American Mercosur, Mercosur should become the bridgehead to establish a South American commercial bloc, animated by principles of solidarity, complementarity and the consideration of the asymmetries in the levels of social and economic development of different members, that prioritizes the role of the State, and has as its goal the well-being of the population rather than the profits of big capital, and which can serve as an example of a different regionalist model, in the face of traditional schemes that are based on market fundamentalism.
(Translation: Jordan Bishop, for ALAI)

– Kintto Lucas is the Roaming Ambassador of Uruguay for Unasur, Celac, and Alba. Former vice foreign minister of Ecuador.

(1) Unasur: Union of South American Nations. Mercosur: Southern Common Market.

 

Source: http://www.alainet.org/active/65768

Philip Arestis and Malcolm Sawyer

Whether a euro area banking union would have saved Cyprus from its recent TROIKA (of European Commission, pharm European Central Bank and IMF) tragic treatment is a very interesting question. If it would, find then clearly a move towards a banking union, help as part of the construction of a political union should be a major component of the reconstruction of the euro area. As we argued in our March 2013 blog, the European Union (EU) summit meeting, 28th/29th June 2012, took a number of decisions in terms of a possible euro area banking union. The most relevant decision was the creation of banking supervision by the European Central Bank (ECB), banking licence for the European Stability Mechanism (ESM), and financial assistance by the ESM to governments, members of the euro area, when in financial difficulty. The banking supervision, however, will not come into full operation before 2014. ESM member states would then be able to apply for an ESM bailout when they are in financial difficulty or their financial sector is a threat to stability and in need of recapitalization. This is exactly the problem with the recent Cyprus problem, as we now elaborate.

Essentially the major problem in Cyprus has been the size and insolvency of its banking sector. It is far too big in relation to the total economy (ten times its annual GDP is often quoted by the TROIKA; being big relative to economy means its assets and liabilities relative to GDP are large); it is also the case that as an off-shore financial and business centre, the Cypriot banking attracted a significant amount of foreign deposits. The first feature poses the danger of a ‘systemic risk’ for the entire economy when one or more banks fail. The second feature exposes Cyprus to accusations, such as those from politicians in Germany and elsewhere that Cyprus has become a ‘money-laundering’ centre within the European Union. By the summer of 2012 it became clear that the two biggest domestic banks in Cyprus were in trouble because of huge losses from the exposure of their branches in Greece, in view of the depressed macroeconomic conditions there, promoted by TROIKA; also in view of the ‘haircut’ of the Greek sovereign debt, of which Cypriot banks had acquired a great deal by 2010. This mixture of wrong decision-making by Cypriot bankers and bad luck created the need for bank re-capitalisations. As a result, Cyprus applied for financial help from its partners in the euro area in the summer of 2012.

The request by Cyprus for a bail-out has certain unique features. The tiny economy of Cyprus requested 17.5 billion euros which, by contrast to the previous Southern European bail-outs, was a comparatively trivial sum in absolute terms. It was, nonetheless, quite large, nearly 100%, when expressed as a percentage of Cyprus GDP. The initial negotiations between the TROIKA and the outgoing government of Cyprus were accompanied by political noises from Germany implying that the German electorate was fed up with having to hand over money to the Southern European periphery yet again. The reason as to why the heavily indebted southern periphery of Europe was morally ‘undeserving’ of financial help was simply undesirable money-laundering. The argument produced is that hard working and prudent German tax payers should not be expected to rescue an overblown banking sector in Cyprus, which became a ‘tax haven’ for wealthy non-Europeans. These are especially Russians, whose deposits in Cyprus are thought to be of the order of 25bn euros, an amount that is almost one-third of the total deposits in the Cyprus banks. The depositors in the Cyprus banking system should be partly expected to rescue their economy, a proposal that was apparently initiated and promoted by the IMF part of TROIKA. The European Commission was reluctant on this score, fearing a bank run in Cyprus and potentially elsewhere in the euro area. Such a plan, it is argued by TROIKA, helps to reduce the unsustainable large banking and financial sectors of Cyprus. It is also the case that to the extent the ‘bail-in’ of the banks in Cyprus is successful it will introduce some market discipline in banking. By sending the message to all depositors in all banks that if a bank needs re-capitalisation they may be asked to bear some of the cost, the depositors will be forced to take more care where they ‘park’ their savings. Unfortunately the world is a much more complicated place to rely for such arguments to be uncontroversial. This is particularly so in the world of money and finance. In any case, and as the editorial of the Financial Times (18 March 2013) rightly commented “instead of throwing Cyprus a life-buoy, leaders put a millstone around its neck”.

 

When confidence in the banking system weakens then the safety of bank deposits is substantially in peril. This is exactly what happened in Cyprus. A long-term solution would be a move towards a banking union and a single euro area bank deposit guarantee scheme, along with a fully fledged ‘lender-of-last-resort’ function including ability to intervene in the sovereign debt market as well as the secondary markets. Germany has resisted this solution, arguing that it would only contemplate such action only under a full-blown fiscal union. Such a suggestion is pertinent not merely in terms of the introduction of the proposed solution but also for the long-term survival of the euro area. This is desperately and immediately needed, though. We may conclude that both a European Banking Supervision and a European Banking Resolution Authorities are needed but for them to be successful they would have to come under a political integration arrangement, which would provide the necessary fiscal capacity desperately and urgently required at the euro-area level. The Cyprus crisis has vividly demonstrated the need for such a move. The euro-group policymakers should concentrate their efforts on correcting the various serious ‘design faults’ of the monetary union in Europe, especially the absence of a banking union. They must avoid imposing more austerity and misery and creating conditions for bank runs. Clearly such solutions amount to a nail in the coffin of a banking union and a setback to any serious effort to reform the single currency in Europe.

– See more at: http://triplecrisis.com/would-a-euro-area-banking-union-have-saved-cyprus/

 

Philip Arestis and Malcolm Sawyer

Whether a euro area banking union would have saved Cyprus from its recent TROIKA (of European Commission, European Central Bank and IMF) tragic treatment is a very interesting question. If it would, check then clearly a move towards a banking union, illness as part of the construction of a political union should be a major component of the reconstruction of the euro area. As we argued in our March 2013 blog, the European Union (EU) summit meeting, 28th/29th June 2012, took a number of decisions in terms of a possible euro area banking union. The most relevant decision was the creation of banking supervision by the European Central Bank (ECB), banking licence for the European Stability Mechanism (ESM), and financial assistance by the ESM to governments, members of the euro area, when in financial difficulty. The banking supervision, however, will not come into full operation before 2014. ESM member states would then be able to apply for an ESM bailout when they are in financial difficulty or their financial sector is a threat to stability and in need of recapitalization. This is exactly the problem with the recent Cyprus problem, as we now elaborate.

Essentially the major problem in Cyprus has been the size and insolvency of its banking sector. It is far too big in relation to the total economy (ten times its annual GDP is often quoted by the TROIKA; being big relative to economy means its assets and liabilities relative to GDP are large); it is also the case that as an off-shore financial and business centre, the Cypriot banking attracted a significant amount of foreign deposits. The first feature poses the danger of a ‘systemic risk’ for the entire economy when one or more banks fail. The second feature exposes Cyprus to accusations, such as those from politicians in Germany and elsewhere that Cyprus has become a ‘money-laundering’ centre within the European Union. By the summer of 2012 it became clear that the two biggest domestic banks in Cyprus were in trouble because of huge losses from the exposure of their branches in Greece, in view of the depressed macroeconomic conditions there, promoted by TROIKA; also in view of the ‘haircut’ of the Greek sovereign debt, of which Cypriot banks had acquired a great deal by 2010. This mixture of wrong decision-making by Cypriot bankers and bad luck created the need for bank re-capitalisations. As a result, Cyprus applied for financial help from its partners in the euro area in the summer of 2012.

The request by Cyprus for a bail-out has certain unique features. The tiny economy of Cyprus requested 17.5 billion euros which, by contrast to the previous Southern European bail-outs, was a comparatively trivial sum in absolute terms. It was, nonetheless, quite large, nearly 100%, when expressed as a percentage of Cyprus GDP. The initial negotiations between the TROIKA and the outgoing government of Cyprus were accompanied by political noises from Germany implying that the German electorate was fed up with having to hand over money to the Southern European periphery yet again. The reason as to why the heavily indebted southern periphery of Europe was morally ‘undeserving’ of financial help was simply undesirable money-laundering. The argument produced is that hard working and prudent German tax payers should not be expected to rescue an overblown banking sector in Cyprus, which became a ‘tax haven’ for wealthy non-Europeans. These are especially Russians, whose deposits in Cyprus are thought to be of the order of 25bn euros, an amount that is almost one-third of the total deposits in the Cyprus banks. The depositors in the Cyprus banking system should be partly expected to rescue their economy, a proposal that was apparently initiated and promoted by the IMF part of TROIKA. The European Commission was reluctant on this score, fearing a bank run in Cyprus and potentially elsewhere in the euro area. Such a plan, it is argued by TROIKA, helps to reduce the unsustainable large banking and financial sectors of Cyprus. It is also the case that to the extent the ‘bail-in’ of the banks in Cyprus is successful it will introduce some market discipline in banking. By sending the message to all depositors in all banks that if a bank needs re-capitalisation they may be asked to bear some of the cost, the depositors will be forced to take more care where they ‘park’ their savings. Unfortunately the world is a much more complicated place to rely for such arguments to be uncontroversial. This is particularly so in the world of money and finance. In any case, and as the editorial of the Financial Times (18 March 2013) rightly commented “instead of throwing Cyprus a life-buoy, leaders put a millstone around its neck”.

 

When confidence in the banking system weakens then the safety of bank deposits is substantially in peril. This is exactly what happened in Cyprus. A long-term solution would be a move towards a banking union and a single euro area bank deposit guarantee scheme, along with a fully fledged ‘lender-of-last-resort’ function including ability to intervene in the sovereign debt market as well as the secondary markets. Germany has resisted this solution, arguing that it would only contemplate such action only under a full-blown fiscal union. Such a suggestion is pertinent not merely in terms of the introduction of the proposed solution but also for the long-term survival of the euro area. This is desperately and immediately needed, though. We may conclude that both a European Banking Supervision and a European Banking Resolution Authorities are needed but for them to be successful they would have to come under a political integration arrangement, which would provide the necessary fiscal capacity desperately and urgently required at the euro-area level. The Cyprus crisis has vividly demonstrated the need for such a move. The euro-group policymakers should concentrate their efforts on correcting the various serious ‘design faults’ of the monetary union in Europe, especially the absence of a banking union. They must avoid imposing more austerity and misery and creating conditions for bank runs. Clearly such solutions amount to a nail in the coffin of a banking union and a setback to any serious effort to reform the single currency in Europe.

– See more at: http://triplecrisis.com/would-a-euro-area-banking-union-have-saved-cyprus

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, ed José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, salve este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

 

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

 

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

 

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

 

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

 

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

 

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

 

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

 

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

 

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

 

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

 

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

 

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

 

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Authors: Edward Moxon-Browne, check University of Limerick, treat and Philomena Murray, pharmacy University of Melbourne

Is the EU a template for regional integration in Southeast Asia? Caution is required in seeking to propose a model.

Comparisons can be made between the decision-making structures in ASEAN and the EU, but, given the unique circumstances of each regional project, analogies between the two may be counter-productive. In particular, ASEAN has attempted to model its Committee of Permanent Representatives (CPR) on the EU’s Committee of Permanent Representatives (COREPER). But can the consensual modus operandi in COREPER be replicated by ASEAN simply by institutional mimesis?

A basic, and familiar, question that has to be faced is whether the EU is sui generis. Two themes are pertinent here: the perceived ‘inadequacy’ of the state in post-war Europe and the relevance for European integration of factors specific to the European continent. In post-war Europe, demands for welfare internally, and security threats externally, were increasing. So governments were under pressure from public opinion to deliver on these two quintessential functions of the nation-state. European states looked to each other for support, and this led to alliances in the security and economic sectors. In effect, the European state was rescued from its own demise by the mechanisms of European integration.

At the same time, five factors specific to post-war Europe contributed to the impulse toward European integration. First, recent memories of conflict underpinned collective security arrangements. These varied from tight military alliances to more-fluid non-alignment. But all shared a common concern to optimise national security by reaching beyond the borders of the state. Second, Europe’s high population density, numerous national borders and notions of national sovereignty made functional cooperation imperative to overcome the challenge of geographic proximity. Third, liberal democracy became a badge of West European identity, separating it from the communist east. Fourth, notions of the ‘welfare state’ have provided a focal point for cross-border reciprocity as an increasingly mobile workforce sought common entitlements to welfare. Fifth, EU citizenship, a reflection of a value-laden consensus that does not exist in any other regional organisation, provides a transnational framework for the protection of numerous civic rights. Many of these are embedded in EU law and defended by the European Court of Justice.

What, then, of ASEAN? Its membership is extremely diverse in wealth, size and political orientation. And there is much less regional interdependence than in the EU. Modes of decision making are also based on a rejection of supranationalism, in contrast with the EU. This contrast is exemplified when comparing the EU’s COREPER with ASEAN’s CPR.

COREPER is based on a habit of negotiating consensus away from public scrutiny, although the committee is an integral part of the EU’s decision-making machinery. In ASEAN, the CPR could develop along the lines of COREPER in the sense that socialisation between its members in Jakarta could radiate back toward national capitals and act as a dynamic for greater integration. ASEAN’s CPR was modelled on the EU’s COREPER — both prepare meetings for their respective councils. However, the outputs from their meetings are quite different: COREPER deliberations result in binding legislation, unlike those of the CPR. It is possible that there could emerge a pattern of close linkages in the ASEAN case like that which exists between COREPER and the Council of the EU secretariat, and there is evidence that these meetings within ASEAN are proving fruitful. It is also possible that close relations could be developed between the ASEAN CPR and domestic ministries, as in the EU.

Well-established habits of cooperation among EU member states are echoed by the informal channels of ASEAN diplomacy. Both seek to work out common positions behind the scenes and minimise the necessity of cumbersome institutional procedures. Integration in the EU has been propelled by setting deadlines which galvanise elites toward greater commitment. By adopting EU nomenclature for new institutions and processes, ASEAN has set itself ambitious goals for a new dynamism. The risk is that frustration and disillusionment can set in if goals are not achieved. Moreover, public awareness of ASEAN as a regional body is minimal; and although the EU suffers from a ‘democratic deficit’ it is at least felt that the public ‘ought’ to be more involved: the only question is how.

In sum, the supranational assumptions underlying the decision-making processes of the EU, which ASEAN now partly reflects, may conflict with ASEAN’s carefully preserved intergovernmentalism. Yet ASEAN may well develop an enduring institutionalisation of its decision-making mechanisms and procedures. After all, the EU developed its own co-existence of intergovernmentalism and supranationalism. The next few years will see the experiment of the CPR be tested and possibly measured against the EU — but we can expect an ASEAN style to be imprinted on this new coordinating body.

Edward Moxon-Browne is a professor at the Centre for European Studies, University of Limerick.

Philomena Murray is an associate professor at the School of Social and Political Sciences, University of Melbourne.

This is an abridged version of an article published here in the Journal of Common Market Studies.

Source: http://www.eastasiaforum.org/2013/05/03/the-eu-as-a-template-for-asean/

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, unhealthy José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

 En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

 

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

 

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

 

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

 

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

 

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

 

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

 

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

 

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

 

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

 

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

 

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

 

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

 

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

 

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

 

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

 

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

 

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

 

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

 

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

 

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

 

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

 

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

 

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

 

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, healing José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

 

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

 

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

 

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

 

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

 

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

 

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

 

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

 

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

 

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

 

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

 

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

 

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

 

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Authors: Edward Moxon-Browne, University of Limerick, and Philomena Murray, University of Melbourne

Is the EU a template for regional integration in Southeast Asia? Caution is required in seeking to propose a model.

Authors: Edward Moxon-Browne, University of Limerick, and Philomena Murray, University of Melbourne

Is the EU a template for regional integration in Southeast Asia? Caution is required in seeking to propose a model.

Comparisons can be made between the decision-making structures in ASEAN and the EU, but, given the unique circumstances of each regional project, analogies between the two may be counter-productive. In particular, ASEAN has attempted to model its Committee of Permanent Representatives (CPR) on the EU’s Committee of Permanent Representatives (COREPER). But can the consensual modus operandi in COREPER be replicated by ASEAN simply by institutional mimesis?

A basic, and familiar, question that has to be faced is whether the EU is sui generis. Two themes are pertinent here: the perceived ‘inadequacy’ of the state in post-war Europe and the relevance for European integration of factors specific to the European continent. In post-war Europe, demands for welfare internally, and security threats externally, were increasing. So governments were under pressure from public opinion to deliver on these two quintessential functions of the nation-state. European states looked to each other for support, and this led to alliances in the security and economic sectors. In effect, the European state was rescued from its own demise by the mechanisms of European integration.

At the same time, five factors specific to post-war Europe contributed to the impulse toward European integration. First, recent memories of conflict underpinned collective security arrangements. These varied from tight military alliances to more-fluid non-alignment. But all shared a common concern to optimise national security by reaching beyond the borders of the state. Second, Europe’s high population density, numerous national borders and notions of national sovereignty made functional cooperation imperative to overcome the challenge of geographic proximity. Third, liberal democracy became a badge of West European identity, separating it from the communist east. Fourth, notions of the ‘welfare state’ have provided a focal point for cross-border reciprocity as an increasingly mobile workforce sought common entitlements to welfare. Fifth, EU citizenship, a reflection of a value-laden consensus that does not exist in any other regional organisation, provides a transnational framework for the protection of numerous civic rights. Many of these are embedded in EU law and defended by the European Court of Justice.

What, then, of ASEAN? Its membership is extremely diverse in wealth, size and political orientation. And there is much less regional interdependence than in the EU. Modes of decision making are also based on a rejection of supranationalism, in contrast with the EU. This contrast is exemplified when comparing the EU’s COREPER with ASEAN’s CPR.

COREPER is based on a habit of negotiating consensus away from public scrutiny, although the committee is an integral part of the EU’s decision-making machinery. In ASEAN, the CPR could develop along the lines of COREPER in the sense that socialisation between its members in Jakarta could radiate back toward national capitals and act as a dynamic for greater integration. ASEAN’s CPR was modelled on the EU’s COREPER — both prepare meetings for their respective councils. However, the outputs from their meetings are quite different: COREPER deliberations result in binding legislation, unlike those of the CPR. It is possible that there could emerge a pattern of close linkages in the ASEAN case like that which exists between COREPER and the Council of the EU secretariat, and there is evidence that these meetings within ASEAN are proving fruitful. It is also possible that close relations could be developed between the ASEAN CPR and domestic ministries, as in the EU.

Well-established habits of cooperation among EU member states are echoed by the informal channels of ASEAN diplomacy. Both seek to work out common positions behind the scenes and minimise the necessity of cumbersome institutional procedures. Integration in the EU has been propelled by setting deadlines which galvanise elites toward greater commitment. By adopting EU nomenclature for new institutions and processes, ASEAN has set itself ambitious goals for a new dynamism. The risk is that frustration and disillusionment can set in if goals are not achieved. Moreover, public awareness of ASEAN as a regional body is minimal; and although the EU suffers from a ‘democratic deficit’ it is at least felt that the public ‘ought’ to be more involved: the only question is how.

In sum, the supranational assumptions underlying the decision-making processes of the EU, which ASEAN now partly reflects, may conflict with ASEAN’s carefully preserved intergovernmentalism. Yet ASEAN may well develop an enduring institutionalisation of its decision-making mechanisms and procedures. After all, the EU developed its own co-existence of intergovernmentalism and supranationalism. The next few years will see the experiment of the CPR be tested and possibly measured against the EU — but we can expect an ASEAN style to be imprinted on this new coordinating body.

Edward Moxon-Browne is a professor at the Centre for European Studies, University of Limerick.

Philomena Murray is an associate professor at the School of Social and Political Sciences, University of Melbourne.

This is an abridged version of an article published here in the Journal of Common Market Studies.

Source: http://www.eastasiaforum.org/2013/05/03/the-eu-as-a-template-for-asean/

By Mong Palatino

The advantages of a united ASEAN are easy to imagine. A cohesive ASEAN would likely bring tremendous benefits to Southeast Asians in the forms of more jobs, treatment more tourists, seek stronger defense forces and improved camaraderie among competing neighbors. Besides, sildenafil who would oppose the idea of unity and greater economic coordination in the region? 

But ASEAN’s basic problem is not merely an absence of unity. Wasn’t unity the main objective of ASEAN when it was established in 1967? The fact that after four decades, the group is still pushing to integrate its ten member countries suggests a pretty significant failure to foster solidarity in the region.  

Without undermining the laudable efforts of the ASEAN Secretariat, many doubt it can realize the One Community vision by its announced target date of 2015. How can it, if it continues to use the same approach that has singularly failed to unite its members to date? 

ASEAN unity will remain an impossible vision as long as its members continue to demand it for the wrong reasons. In truth, each member nation views its association with ASEAN as a means to pursue its national interests. Sacrificing the national agenda to realize the regional good is largely an alien concept to ASEAN members. Member nations are in favor of unity as long as it doesn’t conflict with their respective national objectives.

To be sure, ASEAN has successfully coordinated aid and relief efforts when natural disasters have devastated the region. But the group should be more than the region’s answer to Red Cross.

But such instances are usually when ASEAN unity is invoked, namely, when a member is overwhelmed by a problem it can’t solve or when it is affected by a neighbor’s woes. Today, for example, we hear demands for ASEAN to intervene in Burma’s Rohingya Dilemma, maritime disputes in the South China Sea or West Philippine Sea, and human trafficking across the region. ASEAN’s next step will most likely be to decide whether to issue a joint statement to address these issues. 

In the absence of disasters, and in between ministerial conferences, however, ASEAN has failed to engage in the essential task of building regional unity. ASEAN hasn’t even been able to prevent members from accusing each other of being bad neighbors. East Timor’s attempts to join the club have been blocked by Singapore, among others, which view its entry as a threat to their national interests, although the reason given to the public is usually East Timor’s internal conflicts.

Ultimately, ASEAN’s unwillingness to form a more united and powerful regional grouping has been exploited by global powers like the United States, China and Japan, which are aggressively promoting their geopolitical interests in the region. A unified ASEAN could challenge the political and economic resources of these big nations. Instead, each ASEAN member has preferred to negotiate individually. It’s tragic enough that ASEAN is not united. It’s more tragic to hear ASEAN members articulate and advance the interests of non-ASEAN superpowers during ASEAN summits. 

At the minimum, a united ASEAN could prevent colonial powers old and new from dominating the region. But that’s just a start. After asserting its independence, it would be great to see ASEAN aspire to become a global power in its own right. With this vision in mind, perhaps it’s time to unite and promote the Southeast Asian way of life as a viable alternative to the world.

Source: http://thediplomat.com/asean-beat/2013/02/04/rethinking-asean-integration/

 

By Mong Palatino.

The advantages of a united ASEAN are easy to imagine. A cohesive ASEAN would likely bring tremendous benefits to Southeast Asians in the forms of more jobs, store more tourists, order stronger defense forces and improved camaraderie among competing neighbors. Besides, who would oppose the idea of unity and greater economic coordination in the region? 

But ASEAN’s basic problem is not merely an absence of unity. Wasn’t unity the main objective of ASEAN when it was established in 1967? The fact that after four decades, the group is still pushing to integrate its ten member countries suggests a pretty significant failure to foster solidarity in the region.  

Without undermining the laudable efforts of the ASEAN Secretariat, many doubt it can realize the One Community vision by its announced target date of 2015. How can it, if it continues to use the same approach that has singularly failed to unite its members to date? 

ASEAN unity will remain an impossible vision as long as its members continue to demand it for the wrong reasons. In truth, each member nation views its association with ASEAN as a means to pursue its national interests. Sacrificing the national agenda to realize the regional good is largely an alien concept to ASEAN members. Member nations are in favor of unity as long as it doesn’t conflict with their respective national objectives.

To be sure, ASEAN has successfully coordinated aid and relief efforts when natural disasters have devastated the region. But the group should be more than the region’s answer to Red Cross.

But such instances are usually when ASEAN unity is invoked, namely, when a member is overwhelmed by a problem it can’t solve or when it is affected by a neighbor’s woes. Today, for example, we hear demands for ASEAN to intervene in Burma’s Rohingya Dilemma, maritime disputes in the South China Sea or West Philippine Sea, and human trafficking across the region. ASEAN’s next step will most likely be to decide whether to issue a joint statement to address these issues. 

In the absence of disasters, and in between ministerial conferences, however, ASEAN has failed to engage in the essential task of building regional unity. ASEAN hasn’t even been able to prevent members from accusing each other of being bad neighbors. East Timor’s attempts to join the club have been blocked by Singapore, among others, which view its entry as a threat to their national interests, although the reason given to the public is usually East Timor’s internal conflicts.

Ultimately, ASEAN’s unwillingness to form a more united and powerful regional grouping has been exploited by global powers like the United States, China and Japan, which are aggressively promoting their geopolitical interests in the region. A unified ASEAN could challenge the political and economic resources of these big nations. Instead, each ASEAN member has preferred to negotiate individually. It’s tragic enough that ASEAN is not united. It’s more tragic to hear ASEAN members articulate and advance the interests of non-ASEAN superpowers during ASEAN summits. 

At the minimum, a united ASEAN could prevent colonial powers old and new from dominating the region. But that’s just a start. After asserting its independence, it would be great to see ASEAN aspire to become a global power in its own right. With this vision in mind, perhaps it’s time to unite and promote the Southeast Asian way of life as a viable alternative to the world.

Source: http://thediplomat.com/asean-beat/2013/02/04/rethinking-asean-integration/

 

By Mong Palatino.

The advantages of a united ASEAN are easy to imagine. A cohesive ASEAN would likely bring tremendous benefits to Southeast Asians in the forms of more jobs, pharm more tourists, recipe stronger defense forces and improved camaraderie among competing neighbors. Besides, who would oppose the idea of unity and greater economic coordination in the region? 

But ASEAN’s basic problem is not merely an absence of unity. Wasn’t unity the main objective of ASEAN when it was established in 1967? The fact that after four decades, the group is still pushing to integrate its ten member countries suggests a pretty significant failure to foster solidarity in the region.  

Without undermining the laudable efforts of the ASEAN Secretariat, many doubt it can realize the One Community vision by its announced target date of 2015. How can it, if it continues to use the same approach that has singularly failed to unite its members to date? 

ASEAN unity will remain an impossible vision as long as its members continue to demand it for the wrong reasons. In truth, each member nation views its association with ASEAN as a means to pursue its national interests. Sacrificing the national agenda to realize the regional good is largely an alien concept to ASEAN members. Member nations are in favor of unity as long as it doesn’t conflict with their respective national objectives.

To be sure, ASEAN has successfully coordinated aid and relief efforts when natural disasters have devastated the region. But the group should be more than the region’s answer to Red Cross.

But such instances are usually when ASEAN unity is invoked, namely, when a member is overwhelmed by a problem it can’t solve or when it is affected by a neighbor’s woes. Today, for example, we hear demands for ASEAN to intervene in Burma’s Rohingya Dilemma, maritime disputes in the South China Sea or West Philippine Sea, and human trafficking across the region. ASEAN’s next step will most likely be to decide whether to issue a joint statement to address these issues. 

In the absence of disasters, and in between ministerial conferences, however, ASEAN has failed to engage in the essential task of building regional unity. ASEAN hasn’t even been able to prevent members from accusing each other of being bad neighbors. East Timor’s attempts to join the club have been blocked by Singapore, among others, which view its entry as a threat to their national interests, although the reason given to the public is usually East Timor’s internal conflicts.

Ultimately, ASEAN’s unwillingness to form a more united and powerful regional grouping has been exploited by global powers like the United States, China and Japan, which are aggressively promoting their geopolitical interests in the region. A unified ASEAN could challenge the political and economic resources of these big nations. Instead, each ASEAN member has preferred to negotiate individually. It’s tragic enough that ASEAN is not united. It’s more tragic to hear ASEAN members articulate and advance the interests of non-ASEAN superpowers during ASEAN summits. 

At the minimum, a united ASEAN could prevent colonial powers old and new from dominating the region. But that’s just a start. After asserting its independence, it would be great to see ASEAN aspire to become a global power in its own right. With this vision in mind, perhaps it’s time to unite and promote the Southeast Asian way of life as a viable alternative to the world.

Source: http://thediplomat.com/asean-beat/2013/02/04/rethinking-asean-integration/

 

By Mong Palatino

The advantages of a united ASEAN are easy to imagine. A cohesive ASEAN would likely bring tremendous benefits to Southeast Asians in the forms of more jobs, more tourists, stronger defense forces and improved camaraderie among competing neighbors. Besides, who would oppose the idea of unity and greater economic coordination in the region? 

But ASEAN’s basic problem is not merely an absence of unity. Wasn’t unity the main objective of ASEAN when it was established in 1967? The fact that after four decades, the group is still pushing to integrate its ten member countries suggests a pretty significant failure to foster solidarity in the region.  

Without undermining the laudable efforts of the ASEAN Secretariat, many doubt it can realize the One Community vision by its announced target date of 2015. How can it, if it continues to use the same approach that has singularly failed to unite its members to date? 

ASEAN unity will remain an impossible vision as long as its members continue to demand it for the wrong reasons. In truth, each member nation views its association with ASEAN as a means to pursue its national interests. Sacrificing the national agenda to realize the regional good is largely an alien concept to ASEAN members. Member nations are in favor of unity as long as it doesn’t conflict with their respective national objectives.

To be sure, ASEAN has successfully coordinated aid and relief efforts when natural disasters have devastated the region. But the group should be more than the region’s answer to Red Cross.

But such instances are usually when ASEAN unity is invoked, namely, when a member is overwhelmed by a problem it can’t solve or when it is affected by a neighbor’s woes. Today, for example, we hear demands for ASEAN to intervene in Burma’s Rohingya Dilemma, maritime disputes in the South China Sea or West Philippine Sea, and human trafficking across the region. ASEAN’s next step will most likely be to decide whether to issue a joint statement to address these issues. 

In the absence of disasters, and in between ministerial conferences, however, ASEAN has failed to engage in the essential task of building regional unity. ASEAN hasn’t even been able to prevent members from accusing each other of being bad neighbors. East Timor’s attempts to join the club have been blocked by Singapore, among others, which view its entry as a threat to their national interests, although the reason given to the public is usually East Timor’s internal conflicts.

Ultimately, ASEAN’s unwillingness to form a more united and powerful regional grouping has been exploited by global powers like the United States, China and Japan, which are aggressively promoting their geopolitical interests in the region. A unified ASEAN could challenge the political and economic resources of these big nations. Instead, each ASEAN member has preferred to negotiate individually. It’s tragic enough that ASEAN is not united. It’s more tragic to hear ASEAN members articulate and advance the interests of non-ASEAN superpowers during ASEAN summits. 

At the minimum, a united ASEAN could prevent colonial powers old and new from dominating the region. But that’s just a start. After asserting its independence, it would be great to see ASEAN aspire to become a global power in its own right. With this vision in mind, perhaps it’s time to unite and promote the Southeast Asian way of life as a viable alternative to the world.

Source: http://thediplomat.com/asean-beat/2013/02/04/rethinking-asean-integration/

 

Kintto Lucas

ALAI AMLATINA, healing 05/06/2013.- En su genial novela El año de la muerte de
Ricardo Reis, health José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la
rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se
abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí
precisamente cambian los rumbos”.

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría
Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día
que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un
mundo democrático, justo y equitativo.

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo
estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese
sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y
consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

América del Sur vive un momento importante en términos de integración
regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones
Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o
económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como
espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado
un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América
del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron
condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la
integración.

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta
surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego
fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos
progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho
para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo
de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.

La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una
propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la
hegemonía neoliberal en los años 90.

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta
de integración desde lo político, llevando adelante acciones
trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de
defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y
sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener
en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a
ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser
escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar
como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de
transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases
militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con
discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a
nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes
creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la
crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los
ministros de Economía han desentonado.

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e
interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar
la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y
particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas
de la Secretaría.
Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y
constitutivas, y le dio institucionalidad. Enma Mejía y Alí Rodríguez
consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base
teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales
como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde
la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional
y mundial.

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que
promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana,
desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados
Unidos.

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la
opción de un determinado momento histórico en que los países vivían
sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una
imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios
países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de
imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de
integración.

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que
surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición
estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha
implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando
propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario
establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de
cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre
el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación.
Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y
paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente
Alba-Mercosur.

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es
involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en
una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las
organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son
instancias importantes que dan base social a los procesos integradores.
Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una
integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países,
es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este
momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de
desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es
más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar
la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores,
con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por
ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes
dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la
política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las
grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración
y la política económica favorecen la especulación financiera, las
importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces
disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no
es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no
habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente
recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de
Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos
ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

– Kintto Lucas es Embajador Itinerante de Uruguay para UNASUR, CELAC,
ALBA y la Integración.

The EU as a template for ASEAN?

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Marcelo Saguier

ALAI AMLATINA, 27/07/2012.- Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.

– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO

Fuente: http://alainet.org/active/56815

by Kintto Lucas

ALAI AMLAT-en, sildenafil 17/07/2013.- In the past few years, case South America has taken some decisive steps toward regional integration. Aware of the challenges of globalization, which have surfaced in international political and economic crises, as well as in the proliferation of transnational illicit activities that are beyond the capacities of individual states to control, some countries have begun to understand that the advantages of greater cooperation and commercial interchange are not the final goal. Rather it is necessary to coordinate responses not only in economic and fiscal policy, but also in social policy, the control of natural resources, environmental issues, defence and other areas, in order to face the threats that impinge on them. Above all, in the world as it is now developing, it is impossible to walk alone. It is essential to walk together.

To reinforce integration we need to increase levels of economic and commercial interdependence in the region. It is a complex but not impossible course. We need to develop a collective vision and cease to contemplate our own navels. The bigger economies must show greater solidarity with the smaller ones, but it is fundamental that the latter look to their own development, stop being parasites and stop hiding behind the farce of re-selling products brought in from other places without any local value-added, but simply adding labels that proclaim the product to be of national industry.

Little by little South America is moving away from a theory of regional integration that supposes a divorce between economics and politics, and which ended up imposing on many countries the fallacy of a “self-regulating market” as a force for development. Nevertheless, it is worrying to see that after the disastrous experiences with the application of market shock theories — in the words of Naomi Klein – these political measures are still being pushed by some OECD countries, multinational financial organizations, rightwing politicians and some businessmen, as a panacea for the economic protection of our countries.

From the North, we are plied with free trade treaties and liberalization and deregulation of financial structures, along with privatization and flexible labour markets as basic mechanisms for international economic integration. In South America there are people who hear these siren songs and defend the urgent need to create a free trade area along the lines of the FTAA/ALCA. With this they propose to cure the failures of the neoliberal model.

The regional integration of South America must retrieve the role of the State over the market, of society over the State and the market. The integrated South American states should take control of an integrated South American market. And Latin American society should play a fundamental role in participating to control States and integrated markets. This integration should open the way for a development model that allows for the advancement of each country as well as common advancement. The efficacy and the ability for channeling regional synergies depend on the ability to understand that this is a collective project, not an individual one, and to understand that this is an institutional fabric that is created through the process of integration.

To expand and strengthen South American integration, Unasur must be strengthened and extended. It is fundamental to move Mercosur towards a South American Mercosur(1). This depends on the capacity of our States to reconfigure their productive structures.

This will be possible if governments can transcend the limits of mere economic rationality and commit themselves to work towards a Common and Inclusive Economic Policy, which can take advantage of the region’s assets in food and hydraulic resources, raw materials and energy resources, generating a productive integration of a complementary character between countries.

In the new world order, the importance of South America for the international economy is undeniable. It is one of the most dynamic economic poles. At the present time, the GDP of the countries of South America represents 73 per cent of that of Latin America and the Caribbean, which in turn represents 8 per cent of world trade. In spite of its economic weight, the productive and export matrix of our countries continues to be centred on the primary sector and on intensive manufactures in primary resources and natural resources. This phenomenon responds to the high prices of commodities in the international market, but also to the concentration of investment, both national and foreign, in the exploitation of primary resources. In consequence, South American countries face the threat of deindustrialization and of economies centred on the primary sector. These processes lead to the emergence of productive enclaves whose wealth creation does not reach the whole economy, given the few productive networks they generate, as well as capital flight in the form of the repatriation of profits and benefits and the unlimited increase in imports. These enclaves in many cases are part of parasitical foreign investment that does not pay taxes and brings very little to our countries.

The way that Latin American countries have conceived their economic development has given rise to productive structures that are engineered to satisfy extra-regional needs. Because of this, the economic dynamics of the countries of the region contribute little or nothing to the collective economic dynamics of the region. Due to this individualist way of thinking of economic growth and the application of commercial policies based on indiscriminate opening to foreign economies, the greater part of South American economies have undergone processes of productive dismantling or the loss of economic dynamism in industrial sectors. At the same time large segments of our populations have experienced a fall in unemployment but growth in precarious employment. Here, if there is a diminishing amount of poverty, inequality is maintained and is at times even more evident.

It is necessary for South American economic integration to move towards the articulation of national economies, and for productive structures to look to satisfying the needs of the people of the region, in a way that allows us to develop our manufacturing sectors and services. In this sense it is important to establish legal and technical conditions to promote regional productive investment. Finally, it is necessary to set up productive conditions that make it possible for each and every one of the economies of the region to reach high levels of competitiveness in order, at a later moment, to be able to compete in the international markets of manufacturing and service sectors of medium and high added value.

In the difficult path towards a South American Mercosur, Mercosur should become the bridgehead to establish a South American commercial bloc, animated by principles of solidarity, complementarity and the consideration of the asymmetries in the levels of social and economic development of different members, that prioritizes the role of the State, and has as its goal the well-being of the population rather than the profits of big capital, and which can serve as an example of a different regionalist model, in the face of traditional schemes that are based on market fundamentalism.
(Translation: Jordan Bishop, for ALAI)

– Kintto Lucas is the Roaming Ambassador of Uruguay for Unasur, Celac, and Alba. Former vice foreign minister of Ecuador.

(1) Unasur: Union of South American Nations. Mercosur: Southern Common Market.

 

Source: http://www.alainet.org/active/65768

Philip Arestis and Malcolm Sawyer

Whether a euro area banking union would have saved Cyprus from its recent TROIKA (of European Commission, pharm European Central Bank and IMF) tragic treatment is a very interesting question. If it would, find then clearly a move towards a banking union, help as part of the construction of a political union should be a major component of the reconstruction of the euro area. As we argued in our March 2013 blog, the European Union (EU) summit meeting, 28th/29th June 2012, took a number of decisions in terms of a possible euro area banking union. The most relevant decision was the creation of banking supervision by the European Central Bank (ECB), banking licence for the European Stability Mechanism (ESM), and financial assistance by the ESM to governments, members of the euro area, when in financial difficulty. The banking supervision, however, will not come into full operation before 2014. ESM member states would then be able to apply for an ESM bailout when they are in financial difficulty or their financial sector is a threat to stability and in need of recapitalization. This is exactly the problem with the recent Cyprus problem, as we now elaborate.

Essentially the major problem in Cyprus has been the size and insolvency of its banking sector. It is far too big in relation to the total economy (ten times its annual GDP is often quoted by the TROIKA; being big relative to economy means its assets and liabilities relative to GDP are large); it is also the case that as an off-shore financial and business centre, the Cypriot banking attracted a significant amount of foreign deposits. The first feature poses the danger of a ‘systemic risk’ for the entire economy when one or more banks fail. The second feature exposes Cyprus to accusations, such as those from politicians in Germany and elsewhere that Cyprus has become a ‘money-laundering’ centre within the European Union. By the summer of 2012 it became clear that the two biggest domestic banks in Cyprus were in trouble because of huge losses from the exposure of their branches in Greece, in view of the depressed macroeconomic conditions there, promoted by TROIKA; also in view of the ‘haircut’ of the Greek sovereign debt, of which Cypriot banks had acquired a great deal by 2010. This mixture of wrong decision-making by Cypriot bankers and bad luck created the need for bank re-capitalisations. As a result, Cyprus applied for financial help from its partners in the euro area in the summer of 2012.

The request by Cyprus for a bail-out has certain unique features. The tiny economy of Cyprus requested 17.5 billion euros which, by contrast to the previous Southern European bail-outs, was a comparatively trivial sum in absolute terms. It was, nonetheless, quite large, nearly 100%, when expressed as a percentage of Cyprus GDP. The initial negotiations between the TROIKA and the outgoing government of Cyprus were accompanied by political noises from Germany implying that the German electorate was fed up with having to hand over money to the Southern European periphery yet again. The reason as to why the heavily indebted southern periphery of Europe was morally ‘undeserving’ of financial help was simply undesirable money-laundering. The argument produced is that hard working and prudent German tax payers should not be expected to rescue an overblown banking sector in Cyprus, which became a ‘tax haven’ for wealthy non-Europeans. These are especially Russians, whose deposits in Cyprus are thought to be of the order of 25bn euros, an amount that is almost one-third of the total deposits in the Cyprus banks. The depositors in the Cyprus banking system should be partly expected to rescue their economy, a proposal that was apparently initiated and promoted by the IMF part of TROIKA. The European Commission was reluctant on this score, fearing a bank run in Cyprus and potentially elsewhere in the euro area. Such a plan, it is argued by TROIKA, helps to reduce the unsustainable large banking and financial sectors of Cyprus. It is also the case that to the extent the ‘bail-in’ of the banks in Cyprus is successful it will introduce some market discipline in banking. By sending the message to all depositors in all banks that if a bank needs re-capitalisation they may be asked to bear some of the cost, the depositors will be forced to take more care where they ‘park’ their savings. Unfortunately the world is a much more complicated place to rely for such arguments to be uncontroversial. This is particularly so in the world of money and finance. In any case, and as the editorial of the Financial Times (18 March 2013) rightly commented “instead of throwing Cyprus a life-buoy, leaders put a millstone around its neck”.

 

When confidence in the banking system weakens then the safety of bank deposits is substantially in peril. This is exactly what happened in Cyprus. A long-term solution would be a move towards a banking union and a single euro area bank deposit guarantee scheme, along with a fully fledged ‘lender-of-last-resort’ function including ability to intervene in the sovereign debt market as well as the secondary markets. Germany has resisted this solution, arguing that it would only contemplate such action only under a full-blown fiscal union. Such a suggestion is pertinent not merely in terms of the introduction of the proposed solution but also for the long-term survival of the euro area. This is desperately and immediately needed, though. We may conclude that both a European Banking Supervision and a European Banking Resolution Authorities are needed but for them to be successful they would have to come under a political integration arrangement, which would provide the necessary fiscal capacity desperately and urgently required at the euro-area level. The Cyprus crisis has vividly demonstrated the need for such a move. The euro-group policymakers should concentrate their efforts on correcting the various serious ‘design faults’ of the monetary union in Europe, especially the absence of a banking union. They must avoid imposing more austerity and misery and creating conditions for bank runs. Clearly such solutions amount to a nail in the coffin of a banking union and a setback to any serious effort to reform the single currency in Europe.

– See more at: http://triplecrisis.com/would-a-euro-area-banking-union-have-saved-cyprus/

 

Philip Arestis and Malcolm Sawyer

Whether a euro area banking union would have saved Cyprus from its recent TROIKA (of European Commission, European Central Bank and IMF) tragic treatment is a very interesting question. If it would, check then clearly a move towards a banking union, illness as part of the construction of a political union should be a major component of the reconstruction of the euro area. As we argued in our March 2013 blog, the European Union (EU) summit meeting, 28th/29th June 2012, took a number of decisions in terms of a possible euro area banking union. The most relevant decision was the creation of banking supervision by the European Central Bank (ECB), banking licence for the European Stability Mechanism (ESM), and financial assistance by the ESM to governments, members of the euro area, when in financial difficulty. The banking supervision, however, will not come into full operation before 2014. ESM member states would then be able to apply for an ESM bailout when they are in financial difficulty or their financial sector is a threat to stability and in need of recapitalization. This is exactly the problem with the recent Cyprus problem, as we now elaborate.

Essentially the major problem in Cyprus has been the size and insolvency of its banking sector. It is far too big in relation to the total economy (ten times its annual GDP is often quoted by the TROIKA; being big relative to economy means its assets and liabilities relative to GDP are large); it is also the case that as an off-shore financial and business centre, the Cypriot banking attracted a significant amount of foreign deposits. The first feature poses the danger of a ‘systemic risk’ for the entire economy when one or more banks fail. The second feature exposes Cyprus to accusations, such as those from politicians in Germany and elsewhere that Cyprus has become a ‘money-laundering’ centre within the European Union. By the summer of 2012 it became clear that the two biggest domestic banks in Cyprus were in trouble because of huge losses from the exposure of their branches in Greece, in view of the depressed macroeconomic conditions there, promoted by TROIKA; also in view of the ‘haircut’ of the Greek sovereign debt, of which Cypriot banks had acquired a great deal by 2010. This mixture of wrong decision-making by Cypriot bankers and bad luck created the need for bank re-capitalisations. As a result, Cyprus applied for financial help from its partners in the euro area in the summer of 2012.

The request by Cyprus for a bail-out has certain unique features. The tiny economy of Cyprus requested 17.5 billion euros which, by contrast to the previous Southern European bail-outs, was a comparatively trivial sum in absolute terms. It was, nonetheless, quite large, nearly 100%, when expressed as a percentage of Cyprus GDP. The initial negotiations between the TROIKA and the outgoing government of Cyprus were accompanied by political noises from Germany implying that the German electorate was fed up with having to hand over money to the Southern European periphery yet again. The reason as to why the heavily indebted southern periphery of Europe was morally ‘undeserving’ of financial help was simply undesirable money-laundering. The argument produced is that hard working and prudent German tax payers should not be expected to rescue an overblown banking sector in Cyprus, which became a ‘tax haven’ for wealthy non-Europeans. These are especially Russians, whose deposits in Cyprus are thought to be of the order of 25bn euros, an amount that is almost one-third of the total deposits in the Cyprus banks. The depositors in the Cyprus banking system should be partly expected to rescue their economy, a proposal that was apparently initiated and promoted by the IMF part of TROIKA. The European Commission was reluctant on this score, fearing a bank run in Cyprus and potentially elsewhere in the euro area. Such a plan, it is argued by TROIKA, helps to reduce the unsustainable large banking and financial sectors of Cyprus. It is also the case that to the extent the ‘bail-in’ of the banks in Cyprus is successful it will introduce some market discipline in banking. By sending the message to all depositors in all banks that if a bank needs re-capitalisation they may be asked to bear some of the cost, the depositors will be forced to take more care where they ‘park’ their savings. Unfortunately the world is a much more complicated place to rely for such arguments to be uncontroversial. This is particularly so in the world of money and finance. In any case, and as the editorial of the Financial Times (18 March 2013) rightly commented “instead of throwing Cyprus a life-buoy, leaders put a millstone around its neck”.

 

When confidence in the banking system weakens then the safety of bank deposits is substantially in peril. This is exactly what happened in Cyprus. A long-term solution would be a move towards a banking union and a single euro area bank deposit guarantee scheme, along with a fully fledged ‘lender-of-last-resort’ function including ability to intervene in the sovereign debt market as well as the secondary markets. Germany has resisted this solution, arguing that it would only contemplate such action only under a full-blown fiscal union. Such a suggestion is pertinent not merely in terms of the introduction of the proposed solution but also for the long-term survival of the euro area. This is desperately and immediately needed, though. We may conclude that both a European Banking Supervision and a European Banking Resolution Authorities are needed but for them to be successful they would have to come under a political integration arrangement, which would provide the necessary fiscal capacity desperately and urgently required at the euro-area level. The Cyprus crisis has vividly demonstrated the need for such a move. The euro-group policymakers should concentrate their efforts on correcting the various serious ‘design faults’ of the monetary union in Europe, especially the absence of a banking union. They must avoid imposing more austerity and misery and creating conditions for bank runs. Clearly such solutions amount to a nail in the coffin of a banking union and a setback to any serious effort to reform the single currency in Europe.

– See more at: http://triplecrisis.com/would-a-euro-area-banking-union-have-saved-cyprus

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, ed José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, salve este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

 

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

 

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

 

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

 

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

 

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

 

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

 

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

 

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

 

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

 

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

 

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

 

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

 

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

Lee el articulo completo aqui.

Authors: Edward Moxon-Browne, check University of Limerick, treat and Philomena Murray, pharmacy University of Melbourne

Is the EU a template for regional integration in Southeast Asia? Caution is required in seeking to propose a model.

Comparisons can be made between the decision-making structures in ASEAN and the EU, but, given the unique circumstances of each regional project, analogies between the two may be counter-productive. In particular, ASEAN has attempted to model its Committee of Permanent Representatives (CPR) on the EU’s Committee of Permanent Representatives (COREPER). But can the consensual modus operandi in COREPER be replicated by ASEAN simply by institutional mimesis?

A basic, and familiar, question that has to be faced is whether the EU is sui generis. Two themes are pertinent here: the perceived ‘inadequacy’ of the state in post-war Europe and the relevance for European integration of factors specific to the European continent. In post-war Europe, demands for welfare internally, and security threats externally, were increasing. So governments were under pressure from public opinion to deliver on these two quintessential functions of the nation-state. European states looked to each other for support, and this led to alliances in the security and economic sectors. In effect, the European state was rescued from its own demise by the mechanisms of European integration.

At the same time, five factors specific to post-war Europe contributed to the impulse toward European integration. First, recent memories of conflict underpinned collective security arrangements. These varied from tight military alliances to more-fluid non-alignment. But all shared a common concern to optimise national security by reaching beyond the borders of the state. Second, Europe’s high population density, numerous national borders and notions of national sovereignty made functional cooperation imperative to overcome the challenge of geographic proximity. Third, liberal democracy became a badge of West European identity, separating it from the communist east. Fourth, notions of the ‘welfare state’ have provided a focal point for cross-border reciprocity as an increasingly mobile workforce sought common entitlements to welfare. Fifth, EU citizenship, a reflection of a value-laden consensus that does not exist in any other regional organisation, provides a transnational framework for the protection of numerous civic rights. Many of these are embedded in EU law and defended by the European Court of Justice.

What, then, of ASEAN? Its membership is extremely diverse in wealth, size and political orientation. And there is much less regional interdependence than in the EU. Modes of decision making are also based on a rejection of supranationalism, in contrast with the EU. This contrast is exemplified when comparing the EU’s COREPER with ASEAN’s CPR.

COREPER is based on a habit of negotiating consensus away from public scrutiny, although the committee is an integral part of the EU’s decision-making machinery. In ASEAN, the CPR could develop along the lines of COREPER in the sense that socialisation between its members in Jakarta could radiate back toward national capitals and act as a dynamic for greater integration. ASEAN’s CPR was modelled on the EU’s COREPER — both prepare meetings for their respective councils. However, the outputs from their meetings are quite different: COREPER deliberations result in binding legislation, unlike those of the CPR. It is possible that there could emerge a pattern of close linkages in the ASEAN case like that which exists between COREPER and the Council of the EU secretariat, and there is evidence that these meetings within ASEAN are proving fruitful. It is also possible that close relations could be developed between the ASEAN CPR and domestic ministries, as in the EU.

Well-established habits of cooperation among EU member states are echoed by the informal channels of ASEAN diplomacy. Both seek to work out common positions behind the scenes and minimise the necessity of cumbersome institutional procedures. Integration in the EU has been propelled by setting deadlines which galvanise elites toward greater commitment. By adopting EU nomenclature for new institutions and processes, ASEAN has set itself ambitious goals for a new dynamism. The risk is that frustration and disillusionment can set in if goals are not achieved. Moreover, public awareness of ASEAN as a regional body is minimal; and although the EU suffers from a ‘democratic deficit’ it is at least felt that the public ‘ought’ to be more involved: the only question is how.

In sum, the supranational assumptions underlying the decision-making processes of the EU, which ASEAN now partly reflects, may conflict with ASEAN’s carefully preserved intergovernmentalism. Yet ASEAN may well develop an enduring institutionalisation of its decision-making mechanisms and procedures. After all, the EU developed its own co-existence of intergovernmentalism and supranationalism. The next few years will see the experiment of the CPR be tested and possibly measured against the EU — but we can expect an ASEAN style to be imprinted on this new coordinating body.

Edward Moxon-Browne is a professor at the Centre for European Studies, University of Limerick.

Philomena Murray is an associate professor at the School of Social and Political Sciences, University of Melbourne.

This is an abridged version of an article published here in the Journal of Common Market Studies.

Source: http://www.eastasiaforum.org/2013/05/03/the-eu-as-a-template-for-asean/

Would a Euro Area Banking Union Have Saved Cyprus?

Por Kintto Lucas

En su genial novela El año de la muerte de Ricardo Reis, José Saramago señala “A esta ciudad le basta saber que la rosa de los vientos existe, este no es el lugar donde los rumbos se abren, tampoco es el punto magnífico donde los rumbos convergen, aquí precisamente cambian los rumbos”.

Trasladando las palabras de Saramago al sistema mundo, como diría Immanuel Wallerstein, podríamos decir que cambiarán los rumbos el día que construyamos un sistema mundial multipolar que contribuya a crear un mundo democrático, justo y equitativo.

En ese necesario cambio de rumbos, la integración es un objetivo estratégico para lograr la independencia de América Latina. En ese sentido, es importante fortalecer los distintos niveles de integración y consolidar un bloque suramericano y latinoamericano.

América del Sur vive un momento importante en términos de integración regional, capitalizada más claramente en la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas). Un bloque que más allá de las diferencias políticas o económicas de los países que lo integran, ha logrado levantarse como espacio de acuerdos y entendimientos desde la diversidad y ha generado un proceso integrador diferente.

Unasur es la propuesta más importante de integración desde toda América del Sur. Las que surgieron antes, además de ser regionales fueron condicionadas por el libre comercio, porque apostaban a eso, no a la integración.

El Mercosur (Mercado Común del Sur), por ejemplo, fue una propuesta surgida desde el libre comercio desde el neoliberalismo. Si bien luego fue procesando cambios positivos con la irrupción de gobiernos progresistas y es una confluencia fundamental, todavía le falta mucho para consolidarse como Mercosur Suramericano, que sea eje de un modelo de integración productiva de Américas del Sur dentro de Unasur.
La CAN (Comunidad Andina de Naciones), en cambio, surgió como una propuesta integradora distinta, pero finalmente terminó absorbida por la hegemonía neoliberal en los años 90.

Unasur surgió de una forma diferente, y se posicionó como una propuesta de integración desde lo político, llevando adelante acciones trascendentes para solucionar conflictos, consolidar una mirada de defensa de la democracia en común, fortalecer políticas de defensa y sociales integradoras, e inclusive posicionándose como un bloque a tener en cuenta a nivel mundial en el desarrollo de un mundo multipolar.

Unasur ha demostrado que, dentro de las diferencias, se puede llegar a ciertos acuerdos que parten de un punto central: para competir, para ser escuchados en un mundo que va a ser de bloques, tenemos que participar como un todo más compacto, que en este caso es el bloque de América del Sur.

Por ejemplo, el acuerdo del Consejo de Defensa en Unasur, de transparentar gastos militares, de parar la instalación de bases militares estadounidenses, son temas que se han resuelto, con discrepancias pero finalmente llegando a ciertos consensos. También a nivel económico, hubo algunos acuerdos, desde los presidentes, quienes creían que Unasur debía jugar un papel importante para enfrentar la crisis económica internacional en conjunto. Lamentablemente los ministros de Economía han desentonado.

Ahora es necesario consolidar Unasur como bloque de poder e interlocución mundial. Y dentro de ese proceso es fundamental consolidar la institucionalidad de Unasur en sus diferentes instancias, y particularmente la Secretaría General.

Néstor Kirchner, cuando fue secretario general, puso las bases políticas de la Secretaría. Ecuador, cuando fue Presidencia Pro Tempore puso las bases materiales y constitutivas, y le dio institucionalidad. Ema Mejía y Alí Rodríguez consolidaron la institucionalidad. Rodríguez, además, aportó una base teórico-práctica a Unasur con su propuesta sobre los recursos naturales como eje integrador. Es necesario consolidar la gestión de Unasur desde la Secretaría, para fortalecer las acciones del bloque a nivel regional y mundial.

Por su parte la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), surgió con la necesidad de consolidar un espacio amplio que promueva un proceso integrador desde la pluralidad latinoamericana, desde procesos más diversos y complejos, pero sin la tutela de Estados Unidos.

Mientras la OEA (Organización de Estados Americanos) surgió como la opción de un determinado momento histórico en que los países vivían sometidos al “liderazgo” de Estados Unidos, que en realidad era una imposición desde ese país, Celac y Unasur surgieron desde los propios países latinoamericanos y suramericanos. La OEA fue un proceso de imposición, Unasur y Celac son, con todas sus dificultades, procesos de integración.

El Alba (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que surgió como una propuesta frente a otro intento de imposición estadounidense como el Alca (Área de Libre Comercio de las Américas), ha implementado procesos de complementariedad y solidaridad creando propuestas de integración productiva interesantes. Es necesario establecer un puente entre el Mercosur y el Alba, buscando instancias de cooperación y complementación. Uruguay podría ser un país puente entre el Mercosur y el Alba promoviendo la cooperación y complementación. Uruguay debe fortalecer el Mercosur y fortalecerse en el Mercosur, y paralelamente consolidar su presencia en el Alba y actuar como puente Alba-Mercosur.

Un gran reto en Unasur y en todos los niveles de integración, es involucrar a las organizaciones sociales y a los movimientos sociales en una confluencia desde abajo, desde los pueblos. Obviamente no todas las organizaciones sociales representan al pueblo en general pero sí son instancias importantes que dan base social a los procesos integradores. Si no se produce una integración desde los pueblos, si no hay una integración cultural y de procesos culturales conjuntos de los países, es muy difícil consolidar un proceso integrador de largo plazo.

El mayor enemigo de la integración es el modelo de desarrollo. En este momento los procesos de integración están en medio de dos modelos de desarrollo que se encuentran en disputa. Un modelo de desarrollo que es más soberano, vinculado a la producción nacional, con la idea de cambiar la matriz productiva y dejar de ser solo países primarios exportadores, con una visión desde el sur, desde nuestros países. El otro modelo, por ahora hegemónico, apuesta al libre comercio mal entendido, donde quienes dirigen el mercado terminan siendo las grandes corporaciones, la política comercial se basa en los tratados de libre comercio con las grandes potencias, tratados neocoloniales que van contra la integración y la política económica favorecen la especulación financiera, las importaciones y el consumismo. Ese modelo de desarrollo a veces disfrazado de progresista es el mayor enemigo de la integración. Si no es derrotado a nivel regional y dentro de cada uno de nuestros países no habrá integración y seremos cada día más dependientes. Ahí seguramente recordemos aquella frase del final de Ensayo sobre la ceguera de Saramago cuando dice “Creo que no nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, Ciegos que ven, Ciegos que, viendo, no ven”.

 

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Marcelo Saguier

ALAI AMLATINA, 27/07/2012.- Los procesos de integración regional en Sudamérica han dado importantes pasos en la construcción de una comunidad política en base a valores y expectativas comunes. La defensa de la democracia, la resolución de conflictos mediante la diplomacia, el resguardo de la paz y la reivindicación conjunta de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas ante los diferendos con el Reino Unido han sido algunos de campos en donde se logró alcanzar un inédito dinamismo y convergencia regional. Muchos de estos consensos acompañaron el surgimiento de nuevas formas institucionales como la UNASUR, ALBA y la Comunidad de Estados Latinoamericana y Caribeños (CELAC).

No obstante tales avances, existe otra dimensión del proceso regional en la que es menos evidente que consensos se expresan. Las dinámicas de la región, como espacio socio-político en construcción, actualmente está regida por los patrones de conflictos y cooperación entre gobiernos, empresas y actores sociales en torno a la utilización de los recursos naturales para fines de exportación y de insumos para la industria. Este es el caso de los recursos minerales y del agua de ríos para la generación de energía hidroeléctrica. A diferencia de las avances alcanzados en materia de construcción política regional en otros campos, el lugar que hoy ocupan los recursos naturales en la integración es más inquietante y potencialmente una fuente de tensiones.

Las políticas de utilización de tales recursos, y los conflictos socio-ambientales que se producen por las mismas, en su mayoría son de carácter nacional o sub-nacional. Sin embargo, al mismo tiempo se despliegan algunas iniciativas de carácter regional impulsadas por gobiernos o por actores sociales que regionalizan sus disputas como estrategias de acción frente a la orientación extractivista de algunos proyectos. Es decir que las dinámicas socio-políticas de construcción de un espacio político regional en Sudamérica van más allá de las distintas iniciativas intergubernamentales que se puedan emprender desde los estados. Los recursos naturales constituyen un eje de articulación tanto para iniciativas de cooperación interestatal como también para la movilización social transfronteriza.

La propuesta de este articulo es la de pensar las dinámicas de la construcción política regional desde ésta perspectiva, en la que las interacciones de cooperación y conflicto entre actores públicos, empresariales y sociales moldean el escenario regional, sus posibilidades y limitaciones.

La minería en zonas de frontera es una de las formas que se redefine el escenario social y político regional. El caso más paradigmático de ello es la frontera entre Argentina y Chile. Tradicionalmente, las fronteras internacionales eran zonas en donde no se permitía emprendimientos productivos (o extractivos) dado que constituían lugares sensibles a la defensa del territorio nacional. Los procesos de democratización e integración económica llevados a cabo en la región permitieron desactivar las hipótesis de conflicto que fundamentaron el imaginario geopolítico de gobiernos y sociedades nacionales durante gran parte del siglo veinte. Sin embargo, estos cambios estuvieron asimismo signados por la orientación neoliberal que marcó las políticas de integración durante la década del 90. Una de las características de ello fue el establecimiento de nuevas mecanismos institucionales para atraer y resguardar inversiones. La minería de frontera entre Argentina y Chile es producto de ello, y su expresión más acabada es el acuerdo binacional minero que fuera firmado en 1997 y ratificado en los parlamentos en el 2000.

El territorio comprendido por el acuerdo binacional cubre un área sobre la cordillera de los Andes de más de 200.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 95% de la frontera internacional de ambos países. El acuerdo concede a las empresas la disponibilidad de minerales y agua para sus procesos de extracción, así como poder de control fronterizo. Pascua Lama es el proyecto binacional de megaminería que fue posible con este acuerdo. Las empresas que desarrollan el proyecto son: Barrick Exploraciones Argentina y Exploraciones Mineras Argentinas, en la Republica Argentina, y Compañía Minera Nevada en Chile. Otros proyectos mineros ya han sido aprobados, amparados en el tratado binacional, se encuentran actualmente en diferentes etapas de desarrollo. Entre ellos, está el proyecto El Pachón en la provincia de San Juan.

El acuerdo minero binacional consiste en un modelo de integración territorial y representa un hito internacional, considerando la extensión del área cubierta, los volúmenes de minerales e inversiones que potencialmente se verían implicados y la posible replicabilidad de este modelo en otras zonas de frontera con comparables condiciones geológicas. Evidentemente, la replicabilidad de este enfoque para la explotación conjunta de depósitos minerales en zonas de jurisdicción nacional compartida está expuesta también a los vaivenes de las presiones sociales frente al extractivismo y al creciente grado de concientización sobre la necesidad de fundar nuevos paradigmas del desarrollo con criterios de sostenibilidad.

La tendencia de minería de frontera se confirma asimismo en otros países latinoamericanos sin que exista necesariamente ningún acuerdo entre los países. Este es caso de los proyectos de exploración minera que actualmente tienen lugar en la frontera de Costa Rica y Nicaragua, de El Salvador y Guatemala y de Perú y Ecuador en la llamada Cordillera del Cóndor – región que en 1995 fue epicentro de un conflicto bélico entre ambos países. En este ultimo caso, desde la resolución del conflicto bélico han habido grandes inversiones mineras atraídas por la riqueza de de yacimientos de oro de este lugar. Incluso sin un acuerdo minero entre ambos países, entre 2005 y 2010 se han triplicado el número de concesiones de exploración a empresas interesadas, en su mayoría del lado peruano de la frontera. Las empresas transnacionales mineras sin duda constituyen actores de creciente influencia en la redefinición del espacio regional y es de suponer que asimismo constituyen factores de influencia en los gobiernos para promover acuerdos mineros internacionales (los gobiernos de Alan García en Perú y Correa en Ecuador habían comenzado a explorar esta posibilidad).

La minería en zonas de frontera contribuye a regionalizar conflictos que se suscitan desde hace años en toda América Latina. Son conocidas las expresiones de resistencia a proyectos mineros llevados a por comunidades rurales en distintas provincias argentinas como Chubut, San Juan, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Sin embargo, éstos no son casos aislados sino que se enmarcan en una tendencia generalizada de creciente conflictividad en zonas de exploración minera. Evidencia de ello es que actualmente existen 155 conflictos relacionados a esta actividad en todo Latinoamérica y el Caribe, en las que se ven implicadas 205 comunidades en relación a 168 proyectos mineros. Asimismo, según un informe a cargo del ex Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, John Ruggie, las industrias extractivas representan el 28 % de los casos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos con complicidad de las empresas. Esta tendencia global se profundiza en América Latina. Un elemento común a tales conflictos es la ausencia de debate público sobre los cuáles son los beneficios y costos de estos proyectos – definidos en términos económicos, sociales y ambientales – así de cómo arbitrar equitativamente los derechos y responsabilidades de los principales beneficiarios y damnificados de los mismos. Las comunidades tampoco son consultadas previamente, según lo establece el Convenio 169 de la OIT, sin bien algunos cambios en esta dirección comienzan a promoverse en Bolivia, Perú y Ecuador.

Las resistencias sociales a la minería a cielo abierto, y especialmente en zonas de frontera, se traducen crecientemente en la búsqueda de estrategias de incidencia mediante la movilización transnacional. Ejemplo de ello es la realización de tribunales de opinión, en donde comunidades afectadas por la minería pueden denunciar simbólicamente los estragos de la minería en el ambiente y su impacto sobre los derechos de las poblaciones. Se realizó el primer “Tribunal Ético de Minería de Frontera” organizado por el Observatorio de Conflictos Minero de América Latina en Chile en el 2010. También el “Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Empresas Transnacionales” sesionó en Austria 2006, Perú/Colombia 2008 y España 2010 para denunciar la complicidad de empresas transnacionales en casos de violación de derechos humanos en Latinoamérica. Muchos de los casos denunciados están relacionados con la minería, además de la explotación de hidrocarburos, agronegocios, etc. Asimismo, se han creado redes de acción global para el intercambio de información y coordinación de campañas conjuntas. Estas son algunas de las formas que adquiere el activismo transnacional en respuesta a la minería y demás instancias de violaciones de derechos humanos en los que estados y empresas se ven acusados. En este sentido, la minería de frontera actúa como catalizador tanto de nuevos relacionamientos entre empresas y gobiernos, así como también de nuevas formas de resistencias sociales que intervienen en la redefinición del debate regional sobre los vínculos entre desarrollo sustentable y derechos humanos.

Además de la minería de frontera, las dinámicas de la integración regional en Sudamérica están regidas también por una serie de proyectos de infraestructura para la generación y transporte de energía hidroeléctrica. La abundancia de agua en la cuenca del Amazonas hace de esta zona el epicentro de una serie de redes interconectadas de represas y líneas de transmisión que se proyecta vincularán lugares de producción y consumo. La creciente demanda de energía esta dada por el crecimiento económico en las economías de los países sudamericanos, y especialmente del sector industrial brasileño y minero (esta actividad es gran demandante de agua para sus procesos de extracción del mineral). Estos cambios están dando lugar a nuevos patrones de la cooperación regional internacional en el que las empresas brasileñas juegan un papel clave como las concesionarias principales de los proyectos de infraestructura de energía hidroeléctrica.

La Iniciativa para la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), establece la financiación para estos proyectos. IIRSA es un mecanismo institucional creado en 2000 para la coordinación de las organizaciones intergubernamentales acciones con el objetivo de “promover el proceso de integración política, social y económica de América del Sur, incluyendo la modernización de la infraestructura regional y acciones específicas para estimular la integración y el desarrollo de las regiones aisladas de los subsistemas. IIRSA cuenta una cartera 524 proyectos de infraestructura en las áreas de transporte, energía y las comunicaciones, que se agrupan en 47 grupos de proyectos que representan una inversión estimada de dólares EE.UU. 96,119.2 millones de dólares. El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) es también un actor regional clave en la movilización de recursos para los proyectos patrocinados por la IIRSA, tanto en territorio brasileño como también en países vecinos.

El Complejo Hidroeléctrico rio Madeira es uno de los proyectos más emblemáticos y la principal iniciativa hidroeléctrica del IIRSA. Una vez terminado, contará con cuatro represas interconectadas y será el de mayor tamaño de la cuenca del Amazonas. El BNDES provee parte del financiamiento para su construcción. Dos de las represas estarán emplazadas en Brasil mientras que una de ellas estará en territorio boliviano y la última en un río que demarca la frontera internacional entre Bolivia y Brasil.

Además, Brasil y Perú procuran la construcción de un mega-complejo hidroeléctrico en la Amazonía peruana financiado por Brasil. El objetivo de esta iniciativa es para generar electricidad en Perú para ser transportada sobre a Brasil para satisfacer su creciente demanda de energía. Para ello, ambos gobiernos negociaron un Acuerdo Energético que establece que Perú se compromete a exportar el 70% de la energía que produzcan sus centrales hidroeléctricas a Brasil durante un plazo de 50 años. Su construcción tendrá un costo de 4.000 millones de dólares e incluye también una línea de 357 kilómetros para tener la electricidad a la frontera brasileña. Una vez terminada la construcción del complejo, este será el mayor proyecto de energía hidroeléctrica en Perú y el quinto más grande en América Latina. Este proyecto y acuerdo energético ha sido objeto de grande críticas en Perú. El acuerdo fue firmado por los gobiernos de Alan García y de Ignácio Lula da Silva en 2010, pero actualmente está pendiente la ratificación del congreso peruano.

El acuerdo y proyecto ha sido objeto de serios cuestionamientos por los impactos ambientales y sociales de estas obras. En octubre de 2011 la principal concesionaria de este proyecto, la brasileña Odebrecht, decidió retirarse de la construcción de dos des las represas proyectadas como consecuencia de la oposición que este mega-proyecto genera en las poblaciones locales, sobre todo de pueblos originarios. El interés del gobierno brasileño por asegurar un acuerdo que le permita proveerse de energía a costos rentables se mantiene. Seguramente veremos nuevos intentos por reflotar el debate sobre este acuerdo, tal vez tomando en consideración las más recientes resistencias sociales que se han manifestado en repudio al mismo. Evidencia de ello es el proceso de revisión que emprenden los ocho países amazónicos de los mecanismos nacionales de consulta a grupos étnicos en el marco del Tratado de Cooperación Amazónica.

En la medida que avanzan las iniciativas de integración sudamericana se pone en evidencia la ausencia de consensos sobre ciertas áreas sensibles como es el caso de los recursos naturales. Muchos cuestionamientos comienzan a aflorar en el debate regional, como las tensiones entre visiones productivistas del desarrollo y de ecología política en las que se propician formas de desarrollo sustentable, vinculadas a los derechos humanos, la armonía ambiental y formas de producción y consumo más inclusivas. Asimismo, se manifiesta la necesidad de nuevos mecanismos de toma de decisión en materia de recursos naturales, no sólo a nivel nacional sino especialmente en lo relacionado a proyectos regionales que involucran acuerdos entre estados e instrumentos de financiamiento regionales. Es fundamental abordar en profundidad las nuevas asimetrías que genera este tipo de integración, no solo entre economías de mayor y menor tamaño, perfiles productivos especializados como industriales y proveerdores de materias primas, sino también en la necesidad de formular marcos regionales regulatorios y de políticas específicamente sobre recursos naturales (coordinación fiscales, normas de protección ambiental, derecho a de consulta a las poblaciones, eficiencia energética, entre otras).

En un contexto de creación de una comunidad política sudamericana, los conflictos y desafíos del desarrollo sustentable se vuelven invariablemente preocupaciones de todo el bloque regional. Mientras antes podamos avanzar sobre nuevos consensos en materia de recursos naturales, mejor estaremos preparados para avanzar en la profundización de nuevas bases de soberanía.

Nota: Las ideas que aquí se exponen están desarrolladas en un artículo recientemente publicado como: Saguier, Marcelo (2012) ‘Socio-environmental regionalism in South America: tensions in the new development models’, The Rise of Post-Hegemonic Regionalism: The Case of Latin America, Pia Riggirozzi and Diana Tussie, eds., Series United Nations University Series on Regionalism, Springer.

– Dr. Marcelo Saguier es profesor de estudios internacionales e investigador CONICET/FLACSO

Fuente: http://alainet.org/active/56815

by Kintto Lucas

ALAI AMLAT-en, sildenafil 17/07/2013.- In the past few years, case South America has taken some decisive steps toward regional integration. Aware of the challenges of globalization, which have surfaced in international political and economic crises, as well as in the proliferation of transnational illicit activities that are beyond the capacities of individual states to control, some countries have begun to understand that the advantages of greater cooperation and commercial interchange are not the final goal. Rather it is necessary to coordinate responses not only in economic and fiscal policy, but also in social policy, the control of natural resources, environmental issues, defence and other areas, in order to face the threats that impinge on them. Above all, in the world as it is now developing, it is impossible to walk alone. It is essential to walk together.

To reinforce integration we need to increase levels of economic and commercial interdependence in the region. It is a complex but not impossible course. We need to develop a collective vision and cease to contemplate our own navels. The bigger economies must show greater solidarity with the smaller ones, but it is fundamental that the latter look to their own development, stop being parasites and stop hiding behind the farce of re-selling products brought in from other places without any local value-added, but simply adding labels that proclaim the product to be of national industry.

Little by little South America is moving away from a theory of regional integration that supposes a divorce between economics and politics, and which ended up imposing on many countries the fallacy of a “self-regulating market” as a force for development. Nevertheless, it is worrying to see that after the disastrous experiences with the application of market shock theories — in the words of Naomi Klein – these political measures are still being pushed by some OECD countries, multinational financial organizations, rightwing politicians and some businessmen, as a panacea for the economic protection of our countries.

From the North, we are plied with free trade treaties and liberalization and deregulation of financial structures, along with privatization and flexible labour markets as basic mechanisms for international economic integration. In South America there are people who hear these siren songs and defend the urgent need to create a free trade area along the lines of the FTAA/ALCA. With this they propose to cure the failures of the neoliberal model.

The regional integration of South America must retrieve the role of the State over the market, of society over the State and the market. The integrated South American states should take control of an integrated South American market. And Latin American society should play a fundamental role in participating to control States and integrated markets. This integration should open the way for a development model that allows for the advancement of each country as well as common advancement. The efficacy and the ability for channeling regional synergies depend on the ability to understand that this is a collective project, not an individual one, and to understand that this is an institutional fabric that is created through the process of integration.

To expand and strengthen South American integration, Unasur must be strengthened and extended. It is fundamental to move Mercosur towards a South American Mercosur(1). This depends on the capacity of our States to reconfigure their productive structures.

This will be possible if governments can transcend the limits of mere economic rationality and commit themselves to work towards a Common and Inclusive Economic Policy, which can take advantage of the region’s assets in food and hydraulic resources, raw materials and energy resources, generating a productive integration of a complementary character between countries.

In the new world order, the importance of South America for the international economy is undeniable. It is one of the most dynamic economic poles. At the present time, the GDP of the countries of South America represents 73 per cent of that of Latin America and the Caribbean, which in turn represents 8 per cent of world trade. In spite of its economic weight, the productive and export matrix of our countries continues to be centred on the primary sector and on intensive manufactures in primary resources and natural resources. This phenomenon responds to the high prices of commodities in the international market, but also to the concentration of investment, both national and foreign, in the exploitation of primary resources. In consequence, South American countries face the threat of deindustrialization and of economies centred on the primary sector. These processes lead to the emergence of productive enclaves whose wealth creation does not reach the whole economy, given the few productive networks they generate, as well as capital flight in the form of the repatriation of profits and benefits and the unlimited increase in imports. These enclaves in many cases are part of parasitical foreign investment that does not pay taxes and brings very little to our countries.

The way that Latin American countries have conceived their economic development has given rise to productive structures that are engineered to satisfy extra-regional needs. Because of this, the economic dynamics of the countries of the region contribute little or nothing to the collective economic dynamics of the region. Due to this individualist way of thinking of economic growth and the application of commercial policies based on indiscriminate opening to foreign economies, the greater part of South American economies have undergone processes of productive dismantling or the loss of economic dynamism in industrial sectors. At the same time large segments of our populations have experienced a fall in unemployment but growth in precarious employment. Here, if there is a diminishing amount of poverty, inequality is maintained and is at times even more evident.

It is necessary for South American economic integration to move towards the articulation of national economies, and for productive structures to look to satisfying the needs of the people of the region, in a way that allows us to develop our manufacturing sectors and services. In this sense it is important to establish legal and technical conditions to promote regional productive investment. Finally, it is necessary to set up productive conditions that make it possible for each and every one of the economies of the region to reach high levels of competitiveness in order, at a later moment, to be able to compete in the international markets of manufacturing and service sectors of medium and high added value.

In the difficult path towards a South American Mercosur, Mercosur should become the bridgehead to establish a South American commercial bloc, animated by principles of solidarity, complementarity and the consideration of the asymmetries in the levels of social and economic development of different members, that prioritizes the role of the State, and has as its goal the well-being of the population rather than the profits of big capital, and which can serve as an example of a different regionalist model, in the face of traditional schemes that are based on market fundamentalism.
(Translation: Jordan Bishop, for ALAI)

– Kintto Lucas is the Roaming Ambassador of Uruguay for Unasur, Celac, and Alba. Former vice foreign minister of Ecuador.

(1) Unasur: Union of South American Nations. Mercosur: Southern Common Market.

 

Source: http://www.alainet.org/active/65768

Philip Arestis and Malcolm Sawyer

Whether a euro area banking union would have saved Cyprus from its recent TROIKA (of European Commission, pharm European Central Bank and IMF) tragic treatment is a very interesting question. If it would, find then clearly a move towards a banking union, help as part of the construction of a political union should be a major component of the reconstruction of the euro area. As we argued in our March 2013 blog, the European Union (EU) summit meeting, 28th/29th June 2012, took a number of decisions in terms of a possible euro area banking union. The most relevant decision was the creation of banking supervision by the European Central Bank (ECB), banking licence for the European Stability Mechanism (ESM), and financial assistance by the ESM to governments, members of the euro area, when in financial difficulty. The banking supervision, however, will not come into full operation before 2014. ESM member states would then be able to apply for an ESM bailout when they are in financial difficulty or their financial sector is a threat to stability and in need of recapitalization. This is exactly the problem with the recent Cyprus problem, as we now elaborate.

Essentially the major problem in Cyprus has been the size and insolvency of its banking sector. It is far too big in relation to the total economy (ten times its annual GDP is often quoted by the TROIKA; being big relative to economy means its assets and liabilities relative to GDP are large); it is also the case that as an off-shore financial and business centre, the Cypriot banking attracted a significant amount of foreign deposits. The first feature poses the danger of a ‘systemic risk’ for the entire economy when one or more banks fail. The second feature exposes Cyprus to accusations, such as those from politicians in Germany and elsewhere that Cyprus has become a ‘money-laundering’ centre within the European Union. By the summer of 2012 it became clear that the two biggest domestic banks in Cyprus were in trouble because of huge losses from the exposure of their branches in Greece, in view of the depressed macroeconomic conditions there, promoted by TROIKA; also in view of the ‘haircut’ of the Greek sovereign debt, of which Cypriot banks had acquired a great deal by 2010. This mixture of wrong decision-making by Cypriot bankers and bad luck created the need for bank re-capitalisations. As a result, Cyprus applied for financial help from its partners in the euro area in the summer of 2012.

The request by Cyprus for a bail-out has certain unique features. The tiny economy of Cyprus requested 17.5 billion euros which, by contrast to the previous Southern European bail-outs, was a comparatively trivial sum in absolute terms. It was, nonetheless, quite large, nearly 100%, when expressed as a percentage of Cyprus GDP. The initial negotiations between the TROIKA and the outgoing government of Cyprus were accompanied by political noises from Germany implying that the German electorate was fed up with having to hand over money to the Southern European periphery yet again. The reason as to why the heavily indebted southern periphery of Europe was morally ‘undeserving’ of financial help was simply undesirable money-laundering. The argument produced is that hard working and prudent German tax payers should not be expected to rescue an overblown banking sector in Cyprus, which became a ‘tax haven’ for wealthy non-Europeans. These are especially Russians, whose deposits in Cyprus are thought to be of the order of 25bn euros, an amount that is almost one-third of the total deposits in the Cyprus banks. The depositors in the Cyprus banking system should be partly expected to rescue their economy, a proposal that was apparently initiated and promoted by the IMF part of TROIKA. The European Commission was reluctant on this score, fearing a bank run in Cyprus and potentially elsewhere in the euro area. Such a plan, it is argued by TROIKA, helps to reduce the unsustainable large banking and financial sectors of Cyprus. It is also the case that to the extent the ‘bail-in’ of the banks in Cyprus is successful it will introduce some market discipline in banking. By sending the message to all depositors in all banks that if a bank needs re-capitalisation they may be asked to bear some of the cost, the depositors will be forced to take more care where they ‘park’ their savings. Unfortunately the world is a much more complicated place to rely for such arguments to be uncontroversial. This is particularly so in the world of money and finance. In any case, and as the editorial of the Financial Times (18 March 2013) rightly commented “instead of throwing Cyprus a life-buoy, leaders put a millstone around its neck”.

 

When confidence in the banking system weakens then the safety of bank deposits is substantially in peril. This is exactly what happened in Cyprus. A long-term solution would be a move towards a banking union and a single euro area bank deposit guarantee scheme, along with a fully fledged ‘lender-of-last-resort’ function including ability to intervene in the sovereign debt market as well as the secondary markets. Germany has resisted this solution, arguing that it would only contemplate such action only under a full-blown fiscal union. Such a suggestion is pertinent not merely in terms of the introduction of the proposed solution but also for the long-term survival of the euro area. This is desperately and immediately needed, though. We may conclude that both a European Banking Supervision and a European Banking Resolution Authorities are needed but for them to be successful they would have to come under a political integration arrangement, which would provide the necessary fiscal capacity desperately and urgently required at the euro-area level. The Cyprus crisis has vividly demonstrated the need for such a move. The euro-group policymakers should concentrate their efforts on correcting the various serious ‘design faults’ of the monetary union in Europe, especially the absence of a banking union. They must avoid imposing more austerity and misery and creating conditions for bank runs. Clearly such solutions amount to a nail in the coffin of a banking union and a setback to any serious effort to reform the single currency in Europe.

– See more at: http://triplecrisis.com/would-a-euro-area-banking-union-have-saved-cyprus/

 

Perspectivas para la Integración de América Latina

By Thomas Deve

Summary of Key note speech during SADC People’s Summit in Mozambique (August 2012)

 

In his Key note address, visit this Thomas Deve delivered a brief but powerful keynote address to the audience gathered at the summit. He outlined the 2012 theme in the context of growing frustration from the citizens on their continued marginalization and exclusion from policymaking and ownership of the regions development agenda by policymakers. He outlined five points which the peoples of the regions would want their SADC to be. Deve highlighted that the envisaged SADC is one in which citizens are given meaningful role and recognition in the region’s decision making.

Deve highlighted the nature of the SADC the peoples of the region want as follows;

1. Respect for Human Rights – Deve stated that the SADC liberators of yesterday have become today’s oppressors. He called on the regional block to ensure that all countries fully respect democratic principles and the rule of law. He further called on the regional bloc to investigate human rights abuses in countries such as Zimbabwe, Swaziland, Malawi, Angola and DRC. Deve urged the SADC leaders to reinstate the original mandate of the SADC Tribunal. He stated that the SADC tribunal is an important institution for the protection and promotion of human rights, “To promote good governance and development, the SADC should protect people’s rights to gather and to speak their minds”

2. Free Movement of Persons in the SADC Region – Deve noted that the SADC we want must ensure the free movement of persons in the region. He highlighted that the right to free movement of persons entails the abolition of any discrimination based on nationality. The right to free movement of persons include: the right to enter the territory of a Partner State without a visa; the right to move freely within the territory of a Partner State; the right to stay in the territory of a Partner State; the right to exit without restrictions; and the right to full protection by the laws of a Partner State. He called on the SADC leaders who have not ratified the SADC Protocol on the Free Movement of Persons in the region to do so as free movement is a right not a privilege. Deve stated that the Free Movement of persons will be the true measure of commitment of SADC, as collective, to developing an integrated region.

3. Corrupt Governments and Civil Servants ????? the presenter highlighted that SADC governments are corrupt; he mentioned that the SADC Protocol Against Corruption must be fully enforced. The protocol notes that the serious magnitude of corruption in the region, its destabilizing effects particularly that it undermines good governance. Deve called for the full enforcement of the Protocol as it provides both preventive and enforcement mechanisms and demonstrates some form of political will in the region to combat corruption.

4. Land Grabbing and Resources Extraction in the Region – Deve noted with concern that the ongoing rush to Southern Africa Land calls for the SADC Governments to act quickly. He expressed the mounting concerns about the increasing enclosure of land to promote largescale investments that seriously affect the fundamental rights of the local population and compromise efforts to achieve food sovereignty. He demanded an immediate moratorium on all large?scale agricultural investments such as the Pro?Savanna project in Mozambique.

He stressed that land grabs are prominent; SADC‘s resources are plundered by northern and southern elites. Multi?nationals from the South are making their mark in the region, operating in the same exploitative manner as their northern counterparts.

5. Lack of Consultation by SADC leaders. ? The presenter stated that the SADC leaders are involved in doggy deals without the consultation of the ordinary people. He stated that agreements such as Economic Partnership Agreements (EPAS) have been signed without the clear knowledge of the people. He also stated that SADC leaders are involved in signing borrowing agreements with countries such as China. The borrowing bowls which have been extended mainly to the East, has increased the debt for the already overburdened region.

Deve concluded his presentation by stating that: “A discourse on what SADC should look like must be hinged on how to rebuild states that can restore and uphold rights of citizens and communities to control and access natural resources and basic services. There should be objective proposals on how these states can stop corporatization and privatization of basic services such as health, education, welfare, electricity, housing, water and sanitation, and natural resources such as land, water, forests. SADC states must ensure that multilateral trade agreements are consistent with international human rights commitments and treaty obligations and should under no circumstances enter into bilateral or multilateral trade and investment agreements that grant local and foreign investors rights (including the right to sue the state at international tribunals) without any matching obligations. Enacting and enforcing laws on peoples’ right to information coupled with further expansion of critical political spaces for developing and demonstrating alternatives that restore and uphold rights of citizens and communities is essential.”

By Thomas Deve*

 

SADC heads of states who met in Maputo a few weeks ago were told in no uncertain terms by civil society and social movements that the citizens of region are not happy with the increased incidence of undemocratic governance and impunity of the corporate sector especially in the operations of the extractive industries in southern Africa.

The groups which met in Maputo just two days before most heads of states jetted in, decease argued Sadc was no longer pushing for a people-centred development and all the achievements the Summit chronicled annually were just a myth to whitewash the realities of the region’s poor and socially excluded.

Evidence was provided in the form of testimonies from communities and research material that pointed to a region in crisis and urgently in need of salvation given challenges the groups had identified, like climate catastrophe, unsustainable exploitation of natural resources, dominance of corporates in the energy sector, extensive land grabbing by corporates and governments collaborating actively with traditional leadership, the subsequent displacement of communities, increasing food insecurity and the irreparable damage to ecosystems.

Over the years, the same groups had been telling Sadc leaders of the dangers arising from growing inequalities, the negative impact of patriarchy, increasing violence against women and children, decline in health and education service provision and standards, deprivation of sustainable livelihoods, continued recolonisation through for example bilateral agreements like the Economic Partnership Agreements and shady deals with the Brics countries.

They added very important issues which the heads of states shy away from but are affecting the ordinary people negatively everyday.

These broadly fall under the continued violations of economic, social, cultural and environmental rights, excessive dependency on export oriented economies and finally, the continued dominance of the free market dogma and ascendancy of neo-liberalism.

The more than 250 representatives of grassroots movements, community-based organisations, peasant and small farmers movements, faith-based organisations, women’s organisations, labour, student, youth, economic justice and human rights networks and other social movements who had earlier on gathered at the Mumemo centre, in the Maracuene district of Mozambique under the banner of a People’s Summit, were allowed to march into the capital city of Maputo under police escort to handover their demands to the Sadc executive secretary Tomas Salamao.

The banners they carried and sporadic speeches people made during the march were reminiscent of the anti-colonial struggles where the main actors passionately mobilised people on the basis of emotive issues, wretched conditions they found themselves directly attributed to colonialism and the need to organise against unjust systems.

This is one of the few demonstrations I came across in the region where it was being openly highlighted that Sadc leaders should not forget the values of the liberation movement and anti-colonial struggles which emphasized that a free people should enjoy fully their political, social, economic and cultural rights and an ethical state should guarantee the maximum conditions for this to be realised.

Far from just chronicling the failures of the region’s leadership, the groups spokespersons said Sadc states should deal decisively with systemic issues that have generated inequality and enclaves of progress leaving the majority of women, young people and children in particular to suffer disproportionately in environments where violence against them is becomes the norm rather than the exception.

“We will march all the way to reclaim our freedom and make sure that the majority of people in Sadc enjoy their rights” says Graca Samo of Forum Mulher based in Mozambique.

“If Sadc states are to be genuinely integrated and its communities are united, time has come for the Sadc leadership to go back to the people and be informed by their day to day realities as this is critical in identifying correctly the needs of the social excluded and the marginalised whose voices are not being heard by policy makers and politicians who head governments in Sadc” says Patricia Kasiamhuru from the Southern African People’s Solidarity Network.

Joy Mabenge from Zimbabwe reminded Sadc governments that the people will take over if their needs are not met as was the case when the oppressed in southern Africa committed themselves to the national liberation struggle.

“The people will take over if their human rights are not respected and their resources are continuously mismanaged,” he said.

Farmers from Maracuene and neighbouring rural areas of Maputo highlighted that they were working very hard to feed the nation, but were now perplexed by new developments where land was being given to multinational corporations who pursue profit and not food sovereignty for the people.

This type of land grab is being experienced in Sadc where a number of government policies are pushing for the aggressive expansion of cash crops at the expense of food crops.

“Cash crops divert water and key resources from sustainable development because this is where big corporations dominate sovereign states and agriculture through the provision of seeds and fertilizers,” it was noted.

Sadc leaders were being told in their face that they must listen to the voices of their people.

People did not mince when it came to condemning states that were not meeting people’s needs.

Laurinda Makuyane from the Rural Women’s Forum in Mozambique noted that mothers who strangle or dump their babies are put behind bars and the law is very clear on this, but no one takes similarly harsh steps when states fail and kill their people.

She called on the people to unite and defeat these oppressive governments that behave like monsters who devour their own children.

“Who is arresting these governments? Where is the justice? God is watching us!” she queried and cautioned.

The People’s Summit focussed on the impact of imperial domination in Sadc land rights, extractive industries, energy crisis, lack of access to clean water, quality health and education facilities, women’s rights, the landless, reclaiming people’s sovereignty over resources and finally building a people’s movement for a people’s Sadc.

*Thomas Deve is a dedicated pan Africanist and a renowned social and economic justice activist based in Zimbabwe. Send your comments to Thomasdeve@yahoo.co.uk

 

Source: Daily News Zimbawe

By Thomas Deve*, case 9 September 2012

 

SADC heads of states who met in Maputo a few weeks ago were told in no uncertain terms by civil society and social movements that the citizens of region are not happy with the increased incidence of undemocratic governance and impunity of the corporate sector especially in the operations of the extractive industries in southern Africa.

The groups which met in Maputo just two days before most heads of states jetted in, remedy
argued Sadc was no longer pushing for a people-centred development and all the achievements the Summit chronicled annually were just a myth to whitewash the realities of the region’s poor and socially excluded.

Evidence was provided in the form of testimonies from communities and research material that pointed to a region in crisis and urgently in need of salvation given challenges the groups had identified, like climate catastrophe, unsustainable exploitation of natural resources, dominance of corporates in the energy sector, extensive land grabbing by corporates and governments collaborating actively with traditional leadership, the subsequent displacement of communities, increasing food insecurity and the irreparable damage to ecosystems.

Over the years, the same groups had been telling Sadc leaders of the dangers arising from growing inequalities, the negative impact of patriarchy, increasing violence against women and children, decline in health and education service provision and standards, deprivation of sustainable livelihoods, continued recolonisation through for example bilateral agreements like the Economic Partnership Agreements and shady deals with the Brics countries.

They added very important issues which the heads of states shy away from but are affecting the ordinary people negatively everyday.

These broadly fall under the continued violations of economic, social, cultural and environmental rights, excessive dependency on export oriented economies and finally, the continued dominance of the free market dogma and ascendancy of neo-liberalism.

The more than 250 representatives of grassroots movements, community-based organisations, peasant and small farmers movements, faith-based organisations, women’s organisations, labour, student, youth, economic justice and human rights networks and other social movements who had earlier on gathered at the Mumemo centre, in the Maracuene district of Mozambique under the banner of a People’s Summit, were allowed to march into the capital city of Maputo under police escort to handover their demands to the Sadc executive secretary Tomas Salamao.

The banners they carried and sporadic speeches people made during the march were reminiscent of the anti-colonial struggles where the main actors passionately mobilised people on the basis of emotive issues, wretched conditions they found themselves directly attributed to colonialism and the need to organise against unjust systems.

This is one of the few demonstrations I came across in the region where it was being openly highlighted that Sadc leaders should not forget the values of the liberation movement and anti-colonial struggles which emphasized that a free people should enjoy fully their political, social, economic and cultural rights and an ethical state should guarantee the maximum conditions for this to be realised.

Far from just chronicling the failures of the region’s leadership, the groups spokespersons said Sadc states should deal decisively with systemic issues that have generated inequality and enclaves of progress leaving the majority of women, young people and children in particular to suffer disproportionately in environments where violence against them is becomes the norm rather than the exception.

“We will march all the way to reclaim our freedom and make sure that the majority of people in Sadc enjoy their rights” says Graca Samo of Forum Mulher based in Mozambique.

“If Sadc states are to be genuinely integrated and its communities are united, time has come for the Sadc leadership to go back to the people and be informed by their day to day realities as this is critical in identifying correctly the needs of the social excluded and the marginalised whose voices are not being heard by policy makers and politicians who head governments in Sadc” says Patricia Kasiamhuru from the Southern African People’s Solidarity Network.

Joy Mabenge from Zimbabwe reminded Sadc governments that the people will take over if their needs are not met as was the case when the oppressed in southern Africa committed themselves to the national liberation struggle.

“The people will take over if their human rights are not respected and their resources are continuously mismanaged,” he said.

Farmers from Maracuene and neighbouring rural areas of Maputo highlighted that they were working very hard to feed the nation, but were now perplexed by new developments where land was being given to multinational corporations who pursue profit and not food sovereignty for the people.

This type of land grab is being experienced in Sadc where a number of government policies are pushing for the aggressive expansion of cash crops at the expense of food crops.

“Cash crops divert water and key resources from sustainable development because this is where big corporations dominate sovereign states and agriculture through the provision of seeds and fertilizers,” it was noted.

Sadc leaders were being told in their face that they must listen to the voices of their people.

People did not mince when it came to condemning states that were not meeting people’s needs.

Laurinda Makuyane from the Rural Women’s Forum in Mozambique noted that mothers who strangle or dump their babies are put behind bars and the law is very clear on this, but no one takes similarly harsh steps when states fail and kill their people.

She called on the people to unite and defeat these oppressive governments that behave like monsters who devour their own children.

“Who is arresting these governments? Where is the justice? God is watching us!” she queried and cautioned.

The People’s Summit focussed on the impact of imperial domination in Sadc land rights, extractive industries, energy crisis, lack of access to clean water, quality health and education facilities, women’s rights, the landless, reclaiming people’s sovereignty over resources and finally building a people’s movement for a people’s Sadc.

*Thomas Deve is a dedicated pan Africanist and a renowned social and economic justice activist based in Zimbabwe. Send your comments to Thomasdeve@yahoo.co.uk

 

Source: Daily News Zimbawe

Organizadores: Walter Antonio Desiderá Neto y Rodrigo Alves Teixeira

Publicado por Instituto de Investigación Económica Aplicada – IPEA

Brasília, capsule 2012

Los autores de diferentes países de América del Sur contribuyen diversas visiones con respecto de los rumbos de la integración. Estos investigadores participaron en la II Conferencia del Desarrollo, click organizada por el Ipea, check celebrada en Brasilia en noviembre de 2011, ocasión en la que presentaron sus contribuciones en la mesa denominada “La integración de América del Sur en el contexto de la crisis mundial”. Los trabajos presentados en el evento se transformaron en los artículos que componen los capítulos de este libro editado conjuntamente por el Ipea y CAF. Entre los diversos temas tratados, se destacan: la integración de las cadenas productivas; la integración de la infraestructura física de transportes, de energía y de comunicaciones; la nueva arquitectura financiera regional; las asimetrías estructurales en la región; y el desarrollo económico.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN……………………………………………………………………………….. 7
AGRADECIMIENTOS…………………………………………………………………………. 9
CAPÍTULO 1
LA RECUPERACIÓN DEL DESARROLLISMO EN
EL REGIONALISMO LATINOAMERICANO……………………………………………………… 11
Rodrigo Alves Teixeira
Walter Antonio Desiderá Neto
CAPÍTULO 2
LA INTEGRACIÓN EN EL MARCO DE LA UNASUR:
PROBLEMAS Y ALTERNATIVAS PARA SUPERAR LAS
DIFICULTADES Y ALCANZAR LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA…………………………… 37
Adriana R. Cadena Cancino
CAPÍTULO 3
CONDICIONES PARA LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA EN EL MERCOSUR:
UN ANÁLISIS A PARTIR DEL ESTUDIO DE LOS FLUJOS DE
COMERCIO BILATERALES………………………………………………………………………….. 61
Jésica de Ángelis
Fernando Porta
CAPÍTULO 4
RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
SUDAMERICANA, UNA MIRADA DESDE LOS PAÍSES PEQUEÑOS………………………. 87
Lucas Arce
CAPÍTULO 5
UNASUR: UN CAMINO HACIA LA INTEGRACIÓN FISICA PARA
EL DESARROLLO……………………………………………………………………………………. 109
Mario Antonio Yaffar De La Barra
CAPÍTULO 6
IMPORTANCIA Y DIFICULTADES DE LA INTEGRACIÓN
ELÉCTRICA EN AMÉRICA DEL SUR…………………………………………………………….. 125
Nivalde José de Castro
Rubens Rosental
Roberto Brandão
Guilherme de A. Dantas
André Luis da Silva Leite

CAPÍTULO 7
LA NUEVA ARQUITECTURA FINANCIERA REGIONAL, PREMISA
INDISPENSABLE PARA LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA……………………….. 137
Pedro Páez Pérez
CAPÍTULO 8
NOTAS SOBRE UN DESAFÍO INTEGRACIONISTA: CUENTAS
PENDIENTES Y REFORMAS INSTITUCIONALES A PROPÓSITO
DEL MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL RÍO DE LA PLATA ………………….. 167
Gerardo Caetano
CAPÍTULO 9
GUYANA Y SU IMPORTANCIA GEOPOLÍTICA EN
EL CONTINENTE SUDAMERICANO……………………………………………………………. 207
Yucatan Reis
Erick Linhares
CAPÍTULO 10
EL SUR EN EL SIGLO XXI: UNA APROXIMACIÓN DESDE VENEZUELA……………….. 235
Hector Constant Rosales
CAPÍTULO 11
APERTURA COMERCIAL Y CRECIMIENTO INDUSTRIAL:
EL CASO PERUANO………………………………………………………………………………… 259
David Lemor Bezdín
CAPÍTULO 12
LA INTEGRACIÓN SUDAMERICANA BAJO EL IMPERATIVO
DE LA COOPERACIÓN…………………………………………………………………………….. 277
J. Carlos de Assis
CAPÍTULO 13
LOS CONTEXTOS HISTÓRICOS Y POLÍTICOS PARA LA
INTEGRACIÓN SURAMERICANA ………………………………………………………………. 307
Juan Carlos Gómez Leyton
NOTAS BIOGRÁFICAS……………………………………………………………………. 335

 

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Rethinking ASEAN Integration

By Jenina Joy Chavez

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is 45 years old, but it has yet to enjoy wide recognition and support from the ASEAN populace. Many explanations have been offered for this, story not least of which is the distance of the regional formation from the people that it is supposed to represent and serve. The long history of authoritarianism and unstable political environment in the region has also been cited. Recent developments, including the establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and the signing of the ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers, did a lot to bring ASEAN to the attention of its people. However, more is needed before people in the region can truly identify with ASEAN.

 

Jenina Joy Chavez (Trustee, Action for Economic Reforms and Director, Southeast Asia Monitor for Action) states that ‘three important mechanisms readily come to mind, on how a regional project such as ASEAN can have more resonance with the people.” Having freedom of information (FOI) legislations in the ASEAN Member States; having freedom of information (FOI) legislations in the ASEAN Member States and mechanisms for people’s participation, that shall provide the regular space for citizens and stakeholders to be a part of the ASEAN processes.

Contents:

(2) A New Tradition for ASEAN?
(4) Finding Spaces: the ASEAN Charter and Structure
(6) The Case for Freedom of Information (FOI) in ASEAN
(7) Mechanisms for People’s Participation

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By Mong Palatino

The advantages of a united ASEAN are easy to imagine. A cohesive ASEAN would likely bring tremendous benefits to Southeast Asians in the forms of more jobs, more tourists, stronger defense forces and improved camaraderie among competing neighbors. Besides, who would oppose the idea of unity and greater economic coordination in the region? 

But ASEAN’s basic problem is not merely an absence of unity. Wasn’t unity the main objective of ASEAN when it was established in 1967? The fact that after four decades, the group is still pushing to integrate its ten member countries suggests a pretty significant failure to foster solidarity in the region.  

Without undermining the laudable efforts of the ASEAN Secretariat, many doubt it can realize the One Community vision by its announced target date of 2015. How can it, if it continues to use the same approach that has singularly failed to unite its members to date? 

ASEAN unity will remain an impossible vision as long as its members continue to demand it for the wrong reasons. In truth, each member nation views its association with ASEAN as a means to pursue its national interests. Sacrificing the national agenda to realize the regional good is largely an alien concept to ASEAN members. Member nations are in favor of unity as long as it doesn’t conflict with their respective national objectives.

To be sure, ASEAN has successfully coordinated aid and relief efforts when natural disasters have devastated the region. But the group should be more than the region’s answer to Red Cross.

But such instances are usually when ASEAN unity is invoked, namely, when a member is overwhelmed by a problem it can’t solve or when it is affected by a neighbor’s woes. Today, for example, we hear demands for ASEAN to intervene in Burma’s Rohingya Dilemma, maritime disputes in the South China Sea or West Philippine Sea, and human trafficking across the region. ASEAN’s next step will most likely be to decide whether to issue a joint statement to address these issues. 

In the absence of disasters, and in between ministerial conferences, however, ASEAN has failed to engage in the essential task of building regional unity. ASEAN hasn’t even been able to prevent members from accusing each other of being bad neighbors. East Timor’s attempts to join the club have been blocked by Singapore, among others, which view its entry as a threat to their national interests, although the reason given to the public is usually East Timor’s internal conflicts.

Ultimately, ASEAN’s unwillingness to form a more united and powerful regional grouping has been exploited by global powers like the United States, China and Japan, which are aggressively promoting their geopolitical interests in the region. A unified ASEAN could challenge the political and economic resources of these big nations. Instead, each ASEAN member has preferred to negotiate individually. It’s tragic enough that ASEAN is not united. It’s more tragic to hear ASEAN members articulate and advance the interests of non-ASEAN superpowers during ASEAN summits. 

At the minimum, a united ASEAN could prevent colonial powers old and new from dominating the region. But that’s just a start. After asserting its independence, it would be great to see ASEAN aspire to become a global power in its own right. With this vision in mind, perhaps it’s time to unite and promote the Southeast Asian way of life as a viable alternative to the world.

Source: http://thediplomat.com/asean-beat/2013/02/04/rethinking-asean-integration/

 

States of Sovereignty and Regional Integration in the Andes

by Frederic Janssens

 

The most recent Asean Summit was marked by significant clashes between the Cambodian chair and civil society organisations. Is this a new trend, stomach or just an old habit?

 

It looked like an attempt to force destiny: while Southeast Asian officials gathered in April at the Peace Palace for the 20th Asean Summit in Phnom Penh, try 1,200 civil society leaders from the region convened at the Lucky Star hotel. The two events were situated no further than two kilometres apart, yet the exchanges between NGOs and the Cambodian presidency were characterised by neither ‘peace’ nor ‘luck’.  When Cambodia invited regional governments to select their own civil society representatives to attend a meeting with Asean leaders, hundreds of independent NGOs and grassroots organisations boycotted the dialogue session, setting up their own gathering independent of government bias.
Consequently, two separate Asean Civil Society Conferences (ACSC) were held simultaneously in Phnom Penh: one supported and massively attended by the Cambodian authorities; the other self-sidelined from the official summit and – according to its organisers – forced to cancel workshops on land grabbing and events in Myanmar due to political pressure. An avalanche of mutual recriminations and public name-calling quickly ensued.

“This kind of clash is unfortunate, but it’s nothing new in the history of Asean-civil society relations,” says Consuelo Katrina Lopa, coordinator of the Southeast Asian Committee for Advocacy, a regional NGO coordinating advocacy efforts of Southeast Asian civil society organisations (CSOs). “Since the very first interface dialogue held in 2005 in Malaysia, appointments of ‘friendly’ civil society representatives or exclusion of critical voices occurred at every session, leading to an increased distrust towards the whole interface process.”

According to Lopa, countries such as Vietnam, Laos, Myanmar and Cambodia have increasingly imposed their own delegations into civil society meetings, making null and void the very concept of CSO dialogue. “Government-led NGOs were becoming part of the CSO organising committee, making it difficult for independent voices to discuss touchy issues like Myanmar or land evictions,” she says. “In 2010, a workshop on democracy was packed up by the Vietnamese delegation, defending the position of its government. Last year, Myanmar appointed police colonel Sitt Aye as representative of its civil society. It is this increasing government intrusion that pushed independent CSOs to organise their own conference this year.”

The “mirror of differences”

However, Asean is by no means a monolithic bloc, and inter-government tensions on the role CSOs should play in building the Asean Community are present. According to political scientist Thi Thu Huong Dang, author of a study on CSO engagement in the Asean Charter process, three different groups co-exist inside Asean.

“The first consists of the Philippines and Indonesia, which are willing to consult civil society and welcome its input into the Asean decision-making process. The second are Malaysia and Thailand, who have accepted limited interaction. The third group includes mainly the regimes of Myanmar, Vietnam, Laos, and most of the time Singapore, Cambodia and Brunei. These regimes would wish to stop the Asean-civil society engagement.”

A striking example of these tensions was recently given in the drafting process of the Asean Human Rights Declaration, a long-awaited and major political instrument for the region. While the governments of Indonesia, Malaysia, Thailand and the Philippines decided to hold national consultation with their civil society, other Asean countries did not see the value in initiating such dialogue.

“CSOs’ role is a mirror image of Asean’s differences in democratisation and regime types,” says Thitinan Pongsudhirak, director of the Bangkok-based Institute of Security and International Studies, and organiser of the CSO-leaders interface during the 2009 Asean Summit in Thailand. “But their impact on Asean policies is also very much dependent on Asean chairmanship. We saw this with Thailand’s chairmanship in 2009 when CSOs had an engaging interface with Asean leaders. It was more limited in 2010 under Vietnam but expanded to full vibrancy under Indonesia’s chairmanship in 2011. Now under Cambodia in 2012, the CSOs’ role is hemmed in.”

Their own worst enemy

If the lack of democratic space and the absence of transparent consultation mechanisms remain major issues, states are not the only ones to bear responsibility for marginalising CSOs from the policy-making process.

“In many cases, CSOs are their own worst enemy,” says Lim May-Ann, contributor of a 2011 study on civil society engagement in Asean. “There’s still poor or no involvement from national CSOs in Asean or on Asean-related issues. Besides, organisational issues are often the bane of many institutions and CSOs are no exception. Building the capacity and professionalism should be one of the first institutional steps that all CSOs should take.”

A point that Consuelo Katrina Lopa agrees with candidly. “There is a clear lack of capacity of CSOs to deal with some Asean issues,” she says. “For 30 years, CSOs simply ignored the Asean process as the majority of them were focused on the democratisation of their own societies. An important debate emerged then between those advocating for involvement and those defending opposition to Asean. Today, most CSOs agree on the necessity to engage with Asean, but the disparities in civil society development and the lack of resources for research make it hard to react quickly to policy developments.”

Myanmar chair ahead

Despite the problems and challenges encountered so far, CSOs’ role in shaping Asean policies is definitely growing, little by little. Over the years, Southeast Asian CSOs have managed to build thematic platforms to engage with Asean officials, with some successes on social or humanitarian policies for instance.

But with Brunei and Myanmar assuming the next two Asean chairs, it is easy to fear a rolling back of this trend.

“Brunei is an absolute monarchy, and the space for CSOs’ interface with Asean leaders is likely to be limited,” warns Thitinan Pongsudhirak. “The litmus test for CSOs may be in 2014 when Myanmar assumes the chair. CSOs will press hard as there is a pent-up groundswell of frustration over two decades of military repression in that country. By that time, Myanmar’s democracy will either show signs of solidifying democratic transition or signs of fatigue and disillusion. The CSOs must keep their expectations reasonable for 2014 as Myanmar could be the pivotal player and tipping point for democratisation in Asean which would be beneficial to regional CSOs in the long run.”

 

Source: http://www.sea-globe.com/Regional-Affairs/the-people-vs-asean.html

by Amanda Latimer

The trajectory of trade negotiations between the European Union and the Comunidad Andina de Naciones can be seen as an expression of the contemporary character of dependency between the two regions and of the conflict between competing strategies of integration within the Andean region itself. The first strategy reinforces current patterns of accumulation in the area of three “strategic openings” (primary and raw materials, doctor services, and the state), the expansion of rights for Northern investors, and the state violence that has accompanied the internationalization of Colombian and Peruvian capital over the past few years. The second strategy, while mired in the class-based constraints that accompanied earlier experiments with “inward-looking development,” positions regional integration as an alternative to neoliberalism and integration with Northern blocs dominated by imperialist interests.

Published in Latin American Perspectives, Issue 182, Vol. 39 No. 1, January 2012 78-95

Download full article from: http://lap.sagepub.com/content/39/1/78.full.pdf

The People and ASEAN’s Complicated Relationship

By Jenina Joy Chavez

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) is 45 years old, remedy but it has yet to enjoy wide recognition and support from the ASEAN populace. Many explanations have been offered for this, not least of which is the distance of the regional formation from the people that it is supposed to represent and serve. The long history of authoritarianism and unstable political environment in the region has also been cited. Recent developments, including the establishment of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) and the signing of the ASEAN Declaration on the Protection of Migrant Workers, did a lot to bring ASEAN to the attention of its people. However, more is needed before people in the region can truly identify with ASEAN.

Jenina Joy Chavez (Trustee, Action for Economic Reforms and Director, Southeast Asia Monitor for Action) states that ‘three important mechanisms readily come to mind, on how a regional project such as ASEAN can have more resonance with the people.” Having freedom of information (FOI) legislations in the ASEAN Member States; having freedom of information (FOI) legislations in the ASEAN Member States and mechanisms for people’s participation, that shall provide the regular space for citizens and stakeholders to be a part of the ASEAN processes.

Contents:

(2) A New Tradition for ASEAN?
(4) Finding Spaces: the ASEAN Charter and Structure
(6) The Case for Freedom of Information (FOI) in ASEAN
(7) Mechanisms for People’s Participation

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By Yuyun Wahyuningru

When you sign up for Facebook, cure discount you will be asked to state your relationship status. Facebook provides the following choices: single, ask healing married, engaged, divorced and it’s complicated. The later is, perhaps, what is merrily–and ridiculously–playing in between the ASEAN and the civil society.

This state is a result of too many complicated forces that were not efficiently addressed, including the deficiency of democratic mechanisms, absence of political will and inability of member states to empower the organizations with real authority to deal inter alia with number of issues and actors.

This failure resulted in the alienation of citizens because their voices are no longer heard during critical political deliberations. Popular and nagging sentiments from the ground were no longer being counted in. Dangerously, this might reduce the relevance of ASEAN among its people.

In 2008, the ASEAN Charter introduced an ASEAN with a new, different face. It is supposed to be more transparent, accountable, predictable, responsive, and most importantly a people-oriented association. The Charter formalized ASEAN’s commitment to democracy, human rights, rule of law and good governance. Furthermore, it set out the norms of behaviour for member states in relation to citizens toward the creation of an ASEAN Community.

Within the Community’s structure, there are number of mechanisms to ensure that all actions under the Roadmap to Community 2015 can be implemented. What was lacking, though, was a mechanism to hear or welcome the views of the people.

The ASEAN’s pillar for political-security cooperation remains a state-centric in its orientation. It places the member governments of the Association as the central point for the promotion of peace and stability in the region. Although the Roadmap for ASEAN Community mentions the “increase participation of relevant entities” to promote political development in the region, these are confined to limited non-state entities associated formally with ASEAN. This is ironic as political-security pillar has a big task on putting democracy and good governance in practice, where people’s participation is one of the important components for accountability.

This is also the case with the ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights (AICHR). This body continues to refuse to meet with wider civil society. The process of drafting the ASEAN Human Rights Declaration is far from being inclusive. The first AICHR consultation with civil society organizations on June 22, 2012 in Kuala Lumpur could be considered successful, however it was selective and dismissed off everyone who wanted to participate.  While the very focus of AICHR is on human rights promotion, the body ignored and continues to ignore the importance of people participation is its work.

As to whom and for what purpose does AICHR promote human rights is a question that baffles members of the civil society organizations. Does it even promote human rights to start with?

In the economic cooperation pillar, ASEAN has shifted its economic cooperation to be an open economic regionalism, which simply means integrating within ASEAN without hurting its economic relations with the grouping’s dialogue partners. Its behaviour toward people participation, however, remains similar with the rest of the pillars. It is the fact that policy-making in ASEAN’s pillar of economic cooperation is, perhaps, the most difficult to be accessed by civil society. Trade and other economic deals are often done in secret, behind the curtain, away from the public. This also partly explains the reasons why so many free-trade initiatives pursued by ASEAN went unnoticed by the public.

The cooperation on socio-cultural is arguably the most important pillar which will break or make the ASEAN Community. For years ASEAN gave much of its attention to political-security and economic cooperation, and only in the late 1990s that ASEAN began to realize the necessity to look beyond these two areas of cooperation. The participation of civil society is also highlighted in this pillar, but no opening or access for engagement has been created so far.

One may feel betrayed when the Charter invokes “we the peoples” because it does not refer to an organized or disorganized citizens group, but the peoples of the member states. Nevertheless, it would be fair to mention that there is an interesting development for the last couple of years. This can be seen in the process of civil society engagements with the ASEAN Committee on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC).

During its first meeting in Jakarta in February 2011, ACWC invited civil society organizations to a dialogue. It was done through a so-called “informal dinner with civil society organizations.” Nine out of twenty ACWC Representatives attended the dinner. The rest said that they did not have authority from the Capital to meet with civil society. Despite the fact that ACWC refused to share the decisions and the discussion they made during their first meeting, the dialogue opened some possibilities.

In September 2011, ACWC invited civil society again to an “Informal Session with Civil Society” right after their Second Meeting was completed. Sixteen out of twenty ACWC Representatives discussed number of issues and possible cooperation with civil society in addressing some cross-border issues such as trafficking against women and children.

At the “Consultative Meeting with the Special Representative of the UN Secretary General on Violence against Children (SRSG-VAC) and CEDAW Committee experts on violence against women” in January 2012 in Manila, ACWC had a special session with civil society.

The session was considered “formal” and the participants representing the member countries were limited. Each Government determined the invited 25 national organizations from ten ASEAN countries, and also 16 regional and international organizations to the meeting. Eighteen Representatives out of twenty attended the Consultation. The session provided an opportunity to exchange views in the area of preventing and addressing all forms of violence against children (VAC) and violence against women (VAW) among civil society, regional mechanism (ACWC) and international systems.

Further, in its fifth meeting in Jakarta in July 2012, ACWC invited civil society to the formal “open session” as a part of implementing its Rules of Procedures (ROP). Being a formal meeting, individual country, again, decided which organizations could attend. Thirty-nine national and regional organizations finally met with 20 ACWC Representatives, for the first time. However, the planned five-hour interface meeting was cut into two-hour. Civil society provided feedback on the Commissions’ draft declaration on VAC and VAW as well as on several issues related to the rights of women and children.

The evolution of civil society engagement with ACWC from ‘informal’ to ‘formal’ and moving forward into the direction of ‘institutionalization’ within two years, leave number of lessons and reflections.

Within the ‘informality’ frame, there was no restriction on which organizations can come to the session. Civil society could also come together to strategize and prioritize issues to be taken before the ACWC. Yet, the discussion with the body was substantive, and agreed recommendations could be taken for further action. Nevertheless, ‘informality’ does not guarantee the practice will be sustained.

With the dialogue shifting into a formal setting, apparently, has consequences. First, the control of participation, including the criteria, number and type of organizations, the duration of the meeting and its modalities—all moved from civil society to the Institution or Government.

Second, civil society has little voice in the agenda setting. The ‘open space’ became ‘invited space’ participation. However, it provides assurance that the practice can be repeated no matter who will be sitting in the ASEAN organs.

The relationship between ASEAN and civil society will continue to be complicated for good and bad reasons in the coming years. The challenge now is to put together the practice of “open space” participation that is guaranteed by the legal framework and institutionalized within ASEAN.

Another issue to be tackled is that ensuring all ASEAN countries are compliant to their pledges to the Charter to put people at the centre of ASEAN development. At the same time, the positive trend and practices should continue.

Inclusive, free, and open participation should be a condition to foster a constructive ASEAN’s relationship with civil society.

Editor’s note: Inset photo was taken at the gathering of CSOs for the 2nd Strengthening ASEAN Human Rights Systems through CS Advocacy in Phnom Penh, Cambodia, on October  22-23, 2012. Photo courtesy of the author.

 

Source: NewsDesk.asia